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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2012-00350-01

Fecha
9 de julio de 2024
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
54 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2012-00350-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia apelada que accedió a las pretensiones de la demanda. En su lugar, SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la parte activa. TERCERO: ABSTENERSE de condenar en costas de ambas instancias a la parte demandante según lo manifestado en la parte motiva de la sentencia. Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 32 Radicado: 68001-23-33-000-2012-00350-01 (2113-2014) CUARTO: SE RECONOCE PERSONERÍA como mandataria general de la UGPP a la abogada Marcela Patricia Ceballos Osorio con tarjeta profesional 214.303, y como apoderado sustituto al abogado Carlos Arturo Sánchez Medina, portador de la tarjeta profesional 262.361, ello conforme a los poderes que se observan en el índice 44 de SAMAI. QUINTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 68001-23-33-000-2012-00350-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

9 de julio de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., nueve (9) de julio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación: 68001-23-33-000-2012-00350-01 (2113-2014)
Demandante: Polidoro Gross Buitrago
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Temas: Improcedencia del reconocimiento de la pensión gracia post
mortem. Cambio jurisprudencial de la Sección Segunda.
REVOCA SENTENCIA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el veintisiete (27) de marzo de dos mil catorce (2014) por el
Tribunal Administrativo de Santander, por medio de la cual accedió a las
pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

El señor POLIDORO GROSS BUITRAGO instauró demanda en contra de la
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP) en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado
en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, con el fin de que se acceda a las siguientes

PRETENSIONES1

Que se declare la nulidad de las Resoluciones: (i) UGM 047360 del 23 de mayo de
2012; y (ii) UGM 051822 del 12 de julio de 2012, por medio de las cuales se negó
el reconocimiento y pago de una pensión gracia post mortem a favor del accionante
en calidad de cónyuge supérstite de la señora Florinda Rodríguez de Gross, y se
confirmó tal decisión al resolver un recurso de reposición.

1 Folios 47 a 48.

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Que, a título de restablecimiento del derecho, se condene a reconocer y pagar la
pensión gracia post mortem en favor de la mencionada causante conforme a lo
dispuesto en el Decreto 224 de 1972, y que posteriormente se decrete la sustitución
de esta prerrogativa en cabeza del señor Polidoro Gross Buitrago como beneficiario
directo.

Que la entidad demandada realice los reajustes de ley sobre las mesadas, así como
la indexación de las sumas adeudadas, y que dé cumplimiento a la sentencia dentro
de los 30 días siguientes a su ejecutoria.

HECHOS2

La demanda se fundamentó en los hechos que pueden resumirse de la siguiente
manera:

Que la señora Florinda Rodríguez de Gross falleció el 16 de junio de 1996, mientras
prestaba sus servicios como docente oficial al magisterio, donde laboró durante 19
años, 1 mes y 3 días.

Que la mencionada educadora estaba casada con el señor Polidoro Gross Buitrago,
con quien convivió hasta el día de su fallecimiento.

Que el demandante en su calidad de cónyuge supérstite solicitó a la UGPP el
reconocimiento y pago de la pensión gracia post mortem, de conformidad con el
Decreto 224 de 1972.

Que la autoridad demandada negó el derecho reclamado a través de la Resolución
UGM 047360 del 23 de mayo de 2012, contra la cual el actor interpuso recurso de
reposición que fue resuelto negativamente por medio de la Resolución UGM 051822
del 12 de julio de 2012.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN3

La parte activa aseguró que con los actos administrativos demandados se
transgreden: el artículo 7.º del Decreto 224 de 1972, la Ley 33 de 1973 y los artículos
1.º y 3.º de la Ley 114 de 1913.

Que, no es claro cómo, si aun antes de hacerse extensiva la sustitución pensional
a todo el sector público, esta figura ya existía para los maestros pensionados con
fundamento en la Ley 114 de 1913, y ahora se pretende restringir aquel derecho
inaplicando las normas que se refieren a todo empleado público sin distinción.

2 Folio 48.
3 Folios 48 a 54.

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Que la interpretación y la decisión negativa del ente administrativo demandado fue
injusta e irregular, ya que no se trataba de vacíos o lagunas legales inmersas en la
regulación aplicable, sino de la estructuración de una arbitrariedad que invalida la
emisión de su voluntad, imponiéndose consecuentemente el restablecimiento del
derecho en el sentido de acceder al reconocimiento de la pensión gracia post
mortem a favor del accionante.

Que, con base en lo señalado por el Consejo de Estado en sentencia proferida en
el proceso 1322-2000 (correspondiente a un caso igual al presente), se concluyó
que la esposa del demandante en este litigio, a la fecha de su muerte (16 de junio
de 1996), contaba con 19 años, 4 meses, 3 días de servicio docente computables
para efectos de consolidar la pensión gracia. Que, en consecuencia, la causante al
momento de su deceso contaba con más de 18 años de labor oficial en el sector
educativo que le permitían reunir el requisito dispuesto en el Decreto 224 de 1972
para que su cónyuge supérstite accediera al pago de dicha prerrogativa bajo la
modalidad post mortem.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida mediante auto del 8 de febrero de 2013,4 y notificada a
Cajanal EICE En Liquidación5, quien presentó memorial de contestación6 de
manera extemporánea, por lo que este no fue tenido en cuenta en primera instancia.

En la audiencia inicial7 no se encontraron excepciones previas que tuvieran que ser
decretadas. Se fijó el litigio estableciéndose el objeto de la demanda y las
pretensiones frente a las cuales se orientaría la decisión, se señaló que no existía
ánimo conciliatorio, y se procedió con el decreto de pruebas conforme al artículo
180 numeral 10 de la Ley 1437 de 2011.

En la audiencia de pruebas8 se recaudaron los medios de convicción decretados y
se corrió traslado para alegar de conclusión en orden a dictar sentencia escrita con
posterioridad.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN9

El Tribunal Administrativo de Santander dictó sentencia escrita el 27 de marzo de
2014, a través de la cual accedió a las pretensiones de la demanda en el sentido de
declarar la nulidad de los actos reprochados y ordenar a la UGPP que reconociera
a favor de la señora Florinda Rodríguez de Gross la pensión gracia post mortem, y

4 Folio 61.
5 Folios 68 y 74.
6 Folios 107 a 120.
7 Folios 158 a 160.
8 Folios 168 a 169 y 257 a 258.
9 Folios 308 a 316.

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a la vez la sustitución de esta al demandante, ello con efectividad desde el 17 de
junio de 1996 en cuantía del 75% de los factores salariales percibidos por la
causante durante el año anterior a su muerte.

Que, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia en litigio, la mencionada
causante acreditó la prestación de sus servicios como docente nacionalizada, pero
solo por espacio de 19 años, 1 mes y 3 días, lo cual en los términos de la normativa
que regula dicha prerrogativa, no hace viable su reconocimiento, tal y como se
dispuso en los actos impugnados.

Que, al margen de lo expuesto, existen pronunciamientos del Consejo de Estado en
casos similares, en los que, así el docente no hubiese cumplido con el requisito del
tiempo de labor educativa debido a su deceso, se ordenó el reconocimiento de la
pensión gracia en la modalidad de post mortem, en atención a que sí se colmó la
exigencia fundamental prevista en el Decreto 224 de 1972 para el mismo efecto,
esto es, más de 18 años de servicio, tal como se expuso ampliamente en la
sentencia del 21 de octubre de 2010 dictada por la referida Alta Corte en el proceso
con radicado 68001231500020000132201.

Que, en tal sentido, sí era dable ordenar el reconocimiento del derecho reclamado
por el accionante, para lo cual tenía que concederse la pensión a favor de la señora
Rodríguez de Gross, y luego sustituirla a su cónyuge supérstite en calidad de
beneficiario directo de aquella, con efectividad desde el día siguiente de la muerte
de la educadora, es decir, desde el 17 de junio de 1996.

EL RECURSO DE APELACIÓN10

La parte demandada en su escrito de apelación solicitó que se revoque la
sentencia de primera instancia a fin de que se nieguen las pretensiones del
reclamante. Para ello adujo que en el presente caso se vulneró el derecho
fundamental del debido proceso de la UGPP en calidad de sucesora procesal de la
Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal) EICE - En Liquidación, pues se
configuró una nulidad insubsanable por indebida notificación de la demanda.

Que el envío de la notificación por correo electrónico a un buzón diferente al del
verdadero destinatario, que en el presente caso era esta última entidad, lo que
conllevó fue una irregularidad procesal, pues no puede predicarse que la parte
demandada se enteró adecuadamente del proceso por el hecho que el servidor
haya emitido un acuse de recibo, lo cual tampoco pudo ser cierto en este litigio,
porque según el certificado del coordinador de sistemas de dicha autoridad, tal
correo no existió.

Que la UGPP no pudo ser parte de este litigio por no haber sido inicialmente

10 Folio 322 a 339.

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demandada, así como tampoco por una vinculación de oficio, sino que, como el
medio de control estaba dirigido contra Cajanal (a quien en realidad debió
notificarse), la primera institución en comento ocupó el lugar de esta última solo en
virtud de la sucesión procesal derivada de la liquidación de la referida caja de
previsión el 11 de junio de 2013 por disposición del Decreto 877 del 30 de abril de
2013.

Que frente al reconocimiento del derecho pensional a favor del demandante, el
Tribunal de primera instancia no tuvo en cuenta que, de conformidad con toda la
línea jurisprudencial del Consejo de Estado sobre la pensión gracia, es claro que
esta se causa únicamente para los docentes que cumplan 20 años de servicio en
colegios del orden departamental, distrital o municipal, sin que sea posible acumular
tiempos de naturaleza nacional, razón por la cual no era procedente acceder a lo
reclamado en la demanda, toda vez que, la causante del actor a la fecha de su
fallecimiento no satisfizo el requisito de la edad, y además solo acreditó 19 años, 1
mes y 3 días de labor oficial como educadora.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

El recurso de apelación fue admitido el 11 de julio de 2014,11 y posteriormente,
mediante auto del 15 de febrero de 201612 se corrió traslado a las partes para alegar.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

La parte demandada radicó alegatos de conclusión13 con los que solicitó que se
revoque la sentencia impugnada, al asegurar que la pensión gracia tiene una
normativa especial que no contempla en ningún aparte el derecho reclamado en
esta oportunidad por el demandante en calidad de beneficiario de la docente
fallecida.

La parte demandante presentó alegaciones finales14 en las que solicitó se confirme
el fallo apelado y puso de presente la sentencia del Consejo de Estado proferida el
21 de octubre de 2010 en el proceso con radicado 1063-2008, según la cual se
accedió al reconocimiento de la pensión gracia post mortem en un caso similar al
suyo.

POSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

El Ministerio Público se abstuvo de intervenir en el trámite de segunda instancia.15

11 Folio 349.
12 Folio 356.
13 Folio 386.
14 Folio 381.
15 Según constancia secretarial a folio 387.

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CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

En atención al artículo 150 de la Ley 1437 de 201116, el Consejo de Estado a través
de esta Sección es competente para conocer en segunda instancia de las
apelaciones contra las sentencias proferidas en primera instancia por los tribunales
administrativos.

