Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-33-000-2022-00053-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-33-000-2022-00053-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 20001-23-33-000-2022-00053-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
7 de abril de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., siete (7) de abril de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 20001-23-33-000-2022-00053-01 (6517-2024)
Demandante: Juan de Dios Acuña Villalobos
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Temas: Reconocimiento de pensión gracia. Tiempos de servicio docente
en plazas del orden nacionalizado. Aplicación de sentencias de
unificación del 21 de junio de 2018 y del 11 de agosto de 2022.
CONFIRMA SENTENCIA
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la
sentencia proferida el tres (3) de octubre de dos mil veinticuatro (2024) por el
Tribunal Administrativo del Cesar, por medio de la cual accedió a las pretensiones.
ANTECEDENTES
El señor Juan de Dios Acuña Villalobos instauró demanda1 en contra de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP) en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de que
se acceda a las siguientes
PRETENSIONES
Que se declare la nulidad de: (i) la Resolución 033036 del 17 de enero de 2011, por
medio de la cual la entidad negó la pensión gracia, (ii) el acto ficto configurado el día
1 Ver índice 31 de SAMAI del Tribunal Administrativo del Cesar, Archivo: 30_ED_20REFORMADEMANDA(.pdf)
NroActua 31.
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7 de agosto de 2021, frente a la petición presentada el 7 de mayo de 2021, que
también negó el referido derecho2, (iii) la Resolución RDP 033594 del 10 de
diciembre de 2021, por medio de la cual se resolvió el recurso de apelación
confirmando la negativa, y (iv) las resoluciones expedidas por la UGPP, por medio
de las cuales se negó el reconocimiento y pago de la pensión de gracia.
Que, a título de restablecimiento del derecho, se condene a la UGPP a reconocer y
pagar la mencionada prestación al actor a partir del 20 de agosto de 2008, con el
75% del promedio de los salarios devengados durante el último año de servicio, con
efectos fiscales desde el 7 de mayo de 2018, así como las mesadas atrasadas y las
adicionales, con los respectivos incrementos, los reajustes por concepto de Ley 71
del 23 de diciembre de 1988 y Ley 100 de 1993.
Que la autoridad demandada reconozca los intereses moratorios establecidos en el
CPACA y que sea condenada en costas.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
Que el actor inició la prestación de sus servicios a favor del departamento del Cesar,
nombrado desde el 5 de mayo de 1976, mediante Decreto 00366 de 1976 emanado
por el gobernador de la entidad territorial y por el delegado del Ministerio de
Educación Nacional, y que desempeñó sus labores hasta el 1.° de mayo de 1978.
Que luego fue nombrado el 31 de julio de 1990 como docente en el municipio de
Astrea, Cesar, por Decreto 013 del 31 de julio de 1990 proferido por el gobernador,
y que al menos hasta la fecha de presentación de la demanda, ha prestado sus
servicios allí.
Que mediante Resolución 034 del 3 de marzo de 1997 fue trasladado al Colegio
Nacionalizado de Bachillerato Álvaro Araujo Noguera, y que por medio de la
Resolución 8021 del 29 de octubre de 1999, le fue concedida una comisión no
remunerada por el tiempo comprendido entre el 1.° de agosto y el 30 de noviembre
de 1999.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
Afirmó que con los actos administrativos demandados se transgredió: el artículo 13
de la Constitución Política; las Leyes 39 de 1903, 114 de 1913, 37 de 1933, 115 de
2 Aclaró el tribunal que, la mencionada reclamación sí fue contestada a través de la Resolución RDP 022658
del 31 de agosto de 2021, y que, aunque la parte demandante no presentara directamente la solicitud de nulidad
de dicho acto, se tuvo en cuenta que en el numeral cuarto de las pretensiones de la reforma de la demanda, el
actor solicitó “Declarar la nulidad de las Resoluciones expedidas por la UGPP, por medio de las cuales se negó
el reconocimiento y pago de la pensión de gracia”, entendiendo que dentro de ellas se encuentra incluida la
mentada resolución.
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1994, 91 de 1989, 60 de 1993, 100 de 1993; el Decreto 2277 de 1979 y la
jurisprudencia del Consejo de Estado.
