Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2015-01776-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2015-01776-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2015-01776-02
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
26 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de marzo dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 05001-23-33-000-2015-01776-02 (6814-2024)
Demandante: Benjamín de Jesús Yepes Puerta
Demandado Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial
Tema: Prima especial. MODIFICA SENTENCIA
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala1 el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el veintisiete (27) de mayo de dos mil veinticuatro (2024) por
el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Transitoria, por medio de la cual se
accedió parcialmente a las pretensiones.
ANTECEDENTES
1. El señor Benjamín de Jesús Yepes Puerta interpuso demanda en contra de la
Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el fin de que se acceda a las
siguientes:
PRETENSIONES
2. Que se inapliquen por inconstitucionalidad los artículos 8 de los Decretos 723 de
2009, 1388 de 2010 y 1039 de 2011; Decreto 0874 de 2012 y el expedido para
el año 2013 por el Gobierno nacional.
3. Que se declare la nulidad de las Resoluciones DESAJMR 12-6103 del 20 de
septiembre de 2012 y 2281 del 1.º de febrero de 2013 a través de las cuales, la
1 Se precisa que, si bien el 5 de octubre de 2015, en calidad de magistrado del Tribunal Administrativo de
Antioquia, suscribí impedimento para conocer del asunto (art. 141-1) de manera conjunta con los demás
magistrados de dicha corporación, el cual fue aceptado por el Consejo de Estado, el 18 de febrero de 2016,
dicha actuación no constituye una gestión en instancia anterior, estuvo dirigida a dar trámite al proceso, no se
enmarca en ninguna causal de impedimento y, en gracia de discusión, actualmente, la Subsección B, en
distintos pronunciamientos, lo ha declarado infundado. De ahí que, es innecesario manifestarlo.
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Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, negó la
reliquidación y pago del salario y las prestaciones sociales en virtud de la prima
especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992 y confirmó dicha
negativa, respectivamente.
4. A título de restablecimiento del derecho se ordene pagar la prima especial de
servicios y reliquidar, sobre el 100% de la remuneración, sin descontar el 30%
de la prima, el salario, las prestaciones sociales y demás conceptos devengados
durante los años 2009 a 2013 y adelante, mientras ocupe el cargo o uno similar.
5. Que mediante acto administrativo se incluyan el valor de los saldos dejados de
cancelar durante el período mencionado más los que se generen hasta la
sentencia, y el pago adicional de las prestaciones sociales, con los respectivos
intereses que se hayan causado.
6. Que se actualicen las sumas reconocidas y se paguen intereses moratorios.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
7. Que ha prestado sus servicios a la Rama Judicial, en calidad de juez de la
República desde el 17 de noviembre de 2009 y el 7 de septiembre de 2012
solicitó a la demandada reconocer y pagar las diferencias debidas por concepto
de salarios y prestaciones sociales durante los períodos laborados en el cargo
de juez. Petición que se negó a través de los actos demandados.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
8. Considera violados los artículos 13, 53, 150 y 189 de la Constitución Política; 14
de la Ley 4.ª de 1992 y sus decretos reglamentarios; la sentencia del 2 de abril
de 2019 proferida por el Consejo de Estado y jurisprudencia emitida por la Corte
Constitucional.
9. Que, contrario a la finalidad de la norma de creación de la prima especial de
servicios, los decretos que reglamentaron dicho emolumento sustrajeron el 30%
de la asignación básica como factor salarial, desmejorando las condiciones
salariales del demandante y desconociendo la jurisprudencia del Consejo de
Estado según la cual, aquella debe considerarse como un incremento del
ingreso.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
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10. El 28 de julio de 2016 fue admitida la demanda. La entidad2, se opuso a las
pretensiones, bajo el argumento de que los actos administrativos gozan de
legalidad, porque como autoridad administrativa no es de su competencia ni la
fijación del régimen salarial, ni la interpretación e inaplicación de leyes.
