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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 54001-23-33-000-2013-00344-01

Fecha
5 de octubre de 2023
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
45 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 54001-23-33-000-2013-00344-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F AL L A PRIMERO: MODIFICAR el numeral segundo de la sentencia proferida el 13 de agosto de 2015 por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, el cual quedará así: Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 36 Radicado: 54001-23-33-000-2013-00344-01 (4053-2015) «Segundo: A título de restablecimiento del derecho ORDÉNESE a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP- a reconocer y pagar al señor BAUDILIO RAMÍREZ ALVERNIA, identificado con la C.C. No. 13.231.784 de Cúcuta (Norte de Santander), la pensión especial o de gracia, a partir del día 20 de agosto de 2010, con los reajustes de ley y debidamente indexada conforme a lo dispuesto en el artículo 187 del C.P.C.A., según la fórmula señalada en la parte motiva de la presente providencia.» SEGUNDO: REVOCAR el numeral tercero de la mencionada sentencia, así: «TERCERO: DECLARAR que no se configuró prescripción de las mesadas pensionales» TERCERO: ABSTENERSE de condenar en costas a las partes en segunda instancia. CUARTO: ACEPTAR la renuncia al poder otorgado por la parte demandada, al abogado Santiago Martínez Devia, identificado portador de la tarjeta profesional 131.064 del Consejo Superior de la Judicatura, en tanto acreditó haber informado a la entidad su renuncia a la representación encomendada47. QUINTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 54001-23-33-000-2013-00344-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

5 de octubre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., cinco (5) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación: 54001-23-33-000-2013-00344-01 (4053-2015)
Demandante: Baudilio Ramírez Alvernia
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Temas: Reconocimiento de pensión gracia. Tiempos de servicio docente
en plazas del orden territorial y nacionalizado. Estatus pensional.
Prescripción. Aplicación de sentencias de unificación del 21 de
junio de 2018 y del 11 de agosto de 2022. MODIFICA Y
REVOCA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la
sentencia proferida el trece (13) de agosto de dos mil quince (2015) por el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander, por medio de la cual concedió las
pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

El señor BAUDILIO RAMÍREZ ALVERNIA instauró demanda en contra de la
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP) en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado
en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, con el fin de que se acceda a las siguientes

PRETENSIONES1

Que se declare la nulidad de la Resolución RDP 12258 del 13 de marzo de 2013
mediante la cual, se negó el reconocimiento y pago la pensión gracia a favor del
demandante, así como de la Resolución RDP 19001 del 25 de abril del mismo año,
que confirmó tal decisión al resolver el recurso de reposición.

1 Folio 2.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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Radicado: 54001-23-33-000-2013-00344-01 (4053-2015)

Que a título de restablecimiento del derecho se condene a la UGPP a reconocer,
liquidar y pagar la mencionada prestación conforme a las previsiones de la Ley 114
de 1913, así como el retroactivo debidamente indexado de las mesadas adeudadas
por dicho concepto desde el 16 de mayo de 2011.

Que se dé cumplimiento a la sentencia conforme a las previsiones de los artículos
192 y 195 del CPACA y se condene en costas a la parte accionada.

HECHOS2

Los hechos en que se fundamenta la demanda pueden resumirse de la siguiente
manera.

Que, durante la vida laboral del demandante, fue vinculado al magisterio como
docente territorial en el departamento de Norte de Santander, mediante el Decreto
286 de 1974 y laboró desde el 4 de abril de 1974 hasta el 31 de diciembre de 1974
en el Colegio Luis Tablanca, en el municipio del Carmen.

Que posteriormente mediante Resolución 14 de 1975, laboró en el Colegio
Municipal de Cúcuta entre el 7 de febrero de 1975 y 18 de enero de 1978; en el
Centro Educativo el Palmar de Villa del Rosario del 6 de abril de 1995 al 1. ° de
enero de 2010, vinculado en el Colegio Nocturno Luis Gabriel Castro de Villa del
Rosario (sin más datos) y; vinculado a través del Decreto 309 de 1995 al Colegio
Manuel Antonio Rueda Jara de Villa del Rosario.

Que, de conformidad con la normativa vigente, tiene derecho al reconocimiento de
la pensión gracia, por lo cual, el 6 de noviembre de 2012, el señor Baudilio Ramírez
radicó solicitud ante la UGPP con el fin de obtener el reconocimiento de dicha
prestación. La entidad demandada, mediante la Resolución RDP 12258 del 13 de
marzo de 2013, negó la prestación, decisión que fue confirmada mediante la
Resolución RDP 19001 del 9 de mayo de 2013.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida mediante auto del 30 de octubre de 2013,3 notificado a la
UGPP4, quien presentó memorial de contestación5 en el cual se opuso a las
pretensiones de la demanda al considerar que tal como se expuso en el acto
administrativo acusado, los tiempos desempeñados por el accionante entre el 10 de
abril de 1995 y el 30 de diciembre de 2010, fue con una vinculación nacional, por lo

2 Folios 3 a 5.
3 Folios 80 a 81.
4 Folio 82.
5 Folios 94 a 96.

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Radicado: 54001-23-33-000-2013-00344-01 (4053-2015)

cual, no cumplía con los requisitos para el reconocimiento de la pensión gracia.

Propuso las excepciones que denominó: inexistencia de la obligación y prescripción.

En la audiencia inicial6 resaltó que no había lugar a resolver las excepciones
propuestas por ser de fondo; fijó el litigio en relación con la procedencia del
reconocimiento y pago de la pensión gracia; asimismo procedió al decreto de las
pruebas deprecadas por las partes y de oficio que consideró como pertinentes.

En la audiencia de pruebas7, en atención al artículo 181 del CPACA se recaudaron
e incorporaron los medios de convicción decretados y se corrió traslado para alegar
de conclusión en orden de dictar sentencia escrita con posterioridad.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN8

El Tribunal Administrativo de Norte de Santander dictó sentencia escrita el 13 de
agosto de 2015, a través de la cual concedió las pretensiones de la demanda y
condenó en costas a la parte activa. Como sustento de la decisión, luego de realizar
el análisis normativo, jurisprudencial y del material probatorio, concluyó que el
demandante prestó sus servicios a favor de la Gobernación de Norte de Santander
durante 21 años, 3 meses y 14 días.

Sostuvo que según argumento de la UGPP, los tiempos relacionados entre el 10 de
abril de 1995 y el 30 de diciembre de 2010 pese a que fueron relacionados como de
carácter nacional, al revisar las pruebas allegadas, para mencionado tiempo, fue
nombrado por la Secretaría de Educación del Departamento de Norte de Santander,
mediante varios actos administrativos, de los cuáles, pudo concluir el carácter de
nacionalizado, municipal y departamental y, de conformidad con otro formato único
para la expedición del certificado de historia laboral, también se relaciona el tiempo
mencionado de carácter nacionalizado.

