Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-33-000-2017-00518-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 20001-23-33-000-2017-00518-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-33-000-2017-00518-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 20001-23-33-000-2017-00518-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
19 de junio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., diecinueve (19) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 20001-23-33-000-2017-00518-01 (0142-2024)
Demandante: José del Carmen Meléndez Cárdenas
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Temas: Pensión gracia post mortem improcedente ante la falta de
acreditación de todos los requisitos para obtener el derecho
principal por parte del causante. Aplicación de los precedentes
de la Sala Plena de la Sección Segunda del 29 de mayo y del 9
de julio de 2024. REVOCA SENTENCIA
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el veintidós (22) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)
por el Tribunal Administrativo del Cesar, por medio de la cual se accedió a las
pretensiones.
ANTECEDENTES
El señor José del Carmen Meléndez Cárdenas instauró demanda1 en contra de la
UGPP, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), con el fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
Que se declare la nulidad de las Resoluciones RDP 020022 del 2 de mayo de 2013
y RDP 030200 del 4 de julio de 2013, por medio de las cuales se negó el
reconocimiento y pago la pensión gracia post mortem a su favor y se confirmó tal
decisión al resolver el recurso de apelación respectivamente.
1 Ver expediente digital en el índice 2 de SAMAI.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 20001-23-33-000-2017-00518-01 (0142-2024)
Como consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, se condene a la
UGPP a reconocer, liquidar y pagar dicha prestación por su calidad de beneficiario
supérstite de la señora Joselina María Durán Núñez, con efectividad desde el día
siguiente al fallecimiento de esta última, esto es, a partir del 16 de octubre de 1997.
Que se ordene el pago actualizado de las mesadas adeudadas y reajustadas desde
la mencionada fecha y hasta que sea incluido en nómina. Que por la misma razón
le sean cancelados los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley
100 de 1993.
Que no se cobren los aportes a salud retroactivos en la medida en que durante este
tiempo ha realizado sus propias cotizaciones por este concepto, y que la entidad
accionada asuma la condena en costas.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
Que la señora Joselina María Durán Núñez nació el 31 de agosto de 1956 y contrajo
matrimonio con el demandante el 28 de febrero de 1992, desde cuando conviviron
hasta la muerte de la primera ocurrida el 15 de octubre de 1997.
Que la causante se desempeñó como docente oficial del orden territorial por más
de 20 años al servicio del departamento del Cesar entre el 12 de agosto de 1977 y
el 15 de octubre de 1997.
Que el FOMAG a través de la Resolución 652 del 23 de noviembre de 1998 le
reconoció una pensión ordinaria de sobrevivientes debido al deceso de su esposa.
Que, el 2 de noviembre de 2011 solicitó ante la UGPP el pago de una pensión gracia
post mortem derivada del derecho que hubiese podido adquirir la mencionada
educadora, la cual fue negada mediante la Resolución UGM 049843 del 15 de junio
de 2012 por no haber aportado una serie de documentos que acreditaran el
nacimiento de esta última y la convivencia.
Que, el 8 de abril de 2013 radicó nuevamente otra petición para obtener el referido
derecho, pero también le fue negada, esta vez por medio de la Resolución RDP
020022 del 2 de mayo de 2013 frente a la cual se interpusieron recursos de
reposición y apelación que fueron resueltos negativamente con la expedición de las
Resoluciones RDP 026548 del 12 de junio de 2013 y RDP 030200 del 4 de julio de
2013.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Radicado: 20001-23-33-000-2017-00518-01 (0142-2024)
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
Consideró vulnerados los artículos: 1, 2, 6, 25, 29, 48, 53, 90, 121 y 209 de la
Constitución Política; 3 y 137-2 del CPACA, así como las Leyes 100 de 1993, 797
de 2003 y el Decreto 1160 de 1989.
