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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2019-00547-01

Fecha
16 de abril de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2019-00547-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 28 de octubre de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, que negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho incoada por el señor Heriberto de Jesús Grajales Oyuela contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social. www.consejodeestado.gov.co Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 11 Bogotá D.C. – Colombia Radicación66001 23 33 000 2019 00547 01 (1441-2022) Demandante: Heriberto de Jesús Grajales Oyuela SEGUNDO. DECLARAR la nulidad de las Resoluciones RDP 010575 del 30 de marzo de 2019, RDP 012660 del 22 de abril de 2019 y RDP 015463 del 21 de mayo de 2019, a través de las cuales la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social le negó el reconocimiento y pago de una pensión gracia al señor Heriberto de Jesús Grajales Oyuela. TERCERO. Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) a reconocer y pagar una pensión gracia a favor del señor Heriberto de Jesús Grajales Oyuela, identificado con cédula de ciudadanía 10.090.891, en cuantía del 75 % del promedio de todos los factores salariales devengados en el año anterior a la adquisición de su estatus pensional, esto es, entre el 8 de septiembre de 2009 y el 7 de septiembre de 2010, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. CUARTO. Declarar PROBADA la excepción de prescripción extintiva de las mesadas pensionales causadas con anterioridad al 30 de agosto de 2016. QUINTO. La UGPP hará la actualización sobre las sumas adeudadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 187 (inciso final) del CPACA, teniendo en cuenta los índices de inflación certificados por el DANE y mediante la aplicación de la fórmula matemática indicada en la parte motiva de esta sentencia. SEXTO. La UGPP deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del plazo señalado en el artículo 192 del CPACA. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 66001-23-33-000-2019-00547-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

16 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá D.C., dieciséis (16) de abril dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 66001 23 33 000 2019 00547 01 (1441-2022)
Demandante: Heriberto de Jesús Grajales Oyuela
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Tema: Pensión gracia. Docente territorial. Prueba de la naturaleza
del vínculo docente. Prescripción. Condena en costas.

Decisión: Se revoca la sentencia de primera instancia porque se logró
demostrar que el demandante cumplió con la totalidad de los
requisitos legales para acceder a la pensión gracia
reclamada, en especial haber servido durante 20 años como
docente territorial.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia de primera instancia del 28 de octubre de 2021 proferida por
el Tribunal Administrativo de Risaralda.

I. ANTECEDENTES

Demanda1

1. El demandante, en ejercicio del medio de control de la referencia, solicitó
la declaratoria de nulidad de las Resoluciones RDP 010575 del 30 de marzo de
2019, RDP 012660 del 22 de abril de 2019 y RDP 015463 del 21 de mayo de
2019, a través de las cuales la entidad demandada le negó el reconocimiento y
pago de una pensión gracia.

2. A título de restablecimiento del derecho, pidió que se condene a la entidad
a reconocerle la mencionada prestación periódica a partir del 30 de abril de 2011
—fecha en la que cumplió el estatus de pensionado— en cuantía equivalente al
75% de lo devengado en el año anterior. De igual modo, requirió el pago de las
sumas adeudadas debidamente indexadas y que se imponga condena en costas
a la demandada.

1Folios 1 al 36 del expediente digitalizado, obrante en el índice 20 del aplicativo SAMAI del Tribunal
Administrativo de Risaralda.

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Demandante: Heriberto de Jesús Grajales Oyuela

3. Como sustento de sus pretensiones, manifestó que nació el 17 de mayo
de 1958 y que prestó sus servicios como docente oficial durante 20 años, 7
meses y 22 días, hasta su retiro del servicio ocurrido el 30 de abril de 2011, en
diferentes planteles educativos del municipio de Dosquebradas (Risaralda), a
partir del nombramiento realizado el 19 de agosto de 1978.