Que al revisar la historia laboral del demandante, pudo observar que fue vinculado
previo al 31 de diciembre de 1980, sin embargo, para tal fecha tuvo una interrupción
laboral, situación que consideró necesaria resaltar en virtud a lo dispuesto por la
jurisprudencia del Consejo de Estado9 al revisar un caso similar «docentes vinculados
hasta el 31 de diciembre de 1980, contenida en el artículo 15 numeral 2ª literal a) de la Ley
91/89, no exige que en esa fecha el docente deba tener un vínculo laboral vigente, sino que
con anterioridad haya estado vinculado. Es decir, tiene derecho a la pensión de jubilación
gracia, cuando cumpla los requisitos de Ley».

6 Folios 143 a 145 y 180 a 182.
7 Folios 257 a 259.
8 Folios 280 a 289.
9 Sentencia del 2 de febrero de 2006.

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En consecuencia, como el señor Baudilio Ramírez tuvo una vinculación previa al 31
de diciembre de 1980 y se desempeñó por más de 20 años de servicios planteles
educativos en el orden «distrital, municipal o departamental o Nacionalizados» y agotó
el cumplimiento de 50 años, tenía derecho al reconocimiento de la pensión gracia.

En cuanto al análisis de la prescripción, sostuvo que el demandante adquirió estatus
de pensionado el 17 de octubre de 2009 y solicitó el reconocimiento de la pensión
gracia el 6 de noviembre de 2012, esto es, por un lapso de 3 años y 19 días, por lo
cual, declaró prescritas las mesadas previas al 6 de noviembre de 2009.

EL RECURSO DE APELACIÓN10

La parte demandante11 solicita modificar la decisión contenida en el numeral
segundo del fallo, al considerar que existe una contradicción con lo expuesto en
parte considerativa respecto a la orden de reconocer y pagar la pensión a partir del
«6 de noviembre de 20112», pero como las declaratoria de la prescripción fue de
las mesadas anteriores al 6 de noviembre de 2009, sería a partir de esta fecha en
la que se reconoce.

Además, que la UGPP en escrito de acuerdo conciliatorio en la audiencia inicial,
propuso que el reconocimiento debía ser a partir del «6 de noviembre de 2009», por
lo cual, solicita aclarar la fecha a partir de la cual se configuró la prescripción.

La parte demandada12 solicitó revocar la decisión y en su lugar, negar las
pretensiones de la demanda al advertir que de conformidad con el artículo 1. ° de la
Ley 114 de 1993, solamente resultan beneficiarios los docentes vinculados con
anterioridad al 30 de diciembre de 1980. Ahora, como los tiempos comprendidos
entre el 10 de abril de 1995 y el 30 de diciembre de 2010, fueron del orden nacional,
el docente, no cumplió con el requisito de los 20 años de servicios de orden territorial
o departamental.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

La parte demandante presentó alegaciones finales con las que solicitó confirmarse
el fallo apelado en la medida en que cumplió los requisitos para el reconocimiento
de la pensión gracia.13 Asimismo, la UGPP presentó sus alegatos en el sentido de
ratificar los argumentos expuestos en la contestación y apelación, sobre la
improcedencia del derecho a los docentes vinculados de carácter nacional.

10 Folios 140 a 142.
11 Folios 294 a 295.
12 Folios 296 a 297.
13 Folios 380 a 386.

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Sostiene que los recursos económicos del Estado no son infinitos y por lo tanto
deben existir condicionamientos para evitar una doble remuneración y garantizar a
administración racional de los recursos del Estado.

El Ministerio Público se abstuvo de intervenir en esta etapa procesal.14

CONSIDERACIONES DE LA SALA

El problema que debe resolver la Subsección es el de determinar si el actor cumplió
con la totalidad de los requisitos para el reconocimiento de la pensión gracia,
especialmente el relativo a mantener una vinculación con carácter de territorial o
nacionalizado durante todo el tiempo de servicio y sobre el particular, entre el 10 de
abril de 1995 y el 19 de julio de 2011. En caso afirmativo, proceder a la revisión de
la configuración del estatus pensional y el fenómeno jurídico de la prescripción.

Marco normativo y jurisprudencial

En primer lugar, debe destacarse que la pensión gracia ostenta esa denominación,
habida cuenta de que es un beneficio prestacional que no requiere efectuar
cotizaciones de ninguna clase, sino, entre otros requisitos, esencialmente demostrar
la acumulación de un tiempo de servicio al Estado, tal como se determinó en la Ley
114 de 1913, que en su artículo 1° señaló que,

«Los maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio
por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación
vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente ley […]»

Por su parte, el artículo 3° de la norma en cita estableció que, «Los veinte años de
servicio podrán contarse computando servicios en diversas épocas y se tendrán en cuenta
los prestados en cualquier tiempo anterior a la ley que la creó», mientras que el artículo
4º consagró que, para gozar de la gracia de la pensión, se torna indispensable que
el reclamante demuestre el cumplimiento de los siguientes postulados.

«[…] Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el
interesado compruebe:
1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y
consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter
nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un
Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas
por la Nación o por un Departamento.
4. Que observe buena conducta.
5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).

14 Según acta secretarial obrante a folio 393.

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6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad
u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.»

Con base en lo anterior, es claro que un maestro de primaria podía recibir de manera
simultánea una pensión de carácter departamental y una nacional, pero en ningún
caso dos pensiones de este último orden.

Posteriormente, la pensión gracia se extendió a los empleados y profesores de las
escuelas normales y a los inspectores de la instrucción pública en virtud del artículo
6° de la Ley 116 de 1928, pero solo aquellos que laboraran en colegios
departamentales o municipales, planteamiento que se deriva de la prohibición «[…]
de recibir dos pensiones nacionales y que conserva su vigencia, pues la ley 116 citada, en
su artículo 6° señaló que el beneficio se concretaría […] En los términos que contempla la
ley 114 de 1913 y demás que esta complementan […]. Lo que supone el cumplimiento de
los requisitos consagrados en el numeral cuarto de esta Ley»15. Con la expedición de la
Ley 37 de 1933 se extendió el alcance de este derecho a los maestros de
establecimiento de enseñanza secundaria, pero no se efectuaron modificaciones o
adiciones a los requisitos previamente consagrados para el efecto.

De otro lado, la Ley 24 de 1947 consagró que, «Cuando se trate de servidores del ramo
docente, las pensiones de jubilación se liquidarán de acuerdo con el promedio de los
sueldos devengados durante el último año». De hecho, la Ley 4ª de 1966, en su artículo
4º, modificó la Ley 24 de 1947, indicando que «la pensión de gracia se liquidará con
base en el 75% del promedio mensual obteniendo en el último año de servicio».

Ahora bien, sobre la prerrogativa bajo estudio también resulta necesario precisar
como marco normativo aplicable al caso, que mediante la Ley 43 de 1975 se
desarrolló en Colombia el proceso de nacionalización de la educación, comprendido
desde el 1º de enero de 1976 hasta el 31 de diciembre de 1980.

