Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2019-00292-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2019-00292-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 52001-23-33-000-2019-00292-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
27 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 52001-23-33-000-2019-00292-01 (4725-2023)
Demandante: Laura Ligia Chamorro Fuertes
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
Tema: Reconocimiento pensión gracia
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Asunto
1. Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la
sentencia proferida el 17 de marzo de 2023 por el Tribunal Administrativo de
Nariño, Sala Segunda de Decisión, por medio de la cual negó las pretensiones de
la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
2. Laura Ligia Chamorro Fuertes presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo1, en
orden a que se declarara la nulidad de las resoluciones RDP 002684 del 30 de
1 En adelante CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 52001-23-33-000-2019-00292-01 (4725-2023)
Demandante: Laura Ligia Chamorro Fuertes
enero y 012154 del 10 de abril, ambas de 2019, a través de las cuales la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social2 le negó el reconocimiento de una pensión gracia.
3. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó: i) el reconocimiento y pago de la prestación solicitada a partir del 4 de
junio de 2011, en cuantía del 75% del promedio mensual de los factores salariales
devengados en el año anterior a la adquisición del estatus pensional; ii) el
cumplimiento de la sentencia en los términos de los artículos 192 y 195 del
CPACA; iii) «la aplicación de los aumentos anuales automáticos que ordena la Ley 71 de
1988»; iv) la indexación de las sumas adeudadas de conformidad con el artículo
187 ibidem; y v) la condena en costas a la entidad demandada.
1.1.2. Fundamentos fácticos
4. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
5. Laura Ligia Chamorro Fuertes nació el 7 de octubre de 1960.
6. Se vinculó como docente municipal en el municipio de Potosí: desde el 13 de
enero de 1980 y hasta el 30 de junio de 1982 [887 días]; y ii) entre el 21 de
noviembre de 1993 y el 4 de junio de 2011 [6313 días]. Por ende, adquirió el
estatus pensional el 4 de junio de 2011 cuando cumplió 20 años de servicio.
7. El 19 de noviembre de 2018 le solicitó a la Ugpp el reconocimiento y pago de
una pensión gracia, la cual fue negada a través de las resoluciones RDP 002684
del 30 de enero y 012154 del 10 de abril de 2019, en consideración a que no
acumuló 20 años de servicio en la docencia territorial.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
8. Como tales se señalaron los artículos 25 y 53 de la Constitución Política; 1, 3 y 4
de la Ley 114 de 1913; 6 de la Ley 116 de 1928; 3 de la Ley 37 de 1933; 1, 2, 3 y
5 del Decreto Ley 2277 de 1979; 1 y 15 de la Ley 91 de 1989. En cuanto al
concepto de violación, expuso los siguientes argumentos3:
9. Infracción de las normas en que debía fundarse, pues el reconocimiento de la
pensión gracia no podía limitarse al literal de los requisitos concebidos en
principio, sino que al efecto solo es necesaria la acreditación del ejercicio de la
2 En adelante UGPP
3 Samai, índice 2, páginas 3 a 15
2
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Demandante: Laura Ligia Chamorro Fuertes
actividad docente con una vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980 y
adicional a ello, las exigencias previstas en la ley, esto es 50 años y 20 años de
servicio, así como la buena conducta. Pese a que estas exigencias fueron
demostradas por la peticionaria, la entidad negó la prestación periódica.
1.2. Contestación de la demanda
10. La UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda, por las razones que se
expresan a continuación4:
11. Si bien la demandante nació el 7 de octubre de 1960 y cumplió más de 20 años
de servicio docente, no existe fecha de configuración del estatus pensional,
comoquiera que no acreditó el cumplimiento de los demás requisitos legales para
acceder al reconocimiento de la pensión gracia.
12. Esto en atención a que no se tiene certeza sobre el tipo de vinculación de la
demandante, el origen de los recursos con los que se efectuó el pago de las
asignaciones, ni se allegaron los actos administrativos de nombramiento al
servicio docente, sin que aquellos reposen en los archivos de la entidad.
13. Finalmente propuso las excepciones que denominó: i) inexistencia de
vulneración de principios constitucionales y legales; ii) cobro de lo no debido; iii)
prescripción; y iv) la genérica.
1.3. La sentencia apelada
14. El Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Segunda de Decisión, en sentencia
proferida el 17 de marzo de 2023 negó las pretensiones de la demanda y condenó
en costas a la parte vencida5. Para tal efecto, luego de realizar un recuento de los
preceptos legales y jurisprudenciales aplicables al asunto, concluyó lo siguiente:
15. De acuerdo con los elementos de prueba aportados al proceso se evidenció
que laboró en los siguientes períodos:
Vinculación Fechas Institución Tiempo total Carácter
Decreto 2 del Desde: 13/01/80 Escuela Rural Mixta 1 año y 8
01/01/80 Hasta: 14/09/81 Cuaspud Núcleo meses, 1 día Municipal
Decreto 40 del Desde: 21/11/93 Escuela Rural Mixta 27 años, 8
19/11/13 Hasta:16/08/18 Cuaspud Núcleo meses y 24 días
«nacionalizada» e
4 Samai, índice 2, páginas 201 a 210
5 Samai, índice 2, archivo digital 011
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Demandante: Laura Ligia Chamorro Fuertes
institución educativa
agropecuaria Luis Montero
16. El debate se concretó en el carácter del vínculo de la demandante a partir de
1993, pues la entidad demandada negó el reconocimiento de la pensión gracia
bajo el argumento atinente a que era de carácter nacional; en tanto que la
demandante afirmó que fue nacionalizada, debido a la anotación de ese vocablo
en el acto administrativo de designación, específicamente en el nombre de la
institución educativa.
17. El Consejo de Estado6 en un asunto similar en el que por medio del acto de
nombramiento «se materializó la reconversión del contrato suscrito con la Nación, en el
marco del programa “soluciones educativas” al de una plaza docente, como resultado de
la autorización del Ministerio de Educación Nacional de reconvertir 3491 soluciones
educativas nacionales en todo el país, de las cuales 63 eran en el Norte de Santander»,
concluyó que en atención a que la plaza docente no fue incorporada a la planta del
departamento o municipio, su carácter era nacional.
18. En sub judice, al igual que en el asunto decidido por el Consejo de Estado, el
alcalde del Municipio de Potosí citó la siguiente normativa:
i) el artículo 9 de la Ley 29 de 1989, en virtud del cual se facultó a los mandatarios
municipales para nombrar, trasladar, remover, controlar y, en general administrar
el personal docente y administrativo de los establecimientos educativos nacionales
y nacionalizados. Se advirtió que los salarios y prestaciones sociales de este
personal, continuarían a cargo de la nación y de las entidades territoriales que las
crearon. Adicional a ello, la nación no asumiría responsabilidad alguna por los
nombramientos que excedieren las plantas de personal aprobadas por el gobierno
ni llevaría a cabo la nacionalización del personal así designado.
ii) el Decreto 1706 de 19897, reglamentario de la anterior ley, en cuyo artículo 10
estableció el procedimiento para efectuar los traslados señalados en precedencia.
