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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 18001-23-33-000-2019-00043-01

Fecha
5 de junio de 2025
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 18001-23-33-000-2019-00043-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR el numeral segundo de la sentencia del 20 de octubre de 2022 expedida por el Tribunal Administrativo de Caquetá. En su lugar, se ordena abstenerse de condenar en costas en primera instancia a la parte demandante, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia del 20 de octubre de 2022 emitida por el Tribunal Administrativo de Caquetá, por medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda presentada por Rosa Paulina Gómez Cubillos contra la UGPP. TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 11 Radicado: 18001 23 33 000 2019 00043 01 (3609-2023) Demandante: Rosa Paulina Gómez Cubillos CUARTO: Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI” y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 18001-23-33-000-2019-00043-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

5 de junio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá D.C., cinco (5) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicado: 18001 23 33 000 2019 00043 01 (3609-2023)
Demandante: Rosa Paulina Gómez Cubillos
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP1
Temas: Reconocimiento de pensión gracia. Vinculación como docente
nacional. La incorporación no cambia la naturaleza de la relación
legal y reglamentaria.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia de 20 de octubre de 2022 por medio de la cual el Tribunal
Administrativo del Caquetá negó las pretensiones de la demanda, anunciando desde
ya que dicha decisión será confirmada.

I. ANTECEDENTES

Demanda2

2. El 15 de marzo de 2019, la demandante ejerció el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho encaminado a que se declare la nulidad de las
Resoluciones RDP 023638 del 24 de junio de 2016 y RDP 037129 del 3 de octubre de
2016 expedidas por la UGPP, que le negaron el reconocimiento y pago de una pensión
gracia.

3. A título de restablecimiento del derecho solicitó: i) condenar a la demandada al
reconocimiento y pago de una pensión gracia efectiva a partir del 8 de septiembre de
2013; ii) aplicar los reajustes previstos en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993; iii)
actualizar el valor de las condenas conforme al IPC de acuerdo a lo dispuesto en el
artículo 187 del CPACA; iv) cumplir el fallo que ponga fin al proceso y reconocer los
intereses moratorios en los términos del artículo 192 ibidem; v) pagar las costas
procesales.

1 En adelante UGPP.
2 Índice 44 registrado por el Tribunal Administrativo de Caquetá, ver expediente digital, archivo
6_180012333000201900043001EXPEDIENTEDIGI20230313162731.pdf, folios 2 a 38.

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Demandante: Rosa Paulina Gómez Cubillos

4. Como sustento de sus pretensiones expuso que nació el 13 de noviembre de
1958 y fue nombrada profesora mediante el Decreto 00068 del 9 de febrero de 1979
por el Intendente Nacional de Caquetá, cargo ejercido entre el 21 de febrero de 1979 y
el 2 de junio de 1982 (2 años, 10 meses, 8 días) con carácter intendencial.

5. Luego se vinculó como docente de educación básica mediante la Resolución
8416 del 3 de junio de 1983 expedida por el Ministerio de Educación Nacional, a partir
del 1 de mayo de 1983, para prestar sus servicios en el departamento de Caquetá con
vínculo nacional hasta el 15 de julio de 1996.

6. Señaló que el vínculo laboral de carácter nacional descrito mutó a departamental
por mandato de la Ley 60 de 1993, al haberse certificado el departamento de Caquetá
para la prestación del servicio educativo en virtud de la Resolución 6145 del 26 de
diciembre de 1995 emitida por el Ministerio de Educación Nacional, a través de la cual
se le entregó la educación al departamento (acta del 16 de julio de 1996). Como
consecuencia de la descentralización, los tiempos de servicio desde el 16 de julio de
1996 hasta el 30 de diciembre de 2003 ostentan el carácter de territorial –
departamental, válidos para el reconocimiento de la pensión gracia.

7. Posteriormente, en virtud de la Ley 715 de 2001 el vínculo laboral de carácter
departamental mutó a municipal dado que el municipio de Florencia fue certificado
conforme al artículo 41 ibidem, por la cual el departamento entregó la educación al
municipio según acta del 31 de diciembre de 2003, por lo que los servicios docentes
prestados desde el 31 de diciembre de 2003 hasta el 5 de noviembre de 2015 (fecha
de expedición de certificado) ostentan el carácter de territorial – municipal (aptos para
acceder a la prestación pretendida).

