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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2018-00191-01

Fecha
19 de marzo de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2018-00191-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: REVOCAR la sentencia emitida el 9 de junio de 2021 por el Tribunal Administrativo de Boyacá, que negó las pretensiones de la demanda, en el proceso promovido por la señora CELMIRA BOLÍVAR CAMARGO contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Parafiscales de la Protección Social, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. En su lugar, se dispone: 9 Radicación: 15001 23 33 000 2018 00191 01 (3014-2021) Demandante: Celmira Bolívar Camargo SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de las Resoluciones 39138 del 18 de octubre de 2016, 49067 del 27 de diciembre de 2016 y 5552 del 15 de febrero de 2017 emitidas por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Parafiscales de la Protección Social, mediante el cual negó a la señora CELMIRA BOLÍVAR CAMARGO el reconocimiento y pago de una pensión gracia. TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Parafiscales de la Protección Social a reconocer y pagar una pensión gracia a favor de la señora CELMIRA BOLÍVAR CAMARGO, identificada con cédula de ciudadanía 40.008.545 de Tunja (Boyacá), en cuantía del 75% del promedio de todos los factores salariales devengados en el año anterior a la adquisición de su estatus pensional, esto es, del 3 de diciembre de 2006 al 2 de diciembre de 2007, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. CUARTO: DECLARAR PROBADA la prescripción extintiva de las mesadas pensionales causadas con anterioridad al 11 de mayo de 2013, conforme a lo explicado en la parte considerativa de esta sentencia. En consecuencia, la pensión gracia reconocida en este fallo tendrá efectos fiscales a partir del 11 de mayo de 2013. QUINTO: La UGPP hará la actualización sobre las sumas adeudadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 187 (inciso final) del CPACA, teniendo en cuenta los índices de inflación certificados por el DANE y mediante la aplicación de la fórmula matemática indicada en la parte motiva de esta sentencia. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 15001-23-33-000-2018-00191-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

19 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D. C., diecinueve (19) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 15001 23 33 000 2018 00191 01 (3014-2021)
Demandante: Celmira Bolívar Camargo
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Parafiscales
de la Protección Social (UGPP1)

Temas: Reconocimiento de pensión gracia. Naturaleza de la vinculación
docente. Características de los docentes nacionalizados. Prueba de
la plaza docente. Prescripción trienal de mesadas pensionales.

Decisión: Se revoca la decisión de primera instancia habida cuenta que no es
necesario cumplir con los 20 años de servicio antes del 29 de
diciembre de 1989. En su lugar, se accede a las pretensiones porque
la actora acreditó la totalidad de requisitos para acceder a la pensión
gracia.

La Sala decide el recurso de apelación presentado por la parte demandante en contra de
la sentencia de primera instancia emitida el 9 de junio de 2021 por el Tribunal
Administrativo de Boyacá.

I. ANTECEDENTES

Demanda2

1. La actora ejerció el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, con el fin de obtener la declaratoria
de nulidad de las Resoluciones 39138 del 18 de octubre de 2016, 49067 del 27 de
diciembre de 2016 y 5552 del 15 de febrero de 2017 mediante las cuales la entidad
demandada negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia solicitada y resolvió los
recursos de reposición y apelación interpuestos contra dicha decisión.

2. A título de restablecimiento del derecho solicitó ordenar a la entidad demandada
el reconocimiento y pago de la prestación, con inclusión de todos los factores salariales
devengados durante el año anterior a la adquisición del estatus de pensionada.

1 En adelante UGPP.
2 Folios 2 a 14.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 15001 23 33 000 2018 00191 01 (3014-2021)
Demandante: Celmira Bolívar Camargo

Igualmente, pidió que se reconozcan los reajustes y demás beneficios previstos en la ley
para los pensionados.

3. Asimismo, solicitó que las sumas reconocidas sean actualizadas conforme a la
variación del índice de precios al consumidor certificado por el DANE, entre la fecha de
causación del derecho y la ejecutoria de la sentencia. De igual manera, requirió el pago
de la indexación de las sumas reconocidas, el cumplimiento de la sentencia en los
términos del artículo 192 del CPACA y la condena en costas a la entidad demandada.