Que la UGPP infringió la ley sustancial y la jurisprudencia al negar su derecho, pues
se demostró el cabal cumplimiento de los requisitos. Que, además, vulneró la
Constitución Política en su artículo 13, toda vez que, ante iguales circunstancias
sustanciales de hecho y de derecho se han reconocido las pensiones gracia a los
docentes que han completado sus tiempos de servicio en la educación pública.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
La demanda y su reforma fueron admitidas el 21 de julio de 2022 y 19 de enero de
20233, respectivamente, notificadas a la UGPP, quien manifestó4 que el actor no
acreditó el cumplimiento de los requisitos exigidos por las normas que gobiernan la
pensión gracia, específicamente el requisito de vinculación como docente territorial
o nacionalizado por más de 20 años, pues la naturaleza de la categoría que ocupó
desde el 3 de agosto de 1990 fue nacional.
Que sumado a lo anterior, se demostró que los tiempos de servicio prestados como
docente fueron financiados con recursos de la Nación, lo que impide reconocer la
prestación pensional.
Propuso como excepciones las que denominó: (i) inexistencia de la obligación por
no contar con los requisitos legales necesarios para acceder a una pensión gracia,
(ii) prescripción trienal, (iii) buena fe.
Solicitó que se oficiara al FOMAG, al departamento del Cesar y al Ministerio de
Educación Nacional con el fin de obtener el tipo de vinculación docente.
En la audiencia inicial5 se fijó el litigio, se declaró fallida la conciliación, y se efectuó
el decreto de pruebas, teniendo como medios de convicción aquellos aportados con
la demanda, su reforma y la contestación. Decretó las documentales solicitadas por
las partes, y determinó que una vez allegadas estas, se correría traslado a las
mismas para que se pronunciaran, y de manera posterior, presentaran sus alegatos
de conclusión.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN6
El Tribunal Administrativo del Cesar mediante sentencia el tres (3) de octubre de
dos mil veinticuatro (2024), accedió a las pretensiones al señalar que, a partir del
3 Ver índice 31 de SAMAI del Tribunal Administrativo del Cesar, Archivos: 24_ED_14AUTOADMITEDDA(.pdf)
NroActua 31 y 33_ED_23AUTOADMITIRREFORMA(.pdf) NroActua 31.
4Ver índice 31 de SAMAI del Tribunal Administrativo del Cesar, Archivos:
29_ED_19CONTESTACIONDEMAND(.pdf) NroActua 31 y 40_ED_30CONTESTACIONREFORM(.pdf)
NroActua 31.
5 Ver índice 34 de SAMAI del Tribunal Administrativo del Cesar.
6 Ver índice 73 de SAMAI del Tribunal Administrativo del Cesar.
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material probatorio valorado, se demostró que el actor cumplió los 20 años exigidos
por la norma el 18 de diciembre de 2008.
Que laboró como docente en el Colegio Cooperativo del municipio de Chimichagua,
desde el 17 de mayo de 1976 al 1° de mayo de 1978, bajo un vínculo nacionalizado,
y que, de manera posterior laboró en la Escuela Urbana Mixta No. 2 del municipio
Astrea, Cesar, como docente en propiedad desde el 3 de agosto de 1990 hasta el
29 de julio de 2019, en una calidad territorial.
Que las diferentes situaciones administrativas que presentó el actor durante su
última vinculación fueron sin solución de continuidad.
Declaró la prescripción de las mesadas causadas con anterioridad al 7 de mayo de
2018.
Sin condena en costas.
RECURSO DE APELACIÓN7
La demandada interpuso recurso de apelación argumentando que el educador no
acreditó el cumplimiento de los requisitos legales exigidos para el reconocimiento
de una pensión gracia, pues según la documentación aportada, se demuestra una
vinculación de carácter nacional a partir del 3 de agosto de 1990 cuando fue
nombrado docente en el municipio de Astrea, esto según se observa en el Formato
Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral No. 3031 y el Formato
Único para la Expedición de Certificado de Salarios No. 100.
Que faltó claridad en cuanto a la vinculación de 1990, ya que las certificaciones
indicaron que la plaza era de carácter nacional y no existe documento alguno que
señale de manera expresa lo contrario, por lo que no era dable que el tribunal
definiera la categoría nacionalizada a partir de los actos de nombramiento y el acta
de posesión solo por el hecho de ser expedidos por la autoridad territorial, esto
considerando que la sentencia unificación del 21 junio de 2018 establece que esa
prueba no basta para determinar el carácter de la plaza docente.
Que tampoco se allegó prueba alguna que acreditara que los recursos con los que
se financió la plaza de la docente no provenían de la Nación.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
El 11 de diciembre de 2024 se admitió el recurso y por no haber pruebas que
decretar no se hizo necesario otorgar el término de traslado para alegar.
