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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2020-01448-01

Fecha
3 de julio de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2020-01448-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 27 de marzo de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, a través de la cual se accedió a las pretensiones de la demanda incoada por la señora María Yaneth Suárez en contra de la UGPP. En su lugar, SEGUNDO. NEGAR las pretensiones de la demanda de la referencia. www.consejodeestado.gov.co Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 8 Bogotá D.C. – Colombia Radicación: 76001-23-33-000-2020-01448-01 (1897-2025) Demandante: María Yaneth Suárez TERCERO. CONDENAR en costas en ambas instancias a María Yaneth Suárez. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado sustanciador de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. CUARTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2020-01448-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

3 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá D.C., tres (03) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 76001-23-33-000-2020-01448-01 (1897-2025)
Demandante: María Yaneth Suárez
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Tema: Pensión gracia post mortem – Improcedencia por
incumplimiento del requisito de edad por parte del causante.
Condena en costas.

Decisión: Se revoca la sentencia recurrida y, en su lugar, se niegan las
pretensiones de la demanda toda vez que el causante no
acreditó en vida todos los requisitos legales para acceder a
la pensión gracia.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada
contra la sentencia de primera instancia del 27 de marzo de 2025, proferida por
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

I. ANTECEDENTES

Demanda

1. La parte demandante, en ejercicio del medio de control de la referencia,
solicitó que se declare la nulidad de las Resoluciones RDP 045738 del 30 de
noviembre de 2018, RDP 004507 del 13 de febrero de 2019, RDP 031744 del 23
de octubre de 2019 y RDP 038347 del 17 de diciembre de 2019, expedidas por
la UGPP, mediante las cuales se negó el reconocimiento y pago de la pensión
gracia post mortem causada con ocasión del fallecimiento del señor César Tulio
González García (q. e. p. d.), así como su sustitución a favor de la demandante
en condición de compañera supérstite.

2. A título de restablecimiento del derecho, pidió que se condene a la entidad
demandada a reconocer y pagar dicha prestación, liquidada con el 75 % del
promedio de la totalidad de los factores salariales devengados por el causante
durante el año inmediatamente anterior a su fallecimiento. Solicitó, igualmente,
el incremento de la mesada con los aumentos legales, el pago de las mesadas
causadas desde el fallecimiento hasta el pago efectivo debidamente indexadas,
con los ajustes de valor y los intereses moratorios previstos en los artículos 187,
192 y 195 de la Ley 1437 de 2011 y 141 de la Ley 100 de 1993, así como la
condena en costas.

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Demandante: María Yaneth Suárez

3. Como fundamento fáctico, indicó que es compañera supérstite del
causante y que, a la fecha de presentación de la demanda, contaba con 59 años
de edad. Señaló que el causante prestó sus servicios como docente oficial desde
el 7 de abril de 1971 hasta el 30 de marzo de 1997, en virtud del nombramiento
efectuado mediante el Decreto 0448 del 23 de marzo de 1971 proferido por la
Secretaría de Educación Departamental del Valle del Cauca, para un total de 25
años, 11 meses y 26 días de servicio, de carácter municipal, territorial y
nacionalizado.

4. Precisó que el causante falleció el 30 de marzo de 1997, cuando contaba
con 48 años y 2 meses de edad.

5. Manifestó que el 23 de agosto de 2018 presentó ante la entidad solicitud
de reconocimiento y pago de la sustitución de la pensión gracia post mortem, la
cual se negó mediante las Resoluciones RDP 045738 del 30 de noviembre de
2018 y RDP 004507 del 13 de febrero de 2019 bajo el argumento de no haberse
podido validar la información de los documentos aportados por no haber atendido
la gobernación del Valle del Cauca los requerimientos de la entidad.

6. Indicó que el 22 de febrero de 2019 radicó una nueva solicitud, a la que
anexó la certificación expedida por la Secretaría de Educación Departamental del
Valle del Cauca, y que la entidad la negó mediante la Resolución RDP 009867
del 22 de marzo de 2019, con reiteración de las consideraciones de las
sentencias C-084 de 1999 y C-489 de 2000.

