Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2014-00701-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2014-00701-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 68001-23-33-000-2014-00701-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas
24 de agosto de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 68001-23-33-000-2014-00701-01 (4075-2015)
Demandante: Rafael Norberto Reyes Rodríguez
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
Temas: Reconocimiento de Pensión Gracia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la
sentencia proferida el 30 de julio de 2015 por el Tribunal Administrativo de
Santander, que negó las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda1
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo - CPACA, el señor Rafael Norberto Reyes Rodríguez,
por conducto de apoderado, formuló demanda en orden a que se declare la
nulidad de las siguientes Resoluciones: i) UGM 009665 del 23 de septiembre de
2011, que le negó el reconocimiento de la pensión gracia; y ii) UGM 022947 del 28
1 Folios 47 a 63.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 68001-23-33-000-2014-00701-01 (4075-2015)
Demandante: Rafael Norberto Reyes Rodríguez
de diciembre de 2011, que resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la
anterior decisión y la confirmó. Los mencionados actos fueron proferidos por la
Caja Nacional de Previsión Social – Cajanal EICE en Liquidación, hoy UGPP.
Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, el
accionante solicitó condenar a la UGPP a lo siguiente: i) reconocer la pensión
gracia de jubilación, en cuantía del 75% de los factores salariales devengados en
el año anterior a la adquisición del estatus pensional, efectiva a partir del 3 de
junio de 2007; ii) indexar las mesadas atrasadas junto con los aumentos anuales
de ley; iii) pagar los intereses moratorios y cumplir la sentencia que ponga fin al
proceso, en los términos de los artículos 189, 192, 194 y 195 del CPACA; y iv)
pagar las costas procesales.
1.1.2. Hechos
Como hechos relevantes, el apoderado del demandante señaló los siguientes:2
i) El señor Rafael Norberto Reyes Rodríguez prestó sus servicios al magisterio
oficial en los municipios de Sabana de Torres, San Gil y el departamento de
Santander, mediante contratos de prestación de servicios y vinculaciones legales y
reglamentarias, todos del orden municipal, durante los siguientes períodos:
Acto de vinculación Desde Hasta
Nombramiento en propiedad 25/08/1979 08/02/1988
Decreto 238 del 22/08/1979
Contrato de prestación de servicios 16/07/1990 30/11/1990
Contrato de prestación de servicios 01/02/1991 30/11/1991
Contrato de prestación de servicios 01/02/1992 30/11/1992
Contrato de prestación de servicios 01/02/1993 30/11/1993
Orden de prestación de servicios 01/02/1994 30/04/1994
Soluciones Educativas 07/07/1994 30/11/1994
Contrato de prestación de servicios 17/02/1995 16/11/1995
Contrato de prestación de servicios 19/02/1996 18/11/1996
Nombramiento en propiedad 28/02/1997 30/12/2002
Resolución 70 del 28/02/1997
Incorporación 01/01/2003 30/06/2014
Resolución 039 del 11/02/2003
Total: 11.096 días
2 Algunos hechos corresponden al concepto de violación, por lo cual se resumirán en dicho acápite.
2
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Demandante: Rafael Norberto Reyes Rodríguez
ii) El 10 de diciembre de 2007, el actor solicitó ante la entidad demandada el
reconocimiento de la pensión gracia; sin embargo, esta petición fue negada a
través de las decisiones administrativas enjuiciadas, bajo el argumento de que el
tiempo laborado mediante contratos de prestación de servicios no es válido para
acceder a dicha prestación y que la vinculación posterior al 1 de enero de 1990 es
del orden nacional.
iii) Las anteriores consideraciones son contrarias a las certificaciones laborales y
demás documentos aportados en sede administrativa, en los que se establece con
certeza que el demandante se vinculó como docente municipal.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales se señalaron los artículos 1, 2, 13, 25 y 53 de la Constitución Política;
27, 30 y 31 del Código Civil; 9 y 21 del Código Sustantivo del Trabajo; 2 de la Ley
153 de 1887; 17 de la Ley 6 de 1945; 11 y 12 de la Ley 43 de 1945; 1 de la Ley 33
de 1985; 15 de la Ley 91 de 1989; 1 a 4 de la Ley 100 de 1993; 36 del Decreto
2277 de 1979; y las Leyes 114 de 1913, 116 de 1917 y 37 de 1933.
Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado del demandante expuso lo
siguiente:
i) El señor Rafael Norberto Reyes Rodríguez cumple con todos los requisitos
previstos por el legislador para acceder a la pensión gracia, por cuanto tuvo buena
conducta en el desempeño como educador; cuenta con más de 50 años de edad;
ha prestado sus servicios como docente municipal por más de 20 años y se
vinculó en tal condición antes del 31 de diciembre de 1980.
ii) Las decisiones acusadas quebrantaron el derecho a la igualdad del actor, pues
su vinculación por contratos de prestación de servicios no puede soslayar que se
desempeñó en idénticas condiciones profesionales y de subordinación que los
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Demandante: Rafael Norberto Reyes Rodríguez
demás docentes nombrados en propiedad e inclusive con evidentes desventajas
en materia de seguridad social.
iii) La UGPP desconoció el contexto histórico en que se ha desarrollado el servicio
educativo en Colombia, pues a partir de la entrada en vigencia de la Ley 43 de
1975, las entidades territoriales congelaron la provisión de las plazas docentes y,
en su lugar, acudieron a la figura contractual para atender las necesidades de la
población.
iv) Esta realidad fue advertida por las Leyes 60 de 1993 y 115 de 1994, en tanto
permitieron que los profesores que venían laborando bajo la modalidad contractual
fueran incorporados sin solución de continuidad a las plantas de personal.
v) La Ley 91 de 1989 no extinguió las vinculaciones territoriales de los profesores
ni los convirtió a todos en nacionales; por el contrario, conforme lo ratificó el
artículo 6 de la Ley 60 de 1993, los docentes departamentales, distritales y
municipales conservaron los derechos salariales y prestaciones propios de esos
órdenes.
1.2. Contestación de la demanda
La apoderada de la UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda y expuso las
siguientes razones de defensa:3
i) Los contratos de prestación de servicios que suscribió el demandante se
presumen legales, pero no pueden tenerse en cuenta para acceder a la pensión
gracia reclamada, ya que la normativa no previó ese efecto para ese tipo de actos.
ii) La modalidad contractual impide determinar el tipo de vinculación y el régimen
prestacional que tuvo el interesado; por lo tanto, debe presumirse que se trató de
un docente nacional.
3 Folios 112 a 122.
4
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Demandante: Rafael Norberto Reyes Rodríguez
iii) La Ley 91 de 1989 aclaró que todos los nombramientos realizados a partir del 1
de enero de 1990 son del orden nacional, premisa que también cobija a la
designación que se le hizo al actor como profesor, mediante la Resolución 070 del
28 de febrero de 1997.
iv) El señor Reyes Rodríguez estuvo laborando antes de la expedición de la Ley
91 de 1989, pero presentó renuncia al cargo y fue aceptada por el Decreto 081 del
6 de febrero de 1988. Entonces, al haber interrumpido la prestación del servicio,
se entiende que el nombramiento realizado en el año 1997 es nacional.
v) La pensión gracia solamente puede otorgarse a los educadores territoriales,
pero el accionante no acreditó tal presupuesto; por el contrario, se desempeñó
como profesor nacional.
vi) Los certificados laborales aportados al plenario no cumplen con los requisitos
mínimos para reconocer una prestación.
vii) Se proponen las siguientes excepciones: 1) caducidad; 2) inepta demanda por
no haberse agotado la conciliación prejudicial; 3) inexistencia de la obligación; 4)
presunción de legalidad de los actos administrativos; 5) genérica e innominada; y
6) prescripción.
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Santander, mediante sentencia del 30 de julio de
2015, negó las pretensiones de la demanda, con sustento en las siguientes
consideraciones:4
i) La certificación laboral aportada al plenario constituye una prueba idónea para
estudiar la vinculación que tuvo el demandante, pues proporciona la información
necesaria y establece con exactitud el tiempo laborado.