Bajo tal contexto fue expedida con posterioridad la Ley 91 de 1989, por medio de la
cual se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en la que
a través del artículo 15 se reiteró el derecho a la pensión gracia para los docentes
oficiales en los siguientes términos.

«ARTÍCULO 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente
nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1° de enero de 1990
será regido por las siguientes disposiciones:

(..)
2. Pensiones:

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de
las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran

15 Consejo de Estado, Sección Segunda-Subsección- A, Sentencia de 11 de octubre de 2007, C. P. Dr. Gustavo

Gómez Aranguren, expediente 0417-07.

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desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de
gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los
requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión
Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria
de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.

B. Para los docentes vinculados a partir del 1° de enero de 1981, nacionales y
nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1o. de enero de 1990,
cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá sólo una pensión de
jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos
pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público
nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada
pensional.»

Sobre el punto, la jurisprudencia de esta corporación ha advertido que la pensión
gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados,
sino que, en virtud de sus condiciones, esta solo está prevista para los de carácter
territorial y nacionalizado, es decir, excluyendo a los docentes nacionales de su
reconocimiento. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en
sentencia S-699 del 26 de agosto de 199716 señaló que,

«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan
incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que,
como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de
diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…)
siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. […].» (Negrilla fuera de
texto).

De hecho, en punto a la naturaleza de la vinculación del docente (nacional,
nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de
Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 201817
planteó una serie de lineamientos interpretativos de obligatoria observancia en
materia de reconocimiento de la pensión gracia, de los cuales, respecto al
interrogante de si los docentes ostentan la condición de educadores nacionales solo
por el hecho de que los recursos para el pago de sus acreencias laborales
provengan del presupuesto general de la Nación, se arribó a las siguientes
conclusiones.

«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las
entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando
permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente
nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de
propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.

16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de agosto de

1997, actor: Wilberto Therán Mogollón.
17 Proceso identificado con radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014), de Gladys Amanda

Hernández Triana contra la UGPP.

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ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que
les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por
asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.

iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos
regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades
territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los
entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los
referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º,
de la Ley 24 de 1988).

iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban
los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados12, resulta
factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las
erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores
territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación
—situado fiscal— como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso,
el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales
dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de
rentas exógenas y endógenas.

v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último,
certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal13; y (ii) por
el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen
o fuente en la Nación.

vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha
previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la
respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial
es de carácter territorial.

vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente
relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la
plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues
conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que
respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía
directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas
—situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos
educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores
nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos
del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones.» (Resaltado del
texto original)

En atención a lo descrito hasta este punto, se advierte que el carácter territorial o
nacionalizado de una plaza educativa es lo verdaderamente importante para el
reconocimiento de la pensión gracia, al margen del origen de los recursos que
financian el pago de los salarios y prestaciones de los educadores.

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Incluso, también resulta evidente que para efectos de determinar si un docente es
nacional, territorial o nacionalizado, debe verificarse en primer lugar la naturaleza
de la plaza a ocupar, lo cual se puede advertir observando quién y bajo qué
competencia se expide el acto administrativo de nombramiento, valga decir, si se
da por parte de los alcaldes o gobernadores directamente en calidad de
empleadores, con independencia de los recursos que se utilicen para su
financiación, o si lo propio ocurre en virtud de una autorización legal mediante la
cual dichas autoridades administran al personal de educadores en nombre y
representación del Ministerio de Educación Nacional conforme a los artículos 9 y 10
de la Ley 29 de 1989.

Finalmente, debe recalcarse que en reciente sentencia de unificación SUJ-030-CE-
S2-2022 del 11 de agosto de 2022,18 la Sección Segunda también fijó como regla
jurisprudencial sobre la interpretación que debe darse al artículo 15, numeral 2,
literal a, de la Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia,
que «Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o
nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás
requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».

Se precisa además que las anteriores providencias de unificación jurisprudencial
definieron que las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de
obligatoria aplicación para aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede
administrativa como judicial.

En tal sentido, conforme a la normativa y la línea jurisprudencial expuesta, se
concluye que para consolidar el derecho a la pensión gracia, el docente oficial debe
cumplir con los siguientes requisitos.

i) Que acredite 50 años de edad.

ii) Que laboró como maestro oficial durante 20 años en establecimientos educativos
oficiales de orden exclusivamente territorial, es decir, distritales, departamentales o
municipales, esto en primaria o en secundaria, bien sea como normalista, inspector
de instrucción pública, o incluso en calidad de educador nacionalizado, con
posibilidad de adicionar períodos en uno u otro cargo, pero de ninguna manera
acumulando o relacionando tiempos de servicio a la Nación, los cuales, en todo
caso, no son aquellos en los que hubiese existido financiación de las acreencias
laborales a través del Sistema General de Participaciones, sino en los que se
advierta que el nombramiento fue efectuado directamente por el Ministerio de
Educación Nacional, o por el un alcalde o gobernador pero en representación del
Gobierno Nacional.

18 Proceso identificado con radicación 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017), de Hirma Nubia Jiménez

Lozano contra la UGPP.

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iii) Que haya ostentado alguna vinculación bajo las anteriores calidades con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980.

iv) Que haya demostrado buena conducta en su labor, desempeñada con honradez
y consagración.

Resolución del caso concreto

El asunto bajo estudio deberá resolverse a partir de los motivos de inconformidad
expuestos por los apelantes, mismos que se suscriben a determinar si el actor
cumplió con la totalidad de los requisitos para el reconocimiento de la pensión
gracia, especialmente el relativo a mantener una vinculación con carácter territorial
o nacionalizado y en particular, entre el 10 de abril de 1995 y el 19 de julio de 2011.
De igual manera, la fecha de la configuración del estatus pensional y si hay lugar a
la prescripción.

En concordancia con lo previsto en el artículo 328 del Código General del Proceso,
en atención a que la apelación fue presentada por las partes, esta Sala procede a
la revisión del fallo en todos los aspectos y, por tanto, evaluará la configuración de
los requisitos del demandante para el reconocimiento de la pensión gracia.

Pues bien, frente al primer requisito enunciado relacionado con la edad, se
observa que el señor Baudilio Ramírez Alvernia nació el 10 de noviembre de 194819,
de modo que cumplió los 50 años el 10 de noviembre de 1998.

Respecto al segundo requisito atinente a la acumulación de 20 años de servicio
de la reclamante como docente territorial o nacionalizada, (el cual es punto de
debate en esta instancia), se advierte en primer lugar que conforme a los Formatos
Únicos para la Expedición de Certificados de Historia Laboral emitidos entre los
siguientes tiempos: del 19 de abril al 31 de diciembre de 197420; del 7 de febrero
de 1975 al 18 de enero de 197921; del 10 de abril de 1995 al 19 de julio de 201122;
donde puede evidenciarse su vinculación de carácter territorial y nacionalizado.