4. Refirió que el 7 de noviembre de 2018, en vista de que cumplía los
requisitos legales, presentó petición escrita a la entidad demandada tendiente al
reconocimiento y pago de la pensión gracia, pero esta se le negó mediante los
actos administrativos acusados bajo el argumento de que no contaba con el
requisito de los 20 años en la docencia oficial de carácter departamental,
municipal o distrital.

Contestación de la demanda2

5. La entidad se opuso a la prosperidad de las pretensiones arguyendo que
el demandante no tiene derecho a la pensión gracia porque no acreditó el
cumplimiento de todos los requisitos exigidos antes del 29 de diciembre de 1989,
tal como lo estableció la Corte Constitucional en las sentencias C-084 de 1999 y
C-489 de 2000.

6. En adición a lo anterior, indicó que en el Formato Único para la Expedición
de Certificado de Salarios del 20 de septiembre de 2010 aparece que el actor
tuvo una vinculación nacional, lo cual es una prueba clara de que no es
beneficiario de la prestación que reclama.

7. Propuso las excepciones de mérito que denominó «inexistencia de la
obligación y cobro de lo no debido», «buena fe», «prescripción» y la genérica.

Sentencia apelada3

8. El Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante sentencia del 28 de
octubre de 2021, negó las pretensiones de la demanda determinando que no hay
lugar al reconocimiento de la pensión gracia comoquiera que el tiempo hábil para
la concesión de dicha prestación no alcanza el umbral de 20 años.

9. Además, explicó que, si bien el accionante se vinculó al servicio oficial
docente antes del 31 de diciembre de 1980 y acreditó un periodo como docente,
los tiempos que pretende computar corresponden, entre otros, al que trabajó
como docente del nivel nacional.

10. Finalmente, se abstuvo de condenar en costas a la parte vencida.

2 Folios 65 al 76, ibidem.
3 Índice 26 del aplicativo Samai del Tribunal Administrativo de Risaralda.

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Demandante: Heriberto de Jesús Grajales Oyuela

Recurso de apelación

11. La parte demandante presentó recurso de apelación contra la sentencia
de primera instancia, solicitando su revocatoria para que, en su lugar, se acceda
a las pretensiones formuladas en la demanda.

12. Como sustento de su recurso, indicó que, según el Formato Único de
Historia Laboral expedido por el departamento de Risaralda, ejerció como
docente en propiedad desde el 14 de agosto de 1978 hasta el 19 de enero de
1997, acumulando un total de 18 años, 5 meses y 11 días de servicio.
Posteriormente, fue designado en provisionalidad en la Institución Educativa
Pablo Sexto, donde laboró entre el 16 de febrero de 2009 y el 30 de abril de 2011.

13. Señaló que cuenta con un total de 20 años de servicio en instituciones
educativas, precisando que la mayor parte de ese tiempo correspondió a un
nombramiento como nacionalizado y que el último año y siete meses los
desempeñó en provisionalidad como docente en un colegio de carácter territorial
adscrito al municipio de Dosquebradas.

14. Finalmente, indicó que cumple con los requisitos legales para acceder a la
pensión gracia, de acuerdo con lo establecido en las Leyes 114 de 1913, 116 de
1928 y 37 de 1933.

II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

15. Mediante auto del 3 de noviembre de 2022, se admitió el recurso de
apelación. De igual modo, el 16 de febrero de 2023 se negó el decreto de pruebas
de segunda instancia solicitada por el demandante.

16. Por otro lado, la entidad demandada presentó escrito de alegatos, en el
que pidió que se confirme el fallo apelado, con base en los argumentos expuestos
en la contestación de la demanda.

17. Finalmente, el 13 de noviembre de 2025 se expidió auto para mejor
proveer con el fin de esclarecer puntos oscuros relacionados con la naturaleza
de la vinculación del demandante con el municipio de Dosquebradas (Risaralda)
durante los años 2009 a 2011.

III. CONSIDERACIONES

Competencia

18. De acuerdo con lo previsto en el artículo 150 del CPACA, modificado por
los artículos 615 del CGP y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es
competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.