7. Agregó que el 26 de agosto de 2019 presentó otra solicitud, frente a la cual
la UGPP expidió el Oficio 1420 del 19 de septiembre de 2019, en el que señaló
que el trámite continuaría una vez la entidad territorial allegara la información
laboral en el formato CETIL.

8. Sostuvo que, sin atender el citado oficio, la entidad expidió la Resolución
RDP 031744 del 23 de octubre de 2019, mediante la cual negó la solicitud al
considerar que la Secretaría de Educación Departamental del Valle del Cauca no
respondió el requerimiento dentro del término. Añadió que interpuso recurso de
apelación el 14 de noviembre de 2019, resuelto mediante la Resolución RDP
038347 del 17 de diciembre de 2019, que confirmó la negativa.

9. Como concepto de la violación, sostuvo que los actos administrativos
demandados desconocieron las normas que regulan la pensión gracia y su
sustitución, en especial las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y 91 de
1989, e incurrieron en falsa motivación y en violación de normas constitucionales.

Contestación de la demanda

10. La entidad demandada, por conducto de apoderado judicial, contestó la
demanda y se opuso a las pretensiones arguyendo que la parte actora no acreditó
el requisito de tiempo de servicios al magisterio, previsto en el artículo 1 de la Ley

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Demandante: María Yaneth Suárez

114 de 1913, esto es, un tiempo no inferior a 20 años en la docencia con
vinculación nacionalizada, departamental o municipal.

11. Señaló que obró conforme a derecho al negar la prestación comoquiera
que el causante no logró acreditar los requisitos exigidos para acceder a la
pensión gracia post mortem. Además, indicó que la demandante no aportó los
documentos requeridos para el estudio de su solicitud, y que corresponde probar
el derecho a quien pretende su reconocimiento, máxime cuando se hallaba en la
posición más favorable para hacerlo, de conformidad con el artículo 267 de la Ley
1437 de 2011.

12. Adujo que el reconocimiento de la prestación comportaría una transgresión
al principio de sostenibilidad financiera consagrado en el artículo 1 del Acto
Legislativo 1 de 2005.

13. Propuso las excepciones que denominó «inexistencia de la obligación o
cobro de lo no debido», «ausencia de vicios en los actos administrativos
demandados» y «prescripción».

Sentencia apelada

14. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia del 27
de marzo de 2025, declaró la nulidad de los actos administrativos demandados y
ordenó a la entidad demandada reconocer y pagar la pensión gracia post mortem
y su sustitución pensional en el 100% a favor de la demandante, en calidad de
compañera supérstite, equivalente al 75% de lo devengado por el causante en el
año anterior a su fallecimiento, desde el día siguiente a su deceso y con efectos
fiscales a partir del 23 de agosto de 2015 por aplicación de la prescripción trienal.

15. Para efectos de lo anterior, encontró acreditado que el causante fue
vinculado como docente el 7 de abril de 1971 y que, para el día anterior a su
fallecimiento, contaba con 25 años, 11 meses y 24 días de tiempo de servicio,
calificando dicho nombramiento como de carácter territorial-departamental.

16. En cuanto al requisito de la edad, y en vista de que el causante falleció el
30 de marzo de 1997 cuando contaba con 48 años de edad, consideró que por
tratarse de un empleado público que falleció antes de cumplir la edad de 50 años,
pero habiendo completado el tiempo de servicio requerido, resultaba aplicable la
Ley 12 de 1975 conforme a la cual el compañero supérstite tiene derecho al
reconocimiento de la prestación.

17. A su turno, estimó que las declaraciones extrajuicio rendidas por los
señores Hilda María García de González y el señor Hilario de Jesús Idarraga
Carvajal acreditaban la unión entre el causante y la demandante desde el 17 de
junio de 1976 hasta el fallecimiento de aquel, de la cual fueron procreadas tres
hijas, con lo que halló probada la convivencia durante al menos los 5 años
anteriores al deceso.

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Radicación: 76001-23-33-000-2020-01448-01 (1897-2025)
Demandante: María Yaneth Suárez

18. En relación con la prescripción, precisó que el término trienal previsto en
el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968 se contabilizaba a partir de la solicitud, y
advirtió que operó respecto de las mesadas causadas con anterioridad al 23 de
agosto de 2015. Finalmente, dispuso dar cumplimiento a la providencia en los
términos de los artículos 192 y 195 del CPACA y se abstuvo de condenar en
costas.