8. El 17 de marzo de 2016 presentó petición escrita ante la entidad demandada en
orden a que se le reconociera la pensión gracia, en la cual señaló que «del tiempo
certificado como Nacional solo se podía tomar para el reconocimiento invocado el
prestado desde el 16 de julio de 1996 fecha de entrega de la educación, que consta en
acta suscrita entre la Nación – Ministerio de Educación Nacional - y el Departamento
de Caquetá (…) por ser tiempo de carácter Departamental».

9. Por medio de la Resolución RDP 023638 del 24 de junio de 2016, confirmada
por la Resolución RDP 037129 del 3 de octubre de 2016, la UGPP negó el
reconocimiento y pago de la pensión gracia en consideración a que los tiempos de
servicios aportados fueron prestados con nombramiento del orden nacional.

Contestación de la demanda3

10. La UGPP se opuso a las pretensiones toda vez que los tiempos de servicio
alegados en la demanda fueron prestados con nombramiento del orden nacional, que
no pueden contabilizarse para el reconocimiento de la pensión gracia.

3 Ibidem, ver archivo 6_180012333000201900043001EXPEDIENTEDIGI20230313162731.pdf, folios 156 a 161.

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11. Refirió que los tiempos laborados del 21 de febrero de 1979 al 2 de junio de 1982
carecen de valor probatorio porque no fueron certificados con copia auténtica, además
de no señalar el tipo de vinculación.

12. Insistió que la demandante ostenta una vinculación del orden nacional por haber
sido designada por el Ministerio de Educación Nacional, por lo que esos tiempos de
servicio que no se pueden computar para completar los 20 años que requiere la ley
para acceder a la pensión gracia.

13. Propuso las excepciones de mérito que tituló: «inexistencia de la obligación
demandada», «ausencia de vicios en el acto administrativo demandado»,
«prescripción» y la «innominada o genérica».

II. SENTENCIA APELADA4

14. El Tribunal Administrativo de Caquetá negó las pretensiones de la demanda y
condenó en costas a la parte vencida mediante sentencia del 20 de octubre de 2022.
Explicó que la demandante fue nombrada maestra del municipio de Morelia a partir del
21 de febrero de 1979 por el Intendente Nacional del Caquetá y el secretario de
Educación hasta el 2 de junio de 1982, ostentando una vinculación del orden
nacionalizado, por lo cual cumple con el requisito de vincularse con anterioridad al 31
de diciembre de 1980.

15. Sin embargo, desde el 1° de mayo de 1983 hasta el 5 de noviembre de 2015
(fecha en que se profirió la certificación) la vinculación tuvo carácter nacional, sin que
haya realizado «mayor esfuerzo para desvirtuar tal afirmación, puesto que no se aportaron al
presente trámite los actos administrativos de nombramiento y posesión, y/o las certificaciones
expedidas directamente por la entidad nominadora, donde se pudiera observar que el tipo de
vinculación es de carácter territorial o nacionalizado» de acuerdo a lo preceptuado en el
inciso 4 del artículo 103 del CPACA y 167 del CGP, en los cuales se establece que le
incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el
efecto jurídico que se persigue

16. Encontró que, al no acreditar los 20 años de servicio como docente con
vinculación territorial o nacionalizada, no le asiste el derecho al reconocimiento,
liquidación y pago de la pensión gracia solicitada.

17. Finalmente, condenó en costas y agencias en derecho a la parte demandante en
atención a que las pretensiones de la demanda no prosperaron.

III. RECURSO DE APELACIÓN5

2. La demandante presentó recurso de apelación encaminado a que se revoque la
decisión de primera instancia y en su lugar se accedan a las pretensiones de la
demanda. Consideró que el a quo no realizó un análisis del acto administrativo
contenido en la Resolución 6145 del 26 de diciembre de 1995 emitida por el Ministerio
de Educación Nacional ni de las actas de entrega de la educación al departamento de

4 Ibidem, ver archivo 14_180012333000201900043009EXPEDIENTEDIGI20230313162732.pdf.
5 Ibidem, ver archivo 4_180012333000201900043001RECEPCIONDEME20230215112407.pdf.

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Caquetá del 16 de julio de 1996 y al municipio de Florencia del 31 de diciembre de
2003, a través de los cuales se descentralizó la educación de acuerdo con la Ley 60 de
1993 y la Ley 715 de 2001 y significaron que el vínculo docente nacional se
transformara a uno departamental y municipal.