4 Folios 163 a 168.
5
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Demandante: Rafael Norberto Reyes Rodríguez
ii) El accionante prestó sus servicios en el municipio de San Gil entre el 25 de
agosto de 1979 y el 8 de febrero de 1988; luego fue vinculado por Resolución 070
del 28 de febrero de 1997. Este escenario fue regulado por la Ley 91 de 1989, en
el sentido de indicar que «en los casos en que se presenta renuncia y posterior
vinculación a partir del 01 de enero de 1990, estos nombramientos son del orden
nacional».
iii) Como todos los nombramientos realizados a partir del 1 de enero de 1990 son
nacionales, no es procedente decretar la pensión gracia pretendida.
iv) Para acceder al aludido beneficio tampoco pueden tenerse en cuenta los
contratos de prestación de servicios, máxime cuando no se ha demostrado la
existencia de una verdadera relación laboral, ni tampoco se conoce el tipo de
vinculación y el régimen prestacional que tuvo el accionante. En tales condiciones,
debe entenderse que se trató de un profesor nacional.
1.4. El recurso de apelación
El actor interpuso recurso de apelación contra la referida sentencia con base en
los siguientes argumentos:5
i) El señor Rafael Norberto Reyes Rodríguez acreditó una vinculación durante más
de 20 años como docente municipal, conforme a los nombramientos y contratos
de prestación de servicios allegados al expediente. El actor jamás perdió tal
condición, por ende, es acreedor de la pensión gracia solicitada y sin aplicar el
fenómeno prescriptivo, ya que «estuvo interrumpido durante el tiempo que la
entidad demandada se tomó para dar respuesta de fondo a la petición inicial de
reconocimiento».
ii) No es correcto afirmar que todas las vinculaciones posteriores al 1 de enero de
5 Folios 173 a 185.
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Radicación: 68001-23-33-000-2014-00701-01 (4075-2015)
Demandante: Rafael Norberto Reyes Rodríguez
1990 son del orden nacional; por el contrario, las Leyes 91 de 1989 y 60 de 1993
fueron enfáticas en salvaguardar el régimen prestacional de los educadores
territoriales, incluyendo la pensión gracia para quienes se vincularon antes del 31
de diciembre de 1980.
iii) El Consejo de Estado ha reiterado que los docentes nacionalizados tienen
derecho a acceder al referido beneficio sin importar que la prestación del servicio
hubiera sido discontinua y aunque alguna de las vinculaciones hubiera sido
posterior al 1 de enero de 1990.
iv) La referida corporación también ha explicado que el tiempo laborado por
contratos de prestación de servicios es válido para reconocer la pensión gracia. En
el caso del accionante se verificó una verdadera relación laboral con una entidad
territorial, de manera que se cumplen los presupuestos que fijó el legislador para
obtener la prestación en comento. Inclusive, el valor de los contratos se pagó con
recursos propios del municipio de San Gil y del departamento de Santander.
v) Por Resolución 039 del 11 de febrero de 2003, el actor fue incorporado a la
planta de personal del mencionado departamento, pero ello en nada modificó el
tipo de vinculación territorial que traía, conforme se deduce de la Ley 715 de 2001.
vi) Desde la expedición de la Ley 43 de 1975, pasando por las Leyes 60 de 1993 y
715 de 2001, la Nación ha contribuido al financiamiento del servicio educativo, a
través del situado fiscal y el sistema general de participaciones; sin embargo,
estos dineros pertenecen a las entidades territoriales y, por lo tanto, debe
entenderse que los docentes cuyos salarios se pagaron de esa manera no se
convirtieron en nacionales ni perdieron la expectativa de acceder a la pensión
gracia. Aceptar esas premisas conduciría a concluir que ese beneficio se extinguió
desde que comenzó a regir la Ley 43 de 1975, pero ese nunca fue el querer del
legislador.
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Demandante: Rafael Norberto Reyes Rodríguez
1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia
El accionante6 y la UGPP7 reiteraron los argumentos expuestos en el transcurso del
proceso.
1.6. El Ministerio Público
El agente del Ministerio Público no rindió concepto.8
La Sala decide, previas las siguientes
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
El problema jurídico consiste en determinar si el demandante tiene derecho a que
la UGPP le reconozca la pensión gracia, en aplicación del régimen consagrado en
la Ley 114 de 1913 y demás normas que regulan dicha prestación.
2.2. Marco normativo
El artículo 1 de la Ley 114 de 1913 dispuso que los maestros de escuelas
primarias oficiales «que hayan servido en el magisterio por un término no menor
de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en
conformidad con las prescripciones de la presente Ley».
Por su parte, las Leyes 116 de 19289 y 37 de 193310 consagraron la posibilidad de
6 Folios 225 a 227.
7 Folios 233 a 234.
8 Según constancia secretarial obrante en el folio 235.
9 Artículo 6. Los empleados y profesores de las Escuelas Normales y los Inspectores de Instrucción Pública tienen
derecho a jubilación en los términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que a esta complementan. Para el
computo de los años de servicio se sumarán los prestados en diversas épocas, tanto en el campo de la enseñanza
primaria cono en el de la normalista, pudiéndose contar en aquella la que implica la inspección.
10 Artículo 3. Las pensiones de jubilación de los maestros de escuela rebajadas por decreto de carácter legislativo,
quedaran nuevamente en la cuantía señalada por las leyes.
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Radicación: 68001-23-33-000-2014-00701-01 (4075-2015)
Demandante: Rafael Norberto Reyes Rodríguez
que los docentes obtuvieran la pensión gracia computando los años laborados en
la enseñanza secundaria, normalista o como inspectores de instrucción pública,
siempre y cuando cumplieran los demás requisitos fijados por el artículo 4 de la
Ley 114 de 1913, pues estos no fueron modificados por la normativa posterior. 11
Dentro de los requerimientos para acceder al mencionado beneficio, el artículo 4
ibidem incluyó el referente a que el educador no haya recibido o reciba «otra
pensión o recompensa de carácter nacional».12
En virtud de dicho condicionamiento, la Sala Plena del Consejo de Estado,
mediante Sentencia S-699 de 1997 del 29 de agosto de 1997, concluyó que «la
pensión gracia no puede ser reconocida a favor de un docente nacional,
pues constituye requisito indispensable para su viabilidad que el maestro no reciba
retribución alguna de la nación por servicios que le preste, o que no se encuentre
pensionado por cuenta de ella. Por lo tanto, los únicos beneficiarios de tal
prerrogativa eran los educadores locales o regionales».13
Al respecto, es preciso resaltar que la prestación en comento se creó con la
finalidad de compensar a los profesores adscritos a entidades territoriales en
razón a la diferencia salarial que se evidenciaba en comparación con los docentes
nacionales; sin embargo, este objetivo inicial perdió su fundamento con ocasión
Hácense extensivas estas pensiones a los maestros que hayan completado los años de servicios señalados por la Ley, en
establecimientos de enseñanza secundaria.
11 Al respecto pueden consultarse las siguientes providencias del Consejo de Estado: i) sentencia de 16 de junio de 1995,
radicado: 10665; ii) sentencia de 29 de agosto de 1997, radicado: S-699.
12 Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe:
1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional. Por consiguiente, lo
dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal,
concedidas por la Nación o por un Departamento.
4. Que observe buena conducta.
5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad u otra causa, de ganar lo
necesario para su sostenimiento.
13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de agosto de 1997, radicado: S-699.
También pueden consultarse las siguientes providencias de la Sección Segunda que han acogido igual lineamiento: i)
Subsección A, sentencia del 10 de marzo de 2016, radicado: 52001-23-33-000-2013-00145-01 (2604-2014); ii)
Subsección B, sentencia del 1 de marzo de 2018, radicado: 25000-23-42-000-2013-06449-01 (3989-2015); y iii)
Subsección B, sentencia del 30 de enero de 2020, radicado: 23001-23-33-000-2016-00431-01 (5640-2018). En similar
sentido, puede consultarse la Sentencia C-085 de 2002, proferida por la Corte Constitucional.
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Radicación: 68001-23-33-000-2014-00701-01 (4075-2015)
Demandante: Rafael Norberto Reyes Rodríguez
del proceso de nacionalización de la educación que instituyó la Ley 43 de 1975 y
en razón a que el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 dispuso que tal beneficio sería
compatible con la pensión ordinaria de jubilación, «aún en el evento de estar ésta
a cargo total o parcial de la Nación».
