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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2019-00275-01

Fecha
5 de junio de 2025
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2019-00275-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia del 13 de abril de 2023 por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Santander condenó en costas a la parte demandante. SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia del 13 de abril de 2023 mediante la cual el Tribunal Administrativo de Santander negó las pretensiones de la demanda de la referencia. TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia. CUARTO: Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado —SAMAI— y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 68001-23-33-000-2019-00275-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

5 de junio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá D.C., cinco (5) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicado: 68001 23 33 000 2019 00275 01 (7553-2023)
Demandante: Orlando Sierra Prada
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social1
Temas: Reconocimiento de pensión gracia. Vinculación como docente
nacional. La incorporación no cambia la naturaleza de la relación
legal y reglamentaria.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia del 13 de abril de 2023 mediante la cual el Tribunal Administrativo
de Santander negó las pretensiones de la demanda, anunciando desde ya que dicha
decisión será confirmada.

I. ANTECEDENTES

Demanda2

2. El actor solicitó la declaratoria de nulidad de las resoluciones RDP 033897 del
14 de septiembre de 2016 y RDP 008945 del 7 de marzo de 2017, a través de las cuales
la UGPP le negó el reconocimiento de la pensión gracia.

3. A título de restablecimiento del derecho pidió: a) condenar a la entidad a
reconocerle la pensión gracia de jubilación, efectiva a partir del 19 de agosto de 2010;
b) aplicar los reajustes previstos en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993; c) actualizar
el valor de las condenas conforme al artículo 187 del CPACA; d) cumplir el fallo que
ponga fin al proceso y reconocer los intereses moratorios en los términos del artículo
192 ibidem; y pagar las costas procesales.

4. Como sustento fáctico de sus pretensiones expuso que nació el 4 de mayo de
1951 y prestó sus servicios como docente oficial de manera honrada y con buena
conducta en los siguientes periodos y entidades: a) del 3 de abril al 30 de junio de 1970,
como maestro de la Escuela Rural Santa Helena del municipio de El Guacamayo
(Santander); b) del 17 de marzo de 1972 al 15 de febrero de 1979, como profesor en el
municipio de Mogotes; c) desde el 1 de febrero hasta el 12 de septiembre de 1988,

1 En adelante UGPP.
2 Índice 26 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Santander.

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Demandante: Orlando Sierra Prada

como docente de educación básica en el municipio de San Gil, en virtud del
nombramiento realizado por el Ministerio de Educación Nacional a través de la
resolución 3070 del 1 de febrero de 1979, y d) del 13 de septiembre de 1988 hasta la
fecha en que presentó la demanda (9 de abril de 20193) en la ciudad de Bucaramanga,
por virtud del traslado conferido mediante la resolución 13335 del 13 de septiembre de
1988.

5. Con fundamento en la ley 60 de 1993, sostuvo que los tiempos laborados a partir
del 16 de octubre de 1997 adquirieron naturaleza departamental, en virtud de la
descentralización de la educación y la certificación del departamento de Santander por
parte del Ministerio de Educación Nacional (mediante la resolución 3024 del 11 de
agosto de 1997 y el acta de entrega del 17 de octubre de 1997). Así mismo, que desde
el 20 de enero de 2003, la naturaleza de su vinculación mutó nuevamente a territorial-
municipal hasta la fecha en que se radicó la demanda, por la descentralización y
certificación del municipio de Bucaramanga, conforme a la resolución 2987 del 18 de
diciembre de 2002 y el acta del 20 de enero de 2003. En consecuencia, consideró que
dichos periodos son válidos para acceder a la pensión gracia desde el 19 de agosto de
2010, fecha en la que completó los 20 años de servicio exigidos para tal efecto.

Contestación de la demanda4

6. La UGPP se opuso a las pretensiones al considerar que los actos acusados se
ajustaron al ordenamiento superior, sumado a que el actor no reúne el requisito de los
veinte (20) años de servicios como docente territorial o nacionalizado, puesto que
laboró entre el 1 de febrero de 1979 y el 4 de febrero de 2016 como educador del orden
nacional, lapso que no puede computarse para el reconocimiento de la pensión gracia
deprecada.