11. Señaló que por mandato expreso del artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992, la prima
especial no tiene carácter salarial, es decir, no constituye factor para la
liquidación de prestaciones sociales. Añadió que dicha disposición fue declarada
exequible por la Corte Constitucional mediante la sentencia C-279 de 1996.
12. Que los efectos de los fallos de nulidad emitidos por esta corporación en el marco
de las acciones de simple nulidad en contra de los decretos reglamentarios de
la Ley 4.ª, no tienen carácter retroactivo y en consecuencia, no se consideran en
sí mismos títulos ejecutivos de gasto para el erario público. Además, afirmó que
los decretos expedidos por el Gobierno nacional desde 1993 hasta la fecha, en
los que se fijan las escalas salariales y prestacionales de los servidores públicos
de la Rama Judicial, no han sido anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo, por lo que no hay lugar a inaplicarlos.
13. Propuso como excepciones: ausencia de causa petendi, inexistencia del
derecho reclamado, cobro de lo no debido y legalidad de los actos acusados.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
14. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Transitoria, mediante sentencia del
veintisiete (27) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)3, accedió parcialmente a
las pretensiones. Expuso que la prima especial prevista en el artículo 14 de la
Ley 4.ª de 1992 debe ser entendida como un incremento y no una disminución
de la remuneración básica de los servidores beneficiarios. De ahí que, en virtud
de la sentencia del 2 de septiembre de 2019 proferida por esta corporación,
concluyó que el demandante «tiene derecho a la reliquidación de sus prestaciones
sociales sobre ese 30 % del salario que se descontó por concepto de prima especial»,
es decir, a la reliquidación de sus prestaciones con base en el 100 % del salario,
desde el 17 de noviembre de 2009 hasta la fecha de su retiro, así como a la
prima especial de servicios como una adición al salario «sin que en ningún caso
supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno nacional, atendiendo al cargo
correspondiente». Que la prima especial «sólo constituye factor salarial para efectos
de pensión de jubilación»
15. Ordenó inaplicar «el artículo 8 de los Decretos 1388 de 2010, 1039 de 2011, 0874 de
2012, 1024 de 2013, 194 de 2014, y artículo 4 del Decreto 1105 de 2015, y siguientes»
que consideraron como prima, sin carácter salarial, el 30 % del salario básico.
Además, declaró no probadas las excepciones propuestas por la parte
2 Folios 77 a 83 del expediente físico.
3 Archivo digital denominado «7Sentencia_SentenciaNo84Primera(.pdf) NroActua 43» visible a índice 00043 del
SAMAI del Tribunal.
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demandada.
16. Que teniendo en cuenta que el demandante presentó la reclamación
administrativa el 7 de septiembre de 2012, las sumas reclamadas con
anterioridad al 7 de septiembre de 2009 estarían prescritas, de no ser porque la
relación laboral inició el 17 de noviembre de 2009, por lo cual, consideró que no
había lugar a la declarar la prescripción.
RECURSO DE APELACIÓN
17. La parte demandada4 interpuso recurso de apelación, en el cual argumentó que
«resulta inviable asumir obligaciones sin respaldo presupuestal», puesto que el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público no ha asignado los recursos para
cancelar los mayores valores que se generarían al conciliar la prima especial del
30 %, sin carácter salarial.
18. Señaló que, de conformidad con la sentencia de unificación del 2 de septiembre
de 2019, la prima especial no constituye factor salarial.
19. Que en caso de accederse a las pretensiones, debe tenerse en cuenta que el
demandante laboró en calidad de juez de la República hasta el 5 de abril de
2015, según reporte de tiempos de servicios del aplicativo Efinómina de la Rama
Judicial y que, tal como se evidencia en la Resolución 2281 del 1.º de febrero de
2013, el demandante solicitó que se le reliquidara la prima especial durante el
período comprendido entre el 2009 y el 2012, por lo que solo procedería el
reconocimiento en dicho período. Por tanto, solicitó se revoque la sentencia de
primera instancia.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
20. El 22 de julio de 2025 se admitió el recurso de apelación y ni las partes ni el
agente del Ministerio Público se pronunciaron.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
21. Deberá resolver la Subsección si el demandante tiene derecho a la prima
especial de servicios como componente adicional de la asignación básica y a la
reliquidación de su salario y prestaciones sociales con base en el 100 % de su
remuneración, durante el periodo relacionado en la demanda o si, por el
contrario, se debe ordenar la reliquidación conforme a los años solicitados en
4 Ver archivo digital denominado «9_MemorialWeb_Recurso-000201501776APELA(.pdf) NroActua 46» visible
a índice 00046 de SAMAI del Tribunal.