4. Como fundamento fáctico de sus pretensiones expuso que nació el 2 de diciembre
de 1957 y que se vinculó al magisterio oficial en los siguientes períodos:

• Como docente interina en la planta de personal docente de primaria,
mediante nombramiento efectuado por la Secretaría de Educación de Boyacá a
través de la Resolución 343 del 11 de abril de 1978, para prestar sus servicios entre
el 11 de abril y el 15 de mayo de 1978 en la Concentración Urbana Las Américas
del municipio de Tunja.

• Posteriormente, mediante el Decreto 000346 del 17 de abril de 1984,
expedido por el Gobernador del departamento de Boyacá, fue nombrada en
propiedad como docente en la Escuela Rural Pavas del municipio de Úmbita, a partir
del 4 de mayo de 1984.

5. Señaló que mediante la Resolución 1477 del 19 de junio de 2002 el secretario de
Educación de Boyacá dispuso la fusión de varios establecimientos educativos —el
Instituto Nacional de Educación Media Diversificada INEM Carlos Arturo Torres, las
concentraciones escolares Las Américas y Piloto, y el Colegio de Educación Básica
Antonio Ricaurte— para conformar una sola institución denominada Instituto Nacional de
Educación Media Diversificada INEM Carlos Arturo Torres, ubicada en la ciudad de Tunja.

6. No obstante, indicó que para el momento en que prestó sus servicios como
docente interina en 1978, la Concentración Urbana Las Américas tenía naturaleza
nacionalizada.

7. Finalmente, manifestó que el 11 de mayo de 2016 solicitó a la entidad demandada
el reconocimiento y pago de la pensión gracia. Dicha solicitud fue negada mediante los
actos administrativos acusados bajo el argumento de que su vinculación docente tuvo
carácter nacional, al haber sido nombrada mediante el Decreto 343 del 11 de abril de
1978.

Contestación de la demanda3

8. La entidad demandada se opuso a la prosperidad de las pretensiones
argumentando que, de acuerdo con los documentos que reposan en el expediente
administrativo, la demandante cumple con la exigencia de haberse vinculado al

3 Folios 113 a 128.

2

Radicación: 15001 23 33 000 2018 00191 01 (3014-2021)
Demandante: Celmira Bolívar Camargo

magisterio con anterioridad al 31 de diciembre de 1980 como docente nacionalizada. Sin
embargo, señaló que el vínculo originado en el Decreto 000346 del 17 de abril de 1984
fue suscrito por el secretario de Educación del departamento de Boyacá y por un
delegado del Ministerio de Educación Nacional, razón por la cual sostuvo que se trata de
una docente del orden nacional, circunstancia que le impide acceder a la prestación
solicitada.

9. Añadió que los emolumentos percibidos por la actora, en su calidad de docente
del orden nacional, fueron financiados con recursos provenientes del Sistema General de
Participaciones, lo que, a su juicio, implica el incumplimiento de los requisitos legales
exigidos para acceder a la pensión gracia.

10. Asimismo, solicitó que, en caso de accederse a las pretensiones de la demanda,
se abstenga de condenar en costas y agencias en derecho a la entidad por cuanto no se
advierte temeridad ni mala fe en su actuación.

11. Por último, propuso las excepciones de «inexistencia de la obligación o cobro de
lo no debido», «inexistencia de vulneración de principios constitucionales y legales»,
«prescripción de mesadas» y la de reconocimiento de cualquier otra excepción que
resulte probada en el proceso.

Sentencia apelada4

10. El Tribunal Administrativo de Boyacá negó las pretensiones de la demanda
mediante sentencia del 9 de junio de 2021. Para sustentar su decisión se fundamentó en
lo señalado por la Corte Constitucional en la sentencia C-489 de 2000, aseverando que
en esta se determinó que, para acceder a la pensión gracia, el docente debía cumplir la
totalidad de los requisitos exigidos antes de la entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989,
esto es, antes del 29 de diciembre de ese año.