Así, con el fin de corroborar la vinculación nacionalizada del docente al 31 de
diciembre de 1980, esta Sala procederá al análisis de los tiempos desempeñados
por el actor, sobre los cuales, se destacan los siguientes actos:

19 De conformidad con la copia de la cédula de ciudadanía visible a folio 24.
20 Folios 43 a 44.
21 Folios 45 a 46.
22 Folios 47 a 49 y certificado adjunto en CD de antecedentes disciplinarios.

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• Del 19 de abril al 31 de diciembre de 197423

En primer lugar, sobre este tiempo, no obra en el plenario documento de
nombramiento ni de posesión del que pueda extraerse la calidad del nombramiento
del docente Baudilio Ramírez, si bien es cierto, este tiempo únicamente se
encuentra certificado en el Formato Único para la Expedición de Certificado de
Historia Laboral, en el que describe que se desempeñó como docente del Colegio
Luis Tablanca del municipio del Carmen de Norte de Santander, tal como se adjunta
en la imagen:

23 Folios 45 a 46.

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Sobre la procedencia del anterior documento como prueba para la verificación de la
vinculación de los docentes, la sentencia de unificación del 21 de junio de 2018,
señaló:
«[…] vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha
previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la
respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial
es de carácter territorial […]»

Así, del certificado allegado y frente al análisis de la naturaleza jurídica del vínculo
en comento, es adecuado resaltar que la Corte Constitucional en sentencias C-084
de 1999, por medio de la cual se estudió la constitucionalidad del artículo 15,
numeral 2, literal b), de la Ley 91 de 1989, así como en la C-085 de 2002, precisó
que,

«[…] antes de la "nacionalización" de la educación primaria y secundaria oficial
decretada por la Ley 43 de 1975 para ser cumplida en un período de cinco años, es
decir hasta el 31 de diciembre de 1980, existían dos categorías de docentes
oficiales, a saber: los nacionales, vinculados laboralmente de manera directa
al Ministerio de Educación Nacional; y los territoriales, vinculados
laboralmente a los departamentos, en nada se oponía a la Constitución entonces
en vigor, que existiera para éstos últimos la denominada "pensión gracia", de que
trata la Ley 114 de 1913, posteriormente extendida a otros docentes por las leyes
116 de 1928 y 37 de 1933, como tampoco se opone la prolongación de sus efectos
en el tiempo para quienes actualmente la disfrutan, o reunieron los requisitos
sustanciales para tener derecho a ella antes del 31 de diciembre de 1980, pues la
diversidad del empleador (nación o departamento), permitía, conforme a la Carta,
establecer un trato distinto y una excepción al principio general prohibitivo de
devengar dos asignaciones del Tesoro Público, situación ésta que resulta
igualmente acompasada con la Constitución Política de 1991, pues la norma
acusada (artículo 4º, numeral 3º Ley 114 de 1913), en nada vulnera el principio de
la igualdad consagrado por el artículo 13 de la Carta Magna, el cual prohibe (sic)
dispensar trato diferente y discriminado "por razones de sexo, raza, origen nacional
o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica", nada de lo cual ocurre en
este caso. […]» (Negrilla de la Sala)

«[…] los docentes nacionalizados son los vinculados antes del 31 de diciembre de
1980, por las entidades territoriales. […]».

Por lo tanto, al observar que la primera vinculación de la accionante tuvo lugar del
19 de abril de 1974 y solo duró hasta diciembre de la misma anualidad, esto es,
antes del 1º de enero de 1976 e incluso previo al 31 de diciembre de 1980, resulta
acertado asegurar que el período en mención fue laborado como docente territorial,
tanto así que la misma entidad demandada no pone en duda la contabilización de
este lapso en la Resolución RDP 012258 del 13 de marzo de 201324, tal como se

24 Folio 29.

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observa a partir de la siguiente imagen, ello a pesar de que lo haya tomado como
de carácter nacionalizado.

De hecho, al margen de que la entidad demandada hubiese tenido en cuenta esta
vinculación como nacionalizada en vez de territorial, lo cierto es que aquella
situación no afecta en nada su cómputo, pues en este escenario judicial lo que se
estimará es que dicho vínculo tuvo lugar bajo la última calidad en comento, toda vez
que como se señaló en la sentencia C-085 de 2002, antes de la entrada en vigencia
de la Ley 43 de 1975 solo existían docentes nacionales y territoriales, y en este
caso, al no advertir la intervención directa o indirecta del Ministerio de Educación en
el nombramiento de la reclamante, únicamente es dable concluir que su relación
legal y reglamentaria durante este tiempo necesariamente fue del orden municipal,
pues no logró pasar por el proceso de nacionalización.

• Del 7 de febrero de 1975 al 18 de enero de 1979

Para este tiempo señalado, obra la Resolución 014 del 7 de febrero de 197525, a
través de la cual, la Junta Directiva del Colegio Municipal de Bachillerato de Cúcuta,
realizó el nombramiento del señor Baudilio Ramírez, como profesor licenciado,
cargo del cual tomó posesión26 ante el alcalde del municipio de San José de Cúcuta
y el secretario municipal, así:

25 Folio 59.
26 Folio 60.

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Ahora, nótese que del decreto y la posesión efectuada no obra relación alguna que
el alcalde los haya realizado con ocasión al proceso de nacionalización adelantado
por la Ley 43 de 1975, por el contrario, se tiene que fue en virtud de las mismas
facultades del ente territorial que la Ley así lo previo.

Asimismo, obra en el plenario, la Resolución 016 del 10 de febrero de 197727, donde
la Junta Administradora del Colegio Municipal de Bachillerato del Departamento de
Norte de Santander, ratificó en el cargo de docente al señor Baudilio Ramírez, acto
administrativo dentro del cual, no se avizora intervención alguna por parte del
Ministerio de Educación Nacional o de sus delegados, tal como se observa:

27 Folios 61 a 62.

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Así las cosas, se tiene que la vinculación desempeñada en el periodo antes
mencionado es territorial, en los términos de la Ley 91 de 1989 la que en su artículo
1º consagró lo siguiente.

«ARTÍCULO 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán
el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:

Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional.

Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de
conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.

Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.» (Líneas intencionales).

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Lo anterior, también se sustenta en el Formato Único para la Expedición del
Certificado de Historia Laboral expedido el 11 de agosto de 2010, en el que relaciona
que el docente se desempeñó en el plantel educativo municipal, Colegio Municipal
de Bachillerato de San José de Cúcuta:

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En consecuencia, del mencionado decreto de nombramiento y posesión de 1974
proferido por el alcalde, así como la ratificación del cargo suscrita por el presidente,
vicepresidente y secretario de la Junta Administradora del Colegio Municipal de
Bachillerato del Departamento de Norte de Santander y del certificado adjunto, no
existió intervención alguna del delegado o directa por parte del Ministerio de
Educación Nacional, y se sustenta además en la jurisprudencia relacionada en
mención al personal vinculado «a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del
requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.»

Además, el anterior periodo, también fue aceptado por la entidad accionada en la
Resolución RDP 012258 del 13 de marzo de 201328 que ahora es objeto de nulidad
como una vinculación de carácter «municipal», así:.