Expresó que la entidad demandada calificó erradamente los hechos y pruebas que
lo hacen acreedor de una pensión gracia post mortem con ocasión del fallecimiento
de su cónyuge, pues no valoró adecuadamente los medios de convicción sobre la
convivencia entre ambos, así como tampoco tuvo en cuenta que la educadora a la
vez cumplía los requisitos para ser beneficiaria de la pensión gracia, teniendo en
cuenta que fue docente territorial desde antes del 31 de diciembre de 1980, y hasta
la fecha de su muerte, el día 15 de octubre de 1997, tenía acumulados más de 20
años prestando el servicio con idoneidad y buena conducta, al margen de que con
su deceso no se haya consumado el requisito de la edad.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
El 3 de mayo de 2018 fue admitida la demanda,2 y se notificó a la UGPP quien
manifestó3 que, de los hechos y los documentos obrantes en el proceso se puede
observar que la causante al momento de su deceso (15 de octubre de 1997), no se
encontraba pensionada, tal como se evidencia de las certificaciones laborales
aportadas. Que, por tal motivo, el reclamante no cumple con los presupuestos
legales para tener derecho al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, pues
su esposa falleció en vigencia de la Ley 100 de 1993, y al aplicarse dicha norma se
requería que esta tuviera el estatus de jubilada, o por lo menos afiliada al sistema,
caso en el cual se advierte que tampoco cotizó las 50 semanas dentro de los tres
últimos años anteriores a su fallecimiento.
Propuso como excepciones las que denominó: (i) inexistencia de obligación, y (ii)
prescripción.
El 7 de septiembre de 2021 se celebró la audiencia inicial4 en la que se fijó el litigio,
se declaró fracasada la etapa de conciliación y se decretaron las pruebas solicitadas
por las partes, las cuales fueron recaudadas y practicadas en la audiencia celebrada
los días 25 de enero de 2022,5 en la que finalmente se corrió traslado a las partes
para alegar de conclusión y al Ministerio Público para conceptuar si a bien lo
consideraba.
2 Ibid.
3 Ibid.
4 Ibid.
5 Ibid.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
Radicado: 20001-23-33-000-2017-00518-01 (0142-2024)
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN6
El Tribunal Administrativo del Cesar mediante sentencia del 22 de septiembre de
2023 accedió a las pretensiones en el sentido de declarar la nulidad de los actos
administrativos demandados y ordenar a la UGPP reconocer a la causante una
pensión gracia post mortem y al accionante la respectiva sustitución de este
derecho. Sin condena en costas.
Expresó que, el Consejo de Estado ha considerado que cuando el causante laboró
como docente territorial o nacionalizado durante 20 años de servicios, pero fallece
antes de la edad de 50 años, procede el reconocimiento de la pensión gracia en
atención a lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 12 de 1975, bajo el entendido que
se completó todo el tiempo de labor oficial.
Que la docente no cumplió la edad de 50 años ya que falleció a los 41 años, 1 mes
y 15 días, momento para el que ya había prestado sus servicios como maestra
durante 20 años, 2 meses y 3 días, esto con ocasión del nombramiento ordenado
por una autoridad del nivel territorial, por lo que sí tenía consolidado el derecho en
litigio.
Que, según sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, se estableció que la
pensión gracia es una pensión especial y al morir el causante, surge el derecho para
sus beneficiarios, el cual conforme a la protección constitucional de la familia y en
la finalidad de la sustitución pensional debe regirse por la Ley 100 de 1993 en cuanto
a los requisitos que se deben acreditar si el fallecimiento ocurre durante la vigencia
del Sistema General de Seguridad Social en Pensiones.
Que, por esa razón, le asiste derecho al demandante a obtener la sustitución de la
pensión de su esposa, pues con el registro civil de matrimonio acreditó el vínculo
matrimonial con la causante y las declaraciones extra-juicio aportadas en el trámite
administrativo, más los testimonios practicados en este proceso acreditan la
convivencia durante los últimos cinco años anteriores al fallecimiento de la
educadora.
Que el actor allegó copia de la Resolución 652 del 23 de noviembre de 1998 a través
de la cual, el FOMAG reconoció y ordenó el pago de una pensión ordinaria de
sobrevivientes a favor del reclamante por los más de 20 años de servicio de la
docente nacionalizada Joselina María Duran Núñez, esto al haber acreditado en esa
oportunidad la condición de cónyuge supérstite, razón por la cual no se puede
desconocer su legitimidad para exigir también el pago post mortem de la pensión
gracia.
