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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-01535-01

Fecha
12 de marzo de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-01535-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 24 de mayo de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho incoada por la señora Martha Elena Padilla Gamboa contra la UGPP. Radicación: 25000 23 42 000 2019 01535 01 (5108-2023) Demandante: Martha Elena Padilla Gamboa SEGUNDO. DECLARAR la nulidad de las Resoluciones 017064 del 06 de junio de 2019 y 024747 del 20 de agosto de 2019, por medio de las cuales la UGPP le negó a la señora Martha Elena Padilla Gamboa el reconocimiento y pago de una pensión gracia. TERCERO. Declarar PROBADA la excepción de prescripción extintiva de las mesadas pensionales causadas antes del 28 de octubre de 2016. CUARTO. Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social a reconocer y pagar una pensión gracia a favor de la señora Martha Elena Padilla Gamboa, identificada con cédula de ciudadanía 41.682.234, en cuantía del 75 % del promedio de todos los factores salariales devengados en el año anterior a la adquisición de su estatus pensional, esto es, entre el 23 de diciembre de 2012 y el 22 de diciembre de 2013, pero con efectos fiscales desde el 28 de octubre de 2016, por operar la prescripción trienal, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. QUINTO. La UGPP hará la actualización sobre las sumas adeudadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 187 (inciso final) del CPACA, teniendo en cuenta los índices de inflación certificados por el DANE y mediante la aplicación de la fórmula matemática indicada en la parte motiva de esta sentencia. SEXTO. La UGPP deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del plazo señalado en el artículo 192 del CPACA. SÉPTIMO. NEGAR las demás pretensiones de la demanda. OCTAVO. CONDENAR en costas en ambas instancias a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP). Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2019-01535-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

12 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá D.C., doce (12) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 25000 23 42 000 2019 01535 01 (5108-2023)
Demandante: Martha Elena Padilla Gamboa
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social - UGPP

Tema: Reconocimiento de pensión gracia. Naturaleza de la vinculación
docente. Aplicación de sentencia de unificación jurisprudencial del 21
de junio de 2018.

Decisión: Revoca sentencia apelada y accede a las pretensiones porque la
demandante cumplió con los requisitos legales para beneficiarse de la
pensión gracia.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia de primera instancia del 24 de mayo de 2023 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.

I. ANTECEDENTES.

Demanda1

1. La parte demandante, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, solicitó
que se declare la nulidad de las Resoluciones 017064 del 06 de junio de 2019 y 024747
del 20 de agosto de 2019, a través de las cuales la entidad demandada negó el
reconocimiento y pago de una pensión gracia.

2. A título de restablecimiento del derecho, pidió que se condene a la entidad
demandada a reconocer, liquidar y pagar la mencionada prestación periódica teniendo en
cuenta todos los factores salariales, los incrementos porcentuales establecidos por el
Gobierno Nacional, en cuantía equivalente del 75% de las primas y demás emolumentos
que constituyen salario, efectiva a partir de cuando adquirió el estatus pensional hasta
cuando se produzca la inclusión en nómina de pensionados.

3. Asimismo, pidió que se reconozcan y liquiden los intereses de mora causados
sobre las sumas adeudadas y que el fallo se cumpla dentro de los términos de los

1 Índice 2 de Samai Consejo de Estado. Expediente virtual. Archivo «ED_EXPEDIENTE_25000234200020190153»

Radicación: 25000 23 42 000 2019 01535 01 (5108-2023)
Demandante: Martha Elena Padilla Gamboa

artículos 189 y 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo2 y que se condene a la entidad demandada en costas.

4. Como fundamento de sus pretensiones, manifestó que nació el 14 de diciembre
de 1954 y que se vinculó como docente interina a la Gobernación de Cundinamarca antes
del 31 de diciembre de 1980, en virtud del nombramiento efectuado mediante Decreto
04772 del 27 de noviembre de ese año, desempeñándose desde el 1.º de octubre hasta
el 26 de noviembre de 1980. Indicó igualmente que fue nombrada por la misma entidad
mediante Decreto 00028 del 13 de enero de 1981, prestando servicios entre el 19 de julio
y el 14 de septiembre de 1980. Señaló, además, que fue designada docente en propiedad
por el Distrito Capital de Bogotá mediante Decreto 165 del 30 de marzo de 1994, con
vinculación desde el 12 de abril de 1994 y hasta la fecha de presentación de la demanda.

5. Con fundamento en lo anterior, sostuvo que ha laborado por más de 20 años como
docente del orden territorial, que acreditó vinculación en esa calidad antes del 31 de
diciembre de 1980, que cuenta con más de 50 años de edad y que adquirió el estatus
pensional el 12 de abril de 2015.