En la oportunidad para pronunciarse, las partes guardaron silencio.
7 Ver índice 77 de SAMAI del Tribunal Administrativo del Cesar.
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El Ministerio Público se abstuvo de intervenir en el trámite de segunda instancia.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
El problema que debe resolver la Subsección es el de determinar si el actor cumplió
con la totalidad de los requisitos para el reconocimiento de la pensión gracia,
especialmente el relativo a mantener una o varias vinculaciones con carácter
territorial o nacionalizado durante al menos 20 años de servicio, y acreditar algún
período en tal calidad anterior al 31 de diciembre de 1980.
Marco normativo y jurisprudencial
Desarrollo conceptual de la pensión gracia y de los requisitos para su acceso
Inicialmente, debe destacarse que la pensión gracia ostenta esa denominación,
habida cuenta de que es un beneficio que no requiere efectuar cotizaciones de
ninguna clase, sino, entre otros requisitos, esencialmente demostrar la acumulación
de un tiempo de servicio al Estado, tal como se determinó en la Ley 114 de 1913,
que en su artículo 1.° señaló que:
«Los maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio
por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación
vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente ley […]»
Por su parte, el artículo 3.° de dicha norma estableció que: «Los veinte años de
servicio podrán contarse computando servicios en diversas épocas y se tendrán en cuenta
los prestados en cualquier tiempo anterior a la ley que la creó», mientras que el artículo
4.º consagró que, para gozar de la gracia de la pensión, se torna indispensable que
el reclamante demuestre el cumplimiento de los siguientes postulados:
«[…] Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el
interesado compruebe:
1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y
consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de
carácter nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para
que un Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal,
concedidas por la Nación o por un Departamento.
4. Que observe buena conducta.
5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
4. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad
u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.»
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Con base en lo anterior, es claro que un maestro de primaria podía recibir de manera
simultánea una pensión de carácter departamental y una nacional, pero en ningún
caso dos pensiones de este último orden.
La pensión gracia se extendió a los empleados y profesores de las escuelas
normales y a los inspectores de la instrucción pública en virtud del artículo 6.° de la
Ley 116 de 1928, pero solo aquellos que laboraran en colegios departamentales o
municipales, planteamiento que se deriva de la prohibición «[…] de recibir dos
pensiones nacionales y que conserva su vigencia, pues la ley 116 citada, en su
artículo 6° señaló que el beneficio se concretaría […] En los términos que contempla
la ley 114 de 1913 y demás que esta complementan […]. Lo que supone el
cumplimiento de los requisitos consagrados en el numeral cuarto de esta Ley»22.
Con la expedición de la Ley 37 de 1933 se extendió el alcance de este derecho a
los maestros de establecimiento de enseñanza secundaria, pero no se efectuaron
modificaciones o adiciones a los requisitos antes consagrados para el efecto.
De otro lado, la Ley 24 de 1947 consagró que: «Cuando se trate de servidores del
ramo docente, las pensiones de jubilación se liquidarán de acuerdo con el promedio
de los sueldos devengados durante el último año». De hecho, la Ley 4.ª de 1966,
en su artículo 4.º, modificó la Ley 24 de 1947, indicando que: «la pensión de gracia
se liquidará con base en el 75% del promedio mensual obteniendo en el último año
de servicio».
Ahora bien, sobre el derecho bajo estudio también resulta necesario precisar como
marco normativo aplicable al caso, que mediante la Ley 43 de 1975 se desarrolló
en Colombia el proceso de nacionalización de la educación, comprendido desde el
1.º de enero de 1976 hasta el 31 de diciembre de 1980.
Bajo tal contexto fue expedida con posterioridad la Ley 91 de 1989, por medio de la
cual se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en la que
a través del artículo 15 se reiteró el derecho a la pensión gracia para los docentes
oficiales en los siguientes términos:
«ARTÍCULO 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente
nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1° de enero de
1990 será regido por las siguientes disposiciones:
[…] 2. Pensiones:
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato
de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las
hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la
pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad
de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de
Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la
pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o
parcial de la Nación.
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B. Para los docentes vinculados a partir del 1° de enero de 1981, nacionales y
nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1o. de enero de
1990, cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá sólo una pensión
de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año.
Estos pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del
sector público nacional y adicionalmente de una prima de medio año
equivalente a una mesada pensional.»