De la lectura del acto de nombramiento, se observó el cumplimiento de ese
trámite, puesto que se aludió a la certificación expedida por el jefe de la oficina
Seccional del Escalafón y también a una expedida por el delegado permanente del
Ministerio de Educación Nacional.
6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B.
Sentencia proferida el 2 de octubre de 2020, dentro del proceso con radicación 68001-23-33-000-
2016-00368-01 (5573-2018)
7 «Por el cual se reglamentan los artículos 7, 10 y 18 de la Ley 29 de 1989, y se dictan otras
disposiciones»
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Demandante: Laura Ligia Chamorro Fuertes
iii) La Resolución 3695 de 28 de julio de 1993, por la cual el Ministerio de
Educación autorizó la reconversión de soluciones educativas nacionales a plazas
docentes, de acuerdo con la sentencia en cita del Consejo de Estado. En el caso
concreto, el acto de nombramiento indicó la recepción de la circular sobre
reconversión de soluciones educativas «nacionales» a plazas docentes.
iv) la Resolución 4271 de 30 de agosto de 1993 se referenció en el literal d) del
acápite de consideraciones del decreto de nombramiento de la demandante, en la
que determinó la competencia en cabeza del alcalde para la vinculación de
personal a las plazas docentes establecidas por reconversión de las 3491
soluciones educativas nacionales.
19. De acuerdo con lo expuesto, tal y como se explicó en la providencia señalada,
la designación de Laura Ligia Chamorro Fuertes se originó en el Plan de Apertura
Educativa 1991-1994, que consistió en la contratación anual de docentes por los
municipios, con recursos del gobierno nacional, en aras de garantizar la expansión
de la educación primaria en las entidades territoriales.
20. Así las cosas, pese a la designación para que la demandante ejerciera la
actividad docente en la Escuela Rural Mixta Cuaspud Núcleo «nacionalizada»,
contrario a lo señalado en la demanda, ello no implicaba que la docente tenía igual
carácter, en la medida en que el nombramiento obedeció al programa de
soluciones educativas, marco dentro del cual, el vínculo se generaba entre el
profesor y la nación.
21. Sumado a ello, la Ley 29 de 1989, prohibió la nacionalización del personal así
designado y, en todo caso, la parte actora no probó la calidad de nacionalizada, en
atención a que su nombramiento se efectuó bajo un régimen normativo distinto.
Por ende, aunque se afirmara el carácter territorial del plantel educativo, lo cierto
es que, no se acreditó que la demandante, nombrada en virtud de aquel programa,
no ostentara una vinculación nacional.
1.4. El recurso de apelación
22. La demandante solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia y en
su lugar se accediera a las pretensiones de la demanda8. Lo anterior, con base en
los siguientes argumentos:
23. Lanegativa del a quo se fundamentó en las consideraciones del acto
administrativo de nombramiento de la docente, sin «que analizara en conjunto el
8 Samai, índice 2, archivo digital 013
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Demandante: Laura Ligia Chamorro Fuertes
acto», en virtud del cual fue nombrada en un establecimiento educativo de carácter
nacionalizado, esto es la Escuela Rural Mixta Cuaspud Núcleo Nacionalizada, de
manera que se apartó de la jurisprudencia concerniente a la pensión gracia.
24. La plaza docente ocupada por Laura Ligia Chamorro Fuertes en la Escuela
Rural Mixta Cuaspud Núcleo de Potosí, en principio fue «territorial municipal» y en
virtud del proceso de nacionalización de la educación ordenada por la Ley 43 de
1975, se convirtió en la Escuela Rural Mixta Cuaspud Núcleo «Nacionalizada».
25. En consecuencia, se desconoció la sentencia SU-CE-SUJ2-011-18 del 21 de
junio de 20189, en la que se determinó que «lo esencialmente relevante, frente al
reconocimiento de la pensión gracia es la acreditación de la plaza a ocupar». En el caso
de la demandante «la plaza ocupada tenía el carácter inicial de municipal y luego se
convirtió a nacionalizada, lo cual otorgaría el derecho a percibir la pensión gracia».
26. El programa de «soluciones educativas» en el que participó la demandante no
implicaba de manera inexorable que el carácter de vinculación docente fuera
nacional. El Decreto 61 de 1992, por el cual se institucionalizó el «P lan
Universalización de la educación básica primaria» determinó en el artículo 4 la
financiación a partir de recursos nacionales, departamentales y municipales.
27. De acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado10, el tiempo de servicio
como docente en estos programas «debe tomarse como servido en educación primaria
en entidades territoriales», razón por la cual era posible computarlo para efectos de
acreditar el requisito de tiempo para el reconocimiento de la prestación económica.
28. Asimismo, la Corte Constitucional en la sentencia SU 014 de 2020, precedente
vertical obligatorio, «por la cual afianza la jurisprudencia del Consejo de Estado
reafirmando el criterio relativo a que, si los actos administrativos de nombramiento están
suscritos por el ente territorial e intervienen los Delegados del FER, el tipo de vinculación
no corresponde a nacional sino a nacionalizado».
1.5. Pronunciamiento en segunda instancia
29. Eldespacho admitió el recurso de apelación el 30 de enero de 2024, de
conformidad con el artículo 247 del CPACA, oportunidad en que la demandante
9 Dentro del proceso con radicado: 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014)
10 Sobre el particular citó: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, Subsección B. Sentencia del 26 de octubre de 2017, rad. 520012333000201400216 01
(2215-2015).
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Demandante: Laura Ligia Chamorro Fuertes
presentó solicitud de pruebas11 y se denegó a través de providencia del 30 de
mayo de esa anualidad, bajo los siguientes argumentos:
30. En primer lugar, la solicitud probatoria objeto de estudio no se enmarcó en
ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 212 del CPACA para su
decreto en segunda instancia, pues aun cuando señaló que desconocía los
documentos al momento de presentar la demanda, lo cierto es que se trató de
pruebas que existían antes de acudir a esta jurisdicción; además, no se refirió ni
acreditó que por motivos de fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte
contraria no hubiese podido solicitarlas en la primera instancia.
31. Segundo, luego de la revisión del expediente se evidenció que no fueron
solicitados en las diferentes oportunidades probatorias que tuvo en primera
instancia, esto es, en los términos del artículo 212 del CPACA.
32. Por último, en relación con la sentencia del Consejo de Estado del 24 de agosto
de 2023, proferida por la Sección Segunda en un proceso distinto y con
posterioridad al trámite de la primera instancia de la presente litis, indicó que a
través de aquella no era posible acreditar los hechos de la demanda o su
contestación, por lo que devino en inútil e impertinente.