6 Ibid.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
Radicado: 20001-23-33-000-2017-00518-01 (0142-2024)
RECURSO DE APELACIÓN7
La parte demandada interpuso recurso de apelación. Señaló que de la parte
considerativa de la sentencia recurrida se observa que la decisión final debía
encontrar su sustento en las pruebas testimoniales recaudadas en la etapa procesal
correspondiente. Sin embargo, una vez analizadas las declaraciones surtidas por
los respectivos testigos, se concluye que el tribunal no efectuó una valoración
conjunta de dichos elementos de prueba, pues estos no dan cuenta de que haya
existido una convivencia ininterrumpida entre la causante y el demandante en los
últimos 5 años de vida de la primera como erróneamente se concluyó, ya que en el
interrogatorio de parte rendido por el accionante, este confesó que se separó de la
causante un año antes de su fallecimiento cuando ella se fue a vivir a la ciudad de
Bogotá para recibir tratamiento médico.
Que, adicionalmente, del material probatorio practicado no se pudo constatar que la
fallecida afiliada haya prestado sus servicios en calidad de docente municipal y
departamental por más de 20 años, que estuvo vinculada al magisterio con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980, que prestó sus servicios con honradez y
buena conducta, y que cumplió 50 años de edad, de tal forma que no se
configuraron todos los requisitos exigidos por las normas que rigen la materia para
acceder a la prestación pretendida.
Que de la jurisprudencia del Consejo de Estado es dable concluir que la pensión
gracia constituye un régimen pensional extraordinario, de naturaleza especial,
sometido a su propia normativa, por lo que resulta absolutamente indispensable que
quienes consideren ser beneficiarios de la misma acrediten con suficiencia el
cumplimiento de los presupuestos legales para su configuración.
Que, en caso de confirmar la sentencia objeto del presente recurso, se debe tener
en cuenta que se han configurado los supuestos para que opere el fenómeno
prescriptivo propio de los derechos como el que es objeto de litigio, conforme al
contenido del artículo 41 del Decreto 3135 de 1968.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
El 13 de febrero de 20248 se admitió el recurso de apelación y se dispuso que, una
vez ejecutoriada esta decisión, el expediente pasaría a Despacho para dictar
sentencia sin necesidad de traslados, y se advirtió que el Ministerio Público podría
emitir concepto hasta antes de que el proceso ingresara al mismo.
7 Ibid.
8 Ver índice 4 de SAMAI.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
Radicado: 20001-23-33-000-2017-00518-01 (0142-2024)
La parte demandada9 sostuvo que debe revocarse la sentencia censurada, para lo
cual reprodujo los argumentos de su recurso.
El Ministerio Público10 conceptuó en el sentido de solicitar que se confirme el fallo
apelado. Aseguró que el demandante cumplió con los requisitos previstos por el
artículo 47 de la Ley 100 de 1993 y la causante las exigencias para acceder a la
pensión gracia, en razón a que cumplió con las vinculaciones anteriores al límite
legal del 31 de diciembre de 1980 y laboró por más de 20 años con carácter
territorial, lo que le permite transmitir ese derecho a su esposo sobreviviente.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
El problema que debe resolver la Subsección es determinar si la causante de la
pensión reclamada por el actor demostró adecuadamente que cumplió en vida con
la totalidad de los requisitos para haber consolidado el derecho al reconocimiento
de la pensión gracia desde la fecha estatus hasta el día de su deceso. En caso
afirmativo, tendrá que establecerse si el demandante acreditó las exigencias legales
para ser considerado beneficiario de la docente fallecida, a fin de que le sea
concedida la sustitución de ese derecho.
Marco normativo y jurisprudencial
Acerca de la pensión gracia y los requisitos para adquirirla
Inicialmente, debe destacarse que la pensión gracia ostenta esa denominación, ya
que es un beneficio que no requiere efectuar cotizaciones de ninguna clase, sino,
entre otros requisitos, esencialmente demostrar la acumulación de un tiempo de
servicio al Estado, tal como se determinó en la Ley 114 de 1913, que en su artículo
1.° señaló que:
«Los maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio
por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación
vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente ley […]»
Por su parte, el artículo 3.° de dicha norma estableció que: «Los veinte años de
servicio podrán contarse computando servicios en diversas épocas y se tendrán en cuenta
los prestados en cualquier tiempo anterior a la ley que la creó», mientras que el artículo
4.º consagró que, para gozar de la gracia de la pensión, se torna indispensable que
el reclamante demuestre el cumplimiento de los siguientes postulados:
9 Ver índice 8 de SAMAI.
10 Ver índice 9 de SAMAI.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
Radicado: 20001-23-33-000-2017-00518-01 (0142-2024)
«[…]
Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado
compruebe:
1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y
consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter
nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un
Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas
por la Nación o por un Departamento.