Precisamente, la Sección Segunda adoptará esta decisión de conformidad con el
artículo 15, numeral 2.º, parágrafo 1.º del Reglamento Interno de la corporación 17,
pues se considera que el presente asunto reviste importancia jurídica para definir la
procedencia o no del reconocimiento de la pensión gracia post mortem bajo el
criterio de la aplicación extensiva a estos casos del artículo 7.º del Decreto 224 de
1972, según el cual, el beneficiario reclamante que acreditara el hecho de que su
causante en calidad de docente había acumulado 18 años o más de servicio
educativo oficial, podía acceder a la mencionada prerrogativa.

Sobre el punto, la Sala en virtud de la referida competencia estima pertinente en
esta oportunidad reconsiderar, únicamente dicha tesis, a fin de analizar nuevamente
la materia y confrontarla con el propósito por el cual la jurisprudencia había asumido
tal criterio, de manera que se pueda definir si tal postura jurídica debe mantenerse
o rectificarse.

Cuestiones previas

• Frente a la nulidad por indebida notificación de la demanda

16 Artículo modificado por el artículo 79 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente: «Por razones de

importancia jurídica, trascendencia económica o social o necesidad de sentar o unificar jurisprudencia o precisar
su alcance o resolver las divergencias en su interpretación y aplicación que ameriten la expedición de una
sentencia o auto de unificación jurisprudencial, el Consejo de Estado podrá asumir conocimiento de los asuntos
pendientes de fallo o de decisión interlocutoria. Dicho conocimiento podrá asumirse de oficio; por remisión de
las secciones o subsecciones del Consejo de Estado, o de los tribunales; a solicitud de parte, o por solicitud de
la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado o del Ministerio Público. Los procesos susceptibles de este
mecanismo que se tramiten ante los tribunales administrativos deben ser de única o de segunda instancia.
[…] Las secciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado dictarán sentencias y
autos de unificación en esos mismos eventos, en relación con los asuntos que provengan de las subsecciones
de la corporación, de los despachos de los magistrados que las integran, o de los tribunales, según el caso. Las
decisiones que pretendan unificar o sentar jurisprudencia sobre aspectos procesales que sean transversales a
todas las secciones del Consejo de Estado, solo podrán ser proferidas por la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo […]
17«ARTÍCULO 15.- DIVISIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA SECCIÓN SEGUNDA. La Sección Segunda se

dividirá en dos (2) Subsecciones, que se denominarán A y B, cada una de las cuales estará integrada por tres
(3) Consejeros. […]
PARÁGRAFO 1. Cada Subsección decidirá los procesos a su cargo en forma autónoma. Sin embargo, las
Subsecciones sesionarán conjuntamente: 1. Para unificar, adoptar o modificar la jurisprudencia de la Sección,
con el fin de evitar decisiones contradictorias sobre el mismo punto de derecho, a petición de cualquiera de sus
miembros. 2. Para el estudio o decisión de un asunto que por su importancia lo amerite, cuando así lo
solicite cualquiera de sus miembros. 3. Para asuntos administrativos. […] »

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Antes de resolver el fondo, la Sala advierte que, en el recurso de apelación, la UGPP
manifestó que se configuró una nulidad insanable por indebida notificación de la
demanda, lo que, según expresa, implicó una vulneración de su derecho al debido
proceso, razón por la cual solicitó que se anule toda la actuación judicial hasta la
etapa de admisión.

Aseguró que la notificación del auto admisorio se envió a un buzón electrónico
diferente al que Cajanal EICE En Liquidación había dispuesto para ello, razón por
la cual la extinta entidad nunca se enteró del proceso, sino solo hasta que se
subsanó este error el 15 de mayo de 2013. Sin embargo, lo cierto es que el tribunal
de primera instancia no modificó los términos para pronunciarse sobre la demanda,
de modo que la contestación de dicha autoridad se tuvo como extemporánea.

Además, mediante constancia secretarial del 23 de mayo de 2013 18 se advirtió la
anterior situación, por lo que en providencia del 28 de junio de 2013 19 se convalidó
lo actuado hasta este punto por considerarlo ajustado a derecho, tanto así que se
declaró a la UGPP como sucesora procesal de la mencionada autoridad liquidada.

Ahora, la entidad demandada interpuso los recursos de reposición y en subsidio
apelación contra la referida providencia,20 solicitando al mismo tiempo la nulidad de
lo actuado, a fin de que se tuviera como fecha efectiva de notificación el 15 de mayo
de 2013, pero el tribunal de origen mediante auto del 30 de octubre de 2013 21
declaró improcedente el recurso de alzada y resolvió no reponer la decisión inicial,
manteniendo la posición expuesta en el auto censurado, planteando además que la
nulidad solicitada no es de carácter insanable como se alega, y en todo caso, lo
cierto es que el cambio de correo electrónico para notificaciones judiciales de
Cajanal nunca fue informado al despacho en su momento, por lo que la primera
diligencia debe entenderse válida para todos los efectos.

Adicionalmente, es de destacar que en audiencia inicial celebrada el 19 de
noviembre de 201322 se surtieron las distintas etapas procesales reguladas en el
artículo 180 del CPACA, entre ellas la de saneamiento del proceso, sin que la parte
accionada hubiese discutido la existencia de la supuesta nulidad, por lo que, todas
las situaciones generadoras de vicios de nulidad quedaron saneadas.

De acuerdo con lo expuesto, en virtud de los artículos 132 del CGP y 207 del
CPACA, para la Sala resulta improcedente emitir cualquier pronunciamiento
adicional sobre la nulidad en la que insiste la parte pasiva en esta oportunidad, toda
vez que la decisión sobre el particular en primera instancia ya se encuentra
ejecutoriada.

18 Folio 75.
19 Folios 76 a 78.
20 Folios 80 a 88.
21 Folios 153 a 156.
22 Folios 158 a 160.

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• Sobre el recurso de reposición contra el auto que no avocó conocimiento
para unificación de jurisprudencia

Antes de abordar el caso concreto, la Sala observa que mediante memorial que obra
en la plataforma SAMAI,23 la UGPP interpuso recurso de reposición contra el auto
del 26 de octubre de 2022,24 por medio del cual la Sección Segunda en pleno decidió
no avocar el conocimiento de la solicitud de unificación de jurisprudencia elevada
por dicha entidad, tendiente a que se defina qué es lo que debe entenderse como
plaza docente.

Al respecto, resalta la Sección que el artículo 271 del CPACA25 prevé en su inciso
sexto que el auto que decide si avoca o no conocimiento, para tal efecto, no es
susceptible de recursos, razón por la cual en el presente asunto resulta
improcedente la reposición formulada por la parte accionada, al punto de tener que
ser rechazada por esa misma razón sin más consideraciones sobre el particular.

En consecuencia, se abordará seguidamente la apelación de la sentencia objeto de
análisis en esta instancia.

Problema jurídico

Con base en lo anterior, el problema que debe resolver la Sección es el de
determinar si el demandante tiene derecho a que la UGPP reconozca a su favor la
pensión gracia post mortem, según lo regulado en el artículo 7.º del Decreto 224 de
1972, ello por su calidad de cónyuge supérstite de la señora Florinda Rodríguez de
Gross, pese a que esta no acreditó el requisito de 20 años de servicio como docente
territorial o nacionalizada.

Marco normativo y jurisprudencial

Inicialmente, debe destacarse que la pensión gracia ostenta esa denominación,
habida cuenta de que es un beneficio que no requiere efectuar cotizaciones de
ninguna clase, sino, entre otros requisitos, esencialmente demostrar la acumulación
de un tiempo de servicio al Estado, tal como se determinó en la Ley 114 de 1913,
que en su artículo 1.° señaló que:

«Los maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio
por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación
vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente ley […]»

Por su parte, el artículo 3.° de dicha norma estableció que: «Los veinte años de
servicio podrán contarse computando servicios en diversas épocas y se tendrán en cuenta

23 Índice 32 de SAMAI.
24 Índice 25 de SAMAI.
25 Modificado por el artículo 79 de la Ley 2080 de 2021.

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los prestados en cualquier tiempo anterior a la ley que la creó», mientras que el artículo
4.º consagró que, para gozar de la gracia de la pensión, se torna indispensable que
el reclamante demuestre el cumplimiento de los siguientes postulados:

«[…] Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el
interesado compruebe:
1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y
consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter
nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un
Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas
por la Nación o por un Departamento.
4. Que observe buena conducta.
5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad
u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.»

En suma, conforme a la anterior normativa, y adicionalmente a las Leyes 116 de
1928, 37 de 1933, 43 de 1975 y 91 de 1989, así como al amplio desarrollo
jurisprudencial del Consejo de Estado en las sentencias S-699 del 26 de agosto de
1997, CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018 y SUJ-030-CE-S2-2022 del 11 de
agosto de 2022, se concluye que para consolidar el derecho a la pensión gracia, el
docente oficial debe cumplir con los siguientes requisitos:

i) Que acredite 50 años de edad.

ii) Que laboró como maestro oficial durante 20 años en establecimientos educativos
oficiales de orden exclusivamente territorial, es decir, distritales, departamentales o
municipales, esto en primaria o en secundaria, bien sea como normalista, inspector
de instrucción pública, o incluso en calidad de educador nacionalizado, con
posibilidad de adicionar períodos en uno u otro cargo, pero de ninguna manera
acumulando o relacionando tiempos de servicio a la Nación, los cuales, en todo
caso, no son aquellos en los que hubiese existido financiación de las acreencias
laborales a través del Sistema General de Participaciones, sino en los que se
advierta que el nombramiento fue efectuado directamente por el Ministerio de
Educación Nacional, o por el alcalde o gobernador pero en representación del
Gobierno Nacional.

iii) Que haya ostentado alguna vinculación bajo las anteriores calidades con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980.

iv) Que haya demostrado buena conducta en su labor, desempeñada con honradez
y consagración.

Ahora bien, la denominada pensión gracia post mortem ha sido entendida como el
derecho que tienen los beneficiarios de un docente oficial fallecido para reclamar el

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reconocimiento de dicha prerrogativa a su favor, cuando se observe que su
causante había acumulado tiempos de servicio del orden territorial o nacionalizado,
pero cuyo deceso ocurrió antes de que el educador hubiese cumplido los requisitos
de la Ley 114 de 1913 para haber consolidado materialmente el estatus jurídico que
le habilitaba la adquisición de dicha dádiva.

De hecho, es de destacar que tal concepto solo ha sido adoptado
jurisprudencialmente al aplicar de manera analógica el artículo 7.º del Decreto 224
de 1972, o incluso el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, pues lo cierto es que, en la
normativa especial y propia de la pensión gracia no se previó en ningún momento
la posibilidad de que esta pudiera concederse después del deceso del docente a
favor de sus beneficiarios, ello ni cuando el maestro hubiese colmado todas las
exigencias para adquirirla, así como tampoco en el supuesto contrario en que le
hubiese hecho falta algún requisito.

