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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2017-00631-02

Fecha
5 de febrero de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2017-00631-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. REVOCAR la sentencia de 22 de octubre de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, por medio del cual se negaron las pretensiones de la demanda. SEGUNDO. En su lugar, DECLARAR probada de oficio la excepción de cosa juzgada, conforme a lo dispuesto en esta sentencia. TERCERO. Condenar en costas en esta instancia a la parte demandante, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. CUARTO. Reconocer sustitución de personería para actuar al abogado Nicolás Pataquiva Delgadillo como apoderado de la UGPP en atención al memorial anexo en el índice 49 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI” QUINTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 15001-23-33-000-2017-00631-02

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

5 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C., cinco (5) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 15001 23 33 000 2017 00631 02 (0899-2020)
Demandante: Arnulfo Agudelo Pérez
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
Tema: Pensión gracia. Naturaleza de la vinculación docente. Cosa
Juzgada. Ley 1437 de 2011

Decisión: Revocar la sentencia de primera instancia y declarar de
oficio cosa juzgada

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. La Sala de Subsección A procede a resolver el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 22 de octubre de
2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, que negó a las
pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES1

1.1. Hechos y pretensiones
2. El señor Arnulfo Agudelo Pérez, por intermedio de apoderado judicial,
solicitó declarar la nulidad de las Resoluciones 59429 del 04 de diciembre de
2008 y 14167 del 02 de abril de 2009, por medio de los cuales la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – UGPP-, negó el reconocimiento y pago de una pensión
gracia.

3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó el reconocimiento y pago
de una pensión gracia en los términos contemplados en la Ley 4 de 1966 con la
inclusión de todos los factores salariales devengados en el año inmediatamente
anterior a la adquisición del estatus, con su respectiva retroactividad, reajuste e
indexación; se ordene a la UGPP el pago de las condenas con base al IPC y lo
dispuesto en los artículos 187, 192, 194 y 195 de la Ley 1437 de 2011; y se le
condene en costas.

1 Folios 30 al 49 del primer cuaderno del expediente físico

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Radicado: 15001 23 33 000 2017 00631 02 (0899-2020)
Demandante: Arnulfo Agudelo Pérez

4. El señor Arnulfo Agudelo Pérez, manifestó que fue nombrado docente por
el Ministerio de Educación Nacional, cargo del cual tomó posesión ante el gerente
general del Instituto Colombiano de Construcciones Escolares – ICCE, desde el
9 de marzo de 1972 hasta el 10 de junio de 2007. Y que, durante dicho tiempo,
el departamento de Boyacá asumió el pago de sus salarios y prestaciones
sociales con recursos del situado fiscal, hoy Sistema General de Participaciones.

5. El 25 de enero de 2008 peticionó a la UGPP, el reconocimiento y pago de
una pensión gracia, sin embargo, le fue negado el derecho a través de los actos
administrativos hoy demandados.

1.3 Fundamentos de derecho y concepto de violación
6. Indicó que la entidad demandada infringió los artículos 4°, 6°, 13, 29, 48,
53, 58, 83, 121, 122, 123 y 230 de la Constitución; las Leyes 114 de 1913; 116
de 1928, 37 de 1933, 46 de 1973, 43 de 1975, 91 de 1989, 33 de 1985, 60 de
1993, 100 de 1993 y el Acto Legislativo 01 de 2005. Alega que se cumplieron
todos los requisitos exigidos para el reconocimiento de la pensión gracia, sin
embargo, la entidad demandada negó el derecho prestacional; estimando así,
que el acto acusado fue erróneamente motivado, y se expidió con
desconocimiento de los derechos adquiridos.

7. Después de realizar un recuento normativo de la pensión gracia, expuso
que, pese a que el acto de nombramiento fue suscrito por el Ministerio de
Educación Nacional, la entidad demandada desconoce que el pago y
reconocimiento de la labor docente estaba a cargo de la secretaría de educación
del departamento de Boyacá, y por tanto el vínculo no es nacional.

1.4 Contestación de la demanda2
8. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales – UGPP se opuso a la prosperidad de las
pretensiones indicando que la actuación de la entidad se ajustó a derecho.
Señaló que, el educador no acreditó de manera idónea ni suficiente los requisitos
exigidos por la ley para acceder a la pensión gracia, en especial el carácter
territorial o nacionalizado de su vinculación y el cumplimiento de 20 años de
servicio bajo dicha condición.

9. Resaltó que los dineros con los que se hizo el pago de los salarios y
prestaciones provenían de la Nación, y que, conforme a la Ley 91 de 1989, los
docentes vinculados después del 1.º de enero de 1990 son del orden nacional.