33. Frente a esta decisión las partes guardaron silencio12.
11 Solicitó tener como pruebas los siguientes documentos:
«1. Resolución No. 150 de 1991, emitida por la secretaría de Educación Departamental de Nariño
por la cual se concede licencia de funcionamiento para la extensión agropecuaria Cuaspud (N) –
núcleo dependiente del Instituto Integrado Nuestra Señora de Lourdes, Municipio de Potosí (N).
2. Resolución No 307 de 1991, emitida por la secretaría de Educación Departamental de Nariño
por la cual se aclara parcialmente la Resolución No. 150 de 1991, denominando la extensión
agropecuaria “MONSEÑOR LUIS ANTONIO MONTERO” de Cuaspud Núcleo.
3. Resolución 356 de 1997, emitida por la Gobernación de Nariño, la cual aprueba los estudios de
nivel de educación básica secundaria y técnico, al Instituto Técnico Agropecuario Luis Antonio
Montero, establecimiento de propiedad del Departamento y bajo la dirección del Licenciado Luis
Alfredo Chamorro Rodríguez. En este se indica claramente que el establecimiento educativo es
“propiedad del Departamento” prueba por demás de que el establecimiento es nacionalizado.
4. Resolución No 376 de 2003, emitida por la Secretaría de Educación Departamental de Nariño,
por medio de la cual se modifica y aclara la Resolución No. 2532 de 2002 del Mpio de potosí (N).
5. Resolución No 1327 de 2020, emitida por la Gobernación de Nariño, por medio de la cual
Institucionaliza la oferta educativa de la institución Educativa Agropecuaria Luis Antonio Montero
del Mpio de Potosí (N)».
Asimismo, pidió decretar como prueba la «[S]entencia del 24 de agosto de 2023. Radicación:
68001-23-33-000-2014-00701-01 (4075-2015). Demandante: Rafael Norberto Reyes Rodríguez.
Demandado: UGPP. Temas: Reconocimiento de Pensión Gracia – Soluciones Educativas».
12 Según la constancia secretarial del 16 de septiembre de 2024, visible en el índice 20 de Samai
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Radicado: 52001-23-33-000-2019-00292-01 (4725-2023)
Demandante: Laura Ligia Chamorro Fuertes
1.6. El Ministerio Público
34. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no se pronunció en esta
instancia13.
2. Consideraciones
2.1. Problema jurídico
35. Se circunscribe a resolver ¿si el tiempo laborado por Laura Ligia Chamorro
Fuertes desde el 21 de noviembre de 1993 fue de carácter nacional, debido a que
se vinculó mediante el programa de soluciones educativas?; o si, por el contrario,
¿fue nacionalizado en virtud del nivel de la institución educativa en la que prestó el
servicio docente?
2.2. Marco normativo y jurisprudencial
2.2.1. En torno a la pensión gracia
36. El sector docente oficial estuvo marcado por condiciones diferenciales en
materia salarial y prestacional, derivadas del nivel de la entidad con la que se
iniciara el vínculo jurídico o la relación legal y reglamentaria. Ciertamente, este
aspecto determinaba el origen de los recursos para la remuneración de estos
servidores, pues mientras la nación asumía los gastos del personal del orden
nacional, los respectivos entes territoriales eran responsables de proveer los
recursos necesarios para el pago de sus empleados dedicados a la labor
educativa. Esta situación conllevaba un trato que, hasta esta época, se ha juzgado
como inequitativo para estos últimos educadores, cuyas prestaciones económicas
eran inferiores, pese a que todos ejecutaban la misma labor.
37. Lo anterior llevó al legislador a adoptar medidas tendientes a equiparar las
condiciones salariales y prestacionales de todos los docentes oficiales, dentro de
las cuales se destacó el reconocimiento de la pensión gracia implementada por
medio de la Ley 114 de 191314 como un reconocimiento a la dedicación al servicio
de la actividad educativa de los docentes territoriales de las escuelas primarias.
38. El artículo 4 ibidem determinó que para gozar de dicha prestación era necesario
que el educador cumpliera, entre otros requisitos, 20 años de servicio en
13 Ibidem
14 «Se crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».
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Demandante: Laura Ligia Chamorro Fuertes
establecimientos educativos oficiales del orden territorial, no recibiera otra pensión
o recompensa de carácter nacional y alcanzara los 50 años de edad, siempre y
cuando hubiese demostrado haber ejercido la docencia con honradez,
consagración y que observara buena conducta.
15
39. Con posterioridad, las leyes 116 de 1928 y 37 de 193316, en sus artículos 6 y
3, respectivamente, extendieron la pensión gracia a los maestros de secundaria,
normalistas e inspectores de instrucción pública.
40. Asimismo, con la Ley 91 de 1989 se logró la unificación de los distintos
regímenes del magisterio, en aras de finiquitar las divergencias interpretativas
derivadas del proceso gradual de traslado de los costos de las entidades
territoriales a la nación que había ordenado la Ley 43 de 1975 que, en últimas,
afectaba las condiciones laborales del magisterio. Para ello, distribuyó las
obligaciones prestacionales de los docentes (artículos 1 y 2), según se resume a
continuación:
Personal Tipo de vinculación Prestaciones sociales a Entidad responsable
docente cargo
Nacional Vinculados por Las causadas hasta La extinta Cajanal y el Fondo
nombramiento del 29/12/1989 y en adelante, Nacional del Ahorro o las que
gobierno nacional los reajustes y la sustitución hicieren sus veces.
de pensiones
Las causadas a partir del La nación y pagadas por el
29/12/1989 Fomag
Las causadas hasta el Las respectivas entidades
31/12/1975 y en adelante, territoriales o las cajas de
los reajustes y la sustitución previsión, o las entidades que
Vinculados por de pensiones hicieren sus veces, a las
Nacionalizado nombramiento de cuales venía vinculado este
entidad territorial personal
antes y después del Las causadas en el período La nación o las respectivas
1/1/1976 (Ley 43/75) de nacionalización (1/1/1976 entidades territoriales o las
– 31/12/1980), los reajustes cajas de previsión, o las
y la sustitución de pensiones entidades que hicieren sus
veces (estas entidades deben
contribuir en los porcentajes
establecidos en el art. 3 de la
Ley 43/75).
15 «Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927».
16 «Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de
algunos empleados».
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Demandante: Laura Ligia Chamorro Fuertes
Las causadas y no pagadas Las respectivas entidades
entre el 1/1/1981 y el territoriales o las cajas de
29/12/1989 previsión social, o las
entidades que hicieren sus
veces, a las cuales estaba
vinculado dicho personal.
La nación debe hacer los
aportes correspondientes, en
virtud de lo pactado en los
convenios respectivos.
Las causadas a partir del La nación y pagadas por el
29/12/1989 Fomag
41. En el artículo 356 de la Constitución Política se determinó la competencia del
legislador para fijar cuáles servicios estarían a cargo de la nación y cuáles de las
entidades territoriales. En su versión original, definió que el situado fiscal era el
porcentaje de los ingresos corrientes de la nación cedido a los departamentos, el
distrito capital y los especiales de Cartagena, Santa Marta y Barranquilla, para
financiar la educación, en los niveles preescolar, primaria, secundaria y media, así
como la salud.