3. Señaló que el nombramiento efectuado mediante la Resolución 8416 del 3 de
junio de 1983 del Ministerio de Educación, tiene el carácter de nacional conforme a la
definición del artículo 1 de la Ley 91 de 1989. Sin embargo, se incurrió en error fáctico
toda vez que, por efecto de la descentralización de la educación que operó en el
departamento de Caquetá a partir del 15 de julio de 1996 el vínculo laboral mutó a
departamental y desde el 31 de diciembre de 2003 a municipal, otorgándole el derecho
a acceder a la pensión gracia.

4. Alegó que el vínculo laboral mutó porque operó el fenómeno de la sustitución
patronal por mandato de las Leyes 60 de 1993 y 715 de 2001, en las cuales se
estableció que los maestros pasarían a las plantas departamentales, distritales o
municipales con ocasión de la descentralización de la educación.

5. La parte demandante resaltó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
falló a favor en un caso similar el 20 de septiembre de 2022, en el que acogió la tesis
de que producto de la descentralización de la educación una plaza docente nacional
pasó a ser territorial al ser administrada por el Departamento de Cundinamarca y luego
por el Municipio de Zipaquirá, siendo entonces los tiempos válidos para acceder a la
pensión de gracia, conforme a la Ley 60 de 1993 y el Sistema General de
Participaciones. Además, se citó la sentencia de unificación de la Corte Constitucional
del 22 de enero de 2020, que establece que la naturaleza jurídica del vínculo determina
la categorización de la educación, no la fuente de financiación.

18. Solicitó revocar la condena en costas impuesta en la primera instancia al
considerar que éstas son procedentes siempre que en el expediente aparezca que se
causaron y en la medida de su comprobación. Mencionó que la demandante confiada
en los efectos legales de la descentralización de la educación, en especial, con relación
a la mutación de los vínculos laborales, construyó una expectativa válida para que se
le reconozca la prestación periódica solicitada.

IV. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

19. Mediante auto del 16 de noviembre de 20236 se admitió el recurso de apelación
y se informó a la demandada que disponía hasta la ejecutoria de esta providencia para
pronunciarse en torno a la alzada y al Ministerio Público para presentar su concepto en
el término de ley.

20. La UGPP7 solicitó que se confirme la decisión de primera instancia reiterando los
argumentos de hecho y de derecho que se explicaron en los actos administrativos y en
el curso de la primera instancia. Refirió que quedó demostrado que, si bien la
demandante prestó sus servicios como docente nacionalizada con anterioridad al 31 de

6 Índice 4 registrado en Samai, ver archivo
5_180012333000201900043011AUTOQUEADMITE20231204160000.pdf.
7 Índice 9 registrado en Samai, ver archivo 7_180012333000201900043012MemorialWeb2023121819127.pdf.

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diciembre de 1980, los servicios prestados desde el 1° de mayo de 1983 hasta el 5 de
noviembre de 2015 tienen la condición de nacionales, por ende, no aptos para la
prestación solicitada.

21. El Ministerio Público consideró que los tiempos laborados bajo vinculación del
orden nacional no son válidos para acceder a la pensión gracia, por lo que la parte
actora no reunió la totalidad de los requisitos contemplados en la ley para acceder a la
prestación pretendida, motivo por el cual se debe confirmar la decisión recurrida.

V. CONSIDERACIONES

Competencia

22. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del CPACA, modificado por los
artículos 615 del CGP y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es
competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos. Así las cosas, esta
Corporación es competente para abordar el análisis de esta controversia.

Problema jurídico

23. Teniendo en cuenta los argumentos expuestos en el escrito de apelación8, le
corresponde a la Sala establecer si la vinculación como docente nacional que ostentó
la demandante mutó a departamental y luego a municipal con ocasión del proceso de
descentralización y certificación de la educación contemplado en las Leyes 60 de 1993
y Ley 715 de 2001; además, verificar si se configuró un error fáctico y una sustitución
patronal por no valorarse en el caso concreto el fenómeno de la descentralización de la
educación y si resulta procedente la condena en costas en primera instancia.

24. En caso afirmativo, se deberá establecer si este tiempo puede ser computado
para acceder a la pensión gracia y si se acreditaron los demás requisitos conforme a la
Ley 114 de 1913, sus normas concordantes y la jurisprudencia de esta Corporación.