2 Folios 142 a 162 del expediente físico

La demanda se presentó el 18 de agosto de 2017, y fue admitida el 14 de septiembre de 2017
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Radicado: 15001 23 33 000 2017 00631 02 (0899-2020)
Demandante: Arnulfo Agudelo Pérez

1.5 Sentencia de primera instancia3
10. En audiencia del 22 de octubre de 2019 el Tribunal Administrativo de
Boyacá – Despacho No. 03 de Oralidad dictó sentencia mediante la cual negó las
pretensiones de la demanda.

11. Como sustento de lo anterior, expuso que el demandante acreditó una
vinculación de naturaleza nacional en razón a que fue nombrado en el cargo de
instructor en el Instituto Técnico Agropecuario de Paipa mediante Resolución
0646 de 1972 expedida por el gerente general del Instituto Colombiano de
Construcciones Escolares, el cual fue creado mediante el Decreto 2394 de 1968
“como establecimiento público, esto es, con personería jurídica, autonomía
administrativa y patrimonio independiente, adscrito al Ministerio de Educación
Nacional”.

12. Por lo tanto, indicó que el demandante ingresó al servicio de la docencia
con anterioridad a 1980 pero en virtud de un nombramiento efectuado por un
establecimiento público del orden nacional adscrito al Ministerio de Educación
Nacional, por ende, la vinculación del docente es de carácter nacional y no puede
ser tenido en cuenta para efectos de reconocer la pensión gracia.

13. Agregó que, si bien hay otros nombramientos anteriores a 1980, estos
también fueron suscritos directamente por el Ministerio de Educación Nacional
mediante las Resoluciones 1112 de 10 de febrero de 1977, 11654 de 17 de julio
de 1980 y 1437 de 1982, de manera que, no logró acreditar el vínculo con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980 de carácter territorial y/o nacionalizado
que exige la norma para acceder a la pensión gracia.

14. En cuanto al origen de los recursos, señaló que, si bien con la expedición
de la Ley 29 de 1989 los departamentos y municipios pasaron a administrar la
planta de personal docente, esa situación no cambió la naturaleza de los
nombramientos realizados a los docentes con anterioridad, dado que, seguían a
cargo de las entidades que los crearon, es decir, que aunque la administración
del docente estuviera a cargo de la entidad territorial, el nombramiento efectuado
por la Nación determinaba que conservaba su carácter de docente nacional. Por
último, condenó en costas.

1.6 Recurso de apelación4
15. La parte actora interpuso recurso de apelación, argumentando que prestó
sus servicios de forma continua y subordinada en instituciones educativas del
departamento de Boyacá, lo cual se acredita mediante las certificaciones de
tiempo de servicio y salarios expedidas por la secretaría de educación
departamental.

3 Folio 273 a 281 del primer cuaderno del expediente físico
4 Folios 283 a 310 del primer cuaderno del expediente físico

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Radicado: 15001 23 33 000 2017 00631 02 (0899-2020)
Demandante: Arnulfo Agudelo Pérez

16. Argumentó que, la decisión de primera instancia desconoció la naturaleza
del vínculo del docente con el departamento, al exigir formalidades como la
existencia de acto administrativo de nombramiento y posesión suscritos por dicha
entidad territorial, dado que, en virtud del principio de primacía de la realidad
sobre las formas, se alega que la relación laboral de naturaleza departamental
existió, más allá de los actos administrativos formales, y por tanto debe
reconocerse el vínculo laboral de ese orden con fines de obtener la pensión
gracia.

17. Planteó que la sentencia apelada incurre en error al no aplicar
correctamente los principios constitucionales del derecho laboral público,
especialmente el de favorabilidad, irrenunciabilidad de derechos y prevalencia de
la realidad sobre las formas.

18. Por último, resalta que su designación es departamental debido al origen
de los recursos, toda vez que los pagos y sostenimiento del cargo provenían del
Sistema General de Participaciones (SGP), el cual está conformado por recursos
de los departamentos y distritos, y no del presupuesto nacional.

1.7 Trámite correspondiente a segunda instancia
19. Mediante auto de 02 de marzo de 2020, se admitió el recurso de apelación
presentado por la parte demandante. No hubo intervenciones en esta instancia.

20. De otro lado, el 24 de julio de 2025, se dictó auto para mejor proveer
requiriendo al Tribunal Administrativo de Boyacá y a la Oficina de Apoyo Judicial
– Seccional Boyacá, para que remitieran con destino a este expediente la
demanda y la contestación con sus anexos, así como las copias de la sentencias
de primera y segunda instancia dictadas en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 15000-23-31-000-1997-17477-00, en
el que actuó como demandante el señor Arnulfo Agudelo Pérez.