11. Consideró que, para el 29 de diciembre de 1989, la demandante llevaba cerca de
seis años al servicio de la educación y contaba con 32 años de edad. Por tal razón,
concluyó que no reunía los requisitos establecidos por el legislador para el
reconocimiento de la pensión gracia en la medida en que, conforme a las decisiones de
constitucionalidad citadas, el derecho debía encontrarse consolidado antes de la entrada
en vigor de la Ley 91 de 1989, lo que evidencia que para esa fecha solo contaba con una
mera expectativa.

Recurso de apelación5

12. La demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia señalando que, para el período comprendido entre el 11 de abril y el 15 de mayo
de 1978, cuando prestó sus servicios en la Concentración Las Américas, ostentó la
condición de docente nacionalizada vinculada a la Secretaría de Educación del
departamento de Boyacá, acreditando el requisito de vinculación con anterioridad al 31
de diciembre de 1980.

4 Folios 127 a 140.
5 Folios 200 a 204.

3

Radicación: 15001 23 33 000 2018 00191 01 (3014-2021)
Demandante: Celmira Bolívar Camargo

13. Asimismo, sostuvo que demostró haber laborado por más de 20 años como
docente en la misma condición, en virtud del vínculo originado a partir del año 1984, y
que cumple el requisito de edad de 50 años exigido por la ley, lo que, en su criterio, la
habilita para obtener la prestación reclamada.

14. Finalmente, cuestionó la exigencia según la cual los requisitos para acceder a la
pensión gracia debían encontrarse cumplidos antes del 29 de diciembre de 1989, por
considerar que dicha interpretación desconoce la jurisprudencia del Consejo de Estado,
que ha reconocido que basta con haber estado vinculado al servicio docente antes del
31 de diciembre de 1980, aun cuando el tiempo de servicios requerido se complete con
posterioridad a esa fecha.

II. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

15. Mediante auto del 4 de noviembre de 20216 se admitió el recurso de apelación y
se le advirtió a la parte demandante que tenía hasta la ejecutoria de dicha providencia
para pronunciarse. Igualmente, se le informó al Ministerio Público que disponía hasta
antes de que el expediente ingresara al despacho para fallo para emitir concepto.

16. Las partes y el Ministerio Público se abstuvieron de emitir pronunciamiento en
esta etapa7.

III. CONSIDERACIONES

Competencia

17. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del CPACA, modificado por los
artículos 615 del CGP y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es competente
para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos.

Problemas jurídicos

18. Corresponde a esta Sala determinar si la demandante debe cumplir con la
totalidad de los requisitos legales para gozar de la pensión gracia antes del 29 de
diciembre de 1989, fecha en la cual entró a regir la Ley 91 de 1989.

19. En caso negativo, la Subsección verificará si la parte demandante cumplió con los
requisitos previstos en las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y 91 de 1989
para acceder a la pensión gracia, es decir, contar con una edad superior a los 50 años;
haberse vinculado como docente territorial (municipal o departamental) o nacionalizado
antes del 31 de diciembre de 1980; desempeñarse en esa condición por al menos 20
años, continuos o no; ejercer el cargo con honradez, dedicación y buena conducta; y, no
recibir ni haber recibido otra pensión o recompensa de carácter nacional.

6 Folio 213.
7 Folio 223.

4

Radicación: 15001 23 33 000 2018 00191 01 (3014-2021)
Demandante: Celmira Bolívar Camargo

Análisis del problema jurídico

1. Reparo relacionado con la acreditación de la totalidad de requisitos para
acceder a la pensión gracia antes del 29 de diciembre de 1989

20. El tribunal de primera instancia sostuvo que, de conformidad con las directrices
fijadas por la Corte Constitucional en la sentencia C-489 de 2000, la demandante no tiene
derecho al reconocimiento de la pensión gracia puesto que al 29 de diciembre de 1989
no cumplía con los requisitos legales exigidos para su obtención.