Solución al caso concreto

25. Para desatar tal cuestionamiento, debe partirse de la base que para gozar de la
pensión gracia los docentes deben acreditar las exigencias establecidas en las Leyes
114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933, 91 de 1989, como son: i) contar con más de 50
años de vida; ii) haberse vinculado como docente nacionalizado y/o territorial (municipal
o departamental) antes del 31 de diciembre de 1980; iii) haberse desempeñado en tal
calidad durante 20 años, que pueden ser continuos o discontinuos; iv) haberse
desempeñado en los empleos con honradez, consagración y buena conducta.

26. En este caso, la exigencia que se discute en sede de apelación es la de contar con
20 años de servicios como docente territorial y/o nacionalizada.

27. Al respecto, en el plenario se avizora que el intendente nacional del Caquetá a través

8 Pues así lo establece el artículo 328 de la Ley 1564 de 2012.

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del Decreto 00068 del 9 de febrero de 19799 nombró a la demandante maestra en la
Escuela de las Minas de Morelia, en el municipio de Morelia (Caquetá),
desempeñándose desde el 21 de febrero de 1979 hasta el 2 de junio de 1982 10 (3 años,
3 meses y 13 días) como docente nacionalizada. Con este periodo se prueba el
requisito de la vinculación como docente nacionalizada antes del 31 de diciembre de
1980 y es computable para acceder a la pensión gracia.

28. Ahora bien, la parte demandante no riñe que su vinculación fue del orden nacional
desde el 1° de mayo de 1983 en virtud del nombramiento como docente que le realizara
el Ministerio de Educación Nacional mediante la Resolución 8416 del 3 de junio de
1983. Es más, se evidencian las siguientes novedades administrativas visibles en el
Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral del 5 de noviembre
de 201511 (además de registrar el tipo de vinculación como docente nacional):

• Trasladada a la Escuela Rural Indígena Maticuru en el municipio de Milán a partir
del 2 de mayo de 1986 mediante la Resolución 4237 del 2 de mayo de 1986.
• Trasladada a través de la Resolución 18300 del 27 de diciembre de 1990 al
Colegio Sagrados Corazones del municipio de Florencia, a partir del 2 de mayo
de 1990.
• Por medio de la Resolución 387 del 8 de agosto de 2003 fue incorporada a la
planta docente en la misma institución educativa.
• Por medio del Decreto 188 del 31 de diciembre de 2003 fue incorporada en la
Secretaría de Educación Municipal de Florencia, a partir del 31 de diciembre de
2003.

29. Así pues, de la certificación laboral expedida por la Secretaría de Educación de
Florencia se infiere que la educadora fue nombrada por la mencionada resolución como
docente nacional y que con posterioridad a ella no se expidieron nuevos actos de
nombramiento, sino que se dieron traslados e incorporaciones sin solución de
continuidad a la vinculación nacional con la que inició sus labores en el año 1983.

30. Puede entonces concluirse que desde el 1° de mayo de 1983 la docente
estableció un vínculo legal y reglamentario con el Ministerio de Educación Nacional, lo
que implica que inició su labor como educadora al servicio de la Nación. Así lo dispone
el artículo 1° de la Ley 91 de 1989, al señalar que se considera personal nacional a los
«docentes vinculados por nombramiento del Gobierno Nacional».

31. El aspecto medular del recurso de apelación gira en torno a que dicha vinculación
nacional mutó a departamental y después a municipal por el proceso de
descentralización de la educación implementado por las Leyes 60 de 1993 y 715 de
2001; es decir, la actora plantea que su vinculación pasó a ser departamental y
municipal y, por ende, computable para acceder a la pensión gracia.

9 Ibidem, folio 82.
10 Ibidem, folios 63 a 64.
11 Ibidem, ver archivo 22_180012333000201900043001EXPEDIENTEDIGI20230313162833.pdf, folios 60 a 61.

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32. Frente a dicho argumento, esta Subsección ha dictado múltiples sentencias12 en
las que se ha decantado que la descentralización de la educación involucró el traslado
de la administración del servicio educativo y del personal docente a las entidades
territoriales certificadas en educación, primero a los entes departamentales (como lo
determinó la Ley 60 de 1993) y después a los municipales (en virtud de lo dispuesto en
la Ley 715 de 200113), pero tales condiciones no generaron un cambio en la naturaleza
de la vinculación inicial de los educadores que habían sido nombrados con anterioridad
a dicho proceso, particularmente para aquellos que continuaron su relación legal y
reglamentaria sin interrupción, como sucede en el caso de la actora.