• Periodo comprendido entre el 10 de abril de 1995 al 19 de julio de
2011

En el escrito de apelación presentado por la UGPP, alega que el señor Baudilio
Ramírez no cumplió con el requisito de los 20 años de servicio de carácter territorial
o nacionalizado, al considerar que entre «el 10 de abril de 1995 y el 30 de septiembre
de 2010», el docente tuvo una vinculación nacional, como sustento de ello, alega el
contenido de los certificados que menciona como «de tiempo de servicios y de factores
salariales» en los que se relacionó con el mismo carácter.

Sobre el particular se resalta que, en el ejercicio del derecho fundamental a la
defensa, la UGPP debió proponer los recursos que considerara pertinentes para
objetar la validez de tales certificados en las etapas procesales correspondientes,
sin embargo, no obran en el plenario tales actuaciones, por el contrario, solo existen
argumentos de inconformidad al respecto.

Como resultado de la revisión de lo alegado, solamente encuentra la Sala, el
certificado allegado en el CD de antecedentes administrativos en el cual, se indica
que la relación del 10 de abril de 1995 al 19 de julio de 2011, con «x» al lado de
«nacional». Sin embargo, no puede llegarse a esta conclusión únicamente con dicho
documento, por lo que, se procederá a revisar el contenido de los actos

28 Folio 29.

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20

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administrativos aportados al plenario para determinar si el docente cumple con los
requisitos para ser beneficiario de la pensión gracia.

Por lo anterior, del análisis probatorio que obra en el proceso, se tiene que como
soporte de la relación laboral que en calidad de docente ejerció el señor Baudilio
Ramírez, obra en el plenario el Decreto 309 del 8 de abril de 199529, mediante el
cual, el Gobernador del departamento de Norte de Santander en uso de sus
facultades legales contenidas en el «ARTICULO 6 DE LA LEY 60 DE 1993. EL
ARTICULO 10 DE LA LEY 29 DE 1989. EL PARAGRAFO 1 DEL ARTICULO 105 DE LA
LEY 115 DE 1994 Y LOS DECRETOS 2277 DE 1979 Y 1706 DE 1989», lo nombró como
docente en la especialidad de Biología -Química, en la escuela el Palmar, tal como
puede evidenciarse:

29 Folios 63 a 65.

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En el referido acto administrativo, expresamente se indica que este nombramiento
efectuado por el gobernador del departamento de Norte de Santander, se hacía en
virtud de lo previsto en el artículo 10 de la Ley 29 de 1989, el cual consagra que,

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«[…] Artículo 10.- Los Gobernadores, Intendentes y Comisarios, asumirán
temporalmente las atribuciones contenidas en el artículo anterior cuando financiera
y/o administrativamente un municipio no pudiera asumir tal responsabilidad.

Una vez superadas las limitaciones financieras y/o administrativas previa solicitud
del Alcalde, el Ministerio podrá mediante Resolución trasladar tal competencia.»

Este, en concordancia con la delegación de las atribuciones del artículo 9 de la Ley
29 de 1989, que dispuso:

«[…] Se asigna al Alcalde Mayor del Distrito Especial de Bogotá, y a los alcaldes
municipales, las funciones de nombrar, trasladar, remover, controlar y, en general
administrar el personal docente y administrativo de los establecimientos educativos
nacionales o nacionalizados, plazas oficiales de colegios cooperativos, privados,
jornadas adicionales, teniendo en cuenta las normas del Estatuto Docente y la
Carrera Administrativa vigentes y que expidan en adelante el Congreso y el
Gobierno Nacional, ajustándose a los cargos vacantes de las plantas de personal
que apruebe el Gobierno Nacional y las disponibilidades presupuestales
correspondientes.

[…] Se asignan a los gobernadores, intendentes, comisarios y Alcalde Mayor de
Bogotá, las funciones de nombrar, remover, controlar y, en general, administrar el
personal administrativo, nacional y nacionalizado, de los equipos de educación
fundamental, teniendo en cuenta la Carrera Administrativa […]»

Recordemos que el alcance de esta última es relativo a la desconcentración
administrativa al asignar como función a cargo de los alcaldes, la de nombrar,
trasladar, remover, controlar y, en general, administrar el personal docente y
administrativo de los establecimientos nacionales y nacionalizados, razón por la cual
no se puede concluir automáticamente que un nombramiento efectuado con
sustento en dicha norma tiene alguna de esas dos connotaciones, hasta tanto no
se verifiquen las demás causas y contextos de la vinculación.

Adicionalmente, a partir del aludido decreto también se concluye que la vinculación
de la reclamante tuvo lugar con el fin de dar cumplimiento a los Decretos 2277 de
1979 que reguló las condiciones de ingreso, egreso y otras situaciones
administrativas en el ejercicio de la profesión docente y, el 1706 de 1989 «Por el cual
se reglamentan los artículos 7º, 10 y 18 de la Ley 29 de 1989, y se dictan otras
disposiciones».

De ahí que deba arribarse a la conclusión de que el procedimiento que se reguló en
la norma antes transcrita hace referencia a la designación tanto de docentes
nacionales como nacionalizados, en la medida que la creación de esta obedeció a
la facultad asignada por los artículos 9 de la Ley 29 de 1989 y, por tanto, se debe
hacer remisión al contenido en ella dispuesto para complementar el supuesto de
hecho de la misma norma.

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También, en dicho Decreto 309 de 1995, se menciona en la parte considerativa que
«mediante Decreto Número 000198 de marzo 7 de 1995, se convirtieron 486 Soluciones
Educativas en Plazas Docentes y se hace necesario el nombramiento de los docentes»,
sobre las mencionadas soluciones educativas, creadas a partir del Decreto 61 de
199230 y con sustento en el Según el documento del Departamento Nacional de
Planeación de 19 de marzo de 1991, denominado “Plan de Apertura
Educativa 1991-1994”, del Consejo Nacional de Política Económica y Social
que expidió el CONPES 2158 de 199131, nacional y, especialmente donde se
observa:

El estudio para promover la transformación de la educación sobre la administración
de los recursos y las soluciones educativas, señaló algunas irregularidades, tales
como:

«Con la Ley 29 de 1989 se trasladó a los municipios la administración de personal
y la prestación del servicio educativo. Sin embargo; la asignación y la administración
de los recursos de financiación se mantienen en el nivel central, creándose una
inconsistencia en el proceso de descentralización e impidiendo que el nivel
municipal pueda disponer de los instrumentos esenciales para una eficiente
prestación del servicio. En el futuro, es necesario trasladar al nivel local las
responsabilidades de administración, el manejo autónomo de los recursos
financieros y, además, la posibilidad de crear nuevas fuentes de financiación para
la educación»
[…]
El sistema de "Soluciones Educativas" presenta algunos inconvenientes. En algunos
casos se contratan docentes sin las calidades requeridas y, en otros, los niveles
salariales son muy bajos. Además, crea problemas jurídicos por virtual
incompatibilidad con el régimen laboral vigente. Sin embargo, este sistema ha
demostrado ser flexible por la facilidad de contratación que no posee la planta actual
de docentes, y ha posibilitado que se lleve educación a zonas de difícil acceso, de
gran importancia social, hecho que sería difícil con las normas generales.