21. Tras el análisis de la mencionada providencia de constitucionalidad, la Sala
concluye que en ninguno de sus apartes se estableció el requisito exigido por el a quo.
Además, la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante la
sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-030-CE-S2-2021 del 11 de agosto de 20228,
interpretó el artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 en conjunto con lo
dispuesto en el fallo de la Corte Constitucional previamente citado y estableció la
siguiente regla jurisprudencial:

«Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de
1989, siempre que acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con anterioridad al
31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos para
su reconocimiento».

22. En aplicación de este precedente judicial, la demandante puede demostrar el
cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensión gracia tanto antes como
después de la promulgación de la Ley 91 de 1989. En consecuencia, resulta irrelevante
el momento en que se satisfagan los requisitos de edad y tiempo de servicio en razón a
que estos pueden acreditarse antes o después del 29 de diciembre de 1989.

23. En consecuencia, dado que esta regla debe aplicarse a todos los casos pendientes
de resolución, tanto en sede administrativa como judicial9, la Sala desestimará la
consideración del tribunal y revocará la sentencia de primera instancia. Por tanto,
procederá a analizar el cumplimiento de los requisitos exigidos para acceder a la pensión
gracia.

2. Análisis de los requisitos legales para gozar de la pensión gracia

24. Se encuentra probado que la accionante nació el 2 de diciembre de 1957 y cumplió
el requisito de edad el 2 de diciembre de 2007, fecha en la que alcanzó los 50 años.
25. También se demostró su vinculación docente nacionalizada con anterioridad
al 31 de diciembre de 1980. En efecto, en el expediente obra la Resolución 343 del 11

8 Consejo de Estado, Sala Plena de Sección Segunda. Sentencia de unificación proferida bajo el radicado 15001 23

33 000 2016 00278 01 (3018-2017).
9 Así lo dispuso expresamente la Sala Plena de la Sección Segunda en el numeral segundo de la parte resolutiva de

la aludida sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-030-CE-S2-2021 del 11 de agosto de 2022 (se reproduce):
«Segundo. Advertir a la comunidad en general que la regla jurisprudencial fijada en la presente sentencia de
unificación es vinculante en los siguientes casos: (i) respecto de los asuntos similares que actualmente se están
tramitando en sede administrativa; (ii) respecto de los procesos similares que se están adelantando en juzgados,
tribunales administrativos y Consejo de Estado. En consecuencia, no tiene efectos respecto de aquellos asuntos en
los que ya existe sentencia ejecutoriada. En tal virtud, los conflictos judiciales ya resueltos están amparados por la
cosa juzgada y, por ende, resultan inmodificables.»
5

Radicación: 15001 23 33 000 2018 00191 01 (3014-2021)
Demandante: Celmira Bolívar Camargo

de abril de 197810, mediante la cual el secretario de Educación de Boyacá, con
intervención del delegado regional del Ministerio de Educación Nacional, nombró a la
demandante como maestra de la Concentración Urbana Las Américas del municipio de
Tunja para cubrir una licencia.

26. El carácter nacionalizado de dicha designación encuentra respaldo en el artículo
1.° de la Ley 91 de 1989, que dispone que tienen esa naturaleza los «docentes vinculados
por nombramiento de entidad territorial antes del 1.° de enero de 1976 y los vinculados a
partir de esta fecha de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975».

27. A ello se suma que, mediante sentencia de unificación jurisprudencial CE-SUJ2-
011-18 del 21 de junio de 201811, esta Corporación fijó como regla que los docentes
territoriales o nacionalizados no se convierten en docentes nacionales por el hecho de
que en el acto de vinculación haya intervenido el delegado permanente del Ministerio de
Educación Nacional.

28. Adicionalmente, al plenario se aportó certificación del 20 de abril de 2017 12
expedida por la Secretaría de Educación de Tunja, en la que se constató que la actora
prestó sus servicios en el nivel de básica primaria, con vinculación en propiedad de
carácter nacionalizado y de forma continua. Dicho documento da cuenta de que, en virtud
del nombramiento efectuado mediante la Resolución 343 del 11 de abril de 1978, la actora
se desempeñó entre el 15 de abril de 1978 y el 15 de mayo de 1978, esto es, durante un
(1) mes y un (1) día.