21. En respuesta al requerimiento realizado, el Tribunal Administrativo de
Boyacá allegó lo requerido.

22. Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y no
observando la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se
procederá a resolver la alzada, previas las siguientes,

II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia
23. El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo5.

5
«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de
las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».

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Radicado: 15001 23 33 000 2017 00631 02 (0899-2020)
Demandante: Arnulfo Agudelo Pérez

24. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del
Proceso6, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a lo
expuesto por el apelante y, comoquiera que, en el caso de la referencia,
únicamente la parte demandante presentó recurso de alzada, el análisis se
encuentra limitado a lo allí plasmado.

2.2. Cuestión previa

2.2.1. Solicitud de unificación de jurisprudencia
25. En el presente asunto, la UGPP solicita se emita una sentencia de
unificación jurisprudencial7 en la que se defina qué debe entenderse como «plaza
docente», así como sus requisitos y lineamientos. Esto con el fin de precisar
cuáles son las condiciones que debe reunir la «plaza» a la que se refiere la
sentencia de unificación SUJ-11-S2 de 21 de junio de 2018, para ser considerada
nacional, nacionalizada o territorial.

26. Una vez revisado lo anterior y en ejercicio de los principios de eficacia y
celeridad, esta Sala precisa que de manera reiterada y previa, fueron
presentadas las mismas solicitudes en varios procesos adelantados en esta
instancia judicial con similares argumentos, las cuales se resolvieron mediante el
auto del 20 de octubre de 20228, reiterado en providencias del 26 de octubre de
20229, en los que se indicó que tal y como lo prevé el CPACA en su artículo 27110,
puede adelantarse el trámite que permite dar impulso a la función unificadora del
Consejo de Estado, con miras a la aplicación vinculante de la jurisprudencia del
Máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

27. Sin embargo, al realizar el estudio de las condiciones que debe reunir la
«plaza» a la que se refiere la sentencia de unificación SUJ-11-S2 de 21 de junio
de 2018, para ser considerada nacional, nacionalizada o territorial, se estimó que
no estaban dadas las condiciones para avocar el asunto con el fin de emitir una
sentencia de unificación, dado que la posición asumida por la Sección Segunda
del Consejo de Estado ha sido unánime, consistente y pacífica en torno a los
parámetros que se deben observar, con el propósito de definir cuándo un docente
tiene derecho a la pensión gracia.

28. En ese orden de ideas y por las mismas consideraciones expuestas en las
providencias suscritas por la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de

6
«Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.»
7
Solicitud visible en la sede electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – SAMAI.
8
Consejo de Estado, Sección Segunda, auto del 20 de octubre de 2022, radicación: 54001-23-33-000-2013-00344-01
(4053-2015), demandante: Baudilio Ramírez Alvernia
9
Consejo de Estado, Sección Segunda, auto del 26 de octubre de 2022; radicación: 76001-23-31-000-2010-01800-01
(4070-2013), demandante: Luz del Carmen Perea de Martínez; Consejo de Estado, Sección Segunda, auto del 26 de
octubre de 20220, radicación: 13001-23-33-000-2013-00116-01 (2743-2015), demandante: Nelcy del Carmen Peña
Mercado. Consejo de Estado, Sección Segunda, auto del 26 de octubre de 2022; radicación: 68001-23-33-000-2012-
00350-01 (2113-2014); demandante: Polidoro Grosso Buitrago.
10 Artículo modificado por el artículo 79 de la Ley 2080 de 2021, la cual se encontraba vigente para el momento de la
solicitud de unificación.

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Radicado: 15001 23 33 000 2017 00631 02 (0899-2020)
Demandante: Arnulfo Agudelo Pérez

Estado, no se le dará trámite a la solicitud de unificación y se insta a estarse a lo
dispuesto en el auto del 20 de octubre de 2022, reiterado en providencia del 26
de octubre de 2022.

2.2.2. Solicitud de extensión de jurisprudencia
29. Frente a la solicitud de extensión de jurisprudencia presentada por la parte
interesada, es preciso señalar que, conforme a lo previsto en los artículos 102 11
y 269 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, dicha petición debe ser rechazada de plano. Lo anterior, por
cuanto del examen del expediente no se advierte que el solicitante hubiese
promovido oportunamente el trámite ante la autoridad administrativa competente,
tal como lo exige el artículo 102 ibidem. En consecuencia, una vez se ha acudido
a la jurisdicción contencioso administrativa mediante el ejercicio del medio de
control respectivo, la solicitud de extensión resulta improcedente, razón por la
cual se impone su rechazo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° del
mencionado artículo 26912 del mismo estatuto.