En virtud de la expedición de la Ley 91 de 1989, la Sala Plena de esta
corporación, en la referida Sentencia S-699 de 1997, afirmó que la pensión gracia
debe reconocerse a los docentes nacionalizados, en aras de «colmar las
expectativas de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 e
involucrados, por su labor, en el proceso de nacionalización de la educación
primaria y secundaria oficiales».
Ahora bien, la Ley 91 de 1989 pretendió desmontar el reconocimiento de la
pensión gracia en consideración a que ya no existía la diferencia salarial anotada;
sin embargo, en su artículo 15, numeral 2, literal a), previó lo siguiente:
Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional
y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será
regido por las siguientes disposiciones:
[…]
2. Pensiones:
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de
las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de
gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los
requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión
Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria
de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.
La Sentencia C-489 de 2000 declaró la exequibilidad condicionada de la expresión
«vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980» contenida en la norma transcrita,
bajo el entendido de que «las situaciones jurídicas particulares y concretas que se
hubieran consolidado antes de entrar en vigencia la ley 91/89, esto es, antes del
29 de diciembre de 1989, quedan a salvo de la nueva normatividad por cuanto
constituyen derechos adquiridos que el legislador no podía desconocer».
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Demandante: Rafael Norberto Reyes Rodríguez
Mediante sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022,14 la Sección Segunda
del Consejo de Estado analizó el alcance de la citada disposición, en consonancia
con la jurisprudencia constitucional proferida en la materia, con el fin de determinar
si era necesario tener consolidado el derecho pensional al 29 de diciembre de
1989.
Al respecto, se explicó que el artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de
1989 contiene dos fechas relevantes para estudiar el derecho a la pensión gracia,
a saber:
1) 31 de diciembre de 1980 - constituye el último momento en que podía
realizarse la vinculación del docente que pretendiera el reconocimiento
pensional.
2) 29 de diciembre de 1989 - corresponde a la fecha de entrada en vigencia de
la Ley 91 de 1989; sin embargo, esta «no puede entenderse como un plazo que
demarque la última oportunidad para consolidar el derecho a la pensión
gracia».15
En este orden de ideas, tiene derecho a que se le reconozca la pensión gracia
aquel docente que haya tenido una vinculación en una plaza nacionalizada o
territorial antes del 31 de diciembre de 1980 y que cumpla con las exigencias de la
Ley 114 de 1913 y demás normas que la desarrollaron, sin importar el momento
en que logre colmar los requisitos de edad y tiempo de servicio, es decir, que lo
haga antes o después del 29 de diciembre de 1989. Al respecto, esta corporación
explicó lo siguiente:16
[…] la línea jurisprudencial del Consejo de Estado se ha encaminado a afirmar que
la condición para el reconocimiento de la pensión gracia «es que la vinculación del
docente territorial sea anterior al 31 de diciembre de 1980, contando tiempos
14 Radicado 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado 15001-23-33-000-
2016-00278-01 (3018-2017).
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado 15001-23-33-000-
2016-00278-01 (3018-2017).
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Radicación: 68001-23-33-000-2014-00701-01 (4075-2015)
Demandante: Rafael Norberto Reyes Rodríguez
posteriores siempre y cuando se demuestren como nacionalizados o
territoriales».17
[…] conforme a lo indicado en la Sentencia C-506 de 2006, en consonancia con los
antecedentes legislativos de la Ley 91 de 1989, se concluye que esta disposición
buscó proteger las reivindicaciones laborales alcanzadas por los educadores hasta
ese momento, dentro de las que se encontraba la pensión gracia de jubilación; por
ende, el único límite temporal que se impuso consistió en que los docentes
territoriales y nacionalizados demostraran haber ingresado al magisterio con
antelación al 31 de diciembre de 1980, pues a ellos se les debería seguir
respetando el régimen pensional que los cobijaba, en otras palabras, se protegieron
tanto los derechos adquiridos como las expectativas de completar los requisitos
para obtener el derecho pensional, pues las normas seguirían proyectando sus
efectos en el tiempo para los servidores vinculados en la forma indicada.
[…]
v) La Sentencia C-506 de 2006, antes estudiada, aclara el entendimiento frente al
límite temporal fijado por la Ley 91 de 1989, el cual consiste en garantizar el acceso
a la pensión gracia de aquellos docentes que se vieron inmersos en el proceso de
nacionalización de la educación, es decir, ingresaron con antelación al 31 de
diciembre de 1980 y, por lo tanto, no podían ver truncada la posibilidad de completar
los requisitos previstos para obtener dicho beneficio por tratarse de una conquista
laboral respecto de la cual tenían aspiraciones legítimas.
vi) Mediante la Sentencia SU-014 de 2020, la Corte Constitucional explicó que el
artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 «solo tiene una lectura
posible, esto es, la interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los
profesores de primaria, los empleados y docentes de las Escuelas Normales, los
inspectores de instrucción pública y los docentes oficiales de secundaria aún
podrían acceder a la prestación siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31
de diciembre de 1980 y cumplieran los demás requisitos de ley». A partir de
dicho entendimiento, se reconoció la pensión gracia a una docente que se vinculó
antes de la referida fecha y consolidó su estatus con posterioridad a la promulgación
de la Ley 91 de 1989.
Bajo este contexto, se fijó como regla de unificación que «[l]os docentes pueden
acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre
y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31
de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos
para su reconocimiento».
Una vez aclarado este aspecto, es preciso tener en cuenta que para determinar la
plaza docente que permite obtener el beneficio pensional en comento, en
17 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 19 de septiembre de 2019, radicado: 11001-03-15-000-2019-02219-
01 (AC).
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Radicación: 68001-23-33-000-2014-00701-01 (4075-2015)
Demandante: Rafael Norberto Reyes Rodríguez
sentencia del 21 de junio de 2018,18 esta corporación fijó las siguientes reglas de
unificación:19
(i) los recursos del antiguo situado fiscal, regulados tanto en la Constitución de 1886
como en la de 1991, que transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales
para atender al sostenimiento de los fondos educativos regionales, una vez
ingresaban a los presupuestos locales, le pertenecían de forma exclusiva a los
entes territoriales;
(ii) la calidad de docente territorial o nacionalizado es otorgada por la ley, y no se
pierde, o cambia a nacional, cuando en el acto de vinculación del docente haya
intervenido el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el
respectivo fondo educativo regional o haya certificado la disponibilidad presupuestal
o la vacancia definitiva del cargo;
(iii) en consecuencia, lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la
aludida prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de
carácter territorial o nacionalizada, pues en lo que respecta a los educadores
territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas de la
respectiva localidad, o de las -situado fiscal- cuando se sufragaban los gastos a
través de los endógenas exógenas fondos educativos regionales, y en lo que tiene
que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban
se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de
participaciones; y
(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha
previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la
respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente
oficial es de carácter territorial.
El escenario normativo y jurisprudencial antes transcrito permite concluir que, en lo
que atañe al requerimiento de acreditar 20 años en el servicio educativo para
acceder a la pensión gracia, los docentes deben demostrar una vinculación en una
plaza nacionalizada o territorial antes del 31 de diciembre de 1980 y pueden
acumular dichos tiempos con los posteriores laborados en similar condición.
A su vez, no se les puede exigir haber completado todos los requisitos antes del
29 de diciembre de 1989 y tampoco es válido impedir el acceso al beneficio
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado: 25000-23-42-000-
2013-04683-01 (3805-2014).
19 Para mayor claridad se separaron cada una de las reglas, pero se conservó el contenido literal de la sentencia
transcrita.