42. En efecto, la Ley 60 de 199317 asignó la administración de los servicios
educativos estatales a los municipios financiados con recursos propios y con los
provenientes de su participación del situado fiscal, en conjunto con los
departamentos. En el artículo 6 ibidem dispuso la incorporación del personal
docente de los órdenes departamental, distrital y municipal al Fomag, así como la
conservación del régimen prestacional anterior, mientras que a las nuevas
vinculaciones se les aplicaría la Ley 91 de 1989. En consecuencia, las
prestaciones sociales causadas antes de la afiliación al señalado fondo y sus
reajustes, reliquidaciones y sustituciones serían cubiertas por la respectiva entidad
territorial o el ente de previsión social a la cual se hubiesen realizado los aportes; a
diferencia de las que se hicieran exigibles con posterioridad, que estarán a cargo
del señalado fondo.
43. La Ley 60 de 1993 también determinó que, para la prestación descentralizada
de los servicios, cada entidad territorial debía manejar en su presupuesto una
17 «Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad
con los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos
356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.
[...]
Artículo 9. El situado fiscal, establecido en el artículo 356 de la Constitución Política, es el
porcentaje de los ingresos corrientes de la Nación que será cedido a los departamentos, el Distrito
Capital y los distritos especiales de Cartagena y Santa Marta, para la atención de los servicios
públicos de educación y salud de la población y de conformidad con lo dispuesto en los artículos
49, 67 y 365 de la Constitución Política. El Situado fiscal será administrado bajo responsabilidad de
los departamentos y distritos de conformidad con la Constitución Política».
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Demandante: Laura Ligia Chamorro Fuertes
cuenta especial independiente con lo cual no afectaría la unidad de caja 18, lo que
se traduce en que los recursos para educación no se integrarían con los que el
ente territorial ya administraba. Lo anterior llevó a que los Fondos Educativos
Regionales (FER), creados por el Decreto 3157 de 196819, encargados del
sostenimiento de los servicios educativos, fueran incorporados a la estructura de
los departamentos y distritos20 y más adelante, a las secretarías de educación,
según la Ley 115 de 199421 (artículo 179, literal d).
44. Sin embargo, las sumas destinadas al pago de prestaciones sociales del
personal docente serían giradas directamente al Fomag, tanto las que provenían
del situado fiscal como las que debía trasladar el respectivo ente territorial por las
prestaciones causadas y no pagadas.
45. La obligación de afiliar a los docentes departamentales, distritales y municipales
financiados con recursos propios de las entidades territoriales al Fomag se
reglamentó con el Decreto 196 de 199522, a través del cual se identificaron las
fuentes de financiación según los tipos de vinculación docente, clasificación
señalada por la Ley 91 de 1989, así:
42. i) Nacionales y nacionalizados: financiados con recursos de la nación y luego
del situado fiscal. Sus prestaciones quedaron a cargo del Fomag, luego de su
afiliación.
43. ii) Departamentales, distritales y municipales: este personal se consideró en
tres grupos, a saber:
46. Por una parte, el personal que venía pagado con recursos propios del ente
territorial, al cual se le respetaría el régimen territorial que lo venía cobijando. En
este caso, las prestaciones causadas antes de su incorporación al Fomag, así
como sus reajustes, reliquidaciones y sustituciones, son de responsabilidad directa
de las entidades territoriales o de las cajas de previsión, en las que se hayan
efectuado los correspondientes aportes.
18 Para la época, se encontraba definido en el artículo 12 de la Ley 38 de 1989 así: «Unidad de
Caja. Con el recaudo de todas las rentas y recursos de capital se atenderá la situación de fondos a
los organismos y entidades para el pago oportuno de las apropiaciones autorizadas en el
Presupuesto General de la Nación.»
19 «Por el cual se reorganiza el Ministerio de Educación Nacional y se estructura el sector educativo
de la Nación»
20 Ley 60 de 1993, artículos 3, numeral 5; y 4, numeral 1.
21 «Por la cual se expide la ley general de educación»
22 «Por medio del cual se reglamentan parcialmente el artículo 6 de la Ley 60 de 1993 y el artículo
176 de la Ley 115 de 1994»
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47. Por otra parte, los docentes que eran financiados o cofinanciados por el
Ministerio de Educación Nacional mediante convenios y vinculados a plazas del
nivel territorial. Para ellos, las prestaciones sociales serían de cargo de la
respectiva entidad territorial y los recursos para su pago se regirían por el
correspondiente convenio de financiación o de cofinanciación. Vencidos los
términos de los respectivos convenios, los derechos salariales y prestacionales se
pagarían con cargo al situado fiscal.
48. Para los docentes de establecimientos públicos oficiales que eran pagados con
recursos del establecimiento, sus prestaciones serían asumidas por el Fomag.
23
49. En línea con lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 , en la
24
sentencia SUJ11-S2 del 21 de junio de 2018 se afirmó que la pensión gracia
debe reconocerse a los docentes nacionalizados, con el fin de «[…] colmar las
expectativas de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 […]».
25
50. Por su parte, la Corte Constitucional en sentencia C-489 de 2000 declaró la
exequibilidad condicionada de la expresión «[…] vinculados hasta el 31 de diciembre
de 1980», en el entendido que, comoquiera que constituyen derechos adquiridos
que no podían ser desconocidos por el legislador, las situaciones jurídicas
consolidadas antes de la entrada en vigencia de la normativa demandada
quedarían a salvo, es decir que tiene derecho a que se le reconozca la pensión
gracia aquel docente que haya tenido una vinculación en una plaza nacionalizada
o territorial antes del 31 de diciembre de 1980 y que cumpla con las exigencias de
la Ley 114 de 1913 y demás normas que la desarrollaron, sin importar el momento
en que logre colmar los requisitos de edad y tiempo de servicio.
51. En cuanto a las vinculaciones nacionales y la imposibilidad de computar los
tiempos laborados en tal virtud para la pensión gracia, es pertinente mencionar
que la jurisprudencia de la Sala26 ha señalado:
«[…] Sobre los tiempos nacionales.
La ley 114 de 1913 que creo la pensión de los docentes, estableció una serie de
requisitos para acceder a la misma, entre los cuales dispuso en el numeral 3º del
artículo 4º, que el docente debe demostrar que ni recibe ni ha recibido pensión o
recompensa nacional.
23 «Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
24 Expediente con radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
25 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C489 del 4 de mayo de 2000.
26 Sentencia del 17 de noviembre de 2016, exp. 2114-2016, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado
compruebe: […]
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de
carácter nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un
Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por
la Nación o por un Departamento.” (Resalta la Sala)
El artículo 1º de la Ley 91 de 198927 clasificó a los docentes para efectos de las
prestaciones económicas, como territoriales, nacionales y nacionalizados.