6. En ese contexto, indicó que el 27 de febrero de 2019 presentó solicitud de
reconocimiento y pago de la pensión gracia ante la entidad demandada, por estimar
cumplidos los requisitos legales para acceder a dicha prestación; no obstante, su petición
fue negada mediante los actos administrativos ahora acusados.

7. Finalmente, afirmó que los actos demandados vulneran diversos preceptos de la
Constitución Política y de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933, 4 de 1966 y
91 de 1989, así como la jurisprudencia del Consejo de Estado.

Contestación de la demanda3

8. La entidad demandada se opuso a la prosperidad de las pretensiones, al
considerar que la actora no acreditó el cumplimiento de los requisitos legales para
acceder a la pensión gracia. Sostuvo que la demandante demostró una vinculación de
carácter nacional desde el 12 de abril de 1994 y hasta el 10 de octubre de 2018, fecha
de expedición de la certificación laboral emitida por la Secretaría de Educación de Bogotá,
tiempo que, a su juicio, resulta incompatible con la prestación solicitada.

9. En consecuencia, afirmó que la demandante no acreditó 20 años de servicios
docentes de carácter territorial o nacionalizado, por lo que los actos administrativos
acusados se ajustan a derecho y resulta improcedente ordenar el reconocimiento de la
pensión gracia.

10. Propuso como excepciones de fondo las que tituló como «inexistencia de la
obligación y cobro de lo debido», «prescripción de mesadas» «sobre la indexación», «no
pago de intereses moratorios», «sobre la condena en costas» y la «genérica».

2 CPACA
3 Índice 2 de Samai del Consejo de Estado. Expediente virtual. Archivo «ED_EXPEDIENTE_25000234200020190153». Carpeta
«04AntecedentesUgpp»

Radicación: 25000 23 42 000 2019 01535 01 (5108-2023)
Demandante: Martha Elena Padilla Gamboa

Sentencia apelada4.

11. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia del 24 de mayo
de 2023, negó las pretensiones de la demanda al concluir que la actora no demostró
haber ejercido funciones docentes en condición territorial o nacionalizada durante un
lapso igual o superior a 20 años.

12. En su análisis, el a quo precisó que la demandante acreditó el requisito de edad
—50 años—, así como su nombramiento como docente del orden territorial antes del 31
de diciembre de 1980, con ocasión de los servicios prestados al cubrir 2 licencias de
maternidad, para un total de 3 meses y 20 días.

13. No obstante, indicó que, conforme al Formato Único para la Expedición de
Certificado de Historia Laboral emitido por la Secretaría de Educación de Bogotá, la
vinculación docente generada a partir del 12 de abril de 1994 tuvo carácter nacional,
razón por la cual dicho lapso no resulta computable para el reconocimiento de la pensión
gracia. Agregó que el hecho de que el nombramiento hubiere sido efectuado por el alcalde
de Bogotá no le confiere la calidad de docente territorial o nacionalizado habida cuenta
que con la expedición de la Ley 91 de 1989 dicha distinción fue suprimida.

14. De igual manera, señaló que la demandante no demostró haber estado vinculada
dentro del proceso de nacionalización de la educación, circunstancia que, en su criterio,
habría debido reflejarse en el impacto salarial y prestacional derivado del acto
administrativo mediante el cual se le reconoció la pensión ordinaria de jubilación. En
consecuencia, concluyó que no se acreditó el presupuesto de 20 años de servicios como
docente territorial o nacionalizado. Finalmente, se abstuvo de imponer condena en
costas.

Recurso de apelación5.

15. La parte demandante interpuso recurso de apelación con el propósito de que se
revoque la sentencia de primera instancia. Sostuvo que los docentes cuyos cargos eran
financiados con recursos provenientes del Situado Fiscal debían ser considerados
docentes territoriales y que, en consecuencia, los tiempos de servicio que prestó bajo
dicha modalidad resultan computables para efectos del reconocimiento de la pensión
gracia.

16. Asimismo, transcribió apartes de la sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del
21 de junio de 2018 de esta Corporación y concluyó que los periodos laborados son
computables, por haber sido prestados en virtud de nombramientos efectuados por
entidades territoriales.
17. Por último, indicó que el Decreto 165 del 30 de marzo de 1994 constituye prueba
de que prestó servicios docentes en instituciones públicas del orden departamental,
distrital o municipal, circunstancia que, a su juicio, fue certificada por la Secretaría de
Educación de Bogotá D.C. al expedir dicho acto administrativo.