Al respecto, la jurisprudencia de esta corporación ha advertido que la pensión gracia
no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados, sino que,
en virtud de sus condiciones, esta solo está prevista para los de carácter territorial
y nacionalizado, es decir, excluyendo a los docentes nacionales de su
reconocimiento. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en
sentencia S-699 del 26 de agosto de 199723 señaló que:
«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan
incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados
que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta
el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de
gracia (…) siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. […].»
(Negrilla fuera de texto).
En lo que referente a la naturaleza de la vinculación del docente (nacional,
nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de
Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 201824
planteó una serie de lineamientos interpretativos de obligatoria observancia en
materia de reconocimiento de la pensión gracia, de los cuales, frente al interrogante
de si los docentes ostentan la condición de educadores nacionales solo por el hecho
de que los recursos para el pago de sus acreencias laborales provengan del
presupuesto general de la Nación, se arribó a las siguientes conclusiones:
«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las
entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando
permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o
fuente nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a
ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de
rentas exógenas.
ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos
que les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones,
por asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.
iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos
regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las
entidades territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también
correspondía a los entes locales destinar parte de su presupuesto para atender
al sostenimiento de los referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto
3157 de 1968; y 60, inciso 2.º, de la Ley 24 de 1988).
iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que
generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y
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nacionalizados12, resulta factible colegir de manera razonada que lo propio
acontecía con algunas de las erogaciones salariales originadas por el servicio
que prestaban los educadores territoriales, ya que los recursos destinados para
tal fin provenían tanto de la Nación —situado fiscal— como de las entidades
territoriales, y además, en uno y otro caso, el universo de esos recursos le
pertenecía de forma exclusiva a los entes locales dado que ingresaban a sus
presupuestos en calidad de rentas exógenas y endógenas.
v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados
se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último,
certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal13; y (ii)
por el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen
su origen o fuente en la Nación.
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador
ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con
la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente
oficial es de carácter territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente
relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la
plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues
conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que
respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía
directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las
exógenas —situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los
fondos educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores
nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los
recursos del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones.»
(Resaltado del texto original)
En atención a lo descrito hasta este punto, se advierte que el carácter territorial o
nacionalizado de una plaza educativa es lo verdaderamente importante para el
reconocimiento de la pensión gracia, al margen del origen de los recursos que
financian el pago de los salarios y prestaciones de los educadores.
Incluso, también resulta evidente que para efectos de determinar si un docente es
nacional, territorial o nacionalizado, debe verificarse la naturaleza de la plaza a
ocupar, lo cual se puede advertir, entre otros, observando quién y bajo qué
competencia se expide el acto administrativo de nombramiento, valga decir, si se
da por parte de los alcaldes o gobernadores directamente en calidad de
empleadores, con independencia de los recursos que se utilicen para su
financiación, o si lo propio ocurre en virtud de una autorización legal mediante la
cual dichas autoridades administran al personal de educadores en nombre y
representación del Ministerio de Educación Nacional conforme a los artículos 9 y 10
de la Ley 29 de 1989.
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Finalmente, debe recalcarse que en reciente sentencia de unificación SUJ-030-CE-
S2-2022 del 11 de agosto de 2022,25 la Sección Segunda también fijó como regla
jurisprudencial sobre la interpretación que debe darse al artículo 15, numeral 2,
literal a, de la Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia,
que «Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o
nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los
demás requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».
Se precisa además que las anteriores providencias de unificación jurisprudencial
definieron que las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de
obligatoria aplicación para aquellos casos pendientes de resolución en sede
administrativa y judicial.
En tal sentido, conforme a la normativa y la línea jurisprudencial expuesta, se
concluye que para consolidar el derecho a la pensión gracia, el docente oficial debe
cumplir con los siguientes requisitos:
i) Que acredite 50 años de edad.
ii) Que laboró como maestro oficial durante 20 años en establecimientos educativos
oficiales de orden exclusivamente territorial, es decir, distritales, departamentales o
municipales, esto en primaria o en secundaria, bien sea como normalista, inspector
de instrucción pública, o incluso en calidad de educador nacionalizado, con
posibilidad de adicionar períodos en uno u otro cargo, pero de ninguna manera
acumulando o relacionando tiempos de servicio a la Nación, los cuales, en todo
caso, no son aquellos en los que hubiese existido financiación de las acreencias
laborales a través del Sistema General de Participaciones, sino en los que se
advierta que el nombramiento fue efectuado directamente por el Ministerio de
Educación Nacional, o por un alcalde o gobernador pero en representación del
Gobierno Nacional.
iii) Que haya ostentado alguna vinculación bajo las anteriores calidades con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980.
iv) Que haya demostrado buena conducta en su labor, desempeñada con honradez
y consagración.