Artículo 1º.- Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el
alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:
1. Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional.
2. Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha,
de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.
3. Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido
en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.»
[…]
Queda claro entonces, que no se ha establecido como requisito para acceder a la
pensión gracia, que el docente deba estar vinculado el día 31 de diciembre de 1980, es
decir, solo es necesario que haya prestado sus servicios como docente antes del año
1981 en instituciones territoriales o nacionalizadas, sin que se puedan computar
tiempos de servicio de carácter nacional, pues la finalidad principal de la pensión
gracia, es reconocer a aquellos docentes un beneficio económico para equilibrar los
ingresos percibidos entre éstos y los docentes nacionales, ante el déficit fiscal en que
se encontraban los entes territoriales para cubrir el pago por la prestación de los
servicios al magisterio.» [Se resalta]
52. Aunado a lo anterior, para determinar la plaza docente que permite obtener el
beneficio pensional en comento, se recuerdan las reglas que fijó esta Corporación
en sentencia de unificación del 21 de junio de 201828, así:
«[…] (i) los recursos del antiguo situado fiscal, regulados tanto en la Constitución de
1886 como en la de 1991, que transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales
para atender al sostenimiento de los fondos educativos regionales, una vez ingresaban
a los presupuestos locales, le pertenecían de forma exclusiva a los entes territoriales;
(ii) la calidad de docente territorial o nacionalizado es otorgada por la ley, y no se
pierde, o cambia a nacional, cuando en el acto de vinculación del docente haya
intervenido el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el
respectivo fondo educativo regional o haya certificado la disponibilidad presupuestal o
la vacancia definitiva del cargo;
27 «Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
28 Radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
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(iii) en consecuencia, lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la aludida
prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter
territorial o nacionalizada, pues en lo que respecta a los educadores territoriales, el
pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas de la respectiva localidad,
o del -situado fiscal- cuando se sufragaban los gastos a través de los endógenas
exógenas fondos educativos regionales, y en lo que tiene que ver con los educadores
nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del
situado fiscal, hoy sistema general de participaciones; y
(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el
tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial […]».
53. En la misma línea, esta Sección en la sentencia de unificación del 11 de agosto
de 202229 indicó:
«[…] la línea jurisprudencial del Consejo de Estado se ha encaminado a afirmar que la
condición para el reconocimiento de la pensión gracia «es que la vinculación del
docente territorial sea anterior al 31 de diciembre de 1980, contando tiempos
posteriores siempre y cuando se demuestren como nacionalizados o
territoriales».30
[…] conforme a lo indicado en la Sentencia C-506 de 2006, en consonancia con los
antecedentes legislativos de la Ley 91 de 1989, se concluye que esta disposición
buscó proteger las reivindicaciones laborales alcanzadas por los educadores hasta ese
momento, dentro de las que se encontraba la pensión gracia de jubilación; por ende, el
único límite temporal que se impuso consistió en que los docentes territoriales y
nacionalizados demostraran haber ingresado al magisterio con antelación al 31 de
diciembre de 1980, pues a ellos se les debería seguir respetando el régimen pensional
que los cobijaba, en otras palabras, se protegieron tanto los derechos adquiridos como
las expectativas de completar los requisitos para obtener el derecho pensional, pues
las normas seguirían proyectando sus efectos en el tiempo para los servidores
vinculados en la forma indicada.
[…]
v) La Sentencia C-506 de 2006, antes estudiada, aclara el entendimiento frente al
límite temporal fijado por la Ley 91 de 1989, el cual consiste en garantizar el acceso a
la pensión gracia de aquellos docentes que se vieron inmersos en el proceso de
nacionalización de la educación, es decir, ingresaron con antelación al 31 de diciembre
29 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022,
radicado 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
30 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 19 de septiembre de 2019, radicado: 11001-
03-15-000-2019-02219-01 (AC).
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de 1980 y, por lo tanto, no podían ver truncada la posibilidad de completar los
requisitos previstos para obtener dicho beneficio por tratarse de una conquista laboral
respecto de la cual tenían aspiraciones legítimas.
vi) Mediante la Sentencia SU-014 de 2020, la Corte Constitucional explicó que el
artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 «solo tiene una lectura posible,
esto es, la interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los profesores
de primaria, los empleados y docentes de las Escuelas Normales, los inspectores de
instrucción pública y los docentes oficiales de secundaria aún podrían acceder a la
prestación siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31 de diciembre de 1980 y
cumplieran los demás requisitos de ley». A partir de dicho entendimiento, se
reconoció la pensión gracia a una docente que se vinculó antes de la referida fecha y
consolidó su estatus con posterioridad a la promulgación de la Ley 91 de 1989 […]».
[Se resalta]
54. En suma, para acceder a la pensión gracia los docentes deben acreditar: (i) el
ingreso antes del 31 de diciembre de 1980 en una plaza territorial o nacionalizada,
(ii) completar 20 años de servicio en una plaza de igual nivel y (iii) tener buena
conducta durante su desempeño como docente. No se puede exigir haber
completado los requisitos ni encontrarse vinculado en la fecha señalada, en
atención a que pueden ser computados los tiempos laborados con posterioridad; y
no se requiere que el tiempo de servicio sea continuo.
2.3. Caso concreto
55. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
41.1. Laura Ligia Chamorro Fuertes nació el 7 de octubre de 196031.
41.2. En cuanto a los nombramientos, se acreditaron los siguientes:
i) Por medio del Decreto 2 del 1º de enero de 198032 por el cual «[e]l Alcalde de
Potosí en uso de sus atribuciones legales y teniendo en cuenta que el Honorable Concejo
Municipal creó dos profesores municipales para las escuelas mixtas rurales», la nombró
«profesora municipal de la Escuela Rural Mixta en el Núcleo en la Sección Cuaspud de
esta jurisdicción». Del empleo tomó posesión el 13 de enero de 198033.
ii) El Decreto 40 del 19 de noviembre de 1993 expedido por el alcalde y el
secretario de gobierno de Potosí34, «[p]or el cual se nombra en propiedad a una
docente en el Nivel de Básica Primaria en la Escuela Rural Mixta Cuaspud Núcleo,
31 De acuerdo con la cédula de ciudanía y el registro civil visibles en el índice 2, archivo digital 001,
páginas 42 y 43
32 Samai, índice 2, archivo digital 001, página 42
33 Según el acta de posesión visible la página 43
34 Samai, índice 2, archivo digital 001, páginas 45 y 46
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Nacionalizada que funciona en este municipio», en ejercicio de las atribuciones conferidas
por el artículo 9º de la Ley 29 de 1989 y los decretos 2277 de 1979 y 1706 de 1989. Para
ese efecto consideró:
«[…] a) Que se recibió en este Despacho la circular sobre: RECONVERSIÓN DE
SOLUCIONES EDUCATIVAS NACIONALES A PLAZAS DOCENTES, junto con las
Resoluciones números: 0427 de agosto de 1993; 03695 de julio de 1993; 04312 y la
lista de elegibles con su respectiva ubicación para proceder al nombramiento.