7. Debido a lo anterior, propuso las excepciones de fondo que tituló como
«inexistencia de la obligación», «cobro de lo no debido», «presunción de legalidad de
los actos administrativos», «falta de título y causa», «prescripción» y la «genérica e
innominada».

II. SENTENCIA APELADA5

8. El Tribunal Administrativo de Santander dictó sentencia del 13 de abril de 2023
por medio de la cual negó las pretensiones al considerar que el actor no reúne los veinte
(20) años de servicio para el reconocimiento de la pensión gracia ya que el único tiempo
que puede ser computado para tal efecto es aquél que prestó entre el 3 de abril al 30
de junio de 1970 y desde el 17 de marzo de 1972 hasta el 15 de febrero de 1979, esto
es, durante 7 años, 1 mes y 28 días, el cual no es suficiente para acceder a la prestación
deprecada. Con relación a la vinculación del 1 de febrero de 1979 al 4 de febrero de
2016 concluyó que son tiempos nacionales, los cuales no pueden tenerse en cuenta
para el referido fin.

3 Según consta en el índice 1 del aplicativo SAMAI del Tribunal Administrativo de Santander.
4 Índice 26 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Santander.
5 Índice 31 ibidem.

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Demandante: Orlando Sierra Prada

9. Entre tanto, sostuvo que no es posible aceptar que el vínculo laboral del
accionante mutó con la descentralización educativa derivada de la ley 60 de 1993
puesto que la situación de los docentes sigue rigiéndose por la ley 91 de 1989, norma
que establece que los maestros vinculados por el Ministerio de Educación son de
carácter nacional, tal como ocurrió en el presente asunto.

10. Por último, condenó en costas a la parte actora, aplicando la regla prevista en el
artículo 365.1 del CGP, esto es, por ser la parte vencida en el proceso.

III. RECURSO DE APELACIÓN6

10. La parte actora solicitó revocar la sentencia de primera instancia argumentando
que el a quo no aceptó como válidos los tiempos de servicio que prestó a partir del 17
de octubre de 1997 para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, sin tener en
cuenta que estos son territoriales por la descentralización de la educación surgida
conforme a la ley 60 de 1993; lo cual, a su juicio, violó el principio de congruencia.

11. Precisó que la anterior conclusión encuentra respaldo en que los dineros con los
que se le pagaron los salarios provenían del Sistema General de Participaciones,
recursos que no tienen naturaleza nacional, sino que constituyen una fuente exógena
de los ingresos propios de las entidades territoriales.

12. A su vez consideró que hubo una indebida valoración del acervo probatorio pues
el a quo basó su decisión en la certificación del 4 de febrero de 2016 que indica que el
régimen de pensiones del demandante es nacional, sin que dicho documento se refiera
al tipo de vinculación que tuvo desde el 1 de febrero de 1979 al 4 de agosto de 2016.
Tampoco se tuvo en cuenta que en el mencionado certificado se estableció que la
Secretaría Municipal de Bucaramanga es la entidad nominadora, la cual, en efecto, es
de naturaleza territorial.

13. Además, adujo que el tribunal incurrió en un defecto fáctico porque no valoró las
resoluciones 3024 del 11 de agosto de 1997, 2987 del 18 de diciembre de 2002 y las
actas del 17 de octubre de 1997 y del 20 de enero de 2003, a través de las cuales el
Ministerio de Educación Nacional certificó y le entregó el servicio educativo al
departamento de Santander y al municipio de Bucaramanga, respectivamente.

14. Asimismo, precisó que el fallo cuestionado desconoció las sentencias de
unificación del 21 de junio de 2018 y del 11 de agosto de 2022 proferidas por esta
Colegiatura, en lo que tiene que ver con la naturaleza de la planta en la que laboró
como docente y lo relativo a la etapa de departamentalización y municipalización del
servicio educativo derivado de las leyes 60 de 1993 y 715 de 2001.