4. Que observe buena conducta.
5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad
u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.»
En suma, conforme a la anterior normativa, y adicionalmente a las Leyes 116 de
1928, 37 de 1933, 43 de 1975 y 91 de 1989, así como al amplio desarrollo
jurisprudencial del Consejo de Estado en las sentencias S-699 del 26 de agosto de
1997, CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018 y SUJ-030-CE-S2-2022 del 11 de
agosto de 2022, se concluye que para consolidar el derecho a la pensión gracia, el
docente oficial que la solicite debe cumplir con los siguientes requisitos:
i) Que acredite 50 años de edad.
ii) Que laboró como maestro oficial durante 20 años en establecimientos educativos
oficiales de orden exclusivamente territorial, es decir, distritales, departamentales o
municipales, esto en primaria o en secundaria, bien sea como normalista, inspector
de instrucción pública, o incluso en calidad de educador nacionalizado, con
posibilidad de adicionar períodos en uno u otro cargo, pero de ninguna manera
acumulando o relacionando tiempos de servicio a la Nación, los cuales, en todo
caso, no son aquellos en los que hubiese existido financiación de las acreencias
laborales a través del Sistema General de Participaciones, sino en los que se
advierta que el nombramiento fue efectuado directamente por el Ministerio de
Educación Nacional, o por un alcalde o gobernador pero en representación del
Gobierno Nacional.
iii) Que haya ostentado alguna vinculación bajo las anteriores calidades con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980.
iv) Que haya demostrado buena conducta en su labor, desempeñada con honradez
y consagración.
Sobre la pensión gracia post mortem y la actual línea jurisprudencial
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
Radicado: 20001-23-33-000-2017-00518-01 (0142-2024)
Esta figura ha sido entendida como el derecho que tendrían los beneficiarios
supérstites de un docente oficial fallecido para reclamar el reconocimiento de dicha
prerrogativa directamente a favor de aquellos, cuando se observe que su causante
había acumulado tiempos de servicio del orden territorial o nacionalizado, pero cuyo
deceso ocurrió antes de que el educador hubiese cumplido los requisitos legales
para haber consolidado materialmente el estatus jurídico que le habilitaba la
adquisición de dicha dádiva.
De hecho, es de destacar que tal concepto solo había sido adoptado
jurisprudencialmente11 al aplicar de manera analógica el artículo 7.º del Decreto 224
de 1972, o incluso el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 y la Ley 797 de 2003, pues
lo cierto es que, en la normativa especial y propia de la pensión gracia no se previó
en ningún momento la posibilidad de que esta pudiera concederse después del
deceso del docente a favor de sus beneficiarios, ello ni cuando el maestro hubiese
colmado todas las exigencias para adquirirla, como tampoco en el supuesto
contrario.
Lo que se deriva de este planteamiento y de las referencias jurisprudenciales
mencionadas anteriormente es que, el Consejo de Estado venía sosteniendo que el
reconocimiento de la pensión gracia post mortem sí era viable, pero no por un
fundamento normativo en concreto, sino en razón de la aplicación de principios
como la interpretación analógica por complementación de un supuesto vacío legal,
la favorabilidad, la proporcionalidad y la equidad.
Ahora, sin perjuicio del trazado de decisiones judiciales referenciadas previamente,
resulta indispensable poner de presente que, la Sección Segunda en pleno,12 luego
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A y B. Sentencia
del 3 de abril de 2003. Expediento número 1999-027301. Consejero ponente Jesús María Lemos Bustamante.
Sentencia del 17 de mayo de 2007. Consejera Ponente Dra. Bertha Lucia Ramírez de Páez. Actora: Gloria
Stella Scott de Serrano. Radicado: 1999 – 02169 – 01 (1922 – 06). Sentencia del 28 de enero de 2010.