Al respecto se advierte que, uno de los pronunciamientos judiciales de esta
Corporación sobre el particular, fue el emitido a través de la sentencia del 3 de abril
de 200326 en la que se precisó:

«[…] De conformidad con el material probatorio allegado al expediente se demostró
su legitimación por activa y su condición de cónyuge supérstite con derecho a la
pensión de sobreviviente. En efecto obran en el plenario las siguientes pruebas:

➢ Certificado del Registro Civil del Matrimonio celebrado entre el señor
Abraham David Osorio Franco y la señora Mariana de Jesús Torres Ruiz, el 30 de
enero de 1963 (fl. 39).
➢ Certificado del registro de defunción del señor Osorio Franco (fl. 31).
➢ Declaraciones juramentadas de las siguientes personas: Juan Rodríguez
Rivera (fl.149), Euclides Rafael Castro (fl.150), Soyra Gómez de Iglesias (fl.169) y
José Antonio Sarmiento (fl.170). Estas 2 últimas, dan fe que la señora Torres de
Osorio, en su calidad de cónyuge del señor Osorio Franco, convivió con él hasta su
fallecimiento, es decir, el 27 de mayo de 1997.

Visto lo anterior, se dan los supuestos del artículo 47, literal a) de la Ley 100 de
1993, que al respecto dice:

“ARTICULO 47. Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes.

Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:

a. En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero
permanente supérstite.

En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado,
el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar
que estuvo haciendo vida marital con el causante por lo menos desde el momento
en que éste cumplió con los requisitos para tener derecho a una pensión de vejez
o invalidez, y hasta su muerte, y haya convivido con el fallecido no menos de dos

26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 3

de abril de 2003. Expediento número 1999-027301. Consejero ponente Jesús María Lemos Bustamante .

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10

Radicado: 68001-23-33-000-2012-00350-01 (2113-2014)

(2) años continuos con anterioridad a su muerte, salvo que haya procreado uno o
más hijos con el pensionado fallecido”.

Por lo expuesto, la señora Torres de Osorio tiene derecho a sustituir a su cónyuge,
señor Abraham David Osorio Franco, en el derecho de la pensión gracia post-
mortem que se reconoció a favor de él. […]»

También es de resaltar que, en sentencia del 17 de mayo de 2007 proferida por el
Consejo de Estado27 para efectuar un análisis frente a una reclamación de una
pensión gracia post mortem, se acudió a los criterios de la sustitución pensional bajo
una interpretación con sustento en una providencia de la Corte Constitucional, tal
como se aprecia a continuación:

«[…] LA PENSIÓN GRACIA POST MORTEM

La finalidad de la sustitución pensional, es precisamente garantizarle a los
beneficiarios del pensionado la posibilidad de su congrua subsistencia, en otras
palabras, que la esposa o esposo, o compañero permanente, y los hijos menores
de edad o que continúen sus estudios hasta los 25 años, tengan la seguridad, al
menos económica, que recibían del pensionado fallecido quien aportaba al
sostenimiento del hogar.

[…] La Corte Constitucional en sentencia C - 461 de 12 de octubre de 1995, M. P.
Eduardo Cifuentes Muñoz, en tratándose del derecho a la igualdad de los
pensionados, adujo:

“...El establecimiento de regímenes pensionales especiales, como aquellos
señalados en el artículo 279 de la Ley 100, que garanticen en relación con el
régimen pensional, un nivel de protección igual o superior, resultan conformes a
la Constitución, como quiera que el tratamiento diferenciado lejos de ser
discriminatorio, favorece a los trabajadores a los que cobija. Pero si se determina
que al permitir la vigencia de regímenes especiales, se perpetúa un tratamiento
inequitativo y menos favorable para un grupo determinado de trabajadores, frente
al que se otorga a la generalidad del sector, y que el tratamiento dispar no es
razonable, se configuraría un trato discriminatorio en abierta contradicción con el
artículo 13 de la Carta...”

Queda establecido que el ordenamiento jurídico permite la pensión gracia post-
mortem para el cónyuge o compañero permanente que acredite los requisitos
establecidos en la Ley, evitando desde luego, tratamientos inequitativos o
desfavorables al momento de su reconocimiento, siendo entonces pertinente
revisar su cumplimiento en el sub - examine. […]».

Estas mismas providencias también fueron objeto de referencia en la sentencia
del 28 de enero de 201028 dictada por esta Corporación en un caso con
pretensiones similares a las del presente, en la cual se concluyó:

27 Sentencia del 17 de mayo de 2007. Consejera Ponente Dra. Bertha Lucia Ramírez de Páez. Actora: Gloria

Stella Scott de Serrano. Radicado: 1999 – 02169 – 01 (1922 – 06).
28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del

28 de enero de 2010. Radicado: 05001–23–31–000–2004–05315–01 (1026–07). Consejero ponente Luis Rafael
Vergara Quintero.

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Radicado: 68001-23-33-000-2012-00350-01 (2113-2014)

«[…] Corolario de lo expuesto, si bien la normatividad relativa a la pensión gracia de
jubilación no contempla en caso de fallecimiento del docente la sustitución pensional
en cabeza de sus posibles beneficiarios, como se observa, esta jurisdicción en
diversos pronunciamientos ha hecho referencia a lo aquí planteado, haciendo
procedente la sustitución de la pensión gracia de jubilación.

1. APLICACIÓN DEL ARTICULO 7 DEL DECRETO 224 DE 1972

Ahora bien, el recurso de alzada gira en torno a determinar si para el presente caso
es posible dar aplicación a lo establecido en el artículo 7 del Decreto 224 de 1972,
que preceptuaba:

“En caso de muerte de un docente que aún no haya cumplido el requisito de
edad exigido para la obtención de la pensión, pero que hubiere trabajado
como profesor en planteles oficiales por lo menos diez y ocho (18) años
continuos o discontinuos, el cónyuge y los hijos menores tendrán derecho a
que por la respectiva entidad de previsión se pague una pensión equivalente
al 75% de la asignación mensual fijada para el cargo que desempeñaba el
docente al tiempo de la muerte mientras aquel no contraiga nuevas nupcias
o el hijo menor cumpla la mayoría de edad y por un tiempo máximo de cinco
(5) años”.

Por su parte, la H. Corte Constitucional a través de un fallo inhibitorio consideró que
dicho precepto legal se encontraba derogado tácitamente por los artículos 1º, 2º y
4º de la Ley 33 de 1973. En efecto, en Sentencia C - 480 de 1998 (M.P.: Fabio Morón
Díaz), se precisó:

[…] En conclusión, la Corte considera que el artículo 7 del decreto ley
224 de 1972, no está produciendo efectos jurídicos en virtud de la
derogatoria tácita dispuesta en los artículos 1, 2 y 4 de la ley 33 de 1973"
(Resaltado fuera del texto).”

Luego se expidió la Ley 71 de 1988, en cuyo artículo 3 se estableció:

"Extiéndense las previsiones sobre sustitución pensional de la ley 33 de
1973, de la ley 12 de 1975, de la ley 44 de 1980 y de la ley 113 de 1985 en
forma vitalicia, al cónyuge supérstite o compañero o compañera
permanente, a los hijos menores o inválidos, a los padres o hermanos
inválidos que dependan económicamente del pensionado […]

[…] Posteriormente, con la expedición de la Ley 100 de 1993, se modificó
íntegramente el régimen de seguridad social para los empleados del sector público,
oficial, semioficial y privado, derogando las disposiciones antes citadas, y en el
artículo 279 ibídem, se exceptuó del sistema integral de seguridad social a los
afiliados del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio creado por la
Ley 91 de 1989 y se protegió la expectativa legítima pensional de docentes
territoriales vinculados antes del 31 de diciembre de 1980.

Para la Sala, los requisitos, beneficiarios y monto de la sustitución pensional
señalados en el régimen general, también son aplicables a los servidores a que
hace referencia el mencionado artículo 279, quienes a pesar de hallarse excluidos
del régimen general que consagra la ley de seguridad social, tienen derecho a que
no se les desconozcan las garantías y beneficios adquiridos, máxime cuando el
régimen especial no ha previsto nada con relación a la sustitución pensional.

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De tal suerte que al establecer que las disposiciones que contemplan el derecho a
reclamar la pensión gracia de jubilación (Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de
1933) no hacen relación alguna en el evento del fallecimiento de un docente antes
de cumplir los 20 años de servicios, para efectos del reconocimiento de la prestación
aludida, y por encontrarnos ante una pensión con carácter especial como lo es la
pensión gracia, se debe dar aplicación a las normas que contempla dicha prestación;
sin embargo, frente al vacío de la ley y ante las circunstancias especiales y
particulares, como en este caso es el fallecimiento del docente en forma violenta
antes de cumplir con los 20 años de labores, como es el aquí controvertido, la Sala
acudirá no sólo al sentido común, sino a la aplicación de los principios de
favorabilidad, equidad y proporcionalidad dando aplicación a lo dispuesto en el
artículo 7 del Decreto 224 de 1972, teniendo en cuenta que por no encontrarse
regulado este evento por las normas especiales de la pensión gracia, esta encaja
dentro de las circunstancias particulares de los actores. […]» (Subrayado fuera de
texto).

Tal como se deriva de lo transcrito anteriormente, la Corte Constitucional en
sentencia C-480 de 1998 se inhibió para definir sobre la exequibilidad del artículo
7.º del Decreto 224 de 1972 por considerar que la totalidad de este se encontraba
derogado tácitamente por mandato de los artículos 1, 2 y 4 de la Ley 33 de 1973.
Sin embargo, es de destacar que mediante la sentencia T-586 del 26 de julio 201029
proferida por esa misma corporación, se aseguró que dicha disposición sí estaba
vigente, y que, en realidad, el único aparte inaplicable fue el del límite temporal de
5 años al que se había sometido el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes.

Al respecto, la referida Alta Corte señaló lo siguiente:

«[…] 4.3. No obstante, frente a la disposición antes mencionada, es importante
determinar si el término de cinco años allí previsto, es de obligatorio acatamiento
actualmente o si, de acuerdo con la normatividad vigente, ya no es indispensable
su observancia, o puede ser objeto de excepciones.

[…] Sin embargo, también se ha considerado que, aun cuando se mantiene el
derecho a la pensión establecido por el artículo 7º del Decreto 224 de 1972, el aludido
término fue tácitamente derogado, pues la Corte Constitucional en sentencia C-480
de septiembre 9 de 1998, M. P. Fabio Morón Díaz, se pronunció sobre las limitaciones
que la misma disposición le impone al derecho a la pensión, “como quiera que las
expresiones ‘aquel no contraiga nuevas nupcias’ y ‘y por un tiempo máximo de cinco
años’ allí contenidas, fueron suprimidas implícitamente en virtud de lo dispuesto en
los artículos 1, 2 y 4 de la Ley 33 de 1973, tal como se infiere de la parte motiva de
la providencia en comento”.