Con ocasión a lo mencionado, el documento propuso en particular el objetivo
relacionado con la universalización, así:

«[…] B. Reorientar el Programa de Universalización dé la Educación Básica
Primaria.

[…] Los docentes faltantes en las zonas de expansión de la primaria sé proveerán
mediante acuerdos entre la Nación y los municipios o los departamentos para
ampliar la planta docente. Para garantizar la permanencia de los nuevos docentes
en las zonas rurales, se establecerá un sistema de incentivos compuesto por un
seguro privado de salud para el maestro y su familia; y el acceso expedito al
programa de vivienda social.
[…]
4. Diseñar mecanismos para que la contratación de nuevos docentes oficiales se
realice por los municipios, mediante sistemas mixtos de transferencia de recursos
nacionales y apropiaciones regionales y locales. Asimismo, promover el traslado de

30 Por el cual se institucionaliza el "Plan Universalización de la Educación Básica Primaria".
31 https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/2518.pdf

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los docentes contratados por el Gobierno Nacional bajo la modalidad de "Soluciones
Educativas" a las plantas municipales […]»

Puede evidenciarse que el plan relacionado con las «soluciones educativas»
permitía la prestación del servicio público en zonas rurales de difícil acceso,
mediante el cual, resultaba más práctica la vinculación de los docentes a partir de
una especie de contratación, por un tiempo determinado, conforme al presupuesto
aprobado por las entidades nacionales, territoriales o departamentales, tal como lo
previó el Decreto 61 de 1992:

«ARTICULO 6o. La ejecución financiera de los recursos del plan en el nivel nacional
está a cargo del fondo del Ministerio de educación Nacional; en el nivel seccional a
cargo de los fondos educativos regionales, FER, de los centros experimentales
Piloto, CEPT, y del Agente Financiero, cuando sea necesario; y en el nivel municipal
a cargo de los alcaldes, de las tesorerías municipales y del agente financiero, si
fuere necesario».

En concordancia con lo anterior, esta Corporación32 ha señalado:

«61. En efecto, el sistema de “Soluciones Educativas”, consistía en la contratación
anual de docentes por los municipios, con recursos del gobierno nacional, con cargo
a sus propios recursos, de suerte que se convirtió en una opción flexible por la
facilidad de vinculación de docentes y posibilitó que se llevara la educación a zonas
de difícil acceso.

[…]

64. De acuerdo con el anterior recuento, el tiempo servido como docente en
programas de “soluciones educativas” debe tomarse como servido en educación
primaria en entidades territoriales, razón por la cual es posible computarlo para
efectos de acreditar el requisito de tiempo para el reconocimiento de la pensión
gracia33.»

Para concluir sobre este aspecto mediante el cual, el señor Baudilio Ramírez
Alvernia fue vinculado en 1995 a través de la modalidad de soluciones educativas y
tal y como lo dispuso el mismo Decreto 309 de 1995, los recursos fueron a través
de los Fondos Educativos Regionales, vinculación que se considera como
nacionalizada y que debe ser computable para el reconocimiento de la pensión
gracia, en atención a que no existe prueba diferente que demuestre los
nombramientos a cargo del Ministerio de Educación Nacional.

32 Sentencias del 26 de noviembre de 2018, radicación: 50001-23-33-000-2009-00316-02 (2470-2015), del 2 de

octubre de 2020, radicación: 68001-23-33-000-2016-00368-01 (5573-2018) y del 24 de agosto de 2023,
radicación: 68001-23-33-000-2014-00701-01 (4075-2015).
33 El tiempo laborado como docente de soluciones educativos fue tenido en cuenta para efectos de la pensión

de jubilación gracia en sentencia de 2 de agosto de 2018, Radicación; 70001233300020150024301(2739-2016).

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De otra parte, al retornar a la historia laboral relacionada con el señor Baudilio
Ramírez, posteriormente, le fue conferida una comisión mediante la Resolución 709
del 28 de julio de 199734 al servicio del Colegio Luis Gabriel Castro (Nocturno),
según el cual, se desempeñó hasta el 27 de julio de 1997.

Además, obra en el plenario, la Resolución 1222 de del 28 de julio de 199735
mediante la cual, fue creada la planta de personal « Directivo Docente y Docente del
Departamento del Norte de Santander», mediante tal acto administrativo, se incorporó
el señor Baudilio Ramírez a la planta de personal de la institución «en las mismas
condiciones de vinculación, tiempo y remuneración en que vienen prestando sus servicios»
y que los docentes «incorporados mediante la presente Resolución, continuaran
cancelándose con recursos provenientes del situado fiscal y propios del Departamento».
Lo anterior, puede observarse en el mencionado acto, así:

34 Folio 204.
35 Folio 199 203.

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Es así como puede verse que la vinculación fue nacionalizada a partir de 1995, en
virtud de las llamadas «soluciones educativas» con la prestación de sus servicios
como docente en las escuelas ubicadas en el municipio de Villa del Rosario (Norte
de Santander).

Adicionalmente, obra el Decreto 13 del 7 de enero de 200536, suscrito por el
gobernador del departamento de Norte de Santander, que en ejercicio de sus
facultades conferidas por la Ley 715 de 200137 y los Decretos 3020 de 200238 y

36 Folios 218 a 220.
37 Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los

artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras
disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros.
38Por el cual se establecen los criterios y procedimientos para organizar las plantas de personal docente y

administrativo del servicio educativo estatal que prestan las entidades territoriales y se dictan otras
disposiciones.

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«00240 de 2004»; dispuso «modificar el art. 1° del Decreto 344 del 11 de agosto de 2004
“por el cual se incorpora la planta de personal docente a la planta de cargos adoptada por
el Departamento de Norte de Santander» e incorporó sin solución de continuidad al
docente, tal como se observa:

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Por lo expuesto, como el docente estuvo vinculado a través del proceso de
nacionalización con ocasión a vinculaciones educativas y posteriormente
incorporado a los planteles educativos del departamento, es posible concluir que el
empleo ejercido por el demandante estaba provisto dentro de la misma estructura
funcional del departamento de Norte de Santander para el municipio de Villa del
Rosario, misma que involucró al Ministerio de Educación Nacional, pero que no
determinó el carácter de la vinculación, porque tal como quedó expuesto los
nombramientos y posesiones fueron realizados por la autoridad departamental.

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A partir del Decreto 13 de 2005, el señor Baudilio Ramírez ya no tuvo más
nombramientos, solamente le fueron reconocidos una serie de « ascensos y cambios
de sueldo» tal como puede repararse.