15. Por último, se opuso a la condena en costas argumentando que esta no era
procedente por el solo hecho de haber resultado vencido en el proceso; antes bien,
indicó que en el plenario no existen pruebas de su causación ni que la demanda se
haya presentado con temeridad o de mala fe.
II. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

6 Índice 34 Ibidem.

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Demandante: Orlando Sierra Prada

16. Mediante auto del 9 de mayo de 20247 se admitió el recurso de apelación;
además, se le indicó a la parte demandada que disponía hasta la ejecutoria de dicha
providencia para pronunciarse en torno al recurso de apelación y al Ministerio Público
tenía hasta antes de que el expediente ingresara al despacho para emitir su concepto.

17. En cumplimiento de lo anterior, la UGPP8 reiteró los argumentos de hecho y de
derecho expuestos en el curso de la primera instancia.

18. Por su parte, el Ministerio Público guardó silencio.

III. CONSIDERACIONES

Problema jurídico

19. Atendiendo los reparos expuestos en el recurso de apelación9, le corresponde a
la Sala establecer si la vinculación como docente nacional que ostentó el demandante
mutó a territorial con ocasión del proceso de descentralización y certificación de la
educación pública contemplado en la ley 60 de 1993 para el departamento de
Santander y el municipio de Bucaramanga.

20. En caso afirmativo, se deberá establecer si el tiempo servido como docente
puede ser computado para acceder a la pensión gracia y ante ese escenario
correspondería verificar si se acreditaron los demás requisitos para el reconocimiento
pensional conforme a la ley 114 de 1913, sus normas concordantes y la jurisprudencia
de esta Corporación.

Solución al caso concreto

21. Para desatar tales cuestionamientos, debe partirse de la base que para gozar de
la pensión gracia los docentes deben acreditar las exigencias establecidas en las leyes
114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933, 91 de 1989, como son: i) contar con más de 50
años de vida; ii) haberse vinculado como docente nacionalizado y/o territorial (municipal
o departamental) antes del 31 de diciembre de 1980; iii) haberse desempeñado en tal
calidad durante 20 años, que pueden ser continuos o discontinuos; iv) haberse
desempeñado en los empleos con honradez, consagración y buena conducta.

22. En este caso, la exigencia que se discute es la de contar con 20 años de servicios
como docente territorial y/o nacionalizado. La parte demandante no riñe que su
vinculación fue del orden nacional desde el 1 de febrero de 1979 en virtud del
nombramiento como docente que le realizara el Ministerio de Educación Nacional
mediante la resolución 3078 de ese mes y año. En efecto, este hecho es confesado por
la parte demandante desde el libelo introductorio y no fue objeto de recurso de
apelación.

23. El aspecto medular de la controversia gira en torno a que dicha vinculación

7 Índice 5, SAMAI.
8 Índice 10, ibidem.
9 Pues así lo establece el artículo 328 de la Ley 1564 de 2012.

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nacional mutó a departamental y después a municipal por el proceso de
descentralización de la educación implementado por las leyes 60 de 1993 y 715 de
2001; es decir, la parte actora plantea que desde 1997 hasta el 2016 (cuando se expidió
el certificado de historia laboral allegado como prueba) su vinculación pasó a ser
territorial y, por ende, computable para acceder a la pensión gracia.

24. Frente a dicho argumento, esta Subsección ha dictado múltiples sentencias10 en
las que se ha decantado que la descentralización de la educación involucró el traslado
de la administración del servicio educativo y del personal docente a las entidades
territoriales certificadas en educación, primero a los entes departamentales (como lo
determinó la ley 60 de 1993) y después a los municipales (en virtud de lo dispuesto en
la ley 715 de 200111), pero tales condiciones no generaron un cambio en la naturaleza
de la vinculación inicial de los educadores que habían sido nombrados con anterioridad
a dicho proceso, particularmente para aquellos que continuaron su relación legal y
reglamentaria sin interrupción, como sucede en el caso del actor.