4 Índice 26 Samai tribunal
5 Índice 29 Samai tribunal

Radicación: 25000 23 42 000 2019 01535 01 (5108-2023)
Demandante: Martha Elena Padilla Gamboa

II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

18. Mediante auto del 11 de diciembre de 2023 se admitió el recurso de apelación6 y
se le advirtió a la parte demandada que tenía hasta la ejecutoria de dicha providencia
para pronunciarse. Igualmente, se le informó al Ministerio Público que podía emitir
concepto hasta antes de que el expediente ingresara al despacho para sentencia.

19. La parte demandada se pronunció de manera extemporánea, mediante escrito que
lo denominó «alegatos de conclusión»7, en el cual reiteró que la demandante no cumple
con el requisito de prestar sus servicios como docente territorial o nacionalizado por
mínimo 20 años; por tanto, solicita se confirme la sentencia de primera instancia.

20. Por su parte, el Ministerio Público conceptuó8 que la demandante no tiene derecho
al reconocimiento y pago de la pensión gracia, en la medida en que tuvo una vinculación
de carácter nacional a partir del 12 de abril de 1994, conforme a lo informado en la
certificación laboral expedida por la Secretaría de Educación de Bogotá. En
consecuencia, al no ser computable el referido lapso, la demandante no acreditó 20 años
de servicio como docente territorial o nacionalizado. Por ello, solicitó confirmar la
sentencia de primera instancia.

III. CONSIDERACIONES

Competencia

21. De acuerdo con lo previsto en el artículo 150 del CPACA, modificado por los
artículos 615 del CGP y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es competente
para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos. Así las cosas, esta Corporación
abordará el análisis de este litigio.

Problema jurídico

22. Con fundamento en los argumentos expuestos en el recurso de apelación en
contraste con las pruebas obrantes en el expediente, corresponde a la Sala determinar si
la demandante cumplió el requisito de haber prestado sus servicios durante 20 años como
docente de carácter territorial o nacionalizado, conforme lo exige el artículo 1° de la Ley
114 de 1913; para lo cual deberá establecer, en particular, la naturaleza jurídica de la
vinculación docente generada a partir del 12 de abril de 1994 y si dicho periodo resulta
computable para efectos del reconocimiento de la pensión gracia.

Análisis del problema jurídico

23. La Sala considera que la parte demandante acreditó en su totalidad los requisitos
legales para acceder a la pensión de gracia, conforme a las motivaciones que se
expondrán a continuación.

6 Índice 4 Samai Consejo de Estado
7 Índice 13 Samai Consejo de Estado
8 Índice 11 Samai Consejo de Estado

Radicación: 25000 23 42 000 2019 01535 01 (5108-2023)
Demandante: Martha Elena Padilla Gamboa

1. Análisis de tiempo de servicios

• Periodo del 19 de julio de 1980 al 14 de septiembre de 1980 (1 mes y 26 días)

24. En el expediente está acreditado que, a través del Decreto 00028 del 13 de
enero de 1981, el gobernador de Cundinamarca nombró a la demandante como docente
interina de la Escuela La Moya del municipio de Cota. Tomó posesión del empleo el 19
de julio de 1980 ante la Secretaría de Educación Departamental de Cundinamarca, con
el fin de cubrir una vacante temporal por licencia de maternidad de Gloria Amparo
Colorado de Rodríguez, por el término de 56 días, es decir, en ese periodo ejerció como
docente durante 1 mes y 26 días.

25. Tras examinar el Decreto 00028 del 13 de enero de 1981, se evidencia que este
dispuso un nombramiento de carácter territorial (departamental), por cuanto fue expedido
de manera autónoma por el gobernador de Cundinamarca, en ejercicio de sus facultades
legales como autoridad nominadora del respectivo ente territorial.

26. Se descarta que se trate de un nombramiento docente de carácter nacional, ya
que no fue efectuado directamente ni por delegación del Gobierno Nacional —a través
del Ministerio de Educación—, conforme a lo previsto en el artículo 1° de la Ley 91 de
1989.

27. En consecuencia, para la Sala resulta claro que los servicios docentes prestados
por el demandante entre el 19 de julio de 1980 y el 14 de septiembre de 1980 (1 mes y
25 días) son computables para efectos del requisito de 20 años de servicio establecido
en la Ley 114 de 1913 y, además, acreditan la vinculación docente en esa calidad antes
del 31 de diciembre de 1980.