Recurso de apelación

19. La parte demandada interpuso recurso de apelación contra la sentencia
de primera instancia, con el propósito de que se revoque y, en su lugar, se
nieguen las pretensiones de la demanda.

20. Como fundamento de su inconformidad, argumentó que el causante no
cumplió con los requisitos establecidos en la Ley 114 de 1913 para acceder a la
pensión gracia, en especial, porque entre el 7 de abril de 1971 y el 30 de marzo
de 1997 sus servicios fueron prestados como docente nacional.

21. Ahora bien, en cuanto al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes,
expresó su desacuerdo con la valoración probatoria efectuada en la sentencia al
estimar que esta se sustentó exclusivamente en declaraciones extrajuicio de
terceros, sin que en el expediente obren medios de prueba adicionales que
permitan inferir la convivencia, el apoyo mutuo y la solidaridad económica entre
la parte demandante y el causante durante los cinco años anteriores a su
fallecimiento.

22. En consecuencia, concluyó que al no tener el causante derecho a la
pensión gracia por haberse reconocido sin el cumplimiento de los requisitos
legales, no resulta posible sustituir la respectiva mesada pensional.

II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

23. Mediante auto del 4 de agosto de 2025 se admitió el recurso de apelación
de la referencia y se les advirtió a las partes que podrían pronunciarse en torno
a la alzada hasta la ejecutoria de dicha providencia; además, que el agente del
Ministerio Público podía remitir su concepto hasta antes de que el expediente
ingresara al despacho para sentencia.

24. A pesar de lo anterior, las partes y el Ministerio Público guardaron silencio
en esta etapa procesal.

III. CONSIDERACIONES

Competencia

25. De acuerdo con lo previsto en el artículo 150 del CPACA, modificado por
los artículos 615 del CGP y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es

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Demandante: María Yaneth Suárez

competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.

Problema jurídico

26. Teniendo en cuenta los reparos del recurso de apelación, le corresponde
a la Sala determinar, en primer lugar, si para el momento del fallecimiento del
señor César Tulio González García (q. e. p. d.) este cumplía con todos los
requisitos legales para acceder a la pensión gracia.

27. En caso de que se superen las exigencias legales, se estudiará si hay
lugar a reconocer la pensión gracia post mortem y su posterior sustitución a la
señora María Yaneth Suárez, en su alegada calidad de compañera permanente,
en atención a las pruebas obrantes en el expediente.

Análisis del problema jurídico

28. La pensión gracia post mortem se concibe como la posibilidad de
reconocer la pensión gracia a los beneficiarios de un docente oficial fallecido que,
pese a haber acumulado tiempos de servicio de carácter territorial o nacional, no
alcanzó en vida a cumplir la totalidad de los requisitos legales exigidos para
consolidar el derecho pensional.

29. No obstante, dado que esta modalidad de reconocimiento de la pensión
gracia no se encuentra previsto en la normativa especial que regula esta
prestación, la jurisprudencia había admitido su procedencia a partir de la
aplicación analógica del artículo 7 del Decreto 224 de 1972 e, incluso, del artículo
47 de la Ley 100 de 1993.

30. Sin embargo, la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
en las sentencias de importancia jurídica del 29 de mayo1 y 9 de julio de 20242,
reconsideró dicha postura y abandonó expresamente ese criterio interpretativo.

31. En dichas providencias se precisó que la denominada pensión gracia post
mortem carece de sustento normativo en el régimen especial que gobierna esta
prestación y que su construcción jurisprudencial a partir de la analogía resultaba
improcedente, en la medida en que implicaba extender a esta figura reglas
propias del sistema general de pensiones, ajenas a su naturaleza especial.

32. En efecto, la Sección Segunda concluyó que la pensión gracia no
corresponde a una prestación de la seguridad social en sentido estricto, sino a
una recompensa de carácter histórico, gratuita y personalísima, creada como una
medida de compensación frente a la desigualdad salarial existente entre

1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 29 de mayo

de 2024, proferida bajo el radicado 41001 23 33 000 2015 00256 01 (0473-2018), con ponencia del
magistrado Juan Enrique Bedoya Escobar.
2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 9 de julio de

2024, proferida bajo el radicado 68001 23 33 000 2012 00350 01 (2113-2014), con ponencia del magistrado
Jorge Iván Duque Gutiérrez.