Resolución del caso concreto
Con el fin de definir litigios como el presente resulta necesario verificar el
cumplimiento de las exigencias previstas en la normativa aplicable para consolidar
el derecho a la pensión gracia.
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Pues bien, frente al primer requisito enunciado anteriormente relacionado con la
edad, se observa que el señor Juan de Dios Acuña Villalobos nació el 5 de agosto
de 19548, de modo que cumplió los 50 años el 5 de agosto de 2004.
Respecto al segundo requisito atinente a la acumulación de 20 años de servicio
del reclamante como docente territorial o nacionalizado, se realiza el siguiente
estudio sobre los tiempos de labor acreditados en la presente causa judicial.
• Periodo I: del 17 de mayo de 1976 al 1.° de mayo de 1978
Obra en el plenario el certificado del jefe de la Oficina General de Archivo y Hojas
de Vida de la Secretaría de Educación y Cultura del Cesar de fecha del 11 de
noviembre del 20089, en el que se observa que el actor fue nominado como docente
nacionalizado en el Colegio Cooperativo del municipio Chimichagua, posesionado
en el cargo desde el 17 de mayo de 1976, data que coincide con la del acta de
posesión No. 56610, y que laboró hasta el 1.° de mayo de 1978, conforme se observa
en la Resolución 00882 del mismo año11, la cual aceptó su renuncia.
Los referidos extremos temporales también constan en el Formato Único para la
Expedición de Certificado de Historia Laboral No. 4104, hojas No. 6 y 7, emitido el
2 de agosto de 202312.
También se encuentra la Resolución 00366 del 5 de mayo de 197613 por medio de
la cual el gobernador del Cesar nombró al reclamante como maestro en reemplazo
de otro docente en la mencionada institución educativa, acto del cual puede
apreciarse la intervención del delegado del Ministerio de Educación Nacional en la
firma del acto, lo que implica que la plaza del docente fue creada y ocupada en
cumplimiento de los artículos 6.° y 10 de la Ley 43 de 1975, y corresponde a aquella
definida por la Ley 91 de 1989 que en su artículo 1º, que consagró «Personal
nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial
antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad
con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.», esto considerando que el gobernador no
actuó con autonomía en el nombramiento realizado, por lo que resulta adecuado
concluir que la naturaleza jurídica de la plaza ocupada por el recurrente durante el
período bajo examen fue nacionalizada.
Por consiguiente, el tiempo de labor oficial del demandante como educador
nacionalizado entre el 17 de mayo de 1976 y el 1.° de mayo de 1978 (1 año, 11
8 Según copia de la cédula de ciudadanía y del registro civil de nacimiento obrantes en la página 74 y 43,
respectivamente del archivo: 12_ED_02DEMANDA(.pdf) NroActua 31, visible en el índice 2 de SAMAI de
tribunal de origen.
9 Ibid., Página 44.
10 Ibid., Página 49.
11 Ibid., Página 51.
12Ver índice 43 de SAMAI del Tribunal Administrativo del Cesar, Archivo:
31.74_RECEPCIONDEMEMORIAL_CERTIFICADO_DE_HISTO(.pdf) NroActua 43.
13 Página 46 a 47 de la demanda.
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mes y 15 días), puede considerarse para cumplir la exigencia de 20 años de servicio
necesarios para acceder a la prestación solicitada.
• Periodo II: del 3 de agosto de 1990 al 7 de mayo de 2021
Para la acreditación del lapso referido, en el plenario reposa el Formato Único para
la Expedición del Certificado de Historia Laboral No. 4104 del 2 de agosto de 2023,
hojas 1 a 4, y el certificado del jefe de la Oficina General de Archivo y Hojas de Vida
de la Secretaría de Educación y Cultura del Cesar de fecha del 5 de febrero de
200914, y efectivamente se tiene demostrado que el demandante laboró desde el 3
de agosto de 1990, fecha en la que tomó posesión según se observa también en el
acta15, y que al menos hasta la fecha de expedición del último certificado, el 2 de
agosto de 2023, seguía activo en el servicio.