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Demandante: Heriberto de Jesús Grajales Oyuela

Cuestión previa

19. La UGPP4 solicitó que se emita sentencia de unificación jurisprudencial en
la que se defina qué debe entenderse como «plaza docente», así como sus
requisitos y lineamientos. Esto con el fin de precisar cuáles son las condiciones
que debe reunir la «plaza» a la que se refiere la sentencia de unificación SUJ-11-
S2 de 21 de junio de 2018, para ser considerada nacional, nacionalizada o
territorial.

20. Al respecto, la Sala precisa que de manera reiterada y previa han sido
presentadas las mismas solicitudes en otros procesos adelantados en esta
instancia judicial con similares argumentos, las que cuales fueron decididas a
través del auto del 20 de octubre de 20225, reiterado en providencias del 26 de
octubre de 20226, en los que se indicó lo siguiente, en virtud del artículo 2717 del
CPACA:

[…]el Consejo de Estado puede asumir conocimiento de los asuntos pendientes
de fallo o decisión interlocutoria, de oficio o a solicitud de parte, por remisión de las
secciones o subsecciones o de los tribunales o a petición de la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado o del Ministerio Público, que ameriten la expedición
de una sentencia de unificación jurisprudencial, por razones de importancia
jurídica, trascendencia económica o social o necesidad de sentar o unificar
jurisprudencia o precisar su alcance o resolver las divergencias en su
interpretación.

21. Seguidamente estableció que al realizar el estudio de las condiciones que
debe reunir la «plaza» a la que se refiere la sentencia de unificación SUJ-11-S2
de 21 de junio de 2018, para ser considerada nacional, nacionalizada o territorial,
estimó que no están dados los presupuestos para avocar el asunto con el fin de
emitir una sentencia de unificación, dado que la posición asumida por la Sección
Segunda del Consejo de Estado ha sido unánime, consistente y pacífica en torno
a los parámetros que se deben observar, con el propósito de definir cuándo un
docente tiene derecho a la pensión gracia.

22. En ese orden de ideas y por las mismas consideraciones expuestas en las
providencias suscritas por la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, no se le dará trámite a la solicitud de unificación y se insta a estarse a lo
dispuesto en el auto del 20 de octubre de 20228, reiterado en providencias del 26
de octubre de 2022.

4 Índice 5 de SAMAI del Consejo de Estado.
5 Consejo de Estado, Sección Segunda, con ponencia del doctor William Hernández Gómez mediante auto

del 20 de octubre de 2022, radicación: 54001-23-33-000-2013-00344-01 (4053-2015), demandante: Baudilio
Ramírez Alvernia.
6 Consejo de Estado, Sección Segunda, auto del 26 de octubre de 2022; radicación: 76001-23-31-000-2010-

01800-01 (4070-2013), demandante: Luz del Carmen Perea de Martínez; Consejo de Estado, Sección
Segunda, auto del 26 de octubre de 20220, radicación: 13001-23-33-000-2013-00116-01 (2743-2015),
demandante: Nelcy del Carmen Peña Mercado. Consejo de Estado, Sección Segunda, auto del 26 de
octubre de 2022; radicación: 68001-23-33-000-2012-00350-01 (2113-2014); demandante: Polidoro Grosso
Buitrago.
7 Artículo modificado por el artículo 79 de la Ley 2080 de 2021, la cual se encontraba vigente para el

momento de la solicitud de unificación.
8 Consejo de Estado, Sección Segunda, auto del 20 de octubre de 2022, radicación: 54001-23-33-000-2013-

00344-01 (4053-2015), demandante: Baudilio Ramírez Alvernia.

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Demandante: Heriberto de Jesús Grajales Oyuela

Problema jurídico

23. Conforme a los reparos formulados en el recurso de apelación,
corresponde a la Sala determinar si en el expediente está demostrado que el
demandante cumple los requisitos legales para gozar de una pensión gracia de
jubilación, en especial el de haber completado un mínimo de 20 años de servicios
como docente de carácter territorial o nacionalizado.