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Demandante: María Yaneth Suárez

docentes territoriales y nacionales cuya financiación no depende de cotizaciones
ni se estructura bajo un esquema contributivo.

33. Desde esta perspectiva, se determinó que dicha prestación no está
diseñada para cubrir contingencias como la invalidez o la muerte ni para generar
derechos derivados en cabeza de terceros puesto que su reconocimiento exige
la verificación de condiciones que solo puede acreditar directamente el docente
beneficiario, en atención a su trayectoria y mérito personal.

34. En ese orden de ideas, la Sala Plena de esta Sección concluyó que no es
jurídicamente viable reconocer la pensión gracia en favor de los beneficiarios de
un docente fallecido que no consolidó en vida el cumplimiento integral de los
requisitos legales pues ello implicaría desnaturalizar una prerrogativa concebida
exclusivamente como un estímulo individual.

35. Pues bien, en el presente caso la Sala advierte que el señor César Tulio
González García (q. e. p. d.) no satisfizo el requisito etario habida cuenta de que
al momento de su fallecimiento ocurrido el 30 de marzo de 19973 contaba con 48
años, 2 meses y 24 días de edad, pues nació el 6 de enero de 19494. Es decir,
falleció sin haber alcanzado los 50 años exigidos por el artículo 4 de la Ley 114
de 1913.

36. Frente a este requisito, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
estableció en la sentencia apelada que al caso concreto le era aplicable lo
establecido en la Ley 12 de 1975, en el sentido de que no se requiere haber
completado el requisito de la edad, siempre y cuando esté demostrado el
cumplimiento del tiempo de servicio —que para este caso fue de más de 25
años—, ya que el causante prestó sus servicios como docente territorial de
manera continua entre el 7 de abril de 1971 y el 30 de marzo de 1997.

37. Sin embargo, la Sala estima que el a quo erró al llegar a dicha conclusión,
pues de conformidad con las referidas sentencias proferidas por importancia
jurídica por la Sala Plena de esta Sección en 2024, no es jurídicamente viable
reconocer la pensión gracia a los beneficiarios del causante cuando este no
acreditó en vida el cumplimiento concurrente de todos y cada uno de los
requisitos legales exigidos para acceder a dicha prestación, dentro de los cuales
se encuentra el requisito de la edad mínima.

38. Tampoco es posible acudir a la aplicación analógica de normas que
regulan las pensiones ordinarias de vejez y jubilación, como lo son los artículos
7 del Decreto 224 de 1972, 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 797
de 2003, e incluso el citado artículo 1 de la Ley 12 de 1975, en tanto que tales
disposiciones fueron establecidas con el fin de trasmitir derechos pensionales
respecto de prestaciones que se hayan financiado a través de cotizaciones, mas
no respecto de la pensión gracia, la cual es considerada como una recompensa

3 Cfr. Registro Civil de Defunción 2823677 (página 8 del archivo «003PODER Y ANEXOS MARIA YANETH

SUAREZ BENAVIDES_compressed»).
4 Cfr. Página 4, ibidem.

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gratuita otorgada por la Nación a los docentes territoriales o nacionalizados,
netamente solventada con recursos del tesoro nacional.

39. Este criterio lo sostuvo esta Subsección en la sentencia del 19 de junio de
20255, en la que se resolvió un caso similar al sub judice:
«En consecuencia, siguiendo esta misma línea jurisprudencial, es evidente que como la
señora Joselina María Durán Núñez no colmó una de las exigencias indispensables para
consolidar a su favor el derecho principal y original a la pensión gracia, mucho menos
habría un sustento jurídico válido y vigente que le permitiera al actor en calidad de cónyuge
supérstite solicitar para sí el reconocimiento de un beneficio que es independiente y
autónomo como sería la denominada “pensión gracia post mortem”.