De este modo, aunque el artículo 7º del Decreto ley 224 de 1972 se encuentra
vigente, “su regla temporal de los 5 años allí establecida” fue sustituida “por mandato
de la Ley 33 de 1973 y, pese a que la citada ley no mencionó las pensiones docentes
ni el artículo 7º del Decreto Ley 224 de 1972 no hacía falta que los mencionara para
entenderlo modificado en lo pertinente”, puesto que “los términos en que fue expedida
es omnicomprensiva, tanto de las pensiones ordinarias como de las especiales y las
de los sectores públicos, sea este oficial o semioficial y privado”. […]»

29 Corte Constitucional. Sala Sexta de Revisión. Expediente T-2597554.

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Radicado: 68001-23-33-000-2012-00350-01 (2113-2014)

Finalmente, la Sección Segunda, Subsección A en providencia del 18 de noviembre
de 202030 realizó un rastreo de providencias que han resuelto este mismo tipo de
controversias, sosteniendo sobre el particular que:

«[…] Para comenzar, conviene tener presente que el Legislador no previó
expresamente una disposición que consagrara el derecho a una pensión gracia post
mortem ni los requisitos que debían cumplir los beneficiarios del causante. Sin
embargo, esta situación fue considerada como un vacío normativo por la
jurisprudencia del Consejo de Estado, lo cual no podía ser un obstáculo para
asegurar a los beneficiarios del docente fallecido el acceso a esta prestación. Para
una mejor compresión de la evolución jurisprudencial en esta materia, es
conveniente caracterizar los supuestos que se han abordado:

Cuando el causante cumplió el requisito del tiempo de servicios, pero no el
de edad

En la sentencia del 9 de marzo de 199931, la Sección Segunda concedió la
prestación a los beneficiarios de una docente fallecida que había prestado sus
servicios como profesora en el orden territorial sin haber cumplido la edad de 50
años. Para ello acudió a la norma general que regía para todos los funcionarios
públicos y trabajadores oficiales en esa época, contenida en el artículo 132 de la Ley
12 de 1975, la cual, más adelante, se convirtió en vitalicia por virtud de la Ley 33 de
198533.

Cuando el causante cumplió los requisitos de tiempo y edad, pero aún no la
venía recibiendo

En las sentencias de 17 de mayo de 200734 y de 5 de febrero de 200935 se
resolvieron casos en los que la sustitución de la pensión gracia se decretó con base
en las disposiciones del régimen general de pensiones, señalado por la Ley 100 de
1993. Para tal propósito, se atendió el hecho de que el régimen general contiene
las garantías mínimas en materia pensional. Ciertamente, la Corte Constitucional,
en la sentencia C-461 de 1995, precisó que los regímenes especiales deben ofrecer
una protección igual o superior a sus beneficiarios sin que sea admisible, desde un
punto de vista constitucional, otorgar un trato inequitativo y menos favorable a un
grupo determinado de trabajadores, frente a la generalidad de la población.

Cuando el causante no cumplió los requisitos de tiempo y edad

30 Que resolvió el Recurso Extraordinario de revisión con radicación 11001032500020180116900 (4045-2018),

en el que actuó la UGPP contra Lucy Graciela Orobio Moreno y Carlos Andrés Salas Orobio.
31 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 9 de marzo de 2000, radicación: 2632-1999,

demandante: Armando Sandoval y otros.
32 «El cónyuge Supérstite, o la compañera permanente, de un trabajador particular o de un empleado o

trabajador del sector público, y sus hijos menores si son inválidos, tendrán derecho a la pensión de jubilación
del otro cónyuge si este falleciera sin cumplir la edad cronológica para esta prestación, pero que hubiere
completado el tiempo de servicio consagrado en la ley.»
33 Esta posición fue reiterada por: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 11 de

abril de 2002, radicación: 13001233100019980414-01(3753-00), sentencia del 28 de septiembre de 2006,
radicación: 150012331000199900391 01(7961-2005), demandante: Luz Elena Castañeda de Salazar. Se
pueden consultar de la Subsección B, sentencia de 12 de julio de 2012, radicación: 250002325000200900171
01 (0602-2012), demandante: Nelcy Yohana Pulgarín Bustos.
34 Ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 17 de mayo de 2007, radicación:

680012315000199902169 01 (1922-2006), demandante: Gloria Stella Scott de Serrano.
35 Consejo de Estado, Sección Segunda Subsección B, sentencia del 5 de febrero de 2009, radicación:

08001233100019980158 01(3084-2001), demandante: Regina Isabel Martelo de Vargas y otros.

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Radicado: 68001-23-33-000-2012-00350-01 (2113-2014)

En este particular, se destacan dos situaciones, a saber:

• El causante alcanzó 18 años de servicio

En estos casos, la Sección Segunda admitió la aplicación analógica del artículo 7
del Decreto 224 de 197236, que reguló el supuesto para la pensión ordinaria de
jubilación docente, con fundamento en los principios de favorabilidad, equidad y
proporcionalidad en materia pensional. La citada norma dispone:

«Artículo 7.- En caso de muerte de un docente que aún no haya cumplido el
requisito de edad exigido para la obtención de la pensión, pero que hubiere
trabajado como profesor en planteles oficiales por lo menos diez y ocho (18) años
continuos o discontinuos, el cónyuge y los hijos menores tendrán derecho a que por
la respectiva entidad de previsión se pague una pensión equivalente al 75% de la
asignación mensual fijada para el cargo que desempeñaba el docente al tiempo de
la muerte mientras aquel no contraiga nuevas nupcias o el hijo menor cumpla la
mayoría de edad y por un tiempo máximo de cinco (5) años.»

En este particular, también se hizo referencia al efecto que tuvo la expedición de la
Ley 33 de 1973, en el sentido de que extendió en forma vitalicia el derecho para el
cónyuge sobreviviente37.

Esta interpretación se acompasa con la idea de que la finalidad de la pensión gracia
es la de menguar la desigualdad que existió en su momento entre los docentes
vinculados por los entes territoriales y aquellos cuyo nombramiento era nacional;
por lo tanto, se le da el mismo tratamiento en cuanto a su sustitución. Algunos de
dichos pronunciamientos se pueden identificar en las sentencias del 15 de junio de
200638, 30 de julio de 200939 y 28 de enero de 201040.

Recientemente, en la sentencia del 18 de mayo de 201841, pese a que se reiteró la
posibilidad de reconocimiento de la pensión gracia post mortem por 18 años de
servicio, se denegó la prestación reclamada. Precisamente, en aquel caso se
definió que tal exigencia no se cumplió, pues la causante tenía un tiempo de servicio
de 16 años, 1 mes y 3 días. Sin embargo, es claro que esta posición se ha
mantenido de manera pacífica hasta la actualidad, tal y como se observa en la
sentencia de 27 de mayo de 201942.

• Alcanzó menos de 18 años de servicio

36 «Por el cual se dictan normas relacionadas con el ramo docente.»
37 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 21 de octubre de 2010, radicación:

680012315000200001322 01(1063-2008); demandante: Ramiro Rodríguez Grandas.
38 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, radicación: 050012331000199900627 01(4100-

05), demandante: Fabio de Jesus Arango Gómez.
39 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30 de julio de 2009, radicación:

250002325000200604498 01(0016-2008), demandante: Hernando Alfonso Olaya Martín.
40 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 28 de enero de 2010, radicación:

050012331000200405315 01(1026-2007), demandante: Amelida de Jesús Hernández Ríos y otro.
41 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 18 de mayo de 2018, radicación:

730012333000201500440 01(4754-2016), demandante: María Ofelia Villanueva Gómez.
42 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 27 de mayo de 2019, radicación:

680012333000201301011 01(2855-2014), demandante: Luis Jesús Becerra Durán.

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Radicado: 68001-23-33-000-2012-00350-01 (2113-2014)

En las sentencias de 21 de octubre de 201043 y 22 de septiembre de 201144 se
admitió la aplicabilidad del artículo 7 del Decreto 224 de 1972, empero, se consideró
que también podía atenderse el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, en cuanto
resultara más favorable para los beneficiarios del causante. En efecto, en esta
última se concedió la pensión a los beneficiarios de un docente que no había
cumplido 18 años de servicios.

En este punto, resultan ilustrativas las consideraciones expuestas en la sentencia
de 16 de mayo de 201945, en relación con el alcance de la normativa general en
este particular:

«Ahora, si bien la normativa especial que regula la pensión gracia no contempló
específicamente la sustitución de aquella a favor de los beneficiarios del docente
luego de su deceso, lo cierto es que tampoco la prohibió, ni señaló -para quienes
lograron obtenerla o gozan de una expectativa válida frente a la misma por virtud
del régimen de transición de la Ley 91 de 1989- causal alguna de extinción del
derecho, mucho menos su cese o pérdida con ocasión del fallecimiento del
pensionado o docente con derecho.

23. Bajo la motivación precedente, se concluye la vocación sustituible que asiste
a la pensión gracia bajo los mismos parámetros legales y criterios aplicables a las
pensiones ordinarias, pues si bien su causa jurídica es diferente, comparten por
voluntad del legislador la misma naturaleza, y en materia de sustitución, idéntica
finalidad de amparo a la familia más próxima de quien antes de fallecer adquirió el
derecho, de manera pues, que resultan aplicables en tal sentido las normas
generales que regulan la materia, vigentes al momento del deceso del docente[…]»

Así mismo, las sentencias del 10 de octubre de 201946 y de 2 de mayo de 201947
avalaron la aplicación de los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993. Esta última
providencia reiteró la obligación de atender el principio de favorabilidad al señalar:

«Como puede observarse, entre la norma especial contenida en el Decreto 224 de
1972 y la norma general prevista en Ley 100 de 1993, pese a que las prestaciones
allí consagradas comparten la misma naturaleza, existe una diferencia ostensible
en cuanto a los requisitos para acceder a la pensión de sobrevivientes, pues
mientras aquella exige la prestación del servicio docente por más de 18 años, esta
resulta más beneficiosa en cuanto requiere para su obtención tan solo 50 semanas
de cotización.[…]»

De acuerdo con lo anterior, es plausible concluir que la jurisprudencia del Consejo
de Estado ha venido perfilando las reglas sobre la sustitución de la pensión gracia
y la pensión de sobrevivientes a los beneficiarios de los docentes que tenían
expectativas de gozar de esta prestación. […]»

43 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 21 de octubre de 2010, radicación:

680012315000200001322 01(1063-2008), demandante: Ramiro Rodríguez Grandas.
44 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 22 de septiembre de 2011, radicación:

050012331000200404969 01(-2010), demandante: Rosa Eugenia Pérez y otros.
45 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 16 de mayo de 2019, radicación:

440012333000201500011 01(4558-2017), demandante: Magdalena Góngora de Nieto.
46 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 10 de octubre de 2019, radicación:

050012333000201401015 01(3211-2016), demandante: Margarita Gómez Echeverri.
47 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 2 de mayo de 2019, radicación:

130012333000201400459 01(0405-2017), demandante: Astrid Milena Moratto Flórez y otros.

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Como se aprecia, hasta la fecha, la línea jurisprudencial mayoritaria de esta
Corporación ha sido considerar procedente la «sustituibilidad o transmisibilidad» de
la pensión gracia por la muerte del docente oficial, incluso al margen de la falta de
norma expresa que habilite lo propio, ello bajo dos supuestos diferentes: (i) el de la
pensión gracia post mortem, que se da en los casos en los que el educador haya
fallecido antes de haber acreditado la totalidad de los requisitos para adquirir el
respectivo derecho, y (ii) el de la sustitución de pensión gracia propiamente dicha,
que se configura cuando el maestro causante ya tenía consolidada materialmente
la prerrogativa por cumplir con todas las exigencias, y por tanto, dicho beneficio ya
había ingresado a su patrimonio con o sin el reconocimiento formal por parte de
Cajanal (hoy UGPP) en su momento.