.
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sede administrativa; Además, se analizará si la prima especial tiene carácter
salarial.
Marco normativo y jurisprudencial
De la prima especial, artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992
22. La Ley 4.ª de 1992, en el artículo 14, determinó que el Gobierno nacional
establecerá una prima especial no inferior al 30 % ni superior al 60 % del salario
básico, sin carácter salarial, en favor de los magistrados de todo orden de los
tribunales superiores de distrito judicial y de lo contencioso administrativo, los
agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial, los jueces de la
República, incluidos los magistrados y fiscales del Tribunal Superior Militar, los
auditores de guerra y los jueces de instrucción penal militar, los delegados
departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los registradores del
Distrito Capital y los servidores de los niveles directivo y asesor de la
Registraduría Nacional del Estado Civil.
23. En desarrollo de dicho mandato, el Gobierno nacional ha expedido anualmente
los decretos salariales aplicables a los servidores públicos. No obstante,
aquellos proferidos entre los años 1993 y 2007 fueron declarados nulos por el
Consejo de Estado, Sala de Conjueces, mediante sentencia del 29 de abril de
20145, al considerar que reconocer el treinta por ciento (30 %) del salario a título
de prima especial despoja de efectos salariales esa porción de la asignación
básica y, en consecuencia, reduce el monto de las prestaciones sociales, al
liquidarlas sobre un setenta por ciento (70 %). Con lo que se inobserva la
prohibición establecida en el artículo 2, literal a), de la Ley 4.ª de 1992, según la
cual «En ningún caso se podrán desmejorar sus salarios y prestaciones
sociales», y además se desconoce que la prima «debe entenderse como un
fenómeno retributivo de carácter adicional»
24. A partir de dicha providencia, el Consejo de Estado ha emitido varias decisiones
en las cuales ha mantenido este criterio, entre ellas, las sentencias del 2 de
septiembre de 20196, 11 de julio de 20237, 5 de septiembre de 20238, 5 de
diciembre de 20239, 6 de agosto de 202410 y 18 de diciembre de 202411. En
particular se ha precisado que:
5 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 29 de abril de 2014. Radicación:
11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-07). CP: María Carolina Rodríguez Ruiz
6 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala Plena de Conjueces, sentencia del 2 de septiembre de 2019.
Radicación: 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-2018). CP. Carmen Anaya de Castellanos.
7 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 11 de julio de 2023. Radicación:
25000-23-42-000-2017-04777-02 (6109-2019). CP: Bernardo Andrés Carvajal Sánchez
8 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 5 de septiembre 2023. Radicación:
73001-23-31-000-2011-00775-02 (4667-2019) CP: Hugo Alberto Marín Hernández
9 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 5 de diciembre de 2023. Radicación:
250002342000201703771 02 (0232-2021). CP: Carmen Anaya de Castellanos.
10 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 6 de agosto de 2024. Radicación:
250002342000201402796 02 (5358-2022). CP: Carmen Anaya de Castellanos.
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 3 de diciembre 2024. Radicación:
25000-2342-000-2019-01001-02 (4400-2021). CP: Jorge Iván Acuña Arrieta.
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Radicación: 05001-23-33-000-2015-01776-02 (6814-2024)
• La prima especial es un incremento del salario básico, por ende, sus
beneficiarios tienen derecho al reconocimiento y pago de las diferencias que
por dicho concepto resulten a su favor.