29. Por otra parte, en el expediente obra copia del Decreto 00346 del 17 de abril de
198413 expedido por el gobernador del departamento de Boyacá en ejercicio de las
facultades conferidas por la Ley 43 de 1975 y con intervención del delegado regional del
Ministerio de Educación Nacional. Mediante dicho acto se designó a la demandante en
propiedad como maestra de la R.D. Pavas, en el municipio de Úmbita, en reemplazo de
Blanca Cecilia Cruz Soler. La actora tomó posesión del cargo el 4 de mayo de 1984 ante
el jefe de personal de la Secretaría de Educación de Boyacá14.

30. Según el certificado emitido por la Secretaría de Educación de Tunja el 20 de abril
de 2017, la docente fue trasladada posteriormente a distintas instituciones educativas sin
solución de continuidad. Inicialmente, mediante la Resolución 415 del 18 de abril de 1985,
a la Concentración Urbana ICCE del municipio de Ventaquemada, cargo que desempeñó
hasta el 1.° de febrero de 1989. Luego, mediante la Resolución 199 del 2 de febrero de
1989, a la Concentración San Antonio del municipio de Tunja, hasta el 9 de marzo de
1990.

31. Después, mediante el Decreto 82 del 9 de marzo de 1990, fue trasladada a la
Concentración Simón Bolívar de la misma ciudad, donde laboró hasta el 16 de febrero de
2016. Finalmente, mediante la Resolución 230 del 17 de febrero de 2016, fue trasladada

10 Folios 374 y 375.
11 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
12 Folio 28.
13 Folio 23.
14 Folio 24.

6

Radicación: 15001 23 33 000 2018 00191 01 (3014-2021)
Demandante: Celmira Bolívar Camargo

a la Institución Educativa Normal Superior Santiago de Tunja, cargo que ocupó hasta la
fecha de expedición del referido certificado (20 de abril de 2017).

32. En este contexto, del contenido del Decreto 00346 del 17 de abril de 1984, la
Sala advierte que el nombramiento primigenio —al igual que el período anterior— se
encuadra en la definición que el artículo 1.° de la Ley 91 de 1989 establece para el
personal nacionalizado, puesto que fue efectuado por la entidad territorial con
intervención del delegado del Ministerio de Educación Nacional, conforme a lo previsto
en los artículos 6 y 10 de la Ley 43 de 1975.

33. Asimismo, la certificación laboral del 20 de abril de 2017 indica que el tiempo de
servicio inició el 4 de mayo de 1984, en virtud del nombramiento efectuado mediante el
Decreto 00346 del 17 de abril de 1984, y se extendió ininterrumpidamente —al menos—
hasta el 20 de abril de 2017, es decir, por un período de 32 años, 11 meses y 14 días.

34. En este punto, es pertinente señalar que la Sala ha sostenido de manera reiterada
que las características de la vinculación con la Administración se determinan en el
momento de la expedición del acto de nombramiento primigenio, pues es en este dónde
se definen las condiciones jurídicas del vínculo y las implicaciones a las que queda sujeto
el docente15. En consecuencia, las situaciones administrativas posteriores —como los
traslados a otras instituciones educativas a las que estuvo sujeta la demandante— no
modificaron, al menos para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, la naturaleza
nacionalizada de la vinculación.

35. Por lo tanto, para la Sala es diáfano que la parte demandante cumple la exigencia
de 20 años de servicios como docente nacionalizada.

36. Adicionalmente, no se han formulado reproches que siquiera pongan en tela de
juicio el desempeño de la actora en el ejercicio de la función docente, lo que permite
concluir que se satisface el requisito relativo a la honradez, dedicación y buena
conducta. Tampoco se advierte que perciba una doble asignación proveniente del
tesoro nacional que resulte incompatible con la pensión gracia.