Lo que se deriva de este planteamiento es que, el Consejo de Estado ha señalado
que el reconocimiento de la pensión gracia post mortem sí es viable, pero no por un
fundamento normativo en concreto, sino en razón de la aplicación de principios
como la interpretación analógica por complementación de un vacío legal, la
favorabilidad, la proporcionalidad y la equidad.

Ahora, sin perjuicio del trazado de las decisiones judiciales referenciadas
previamente, en esta oportunidad y luego de un análisis profundo sobre aspectos
hasta ahora no debatidos en dichas providencias, esta Sección estima pertinente
reconsiderar, únicamente la tesis sobre la procedencia del reconocimiento de la
pensión gracia post mortem (porque este es el derecho en litigio en el caso bajo
estudio), a fin de controvertir los argumentos en comento que se han expuesto con
anterioridad, de tal forma que se pueda concluir que dicha prerrogativa no debe
concederse por no tener el fundamento jurídico que se le había atribuido.

En conclusión, con esta providencia se buscará precisar que, si bien para el caso
de las pensiones ordinarias financiadas directamente con aportes del trabajador y
el empleador, tanto el Decreto 224 de 197248 como la Ley 100 de 199349 se
contempló la posibilidad de que los beneficiarios de un causante fallecido que no
logró acreditar todos los requisitos para adquirir la prestación, puedan acceder a un
derecho autónomo a su favor como lo sería la pensión de sobrevivientes, lo cierto
es que, para el mismo supuesto, pero en el marco de la pensión gracia50 que es
gratuita y meritoria, el legislador nunca previó dicha consecuencia, ya que solo
estableció una forma de adquirir esta prerrogativa, la cual no es otra que cumpliendo
todas las exigencias para el efecto.

Definido lo anterior, para el efecto se abordará el estudio completo de la procedencia
o no del reconocimiento de la pensión gracia post mortem, verificando en principio
si la causante del actor había acreditado los requisitos esenciales para consolidar

48 Articulo 7° del decreto 224 de 1974.
49 artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993.
50 Ley 114 de 1913

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el derecho principal propiamente dicho, es decir, si demostró los 50 años edad y los
20 años de servicio como docente territorial o nacionalizada para acceder al pago
de una pensión gracia.

Sobre el punto se aclara que, si bien en este caso solo la parte accionada apeló la
sentencia de primera instancia, y por tanto la Sección estaría limitada
exclusivamente a los argumentos de impugnación, lo cierto es que la UGPP al final
de su recurso también planteó expresamente como fundamento de censura contra
dicho fallo, el hecho de que el tribunal de origen no tuvo en cuenta que, de
conformidad con toda la línea jurisprudencial del Consejo de Estado sobre la
pensión gracia, es claro que esta se causa únicamente para los docentes que
cumplan 20 años de servicio en colegios del orden departamental, distrital o
municipal, sin que sea posible acumular tiempos del orden nacional.

Incluso, la base de su apelación para considerar que deben negarse las
pretensiones de la parte activa, es que, para que proceda el reconocimiento de la
pensión gracia como tal, la docente debió haber cumplido todas las exigencias
legales aplicables, lo cual el mismo accionante confirma que su esposa no logró,
pues no cumplió con el requisito de edad ni de tiempo de servicio.

Con fundamento en lo anterior, es claro que la Sección sí se encuentra habilitada
para analizar si la causante del señor Polidoro Gross Buitrago había adquirido el
derecho a la referida prerrogativa, para luego determinar si existe algún fundamento
jurídico válido para que se le otorgue a este último un derecho particular y autónomo
como sería la pensión gracia post mortem.

Resolución del caso concreto – Cambio jurisprudencial

Inicialmente, sobre la situación concreta del demandante se destaca que, su
causante, es decir, la señora Florinda Rodríguez de Gross, acreditó que nació el 23
de mayo de 1957 y que falleció el 16 de junio de 199651, por lo que, para el momento
de su muerte, tenía solo 39 años y un tiempo de servicios de 19 años, 1 mes y 3
días.52 Por lo anterior, para la Corporación resulta claro que la mencionada docente
no reunía ni el requisito de edad, ni el mínimo de 20 años de labor oficial como
maestra del orden territorial o nacionalizado, a fin de que hubiera consolidado en
su momento el derecho al pago de la pensión gracia.

En ese sentido, en principio y si se atendiera la postura jurisprudencial mencionada
con anterioridad, tendría que aplicarse analógicamente el artículo 7.º del Decreto
224 de 1972, o incluso el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, ello para acceder a las
pretensiones, pues bajo tal entendimiento previo en atención al principio de

51 Según dan cuenta los registros civiles de nacimiento y defunción obrantes en CD con antecedentes
administrativos obrante a folio 172 del expediente.
52 Según certificado de tiempo de servicio expedido el 28 de noviembre de 2013 por la Secretaría de Educación

Departamental de Santander, visible a folio 178.

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favorabilidad, en efecto resultaría viable ordenar el reconocimiento de la pensión
gracia post mortem a su favor, toda vez que su esposa había alcanzado a laborar
más de 18 años como docente oficial.

Las normas en comento consagran lo siguiente:

«[…] Artículo 7º.- En caso de muerte de un docente que aún no haya cumplido el
requisito de edad exigido para la obtención de la pensión, pero que hubiere
trabajado como profesor en planteles oficiales por lo menos diez y ocho (18) años
continuos o discontinuos, el cónyuge y los hijos menores tendrán derecho a que por
la respectiva entidad de previsión se pague una pensión equivalente al 75% de la
asignación mensual fijada para el cargo que desempeñaba el docente al tiempo de
la muerte mientras aquel no contraiga nuevas nupcias o el hijo menor cumpla la
mayoría de edad y por un tiempo máximo de cinco (5) años. […]»

«[…] ARTÍCULO 46. REQUISITOS PARA OBTENER LA PENSIÓN DE
SOBREVIVIENTES. Tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes:

1. Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez o invalidez por riesgo
común que fallezca y,
2. Los miembros del grupo familiar del afiliado al sistema que fallezca, siempre y
cuando éste hubiere cotizado cincuenta semanas dentro de los tres últimos años
inmediatamente anteriores al fallecimiento […]

PARÁGRAFO 1o. Cuando un afiliado haya cotizado el número de semanas mínimo
requerido en el régimen de prima en tiempo anterior a su fallecimiento, sin que haya
tramitado o recibido una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez o la
devolución de saldos de que trata el artículo 66 de esta ley, los beneficiarios a que
se refiere el numeral 2 de este artículo tendrán derecho a la pensión de
sobrevivientes, en los términos de esta ley.

El monto de la pensión para aquellos beneficiarios que a partir de la vigencia de la
Ley, cumplan con los requisitos establecidos en este parágrafo será del 80% del
monto que le hubiera correspondido en una pensión de vejez. […]»

Pues bien, la Sección ha llegado a la conclusión de que ninguna de estas normas
puede ser aplicada en la forma en que se había concebido anteriormente, esto es,
bajo una interpretación extensiva, pues en el análisis de los casos concretos no se
han tenido en cuenta una serie de planteamientos que permiten modificar la postura
anterior del Consejo de Estado, los cuales, para mayor precisión se exponen de la
siguiente forma:

• Sobre la naturaleza jurídica de la pensión gracia

Luego de un nuevo análisis de los fundamentos jurídicos acerca del entendimiento
de la prerrogativa en comento, la Sala estima que, en vía judicial se había
consolidado una concepción diferente frente a la esencia de la pensión gracia para
definir casos como el particular, pues a esta se le asignó un carácter y un tratamiento
general propio de las pensiones entendidas como prestaciones que cubren el riesgo
de vejez a través de un modelo de financiación con cotizaciones, pese a que su

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especialidad e incluso excepcionalidad, dado su origen dadivoso, hacen que el
enfoque jurídico tenga que ser visto desde otra perspectiva.

Debe destacarse que, el derecho en cuestión a pesar de tener el nombre de
“pensión”, en realidad corresponde a una recompensa, un premio, un beneficio, o
en palabras de su propio nombre, una gracia que da el Estado a un servidor público
docente por la labor desarrollada con honradez durante 20 años, ello en la medida
en que satisfaga los demás requisitos de que trata la Ley 114 de 1913 y el artículo
15 de la Ley 91 de 1989, lo que significa que, para obtenerla no se requiere que el
titular efectúe aportes de ninguna clase como sí ocurre con las pensiones ordinarias
de vejez o jubilación.

Lo expuesto conlleva deducir que la naturaleza jurídica de la pensión gracia siempre
ha sido gratuita, honorífica y sin más respaldo financiero que el tesoro nacional,
tanto así que para su adquisición deben reunirse una serie de condiciones que solo
puede demostrar una persona, sin que se haya pensado en que tal beneficio pueda
sustituirse a sus familiares, pues estos no colmarían las mismas exigencias ni
acreditarían idéntica causa para su reconocimiento, más aún cuando esta gracia fue
concebida como un premio exclusivamente para el educador en razón a su labor,
mas no por sus cotizaciones.

De hecho, es claro que el legislador desde la Constitución Política de 1886, nunca
previó la posibilidad de que las recompensas como la que es objeto de análisis
pudiera concederse en cabeza de otro beneficiario por la muerte de quien
eventualmente habría podido reclamarlo, pero que no lo hizo por no haber colmado
todas las exigencias para lo propio antes de su deceso. Incluso, es de resaltar que
desde la misma expedición de la Ley 50 de 1886,53 en su artículo 5.º expresamente
se había prohibido el traspaso de esta clase de dádivas a familiares del causante,
así:

«[…] Artículo 5°. Toda pensión del Tesoro nacional es por su naturaleza la
recompensa de grandes o largos servicios hechos a la Patria, según la condición
social del pensionado, sea por este mismo, sea por su padre, abuelo, hijo o esposo,
si en el segundo caso la invalidez o pobreza del peticionario proviene de tales
servicios. En consecuencia, las pensiones, así civiles, como militares, tienen el
carácter de exclusivamente personales, y en ningún caso serán hereditarias, en todo
ni en parte, a beneficio de ningún copartícipe en ellas o de ningún pariente de los
pensionados. Cuando fallezca algún pensionado, su pensión quedará cancelada,
caducando en cuanto a él, en la parte respectiva, la ley que la haya concedido o
aumentado. […]». (Resalta la Sala).

Contrario a lo anterior, en el caso de las pensiones ordinarias de jubilación, el
ordenamiento jurídico ha sido claro en precisar (a través del Decreto 224 de 1972
por ejemplo), que tal prestación puede sustituirse cuando ya estaba consolidada, o
bien otorgarse como una autónoma a favor de los familiares supérstites a título de

53 Derogada en la actualidad, pero útil para efectos de referencia en este caso.

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pensión de sobrevivientes. Lo anterior tiene sentido por cuanto en este supuesto sí
existe una fuente de financiación a través de aportes que garantizan su pago aun
después del fallecimiento del pensionado o afiliado.