33. Al respecto, el artículo 6 de la mencionada ley dispuso lo siguiente:

[…] El régimen prestacional aplicable a los actuales docentes nacionales o nacionalizados
que se incorporen a las plantas departamentales o distritales sin solución de continuidad
y las nuevas vinculaciones será el reconocido por la Ley 91 de 1989, y las prestaciones
en ellas reconocidas serán compatibles con pensiones o cualesquiera otras clases de
remuneraciones. […]

34. Igualmente, en los artículos 34 y 38 de la Ley 715 de 2001 se reiteró que «los
docentes, directivos docentes y administrativos de los planteles educativos, que fueron
nombrados con el lleno de los requisitos, mantendrán su vinculación sin solución de
continuidad».

35. Así pues, so pretexto de la descentralización de la educación no puede
soslayarse dicha regulación y mucho menos dejarse de lado que las características de
la vinculación laboral con la Administración se adquieren al momento en que se expide
el acto de nombramiento y en éste se establecen las condiciones jurídicas del cargo a
desempeñar y las repercusiones a las cuales queda sometido el servidor 14. Entonces,
la cesión de la administración de las plantas de personal a las entidades territoriales
certificadas en educación, así como las demás competencias que les fueron
trasladadas, no implicó, por lo menos para efectos del reconocimiento de la pensión
gracia, un cambio en la naturaleza de la vinculación primigenia de los docentes.

36. Al tiempo que en la sentencia de unificación jurisprudencial del 21 de junio de
15
2018 el Consejo de Estado explicó la forma en que se acredita el tipo de vinculación
docente, sin que el traspaso de las plantas docentes a los entes territoriales conlleve
implícita la modificación de su vínculo, de nacional a territorial, para los efectos del
reconocimiento de la prestación objeto de controversia.

12 Al respecto, entre otras, ver las siguientes sentencias de la Subsección A: 1) sentencia del 14 de mayo de 2025, rad. 52001 23

33 000 2017 00335 01 (2307-2019), C.P. Juan Camilo Morales Trujillo; 2) sentencia del 23 de abril de 2025, rad. 73001 23 33 000
2019 00127 01 (5447-2022), C.P. Juan Camilo Morales Trujillo; 3) sentencia del 7 de abril de 2025, rad. 25000 23 42 000 2018
02543 01 (3213-2022), C.P. Juan Camilo Morales Trujillo; 4) sentencia del 6 de marzo de 2025, rad. 76001 23 33 000 2019 01072
01 (6210–2023), C.P. Luis Eduardo Mesa Nieves; 5) sentencia del 30 de octubre de 2024, rad. 13001 23 33 000 2019 00262 01
(0534–2024), C.P. Luis Eduardo Mesa Nieves; 6) sentencia del 21 de agosto de 2024, rad. 50001-23-33-000-2019-00299-01 (3910-
2023), C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez; 7) sentencia del 7 de septiembre de 2023, radicado: 73001-23-33-000-2019-00120-01
(1887-2022), C.P. Gabriel Valbuena Hernández.
13 Sección Segunda, sentencias del 22 de julio de 2014, radicado 66001233300020120012701, del 21 de junio de 2016; radicado

2014-00136; del 10 de mayo de 2018, radicado. 73001233300020140018501; Sala de Consulta y del Servicio Civil, Concepto del
14 de diciembre de 2016, radicado 110010306000020160010900.
14 Al respecto, las sentencias proferidas por la Sección Segunda, Subsección B del 5 de agosto de 2010, radicación 2079-2009,

C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila; del 29 de marzo de 2012, radicación 1146-2010 C.P. Gerardo Arenas Monsalve y del 16 de
junio de 2015, radicación 68001233100020040276201.
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado: 25000-23-42-000-2013-04683-

01 (3805-2014).