13
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Demandante: Rafael Norberto Reyes Rodríguez
pensional bajo el argumento de que los salarios fueron pagados total o
parcialmente con recursos provenientes del situado fiscal o del sistema general de
participaciones, pues «lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la
aludida prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de
carácter territorial o nacionalizada».20
2.3. Hechos probados
➢ Edad, tiempo de servicios y antecedentes disciplinarios
• Conforme al registro civil de nacimiento, el señor Rafael Norberto Reyes
Rodríguez nació el 3 de junio de 1957.21
• El 22 de agosto de 1979, por Decreto 238, el alcalde municipal de Sabana de
Torres (Santander) nombró en propiedad al demandante como profesor de la
Escuela Rural San Rafael de la Arenosa.22
• El 28 de febrero de 1997, por Resolución 070, el alcalde municipal de San Gil
efectuó «el nombramiento de unos docentes con cargo a la nómina del municipio»,
incluyendo el nombre del demandante, «para el Sector Básico Primario del
Municipio de San Gil y en los lugares donde sea necesario la prestación de
Servicio Educativo».23
• El 11 de febrero de 2003, por Decreto 0039, el gobernador de Santander
incorporó «a la planta de cargos de la Secretaría de Educación del Departamento
de Santander, financiada con recursos del Sistema General de Participaciones, el
personal Docente del Municipio de San Gil, que venía siendo pagado con recursos
propios del Municipio». En este acto se incluyó al accionante como docente de la
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado: 25000-23-42-000-
2013-04683-01 (3805-2014).
21 Folio 14.
22 Folio 16.
23 Folio 36. La Resolución 070 del 28 de febrero de 1997 fue corregida por la Resolución 191 del 30 de mayo de 1997, en
razón a que por error involuntario «quedaron mal consignados los nombres de algunos docentes nombrados y sus
cédulas» (folio 37).
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Escuela Rural Chapala y se indicó que la decisión tendría efectos fiscales a partir
del 1 de enero de 2003.24
• El 16 de septiembre de 2010, la Secretaría de Educación de Santander certificó
que el actor «presta sus servicios en el nivel Básica Primaria, vinculación: En
Propiedad, como Municipal en forma continua». En torno a esta vinculación se
especificó lo siguiente:25
Historia laboral:
Novedad Acto Número Fecha Fec. Fec. Fec.
Fiscal Pos Hasta
ESC.RUR. CHAPALA - SAN GIL Dec 39 11 FEB 01 ENE 26 FEB
INCORPORACIONES 2003 2003 2003
Docente - En Propiedad
• El 5 de junio de 2013 el secretario General y de Hacienda del municipio de
Sabana de Torres certificó que el accionante prestó sus servicios a ese ente
territorial, «en el cargo de docente, a partir del 25 de agosto de 1979, nombrado
mediante Decreto No. 238 de fecha 22 de agosto, acta de posesión No. 0316 del
25 de agosto de 1979 y mediante Decreto No. 081 de 1988 de fecha 06 febrero,
se le aceptó renuncia al cargo de docente a partir del 8 de febrero de 1988».
Además, «el tipo de vinculación del docente fue Municipal y el pago de sus
salarios y prestaciones lo hacía directamente el municipio de Sabana de Torres».26
• El 8 de mayo de 2015, en cumplimiento de la solicitud probatoria efectuada por el
a quo, la Oficina Administrativa de la Alcaldía Municipal de San Gil, hizo constar
que el actor «estuvo vinculado al Municipio de San Gil, mediante contrato como
docente en la Escuela Rural CHAPALA, en la educación básica primaria del
Municipio de San Gil», de la siguiente forma:27
• Del 16 de Julio al 30 de Noviembre de 1.990.
24 Folios 39 a 41.
25 Este documento reposa en el expediente administrativo que fue aportado en medio magnético (folios 137 a 137A).
26 Folios 19 a 20. Similar información fue certificada el 11 de mayo de 2015, por solicitud del a quo (folio 141).
27 Folio 139.
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• Del 01 de Febrero al 30 de Noviembre de 1.991.
• Del 01 de Febrero al 30 de Noviembre de 1.992.
• Del 01 de Febrero al 30 de Noviembre de 1.993.
• Del 01 de Febrero al 30 de Abril de 1.994, mediante orden de prestación de
servicios.
• Del 07 de Julio al 30 de Noviembre de 1.994, mediante resolución de
vinculación docente por el Sistema de Soluciones Educativas.
• Del 17 de Febrero al 16 de Noviembre de 1.995, mediante contrato de
prestación de servicios N. 39.
• Del 19 de Febrero al 18 de Noviembre de 1.996, mediante contrato de
prestación de servicios N. 010.
Que fue nombrado en propiedad como Docente en desarrollo de la Ley 344 de
1996, artículo 11 sin concurso, mediante resolución número 70 de fecha 28 de
Febrero de 1.997, laboró hasta el 30 de Diciembre de 2.002 en la Escuela Rural
CHAPALA, en la educación básica primaria del Municipio de San Gil del municipio
de San Gil, Santander.
• El 11 de octubre de 2017, en cumplimiento del requerimiento probatorio
efectuado por esta Subsección,28 el Ministerio de Educación Nacional indicó que
en cuanto al «tipo de vinculación entre el 25 de agosto de 1979 al 8 de febrero de
1988, del 16 de julio de 1990 al 18 de noviembre de 1996 y 28 de febrero de 1997
al 30 de diciembre de 2012 a nombre del señor RAFAEL NORBERTO REYES
RODRÍGUEZ, nos permitimos informarle que con base en la información contenida
en los inventarios de la serie Historias Laborales del archivo central de este
Ministerio de la planta de personal, el Grupo de Gestión Documental pudo
establecer que no se encontró información alguna a nombre del mencionado
señor».29
• La Procuraduría General de la Nación certificó que el accionante no registraba
antecedentes disciplinarios. 30
➢ Actuación administrativa
• El 10 de diciembre de 2007, el demandante peticionó ante Cajanal, hoy UGPP, el
reconocimiento de la pensión gracia.31
28 Auto del 10 de agosto de 2017 (folio 236).
29 Folio 243.
30 Folio 46.
31 Información extraída de la Resolución UGM 009665 del 23 de septiembre de 2011 (folios 6 a 8).
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• El 23 de septiembre de 2011, Cajanal EICE en Liquidación profirió la Resolución
UGM 009665 y negó la referida solicitud, toda vez que el peticionario tuvo una
vinculación como docente del orden nacional; el tiempo laborado por contratos de
prestación de servicios tampoco puede computarse para efectos pensionales; y la
Ley 91 de 1989 aclaró que los nombramientos de docentes efectuados a partir del
1 de enero de 1990 son nacionales.32
• El 28 de diciembre de 2011, por Resolución UGM 022947, Cajanal EICE en
Liquidación resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la anterior decisión
y la confirmó.33
2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala
Para efectos metodológicos, el tiempo de servicio prestado por el demandante en
la docencia oficial se estudiará en tres momentos relevantes, pues a cada uno le
corresponden análisis normativos y probatorios independientes, conforme se
explicará, a continuación.
2.4.1. Primer período. Del 25 de agosto de 1979 al 8 de febrero de 1988
En este lapso el señor Rafael Norberto Reyes Rodríguez laboró como profesor de
primaria en la Escuela Rural San Rafael de la Arenosa, en virtud de la designación
efectuada por el alcalde del municipio de Sabana de Torres, mediante el Decreto
238 del 22 de agosto de 1979.
Por su parte, el secretario General y de Hacienda del referido ente territorial
certificó que el accionante prestó sus servicios como docente municipal y que sus
salarios y prestaciones los pagaba directamente el municipio.
32 Folios 6 a 8.
33 Folio 4.
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Demandante: Rafael Norberto Reyes Rodríguez
Bajo este escenario, se encuentra acreditado que durante este período el
demandante tuvo una vinculación como docente territorial, específicamente
municipal.
Al respecto, es relevante resaltar que el artículo 3 de la Ley 39 de 1903 dispuso
que la instrucción primaria estaría a cargo y bajo la inmediata dirección y
protección de los departamentos. A su vez, el Decreto 491 de 1904, reglamentario
de la referida ley, determinó que estarían a cargo de los departamentos y
municipios «los gastos que ocasione la instrucción primaria».34
De acuerdo con este marco normativo, el nombramiento que efectuó el municipio
de Sabana de Torres, atendía a las atribuciones que con antelación había
otorgado el legislador.
Además, el carácter territorial de la aludida designación encuentra respaldo en el
artículo 1 de la Ley 91 de 1989, en tanto preceptúa que se entiende por personal
territorial aquellos «docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial, a
partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el
artículo 10 de la Ley 43 de 1975», el cual previó que a partir de la entrada en
vigencia de dicha norma «ningún Departamento, Intendencia o Comisaría, ni el
Distrito Especial, ni los Municipios podrán, con cargo a la Nación, crear nuevas
plazas de maestros y profesores de enseñanza primaria o secundaria; ni tampoco
podrán decretar la construcción de nuevos planteles de enseñanza media, sin la
previa autorización, en ambos casos, del Ministerio de Educación Nacional».