b) Que según el oficio firmado por el Jefe de la Oficina Seccional del Escalafón de
Nariño, certificó mediante oficio S.E. 304 de fecha noviembre 16 de 1993 que la
señora Laura Ligia Chamorro Fuertes sí reúne los requisitos para desempeñar el
cargo de Profesora en la Escuela Rural Mixta Cuespud Núcleo Nacionalizado, que
funciona en este municipio.
c) Que el señor Delegado Permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el
FER de Nariño, mediante oficio No. 804 de fecha noviembre 9 de 1993, certificó que
sí existe la disponibilidad presupuestal para la Conversión de Soluciones Educativas
a Educación Básica Primaria, Unidad 02.
d) Que de acuerdo con la Circular No. 006 de octubre 25 de 1993 emanada por el
Representante del Ministerio de Educación ante el FER de Nariño y la Resolución
No. 04271, la Docente deberá permanecer en el mismo sitio de trabajo donde se
nombre durante un mínimo de 4 años.
[…]» [Se resalta]
En la parte resolutiva dispuso «[n]ombrar en propiedad a Laura Ligia Chamorro
Fuentes […], especialidad: Primaria, título: maestra, grado: uno (1) en el Escalafón
Nacional Docente para desempeñar el cargo de Docente de Primaria en la Escuela Rural
Mixta Cuaspud Núcleo Nacionalizada que funciona en este municipio». El nombramiento
era con carácter retroactivo al 1º de noviembre de 1993 [artículo 5], tal como
quedó estipulado también en el acta de posesión35. En los demás ordinales de la
parte resolutiva ordenó:
«[…] Artículo segundo: La profesora nombrada tomará posesión en el Despacho de
esta Alcaldía con la acreditación de los requisitos legales y de las certificaciones
expedidas por el Delegado Permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el
FER de Nariño, por la Tesorería de este municipio, en las que conste que la
Docente no tiene otra vinculación laboral con ninguna de las entidades territoriales
que representen esos organismos.
Artículo tercero: Para los fines legales pertinentes, envíense copias del presente
Decreto al Delegado Permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el FER
de Nariño y a la Directora de la Escuela, junto con copias auténticas del acta de
posesión, fotocopia auténtica de la cédula de ciudadanía y constancia del escalafón.
35 Acta de posesión 25 del 21 de noviembre de 1993, página 47
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Artículo cuarto: Ordénese la apertura de una carpeta que contenga los documentos
y hoja de vida de la profesora, con la tarjeta de servicios
[…]». [Se resalta]
41.3. Se aportaron las certificaciones por cada período de servicio:
i) del 18 de septiembre de 201836, por la Secretaría de Educación de Potosí, como
como docente municipal de primaria:
Novedad Tipo de A.A. Posesión Desde Hasta
Nombramiento por
decreto municipal
Decreto 2
Escuela Rural Mixta 13-01-80 13-01-80 14-09-81
01-01-1980
Cuaspud Núcleo
Potosí (Nariño)
Nombramiento por
decreto municipal
Decreto 22
Escuela Rural Mixta 15-09-81 15-09-81 30-06-82
25-09-95
Cuaspud Núcleo
Potosí (Nariño)
Total 2 años, 5 meses y 17 días
ii) del 16 de agosto de 201837, por la Secretaría de Educación de Nariño, como
docente nacional de primaria, así:
Novedad Tipo de A.A. Desde
Ing. y reing.
Decreto 420
Escuela Rural Mixta Cuaspud 21-11-1993
19-11-1993
Potosí (Nariño)
Comisión establecimiento
Institución educativa Agropecuaria Resolución 916 25-09-95
Luis Antonio Montero 25-09-95
Potosí (Nariño)
Cálculo total del tiempo a la fecha de la certificación [16- 27 años, 8 meses y
08-2018] 24 días
41.4. El19 de noviembre de 201838 solicitó el reconocimiento de una pensión
gracia, la cual fue negada a través de la Resolución RDP 002684 del 30 de enero
36
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de 201939 proferida por el subdirector de determinación de derechos pensionales
de la UGPP, por cuanto su vinculación a la docencia fue de carácter nacional. En
este acto señaló que ha prestado los siguientes servicios:
«[…]
Entidad Desde Hasta Cargo Vinculación Modalidad
laboró
Mun. Potosí 1980/01/13 1982/06/30 Docente Municipal Primaria
Dpto. Nariño 1993/11/21 2010/12/30 Docente Nacional Primaria
[…]»
41.5. Contra esta decisión interpuso recurso de apelación, el cual fue denegado a
través de las Resolución RDP 012154 del 10 de abril de 2019, en la que confirmó
la decisión con fundamento en el argumento atinente a que la pensión gracia no
podía reconocerse a pensionados ni docentes nacionales.
2.4. Análisis sustancial
42. El Tribunal Administrativo de Nariño negó las pretensiones de la demanda, al
considerar que pese a la designación para que la demandante ejerciera la
actividad docente en la Escuela Rural Mixta Cuaspud Núcleo «nacionalizada»,
contrario a lo señalado en la demanda, ello no implicaba que la docente tenía igual
carácter, en la medida en que el nombramiento obedeció al programa de
soluciones educativas, marco dentro del cual, el vínculo se generaba entre el
profesor y la nación, tal y como lo consideró el Consejo de Estado40 en un asunto
similar.
56. Laura Ligia Chamorro Fuertes manifestó que el a quo omitió el análisis del acto
de nombramiento en un establecimiento educativo de carácter nacionalizado, esto
es la Escuela Rural Mixta Cuaspud Núcleo que, en principio fue «territorial
municipal» y en virtud del proceso de nacionalización de la educación ordenada por
la Ley 43 de 1975, se convirtió en «nacionalizada». En consecuencia «la plaza
ocupada por la demandante tenía el carácter inicial de municipal y luego se convirtió a
nacionalizada, lo cual otorgaría el derecho a percibir la pensión gracia», sin que el
programa de «soluciones educativas» en el que participó la demandante no
implicaba de manera inexorable que el carácter de vinculación docente fuera
39
Páginas 16 a 20
40 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B.
Sentencia proferida el 2 de octubre de 2020, dentro del proceso con radicación 68001-23-33-000-
2016-00368-01 (5573-2018)
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nacional.
42. Alrespecto, de acuerdo con los elementos de prueba se acreditó que fue
nombrada: i) profesora municipal para las escuelas mixtas rurales, empleo creado
por el Concejo Municipal, el cual ejerció desde el 13 enero de 1980 y hasta el 30
de junio de 1982 en la Escuela Rural Mixta Cuaspud Núcleo de Potosí; y ii) en
propiedad como docente de primaria en la señalada institución educativa que
ahora es de carácter nacionalizado, en virtud de la «reconversión de soluciones
educativas nacionales a plazas docentes», desde el 1º de enero de 1993.