Es decir, la intención del legislador con la expedición de la Ley 114 de 1913, fue
desde el principio la de pagar una «recompensa» a los educadores oficiales
vinculados directamente por las entidades territoriales, quienes para la fecha
prestaban sus servicios en instituciones educativas ubicadas en zonas apartadas
del país, y además se encontraban en condiciones remuneratorias inferiores y
desventajosas frente a sus pares nombrados directamente por la Nación.

De hecho, este planteamiento ha sido objeto de investigaciones académicas que lo
respaldan, tal como se señaló en uno de los artículos indexados de la revista
“Justicia y Derecho” de la Universidad del Cauca,54 del cual se extrae el siguiente
extracto:

«[…] el término “Pensión Gracia” se refiere a “aquellas pensiones que se otorgan en
forma gratuita para salvar situaciones de injusticia social, derivadas de la ausencia
o insuficiencia de preceptos legales que cubran adecuadamente una específica
situación de carencia de recursos, que afectan a una o más personas
determinadas.”55

La importancia de exceptuar dicho régimen pensional se sustenta en el contexto de
conquista histórica de derechos por parte del gremio de los educadores. Este gremio
se vio afectado por diferenciaciones salariales derivadas del modelo educativo,
aunado a la falta de presupuesto de los Entes Territoriales que, en un principio, se
encargaron de administrar la instrucción primaria, siendo los docentes adscritos a
dicha instrucción los más perjudicados salarialmente. […]».

Como se observa, la pensión gracia, desde su propia concepción teleológica, fue
creada con el fin de concretar lo que actualmente, bajo una óptica constitucional,
correspondería a una acción afirmativa propia de un ejercicio de discriminación
positiva,56 con la que se buscaba en su momento eliminar el trato diferencial e
inequitativo en materia de remuneración entre los docentes territoriales y
nacionales, para que de esta forma se promoviera y lograra una igualdad material
entre ambas clases de servidores públicos.

Con base en lo anterior se observa que, si bien entre una pensión ordinaria de
jubilación y la de gracia existe una causa que puede ser común como lo es el
cumplimiento de determinada edad y la acreditación de una cantidad de tiempo de
servicio, lo cierto es que sí se presenta una divergencia sustancial en cuanto a la
finalidad de ambas prestaciones y su forma de financiación.

54 Jhon Chamorro, El reconocimiento de la pensión gracia a los docentes cuya vinculación con el Estado no

tiene vocación de permanencia con anterioridad al 1 de enero de 1981, 9 Just. & Der. 54 (2021) / ISSN 2323-
0533.
55 Ismael Bustos ET AL., Manual de Educación Cívica 148 (6.ª ed., 1991).
56 Sobre la noción de discriminación positiva y acciones afirmativas, ver sentencias de la Corte Constitucional,

C-371 de 2000, C-964 de 2003, y C-044 de 2004.

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La primera pretende contener el riesgo de la vejez del funcionario mediante un
ahorro programado debido a aportes efectuados en conjunto por este y su
empleador, mientras que la segunda busca premiar o generar un incentivo especial
y gratuito a favor de un educador y a cargo del tesoro nacional, solo por la labor
desempeñada por aquel conforme a determinadas condiciones en el tipo de
vinculación.

Como se deriva de lo expuesto hasta este punto, es dable concluir que las
pensiones gratuitas, meritorias y personales (como la de gracia), no han sido
“sustituibles” a título de una prerrogativa post mortem, ni desde 1886, ni en 1913
para el caso concreto del derecho bajo estudio, y mucho menos desde 1991 en
adelante a pesar de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 y demás normativa
regulatoria del Sistema General de Pensiones, toda vez que el legislador
expresamente ha indicado desde el inicio que ello no es procedente, y en todo caso,
al día de hoy no ha expedido alguna ley que habilite lo propio para esa dádiva en
específico.

• Sobre la aplicación analógica del Decreto 224 de 1972 y la Ley 100 de 1993
por la supuesta complementación de un vacío legal.

El explicado hecho diferencial entre la pensión gracia y la ordinaria, necesariamente,
conlleva la imposibilidad jurídica de aplicar de manera análoga, automática,
indistinta e ilimitada todas las normas del régimen general de seguridad social (Ley
100 de 1993), así como tampoco las propias del magisterio como el Decreto 224 de
1972.

Incluso, tal como se mencionó en el desarrollo del marco normativo aplicable al
presente caso, la Corte Constitucional en sentencia C-480 de 1998 señaló que el
artículo 7.º del Decreto 224 de 1972 se encontraba derogado tácitamente por
mandato de los artículos 1, 2 y 4 de la Ley 33 de 1973. Aun así y contrario a esta
tesis, dicha corporación en sentencia T-586 del 26 de julio 2010 tuvo en cuenta el
mencionado decreto para sustentar el reconocimiento de la pensión gracia post
mortem.

Pues bien, al margen de la discusión jurídica que pueda plantearse en la actualidad
sobre la vigencia o derogatoria del Decreto 224 de 1972 en razón de las dos
providencias aludidas, esta Sección considera que tal diferencia de posturas se
torna irrelevante para resolver el presente litigio.

Por ello, con esta providencia se pretende dar claridad en que, cualquiera que sea
la posición que se adopte respecto del vigor de aquella norma, lo que resulta
evidente es que, por su esencia, ámbito de aplicación y contenido jurídico explícito,
esta nunca se expidió para regular prerrogativas especiales, gratuitas y meritorias
como la pensión gracia, por lo que, en realidad, no se presenta un vacío legal, sino

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una intención del legislador que no permitió la transmisión de este derecho, sino
solo su reconocimiento exclusivo para quien acredite ser el titular directo del mismo.

Es decir, no resultaría acertado atender una serie de regulaciones extrañas y ajenas
a un derecho especial, sin reparo ni verificación del caso concreto, solo bajo el
argumento de que en lo no previsto de manera excepcional, siempre tendrá que
acudirse a un marco normativo común consagrado para otro tipo de prestaciones
en procura de una supuesta complementación, toda vez que puede suceder que el
legislador dentro de su legítima libertad de configuración no haya previsto como
aplicables tales disposiciones adicionales.

En tal sentido, debido a que la normativa propia de la pensión gracia no contempló
ningún postulado que habilite su reconocimiento post mortem cuando el titular
principal no hubiera colmado todas las exigencias para ello, sería inadecuado
extender el régimen pensional general de manera absoluta y definitiva para todos
los casos en los que se formule este tipo de pretensiones, porque se
desnaturalizaría la dádiva como fue ideada, e incluso iría en contra de su esencia
gratuita, meritoria y personal (intuitu personae), la cual no ha cambiado a pesar del
paso del tiempo.

Además, resulta pertinente precisar que, el artículo 7.º del Decreto 224 de 1972, así
como la Ley 33 de 1973, cuando mencionaron la posibilidad de reconocer una
prestación independiente a los sobrevivientes de un causante fallecido, siempre se
refirieron (por el mismo contexto y ámbito de aplicación de dichas normas), a la
pensión ordinaria de jubilación, vejez o invalidez, sin hacer mención a las
prerrogativas gratuitas o especiales como la pensión gracia.

Lo anterior implica que el ordenamiento jurídico sí previó la posibilidad de conjurar
la contingencia de la muerte de determinado servidor público como un docente, esto
a fin de garantizar derechos fundamentales como el mínimo vital de su núcleo
familiar, permitiendo la transmisión de un derecho prestacional ordinario, o de su
expectativa legítima de obtenerlo, a favor de unos beneficiarios determinados.

Por consiguiente, no puede considerase que exista un vacío frente a la situación del
deceso de un educador con un derecho pensional consolidado o pendiente de
estructurar, porque, en realidad, el nivel de protección que se buscaba materializar
al conceder la pensión gracia post mortem, ya se encuentra cubierto por las normas
citadas anteriormente que permiten otorgar pensiones ordinarias de sobrevivientes.

Al respecto, debe tenerse en cuenta que la dádiva bajo estudio solo hubiese
constituido un ingreso adicional, mas no la fuente exclusiva y directa de
sostenimiento del docente y su familia, y mucho menos cuando aquel beneficio
especial y personal no se había adquirido ni se estaba devengado como sucede en

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el presente caso, pues el causante no había acreditado el total de los 20 años de
servicio para su reconocimiento.

Bajo este entendido, es claro que el no acceder al pago de una pensión gracia post
mortem no constituye la convalidación de una ausencia de mandato legal, ni vulnera
derechos constitucionales de los familiares del maestro fallecido.

• Frente a la observancia extensiva de la sentencia de unificación SUJ-029-
CE-S2 del 11 de agosto de 2022 y la improcedencia de aplicar los principios
de equidad y proporcionalidad

Ahora, a pesar de que la Sección Segunda de esta Corporación profirió la
mencionada sentencia de unificación57 y fijó una regla de interpretación sobre
cuáles eran los requisitos normativos aplicables a los beneficiarios de un causante
para solicitar la “sustitución de la pensión gracia”, ello no significa que
necesariamente pueda aplicarse de manera extensiva dicha providencia para
respaldar ahora el reconocimiento de una pensión post mortem en razón del mismo
criterio de sustituibilidad.

Sobre el punto se aclara que, con el presente fallo no se pretende desconocer o
contrariar la referida decisión unificadora, sino por el contrario, la intención es
ponerla de presente a manera de contexto para fundamentar este cambio de línea
jurisprudencial.

Lo anterior, porque en la mencionada sentencia de unificación se evidencia que en
ningún momento se estudió ni se fijó como regla jurisprudencial la de la procedencia
absoluta e indiscriminada de la sustitución de la pensión gracia en sentido general,
y por lo tanto mucho menos de la pensión gracia post mortem. Expresamente se
dijo:

«[…] 55. La procedencia de la sustitución de pensión gracia no es tema debatido en
el marco de unificación.

[…] Primero: Unificar jurisprudencia del Consejo de Estado en el siguiente sentido:
La norma aplicable sobre el requisito de convivencia para el cónyuge supérstite o el
compañero permanente en materia de sustitución de pensión gracia es la vigente
para la fecha del deceso del causante, en armonía con lo dispuesto en el Acto
Legislativo 01 de 2005, que remite a las leyes del Sistema General de Pensiones,
sin perjuicio de los derechos adquiridos bajo normas anteriores. En el caso de estar
vigente el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley
797 de 2003, se exige al cónyuge o al compañero acreditar no menos de 5 años de
convivencia con el docente o el pensionado. […]». (Subrayado propio).

57 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de unificación SUJ-

029-CE-S2 del 11 de agosto de 2022. Radicado 23001-23-33-000-2014-00444-01 (1655-2017).

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Incluso, con base en este mismo proveído, lo que en realidad se observa es una
serie de argumentos que convalidan la tesis de la especialidad de la pensión gracia
en razón a la persona titular del mismo y no a la gestión de un riesgo propio de la
seguridad social como sí ocurre con las pensiones en estricto sentido.