2.3. Problema jurídico
30. Corresponde a esta Sala de Subsección, previo a analizar el fondo del
asunto, de oficio determinar si se configuró el fenómeno de cosa juzgada. En
caso negativo, deberá establecerse si el señor Arnulfo Agudelo Pérez, cumple
con las exigencias de ley para que le sea reconocida la pensión gracia.

2.4 Normas y jurisprudencia aplicable al asunto

2.4.1. El fenómeno jurídico de la cosa juzgada13
31. La institución jurídica procesal de la cosa juzgada permite tener
certeza sobre lo decidido judicialmente en un pleito, en el sentido de que no
puede ser debatido el mismo asunto, reabriendo un nuevo proceso, cuando lo

11ARTÍCULO 102. EXTENSIÓN DE LA JURISPRUDENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO A TERCEROS

POR PARTE DE LAS AUTORIDADES. Las autoridades deberán extender los efectos de una sentencia de
unificación jurisprudencial dictada por el Consejo de Estado, en la que se haya reconocido un derecho, a
quienes lo soliciten y acrediten los mismos supuestos fácticos y jurídicos. Para tal efecto el interesado
presentará petición ante la autoridad legalmente competente para reconocer el derecho, siempre que la
pretensión judicial no haya caducado. Dicha petición contendrá, además de los requisitos generales, los
siguientes:
1. Justificación razonada que evidencie que el peticionario se encuentra en la misma situación de hecho y
de derecho en la que se encontraba el demandante al cual se le reconoció el derecho en la sentencia de
unificación invocada.
2. Las pruebas que tenga en su poder, enunciando las que reposen en los archivos de la entidad, así como
las que haría valer si hubiere necesidad de ir a un proceso.
3. La referencia de la sentencia de unificación que invoca a su favor. (…)
12 ARTÍCULO 269. PROCEDIMIENTO PARA LA EXTENSIÓN DE LA JURISPRUDENCIA DEL CONSEJO

DE ESTADO A TERCEROS.
(…)
La petición de extensión se rechazará de plano por el ponente cuando:
1. El peticionario ya hubiere acudido a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, con el fin de obtener
el reconocimiento del derecho que se pretende en la solicitud de extensión.
13 Análisis realizado en sentencia del 2 de abril de 2020, proferida por esta Subsección dentro del proceso

radicado 15001-23-33-000-2013-00372-01(2043-2015).

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Demandante: Arnulfo Agudelo Pérez

pretendido ya fue estudiado, se surtieron los actos procesales del caso y se dio
solución al mismo.

32. En este sentido, su fin está dirigido a brindar seguridad jurídica, estabilidad
en las sentencias, para que una vez estén ejecutoriadas, adquieran el carácter
de inmutables, vinculantes, definitivas y coercitivas, siempre y cuando, guarden
protección y garantía de los derechos fundamentales.

33. Igualmente, garantiza la confianza legítima sobre determinada materia ya
juzgada, cuyos destinatarios son las partes en el proceso, terminando así, la
disputa de manera definitiva, para que no se extienda en el tiempo de forma
indefinida, razón por la cual, los efectos que imprime la cosa juzgada no habilitan
al juez ni a las partes a pronunciarse o debatir en un nuevo proceso sobre la
controversia litigiosa que ya ha sido objeto de decisión.

34. En esta medida se han distinguido dos modalidades que son:

• Cosa juzgada formal: Opera cuando el fallo quedó ejecutoriado, bien sea
porque no se hizo uso de los recursos dentro del término estipulado en la ley
o habiéndose ejercido estos fueron resueltos por la autoridad correspondiente,
sin perjuicio de la posibilidad de interponer los recursos extraordinarios que
proceden contra las providencias ya ejecutoriadas.

• Cosa juzgada material: Hay lugar a ella cuando contra la sentencia
feneció la facultad de usar algún recurso, en otras palabras, porque precluyó
el término para interponer los recursos extraordinarios o porque fueron
resueltos de forma desfavorable.