43. En cuanto al primer período no cabe duda de que se trató de una plaza
municipal creada por el Concejo Municipal para las escuelas mixtas rurales; sin
embargo, en el segundo, no ocupó uno de aquellos creados por la entidad
territorial. Según se evidenció en el Decreto 40 del 19 de noviembre de 1993, este
se expidió en ejercicio del artículo 9 de la Ley 29 de 198941 y los decretos 2277 de
1979 y 1706 de 1989.
44. Pues bien, la Ley 29 de 1989, capítulo VI, sobre «descentralización
administrativa» artículo 9º, dispuso:
«[…] Se asigna al Alcalde Mayor del Distrito Especial de Bogotá, y a los alcaldes
municipales, las funciones de nombrar, trasladar, remover, controlar y, en general
administrar el personal docente y administrativo de los establecimientos educativos
nacionales o nacionalizados, plazas oficiales de colegios cooperativos, privados,
jornadas adicionales, teniendo en cuenta las normas del Estatuto Docente y la
Carrera Administrativa vigentes y que expidan en adelante el Congreso y el
Gobierno Nacional, ajustándose a los cargos vacantes de las plantas de personal
que apruebe el Gobierno Nacional y las disponibilidades presupuestales
correspondientes.
[…]
Parágrafo 1º.- Los salarios y prestaciones sociales de este personal, continuarán a
cargo de la Nación y de las entidades territoriales que las crearon.
Parágrafo 2º.- La Nación no asume responsabilidad alguna por los nombramientos
que excedan las plantas de personal aprobadas por el Gobierno Nacional para la
respectiva jurisdicción municipal y para la jurisdicción de la Isla de San Andrés, ni
nacionalizará el personal así designado. Ver artículo 6 Ley 60 de 1993 Ley 91 de
1989 y artículo 176 Ley 115 de 1994.
Los nombramientos y demás novedades de personal que se llegasen a producir por
fuera de las respectivas plantas de personal o contraviniendo las normas del
Estatuto Docente y de la Carrera Administrativa y las disponibilidades
presupuestales correspondientes, serán de exclusiva responsabilidad del municipio
41«Por la cual se modifica parcialmente la Ley 24 de 1988, y otras disposiciones».
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o entidad territorial que los hiciere, y suyas las cargas civiles, administrativas y
laborales que de tales actuaciones se desprendan. El funcionario que produjere el
nombramiento o la novedad de personal, incurrirá en causal de mala conducta, y
responderá solidariamente con la entidad que dicho funcionario represente.
Las demandas que se llegaren a presentar por causa de los nombramientos y
demás novedades de personal con desconocimiento de lo prescrito en este
parágrafo, se dirigirán contra el municipio o entidad territorial respectiva, y contra el
funcionario que produjo el acto.
Parágrafo 3º.- Los personeros municipales, como agentes del Ministerio Público, de
oficio o a petición del Alcalde, velarán por el cumplimiento del régimen disciplinario
del personal docente y administrativo, solicitando la aplicación de las sanciones
correspondientes ante las juntas seccionales de escalafón y el Ministerio de
Educación Nacional, respectivamente, la Junta Seccional de Escalafón podrá
solicitar la presencia del Personero Municipal, con voz pero sin voto, para tratar los
casos de su jurisdicción. […]». [Se resalta]
45. Elartículo descrito en precedencia fue citado a su vez en el Decreto
reglamentario 1706 de 198942, a saber:
«[…] Que el Congreso de la República, mediante el artículo 9 de la Ley 29 de 1989,
modificó el artículo 54 la Ley 24 de 1988, asignándole al Alcalde Mayor de Bogotá,
D.E., a los demás alcaldes del país y al Intendente de la Isla de San Andrés, las
funciones de nombrar, trasladar, remover, controlar y, en general, administrar el
personal docente y administrativo de los institutos educativos nacionales y
nacionalizados, plazas oficiales de colegios cooperativos, privados y jornadas
adicionales.
[…]
Que el nombramiento, remoción, control y administración en general del personal
administrativo, nacional y nacionalizado, de los equipos de educación fundamental,
son funciones de los Gobernadores, Intendentes, Comisarios y del Alcalde Mayor de
Bogotá D.E.
Que según esa norma, las facultades asignadas deben ejercerse teniendo en
cuantas el Estatuto Docente y la Carrera Administrativa, vigentes.
[…]». [Se resalta]
46. El artículo 10 ibidem estableció un procedimiento para los nombramientos de
las autoridades territoriales en ejercicio de la atribución prevista en el artículo 9º de
la Ley 91 de 1989, así: i) certificación del jefe de la Oficina Seccional del Escalafón
Docente con destino al alcalde y por solicitud de este, acerca del cumplimiento de
los requisitos legales del educador para el ejercicio del empleo y que contra aquel
no cursa proceso disciplinario, ni está pendiente de sanción disciplinaria alguna; y
ii) certificación sobre la disponibilidad presupuestal y la vacancia definitiva del
cargo por parte del delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional.
42
«Por el cual se reglamentan los artículos 7, 10 y 18 de la Ley 29 de 1989, y se dictan otras
disposiciones»
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47. De acuerdo con las normas expuestas se concluye, en primer lugar, que no es
cierta la conclusión a la que llega la apelante atinente a que la naturaleza de las
instituciones educativas implique igual condición respecto del personal docente
nombrado para prestar los servicios en los planteles, pues lo cierto es que puede
tratarse de plazas nacionales o nacionalizadas cuya facultad de administración
para nombrar o trasladar, entre otros, se radicó en el alcalde en virtud de la
«descentralización administrativa» previa asignación de los recursos fiscales
suficientes para atenderlas, según lo dispuesto en el artículo 356 de la
Constitución Política y con el agotamiento del procedimiento establecido en el
artículo 10 del Decreto reglamentario 1706 de 1989.
48. Segundo, la planta de personal era aprobada por el gobierno nacional para la
correspondiente jurisdicción municipal, sin que ello implicara un proceso de
nacionalización del personal designado, de manera que la prestación del servicio
de un docente en una institución educativa nacionalizada tampoco modificaría la
naturaleza de la plaza docente, en caso de que esta fuera del orden nacional.
Ahora bien, en el literal d) de la parte considerativa del acto de nombramiento se
referenció la Resolución 4271 del 30 de agosto de 199343, que frente al
procedimiento de vinculación de personal a las plazas docentes establecidas por
reconversión de las 3491 soluciones educativas nacionales, en el artículo 2°
dispuso:
«[…] 4. Los nombramientos los hará el Alcalde Municipal, si ha
asumido las funciones del artículo 9° de la Ley 29 de 1989; de lo
contrario, los hará el gobernador respectivo. En todo caso los
nombramientos que en el futuro deban hacerse en cumplimiento de lo
que establece el artículo primero de la presente Resolución, estarán a
cargo de la autoridad competente al momento de la provisión.