Lo expuesto se justifica en la medida en que este derecho reclamado, por su esencia
gratuita, meritoria y dadivosa, es por naturaleza totalmente diferente al de una pensión
ordinaria de jubilación financiada con las cotizaciones del empleador y del trabajador como
fuente de respaldo económico y de carácter prestacional para mitigar una contingencia
como la vejez, o precisamente la muerte.

El explicado hecho diferencial entre la pensión gracia y la ordinaria, necesariamente
conlleva la imposibilidad jurídica de aplicar de manera análoga, automática, indistinta,
subsidiaria, residual e ilimitada todas las normas del régimen general de seguridad social
(Ley 100 de 1993), o incluso la aludida Ley 12 de 1975 tenida en cuenta por el tribunal de
origen, así como tampoco las propias del magisterio como el Decreto 224 de 1972, y mucho
menos lineamientos jurisprudenciales anteriores al presente que al encontrarse
reevaluados no pueden ser observados con preferencia sobre las nuevas posturas vigentes
que tienen efectos retrospectivos sobre situaciones jurídicas no ejecutoriadas como la
presente.»

40. Aunado a lo anterior, en el presente asunto no resulta aplicable la
sentencia de unificación jurisprudencial SUJ‑029‑CE‑S2 del 11 de agosto de
2022, pues según fue precisado por la Sala Plena en la providencia de
importancia jurídica del 9 de julio de 20246, dicha decisión fue proferida en el
marco de una línea jurisprudencial anterior que admitía la extensión del derecho
a la pensión gracia a supuestos no expresamente contemplados en su régimen
especial, con fundamento en criterios de analogía y en una interpretación flexible
de sus requisitos, postura que precisamente fue replanteada por esta
Corporación.

41. Además, como se consignó expresamente en el citado fallo de 2024, en la
sentencia de unificación de 2022 si bien se fijó una interpretación sobre cuáles
eran los requisitos normativos aplicables a los beneficiarios de un causante para
solicitar la sustitución de la pensión gracia, en ningún momento se estudió ni se
fijó como regla jurisprudencial la procedencia absoluta o indiscriminada de la
sustitución de la pensión gracia en sentido general y menos de la pensión gracia
post mortem.

5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia

del 19 de junio de 2025, proferida bajo el radicado 20001 23 33 000 2017 00518 01 (0142-2024), con
ponencia del magistrado Jorge Iván Duque Gutiérrez. Criterio reiterado en la sentencia del 18 de mayo de
2026, proferida por esta Subsección bajo el radicado 18001 23 33 000 2014 00146 01 (5887-2024), con
ponencia del magistrado Juan Camilo Morales Trujillo.
6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 9 de julio de

2024, proferida bajo el radicado 68001 23 33 000 2012 00350 01 (2113-2014), con ponencia del magistrado
Jorge Iván Duque Gutiérrez.

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Demandante: María Yaneth Suárez

42. Por lo tanto, en el presente caso no hay lugar al reconocimiento de la
prestación pensional reclamada en razón a que el causante, para el momento de
su fallecimiento, no había cumplido los 50 años de edad; razón por la cual esta
Sala revocará en su integridad la sentencia de primera instancia.

Condena en costas

43. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
Corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

44. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público, creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas a la parte vencida
en el proceso.

45. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirán conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

46. En consecuencia, se impondrán costas a la demandante en ambas
instancias por cuanto se revoca en su totalidad la sentencia apelada ya que
prosperaron los argumentos del recurso interpuesto por la entidad. Para el efecto,
de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán
fijadas por el magistrado sustanciador de la primera instancia y las expensas
serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

IV. RESUELVE

PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 27 de marzo de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, a través de la cual se accedió a las
pretensiones de la demanda incoada por la señora María Yaneth Suárez en
contra de la UGPP. En su lugar,

SEGUNDO. NEGAR las pretensiones de la demanda de la referencia.

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Radicación: 76001-23-33-000-2020-01448-01 (1897-2025)
Demandante: María Yaneth Suárez

TERCERO. CONDENAR en costas en ambas instancias a María Yaneth Suárez.
Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en
derecho serán fijadas por el magistrado sustanciador de la primera instancia y las
expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca.

CUARTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia se firmó electrónicamente a través de la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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