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Radicado: 18001 23 33 000 2019 00043 01 (3609-2023)
Demandante: Rosa Paulina Gómez Cubillos

37. Bajo esa línea, las condiciones de la vinculación nacional de la demandante no
se modificaron, comoquiera que el nombramiento efectuado por el Ministerio de
Educación mediante la Resolución 8416 del 3 de junio de 1983 se mantuvo incólume,
al no existir ruptura del vínculo laboral16. En consecuencia, el lapso servido a partir del
15 de julio de 1996 no resulta válido para reconocer la pensión gracia, por su carácter
nacional, lo cual conlleva al incumplimiento del requisito de los 20 años de servicio
como docente departamental, municipal, distrital y/o nacionalizado. Esto por cuanto, en
solo el período laborado entre 1979 y 1982 resultaría válido para el cómputo
correspondiente al reconocimiento de la pensión gracia, al estar vinculada como
docente del orden nacionalizada con anterioridad al 31 de diciembre de 1980. Sin
embargo, no es suficiente para colmar el requisito temporal exigido por la norma.

38. Ahora bien, tampoco tiene vocación de prosperidad el reparo de la parte
demandante consistente en haberse configurado una sustitución patronal que implique
el cambio de plaza nacional a territorial, pues las referidas Leyes 60 de 1993 y 715 de
2001 dispusieron que los docentes nombrados con anterioridad mantendrían su tipo de
vinculación sin solución de continuidad. Es así como, conforme se ha explicado, para
efectos del reconocimiento de la pensión gracia la alegada sustitución patronal no
implica de manera alguna el cambio de la plaza docente nacional que venía
desempeñando la demandante antes del proceso de descentralización de la
educación.

39. Por su parte, la recurrente manifiesta que la sentencia apelada incurrió en un
defecto fáctico al no valorar las pruebas referentes a la Resolución 6145 del 26 de
diciembre de 1995 y el acta de fecha 31 de diciembre de 2003, mediante las cuales el
Ministerio de Educación Nacional certificó y entregó el servicio educativo al
Departamento del Caquetá y al municipio de Florencia, respectivamente.

40. Pues bien, revisado el fallo apelado, se observa que en su parte considerativa
no se hizo alusión expresa a la referida Resolución 6145 del 26 de diciembre de 1995
y el acta del 31 de diciembre de 2003. Sin embargo, si bien la Sala no desconoce la
existencia del proceso de nacionalización de la educación, como tampoco los distintos
procesos de incorporación que se realizaron a nivel nacional y del cual fue objeto la
parte demandante; sin embargo, no tiene vocación de prosperidad el argumento del
recurso en cuanto a que el vínculo que traía aquélla como nacional mutó a territorial,
por cuanto, se reitera, la descentralización educativa derivada de las Leyes 60 de 1993
y 715 de 2001 no alteró la naturaleza del vínculo primigenio de los docentes nacionales,
más aun cuando no existió solución de continuidad como ocurrió en el caso bajo
examen.

41. Con relación al reparo formulado respecto a que, en un asunto de similares
contornos mediante sentencia del 20 de septiembre de 202217, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca accedió al reconocimiento de la pensión gracia, la Sala
encontró que, mediante providencia de segunda instancia esta Corporación revocó esta

16 En el mismo sentido esta Sala se ha pronunciado en sentencias del 23 de marzo de 2023, radicación 17001 23

33 000 2015 00695 01 (4210–2017) y del 30 de marzo de 2023, radicación 66001 23 33 000 2016 00084 01 (1985–
2018).
17 Expediente No. 25000233300020190060700 con ponencia de la doctora Beatriz Helena Escobar Rojas.

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Radicado: 18001 23 33 000 2019 00043 01 (3609-2023)
Demandante: Rosa Paulina Gómez Cubillos

decisión con fecha 8 de febrero de 202418, en el entendido de que «los maestros
nacionales incorporados a los entes territoriales con ocasión de las Leyes 60 de 1993 y 715 de
2001 no pueden ser acreedores de la pensión gracia, puesto que, además de que no existe
sinonimia entre los términos nombramiento («nominación») y homologación, en todo caso esta
no comporta cambio del tipo de vinculación, pues fue sin solución de continuidad19». De tal
manera, el cuestionamiento de fondo viene siendo el mismo al expuesto en este
proceso, esto es, que su vinculación nacional mutó a territorial, frente a lo cual la Sala
líneas atrás explicó su inviabilidad.

Condena en costas en primera instancia

42. Por último, dentro de los argumentos de inconformidad, la demandante
manifiesta su desacuerdo respecto a la condena en costas que le fue impuesta en
primera instancia, en atención a que la demanda se presentó bajo la convicción de que
se le estaban lesionando los derechos de índole legal y constitucional, así como que no
hubo mala fe ni temeridad en su actuar.