Sin perjuicio de lo anterior, pese a la permanencia de la actividad docente aun en el
2023 y a lo pretendido por el actor en el escrito de la demanda, respecto a la
continuación de su labor al menos hasta la solicitud de la pensión en sede judicial,
esta Sala sólo tendrá en cuenta el tiempo desempeñado hasta la fecha en la que el
reclamante realizó la última solicitud ante la entidad demandada y por cuyo acto de
respuesta invocó la acción que en esta vía judicial cursa, es decir, hasta el 7 de
mayo de 202116.
Tal determinación se soporta en la garantía del debido proceso de la administración
y su privilegio de decisión previa, pues según como ya lo ha manifestado esta
Corporación17 como presupuesto procesal de la acción contenciosa administrativa
se consagra el agotamiento preliminar de la actuación administrativa, en donde, el
particular antes de recurrir al control por vía judicial, debe colmar los recursos que
la ley dispone, por lo que en este caso, en cumplimiento del referido requisito
procedimental, solamente se tendrá en cuenta el tiempo de servicio que la entidad
tuvo la oportunidad de conocer y decidir en sede administrativa, y a partir de los
cuales tomó su decisión y emitió el acto administrativo que negó la pensión
solicitada; en este sentido, no entrarán a estudiarse los nuevos tiempos sobre los
que no se pronunció la accionada.
Dicho esto, se procede a examinar el tipo de plaza ocupada, sobre la cual se
destaca que en el expediente reposa el Decreto 013 del 31 de julio de 1990 18
expedido por el acalde de Astrea, Cesar, en ejercicio de las atribuciones conferidas
por el artículo 9 de la Ley 29 de 1989, el cual consagra que:
14 Página 45 de la demanda.
15 Página 54 de la demanda.
16 Conforme el mismo demandante lo señale y según se evidencia en la parte considerativa de la Resolución
RDP 22658 del 31 de agosto de 2021, obrante en la página 60 del expediente administrativo, visible en el índice
2 de SAMAI del tribunal de origen, archivo: 26_ED_16APORTAEXPEDIENTEAD(.pdf) NroActua 31.
17 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 1.° de agosto de 2024. Exp. 76001-23-
33-000-2018-01057-01 (5097-2022). C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
18 Páginas 52 a 53 de la demanda.
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«[…] Se asigna al Alcalde Mayor del Distrito Especial de Bogotá, y a los alcaldes
municipales, las funciones de nombrar, trasladar, remover, controlar y, en
general administrar el personal docente y administrativo de los establecimientos
educativos nacionales o nacionalizados, plazas oficiales de colegios
cooperativos, privados, jornadas adicionales, teniendo en cuenta las normas del
Estatuto Docente y la Carrera Administrativa vigentes y que expidan en adelante
el Congreso y el Gobierno Nacional, ajustándose a los cargos vacantes de las
plantas de personal que apruebe el Gobierno Nacional y las disponibilidades
presupuestales correspondientes. […]» (Negrilla y subrayado fuera de texto).
Recordemos que el alcance de dicho precepto es relativo a la desconcentración
administrativa al asignar como función a cargo de los alcaldes, la de nombrar,
trasladar, remover, controlar y, en general, administrar el personal docente y
administrativo de los establecimientos nacionales y nacionalizados, y que además
se deben verificar las causas y contextos de la vinculación para determinar la
connotación de la plaza ocupada.
Pues bien, en el presente caso, no se observa una intervención directa del Ministerio
de Educación Nacional en la vinculación ni el ejercicio de la autoridad territorial en
calidad de representante de la mencionada cartera, por el contrario, sí se evidencia
una participación del delegado ante el FER del Cesar, pues en las consideraciones
del acto administrativo se advierte que dicho funcionario certificó que existe la
disponibilidad presupuestal y que la plaza asignada corresponde a las adjudicadas
al municipio por efectos de la Ley 12 de 1989 «por la cual se nacionaliza la
educación básica primaria, básica secundaria y media vocacional, que oficialmente
viene prestando el Departamento del Cesar y sus municipios».
En virtud de lo anterior, se observa que el nombramiento del actor en el interregno
bajo análisis tuvo lugar por decisión del alcalde de la entidad territorial, ello con la
indicación de que hubo una intervención del Fondo Educativo Regional del
departamento, por lo que se concluye que la plaza fue creada en cumplimiento del
artículo 10 de la Ley 43 de 1975 y bajo los postulados del artículo 6. ° de dicha
norma, que establecen:
«ARTÍCULO 6º.- Los recursos de que tratan los artículos anteriores serán
administrados por los Fondos Educativos Regionales, con sujeción a los planes
que establezca el Ministerio de Educación Nacional.»