37. En conclusión, la Sala encuentra que la parte demandante ha acreditado todos los
requisitos establecidos por la Ley para gozar de la pensión gracia.

Análisis del estatus pensional y la prescripción

38. Esta Corporación16 ha señalado que la configuración de la prescripción de
mesadas pensionales requiere que transcurra un determinado lapso durante el cual no
se hayan ejercido las acciones correspondientes para reclamar los derechos que
considera vulnerados. Ese tiempo se cuenta por 3 años desde que la obligación se haya
hecho exigible, con una posibilidad de interrupción del término por un lapso igual, tal como
lo indica el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969 aplicable al presente caso.

15
Al respecto, ver las sentencias proferidas por la Sección Segunda del 5 de agosto de 2010, radicación 2079-2009,
C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila; del 29 de marzo de 2012, radicación 1146-2010 C.P. Gerardo Arenas Monsalve;
del 16 de junio de 2015, radicación 68001 23 31 000 2004 02762 01; del 24 de julio de 2025, radicación 76001 23 33
000 2020 00953 01 (6509-2024).
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 15 de

noviembre de 2012, número interno: 1446-2012.
7

Radicación: 15001 23 33 000 2018 00191 01 (3014-2021)
Demandante: Celmira Bolívar Camargo

39. Para determinar el momento de exigibilidad del derecho a restablecer, a partir del
cual debe iniciarse el cómputo del término mencionado, es necesario considerar que esta
fecha se concretó el 2 de diciembre de 2007, cuando la demandante acreditó su estatus
pensional tras cumplir 50 años de nacida; esta fecha es posterior al momento en que
cumplió los 20 años de servicio, es decir, el 3 de abril 2004.

40. De las pruebas presentadas en el expediente se desprende que la actora solicitó
el reconocimiento pensional el 11 de mayo de 2016, lo que dio origen a la expedición de
los actos administrativos acusados.

41. La actora presentó la demanda el 7 de julio de 201717, es decir, fuera del plazo
de los 3 primeros años contados desde la fecha de su estatus, pero dentro del periodo
de interrupción causado por la presentación de la solicitud (del 11 de mayo de 2016 al 11
de mayo de 2019); razón por la cual se debe declarar probada la prescripción de las
mesadas causadas a su favor antes del 11 de mayo de 2013.

42. Sobre la forma de interrupción y análisis de la referida figura, esta Colegiatura 18
ha entendido que una vez se haga exigible el derecho y ante la presentación de la
solicitud de reconocimiento pensional, la parte interesada debe presentar en el término
de los 3 años la demanda judicial, de lo contrario, se somete a la activación del término
prescriptivo y la pérdida del derecho de las prestaciones periódicas causadas.

43. Así las cosas, se revocará la sentencia apelada y se declarará la nulidad de los
actos administrativos acusados. Subsiguientemente, se ordenará el reconocimiento y
pago de la pensión gracia en favor de la actora, en cuantía equivalente al 75% del
promedio de los factores salariales devengados en el año anterior a la consolidación del
estatus pensional, esto es, el 2 de diciembre de 2007; pero con efectos fiscales a partir
del 11 de mayo de 2013, en aplicación al fenómeno de la prescripción.

44. La liquidación se realizará con fundamento en los artículos 4° de la Ley 4 de 1966,
5° del Decreto 1743 de 1966 y los lineamientos jurisprudenciales trazados por esta
Corporación relacionadas con el monto de la prestación, esto es, que «la pensión gracia
debe liquidarse con base en los emolumentos devengados durante el año anterior a la
adquisición del estatus pensional»19.