35. Cabe resaltar que el artículo 303 del CGP, aplicable por remisión
normativa del artículo 306 del CPACA, señala sobre la cosa juzgada lo siguiente:

«Artículo 303. Cosa juzgada. La sentencia ejecutoriada proferida en proceso
contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso verse sobre
el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior y entre ambos procesos
haya identidad jurídica de partes.
Se entiende que hay identidad jurídica de partes cuando las del segundo proceso son
sucesores por causa de muerte de las que figuraron en el primero o causahabientes
suyos por acto entre vivos celebrado con posterioridad al registro de la demanda si
se trata de derechos sujetos a registro, y al secuestro en los demás casos.
En los procesos en que se emplace a personas indeterminadas para que
comparezcan como parte, incluidos los de filiación, la cosa juzgada surtirá efectos en
relación con todas las comprendidas en el emplazamiento.
La cosa juzgada no se opone al recurso extraordinario de revisión».

36. La Sección Segunda14 frente a los elementos que configuran la cosa
juzgada, indicó lo siguiente:

14 Consejo de Estado, Sección Segunda, auto del 11 de noviembre de 2021, expediente 25000-

23-42-000-2018-00634-01(5385-2019)
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«[…] Ahora bien para que una decisión alcance el valor de cosa juzgada se requiere:
a).- Identidad de partes, es decir, al proceso deben concurrir las mismas partes e
intervinientes que resultaron vinculados y obligados por la decisión que constituye
cosa juzgada.
b).- Identidad de causa petendi, es decir, la demanda y la decisión que hizo tránsito a
cosa juzgada deben tener los mismos fundamentos o hechos como sustento.
Cuando además de los mismos hechos la demanda presenta nuevos elementos,
solamente se permite el análisis de los nuevos supuestos, caso en el cual el juez
puede retomar los fundamentos que constituyen cosa juzgada para proceder a fallar
sobre la nueva causa.
c).- Identidad de objeto, es decir, la demanda debe versar sobre la misma pretensión
material o inmaterial sobre la cual se predica la cosa juzgada. Se presenta cuando
sobre lo pretendido existe un derecho reconocido, declarado o modificado sobre una
o varias cosas o sobre una relación jurídica. Igualmente se predica identidad sobre
aquellos elementos consecuenciales de un derecho que no fueron declarados
expresamente […]».

37. Por su parte, el artículo 189 del CPACA15 preceptúa los efectos de la cosa
juzgada en el ámbito contencioso administrativo. Se resalta que teniendo en
cuenta lo indicado en la norma ut supra referenciada, en controversias en las
cuales se discute la legalidad de un acto administrativo, la decisión que accede
a la nulidad solicitada genera cosa juzgada erga omnes solamente en lo atinente
a la causa petendi.

38. En atención a lo que antecede, se puede concluir entonces que, para la
estructuración de la cosa juzgada, debe verificarse la identidad de partes, de
causa e identidad de objeto. Además, el artículo 189 del CPACA establece que
las decisiones judiciales que declaren la nulidad de los actos administrativos en
esta jurisdicción tendrán fuerza erga omnes, por lo que no es posible que
nuevamente sean sujetas a debate judicial.

2.5 Caso Concreto

39. Pasa la Sala a resolver el problema jurídico planteado, esto es, verificar si
se configura de oficio la excepción de cosa juzgada; y de resultar ello negativo,
se establecerá si el demandante cumple con las exigencias para obtener el
reconocimiento de la pensión gracia.

40. Pues bien, en atención al auto para mejor proveer dictado en esta
instancia, advierte la Sala que con anterioridad el señor Arnulfo Agudelo Pérez
presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Caja
Nacional de Previsión Social - CAJANAL, hoy Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP,

15 «Artículo 189. Efectos de la sentencia. La sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo en

un proceso tendrá fuerza de cosa juzgada erga omnes. La que niegue la nulidad pedida producirá cosa
juzgada erga omnes pero solo en relación con la causa petendi juzgada. Las que declaren la legalidad de
las medidas que se revisen en ejercicio del control inmediato de legalidad producirán efectos erga omnes
solo en relación con las normas jurídicas superiores frente a las cuales se haga el examen.
Cuando por sentencia ejecutoriada se declare la nulidad de una ordenanza o de un acuerdo distrital o
municipal, en todo o en parte, quedarán sin efectos en lo pertinente sus decretos reglamentarios.»
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Demandante: Arnulfo Agudelo Pérez

tramitada por el Tribunal Administrativo de Boyacá - Sección Segunda – Sala de
Descongestión para Fallo, bajo radicación 15000-23-31-000-1997-17477-00, y
con la cual solicitó la nulidad de las Resoluciones 017504 del 26 de diciembre
de 1996 y 002553 del 04 de septiembre de 1997, a través de las cuales le fue
negado el derecho al reconocimiento de la pensión gracia y se resolvió
negativamente el recurso de apelación, respectivamente.