«ARTÍCULO 10º.- En adelante ningún departamento, intendencia o comisaría,
ni el Distrito Especial, ni los municipios podrán con cargo a la Nación, crear
nuevas plazas de maestros y profesores de enseñanza primaria o secundaria,
ni tampoco podrán decretar la construcción de nuevos planteles de enseñanza
media, sin la previa autorización, en ambos casos, del Ministerio de Educación
Nacional.»
A partir de lo expuesto, resulta que el demandante fue maestro oficial nacionalizado
durante el período estudiado y no nacional como lo estima la entidad demandada,
para lo cual es adecuado resaltar que el Consejo de Estado21 ha precisado sobre la
primera clasificación aludida que: «El carácter nacionalizado de la designación […]
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encuentra respaldo en el artículo 1 de la Ley 91 de 1989, en tanto dispone que son
nacionalizados aquellos «docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de
conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975».
Ahora, si bien arguye la entidad accionada que para este período existen
certificados que sostienen que la relación legal y reglamentaria fue nacional, lo cierto
es que en ningún aparte del acto administrativo de nombramiento se advierte que
el cargo ejercido por la reclamante corresponda a una plaza creada por el Ministerio
de Educación Nacional, por el contrario, lo que se verifica en el lapso bajo estudio
es que: i) la posición a desempeñar está prevista en la planta de personal de la
entidad territorial en comento, pero creada o autorizada para suplirse por la
aprobación del respectivo Fondo Educativo Regional; ii) existe intervención el
delegado del Ministerio de Educación, sin que ello signifique necesariamente que la
docente sea del orden nacional, más aún cuando se observa que el trámite de
vinculación fue realizado ante la máxima autoridad administrativa del departamento;
y en todo caso, iii) la decisión fue proferida en una fecha posterior al 1.° de enero
de 1976 cuando estuvo vigente el proceso de nacionalización de la educación en
virtud de la Ley 43 de 1975.
Además, se tiene que del análisis de los mencionados certificados por la entidad, a
saber, el Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral No.
3031 y el Formato Único para la Expedición de Certificado de Salarios No. 100, es
necesario hacer una precisión sobre la valoración de los certificados laborares, ya
que, en este caso, procura la accionada que se valoren elementos probatorios que
en ningún aparte hacen referencia a algún tipo de vinculación sino al régimen de
pensiones del docente, el cual para efectos del estudio de la causa que nos
convoca, no determina la naturaleza de la vinculación de un maestro.
De hecho, la sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, ya referida en esta
providencia, claramente indicó los medios de prueba idóneos para acreditar la
categoría de un docente, entre estos: los actos administrativos donde conste el
vínculo y se establezca con claridad la plaza a ocupar o una certificación de la
autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca del tipo de vinculación
del educador.
Por lo tanto, carece de fundamento lo expuesto por la entidad para no tener en
cuenta el tiempo prestado por el actor, ya que obedece a una interpretación
incorrecta de los certificados; más aún cuando se encuentra en el proceso el acto
mediante el cual se nominó al educador, del que claramente se puede obtener la
naturaleza nacionaliza de la relación legal y reglamentaria.
A partir de lo expuesto, es posible concluir que el demandante fue maestro oficial
nacionalizado durante el período comprendido entre el 3 de agosto de 1990 al 7
de mayo de 2021, descontando el tiempo de la comisión no remunerada para
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ejercer un cargo de libre nombramiento y remoción, del 1.° de agosto al 30 de
noviembre de 1999, concedida por Resolución 005021 de 199919, (30 años, 5 mes
y 5 días), por lo que resulta válido computar este lapso junto a los analizados
previamente, al punto de que se tiene demostrado que el actor sí satisfizo el
requisito de cumplir más de 20 años al servicio educativo como maestro con
vinculaciones compatibles con la esencia de la pensión gracia, pues sumados todos
da un resultado total de servicio de 32 años, 4 meses y 20 días.
Sobre el tercer requisito referente a la necesidad de demostrar alguna vinculación
en una plaza docente de iguales calidades a las mencionadas con anterioridad, ello
previo al 31 de diciembre de 1980, lo propio se deriva sin dificultad del hecho de
que el demandante efectivamente se desempeñó como tal al servicio del
departamento del Cesar una relación legal y reglamentaria del orden nacionalizado
desde el 17 de mayo de 1976 hasta el 1.° de mayo de 1978, es decir, en periodo
anterior a la primera fecha en comento, por lo que se encuentra colmada la
exigencia objeto de análisis.