Análisis del problema jurídico

24. La Sala anticipa que se revocará el fallo de primera instancia y, en su lugar,
se accederá a las pretensiones de la demanda habida cuenta de que en el
expediente se encuentra demostrado que el actor reúne todos los requisitos
legales para acceder a la pensión gracia, como se explica a continuación.

25. Para gozar de la pensión gracia, los docentes oficiales deben acreditar las
exigencias establecidas por las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933, 91
de 1989, como son: i) tener más de 50 años de vida; ii) ostentar una vinculación
como docente nacionalizado o territorial (municipal o departamental) antes del 31
de diciembre de 1980; iii) haberse desempeñado en tal calidad durante 20 años,
continuos o discontinuos; iv) ejercer la docencia con honradez, consagración y
buena conducta; y, v) no haber recibido ni recibir otra pensión o recompensa de
carácter nacional.

26. Dicho esto, en el presente asunto no está en discusión que la parte actora
acreditó el requisito de la edad ya que nació el 17 de mayo de 19589 y, por ende,
cumplió 50 años el 17 de mayo de 2008. A su vez, no se observan reproches o
prueba de la existencia de alguna sanción disciplinaria que pongan en duda la
conducta en el desarrollo de la actividad educativa, por lo que también se
entiende cumplida la exigencia de la honradez, consagración y buena conducta.
Tampoco se evidencia que perciba una doble compensación o erogación
nacional incompatible con la pensión gracia.

27. Frente al requisito de haberse vinculado como docente territorial o
nacionalizado antes del 31 de diciembre de 1980, la parte demandante allegó el
Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral del 22 de
febrero de 2017 expedido por la Secretaría de Educación de Risaralda, en el que
se registró que prestó sus servicios como docente de primaria, con tipo de
vinculación nacionalizado, en propiedad, desde el 19 de agosto de 1978 hasta el
29 de enero de 1997, en virtud del nombramiento efectuado a través del Decreto
1687 del 14 de agosto de 1978.

28. Vale aclarar que en dicho certificado se dejó constancia de varios traslados
y una permuta a lo largo del interregno mencionado, hasta que se produjo la
renuncia que fue aceptada mediante el Decreto 110 del 29 de enero de 1997.

9 Folio 22 del expediente digitalizado, obrante en el índice 20 del aplicativo SAMAI del Tribunal Administrativo

de Risaralda.

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29. Como soporte de la información certificada, en el expediente obra copia
del Decreto 1687 del 14 de agosto de 1978 10 a través del cual se nombró al
demandante como seccional de la escuela rural El Caimal del municipio de la
Celia (Risaralda), cargo del cual tomó posesión el 18 de agosto de 197811.

30. Al revisar el mencionado acto administrativo, la Sala advierte que este fue
suscrito por el gobernador, la secretaria de Educación y el jefe de personal de
Risaralda, sin que se evidencie la intervención, aprobación o delegación del
Ministerio de Educación Nacional o alguno de sus delegados ante la entidad
territorial, ni la autorización presupuestal por parte del Fondo Educativo Regional.

31. En este sentido, pese a que en el Formato Único para la Expedición de
Certificado de Historia Laboral analizado previamente se catalogó dicha
vinculación como del orden nacionalizado, lo cierto es que este fue de naturaleza
territorial-departamental, tal como lo prevé el artículo 1 de la Ley 91 de 1989
según el cual son territoriales «los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975».

32. En otras palabras, la anterior conclusión se justifica porque el acto fue
expedido por la entidad territorial después del 1 de enero de 1976 y no se advierte
que la plaza docente hubiese sido creada por autorización o pertenezca a la
planta del Ministerio de Educación Nacional.