41. Posteriormente, presentó demanda en uso del medio de control
referenciado, que fue tramitada por el Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala
de Decisión No. 1, bajo radicado 15001 23 33 000 2017 00631 00, en la que
deprecó la nulidad de las Resoluciones 59429 del 04 de diciembre de 2008 y
14167 del 02 de abril de 2009. Procesos judiciales que resultaron adversos al
interesado, pues, en el primero se dictó sentencia denegatoria de las
pretensiones el 11 de junio de 2001; y en el segundo, con fallo del 22 de octubre
de 2019 se negaron las pretensiones por no acreditar los requisitos exigidos en
la ley, siendo recurrida la decisión la cual es objeto de estudio en el presente
radicado.

42. Bajo ese contexto, se procederá a realizar la verificación de los elementos
configurativos de la cosa juzgada, al tenor del artículo 303 del CGP; para lo cual
se expondrán el siguiente cuadro comparativo:

Expediente anterior Expediente bajo estudio

Tribunal Administrativo de Boyacá – Tribunal Administrativo de Boyacá –
Sección Segunda – Sala de Sala de Decisión No. 1
Descongestión para Fallo 15001 23 33 000 2017 00631 02
15000-23-31-000-1997-17477-00

SUJETOS PROCESALES

Demandante: Arnulfo Agudelo Pérez Demandante: Arnulfo Agudelo Pérez
Demandado: Caja Nacional de Demandado: Unidad Administrativa
Previsión Social - CAJANAL Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social - UGPP

ACTOS ACUSADOS

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Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Radicado: 15001 23 33 000 2017 00631 02 (0899-2020)
Demandante: Arnulfo Agudelo Pérez

Resoluciones 017504 del 26 de -Resoluciones 59429 del 04 de
diciembre de 1996 y 002553 del 04 de diciembre de 2008 y 14167 del 02 de
septiembre de 1997, por medio de los abril de 2009, por medio de los cuales se
cuales se negó el reconocimiento y pago negó el reconocimiento y pago de una
de una pensión gracia y se resolvió pensión gracia y se resolvió
negativamente recurso de apelación, negativamente el recurso de apelación,
respectivamente. respectivamente.

PRETENSIONES

Solicitó el reconocimiento y pago de una Solicitó el reconocimiento y pago de una
pensión gracia de jubilación, conforme a pensión gracia en los términos
las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y contemplados en la Ley 4 de 1966 con
37 de 1933, incluyendo el pago de la inclusión de todos los factores
mesadas causadas, reajustes conforme salariales devengados en el año
al IPC, intereses comerciales durante inmediatamente anterior a la adquisición
los primeros seis meses contados desde del estatus, con su respectiva
la ejecutoria del fallo, el pago de retroactividad, reajuste e indexación; se
intereses moratorios y se condene en condene a la UGPP al pago de las
costas a CAJANAL. condenas con base al IPC y lo dispuesto
en los artículos 187, 192, 194 y 195 de
la Ley 1437 de 2011; y se condene en
costas a la entidad demandada.
FUNDAMENTOS FACTICOS

Arnulfo Agudelo Pérez nació el 10 de Arnulfo Agudelo Pérez fue nombrado
junio de 1942, por lo tanto, cuenta con como docente por el Ministerio de
más de 50 años, y prestó servicio como Educación Nacional, cargo del cual tomó
docente desde el 09 de marzo de 1972 posesión ante el gerente general del
hasta por lo menos la fecha de Instituto Colombiano de Construcciones
presentación de la demanda16, en el Escolares – ICCE, desde el 9 de marzo
Instituto Técnico Agrícola de Paipa de 1972 hasta el 10 de junio de 2007.
(Boyacá). Al considerar que cumplió con Y que durante dicho tiempo, el
los requisitos, radicó solicitud ante departamento de Boyacá asumió el
CAJANAL para obtener el pago de sus salarios y prestaciones
reconocimiento y pago de una pensión sociales con recursos del situado fiscal,
gracia, la cual fue resuelta de manera hoy Sistema General de Participaciones.
negativa a través de las Resoluciones
017504 del 26 de diciembre de 1996 y En consideración a que cumplió con los
002553 del 04 de septiembre de 1997, requisitos solicitó el 25 de enero de 2008
en razón a que no logró acreditar haber a la UGPP, el reconocimiento y pago de
laborado por al menos 20 años en la una pensión gracia, sin embargo, le fue
docencia primaria oficial. negado el derecho a través de las
Resoluciones 59429 del 04 de diciembre

16 Es decir, hasta el año 1997
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de 2008 y 14167 del 02 de abril de 2009,
en razón a que no logró acreditar haber
laborado por al menos 20 años en la
docencia oficial del orden
departamental, municipal o distrital.
DECISIONES JUDICIALES