25. Al respecto, el artículo 6 de la mencionada ley dispuso lo siguiente:

[…] El régimen prestacional aplicable a los actuales docentes nacionales o
nacionalizados que se incorporen a las plantas departamentales o distritales sin solución
de continuidad y las nuevas vinculaciones será el reconocido por la Ley 91 de 1989, y las
prestaciones en ellas reconocidas serán compatibles con pensiones o cualesquiera otras
clases de remuneraciones. […]

26. Igualmente, en los artículos 34 y 38 de la ley 715 de 2001 se reiteró que «los
docentes, directivos docentes y administrativos de los planteles educativos, que fueron
nombrados con el lleno de los requisitos, mantendrán su vinculación sin solución de
continuidad».

27. Así pues, so pretexto de la descentralización de la educación no puede
soslayarse dicha regulación y mucho menos dejar de lado que las características de la
vinculación laboral con la Administración se adquieren al momento en que se profiere
el acto de nombramiento y en este se establecen las condiciones jurídicas del cargo a
desempeñar y las repercusiones a las cuales queda sometido el servidor12. Entonces,
la cesión de la administración de las plantas de personal a las entidades territoriales
certificadas en educación, así como las demás competencias que les fueron
trasladadas, no implicó, por lo menos para efectos del reconocimiento de la pensión
gracia, un cambio en la naturaleza de la vinculación primigenia de los docentes.

10 Al respecto, entre otras, ver las siguientes sentencias de la Subsección A: 1) sentencia del 14 de mayo de 2025,

rad. 52001 23 33 000 2017 00335 01 (2307-2019), C.P. Juan Camilo Morales Trujillo; 2) sentencia del 23 de abril de
2025, rad. 73001 23 33 000 2019 00127 01 (5447-2022), C.P. Juan Camilo Morales Trujillo; 3) sentencia del 7 de
abril de 2025, rad. 25000 23 42 000 2018 02543 01 (3213-2022), C.P. Juan Camilo Morales Trujillo; 4) sentencia del
6 de marzo de 2025, rad. 76001 23 33 000 2019 01072 01 (6210–2023), C.P. Luis Eduardo Mesa Nieves; 5)
sentencia del 30 de octubre de 2024, rad. 13001 23 33 000 2019 00262 01 (0534–2024), C.P. Luis Eduardo Mesa
Nieves; 6) sentencia del 21 de agosto de 2024, rad. 50001-23-33-000-2019-00299-01 (3910-2023), C.P. Jorge Iván
Duque Gutiérrez; 7) sentencia del 7 de septiembre de 2023, radicado: 73001-23-33-000-2019-00120-01 (1887-
2022), C.P. Gabriel Valbuena Hernández.
11 Sección Segunda, sentencias del 22 de julio de 2014, radicado 66001233300020120012701, del 21 de junio de

2016; radicado 2014-00136; del 10 de mayo de 2018, radicado. 73001233300020140018501; Sala de Consulta y
del Servicio Civil, Concepto del 14 de diciembre de 2016, radicado 110010306000020160010900.
12 Al respecto, las sentencias proferidas por la Sección Segunda, Subsección B del 5 de agosto de 2010, radicación

2079-2009, C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila; del 29 de marzo de 2012, radicación 1146-2010 C.P. Gerardo
Arenas Monsalve y del 16 de junio de 2015, radicación 68001233100020040276201.

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Demandante: Orlando Sierra Prada

28. Al tiempo que en la sentencia de unificación jurisprudencial del 21 de junio de
201813 el Consejo de Estado explicó la forma en que se acredita el tipo de vinculación
docente, sin que el traspaso de las plantas docentes a los entes territoriales conlleve
implícita la modificación de su vínculo, de nacional a territorial, para los efectos del
reconocimiento de la prestación objeto de controversia.