33. En este punto, vale la pena resaltar que esa Sección, mediante la
sentencia de unificación jurisprudencial CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018,
fijó el siguiente estándar para acreditar la plaza docente en asuntos de pensión
gracia:

(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los
actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda
establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el
legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede
acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé
cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra
sometido el docente oficial es de carácter territorial. (Se resalta)

34. De acuerdo con lo anterior, en estos casos, el juez debe examinar el
expediente con el fin de verificar la existencia de actos administrativos que le
permitan determinar la naturaleza jurídica del vínculo o de la plaza docente en
cuestión. Esto es fundamental toda vez que el contenido del acto administrativo
de nombramiento proporciona al fallador información crucial sobre las

10 Página 1 del archivo «40RECIBEMEMORIAL_MEMORIAL14412022RESP(.pdf)», que reposa en el índice

41 de SAMAI del Consejo de Estado. Asimismo, dicha prueba había sido aportada en primera instancia por
la Secretaría de Educación de Risaralda, la cual reposa en el archivo
«11_011RESPUESTASECEDUDPTO(.PDF)» visible en el índice 20 de SAMAI del Tribunal Administrativo
de Risaralda.
11 Cfr. Acta de posesión 1199 del 18 de agosto de 1978, visible en la página 10, ibidem.

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condiciones jurídicas del cargo a desempeñar, así como las condiciones a las
que quedó sujeto el servidor.
35. No obstante, en ausencia de estos documentos, el juez tiene la opción de
recurrir a otros elementos que deben ser analizados en conjunto bajo las reglas
de la sana crítica, tales como las certificaciones emitidas por las autoridades
nominadoras, constatando que la veracidad de la información contenida en ellas
sea indiscutible.

36. En el presente caso, el Decreto 1687 del 14 de agosto de 1978 tiene mayor
fuerza probatoria que la certificación de historia laboral expedida por la Secretaría
de Educación de Risaralda, en lo relativo al tipo de vinculación del actor. Ello se
debe a que ese acto permitió reconstruir con mayor precisión las circunstancias
fácticas y jurídicas del nombramiento, por lo que, a partir de su contenido, la Sala
concluye que la vinculación fue territorial y no nacionalizada.

37. De igual modo, en el expediente obran las copias de los Decretos 0769 del
9 de agosto de 197912, 285 del 12 de marzo de 198113 y 0123 del 7 de febrero de
198914, por medio de los cuales el gobernador de Risaralda trasladó al actor a la
escuela rural Santa Bárbara del municipio de Santa Rosa de Cabal, a la escuela
urbana Jorge Eliécer Gaitán del Núcleo 14 del municipio de Dosquebradas y al
Centro Docente San Diego de Dosquebradas, respectivamente.

38. Además, obra copia del Decreto 0154 del 9 de febrero de 199615, también
proferido por el gobernador de Risaralda, mediante el cual se incorporó al
demandante a la planta docente del municipio de Dosquebradas, quien fungía
como profesor del Instituto Docente Gabriel García Márquez.

39. A su vez, se aportó copia del Decreto 0110 del 29 de enero de 199716, a
través del cual el mencionado funcionario le aceptó la renuncia al demandante a
partir del 29 de enero de ese año, del cargo de docente.

40. De este modo, la Subsección encuentra demostrado que entre el
nombramiento efectuado mediante el Decreto 1687 del 14 de agosto de 1978 y
la renuncia aceptada por el mencionado Decreto 0110 del 29 de enero de 1997
no hubo solución de continuidad. Por lo tanto, los traslados registrados en ese
período no alteraron la naturaleza territorial del vínculo inicial.

41. Por consiguiente, queda probado entonces que el demandante acreditó
haberse vinculado como docente territorial antes del 31 de diciembre de 1980 y,
por ende, los tiempos de servicio que ejerció como tal entre el 19 de agosto de
1978 y el 29 de enero de 1997, equivalentes a 18 años, 5 meses y 11 días, son
computables para efectos de la pensión gracia reclamada.