43. Sobre el particular, el artículo 188 del CPACA establece que la sentencia deberá
disponer sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las
normas del Código de Procedimiento Civil (hoy Código General del Proceso); y que, en
todo caso, se condenará en costas si la demanda fue presentada con manifiesta
carencia de fundamento legal de conformidad con la modificación normativa introducida
por la Ley 280 de 2021. De lo anterior se colige que para la imposición de costas se
deben emplear las reglas establecidas en el artículo 365 del CGP y, además, se debe
determinar si la demanda carecía de fundamento legal o no.

44. Ahora bien, para la interpretación de las normas relativas a la disposición de
condena en costas, la jurisprudencia de esta Subsección ha adoptado un criterio
objetivo – valorativo según el cual deben encontrarse probados ambos elementos para
que la condena resulte procedente:

«b) Se concluye que es “objetivo” porque en toda sentencia se “dispondrá” sobre costas,
es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o parcialmente, o bien para abstenerse,
según las precisas reglas del CGP.

c) Sin embargo, se le califica de “valorativo” porque se requiere que en el expediente el
juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su comprobación. Tal y como lo
ordena el CGP, esto es, con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad
del abogado efectivamente realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración
no se incluye la mala fe o temeridad de las partes.»20

45. En cuanto al elemento objetivo, si bien en principio solamente se tenían en
cuenta las reglas dispuestas en el Código General del Proceso, en la actualidad su
análisis impone también el estudio de la regla introducida por la Ley 2080 de 2021 en
el artículo 188 del CPACA relativa a si la demanda carecía o no de fundamento legal.

18 Con ponencia del doctor Jorge Edison Portocarrero Banguera dentro del expediente 25000234200020190060701

(0791 – 2023).
19 Sentencia de 25 de agosto de 2022, expediente 76001-23-33-000-2015-01378-01 (2785-2018), C. P. César

Palomino Cortés: «De modo que, como la accionante […], al ser incorporada a la planta del municipio de Cali sin
solución de continuidad, mantuvo su calidad de docente con vinculación nacional […]».
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia de 7 de

abril de 2016, Rad. No. 13001233300020130002201. C.P. Alfonso Vargas Rincón.

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Demandante: Rosa Paulina Gómez Cubillos

46. En el caso concreto, pese a que la sentencia fue dictada en plena vigencia del
artículo 47 de la Ley 2080 de 2024, el a quo se limitó a citar el artículo 188 del CPACA
y los artículos 365 y 366 del CGP y considerando que como la parte demandante resultó
vencida, debía ser condenada en costas; es decir, aplicó el criterio objetivo sin valorar
si hubo carencia manifiesta de fundamento legal en la demanda.

47. Con base en lo expuesto, realizada la valoración en atención a lo dispuesto en
la referida norma, no se advierte que la demanda haya carecido de forma manifiesta de
fundamento legal, por lo que no hay lugar a condenar en costas en primera instancia,
por tanto, resulta procedente revocar el numeral segundo de la parte resolutiva del fallo
de primera instancia.

Condena en costas en segunda instancia

48. Con fundamento en lo anterior, realizada la aludida valoración en segunda
instancia, no se observa la carencia de fundamento legal en el recurso de apelación
pues la demandante actuó bajo la convicción de contar con razonable respaldo legal,
jurisprudencial y probatorio para obtener un pronunciamiento favorable a sus intereses.
Por tanto, esta Sala se abstendrá de igual forma, en imponer la condena en costas en
esta instancia.

VI. DECISIÓN

49. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: REVOCAR el numeral segundo de la sentencia del 20 de octubre de 2022
expedida por el Tribunal Administrativo de Caquetá. En su lugar, se ordena abstenerse
de condenar en costas en primera instancia a la parte demandante, conforme a lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia del 20 de octubre de 2022 emitida
por el Tribunal Administrativo de Caquetá, por medio de la cual se negaron las
pretensiones de la demanda presentada por Rosa Paulina Gómez Cubillos contra la
UGPP.

TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia.

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Radicado: 18001 23 33 000 2019 00043 01 (3609-2023)
Demandante: Rosa Paulina Gómez Cubillos

CUARTO: Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI” y ejecutoriada esta providencia
devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA.: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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