• Periodo del 1 de octubre de 1980 al 26 de noviembre de 1980 (1 mes y 26 días)

28. En el expediente obra el Decreto 4772 del 27 de noviembre de 1980, expedido
por la Secretaría de Educación Departamental de Cundinamarca, mediante el cual se
nombró docente interina territorial de la Escuela La Moya del municipio de Cota. Tomó
posesión del empleo el 1 de octubre de 1980 ante la Secretaría de Educación
Departamental de Cundinamarca, con el fin de cubrir una vacante temporal por licencia
de maternidad de Ana Sofía Vela de Amaya, por el término de 56 días, es decir, en ese
periodo ejerció como docente durante 1 mes y 26 días.

29. Tras examinar el Decreto 4772 del 27 de noviembre de 1980, se evidencia que
este dispuso un nombramiento de carácter territorial (departamental) por cuanto fue
expedido de manera autónoma por el gobernador de Cundinamarca, en ejercicio de sus
facultades legales como autoridad nominadora del respectivo ente territorial.

30. Se descarta que se trate de un nombramiento docente de carácter nacional ya
que no fue efectuado directamente o por delegación del Gobierno Nacional —a través del
Ministerio de Educación—, conforme a lo previsto en el artículo 1° de la Ley 91 de 1989.

Radicación: 25000 23 42 000 2019 01535 01 (5108-2023)
Demandante: Martha Elena Padilla Gamboa

31. Cabe destacar que la figura de la interinidad se utiliza «ante la imposibilidad de
contar con docentes de carrera, designa con carácter transitorio a personas instruidas en
el ejercicio de la referida actividad, en atención a la necesidad y urgencia de garantizar la
efectiva prestación de los servicios educativos». En este sentido, los tiempos de servicios
prestados bajo tal modalidad pueden ser valorados para efectos del reconocimiento de la
pensión gracia, siempre y cuando se haya ejercido en plazas territoriales o nacionalizadas
toda vez que el nombramiento realizado de manera transitoria no afecta la prestación del
servicio.

32. En consecuencia, para la Sala resulta claro que los servicios docentes prestados
por el demandante entre el 1° de octubre de 1980 y el 26 de noviembre de 1980 (1 mes
y 25 días) son computables para efectos del requisito de 20 años de servicio establecido
en la Ley 114 de 1913 y, además, acreditan la vinculación docente en esa calidad antes
del 31 de diciembre de 1980.

• Periodo desde el 12 de abril de 1994 hasta el 1° de agosto de 2021 (27 años,
3 meses y 20 días)

33. En el expediente obra el Decreto 165 del 30 de marzo de 19949 expedido por el
alcalde Bogotá y por el delegado del Ministerio de Educación Nacional, mediante el cual
la actora fue designada como docente de tiempo completo en la planta de personal
docente de la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá. Tomó posesión del empleo el
12 de abril de 1994, según se observa en acta de posesión 662 de la misma fecha 10.

34. En la parte considerativa del decreto se expone que la administración actúa en
ejercicio de las atribuciones conferidas por los Decretos 2277 de 1979 y 1706 de 1989, y
que la decisión de efectuar los nombramientos obedece a la necesidad de proveer cargos
docentes en la planta del Fondo Educativo Regional (F.E.R.).

35. Se menciona que la Resolución 1194 del 17 de marzo de 1994 dispuso la
obligación de señalar, modificar o actualizar los cargos para proveerlos con base en los
resultados del concurso de docentes convocado mediante Resolución 3406 de 1975.
Asimismo, se indica que, tras realizar estudios sobre las necesidades prioritarias en
establecimientos educativos distritales y de convenio, se determinó la conveniencia de
efectuar los nombramientos que se adoptan en la parte resolutiva.

36. Se advierte que no existía listado de elegibles vigente para determinados
nombramientos en la planta F.E.R., razón por la cual se acudió a los listados derivados
del concurso docente de 1994. En ese contexto, las Resoluciones 1195 del 17 de marzo
de 1994 y 1380 del 28 de marzo de 1994 fijaron el número de cargos a proveer por
especialidad, tanto para la planta nacional como para la distrital, señalando un total
específico de vacantes. El propósito declarado fue dar seriedad al proceso de provisión
de cargos y garantizar que los docentes a nombrar figuraran en el listado de elegibles del
concurso realizado por el Distrito Capital.

9
SAMAI, expediente digital, archivo «10RtaSecretariaEduBogota.pdf».
10
Ibidem.

Radicación: 25000 23 42 000 2019 01535 01 (5108-2023)
Demandante: Martha Elena Padilla Gamboa

37. También se invoca el artículo 10 del Decreto 1706 del 12 de agosto de 1989, que
establece los requisitos y procedimientos para nombrar docentes en la planta del Fondo
Educativo Regional, así como el Acuerdo 051 del 16 de noviembre de 1993 de la Junta
Administradora del F.E.R., que autorizó las plazas docentes correspondientes a
educación básica primaria y secundaria.