• La prima especial no tiene carácter salarial, salvo para efectos de pensión, lo
cual guarda armonía con lo sostenido por la Corte Constitucional en la
sentencia C-279 de 1996.
• El reconocimiento de las sumas adeudadas no podrá, en ningún caso,
superar el porcentaje máximo fijado por el Gobierno nacional para cada uno
de los cargos que perciban el referido emolumento.
• Los beneficiarios de la prima especial tienen derecho a la reliquidación y pago
de las prestaciones sociales sobre el 100 % de su asignación básica, sin
restarle ni sumarle a éste el 30 %, ya que la prima especial de servicios no
tiene carácter salarial y por tanto no incide en la liquidación de las
prestaciones sociales.
25. En esa misma línea argumentativa, esta corporación, mediante sentencia del 9
de abril de 202412, declaró la nulidad de los decretos salariales de los servidores
públicos proferidos entre los años 2008 y 2018 y reiteró que el 30 %
correspondiente a la prima especial «no puede ser deducido del salario».
Resolución del caso concreto
26. Se encuentra acreditado que el demandante ha laborado como juez de la
República y magistrado de tribunal, desde el 17 de noviembre de 2009 en los
siguientes períodos: del 17/11/2009 al 01/08/2010; del 01/09/2010 al
18/10/2010; del 22/10/2010 al 30/11/2012; del 01/11/2014 al 25/10/2017 y hasta
la fecha13; y que su remuneración y prestaciones sociales fueron percibidas en
montos inferiores a los que le corresponden, tal como se advierte en las
constancias de pagos14, puesto que la entidad restó la prima especial de
servicios del 100 % del salario, aplicando una interpretación errónea de los
decretos expedidos por el Gobierno nacional a través de los cuales se desarrolló
el artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992, de modo que la liquidación de la
remuneración y las prestaciones se realizó sobre el 70 % de la asignación
básica.
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 9 de abril de 2024. Radicación:
11001 03 25 000 2019 00609 00 (4735-2019). CP: Clara Elisa Cifuentes Ortíz.
13
Tal como se observa en las certificaciones y constancias visibles a folios 107 a 117 del expediente físico.
Dentro del expediente no se encontró constancia de que el demandante se hubiese retirado del servicio.
14 Ibidem.
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27. Así pues, dicho factor no fue reconocido ni pagado al actor como un incremento
del sueldo y al considerarlo parte de aquel, se desconoció la finalidad del artículo
14 de la Ley 4.ª de 1992.
28. En estos términos, la Sala advierte que el demandante tiene derecho al
reconocimiento, reliquidación y pago de sus prestaciones sociales liquidadas
sobre la base del 100 % del salario básico, sin restarle ni sumarle a éste el 30
%, ya que la prima especial no tiene carácter salarial y, por tanto, no incide en la
liquidación de las prestaciones sociales, salvo para efectos de pensión.
29. Sin embargo, difiere la Sala del período reliquidable respecto del cual, el juez de
primera instancia condenó a la entidad demandada, pues al revisar el trámite en
vía administrativa que dio origen a los actos demandados, se concluye que el
actor, a pesar de que en la demanda pretendió el reconocimiento para los años
2009 a 2013 y hasta que ocupara el respectivo cargo, en la reclamación
administrativa solicitó el pago de la prima especial de servicios y la reliquidación
de las prestacionales sociales devengadas entre los años 2009 a 2012, lapso
dentro del cual, se encontraba laborando como juez de la República, por lo que
sólo se considerará ese tiempo de servicio.
30. Tal determinación se soporta en la garantía del debido proceso de la
administración y su privilegio de decisión previa, pues según como ya lo ha
manifestado esta Corporación15 como presupuesto procesal de la acción
contenciosa administrativa se consagra el agotamiento preliminar de la
actuación administrativa, en donde, el particular antes de recurrir al control por
vía judicial, debe colmar los recursos que la ley dispone, por lo que en este caso,
en cumplimiento del referido requisito procedimental, solamente se tendrá en
cuenta el tiempo de servicio que la entidad tuvo la oportunidad de conocer y
decidir en sede administrativa, y a partir de los cuales tomó su decisión y emitió
los actos administrativos que negaron la reliquidación solicitada.