En este caso, el acto de nombramiento fue suscrito exclusivamente por el alcalde
y el secretario del municipio de Sabana de Torres, sin que se observe intervención
alguna de un delegado del Ministerio de Educación Nacional, como tampoco se
hizo referencia a una autorización por parte de la nación para hacer la
designación, ni que la plaza a ocupar fuera nacional, pues inclusive el ente
territorial pagó directamente los salarios del docente; por lo tanto, al tenor del
34 Artículo 27.
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artículo 1 de la Ley 91 de 1989, el actor tuvo una vinculación territorial el lapso
analizado.
Así las cosas, este primer período resulta computable para determinar el derecho
a la pensión gracia reclamada, el cual corresponde a 8 años, 5 meses y 13 días;
sin embargo, no sería suficiente para decretar la prestación, por lo que deberá
revisarse la vinculación restante.
2.4.2. Segundo período. Del 16 de julio de 1990 al 18 de noviembre de 1996
En este período el señor Rafael Norberto Reyes Rodríguez celebró contratos de
trabajo y de prestación de servicios con el alcalde municipal de San Gil, con el fin
de desempeñarse como educador de la Escuela Rural Chapala, los cuales no solo
fueron certificados, sino que cada uno de esos contratos fue aportado al plenario.
Para efectos ilustrativos, a continuación, se relacionarán dichos actos jurídicos,
sus elementos principales y término de duración.
Tipo de acto Elementos Término de duración
Contrato - Nombre del patrono: Municipio de San Gil. 16/07/1990 a 30/11/1990
individual de - Oficio a desempeñar: Maestro de la Escuela [4 meses -15 días]
trabajo a Chapala.
término fijo del - El contratado se haya afiliado a CAPRESAN.
16 de julio de - El presente contrato se cancelará con cargo al
199035 artículo 129 del presupuesto de 1990.
Contrato - El trabajador se obliga a poner al servicio del 01/02/1991 a 30/11/1991
individual de municipio en la Escuela La Chapala toda su [10 meses]
trabajo a capacidad normal de trabajo como maestro.
término fijo del - Este contrato se pagará con cargo al artículo 126
31 de enero de gastos de alfabetización y programas de apoyo
de 199136 a la educación primaria.
• El trabajador gozará de todas las prestaciones
sociales a que tienen derecho los trabajadores
oficiales y deberá afiliarse a CAPRESAN y para esa
entidad del municipio de San Gil se le harán las
deducciones del caso ordenadas por la ley.
Contrato - El trabajador se obliga a prestar su servicio al 01/02/1992 a 30/11/1992
individual de municipio en la Escuela La Chapala como profesor. [10 meses]
trabajo a - El trabajador deberá afiliarse a CAPRESAN y para
término fijo del esa entidad del municipio de San Gil se le harán las
35 Folios 23 a 24 y 247 a 248.
36 Folios 25 a 26.
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31 de enero deducciones del caso ordenadas por la ley.
de 199237 - Al presente contrato se adhieren paz y salvos de
la Tesorería y Contraloría municipales.
Contrato - El trabajador se obliga a prestar su servicio al 01/02/1993 a 30/11/1993
individual de municipio en la Escuela La Chapala como profesor. [10 meses]
trabajo a - El pago del presente contrato será con cargo al
término fijo del artículo 2.5.1.2. del presupuesto vigente.
1 de febrero - El trabajador deberá afiliarse a CAPRESAN y para
de 199338 esa entidad del municipio de San Gil se le harán las
deducciones del caso ordenadas por la ley.
Orden de pago - Por la Resolución 216 del 7 de julio de 1994, se 01/02/1994 a 30/04/1994
• Según se vinculan docentes por el sistema de Soluciones [3 meses]
expresó en la Educativas.
Resolución - El pago de los servicios prestados durante los
216 del 7 de meses de febrero, marzo y abril fueron cancelados
julio de 199439 a los docentes mediante orden de pago
Resolución - Por la cual se vinculan los docentes por el sistema
216 del 7 de de Soluciones Educativas. 07/07/1994 a 30/11/1994
julio de 199440 - De conformidad con lo establecido en el [4 meses – 24 días]
Certificado de Disponibilidad 3.1.1. para
establecimientos de Educación Urbanos, 3.2.13.
para establecimientos de Educación Rural y
2.5.1.2. para profesores que laboran en
establecimientos urbanos no relacionados en los
numerales anteriores, vincúlase temporal y
provisionalmente como docentes por la modalidad
de soluciones educativas en escuelas y
establecimientos que se indican a los docentes que
a continuación se relacionan:
[…]
RAFAEL NORBERTO REYES – ESCUELA CHAPALA
• Dada la naturaleza de la modalidad de vinculación
no se genera derecho para reconocimiento de
prestaciones sociales.
Contrato de - Prestar el servicio como docente en el plantel 17/02/1995 a 16/11/1995
Prestación de educativo Chapala. [10 meses]
Servicios 039 - Los pagos a los que se obliga el municipio
del 17 de afectarán el rubro presupuestal 3.2.1.
febrero de
199541
Contrato de - Prestar el servicio como docente en el plantel 19/02/1996 a 18/11/1996
Prestación de educativo Chapala. [10 meses]
Servicios 010 - Los pagos a los que se obliga el municipio
del 19 de afectarán el rubro presupuestal 3.2.1.2.1. del
febrero de presupuesto vigente.
199642 - El municipio no adquiere, por medio del presente
contrato, vínculo laboral alguno con el contratista.
37 Folios 27 y 249.
38 Folios 28 y 250.
39 Folios 29 a 30 y 251 a 252.
40 Folios 29 a 30 y 251 a 252.
41 Folios 31 a 32.
42 Folio 33.
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Radicación: 68001-23-33-000-2014-00701-01 (4075-2015)
Demandante: Rafael Norberto Reyes Rodríguez
2.4.2.1. Respecto del anterior recuento, se observa que en los años 1990, 1991,
1992 y 1993 el demandante suscribió con el municipio de San Gil contratos
individuales de trabajo a término fijo y entre las partes se configuró un verdadero
vínculo laboral, por ende, al margen de que el docente hubiera sido tratado como
un trabajador oficial, ello no desdibuja que realmente era un empleado público.
Además, conforme a los razonamientos desarrollados en el acápite precedente y
que resultan aplicables integralmente a esta vinculación, en dichos años el actor
se desempeñó como docente municipal, pues el señor Reyes Rodríguez laboró
como profesor de primaria en una escuela rural, sus salarios se pagaron con el
presupuesto municipal y estuvo afiliado a la caja de previsión de Santander y a
esta se efectuaron los aportes de ley, conforme quedó consignado en los
mencionados contratos.
2.4.2.2. En lo que concierne a la vinculación que tuvo el accionante en el año
1994, a través del programa de soluciones educativas, es pertinente citar el
siguiente pronunciamiento del Consejo de Estado en el que se estudió la
naturaleza de ese sistema:43
59. El programa denominado “soluciones educativas” hizo parte del plan de
universalización de la Educación Básica Primaria que adelantó el Ministerio de
Educación con el propósito de mejorar ese nivel de educación tanto a nivel
cuantitativo como cualitativo ofreciendo a los alumnos, maestras y escuelas un
conjunto integrado de bienes y servicios educativos.
60. Según el documento del Departamento Nacional de Planeación de 19 de marzo
de 1991, denominado “Plan de Apertura Educativa 1991-1994”, el Consejo Nacional
de Política Económica y Social, mediante el CONPES 2158 de 1991, aprobó la
medida conforme al referido plan para el cuatrienio 1991-1994 y fue
institucionalizado por medio del Decreto 61 de 14 de enero de 199244.
61. En efecto, el sistema de “Soluciones Educativas”, consistía en la contratación
anual de docentes por los municipios, con recursos del gobierno nacional, con cargo
a sus propios recursos, de suerte que se convirtió en una opción flexible por la
facilidad de vinculación de docentes y posibilitó que se llevara la educación a zonas
de difícil acceso.