Ahora bien, toda su historia laboral se encuentra relacionada en el Formato Único
para la Expedición de Certificado de Historia Laboral emitido el 24 de agosto de
201039 por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en el que
relaciona las vinculaciones antes expuestas entre el 10 de abril de 1995 al 1.° de
enero de 2010, donde se desempeñó al servicio del Centro Educativo el Palmar; el
Colegio Nocturno Luis Gabriel Casteo y el Colegio Manuel Antonio Rueda Jara en
el municipio Villa del Rosario, en el departamento de Norte de Santander, así:

39 Folios 47 a 49.

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Como se aprecia de los anteriores actos y del certificado adjunto, a pesar de que
los nombramientos del actor en este caso tuvieron lugar por decisión directa del
gobernador del departamento del Norte de Santander, tal vínculo debe entenderse
como nacionalizado toda vez que tal y como se expuso, las plazas fueron creadas
en vigencia y cumplimiento del artículo 10 de la Ley 43 de 1975 y bajo los postulados
del artículo 6° de dicha norma, en virtud del cual los recursos para atender el
proceso de nacionalización serían administrados por los Fondos Educativos
Regionales (FER) con sujeción a los planes que en su momento debía establecer
el Ministerio de Educación, intervención que también se encuentra demostrada en
esta oportunidad.

Como sustento adicional para arribar a esta conclusión y determinar que el
demandante fue docente oficial nacionalizado en este tiempo objeto de estudio, es
adecuado resaltar que el Consejo de Estado40 ha precisado sobre la primera
clasificación en comento que, «El carácter nacionalizado de la designación […]
encuentra respaldo en el artículo 1 de la Ley 91 de 1989, en tanto dispone que son
nacionalizados aquellos «docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial
antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo
dispuesto por la Ley 43 de 1975»

Ahora bien, dado que el demandante en el recurso de apelación advierte una
imprecisión en la configuración de la prescripción, resulta necesario proceder a
verificar a configuración del estatus pensional para luego analizar la respectiva
prescripción de las mesadas.

De otra parte, el Tribunal Administrativo del Norte de Santander, en la sentencia del
13 de agosto de 2015, tuvo de presente el tiempo acreditado en el certificado en el
formato único para la expedición de certificado de historia laboral41 (del 10 de abril
de 1995 al 1.° de enero de 2010) y los tiempos posteriores, según la constancia
expedida por la responsable de área administrativa de la Secretaría de Educación
Departamental42, donde relaciona el pago por concepto de valores salariales (entre
el 1.° de enero de 2010 y el 6 de junio de 201343).

Sin embargo, en cuanto al límite de finalización del periodo en que el señor Baudilio
Ramírez se desempeñó como docente a partir del último acto de incorporación
contenido en el Decreto 13 del 7 de enero de 2005, esta Sala tendrá en cuenta para
la fecha posterior al 1.° de enero de 2010, el formato único para la expedición de
certificado de historia laboral allegado en el CD de antecedentes administrativos y
el cual se discutió en el acápite anterior (que resulta válido porque quedó
desvirtuada la calidad de vinculación nacional), del cual, se relaciona que el

40 Sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018.
41 Folios 47 a 49.
42 Folios 50 a 51.
43 Fecha de expedición del certificado, al continuar el docente con vinculación activa.

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demandante también continúo con los siguientes ascensos hasta el 19 de julio de
2011, tal como se adjunta:

Por ello, será el 19 de julio de 2011 el límite temporal de la finalización en la
prestación del servicio y con el fin de proceder a verificar la fecha en la que el señor
Baudilio Ramírez configuró su estatus pensional, pues no obra en el plenario prueba
alguna de la fecha del retiro del docente.

Por lo tanto, se procederá a relacionar los tiempos de labor oficial del señor Baudilio
Ramírez Alvernia en plazas como docente nacionalizado, que se acreditaron de la
siguiente forma.

ENTIDAD QUE EXPIDE EL ACTO Y TIPO DE
DESDE HASTA AÑOS MESES DÍAS ACTO DE NOMBRAMIENTO
POSESIONA PLAZA
Decreto 286 del 4 de abril
19/04/1974 31/12/1974 Sin Decreto Nacionalizado
0 8 12 de 1974
Resolución 14 del 7 de Presidente Junta Administradora
7/02/1975 9/02/1977 Territorial
2 0 2 febrero de 1975 del Colegio
Resolución 16 del 10 de Presidente Junta Administradora
10/02/1977 18/01/1979 Territorial
1 11 8 febrero de 1977 del Colegio
Decreto 309 del 6 de abril Gobernador del Departamento
10/04/1995 Nacionalizada
de 1995 del Norte de Santander
Resolución 709 del 7 de Gobernador del Departamento
11/04/1995 27/07/1997 Nacionalizada
2 3 16 abril de 1995 del Norte de Santander
Resolución 1222 del 28 de Gobernador del Departamento
28/07/1997 6/01/2005 Nacionalizada
7 5 9 julio de 1997 del Norte de Santander
Decreto 13 del 7 de enero Gobernador del Departamento
7/01/2005 19/07/2011 Nacionalizada
6 6 12 de 2005 del Norte de Santander
TOTAL 18 33 59 TOTAL DE TIEMPO DE SERVICIO = 20 AÑOS, 10 MESES Y 29 DÍAS

En suma, al no encontrar razones que justifiquen prescindir del tiempo laborado por
el demandante como maestro oficial así: como Territorial entre el 19 de abril de
1974 y el 31 de diciembre de 1974 y, del 7 de febrero de 1975 al 18 de enero de
1979 y; Nacionalizado desde el 11 de abril de 1995 hasta el 19 de julio de 2011,
observa la Sala que aquel satisfizo el requisito de cumplir 20 años al servicio estatal
como educador del orden nacionalizado y territorial.

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De otra parte, se observa que, en el proveído impugnado se indicó que la fecha de
adquisición del estatus pensional del reclamante fue por cumplimiento del tiempo
de servicio que se estimó completado el 17 de octubre de 2009 «por ostentar a esa
fecha más de 50 años de edad y 20 años de servicio como docente». No obstante,
la Subsección al analizar el cómputo de los períodos de vinculación del actor
encontró que, para la primera fecha en comento, aquella detentaba 19 años,1 mes
y 27 días, lo cual implicaba que aún debía laborar 11 meses y 3 días más a fin de
obtener los 20 años de servicio.

Por lo tanto, al realizar el respectivo cálculo, la fecha de adquisición del estatus
pensional por parte del accionante, solo ocurrió hasta el 20 de agosto de 2010, tal
como se observa del siguiente cuadro.

DESDE HASTA AÑOS MESES DÍAS
19/04/1974 31/12/1974 0 8 12
7/02/1975 9/02/1977 2 0 2
10/02/1977 18/01/1979 1 11 8
10/04/1995 10/04/1995 0 0 0
11/04/1995 27/07/1997 2 3 16
28/07/1997 6/01/2005 7 5 9
7/01/2005 20/08/2010 5 7 13
TOTAL = 20 AÑOS 17 34 60

En consecuencia, habrá de modificarse la sentencia recurrida, en el sentido de
precisar que el señor Baudilio Ramírez Alvernia configuró su estatus de
pensionado el 20 de agosto de 2010.