45. La suma de dinero que resulte de la condena anterior se ajustará al valor presente
de acuerdo con el artículo 187 del CPACA y la fórmula adoptada por el Consejo de
Estado, según la cual:

R= RH Índice Final
Índice inicial

17 Folio 50.

18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencias del 2 de febrero de 2012, radicado:
150012333000201300718 01 (1218-2015); Subsección A, del 17 de marzo de 2021, radicado: 76001-23-33-000-2016-
00438-01 (2939-2019); 2 de marzo de 2023, radicado: 05001233300020140102501 (1239-2016).
19 Al respecto pueden consultarse las siguientes sentencias de la Sección Segunda del Consejo de Estado: i) del 25

de enero de 2007, radicado: 25000-23-25-000-2002-08879-01 (2748-05); ii) del 22 de marzo de 2018, radicado: 25000-
23-42-000-2014-03987-02 (1663-17); iii) del 14 de agosto de 2020, radicado: 15001-23-33- 000-2014-00462-01 (1644-
19).
8

Radicación: 15001 23 33 000 2018 00191 01 (3014-2021)
Demandante: Celmira Bolívar Camargo

46. En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (RH),
que es lo dejado de percibir por la parte actora por concepto de mesadas pensionales,
por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor certificado
por el DANE, vigente a la ejecutoria de la sentencia, por el índice vigente a la fecha en
que la parte actora obtuvo el estatus pensional. Por tratarse de prestaciones de tracto
sucesivo, la indexación deberá hacerse mes por mes.

Condena en costas en segunda instancia

47. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta Corporación frente a
la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica
y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera significó un
apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.

48. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando así
una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en este tipo
de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los
trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del
CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena
en costas sobre la parte vencida en el proceso.

49. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación y
ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la remisión
contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

50. En consecuencia, se impondrán costas a la entidad demandada en ambas
instancias por cuanto se revoca en su totalidad la sentencia de primera instancia y se
accede a las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de conformidad con el
artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente
de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal
Administrativo del Tolima.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley

IV. RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR la sentencia emitida el 9 de junio de 2021 por el Tribunal
Administrativo de Boyacá, que negó las pretensiones de la demanda, en el proceso
promovido por la señora CELMIRA BOLÍVAR CAMARGO contra la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Parafiscales de la Protección Social, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. En su lugar, se
dispone:

9

Radicación: 15001 23 33 000 2018 00191 01 (3014-2021)
Demandante: Celmira Bolívar Camargo

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de las Resoluciones 39138 del 18 de octubre de
2016, 49067 del 27 de diciembre de 2016 y 5552 del 15 de febrero de 2017 emitidas por
la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Parafiscales de la Protección
Social, mediante el cual negó a la señora CELMIRA BOLÍVAR CAMARGO el
reconocimiento y pago de una pensión gracia.

TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento
del derecho, CONDENAR a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Parafiscales de la Protección Social a reconocer y pagar una pensión gracia a favor de
la señora CELMIRA BOLÍVAR CAMARGO, identificada con cédula de ciudadanía
40.008.545 de Tunja (Boyacá), en cuantía del 75% del promedio de todos los factores
salariales devengados en el año anterior a la adquisición de su estatus pensional, esto
es, del 3 de diciembre de 2006 al 2 de diciembre de 2007, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: DECLARAR PROBADA la prescripción extintiva de las mesadas pensionales
causadas con anterioridad al 11 de mayo de 2013, conforme a lo explicado en la parte
considerativa de esta sentencia. En consecuencia, la pensión gracia reconocida en este
fallo tendrá efectos fiscales a partir del 11 de mayo de 2013.

QUINTO: La UGPP hará la actualización sobre las sumas adeudadas, de conformidad
con lo establecido en el artículo 187 (inciso final) del CPACA, teniendo en cuenta los
índices de inflación certificados por el DANE y mediante la aplicación de la fórmula
matemática indicada en la parte motiva de esta sentencia.

SEXTO: La UGPP deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del plazo
señalado en el artículo 192 del CPACA.

SEPTIMO: Condenar en costas a la entidad demandada en ambas instancias. Para el
efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas
por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la
secretaría del Tribunal Administrativo de Boyacá.

OCTAVO: Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
10

Radicación: 15001 23 33 000 2018 00191 01 (3014-2021)
Demandante: Celmira Bolívar Camargo

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.

11

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