Radicado: 05001–23–31–000–2004–05315–01 (1026–07). Consejero ponente Luis Rafael Vergara Quintero.
Sentencia del 22 de septiembre de 2011, radicación: 050012331000200404969 01(-2010), demandante: Rosa
Eugenia Pérez y otros. Sentencia del 2 de mayo de 2019, radicación: 130012333000201400459 01(0405-2017),
demandante: Astrid Milena Moratto Flórez y otros.
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. En sentencia del 29 de mayo
de 2024, radicado 41001-23-33-000-2015-00256-01 (0473-2018) se señaló: «[…] Bajo los parámetros
expuestos, se torna improcedente la concesión de la pensión gracia a quien, por distintas razones, incluso
ajenas a su voluntad como la ocurrencia de una invalidez o la muerte, se retiró del servicio antes de completar
los 20 años que exige el artículo 1 de la Ley 114 de 1913, por cuanto (i) el texto de la norma y sus modificaciones
posteriores son claras en exigir su cumplimiento y no dieron lugar a excepciones y (ii) considerar que sí es
factible acceder al derecho sin completarlo va en contravía de la motivación y finalidad que tuvo el legislador al
expedir la norma, que en todo caso no se enmarca dentro de los criterios propios de un sistema de seguridad
social, según se expuso. […] 2.3.5.5. Conclusión. De acuerdo con lo expuesto, se concluye que para el
reconocimiento de la pensión gracia es requisito ineludible que el docente nacionalizado cumpla la exigencia
prevista en el artículo 1 de la Ley 114 de 1913, esto es, que complete los 20 años de servicios como docente
del orden territorial. El reconocimiento pensional no procede sin que ello se acredite, incluso si el docente no
cumplió por haber sido declarado en estado de invalidez o por haber fallecido, aun cuando hubiese alcanzado
las tres cuartas partes del tiempo requerido. […]».
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
Radicado: 20001-23-33-000-2017-00518-01 (0142-2024)
de un análisis profundo sobre aspectos hasta ahora no debatidos en dichas
providencias, estimó pertinente reconsiderar la anterior tesis por criterios de
importancia jurídica, al punto de que, mediante las sentencias del 29 de mayo y del
9 de julio de 2024 se concluyó que tal derecho no debe concederse con fundamento
en la invalidez ni en la muerte, y que, en esencia, no es procedente la figura la
pensión gracia post mortem esto por no tener el fundamento jurídico que se le había
atribuido.
Conforme a esta reciente y vigente línea de interpretación judicial de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, resulta claro que al margen de la dificultad de las
situaciones de invalidez y muerte, o cualquier otra circunstancia ajena que pueda
atravesar un docente que haya tenido la expectativa legítima de acceder a la
pensión gracia, esta dádiva no puede ser adquirida directamente por los
beneficiarios del causante, pues, en esencia, este último no había colmado y
acreditado cada uno de los requisitos normativos para consolidar el derecho original
y propio del educador.
En todo caso, lo cierto es que permitir que un beneficio gratuito no consolidado a
favor del legítimo titular sea otorgado a sus familiares debido al deceso del primero,
vulnera abiertamente el ordenamiento jurídico y la naturaleza propia de dicho
En sentencia del 9 de julio de 2024, radicado: 68001-23-33-000-2012-00350-01 (2113-2014) se precisó: «[…]
Con base en lo anterior se observa que, si bien entre una pensión ordinaria de jubilación y la de gracia existe
una causa que puede ser común como lo es el cumplimiento de determinada edad y la acreditación de una
cantidad de tiempo de servicio, lo cierto es que sí se presenta una divergencia sustancial en cuanto a la finalidad
de ambas prestaciones y su forma de financiación. La primera pretende contener el riesgo de la vejez del
funcionario mediante un ahorro programado debido a aportes efectuados en conjunto por este y su empleador,
mientras que la segunda busca premiar o generar un incentivo especial y gratuito a favor de un educador y a
cargo del tesoro nacional, solo por la labor desempeñada por aquel conforme a determinadas condiciones en
el tipo de vinculación.