38. Finalmente, en el acto se deja constancia de que el Ministerio de Educación
Nacional expidió las disponibilidades presupuestales necesarias para respaldar los
nombramientos y que la Jefatura de la División de Personal Docente certificó que los
docentes relacionados cumplían los requisitos y no registraban sanciones disciplinarias.

39. Según el Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral
emitido el 31 de marzo de 2014 por la Secretaría de Educación de Bogotá D.C., la
demandante fue designada como docente oficial adscrita a esa entidad territorial
mediante el Decreto 165 del 30 de marzo de 1994, iniciando la prestación de sus servicios
el 12 de abril de 1994, los cuales continuaban vigentes a la fecha de expedición del
certificado, esto es, el 31 de marzo de 2014. En dicho documento también se indica que
la vinculación era de carácter nacional y que su fuente de financiación correspondía al
Situado Fiscal11.

40. La Oficina de Personal de la Secretaría de Educación de Bogotá D.C. expidió
certificación adicional el 21 de abril de 2014, en la cual señaló que la demandante se
encontraba vinculada a esa entidad territorial como docente en propiedad desde el 12 de
abril de 1994, prestando sus servicios en la Institución Educativa Distrital Santa Cecilia.

41. Conforme a las pruebas decretadas en primera instancia, la Secretaría de
Educación de Bogotá expidió otro Formato Único para la Expedición de Certificado de
Historia Laboral el 23 de septiembre de 2021 12, en el que nuevamente se indicó que la
vinculación era del orden nacional y financiada con recursos del Situado Fiscal. Allí se
precisó que la demandante se desempeñó sin solución de continuidad desde su posesión
el 12 de abril de 1994 hasta su retiro por renuncia el 1° de agosto de 2021, para un total
de 27 años, 3 meses y 20 días. El certificado detalla, además, que durante ese periodo
se presentaron situaciones administrativas consistentes en ascensos en el escalafón
docente.

42. Mediante oficio 2021-305902 del 23 de septiembre de 202113, la Secretaría de
Educación de Bogotá informó al tribunal de primera instancia que el sistema de nómina
registra como origen de la vinculación de la demandante la categoría «NACIONAL-
SITUADO FISCAL». Asimismo, relacionó los distintos actos administrativos mediante los
cuales fue ascendida en el escalafón docente y trasladada a diferentes instituciones
educativas distritales, e indicó que se desempeñó como docente de primaria, nombrada
en propiedad mediante el Decreto 165 del 30 de marzo de 1994, con inicio de labores el
12 de abril de 1994.

11
SAMAI, expediente digital, archivo «04AntecedentesUgpp».
12
SAMAI, actuación ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, índice 24.
13
SAMAI, actuación ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, índice 24.

Radicación: 25000 23 42 000 2019 01535 01 (5108-2023)
Demandante: Martha Elena Padilla Gamboa

43. Del análisis conjunto de las pruebas documentales obrantes en el expediente, en
contraste con lo considerado en la sentencia de primera instancia y con lo consignado en
las certificaciones expedidas por la Secretaría de Educación de Bogotá D.C., la Sala
concluye que el vínculo generado a partir del nombramiento efectuado mediante el
Decreto 165 del 30 de marzo de 1994 por el alcalde mayor de Bogotá no encuadra en la
definición prevista en el artículo 1° de la Ley 91 de 1989 para el «personal nacional»,
entendido como aquel vinculado por nombramiento del Gobierno Nacional.

44. En efecto, del contenido del referido acto administrativo no se advierte el ejercicio
de la facultad nominadora por parte del Gobierno Nacional —Ministerio de Educación
Nacional—. Por el contrario, sus características corresponden a un nombramiento
docente de carácter nacionalizado, esto es, aquellos vinculados por entidades territoriales
en desarrollo del proceso de nacionalización previsto en la Ley 43 de 1975.

45. La Sala observa que el Decreto fue suscrito por el alcalde mayor, el secretario de
educación distrital y el delegado del Ministerio de Educación Nacional. En este acto
administrativo se dispuso la designación en propiedad de un grupo de docentes adscritos
a la planta del Fondo Educativo Regional (FER) y, ante la inexistencia de lista de elegibles
específica para esas plazas, acudió al listado resultante del concurso docente realizado
para proveer cargos en la planta distrital.