12 Páginas 22 y 23, ibidem.
13 Páginas 24 al 26, ibidem.
14 Página 40, ibidem.
15 Páginas 43 al 45, ibidem.
16 Página 46.

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42. Por otra parte, con el fin de probar el requisito de los 20 años de servicios
como docente territorial o nacionalizado, al expediente se aportó copia del
Formato Único para la Expedición del Certificado de Historia Laboral del 22 de
mayo de 2012.

43. En dicho documento, la Secretaría de Educación de Dosquebradas
registró que el demandante prestó sus servicios como docente de básica
secundaria en provisionalidad, así: i) entre el 16 de febrero de 2009 y el 4 de junio
de 2010 en la Institución Educativa Pablo Sexto, ii) entre el 8 de junio de 2010 y
el 25 de abril de 2011 en la Institución Educativa Juan Manuel González, y iii)
entre el 26 de abril y el 30 de abril de 2011 en la Institución Educativa Cristo Rey,
todas en ese ente territorial.

44. Con relación al tipo de vinculación, vale indicar que en el mencionado
certificado no se seleccionó ninguna casilla.

45. Ahora, al proceso se allegó copia del Decreto 064 del 16 de febrero de
200917, a través del cual se nombró en provisionalidad al demandante en el cargo
de docente de básica primaria en la Institución Educativa Pablo Sexto (Sede
Antonio José de Sucre) de ese municipio, cargo del cual tomó posesión a partir
del 16 de febrero de 200918 y transcurrió hasta el 4 de junio de 201019.

46. En este sentido, del análisis del mencionado acto de nombramiento, la
Sala evidencia que este fue suscrito por la alcaldesa del municipio de
Dosquebradas (Risaralda) en uso de sus facultades constitucionales y legales,
en especial, la prevista en el artículo 7 de la Ley 715 de 2001.

47. Bajo este entendido, para la Sala es diáfano que el vínculo analizado —
comprendido entre el 16 de febrero de 2009 hasta el 4 de junio de 2010— debe
considerarse de naturaleza territorial (departamental) dado que el acto
administrativo de nombramiento fue expedido por la representante legal de la
entidad territorial, en ejercicio de las funciones legales conferidas.

48. Además, dicha vinculación no podría considerarse de otra manera pues
fue efectuada por la alcaldesa en virtud de las competencias de administración
de la planta docente asignadas a la entidad territorial en el marco de la Ley 715
de 2001, esto es, con posterioridad al proceso de descentralización educativa
iniciado a partir de la expedición de la Ley 60 de 1993.

49. Lo mismo ocurre con el nombramiento realizado mediante el Decreto 227
del 8 de junio de 201020, a través del cual el alcalde de Dosquebradas nombró
en provisionalidad al demandante como docente de primaria para cubrir una
vacancia temporal del titular de la plaza, en la Institución Educativa Juan Manuel

17 Página 47, ibidem.
18 Página 51, ibidem.
19 Cfr. Fecha en la que se le notificó al demandante el Decreto 199 del 20 de mayo de 2010 «Por medio del

cual se terminan unos nombramientos provisionales y encargos en el ramo de la educación», expedido por
la alcaldesa del municipio de Dosquebradas (páginas 52 al 57).
20 Páginas 58 y 59, ibidem.

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Demandante: Heriberto de Jesús Grajales Oyuela

González de ese municipio, cargo del cual tomó posesión el mismo 8 de junio de
201021 y finalizó el 30 de abril de 2011 por aceptación de su renuncia mediante
el Decreto 312 del 26 de abril de esa anualidad22.

50. En ese orden de ideas, los interregnos comprendidos entre el 16 de febrero
de 2009 y el 4 de junio de 2010 (es decir, 1 año, 3 meses y 19 días) y entre el 8
de junio de 2010 y el 30 de abril de 2011 (por 10 meses y 23 días), que sumados
equivalen a 2 años, 2 meses y 12 días, resultan válidos para efectos de la
pensión gracia por tratarse de tiempos que el demandante ejercicio como
docente territorial-municipal.