31. En ese sentido, la Sala modificará el numeral cuarto de la sentencia apelada y
ordenará reconocer, reliquidar y pagar a favor del demandante las prestaciones
sociales y la prima especial de servicios, desde el 17 de noviembre de 2009
hasta el 30 de noviembre de 2012. Además, la entidad deberá efectuar los
correspondientes aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones de
conformidad con el periodo antes mencionado.
32. De otro lado, debe precisarse que la legalidad de los decretos que incorporaron
la prima especial del treinta por ciento (30 %) como parte de la remuneración fue
definida por la corporación mediante las sentencias del 29 de abril de 2014 y del
9 de abril de 2024, en las cuales se declaró la nulidad de tales disposiciones
reglamentarias, por lo que, resulta improcedente declarar la excepción de
ilegalidad para inaplicar los decretos. En consecuencia, la Sala revocará el
15 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 1.° de agosto de 2024. Exp. 76001-23-
33-000-2018-01057-01 (5097-2022). C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
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numeral segundo de la decisión y, en su lugar, dispondrá estarse a lo resuelto
en la providencia del 9 de abril de 2024, en la que se precisó que el referido
emolumento constituye una adición al salario.
33. Finalmente, contrario a lo pretendido por la entidad, el derecho que le asiste a la
demandante no puede estar condicionado al trámite administrativo que la
accionada deberá adelantar ante el organismo correspondiente para que se
asigne el rubro destinado al cumplimiento de la sentencia judicial, so pena de
desconocer el núcleo esencial del debido proceso y el Estado Social de
Derecho.
De la condena en costas en segunda instancia
34. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.
35. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás
asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.
36. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida considerando
lo dispuesto en el artículo 365 del CGP, aplicable por la integración normativa
autorizada en el artículo 306 del CPACA; la liquidación y ejecución se regirá
conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la remisión contenida en
el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
37. En este contexto, en el caso concreto no procede la condena en costas, porque
las peticiones del recurso de apelación están siendo concedidas de manera
parcial, por lo que no puede predicarse que alguna de las partes haya sido
vencida en el proceso. En consecuencia, se prescindirá de la condena en costas
en esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
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FALLA
Primero. REVOCAR el numeral segundo de la sentencia del veintisiete (27) de
mayo de dos mil veinticuatro (2024) proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Transitoria, para en su lugar ESTARSE a lo resuelto en la sentencia
emitida por el Consejo de Estado Sección Segunda, Sala de Conjueces, del 9 de
abril de 2024, radicado: 1100103250002019006000 (4735-2019), de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Segundo. MODIFICAR el numeral cuarto de la sentencia del veintisiete (27) de
mayo de dos mil veinticuatro (2024) proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Transitoria, el cual quedará así:
«CONDENAR a la entidad demandada a: i) reliquidar y pagar las prestaciones
sociales al accionante, liquidadas sobre todo el salario básico, sin restarle ni
sumarle a éste el 30 % ya que la prima especial de servicios no tiene carácter
salarial; ii) reconocer y pagar a favor del actor la prima especial de servicios
como adición al salario, sin que en ningún caso supere el porcentaje máximo
fijado por el Gobierno nacional, atendiendo al cargo correspondiente; iii) las
anteriores sumas serán reconocidas desde el 17 de noviembre de 2009 hasta
30 de noviembre de 2012; y iv) ajustar y pagar los aportes propios para el
sistema general de seguridad social, en las proporciones correspondientes,
respecto de las diferencias ordenadas y no cotizadas, en atención al periodo
relacionado.»
Tercero. CONFIRMAR en lo demás, la sentencia del veintisiete (27) de mayo de
dos mil veinticuatro (2024) proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia Sala
Transitoria.
Cuarto. Sin condena en costas en esta instancia.
Quinto. Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al tribunal de origen,
previas las anotaciones correspondientes.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Con impedimento
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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