46. En ese sentido, la plaza provista correspondía a aquellas financiadas con recursos
del Fondo Educativo Regional que, al encontrarse en vacancia definitiva, fueron suplidas
mediante la lista de elegibles derivada de un concurso de méritos distrital. Asimismo, se
indicó que el representante del Ministerio de Educación Nacional ante el Distrito Capital
expidió las respectivas disponibilidades presupuestales y certificaciones de vacancia
definitiva para efectos del nombramiento.

47. A partir de lo anterior, la Sala confirma que la plaza docente era de carácter
nacionalizado pues el nombramiento fue efectuado por la autoridad territorial con la
intervención del delegado del Ministerio de Educación Nacional y respecto de una plaza
adscrita al Fondo Educativo Regional, figura propia del proceso de nacionalización
regulado por la Ley 43 de 1975.

48. A propósito, el artículo 6 de dicha ley dispuso que los Fondos Educativos
Regionales administrarían los recursos destinados a financiar las plazas objeto de
nacionalización, mientras que el artículo 10 estableció que la creación de nuevas plazas
o la provisión de cargos docentes bajo esta modalidad requería autorización previa del
Ministerio de Educación Nacional, como ocurrió en el presente caso.

49. En definitiva, el acto administrativo de nombramiento evidencia que la plaza era de
carácter nacionalizado, circunstancia que contradice la información consignada en las
certificaciones laborales expedidas por la Secretaría de Educación de Bogotá. Sin
embargo, frente a la divergencia entre la información contenida en las certificaciones
laborales y la que emana del acto administrativo de nombramiento, la Sala Plena de esta

Radicación: 25000 23 42 000 2019 01535 01 (5108-2023)
Demandante: Martha Elena Padilla Gamboa

Sección en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018 14 fijó
criterios relevantes sobre la prueba de la calidad docente, en los siguientes términos:

«vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos administrativos
donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente claridad
que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en
su defecto, también se puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad
nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se
encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial.» (Negrillas de la Sala)

50. De acuerdo con esa regla jurisprudencial, el acto administrativo de nombramiento
es el medio probatorio principal para establecer la naturaleza jurídica del vínculo pues
contiene información directa sobre las condiciones del cargo y la plaza provista. Solo ante
su ausencia procede acudir a certificaciones u otros medios probatorios en los que conste
de manera inequívoca la naturaleza del vínculo, cuya valoración debe efectuarse
conforme a las reglas de la sana crítica.

51. En ese sentido, el Decreto 165 del 30 de marzo de 1994 contiene información clara
sobre la naturaleza nacionalizada del vínculo. Por ello, aunque los Formatos Únicos para
la Expedición de Certificado de Historia Laboral del 31 de marzo de 2014 y 23 de
septiembre de 2021, así como el oficio 2021-305902 del 23 de septiembre de 2021,
indiquen que la vinculación era de carácter nacional, tales documentos no prevalecen
frente al acto administrativo de nombramiento, que permite determinar con mayor
precisión la naturaleza de la plaza.

52. Sin perjuicio de que este tipo de certificados se fundamentan precisamente en los
actos administrativos emitidos por la autoridad nominadora, es posible concluir que al
consultarlos directamente se obtenga una mayor certeza sobre la veracidad del tipo de
nombramiento realizado. Aparte de que no se especifica el criterio empleado por la
Secretaría de Educación de Bogotá para catalogar ese interregno como nacional.

53. Ahora bien, aunque las certificaciones informan que la plaza docente era
financiada con recursos del situado fiscal, esa situación no le confiere automáticamente
la calidad de docente nacional a la demandante.

54. Sobre el particular, la misma sentencia de unificación jurisprudencial CE-SUJ2-
011-18 del 21 de junio de 2018 15 , precisó que la calidad de docente nacional no se
adquiere simplemente por el hecho de que los salarios sean financiados con recursos del
Situado Fiscal o del Sistema General de Participaciones, pues dichos recursos se
incorporaban a las arcas de la entidad territorial como rentas exógenas y asumían la
calidad de recursos propios. Además, se enfatizó en que lo que realmente importa es el
tipo de plaza que se va a ocupar16. El criterio interpretativo se unificó en estos términos:

14
Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
15
Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
16
Reiterado en las siguientes sentencias del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A: i) del 23 de marzo de 2023,
radicado 63001-23-33-000-2015-00045-01 (3422-2015); y ii) del 6 de julio de 2023, radicado 54001 23 33 000 2017 00661 01 (0605–
2019).