29. Siguiendo esa línea, es dable concluir que las condiciones de la vinculación
nacional del demandante no se modificaron toda vez que el nombramiento efectuado
por el Ministerio de Educación —mediante la resolución 3078 del 1 de febrero de 1979—
se mantuvo incólume al no existir ruptura del vínculo laboral14. En consecuencia, el
lapso servido a partir del 1° de febrero de 197915 no resulta válido para reconocer la
pensión gracia por su carácter nacional, lo cual confirma el incumplimiento del requisito
de los 20 años de servicio como docente departamental, municipal, distrital o
nacionalizado.

30. A su turno, cabe destacar que entre las partes no existe discusión frente a la
calificación del periodo servido previamente como docente territorial entre el 1° de abril
y el 30 de junio de 197016 y del 17 de marzo de 1972 al 15 de febrero de 197917, el cual
pese a que está probado y resulta válido para el cómputo tendiente al reconocimiento
de la pensión gracia (más de 7 años) no es suficiente para colmar el requisito temporal
exigido por la norma (20 años).

31. Por otro lado, no le asiste razón al recurrente al afirmar que el a quo valoró
indebidamente la certificación de historia laboral del 4 de febrero de 2016 al tomar como
tipo de vinculación la casilla de nacional destinada al régimen de pensiones puesto que
el Tribunal Administrativo de Santander, luego de hacer un estudio minucioso de las
pruebas allegadas al plenario y con base en la jurisprudencia que esta Sección
relacionada con el proceso de descentralización de la educación, concluyó que la
naturaleza nacional del vínculo desarrollado entre el 1° de febrero de 1979 y el 4 de
febrero de 2016 devino «no solo de las certificaciones aportadas al expediente, sino
también del acto administrativo de nombramiento No. 3078 del 1° de febrero de 1979,
el cual fue suscrito por el Ministerio de Educación – hecho expuesto en la demanda y
que no fue objeto de controversia-, entendiéndose que el nombramiento fue realizado
por el Gobierno Nacional».18

13 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado: 25000-23-42-

000-2013-04683-01 (3805-2014).
14 En el mismo sentido esta Sala se ha pronunciado en sentencias del 23 de marzo de 2023, radicación 17001 23

33 000 2015 00695 01 (4210–2017) y del 30 de marzo de 2023, radicación 66001 23 33 000 2016 00084 01 (1985–
2018).
15 Obra en el plenario el Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral emitido el 4 de febrero

de 2016 por la Secretaría de Educación Municipal de Bucaramanga, (página 270 del archivo CC-5687322, que
reposa en el índice 26 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Santander) en la que se indicó que el demandante
tuvo las siguientes vinculaciones: por medio de la resolución 3078 del 1 de febrero de 1979 en el plantel educativo
de la Zona Urbana del municipio de San Gil; en atención a la Resolución 13335 del 13 de septiembre de 1988, fue
trasladado a la Institución Técnica INEM de Bucaramanga, a partir del 5 de octubre de ese año; y por virtud de la
Resolución 069 del 14 de febrero de 2003 fue incorporado a la Institución Educativa Liceo Patria de Bucaramanga.
16 El 8 de abril de 1970, el gobernador de Santander expidió el decreto 674 (archivo núm. 11, que reposa en la

carpeta « 34_ED_7752_20190930084511_(.rar)» obrante en el índice 26 del aplicativo SAMAI del Tribunal
Administrativo de Santander) por medio del cual nombró al accionante como maestro de la Escuela Rural Santa
Helena del municipio de El Guacamayo, a partir del 1 de abril de esa anualidad.
17 El 28 de febrero de 1972, el gobernador de Santander emitió el decreto 399, (archivo núm. 12, ibidem) por medio

del cual nombró al actor como profesor de tiempo completo en el Colegio del Sagrado Corazón del municipio de
Mogotes, a partir del 1 de marzo de ese año.
18 Página 17 de la sentencia cuestionada.