[…]
43 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 26 de noviembre de 2018, radicado 50001-23-31-
000-2009-00316-02 (2470-2015).
44 Por el cual se institucionaliza el “Plan de Universalización de la Educación Básica Primaria”.
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Radicación: 68001-23-33-000-2014-00701-01 (4075-2015)
Demandante: Rafael Norberto Reyes Rodríguez
64. De acuerdo con el anterior recuento, el tiempo servido como docente en
programas de “soluciones educativas” debe tomarse como servido en educación
primaria en entidades territoriales, razón por la cual es posible computarlo para
efectos de acreditar el requisito de tiempo para el reconocimiento de la pensión
gracia45. [Resalta la Sala]
Conforme al anterior criterio jurisprudencial, el programa de soluciones educativas
se sufragaba con dineros de la Nación y/o con recursos propios de los municipios.
En efecto, el artículo 4 del Decreto 61 de 1992 determinó que el plan sería
financiado «con recursos del Crédito Internacional 3010 BIRFCO, con las
contrapartidas nacionales estipuladas en éste, con aportes de los presupuestos
departamentales, municipales cuando se suscriban los convenios respectivos, y
con aportes de la comunidad».
A su vez, el artículo 7 ibidem previó que, en el nivel municipal, el alcalde será el
director del plan cuando se suscriban los convenios.
En este orden de ideas, el Ministerio de Educación Nacional adelantó el plan de
universalización de la educación básica primaria, que estuvo financiado con
recursos mixtos, es decir, nacionales, departamentales y municipales, e inclusive
con aportes de la comunidad y provenientes del crédito internacional.
Además, las entidades territoriales debían suscribir convenios interadministrativos
con el fin de ejecutar dichos recursos y desarrollar la política educativa, teniendo
en cuenta los alcances y propósitos definidos por ella.
Bajo este escenario normativo y jurisprudencial, el tiempo laborado por el señor
Rafael Norberto Reyes Rodríguez en el año 1994, mediante el sistema de
soluciones educativas, debe tomarse como territorial, pues el municipio de San Gil
en la Resolución 216 del 7 de julio de 1994 especificó que la vinculación de los
docentes bajo tal modalidad se hacía con cargo a su propio presupuesto y para
ello se emitió el «Certificado de Disponibilidad 3.1.1. para establecimientos de
45 El tiempo laborado como docente de soluciones educativos fue tenido en cuenta para efectos de la pensión de
jubilación gracia en sentencia de 2 de agosto de 2018, C.P Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez, Expediente N°
70001233300020150024301, N° Interno: 2739-2016, Demandante: Nellys del Carmen Taborda Bohórquez.
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Radicación: 68001-23-33-000-2014-00701-01 (4075-2015)
Demandante: Rafael Norberto Reyes Rodríguez
Educación Urbanos, 3.2.13. para establecimientos de Educación Rural y 2.5.1.2.
para profesores que laboran en establecimientos urbanos no relacionados en los
numerales anteriores».46 En consecuencia, este lapso también resulta relevante
para efectos de reconocer la pensión gracia.
Es oportuno advertir que en cada caso particular debe analizarse la forma en que
los docentes fueron vinculados al programa de soluciones educativas, pues esta
Subsección en otras oportunidades ha podido constatar que la vinculación es
nacional y no puede computarse para acceder a la pensión gracia, por ejemplo,
cuando el acto de nombramiento de manera expresa e inequívoca establece que
los docentes ocuparán plazas que se encuentran a cargo del Ministerio de
Educación Nacional o que se pagarán con recursos provenientes de la Nación.47
Sin embargo, la situación anotada no se presenta en el sub lite, pues el accionante
fue designado para prestar sus servicios al municipio de San Gil, como docente de
la Escuela Rural La Chapala, su remuneración debía sufragarse con dineros
propios de ese ente territorial, el acto de nombramiento fue expedido por el alcalde
municipal y, finalmente, llama la atención que el actor siguió laborando en el
establecimiento educativo al cual había sido asignado desde el año 1990, mediane
contratos individuales de trabajo a término fijo.
2.4.2.3. En lo que respecta a la vinculación por contratos de prestación de
servicios en los años 1995 y 1996, es pertinente anotar que también deben
computarse para efectos de obtener la pensión gracia. Al respecto, esta
corporación ha indicado lo siguiente:48
46 En similar sentido puede consultarse la sentencia del 20 de abril de 2023, proferida por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, radicado 05001-23-33-000-2015-02205-01 (3905-2018).
47 En ese sentido pueden consultarse las siguientes sentencias, proferidas por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A: i) del 16 de junio de 2016, radicado 73001-23-33-000-2013-00529-01 (3533-14); y ii) del 20 de octubre de
2022, radicado 70001-23-33-000-2015-00236-01 (2709-2016).
48 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 28 de marzo
de 2019, radicado: 70001-23-33-000-2013-00205-01(3183-14). En igual sentido pueden consultarse las siguientes
sentencias de la Sección Segunda de esta corporación: a. del 19 de julio de 2018, radicado: 17001-23-33-000-2013-
00457-01 (3598-14); b. del 22 de octubre de 2018, radicado: 20001-23-39-000-2015-00529-01 (3878-17); c. del 12 de
junio de 2020, radicado: 25000-23-42-000-2015-05142-01 (4512-17)
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Radicación: 68001-23-33-000-2014-00701-01 (4075-2015)
Demandante: Rafael Norberto Reyes Rodríguez
Para la Sala, esa modalidad de vinculación no es ajena a quienes se incorporen a la
planta docente de las entidades territoriales en propiedad, habida cuenta que las
funciones que cumplen unos y otros son «[…] similares en el campo educativo y, en
consecuencia, [el vinculado mediante contrato de prestación de servicios también]
está obligado a acreditar iguales condiciones de formación y experiencia. Ello, por
supuesto, descarta que la ley y las propias instituciones, dentro de la autonomía de
que gozan para darse sus propios estatutos, puedan establecer regímenes
restrictivos que desconozcan el derecho de los docentes ocasionales […], a percibir
las prestaciones sociales reconocidas por el orden jurídico para todos los
trabajadores públicos o privados, las cuales deben otorgarse en proporción al
tiempo laborado»49.
[…]
En estos casos, dada la naturaleza de la función docente, el principio de la primacía
de la realidad sobre las formalidades cobra especial relevancia, puesto que la labor
desempeñada a través de órdenes de prestación de servicios desentraña una
verdadera relación de trabajo sobre la apariencia que haya querido ocultarla,
comoquiera que los maestros vinculados bajo esa modalidad de contratación, se
insiste, cumplen similares funciones a los de planta que están sujetos a un
específico régimen legal y reglamentario y, además, deben acreditar iguales
condiciones de formación y experiencia.
Por tanto, la Sala, contrario lo dispuesto por el a quo, valida el tiempo laborado por
el accionante como docente mediante contratos de prestación de servicios, para que
sea contabilizado con el ejercido en propiedad, circunstancia que le permite, previo
estudio de su caso particular, acceder al reconocimiento de la pensión gracia50.
Conforme al anterior lineamiento interpretativo, en el presente asunto se
computarán los tiempos laborados por el actor en virtud de los contratos de
prestación de servicios suscritos durante los años 1995 y 1996.
En efecto, durante esa época el señor Reyes Rodríguez se desempeñó como
docente de primaria, en la Escuela Rural Chapala del municipio de San Gil, por lo
que también frente a este lapso se predican los razonamientos que se han venido
efectuando en torno a la vinculación territorial del educador.
En tal sentido se destaca que los contratos fueron celebrados por el demandante
con el alcalde municipal de San Gil y se pagaron con recursos propios de dicho
ente territorial.
49 Sentencia C-517 de 1999, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa.
50 En ese sentido se ha pronunciado esta subsección en sentencias de 19 de enero de 2017, expediente: 54001-23-33-
000-2012-00180-01 (1706-2015), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter, y 14 de junio de 2018, expediente: 17001-23-33-000-
2013-00374-01 (4791-2014), C. P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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Radicación: 68001-23-33-000-2014-00701-01 (4075-2015)
Demandante: Rafael Norberto Reyes Rodríguez
Entonces, la Subsección acoge el criterio que ha fijado esta corporación en el
sentido de indicar que la normativa especial no excluyó tal modalidad contractual
para el acceso a la pensión gracia; por el contrario, lo relevante es que el
interesado demuestre haber trabajado en el magisterio oficial como maestro
territorial o nacionalizado, así como tener una experiencia docente anterior al 31
de diciembre de 1980, conforme se acreditó en el sub lite.