En sentencia de 11 de junio de 2001, el En sentencia de 22 de octubre de 2019,
Tribunal Administrativo de Boyacá negó el Tribunal Administrativo de Boyacá
las pretensiones de la demanda. Al negó las pretensiones de la demanda.
respecto consideró que el demandante Indicó que el demandante acreditó una
no reunió los requisitos para ser vinculación de naturaleza nacional en
beneficiario de una pensión gracia, ya razón a que fue nombrado en el cargo
que laboró todo el tiempo en un colegio de instructor en el Instituto Técnico
nacional y no departamental ni Agropecuario de Paipa mediante
municipal. Resolución 0646 de 1972 expedida por
el gerente general del Instituto
Tal decisión fue objeto de apelación, y Colombiano de Construcciones
mediante sentencia de 31 de octubre Escolares, el cual fue creado mediante
de 2002 el Consejo de Estado, Sección el Decreto 2394 de 1968 “como
Segunda, confirmó la providencia con establecimiento público, esto es, con
fundamento en que laboró desde el 09 personería jurídica, autonomía
de marzo de 1972 hasta por lo menos administrativa y patrimonio
la fecha del último certificado -22 de independiente, adscrito al Ministerio de
septiembre de 1995- al servicio del Educación Nacional”
Ministerio de Educación Nacional,
tiempo que no puede ser reconocido Por lo tanto, el demandante ingresó al
para el reconocimiento de la pensión servicio de la docencia con anterioridad
gracia. a 1980 pero en virtud de un
nombramiento efectuado por un
establecimiento público del orden
nacional adscrito al Ministerio de
Educación Nacional, por ende, la
vinculación del docente es de carácter
nacional y no puede ser tenido en cuenta
para efectos de reconocer la pensión
gracia.

43. De conformidad con lo anterior, la Sala advierte lo siguiente:

44. En cuanto, a la identidad jurídica de las partes es claro que tanto en el
proceso con radicado 15000-23-31-000-1997-17477-00 como en el que hoy nos
ocupa, el señor Agudelo Pérez fungió como demandante; y el extremo pasivo lo
conformó la extinta Cajanal, funciones asumidas hoy por la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social – UGPP. De manera que, puede colegirse que existe identidad de partes
en los dos procesos.

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45. En torno a la identidad de objeto, también se encuentra configurada,
pues, si bien se demandaron actos administrativos diferentes, del contraste de
los expedientes en cita se avizora que las pretensiones de las demandas y la
motivaciones vertidas en las providencias emitidas por el Tribunal Administrativo
de Boyacá, permiten inferir que en las causas judiciales relacionadas, el docente
deprecó la nulidad de los actos administrativos proferidos por la UGPP, mediante
los cuales le fue negado el derecho al reconocimiento y pago de la pensión
gracia; solicitando como restablecimiento del derecho, el reconocimiento de dicha
prestación con sus respectivos reajustes, en razón al vínculo docente que
mantuvo con el departamento de Boyacá.

46. A renglón seguido, también se estima configurada la identidad de causa,
ello en tanto, los fundamentos fácticos y jurídicos dan cuenta que el aquí
demandante propugnó por la misma causa, esto es, obtener la pensión gracia,
para lo cual sostuvo en ambos asuntos, que acredita los requisitos de ley,
especialmente, el cumplimiento de la edad (50 años) el 10 de junio de 1942 y el
tiempo de servicios (20 años), relacionando para efectos de esta última exigencia,
los periodos laborados desde 1972 en el departamento de Boyacá, a saber:

Expediente anterior Expediente bajo estudio

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Desde el 9 de marzo de 1972 hasta
Desde el 9 de marzo de 1972 hasta el
el 22 de septiembre de 1995 (fecha
10 de junio de 2007 (fecha de retiro
de la última certificación aportada al
por renuncia).
proceso).

47. Cabe destacar que, los anteriores tiempos de servicios, por lo menos hasta
el año 1995, fueron valorados en su momento por el Tribunal Administrativo de
Boyacá, considerando como se mencionó, que no se acreditaban los 20 años de
servicios, dado que tuvieron origen en un vínculo del orden nacional, y por ello
no había lugar a tenerlo en cuenta para efectos del reconocimiento de la pensión
gracia.