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32. Tampoco prospera el reparo tendiente a indicar que el fallador de primer grado
no valoró las resoluciones 3024 del 11 de agosto de 1997 y 2987 del 18 de diciembre
de 2002 y las actas del 17 de octubre de 1997 y del 20 de enero de 2003 a través de
las cuales el Ministerio de Educación Nacional certificó en educación al departamento
de Santander y al municipio de Bucaramanga y les entregó el servicio educativo,
respectivamente, por cuanto, tal como se ha reiterado a lo largo de esta providencia, la
descentralización de la educación no generó la mutación del vínculo nacional primigenio
máxime si no existió solución de continuidad.

33. Tampoco se advierte el desconocimiento de la sentencia de unificación del 11
de agosto de 2022 pues si bien allí se tocó el tema de la descentralización educativa a
cargo de los entes territoriales por virtud de las leyes 60 de 1993 y 715 de 2001, lo
cierto es que en dicho fallo no se indicó que la aludida figura haya derivado en la
mutación de la relación laboral de los docentes.

34. Entre tanto, si bien el tribunal a quo no consideró que al actor se le cancelaron
los salarios y las prestaciones sociales con dineros provenientes del Situado Fiscal y
del Sistema General de Participaciones, para la Sala tal circunstancia no resulta
determinante para mutar la vinculación nacional pues no es el único criterio que define
su naturaleza. En efecto, como se ha señalado a lo largo de esta providencia, la relación
legal y reglamentaria del demandante se originó en virtud del nombramiento efectuado
por el Ministerio de Educación en una plaza docente nacional, conforme con lo previsto
en el artículo 1º de la Ley 91 de 1989.

35. Finalmente, el accionante cuestionó la decisión del tribunal de imponerle
condena en costas y agencias en derecho. En su criterio, el a quo no realizó un análisis
profundo de su situación particular reprochando, además, que dicha condena no puede
sustentarse exclusivamente en la simple derrota de las pretensiones, sino que debe
considerar principios como la buena fe y la confianza legítima. Asimismo, señaló que
en el expediente no obran pruebas que justifiquen la imposición de tales cargas
procesales.

36. Al respecto, conviene precisar que, para la fecha en que se dictó el fallo apelado
(13 de abril de 2023) ya se encontraba vigente la Ley 2080 de 2021 (25 de enero de
2021), cuyo artículo 47 adicionó el artículo 188 del CPACA estableciendo como deber
del juez verificar, al momento de imponer costas, si la demanda fue presentada con
manifiesta carencia de fundamento legal.

37. En ese sentido, se observa que el Tribunal Administrativo de Santander no aplicó
el citado precepto, sino que adoptó un criterio estrictamente objetivo, sin valorar que los
argumentos planteados por el demandante contaban con sustento legal y
jurisprudencial razonable para justificar su pretensión y procurar un pronunciamiento
favorable. Por consiguiente, la Sala revocará el numeral segundo de la parte resolutiva
de la providencia apelada.

Condena en costas en segunda instancia

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Radicado: 68001 23 33 000 2019 00275 01 (7553-2023)
Demandante: Orlando Sierra Prada

38. Realizada ahora la aludida valoración en la segunda instancia, la Sala no
advierte la carencia de fundamento legal en el recurso de apelación pues el
demandante actuó bajo la convicción de contar con razonable respaldo legal,
jurisprudencial y probatorio para obtener un pronunciamiento favorable a sus intereses.
Por tanto, esta Sala se abstendrá de imponerle condena en costas en esta instancia.

IV. DECISIÓN

39. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: REVOCAR el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia del
13 de abril de 2023 por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Santander
condenó en costas a la parte demandante.

SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia del 13 de abril de 2023
mediante la cual el Tribunal Administrativo de Santander negó las pretensiones de la
demanda de la referencia.

TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia.

CUARTO: Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial del Consejo de Estado —SAMAI— y ejecutoriada esta providencia
devolver el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA.: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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