Como se deriva de lo expuesto hasta este punto, es dable concluir que las pensiones gratuitas, meritorias y
personales (como la de gracia), no han sido “sustituibles” a título de una prerrogativa post mortem, ni desde
1886, ni en 1913 para el caso concreto del derecho bajo estudio, y mucho menos desde 1991 en adelante a
pesar de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 y demás normativa regulatoria del Sistema General de
Pensiones, toda vez que el legislador expresamente ha indicado desde el inicio que ello no es procedente, y en
todo caso, al día de hoy no ha expedido alguna ley que habilite lo propio para esa dádiva en específico.
[…] Pues bien, aun si se asegurara que tal postulado superior en estos casos debe atenderse no por la
contradicción de dos normas, sino por la variedad de interpretaciones de una sola regulación, que en este caso
serían el Decreto 224 de 1972 y la Ley 100 de 1993, tendría que concluirse que tampoco se configura lo propio
si se tiene en cuenta que dicha normativa no permite generar más de un sentido acerca de la posibilidad de
reconocer pensiones post mortem, pues esta es aplicable exclusivamente para aquellas que cubren el riesgo
de vejez con el modelo de financiación a través de cotizaciones, es decir, para pensiones en estricto sentido y
no para dádivas fundadas en la condición intuitu personae del titular del beneficio, por lo que no existiría una
intelección más beneficiosa que deba ser elegida sobre otra.
Adicionalmente, no es viable sostener que la normativa regulatoria de la pensión gracia, tenga que preferirse el
régimen pensional general como una especie de complemento, puesto que al hacerlo se vulneraría también el
principio de la inescindibilidad que la misma Corte Constitucional asegura que no puede desconocerse, al punto
de crear una nueva regulación en uso de atribuciones y competencias propias de la facultad legislativa del
Congreso de la República, quien desde 1886 (cuando se denominaba Consejo Nacional Legislativo), y hasta la
fecha, no ha considerado permitir la sustitución de aquel beneficio gratuito, pues al contrario, ha mantenido su
intención inicial de impedir que ello ocurra para el caso de las recompensas. En conclusión, no existe el supuesto
vacío, simplemente el legislador no consagró el derecho. […]»
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9
Radicado: 20001-23-33-000-2017-00518-01 (0142-2024)
beneficio, pues no existe un vacío normativo ni una afectación a principios
constitucionales como anteriormente se había estimado.
Resolución del caso concreto
Inicialmente, debe resaltarse que el presente litigio se originó en razón a que el
reclamante en calidad de cónyuge supérstite de la señora Joselina María Durán
Núñez solicitó el reconocimiento de una “pensión gracia post mortem”, para lo cual
fundamentó la procedencia de este derecho en que su causante, pese a no haber
podido cumplir los 50 años de edad, sí había acumulado el tiempo de servicio
requerido para acceder al derecho principal, pues antes de su deceso había
alcanzado a trabajar como docente por más de 20 años.
Pues bien, el tribunal de primera instancia accedió a lo reclamado por aplicación
analógica del artículo 1.º de la Ley 12 de 1975, a fin de obviar el hecho de que la
mencionada educadora no logró cumplir con el requisito de la edad previsto en la
Ley 114 de 1913, el cual siempre ha constituido una exigencia indispensable en
conjunto con los demás requisitos para poder tener consolidada la pensión gracia.
Bajo este contexto es claro que, como la entidad apelante sustentó su reclamación
no solo en el análisis de la convivencia entre cónyuges, sino especialmente en la
falta de adquisición del derecho primigenio en cabeza de la causante, resulta
perfectamente aplicables como precedentes para este caso particular las aludidas
sentencias del 29 de mayo y del 9 de julio de 2024 proferidas por la Sección
Segunda de esta corporación, pues en estas se abordan supuestos de hecho y de
derecho similares a los del presente litigio.
En tal sentido, frente a la situación concreta de la accionante se destaca que, su
esposa, es decir, la señora Joselina María Durán Núñez13 nació el 31 de agosto de
195614 y falleció el 15 de octubre de 1997,15 por lo que, para el momento de su
muerte, tenía solo 40 años.