48. Revisados los documentos que contienen ambos procesos, tanto el
tramitado con radicación 15000-23-31-000-1997-17477-00, como el que hoy nos
ocupa, comparten el mismo fin, la declaratoria de nulidad de los actos

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administrativos proferidos por la UGPP producto de reclamaciones
administrativas que se presentaron el 23 de noviembre de 1995 (proceso 15000-
23-31-000-1997-17477-00) y el 25 de enero de 2008 (proceso 15001 23 33 000
2017 00631 02), teniendo como pruebas las vinculaciones que anteceden.

49. En ese sentido, aunque se advierte una diferencia en los periodos de
servicio alegados —pues en el presente proceso se afirma una vinculación
comprendida entre el 9 de marzo de 1972 y el 22 de septiembre de 1995, y otra
que se extiende desde la presentación de la primera demanda en 1997 hasta el
10 de junio de 2007—, la Sala observa que, respecto del requisito autónomo
consistente en la vinculación previa al 31 de diciembre de 1980 como docente
territorial o nacionalizado, subsiste identidad de causa, dado que el actor reitera
el mismo periodo inicial de servicios desde el 9 de marzo de 1972.

50. Dicho de otro modo, al pretender acreditar la condición de docente
territorial o nacionalizado antes del 31 de diciembre de 1980, el demandante no
aporta un lapso distinto al ya analizado judicialmente. En ambos procesos parte
del mismo extremo temporal —el 9 de marzo de 1972—, solo que en el primero
lo hace hasta la fecha de presentación de la demanda (año 1997) y en el segundo
hasta su retiro definitivo en 2007. Por consiguiente, al no incorporar un nuevo
periodo de vinculación que modifique los hechos valorados, la decisión adoptada
en la sentencia del 11 de junio de 2001 conserva plenos efectos de cosa juzgada
respecto de este requisito temporal.

51. Debe recordarse que, en materia de pensión gracia, solo es posible
analizar el cumplimiento de la exigencia de los veinte (20) años de servicio como
docente territorial o nacionalizado cuando el interesado demuestra la existencia
del vínculo en esa condición antes del 31 de diciembre de 1980. En este caso,
ese aspecto ya fue decidido desfavorablemente mediante sentencia judicial
ejecutoriada, sin que el actor, con este nuevo proceso haya invocado y probado
el desempeño como educador en periodos adicionales que permitan reabrir el
examen de dicha exigencia legal.

52. Ahora bien, como anexos de la demanda, la parte actora allegó
nuevamente información relativa a los mismos periodos de servicio ya debatidos
en el proceso anterior; solo que, a diferencia del litigio primigenio —en el que
presentó únicamente un certificado de tiempo de servicios— ahora pretende
reforzar la carga probatoria con actos de nombramiento y posesión
correspondientes a esas mismas vigencias. No obstante, esta mayor precisión
documental no modifica los hechos materia de examen ni constituye prueba
sobreviniente, pues se limita a respaldar lapsos de servicio ya estudiados y
decididos, y no se advierte justificación alguna de por qué solo hasta ahora con
el segundo proceso, es que se allega dicha prueba.

53. De manera que, en cumplimiento de la institución procesal de la cosa
juzgada, este asunto no puede ser objeto nuevamente de análisis judicial, pues
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lo establecido en el proceso primigenio goza de inmutabilidad en aras de
preservar la seguridad jurídica.

54. En tal sentido, la Sala revocará la sentencia proferida en primera instancia
por el Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante la cual se negaron las
súplicas de la demanda, y en su lugar declarará probada de oficio la excepción
de cosa juzgada, por cuanto en un proceso anterior se efectuó un
pronunciamiento judicial definitivo sobre los mismos hechos, partes y
pretensiones, lo que impide un nuevo pronunciamiento de fondo respecto del
reconocimiento de la pensión gracia solicitada.

2.5 Condena en costas
55. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

56. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.

57. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

58. En consecuencia, se impondrán costas al demandante -parte vencida-, por
cuanto no prospera el recurso de apelación. Para el efecto, de conformidad con
el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado
ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría
del Tribunal Administrativo de Boyacá.

59. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

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III. FALLA

PRIMERO. REVOCAR la sentencia de 22 de octubre de 2019, proferida por el
Tribunal Administrativo de Boyacá, por medio del cual se negaron las
pretensiones de la demanda.

SEGUNDO. En su lugar, DECLARAR probada de oficio la excepción de cosa
juzgada, conforme a lo dispuesto en esta sentencia.

TERCERO. Condenar en costas en esta instancia a la parte demandante, por lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO. Reconocer sustitución de personería para actuar al abogado Nicolás
Pataquiva Delgadillo como apoderado de la UGPP en atención al memorial
anexo en el índice 49 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo
de Estado – “SAMAI”

QUINTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA

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