Radicación: 25000 23 42 000 2019 01535 01 (5108-2023)
Demandante: Martha Elena Padilla Gamboa

«v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación interviene,
además del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del
Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta administradora del
respectivo fondo educativo regional, así, este último, certifique la vacancia del cargo junto
con la disponibilidad presupuestal13; y (ii) por el argumento de que los recursos destinados
para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación. […]

vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente relevante, frente
al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que
sea de carácter territorial o nacionalizada, pues conforme a los lineamientos fijados por la
Sala en esta providencia, en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus
acreencias provenía directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de
las exógenas —situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos
educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las
erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy
sistema general de participaciones.»

55. Así las cosas, para esta Subsección es inequívoco que los servicios prestados
por la demandante entre el 12 de abril de 1994 y el 1° de agosto de 2021 (27 años, 3
meses y 20 días) fueron de carácter nacionalizado; por tanto, este tiempo permite dar
por cumplido el requisito de los 20 años de servicio que exige la Ley 114 de 1913.

56. En virtud de lo expuesto, la actora cumplió con todos los requisitos exigidos para
acceder a la pensión gracia. No solo demostró los requisitos previamente analizados (20
años de servicios y vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980 como docente
territorial y nacionalizado), sino que también acreditó haber cumplido 50 años de edad el
14 de diciembre de 200417. Además, no se encontraron reproches que cuestionen su
desempeño en el ámbito educativo, lo que permite concluir que también se satisface la
exigencia de honradez, dedicación y buena conducta. Finalmente, no se evidencia que
perciba una doble compensación o erogación nacional incompatible con la pensión
gracia.

Análisis del estatus pensional y la prescripción

57. Esta Corporación 18 ha señalado que la configuración de la prescripción de
mesadas pensionales requiere que transcurra un determinado lapso durante el cual no
se hayan ejercido las acciones correspondientes para reclamar los derechos que
considera vulnerados. Ese tiempo se cuenta por 3 años desde que la obligación se haya
hecho exigible, con una posibilidad de interrupción del término por un lapso igual, tal como
lo indica el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969 aplicable al presente caso.

58. Para determinar el momento de exigibilidad del derecho a restablecer, a partir del
cual debe iniciarse el cómputo del término mencionado, es necesario considerar que esta

17
Cédula de ciudadanía en la que consta que la actora nació el 14 de diciembre de 1954.
18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 15 de noviembre de
2012, número interno: 1446-2012.

Radicación: 25000 23 42 000 2019 01535 01 (5108-2023)
Demandante: Martha Elena Padilla Gamboa

fecha se concretó el 22 de diciembre de 201319, cuando la demandante acreditó su
estatus pensional tras cumplir 20 años de servicio como docente nacionalizada. Esta
fecha es posterior a la que corresponde a su cumpleaños número 50, es decir, el 14 de
diciembre de 2004.

59. En ese orden, de las pruebas presentadas en el expediente se desprende que la
actora solicitó el reconocimiento pensional el 5 de mayo de 2014, el cual fue negado
mediante Resolución 22193 del 17 de julio de 201420; posteriormente, el 27 de febrero de
2019 solicitó nuevamente dicho reconocimiento y de igual manera fue negado mediante
Resolución RDP 017064 del 6 de junio de 2019 21 el cual es uno de los actos
administrativos acusados. A la fecha, habían pasado más de 3 años desde que surgió el
derecho. Sin embargo, la demanda la interpuso el 28 de octubre de 201922, esto es,
vencidos los 3 años de interrupción de la prescripción. Por lo tanto, se declararán
prescritas las mesadas causadas con anterioridad al 28 de octubre de 2016.

60. Sobre la forma de interrupción y análisis de la referida figura, esta Colegiatura23 ha
entendido que una vez se haga exigible el derecho y ante la presentación de la solicitud
de reconocimiento pensional, la parte interesada debe presentar en el término de los 3
años la demanda judicial, de lo contrario, se somete a la activación del término
prescriptivo y la pérdida del derecho de las prestaciones periódicas causadas.

Conclusión

61. En conclusión, se revocará la sentencia apelada y se declarará la nulidad de los
actos administrativos acusados. Subsiguientemente, se ordenará el reconocimiento y
pago de la pensión gracia en favor de la actora, en cuantía equivalente al 75 % del
promedio de los factores salariales devengados en el año anterior a la consolidación del
estatus pensional, esto es, entre el 23 de diciembre de 2012 y el 22 de diciembre de
2013.

62. La liquidación se realizará con fundamento en los artículos 4.° de la Ley 4 de 1966,
5.° del Decreto 1743 de 1966 y los lineamientos jurisprudenciales trazados por esta
Corporación relacionadas con el monto de la prestación, esto es, que «la pensión gracia
debe liquidarse con base en los emolumentos devengados durante el año anterior a la
adquisición del estatus pensional»24.