Ello se afirma cuando en el mencionado fallo se indicó que:

«[…] 43. La pensión gracia fue creada por la Ley 114 de 1913 como una recompensa
para los maestros que prestaban sus servicios docentes en la primaria, época en
que la prestación de dicho servicio dependía de las entidades territoriales. En ese
tiempo no había una reglamentación sobre un régimen de Seguridad Social, sino
que existían algunas normas que concedían pensiones de jubilación para sectores
particulares de la población como los militares y para sus viudas, o como en este
caso para los maestros.58

44. Es de resaltar que entre los años 1913 y 1918 las pensiones se consideraban
como recompensas gratuitas, dado que no existía la noción de aporte o
cotizaciones.59 De hecho, en Colombia por primera vez se establecieron la afiliación
y cotización obligatorias a partir del primero de enero de 1967, conforme el
reglamento del Instituto de Seguros Sociales (Decreto 3041 de 1966). No obstante,
en el sector público antes del año 1993, fecha de expedición de la Ley 100, las cajas
y fondos públicos llegaron a ser más de 50 de carácter nacional y 1000 de origen
territorial, que reconocían pensiones para los afiliados sin cobrar contribuciones para
financiarlas.60

45. Este contexto histórico se resalta para evidenciar las particulares características
de la pensión gracia que a más de 100 años de haberse creado continúa vigente y
que deben irradiar la labor de interpretación de esta prestación en el marco de la
Constitución Política y de la Ley 100 de 1993, donde las nociones centrales son los
aportes al sistema y la solidaridad entre los afiliados. […]». (Subrayado fuera de
texto).

Tales postulados se acoplan precisamente a la idea de que la pensión gracia es y
siempre ha sido una recompensa o un premio para la persona que adquiere el
derecho debido a sus condiciones, mas no por realizar pagos para financiarla.

Además, en la misma sentencia de unificación se indicó con precisión lo siguiente:
«[…] De esta forma, la aplicación de la Ley 100 de 1993 en materia de pensión
gracia sobre la convivencia para los beneficiarios del docente que laboró 20 años
de servicio, se explica en tanto como norma general complementa una pensión
especial; pero, a la luz de los principios de razonabilidad y proporcionalidad no
puede conllevar a que también proceda el reconocimiento de la pensión gracia de
sobrevivientes con 50 semanas de cotización, porque la vocación de sustituibilidad
de una pensión creada como especial y transitoria no puede llevar a perpetuar una
regulación de un tiempo pretérito (1913), creada para compensar salarialmente a
los maestros de primaria de las regiones apartadas. […]»

58 MARTINEZ CIFUENTES, Juan Martínez, La pensión de sobrevivientes, Edit. Temis, Ed. 2018.
59 Idem.
60 Idem.

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Esto es, la propia providencia en comento le ha dado un estatus fundamental a la
demostración del cumplimiento del tiempo de servicio completo para efectos de la
posible sustitución de la pensión gracia, tanto así que explícitamente precisó que no
puede recurrirse al requisito de las 50 semanas de cotización en aplicación de la
Ley 100 de 1993 para conceder una pensión gracia de sobrevivientes, o lo que es
igual, una pensión gracia post mortem.

Por esa misma razón, cobra mayor sentido que si la docente fallecida nunca acreditó
la totalidad del tiempo de labor oficial exigido para que eventualmente procediera la
sustitución de la prerrogativa, mucho menos sus beneficiarios podrán tratar de
obtener una dádiva como la reclamada en este proceso de manera autónoma e
indefinida cuando ese requisito no se satisfizo, pues adicionalmente no habría
sustento de financiación para mantener su pago, luego de la muerte de la única
persona que eventualmente habría podido reclamarla.

Convalidar tal supuesto transgrediría los principios de proporcionalidad y equidad a
los que se había acudido anteriormente para acceder al derecho en litigio, toda vez
que implicaría reconocer un derecho vitalicio a una persona que no reunió los
requisitos para su consolidación, permitiendo la transmisión de titularidad de este
beneficio a otras personas, solo con la justificación de la muerte de su causante,
pero sin ningún respaldo ni jurídico ni económico que garantice su pago.

Es más, debe tenerse en cuenta que la aplicación de principios como los
mencionados anteriormente tienen sustento cuando de la norma aplicable se
adviertan reglas que atentan contra postulados superiores, caso en el cual deben
preferirse estos últimos. Por consiguiente, no tendría una justificación acudir a
aquellos preceptos cuando ni siquiera existe una regulación expresa que sea
contradictoria, y mucho menos cuando no existe un vacío legal, sino una intención
del legislador de no permitir un derecho general como la pensión de sobrevivientes
para una prerrogativa especial y diferente como la pensión gracia.

Esto es, no puede alegarse que existe proporción entre la dádiva gratuita y
altamente onerosa a cargo del erario, frente al fallecimiento de su posible titular
entendida como la única razón para concederla, pues además no está prevista
como tal en el ordenamiento jurídico. De hecho, también se vulnera la equidad al no
poder considerarse con igual derecho el docente que en principio podía haber
reclamado la pensión gracia como recompensa por su labor, respecto de sus
beneficiarios que solo accederían a esta sin ningún criterio personal para ello ni con
una base de financiamiento que la sustente.

Los argumentos expuestos encuentran respaldo en reciente providencia de esta
Sección,61 puntualmente en la sentencia del 29 de mayo de 2024, en la cual, luego

61 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 29 de mayo de

2024. Radicado 41001-23-33-000-2015-00256-01 (0473-2018).

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de un análisis profundo sobre aspectos hasta ahora no debatidos en decisiones
anteriores de esta corporación que accedían al reconocimiento de la pensión gracia
por invalidez, estimó pertinente reconsiderar dicha tesis y concluyó que dicha
prerrogativa no debe concederse con fundamento en la pérdida de capacidad
laboral, así como tampoco por motivo de la muerte del causante, ello por las
siguientes razones:

«[…] En consonancia con lo expuesto, una interpretación teleológica de la Ley 114
de 1913 también lleva a deducir que la exigencia de los 20 años de servicio no puede
soslayarse. Ciertamente, si el motivo del legislador al proferirla era «recompensar»
a los docentes territoriales por prestar el servicio por ese lapso en precarias
condiciones laborales, su finalidad última era asegurar que ese sacrificio no afectara
la posibilidad de que, una vez retirados luego de 20 años de prestarlo, vivieran en
condiciones dignas y así se desprende de la exposición de motivos de la ley. En esa
línea, si el fin era protegerlos en la vejez con la entrega a cargo de la Nación de una
remuneración, no tendría sentido eximirlos del cumplimento de la totalidad del
tiempo requerido, en la medida en que es razonable inferir que este se fijó en ese
tope porque para la época representaba el final de la vida laboral del docente.

Bajo los parámetros expuestos, se torna improcedente la concesión de la pensión
gracia a quien, por distintas razones, incluso ajenas a su voluntad como la
ocurrencia de una invalidez o la muerte, se retiró del servicio antes de completar
los 20 años que exige el artículo 1 de la Ley 114 de 1913, por cuanto (i) el texto de
la norma y sus modificaciones posteriores son claras en exigir su cumplimiento y no
dieron lugar a excepciones y (ii) considerar que sí es factible acceder al derecho sin
completarlo va en contravía de la motivación y finalidad que tuvo el legislador al
expedir la norma, que en todo caso no se enmarca dentro de los criterios propios de
un sistema de seguridad social, según se expuso. […]

[…] 2.3.5.5. Conclusión

De acuerdo con lo expuesto, se concluye que para el reconocimiento de la pensión
gracia es requisito ineludible que el docente nacionalizado cumpla la exigencia
prevista en el artículo 1 de la Ley 114 de 1913, esto es, que complete los 20 años
de servicios como docente del orden territorial. El reconocimiento pensional no
procede sin que ello se acredite, incluso si el docente no cumplió por haber sido
declarado en estado de invalidez o por haber fallecido, aun cuando hubiese
alcanzado las tres cuartas partes del tiempo requerido. […]». (Subrayado fuera de
texto).

• Acerca de la aplicación del principio de favorabilidad y el desconocimiento
del principio de la inescindibilidad normativa

Si bien ha sido un criterio aplicable por la línea jurisprudencial anterior el sostener
que, debe hacerse una remisión a los preceptos contenidos en los artículos 7.º del
Decreto 224 de 1972 y 46 a 49 de la Ley 100 de 1993 en aplicación del principio de
favorabilidad, la Sala estima que esta tesis no debe ser atendida de manera general,
habida cuenta de que se ha entendido manera diferente dicho postulado axiológico.

Es preciso recordar que la Corte Constitucional en sentencia SU-023 de 2018
definió el concepto bajo estudio, así:

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«[…] De conformidad con este mandato [el principio de favorabilidad], cuando una
misma situación jurídica se halla regulada en distintas fuentes formales del derecho
(ley, costumbre, convención colectiva, etc.), o en una misma, es deber de quien ha
de aplicar o interpretar las normas escoger aquella que resulte más beneficiosa o
favorezca al trabajador. La favorabilidad opera, entonces, no sólo cuando existe
conflicto entre dos normas de distinta fuente formal, o entre dos normas de idéntica
fuente, sino también cuando existe una sola norma que admite varias
interpretaciones; la norma así escogida debe ser aplicada en su integridad, ya que
no le está permitido al juez elegir de cada norma lo más ventajoso y crear una
tercera, pues se estaría convirtiendo en legislador”. […]»

Con base en lo anterior, es claro que respecto a la sustitución pensional de la
pensión gracia, no es posible tener en cuenta el principio de favorabilidad, puesto
que no existen dos normas de igual o distinta fuente que regulen la aludida materia
y que ofrezcan una antinomia frente a la cual deba elegirse la más beneficiosa para
el trabajador, pues se insiste, sobre la prestación en comento ningún precepto ha
permitido sustituirla, por el contrario, el marco jurídico histórico que ha desarrollado
el legislador lo ha prohibido.

Pues bien, aun si se asegurara que tal postulado superior en estos casos debe
atenderse no por la contradicción de dos normas, sino por la variedad de
interpretaciones de una sola regulación, que en este caso serían el Decreto 224 de
1972 y la Ley 100 de 1993, tendría que concluirse que tampoco se configura lo
propio si se tiene en cuenta que dicha normativa no permite generar más de un
sentido acerca de la posibilidad de reconocer pensiones post mortem, pues esta es
aplicable exclusivamente para aquellas que cubren el riesgo de vejez con el modelo
de financiación a través de cotizaciones, es decir, para pensiones en estricto sentido
y no para dádivas fundadas en la condición intuitu personae del titular del beneficio,
por lo que no existiría una intelección más beneficiosa que deba ser elegida sobre
otra.

Adicionalmente, no es viable sostener que la normativa regulatoria de la pensión
gracia, tenga que preferirse el régimen pensional general como una especie de
complemento, puesto que al hacerlo se vulneraría también el principio de la
inescindibilidad que la misma Corte Constitucional asegura que no puede
desconocerse, al punto de crear una nueva regulación en uso de atribuciones y
competencias propias de la facultad legislativa del Congreso de la República, quien
desde 1886 (cuando se denominaba Consejo Nacional Legislativo), y hasta la fecha,
no ha considerado permitir la sustitución de aquel beneficio gratuito, pues al
contrario, ha mantenido su intención inicial de impedir que ello ocurra para el caso
de las recompensas. En conclusión, no existe el supuesto vacío, simplemente el
legislador no consagró el derecho.