51. En consecuencia, el libelista acreditó un total de 20 años, 7 meses y 23
días de servicios como docente del orden territorial, según se evidencia en la
siguiente tabla:

Carácter de la plaza ocupada Desde Hasta Tiempo laborado
Día Mes Año Día Mes Año Años Meses días
Territorial (departamental) 19/08/1978 29/01/1997 18 5 11
Territorial (municipal) 16/02/2009 04/06/2010 1 3 19
Territorial (municipal) 8/06/2010 30/04/2011 0 10 23
TOTAL 20 7 23

52. En consecuencia, superó los 20 años exigidos por el artículo 1 de la Ley
114 de 1913, con lo cual se concluye que cumplió con todos los requisitos
exigidos para acceder a la pensión gracia. Por lo tanto, esta Subsección revocará
la sentencia apelada y, en su lugar, se reconocerá la prestación periódica
reclamada, conforme a los criterios que se explican en el capítulo siguiente.

Análisis del estatus pensional y la prescripción

53. Esta Corporación23 ha señalado que la configuración de la prescripción de
mesadas pensionales requiere que transcurra un determinado lapso durante el
cual no se hayan ejercido las acciones correspondientes para reclamar los
derechos que considera vulnerados. Ese tiempo se cuenta por 3 años desde que
la obligación se haya hecho exigible, con una posibilidad de interrupción del
término por un lapso igual, tal como lo indica el artículo 102 del Decreto 1848 de
1969 aplicable al presente caso.

54. Para establecer la exigibilidad del derecho, la Sala toma como fecha de
consolidación del estatus pensional el 7 de septiembre de 201024. Según el
cómputo acogido en esta providencia, en esa fecha el demandante completó 20
años de servicio como docente territorial. Además, para entonces ya había
cumplido 50 años de edad.

21 Cfr. Acta de posesión 281 del 8 de junio de 2010, página 61 ibidem.
22 Página 65, ibidem.
23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia

de 15 de noviembre de 2012, número interno: 1446-2012.
24 Este resultado es producto de restarle al 30 de abril de 2011 lo correspondiente a 7 meses y 23 días, que

es el tiempo que excede los 20 años.

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55. Bajo tales consideraciones, de las pruebas presentadas en el expediente
se desprende que el actor solicitó el reconocimiento pensional el 20 de diciembre
de 201825, lo que dio origen a la expedición de los actos administrativos
acusados, es decir, cuando ya habían pasado 3 años desde que surgió el
derecho. Por su parte, la demanda la interpuso el 30 de agosto de 201926, esto
es, dentro de los 3 años siguientes a la interrupción de la prescripción. Por lo
tanto, se declararán prescritas las mesadas pensionales causadas con
anterioridad al 30 de agosto de 2016.

56. Sobre la forma de interrupción y análisis de la referida figura, esta
Colegiatura27 ha entendido que una vez se haga exigible el derecho y ante la
presentación de la solicitud de reconocimiento pensional, la parte interesada
debe presentar en el término de los 3 años la demanda judicial, de lo contrario,
se somete a la activación del término prescriptivo y la pérdida del derecho de las
prestaciones periódicas causadas.

Conclusión

57. Con base en lo expuesto, se revocará la sentencia apelada y se declarará
la nulidad de los actos administrativos acusados. Subsiguientemente, se
ordenará el reconocimiento y pago de la pensión gracia en favor del demandante,
en cuantía equivalente al 75% del promedio de los factores salariales
devengados en el año anterior a la consolidación del estatus pensional, esto es,
entre el 8 de septiembre de 2009 y el 7 de septiembre de 2010.

58. La liquidación se realizará con fundamento en los artículos 4 de la Ley 4
de 1966, 5 del Decreto 1743 de 1966 y los lineamientos jurisprudenciales
trazados por esta Corporación relacionadas con el monto de la prestación, esto
es, que «la pensión gracia debe liquidarse con base en los emolumentos
devengados durante el año anterior a la adquisición del estatus pensional»28.