Es pertinente aclarar que esta tesis es consonante con el mandato constitucional
de privilegiar la realidad sobre las formalidades en aras de garantizar el acceso de
los trabajadores a sus derechos mínimos laborales.
Igualmente, esta decisión se adopta en razón a las particularidades del caso
concreto, esto es, por el ejercicio de la función docente, la cual de manera
reiterada se ha considerado que por su naturaleza implica subordinación,
prestación personal del servicio y el cumplimiento de condiciones de formación y
experiencia que denotan la existencia de un verdadero vínculo laboral entre la
administración y los educadores, quienes deben someterse a las directrices,
inspección y vigilancia de las diferentes autoridades educativas, a los contenidos
curriculares y al calendario escolar.51
En consecuencia, este segundo período, que suma un total de 5 años, 2 meses y
9 días, también puede acumularse al primero con el fin de establecer si el actor
tiene derecho a la pensión gracia solicitada.
51 Al respecto, esta corporación sostuvo lo siguiente:
[…] al estudiar a Corte Constitucional la demanda de inexequibilidad, entre otros, del artículo 6º de la Ley 60 de 1993,
referente a la administración de las plantas de personal docente, estableció que cuando se trata del desempeño de
funciones docentes, éstas no se pueden adelantar a través de contratos de prestación de servicios, porque siempre se
predica del ejercicio de dichas actividades la subordinación o dependencia propias de la relación laboral. Corrobora lo
anterior, el objetivo de la labor docente que consagra el artículo 104 de la Ley General de Educación (115 de 1994) al
prever que “El educador es el orientador en los establecimientos educativos, de un proceso de formación, enseñanza y
aprendizaje de los educandos […]”; situación que implica que la labor docente no es independiente, sino que es un
servicio que se presta en forma personal y de manera subordinada al cumplimiento de los reglamentos propios del
servicio público de la educación, que no es posible encubrir mediante contratos de prestación de servicios. Sentencia del
6 de mayo de 2010, radicado: 76001-23-31-000-2005-00578-01 (1883-08). En igual sentido pueden consultarse las
siguientes sentencias: i) del 7 de abril de 2016, radicado: 20001-23-31-000-2010-00413-01 (1022-2014); ii) del 1 de
diciembre de 2016, Radicado: 70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014); iii) del 23 de febrero de 2017, radicado:
15001-23-31-000-2012-00276-01 (2922-15); iv) del 10 de septiembre de 2020, radicado: 52001-23-33-000-2014-00565-
01 (1652-16).
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Radicación: 68001-23-33-000-2014-00701-01 (4075-2015)
Demandante: Rafael Norberto Reyes Rodríguez
2.4.3. Tercer período. Del 28 de febrero de 1997 al 3 de junio de 200752
Este tercer período está determinado por la Resolución 070 del 28 de febrero de
1997, proferida por el alcalde municipal de San Gil, mediante la cual efectuó «el
nombramiento de unos docentes con cargo a la nómina del municipio», incluyendo
el nombre del demandante, con el fin de que se desempeñara en el nivel
educativo de primaria. Este acto se fundó en las siguientes consideraciones:53
Que la Corte Constitucional en su sentencia número C-555/94 declaró inexequible el
parágrafo 10° del artículo 6° y el parágrafo 3° del artículo 105 de la Ley 115, que
permitía la vinculación a contrato de personal docente para el servicio educativo.
Que por Directiva Ministerial número 002 del 18 de enero de 1995, ordenó la
nominación de los docentes contratados antes del 8 de febrero de 1994, sin
concurso y con la mayor celeridad posible, en las vacantes existentes o nuevas
plazas, siempre y cuando cumplan con los requisitos legales para su incorporación y
acorde con la disponibilidad presupuestal.
Que por los Acuerdos 031 y 094 de 1995, autorizan al Alcalde para ampliar la planta
de personal docente del Municipio.
Que los docentes […] RAFAEL NORBERTO REYES […], están vinculados por contrato
municipal desde antes del 8 de febrero de 1994, y que cumplen con los requisitos
para ser nombrados.
De acuerdo con la anterior motivación, se encuentra acreditado que el actor fue
nombrado como docente territorial y no nacional, como lo estableció el a quo, pues
la designación fue efectuada por el alcalde de San Gil para ocupar una plaza
docente que había sido creada por un acuerdo del Concejo Municipal para la
planta de personal de ese ente territorial.
Esta situación fue ratificada por el Decreto 0039 del 11 de febrero de 2003,
expedido por el gobernador de Santander, que incorporó a la planta de cargos de
la Secretaría de Educación Departamental al personal docente del municipio de
52 Se toma como referente el 3 de junio de 2007, por ser la fecha en que el actor cumplió los 50 años de edad requeridos
para acceder a la pensión gracia reclamada.
53 Folio 36. La Resolución 070 del 28 de febrero de 1997 fue corregida por la Resolución 191 del 30 de mayo de 1997, en
razón a que por error involuntario «quedaron mal consignados los nombres de algunos docentes nombrados y sus
cédulas» (folio 37).
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Demandante: Rafael Norberto Reyes Rodríguez
San Gil, que se pagaba con recursos propios del municipio, es decir, que el señor
Reyes Rodríguez venía ocupando una plaza territorial y sus salarios eran
sufragados por el ente territorial, de manera que no existe prueba alguna que
permita concluir que el actor tuvo un vínculo Nacional.
Es más, el Ministerio de Educación hizo constar que, una vez revisados los
inventarios de historias laborales, el actor no aparecía en su planta de personal.
En consonancia con lo anterior, la Secretaría de Educación de Santander certificó
que el accionante prestaba sus servicios en el nivel básica primaria, en propiedad,
con una vinculación municipal.
De esta manera, la Sala se aparta del entendimiento del a quo en el sentido de
indicar que todos los docentes vinculados a partir del 1 de enero de 1990 son
nacionales, pues la Ley 91 de 1989 únicamente confirió esa clasificación a los
nombrados por el Ministerio de Educación Nacional y el artículo 15 ibidem amparó
la expectativa de quienes se habían vinculado antes del 31 de diciembre de 1980
como educadores territoriales o nacionalizados para acceder a la pensión gracia.
Bajo esta línea de intelección, esta corporación ha explicado que para determinar
el tiempo de servicio válido para acceder a la pensión gracia, la Ley 91 de 1989 no
estableció exigencia alguna frente a los siguientes aspectos: a. contar con
determinado período de vinculación con anterioridad al 31 de diciembre de 1980;
b. que los servicios prestados como docente sean continuos o interrumpidos; c.
que para la referida fecha el maestro deba tener un vínculo laboral vigente.54
En este orden de ideas, este tercer período analizado, equivalente a 10 años, 3
meses y 5 días, también resulta válido para estudiar las pretensiones del actor.
Así las cosas, el tiempo de servicio computable para obtener la pensión gracia
corresponde al siguiente:
54 Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 9 de noviembre de 2017, radicado: 25000-23-42-000-2013-05752-01
(2535-16).
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Demandante: Rafael Norberto Reyes Rodríguez
Carácter de la plaza Desde Hasta Tiempo laborado
ocupada Día Mes Año Día Mes Año Días Meses Años
Territorial 25-08-1979 08-02-1988 13 5 8
Territorial 16-07-1990 30-11-1990 15 4 0
Territorial 01-02-1991 30-11-1991 0 10 0
Territorial 01-02-1992 30-11-1992 0 10 0
Territorial 01-02-1993 30-11-1993 0 10 0
Territorial 01-02-1994 30-04-1994 0 3 0
Territorial 07-07-1994 30-11-1994 24 4 0
Territorial 17-02-1995 16-11-1995 0 10 0
Territorial 19-02-1996 18-11-1996 0 10 0
Territorial 28-02-1997 03-06-200755 5 3 10
TOTAL 27 10 23
De esta manera, el demandante acreditó con suficiencia el ejercicio de la profesión
docente por más de 20 años y cumplió con la exigencia de haberse vinculado
antes del 31 de diciembre de 1980; por lo tanto, el interesado cumplió el requisito
del tiempo de servicio previsto por el legislador para acceder a la prestación
pretendida.