Seguidamente, sobre el tercer requisito referente a la necesidad de demostrar
alguna vinculación en una plaza docente de iguales calidades a las mencionadas
con anterioridad, ello previo al 31 de diciembre de 1980, se deriva sin dificultad del
hecho de que el actor efectivamente se desempeñó como tal al servicio del
departamento del departamento de Norte de Santander, mediante varias
vinculaciones como se referenciaron a través de una relación y reglamentaria así
como de soluciones educativas e incorporación, del 19 de abril de 1974 al 31 de
diciembre de 1974; del 7 de febrero de 1975 al 18 de enero de 1979 y; desde el
11 de abril de 1995 hasta el 19 de julio de 2011, es decir, en un período anterior a
la primera fecha en comento, por lo que se encuentra colmada la exigencia objeto
de análisis.

En punto al cumplimiento del cuarto requisito que se circunscribe a la verificación
de la buena conducta de la apelante, entendida como el ejercicio del cargo con
honradez y consagración, se resalta que este aspecto no fue objeto de discusión en
sede administrativa, así como tampoco en la primera instancia y mucho menos a

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través del recurso de apelación objeto de análisis en esta oportunidad, por lo que
se presume la buena fe del interesado en cuanto a la acreditación de este
requerimiento normativo.

Análisis de la prescripción

En el escrito allegado por la parte demandante, solicita aclarar la fecha de la
declaratoria de la prescripción de las mesadas, al considerar que, en el fallo
recurrido el tribunal refirió «las acreencias anteriores al 06 de noviembre de 2009, se
encuentran prescritas y el reconocimiento de las mismas se hará a partir de tal fecha»

Pero en el numeral segundo del resuelve, ordenó reconocer «la pensión especial o
de gracia, a partir del día 06 de noviembre de 2012.»

En atención a lo resuelto, debe mencionarse que, al entrar a estudiar de manera
completa, los argumentos desarrollados en la sentencia objeto de reproche por las
partes y dado que se modificó el estatus del pensionado, para resolver este acápite,
se tendrán en cuanta las siguientes consideraciones:

Sobre la prescripción, el Consejo de Estado44 ha señalado que la estructuración de
la mentada figura requiere que transcurra un determinado lapso durante el cual no
se hayan ejercido las acciones correspondientes para reclamar los derechos que
considera vulnerados. Ese tiempo se cuenta por 3 años desde que la obligación se
haya hecho exigible, con una posibilidad de interrupción del término por un lapso
igual, tal como lo indica el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969 aplicable al
presente caso.

Pues bien, para determinar el momento de exigibilidad del derecho a restablecer a
partir de la cual debe comenzar a contabilizarse el término referido en el presente
caso, tendrá que considerarse el hecho de que esta fecha tal y como se corrigió
previamente, se concretó el 20 de agosto de 2010 cuando el demandante acreditó
los 20 años de servicio, esto es, posterior al cumplimiento de los 50 años de edad
(10 de noviembre de 1998), pues ese primer momento fue en el que acreditó la
totalidad de requisitos para consolidar la prerrogativa bajo estudio.

Por lo anterior, se procederá a verificar si están dados los presupuestos para la
declaratoria de prescripción, así la petición de reclamación de la pensión gracia, fue
presentada el 6 de noviembre de 201245 por el apoderado del señor Baudilio
Ramírez y, a su vez, radicó la demanda el 24 de junio de 201346, esto es, dentro del
término de los 3 años siguientes a la fecha de causación de la prestación solicitada

44 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 15

de noviembre de 2012, número interno: 1446-2012.
45 Folios 26 a 28.
46 Ver sello de radicación a folio 70.

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y de su interrupción, por lo que en el presente caso es claro que no se configuró la
excepción bajo estudio y en consecuencia deberá reconocerse la prestación desde
su misma fecha de efectividad.

Con base en lo expuesto previamente, se estima que resultó acertado el estudio
efectuado por el tribunal de primera instancia en el fallo apelado para conceder el
reconocimiento de la prestación solicitada por el actor, no obstante, habrá de
modificarse respecto a la fecha de la configuración del estatus pensional y la
improcedencia de la prescripción de mesadas pensionales.

Condena en costas de segunda instancia

Sobre la imposición de dicha carga, es importante aclarar que la jurisprudencia de
la Subsección A del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo valorativo
consagrado en el artículo 188 del CPACA, según el cual en toda sentencia el juez
procederá a su reconocimiento cuando encuentre demostrado en el proceso que
estas se causaron, sin que en esa valoración fuera relevante analizar si las partes
actuaron de manera temeraria, mal intencionada o de mala fe. No obstante, dicho
criterio fue variado con la adición introducida por el artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, en el que se indica que la condena en costas es viable, siempre y cuando se
acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal.

Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A aclara que adoptará una nueva postura en la cual, en las sentencias
proferidas a la luz de la nueva normativa se deberá analizar la conducta realizada
por las partes en el proceso, entre ello, si se presentó o no carencia de
fundamentación jurídica conforme a lo señalado en el inciso 2º del artículo 188 de
la Ley 1437 de 2011.

En el presente caso, aplicando el criterio anunciado, la Sala observa que los
argumentos del recurso de apelación y de los alegatos de conclusión presentados
por las partes no presentan una carencia de fundamentación legal que dé lugar a la
condena en costas. Contrario a ello, ambos extremos del litigio manifestaron
planteamientos razonables para la defensa jurídica de sus intereses. En
consecuencia, no se impondrá condena en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F AL L A

PRIMERO: MODIFICAR el numeral segundo de la sentencia proferida el 13 de
agosto de 2015 por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, el cual
quedará así:

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«Segundo: A título de restablecimiento del derecho ORDÉNESE a la
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL –
UGPP- a reconocer y pagar al señor BAUDILIO RAMÍREZ ALVERNIA,
identificado con la C.C. No. 13.231.784 de Cúcuta (Norte de Santander), la
pensión especial o de gracia, a partir del día 20 de agosto de 2010, con los
reajustes de ley y debidamente indexada conforme a lo dispuesto en el
artículo 187 del C.P.C.A., según la fórmula señalada en la parte motiva de la
presente providencia.»

SEGUNDO: REVOCAR el numeral tercero de la mencionada sentencia, así:

«TERCERO: DECLARAR que no se configuró prescripción de las mesadas
pensionales»

TERCERO: ABSTENERSE de condenar en costas a las partes en segunda
instancia.

CUARTO: ACEPTAR la renuncia al poder otorgado por la parte demandada, al
abogado Santiago Martínez Devia, identificado portador de la tarjeta profesional
131.064 del Consejo Superior de la Judicatura, en tanto acreditó haber informado a
la entidad su renuncia a la representación encomendada47.

QUINTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LOS MAGISTRADOS,

Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Firmado electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

47 Visible en el índice 72 de SAMAI.

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