En punto a cumplir el cuarto requisito que se circunscribe a la verificación de la
buena conducta del accionante, entendida como el ejercicio del cargo con honradez
y consagración, se resalta que este aspecto no se discutió en sede administrativa,
ni en primera instancia ni mucho menos mediante el recurso de apelación analizado
en esta oportunidad, por lo que se presume la buena fe del interesado en cuanto a
la acreditación de este requerimiento normativo.
Con base en lo expuesto, se estima que el tribunal de primera instancia fue acertado
en el fallo apelado para acceder al reconocimiento del derecho solicitado por el
demandante. No obstante, al revisar la fecha de efectividad de la pensión
determinada en la sentencia de primera instancia, se advierte que esta no se ajusta
con exactitud al momento en que el demandante acreditó el cumplimiento de los 20
años de servicio como docente nacionalizado, pues se estimó a partir del 18 de
diciembre de 2008, pero, al efectuar un cálculo preciso y adecuado sobre el
momento en que el actor consolidó materialmente el derecho bajo examen, se
encuentra que dicha fecha ocurrió el 17 de diciembre de 2008 (después de los 50
años cumplidos el 5 de agosto de 2004), según se observa:
DESDE HASTA AÑOS MESES DÍAS
17/05/1976 01/05/1978 1 11 15
03/08/1990 30/07/199920 8 11 28
1/12/1999 17/12/2008 9 0 17
TOTAL 18+2=20 AÑOS 22+2 (2 AÑOS) 60 (2 MESES)
19 Página 58 de la demanda.
20 Se tiene en cuenta la comisión no remunerada concedida desde el 1 de agosto al 30 de noviembre de 1999.
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A pesar de ello, debido a los principios procesales de justicia rogada, congruencia
y debido proceso, no será del caso emitir un pronunciamiento respecto a dicha
situación, toda vez que no solo el actor no reclamó ni demandó lo propio, sino que
esta instancia se habilitó con motivo de la impugnación del apelante único que en
este caso es la UGPP, quien formuló argumentos frente a la decisión de acceder al
reconocimiento pensional sin mencionar fundamento alguno acerca de la
configuración del estatus pensional; más aún cuando cualquier disposición sobre el
particular agravaría las condiciones ya definidas en su contra, vulnerándose el
principio de la non reformatio in pejus previsto en el artículo 328 del CGP21.
Así las cosas, se confirmará en su totalidad la sentencia apelada incluido el análisis
de la prescripción, pues efectivamente este fenómeno ocurrió si se tiene en cuenta
que, partiendo de la referida fecha de exigibilidad del derecho, se observa que el
demandante presentó petición de reconocimiento de pensión solo hasta el 7 de
mayo de 2021 y la demanda dentro del término (28 de septiembre de 2021),
interrumpiendo la prescripción solo hasta la fecha de reclamación administrativa,
configurándose el fenómeno en las mesadas anteriores al 7 de mayo de 2018,
conforme a lo previsto en el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969.
De la condena en costas en segunda instancia
Ahora bien, para el caso de análisis en segunda instancia, es importante aclarar que
teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en el artículo 47 de la Ley
2080 de 202122 en el que se indica que la condena en costas es viable, siempre y
cuando se acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia de
fundamento legal, la Subsección A considera que en el presente caso, aplicando el
criterio anunciado, y observando los fundamentos esbozados por la recurrente en
sus distintas intervenciones, no se presenta una carencia de fundamentación legal
que dé lugar a la condena en costas, por el contrario, en el escrito de alzada
manifestó argumentos razonables en defensa jurídica de sus intereses, de manera
que no se impondrá condena en costas en esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
21 «[…] Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en
los casos previstos por la ley.
(…)
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación
fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
[…]»
22 «Artículo 47. Adiciónese el siguiente inciso al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011: En todo caso, la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta
carencia de fundamento legal.»
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Radicado: 20001-23-33-000-2022-00053-01 (6517-2024)
FALLA
Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el tres (3) de octubre de dos mil
veinticuatro (2024) por el Tribunal Administrativo del Cesar, por medio de la cual
accedió a las pretensiones.
Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.
Tercero. Devolver el expediente al Tribunal de origen.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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