Además, el señor Rafael Norberto Reyes Rodríguez cuenta con más de 50 años
de edad y durante su ejercicio como docente no se registraron sanciones
disciplinarias, es decir, que demuestra los requisitos de edad, buena conducta y
desempeño laboral con honradez y consagración previstos por la Ley 114 de 1913
para el reconocimiento del beneficio pensional reclamado.
Ahora bien, el accionante cumplió los 50 años de edad el 3 de junio de 2007,
fecha para la cual contaba con más de 20 años de servicio, es decir, que en ese
momento adquirió el derecho pensional.
Así las cosas, se revocará la sentencia apelada y, en su lugar, se declarará la
nulidad de los actos acusados y se ordenará el reconocimiento y pago de la
pensión gracia pretendida, en cuantía del 75% del promedio de los factores
devengados por el demandante en el año anterior a la consolidación de su estatus
pensional, comprendido entre el 3 de junio de 2006 y el 3 de junio de 2007, con
55 Esta fecha corresponde al día en que el actor cumplió los 50 años de edad.
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Demandante: Rafael Norberto Reyes Rodríguez
inclusión de la asignación básica y las doceavas partes de las primas de
vacaciones y navidad.56
La referida liquidación es consonante con los artículos 4 de la Ley 4 de 1966, 5 del
Decreto 1743 de 1966 y los lineamientos jurisprudenciales trazados por esta
corporación frente al monto de la prestación, esto es, que «la pensión gracia debe
liquidarse con base en los emolumentos devengados durante el año anterior a la
adquisición del estatus pensional».57
De otro lado, esta Subsección ha determinado que «según el artículo 102 del
Decreto 1848 de 1969 el derecho prescribirá a los tres años contados a partir de la
fecha en que la obligación se hace exigible, sin mencionar que su conteo es a
partir de que la entidad expide el acto administrativo que resuelve la pretensión
formulada».58
A su vez, se ha explicado que «presentada la petición ante la administración esta
interrumpe la prescripción y a partir de ese momento, el interesado cuenta con tres
años para su reclamación en sede judicial, al cabo de los cuales su inactividad
implicará la extinción de su derecho, y por ende, no será posible acceder al
restablecimiento del derecho».59
De acuerdo con los anteriores lineamientos, se concluye que en este caso debe
aplicarse el fenómeno prescriptivo, toda vez que el actor consolidó el estatus
pensional el 6 de junio de 2007, elevó la reclamación el 10 de diciembre de 2007 y
más de 3 años después presentó la demanda, esto es, el 15 de agosto de 2014,60
por lo que se tomará esa última fecha como parámetro para el conteo de la
56 El certificado laboral obra en el expediente administrativo aportado en medio magnético (folios 137 a 137A).
57 Al respecto pueden consultarse las siguientes sentencias de la Sección Segunda del Consejo de Estado: i) del 25 de
enero de 2007, radicado: 25000-23-25-000-2002-08879-01 (2748-05); ii) del 22 de marzo de 2018, radicado: 25000-23-
42-000-2014-03987-02 (1663-17); iii) del 14 de agosto de 2020, radicado: 15001-23-33-000-2014-00462-01 (1644-19).
58 Auto del 13 de julio de 2023, radicado 05001-23-33-000-2013-01280-01 (0531-2016). En similar sentido puede
consultarse la sentencia del 11 de noviembre de 2021, radicado 25000-23-42-000-2013-01580-01(0945-19).
59 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 30 de septiembre de 2021, radicado 54001-23-33-
000-2014-00010-01 (3243-19).
60
Folio 65.
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Demandante: Rafael Norberto Reyes Rodríguez
prescripción trienal. En consecuencia, los efectos fiscales del reconocimiento
pensional se decretarán a partir del 15 de agosto de 2011.
La suma de dinero que resulte de la condena anterior se ajustará al valor presente
de acuerdo con el artículo 187 del CPACA y la fórmula adoptada por el Consejo de
Estado, según la cual:
R= RH Índice Final
Índice inicial
En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (RH),
que es lo dejado de percibir por el demandante por concepto de mesadas
pensionales, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al
consumidor certificado por el DANE, vigente a la ejecutoria de la sentencia, por el
índice vigente a la fecha en que el demandante obtuvo el estatus pensional. Por
tratarse de prestaciones de tracto sucesivo, la indexación deberá hacerse mes por
mes.
2.5. De la condena en costas
El artículo 188 del CPACA establece que «[s]alvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil».
Con base en tal mandato, esta Subsección venía sosteniendo que para imponer
condena en costas, en vigencia del CPACA, se atendía una valoración objetiva,61
en la que el juez debía ordenarlas siempre y cuando se hubieran causado y en la
medida de su comprobación, sin considerar factores subjetivos como la buena fe o
la temeridad de las partes.
61 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-2014), actor:
José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: Dr. William Hernández Gómez.
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Radicación: 68001-23-33-000-2014-00701-01 (4075-2015)
Demandante: Rafael Norberto Reyes Rodríguez
Sin embargo, dicho criterio debe revisarse a la luz del artículo 47 de la Ley 2080
de 2021, en tanto adicionó un inciso al artículo 188 del CPACA para precisar que
«[e]n todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento
legal».
De esta manera, debe entenderse que con la anterior modificación el juez está
llamado a analizar la conducta de las partes en el proceso, así como la
sustentación jurídica de sus intervenciones con el fin de determinar si es
procedente o no imponer costas a cargo de alguna de ellas.
En el presente caso, los sujetos procesales ejercieron su defensa bajo la
convicción de que contaban con suficiente respaldo legal, también aportaron
pruebas y se apoyaron en la jurisprudencia vigente para obtener un
pronunciamiento favorable a sus intereses, por lo que esta Sala se abstendrá de
imponer condena en costas.
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional en
casos análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el
acervo probatorio, se concluye que la decisión del a quo debe ser revocada y, en
su lugar, se accederá a la pensión gracia reclamada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
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Radicación: 68001-23-33-000-2014-00701-01 (4075-2015)
Demandante: Rafael Norberto Reyes Rodríguez
F A L L A:
Primero. Revocar la sentencia del 30 de julio de 2015, proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander, que negó las pretensiones de la demanda de la
referencia, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. En su
lugar, se dispone lo siguiente:
Segundo. Declarar la nulidad de las Resoluciones UGM 009665 del 23 de
septiembre de 2011 y UGM 022947 del 28 de diciembre de 2011, mediante las
cuales la Caja Nacional de Previsión Social - Cajanal EICE en Liquidación, hoy
UGPP, negó el reconocimiento de la pensión gracia del actor.
Tercero. Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de
restablecimiento del derecho, ordenar a la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
reconocer y pagar la pensión gracia del señor Rafael Norberto Reyes Rodríguez,
identificado con cédula de ciudadanía 13.889.610, en cuantía del 75% del
promedio de los factores devengados en el año anterior a la consolidación de su
estatus pensional, comprendido entre el 3 de junio de 2006 y el 3 de junio de
2007, con inclusión de la asignación básica y las doceavas partes de las primas de
vacaciones y navidad. La prestación tendrá efectos fiscales a partir del 15 de
agosto de 2011 por haber operado el fenómeno de la prescripción trienal.
Cuarto. La UGPP hará la actualización sobre las sumas adeudadas, de
conformidad con lo establecido en el artículo 187 (inciso final) del CPACA, teniendo
en cuenta los índices de inflación certificados por el DANE y mediante la aplicación
de la fórmula matemática indicada en las consideraciones de esta sentencia.
Quinto. La UGPP deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del
plazo señalado en el artículo 192 del CPACA.
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Demandante: Rafael Norberto Reyes Rodríguez
Sexto. Sin condena en costas, por lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
Séptimo. Reconocer personería al abogado Jhon Jairo Bustos Espinosa como
apoderado de la parte accionada en los términos y para los efectos del poder que
obra en la plataforma SAMAI del Consejo de Estado.
Octavo. En firme esta sentencia, devolver el expediente al tribunal de origen,
previas las anotaciones de rigor.
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
cgg
33
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