• Sobre la afectación al principio de la sostenibilidad fiscal en caso de
mantener la posición anterior

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Por otro lado, es adecuado traer a colación este postulado como uno de los
sustentos jurídicos para no reconocer la pensión gracia post mortem, pues aquel es
un criterio orientador en la toma de decisiones de las diferentes instituciones del
Estado como lo son las sentencias que profiere esta Corporación, tal como está
previsto en el artículo 334 de la Constitución Política.62 Acerca del particular, se
resalta que este precepto lo que busca es materializar otro de los principios
fundantes del Estado Social de Derecho, como lo es la prevalencia del interés
general sobre el particular.

Para ello, la relevancia del impacto de las manifestaciones de las diferentes ramas
del poder sobre las finanzas públicas, se torna un elemento necesario de
verificación al resolver asuntos como el particular, pues decisiones con contenido
económico relevante como el reconocimiento de las prestaciones periódicas
vitalicias, pueden afectar la dinámica macroeconómica del país si se toman sin un
estudio profuso de sus consecuencias en la administración de los recursos de la
Nación destinados a financiar políticas públicas, el gasto social o la inversión en
infraestructura o servicios esenciales, ello sin perjuicio por supuesto de la
ponderación y prevalencia de la eficacia de los derechos fundamentales sobre las
razones administrativas o puramente fiscales.

Precisamente, respecto de esta misma temática, el Consejo de Estado en desarrollo
de un incidente de impacto fiscal promovido por el Ministerio de Educación recalcó
lo siguiente:63

«[…] El Principio de Sostenibilidad Fiscal, que fue integrado a la Constitución Política
de 1991 con el Acto Legislativo 03 de 2011, se erigió como un criterio orientador
para los diversos órganos del poder público, quienes recibieron el mandato de
garantizar el efectivo cumplimiento de las prerrogativas y derechos fundamentales,
dentro de un escenario de capacidad económica que asegure su realización.

En la exposición de motivos del mencionado Acto Legislativo se señaló que “de este
derecho se deriva el deber de todas las ramas y órganos del poder público para que
sus decisiones sean acordes con la sostenibilidad fiscal”. Además, se manifestó que
la sostenibilidad fiscal era importante para el desarrollo de la economía y permitía
reducir –a largo plazo- la pobreza, la desigualdad y la equidad intergeneracional.

Por consiguiente, este principio, surgió como un mecanismo de control fiscal que,
por medio de afirmar la sostenibilidad de largo plazo de las finanzas públicas,
contribuye con la estabilidad macroeconómica del país, propiciando la
racionalización del gasto público y de los recursos públicos, fundado en la constante
revisión de los criterios de rentabilidad, sostenibilidad y conveniencia; lo que en todo
caso, busca, promover la prevalencia del interés general sobre el particular. […]».

62 «[…] La sostenibilidad fiscal debe orientar a las Ramas y Órganos del Poder Público, dentro de sus
competencias, en un marco de colaboración armónica. […]»
63 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. Providencia del

3 de febrero de 2021 dictada en el incidente de impacto fiscal con radicado 11001-03-25-000-2016-00992-00
(4473-2016).

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De esta manera, la sostenibilidad fiscal y el equilibrio presupuestal del erario no
deben ser entendidos siempre como excusas o impedimentos para la concreción de
los derechos de las personas.

Por el contrario, su observancia obedece al hecho de que bajo el mismo modelo de
Estado en el que se encuentra Colombia, no es dable desconocer la garantía de la
estabilidad y el crecimiento económico como uno de los presupuestos
indispensables para proteger el interés general de la población de recibir los
servicios esenciales a fin de concretar y hacer efectivas las prerrogativas
fundamentales de la sociedad, incluso los derechos colectivos, que deben primar
frente a las reclamaciones particulares de ciertas personas, quienes finalmente
tienen que ceder en parte en algunos de sus intereses para lograr un fin superior y
común.

En tal sentido, reconocer la pensión gracia post mortem no estando expresamente
autorizada por el legislador, genera un desequilibrio en el presupuesto de la Nación
si se garantiza su pago a otros administrados diferentes a su titular original, en la
medida en que dicha prerrogativa no se encuentra financiada con recursos
parafiscales por aportes de los mismos beneficiarios y sus empleadores, sino que
es pagada directamente con dineros del tesoro público como una dádiva exclusiva
de ciertas personas, en razón precisamente de las calidades únicas de estas. Se
llegaría, entonces, a la conclusión de que materialmente el reconocimiento de este
tipo de pretensiones vulneraría el principio de la sostenibilidad fiscal.

Ahora bien, con esta conclusión no se pretende desconocer que la misma Corte
Constitucional ha precisado que la sostenibilidad fiscal no puede contrariar o
enervar la eficacia y concreción de los derechos fundamentales y de los propios
fines del Estado Social de Derecho, tal como lo afirmó en la sentencia C-870 de
201464 bajo el siguiente planteamiento:

«[…] A partir de lo expuesto, no cabe duda de que la Sostenibilidad Fiscal como
criterio orientador, bajo ninguna circunstancia puede ser utilizada para contrariar los
postulados del Estado Social de Derecho o para impedir la realización efectiva de
los derechos fundamentales, los cuales, como se ha expuesto de forma reiterada
por este Tribunal, no se limitan a los nominalmente previstos como tales en la
Constitución, sino que también incluyen todas aquellas prestaciones jurídicas que
estén relacionadas funcionalmente con la garantía de la dignidad humana, que
puedan traducirse o concretarse en derechos subjetivos y sobre cuya
fundamentalidad existan consensos dogmáticos o de derecho internacional, legal o
jurisprudencial. […]»

Si bien este postulado es claro y de obligatoria observancia en casos en los que se
advierta la posible vulneración de garantías constitucionales, lo cierto es que debe
tenerse en cuenta que la pensión gracia post mortem no solo no está reconocida
por la ley, sino que además, el hecho de no concederla no afecta ningún derecho

64 Y en las sentencias de tutela T-016 de 2007, T-760 de 2008 y T-235 de 2011.

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fundamental, porque dicha pensión, se reitera, es una recompensa gratuita,
meritoria y personal que no busca contener un riesgo propio de la actividad del
trabajador, sino premiarlo por haber prestado su servicio, en unas circunstancias
específicas, por un lapso determinado y previo el cumplimiento de la edad requerida.

• De la no vulneración al precepto de la no regresividad en materia laboral
con el presente cambio jurisprudencial

También resulta adecuado descartar la posibilidad de que eventualmente se asuma
que con esta reconsideración interpretativa se afectan los derechos adquiridos, la
seguridad jurídica o la prohibición de la regresividad en materia de derechos
laborales a favor de quienes consideraban que tenían asegurada la pensión gracia
post mortem con fundamento en la línea jurisprudencial anterior.

Ello por cuanto en el entendido de que la imposibilidad de enervar derechos
reconocidos previamente, solo se predica de las normas posteriores que no pueden
desconocer garantías que otra regulación ya había concedido, resulta claro que el
hecho de que haya un cambio de postura jurisprudencial frente a un tema que
anteriormente se resolvía de manera favorable, no conlleva la vulneración de
prerrogativas adquiridas, toda vez que el ordenamiento jurídico nunca había
permitido el reconocimiento de una pensión gracia post mortem, es más, lo prohibió
desde 1886 por tratarse de una dádiva.

Por consiguiente, como en ningún momento existió el fundamento normativo para
reclamar derechos como el pretendido con la demanda, no podría predicarse una
regresividad de conquistas laborales, en la medida en que estas tampoco se habían
consolidado como derechos adquiridos que hubiesen ingresado al patrimonio del
causante o de los beneficiarios. En realidad, siempre se trató de una serie de
criterios de interpretación judicial que permitieron el acceso a una prerrogativa, cuya
naturaleza jamás contempló su transmisión a los beneficiarios de un causante,
quien además no había colmado los requisitos para exigir la dádiva en sí misma.

En conclusión, al margen del análisis que previamente había hecho el Consejo de
Estado sobre la procedencia del reconocimiento de la pensión gracia post mortem
a favor de los beneficiarios supérstites de un docente fallecido que no adquirió el
derecho en sí mismo por falta del tiempo de servicio, en aplicación del artículo 7.º
del Decreto 224 de 1972, lo cierto es que en esta oportunidad, la Sección Segunda
se aparta de dicho criterio y asume una nueva postura que fundamentada como se
expuso previamente, implica negar las pretensiones de la parte activa, por lo que se
revocará la sentencia de primera instancia para en su lugar declarar que el señor
Polidoro Gross Buitrago no tenía derecho al pago de una prerrogativa como la
solicitada.

Condena en costas de segunda instancia

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Sobre la imposición de dicha carga, es importante aclarar que la jurisprudencia de
la Sección Segunda del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo
valorativo consagrado en el artículo 188 del CPACA, según el cual en toda sentencia
el juez procederá a su reconocimiento cuando encuentre demostrado en el proceso
que estas se causaron, sin que en esa valoración fuera relevante analizar si las
partes actuaron de manera temeraria, mal intencionada o de mala fe. No obstante,
dicho criterio fue variado con la adición introducida por el artículo 47 de la Ley 2080
de 2021, en el que se indica que la condena en costas es viable, siempre y cuando
se acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal.

Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la Sección
Segunda aclara que adoptó una nueva postura en la cual, en las sentencias
proferidas a la luz de la nueva normativa se deberá analizar la conducta realizada
por las partes en el proceso, entre ello, si se presentó o no carencia de
fundamentación jurídica conforme a lo señalado en el inciso 2.º del artículo 188 de
la Ley 1437 de 2011.

En el presente caso, pese a que se está revocando la decisión de primera instancia,
la Sala al aplicar el criterio enunciado observa que, de los fundamentos planteados
en la demanda, en el trámite de primera instancia y en las demás intervenciones de
la parte activa, no se presenta una carencia de fundamentación legal que dé lugar
a la condena en costas.

Contrario a ello, el demandante propuso argumentos razonables en defensa jurídica
de sus intereses, basado en una línea jurisprudencial vigente desde 2003, la cual,
luego del debate jurídico y probatorio que se determinó en segunda instancia por
parte de esta Sección debido a la importancia jurídica del asunto, fue rectificada en
el sentido de considerar que el derecho reclamado no era procedente, por lo que no
se impondrá condena en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia apelada que accedió a las pretensiones de la
demanda. En su lugar,

SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la parte activa.

TERCERO: ABSTENERSE de condenar en costas de ambas instancias a la parte
demandante según lo manifestado en la parte motiva de la sentencia.

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CUARTO: SE RECONOCE PERSONERÍA como mandataria general de la UGPP
a la abogada Marcela Patricia Ceballos Osorio con tarjeta profesional 214.303, y
como apoderado sustituto al abogado Carlos Arturo Sánchez Medina, portador de
la tarjeta profesional 262.361, ello conforme a los poderes que se observan en el
índice 44 de SAMAI.

QUINTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

LOS MAGISTRADOS,

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
Con aclaración de voto

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
Con aclaración de voto

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