59. La suma de dinero que resulte de la condena anterior se ajustará al valor
presente de acuerdo con el artículo 187 del CPACA y la fórmula adoptada por el
Consejo de Estado, según la cual:

R= RH Índice Final
Índice inicial

60. En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico
(RH), que es lo dejado de percibir por la parte actora por concepto de mesadas

25 Información tomada de la Resolución RDP 010575 del 30 de marzo de 2019, visible en el folio 29 del

expediente digitalizado.
26 Folio 10.

27 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencias del 2 de febrero de 2012, radicado:
150012333000201300718 01 (1218-2015); Subsección A, del 17 de marzo de 2021, radicado: 76001-23-
33-000-2016-00438-01 (2939-2019); 2 de marzo de 2023, radicado: 05001233300020140102501 (1239-
2016).
28 Al respecto pueden consultarse las siguientes sentencias de la Sección Segunda del Consejo de Estado:

i) del 25 de enero de 2007, radicado: 25000-23-25-000-2002-08879-01 (2748-05); ii) del 22 de marzo de
2018, radicado: 25000-23-42-000-2014-03987-02 (1663-17); iii) del 14 de agosto de 2020, radicado: 15001-
23-33- 000-2014-00462-01 (1644-19).

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pensionales, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al
consumidor certificado por el DANE, vigente a la ejecutoria de la sentencia, por
el índice vigente a la fecha en que la parte demandante obtuvo el estatus
pensional. Por tratarse de prestaciones de tracto sucesivo, la indexación deberá
hacerse mes por mes.

Condena en costas

61. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura
armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera
significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.

62. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.

63. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

64. Por los anteriores motivos, se impondrán costas a la entidad demandada
en ambas instancias, por cuanto se revoca totalmente la sentencia apelada y se
accede a las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de conformidad
con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el
despacho sustanciador de la primera instancia y las expensas serán liquidadas
por la Secretaría del Tribunal Administrativo de Risaralda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

IV. RESUELVE

PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 28 de octubre de 2021, proferida por el
Tribunal Administrativo de Risaralda, que negó las pretensiones de la demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho incoada por el señor Heriberto de Jesús
Grajales Oyuela contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social.

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SEGUNDO. DECLARAR la nulidad de las Resoluciones RDP 010575 del 30 de
marzo de 2019, RDP 012660 del 22 de abril de 2019 y RDP 015463 del 21 de
mayo de 2019, a través de las cuales la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social le negó
el reconocimiento y pago de una pensión gracia al señor Heriberto de Jesús
Grajales Oyuela.

TERCERO. Como consecuencia de la anterior declaración y a título de
restablecimiento del derecho, CONDENAR a la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP) a reconocer y pagar una pensión gracia a favor del señor Heriberto de
Jesús Grajales Oyuela, identificado con cédula de ciudadanía 10.090.891, en
cuantía del 75 % del promedio de todos los factores salariales devengados en el
año anterior a la adquisición de su estatus pensional, esto es, entre el 8 de
septiembre de 2009 y el 7 de septiembre de 2010, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO. Declarar PROBADA la excepción de prescripción extintiva de las
mesadas pensionales causadas con anterioridad al 30 de agosto de 2016.

QUINTO. La UGPP hará la actualización sobre las sumas adeudadas, de
conformidad con lo establecido en el artículo 187 (inciso final) del CPACA,
teniendo en cuenta los índices de inflación certificados por el DANE y mediante
la aplicación de la fórmula matemática indicada en la parte motiva de esta
sentencia.

SEXTO. La UGPP deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro
del plazo señalado en el artículo 192 del CPACA.

SÉPTIMO. CONDENAR en costas en ambas instancias a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP). Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del
CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el despacho sustanciador de la
primera instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal
Administrativo de Risaralda.

OCTAVO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

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Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia se firmó electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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