63. La suma de dinero que resulte de la condena anterior se ajustará al valor presente
de acuerdo con el artículo 187 del CPACA y la fórmula adoptada por el Consejo de Estado,
según la cual:

19
Este resultado es producto de restarle al 21 de abril de 2014 lo correspondiente a 3 meses y 22 días, que es el tiempo que excede
los 20 años.
20
Índice 2 de Samai del Consejo de Estado. Expediente virtual. Archivo «ED_EXPEDIENTE_25000234200020190153». Carpeta
«04AntecedentesUgpp»
21
Visible en el documento «01DemandaAnexos». Índice 2 Samai Consejo de Estado.
22
Índice 2 de Samai del Consejo de Estado. Expediente virtual. Archivo «ED_EXPEDIENTE_25000234200020190153». Documento
«01DemandaAnexos»
23 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencias del 2 de febrero de 2012, radicado: 150012333000201300718
01 (1218-2015); Subsección A, del 17 de marzo de 2021, radicado: 76001-23-33-000-2016-00438-01 (2939-2019); 2 de marzo de
2023, radicado: 05001233300020140102501 (1239-2016).
24 Al respecto pueden consultarse las siguientes sentencias de la Sección Segunda del Consejo de Estado: i) del 25 de enero de
2007, radicado: 25000-23-25-000-2002-08879-01 (2748-05); ii) del 22 de marzo de 2018, radicado: 25000-23-42-000-2014-03987-02
(1663-17); iii) del 14 de agosto de 2020, radicado: 15001-23-33- 000-2014-00462-01 (1644-19).

Radicación: 25000 23 42 000 2019 01535 01 (5108-2023)
Demandante: Martha Elena Padilla Gamboa

R= RH Índice Final
Índice inicial

64. En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (RH),
que es lo dejado de percibir por la parte actora por concepto de mesadas pensionales,
por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor certificado
por el DANE, vigente a la ejecutoria de la sentencia, por el índice vigente a la fecha en
que la parte actora obtuvo el estatus pensional. Por tratarse de prestaciones de tracto
sucesivo, la indexación deberá hacerse mes por mes.

Condena en costas

65. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente a
la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica
y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera significó un
apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.

66. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando así
una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en este tipo
de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los
trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del
CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena
en costas sobre la parte vencida en el proceso.

67. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación y
ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la remisión
contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

68. En consecuencia, se impondrán costas a la entidad demandada en ambas
instancias por cuanto se revoca totalmente la sentencia apelada y se acceden a las
peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366
del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera
instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley

IV. RESUELVE

PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 24 de mayo de 2023 proferida por el Tribunal
Administrativo Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho incoada por la señora Martha Elena Padilla Gamboa contra
la UGPP.

Radicación: 25000 23 42 000 2019 01535 01 (5108-2023)
Demandante: Martha Elena Padilla Gamboa

SEGUNDO. DECLARAR la nulidad de las Resoluciones 017064 del 06 de junio de 2019
y 024747 del 20 de agosto de 2019, por medio de las cuales la UGPP le negó a la señora
Martha Elena Padilla Gamboa el reconocimiento y pago de una pensión gracia.

TERCERO. Declarar PROBADA la excepción de prescripción extintiva de las mesadas
pensionales causadas antes del 28 de octubre de 2016.

CUARTO. Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento
del derecho, CONDENAR a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social a reconocer y pagar una pensión
gracia a favor de la señora Martha Elena Padilla Gamboa, identificada con cédula de
ciudadanía 41.682.234, en cuantía del 75 % del promedio de todos los factores salariales
devengados en el año anterior a la adquisición de su estatus pensional, esto es, entre el
23 de diciembre de 2012 y el 22 de diciembre de 2013, pero con efectos fiscales desde
el 28 de octubre de 2016, por operar la prescripción trienal, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.

QUINTO. La UGPP hará la actualización sobre las sumas adeudadas, de conformidad
con lo establecido en el artículo 187 (inciso final) del CPACA, teniendo en cuenta los
índices de inflación certificados por el DANE y mediante la aplicación de la fórmula
matemática indicada en la parte motiva de esta sentencia.

SEXTO. La UGPP deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del plazo
señalado en el artículo 192 del CPACA.

SÉPTIMO. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

OCTAVO. CONDENAR en costas en ambas instancias a la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP). Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en
derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas
serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

NOVENO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

Radicación: 25000 23 42 000 2019 01535 01 (5108-2023)
Demandante: Martha Elena Padilla Gamboa

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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