[…]». [Se resalta]
49. Sumado a ello, en el numeral tercero de la parte resolutiva del decreto de
nombramiento se ordenó la remisión de la copia al representante del Ministerio de
Educación Nacional ante el FER del departamento de Nariño, lo cual permite
inferir el cumplimiento del control nacional sobre sus plazas educativas en las
regiones, en obediencia a lo dispuesto por la Ley 29 de 1989 y su decreto
reglamentario.
50. Sobre el particular, el Consejo de Estado ha señalado que el programa
43
«Por la cual se adiciona y modifica parcialmente la Resolución 3695 de 28 de julio de 1993 y se
dictan otras disposiciones».
21
Radicado: 52001-23-33-000-2019-00292-01 (4725-2023)
Demandante: Laura Ligia Chamorro Fuertes
denominado «soluciones educativas»44 no implica per se la naturaleza nacional de
la plaza docente, pues en efecto existen casos en los que a pesar de provenir de
una solución educativa han sido acreedores de la pensión gracia; y ello es porque
se ha dilucidado sin equívoco alguno que la solución educativa estaba a cargo de
la entidad territorial45, tal como ocurrió en el caso de la providencia señalada en la
impugnación46.
51. Sin embargo, esa situación que difiere del caso particular objeto de análisis en
esta oportunidad, pues en efecto del examen integral del acto administrativo de
nombramiento no se demostró que el tiempo laborado desde el 1º de enero de
1993 sea de carácter nacionalizado sino nacional, toda vez que aun cuando fue
expedido por el alcalde de Potosí, lo cierto es que ocurrió en virtud de la
reconversión de soluciones educativas nacionales a plazas docentes, sin que la
administración por parte de la autoridad territorial o la institución educativa del
ejercicio docente conllevara la modificación de nacional a territorial o
nacionalizada, máxime cuando para ese momento ya se había iniciado el proceso
de nacionalización de la educación a través de la Ley 43 de 1975.
52. Así las cosas, tal y como se expuso en la apelación, de acuerdo con la
sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 201847, el elemento
relevante para la determinación de la calidad de docente territorial es la copia de
los actos administrativos o la certificación en la que conste el vínculo en los que
además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de
aquellas que el legislador ha previsto como territoriales.
53. En el presente caso, a partir del Decreto 40 del 19 de noviembre de 1993 y del
formato único para la expedición laboral señalado en el acápite de hechos
probados, se evidenció que la plaza docente de la demandante era de carácter
nacional, por lo que los argumentos de la apelación no prosperan.
54. En
este sentido, resulta claro que la vinculación ostentada por Laura Ligia
Chamorro Fuertes a partir del 1º de noviembre de 1993 fue de carácter nacional,
de manera que le asiste razón al tribunal de primera instancia al no encontrar
44
El cual hizo parte del plan de universalización de la educación básica primaria adelantado por el
gobierno nacional a través del denominado «Plan de Apertura Educativa 1991-1994», aprobado
por el Consejo Nacional de Política Económica y Social mediante el CONPES 2158 de 1991 para
el cuatrienio 1991-1994.
45 Así lo señaló de manera reciente el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, en sentencia del 5 de septiembre de 2024, rad.
Demandante 18001-23-40-000-2019-00165
46 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B.
Sentencia del 26 de octubre de 2017, rad. 52001-23-33-000-2014-00216-01(2215-15)
47
Dentro del proceso con radicado: 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014)
22
Radicado: 52001-23-33-000-2019-00292-01 (4725-2023)
Demandante: Laura Ligia Chamorro Fuertes
acreditada la prestación del servicio como docente durante 20 años en
establecimientos educativos oficiales del orden territorial, municipal o distrital. Por
cuanto, solo el periodo laborado entre el 13 de enero de 1980 y el 14 de
septiembre de 1981, resulta válido para el cómputo cuya finalidad corresponde al
reconocimiento de la pensión gracia, al estar vinculada como docente municipal
por espacio de 1 año, 8 meses y un día. En consecuencia, este era insuficiente
para el cumplimiento del requisito exigido por las leyes 114 de 1913 y 116 de
1928.
55. De lo anterior se colige que en virtud de la Ley 91 de 1989 los docentes que
presten su servicio en instituciones educativas del orden territorial o
nacionalizadas vinculados antes del 31 de diciembre de 1980 tendrían derecho al
reconocimiento y pago de la pensión gracia, en tanto acrediten todos los requisitos
previstos por el legislador y comoquiera que en el presente asunto no fue cumplido
el requisito de haber laborado por 20 años en una plaza del orden territorial,
municipal, distrital o nacionalizada, la Sala confirmará la sentencia objetada.
2.5. Costas
56. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
57. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma
enunciada, no presupone la causación de costas per se contra la parte que
pierda el litigio y solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a
las normas generales del procedimiento para su liquidación y ejecución.
58. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde
al juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación
subjetiva respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa
imposición de la medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para
dar paso a una aplicación razonable de la norma48.
48En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
23
Radicado: 52001-23-33-000-2019-00292-01 (4725-2023)
Demandante: Laura Ligia Chamorro Fuertes
59. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones
temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes
etapas del procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si
se causaron dichas costas.
60. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el
transcurso del trámite procesal, la Sala revocará la condena en costas del
numeral segundo de la sentencia objeto de apelación y se abstendrá de
imponerlas en esta instancia.
3. Conclusión
61. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que Laura Ligia Chamorro
Fuertes no tenía derecho al reconocimiento de la pensión gracia por no acreditar
el requisito de haber ejercido como docente territorial o nacionalizado durante 20
años, según lo previsto en las leyes 114 de 1913 y 116 de 1928, pues aun
cuando el decreto de nombramiento fue expedido por el alcalde de Potosí, lo
cierto es que ocurrió en virtud de la reconversión de soluciones educativas
nacionales a plazas docentes, sin que la administración por parte de la autoridad
territorial o la institución educativa del ejercicio docente conllevara la
modificación de nacional a territorial o nacionalizada.
62. En esas condiciones, se revocará el numeral segundo de la sentencia
proferida el 17 de marzo de 2023 por el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala
Segunda de Decisión, en tanto condenó en costas a la parte demandante, y la
confirmará en cuanto negó las pretensiones de la demanda.
63. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Revocar el numeral segundo de la sentencia proferida el 17 de marzo de
2023 por el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Segunda de Decisión, en
cuanto condenó en costas a la parte demandante, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de esta providencia. En su lugar, no se condena.
Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia proferida el 17 de marzo de 2023
por el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Segunda de Decisión, por medio de
la cual negó las pretensiones de la demanda presentada por Laura Ligia Chamorro
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Radicado: 52001-23-33-000-2019-00292-01 (4725-2023)
Demandante: Laura Ligia Chamorro Fuertes
Fuertes contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Tercero. Sin condena en costas en esta instancia.
Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclaración de voto
Cfr. Rad. AV. 05001-23-33-000
2020-00472-01 (1251-2024)
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.
JNFG
25
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