Por otra parte, de acuerdo con el certificado de tiempo de servicio emitido el 23 de
mayo de 2016 por la Secretaría de Educación Departamental del Cesar,16 la
referida causante laboró como docente nacionalizada desde el 12 de agosto de
1977 hasta el día de su deceso (15 de octubre de 1997), por lo que acumuló un
tiempo de servicios de 20 años, 2 mes y 3 días.
Conforme a lo anterior, para la Sala resulta claro que la mencionada docente no
satisfizo el requisito de edad de 50 años, aun a pesar de habar acreditado el mínimo
de 20 años de labor oficial como maestra del orden nacionalizado.
13 Según registro civil de matrimonio en el expediente digital del índice 2 de SAMAI.
14 Ver copia de la cédula de ciudadanía del causante en el expediente digital.
15 Ver registro civil de defunción en el expediente digital.
16 Ver expediente digital en el índice 2 de SAMAI.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10
Radicado: 20001-23-33-000-2017-00518-01 (0142-2024)
Ahora bien, en la referida sentencia del 9 de julio de 2024 dictada por esta Sección
se concluyó de manera expresa lo siguiente al analizar la posibilidad de aplicar de
manera analógica las normas de la pensión ordinaria de jubilación a las de la
pensión gracia:
«[…]
debido a que la normativa propia de la pensión gracia no contempló ningún
postulado que habilite su reconocimiento post mortem cuando el titular principal no
hubiera colmado todas las exigencias para ello, sería inadecuado extender el
régimen pensional general de manera absoluta y definitiva para todos los casos en
los que se formule este tipo de pretensiones, porque se desnaturalizaría la dádiva
como fue ideada, e incluso iría en contra de su esencia gratuita, meritoria y personal
(intuitu personae), la cual no ha cambiado a pesar del paso del tiempo.
Además, resulta pertinente precisar que, el artículo 7.º del Decreto 224 de 1972, así
como la Ley 33 de 1973, cuando mencionaron la posibilidad de reconocer una
prestación independiente a los sobrevivientes de un causante fallecido, siempre se
refirieron (por el mismo contexto y ámbito de aplicación de dichas normas), a la
pensión ordinaria de jubilación, vejez o invalidez, sin hacer mención a las
prerrogativas gratuitas o especiales como la pensión gracia.
Lo anterior implica que el ordenamiento jurídico sí previó la posibilidad de conjurar
la contingencia de la muerte de determinado servidor público como un docente, esto
a fin de garantizar derechos fundamentales como el mínimo vital de su núcleo
familiar, permitiendo la transmisión de un derecho prestacional ordinario, o de su
expectativa legítima de obtenerlo, a favor de unos beneficiarios determinados.
Por consiguiente, no puede considerase que exista un vacío frente a la situación del
deceso de un educador con un derecho pensional consolidado o pendiente de
estructurar, porque, en realidad, el nivel de protección que se buscaba materializar
al conceder la pensión gracia post mortem, ya se encuentra cubierto por las normas
citadas anteriormente que permiten otorgar pensiones ordinarias de sobrevivientes.
Al respecto, debe tenerse en cuenta que la dádiva bajo estudio solo hubiese
constituido un ingreso adicional, mas no la fuente exclusiva y directa de
sostenimiento del docente y su familia, y mucho menos cuando aquel beneficio
especial y personal no se había adquirido ni se estaba devengado como sucede en
el presente caso, pues el causante no había acreditado el total de los 20 años de
servicio para su reconocimiento.
[…] Adicionalmente, no es viable sostener que la normativa regulatoria de la pensión
gracia, tenga que preferirse el régimen pensional general como una especie de
complemento, puesto que al hacerlo se vulneraría también el principio de la
inescindibilidad que la misma Corte Constitucional asegura que no puede
desconocerse, al punto de crear una nueva regulación en uso de atribuciones y
competencias propias de la facultad legislativa del Congreso de la República, quien
desde 1886 (cuando se denominaba Consejo Nacional Legislativo), y hasta la fecha,
no ha considerado permitir la sustitución de aquel beneficio gratuito, pues al
contrario, ha mantenido su intención inicial de impedir que ello ocurra para el caso
de las recompensas. En conclusión, no existe el supuesto vacío, simplemente el
legislador no consagró el derecho. […]». (Subrayado intencional).
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11
Radicado: 20001-23-33-000-2017-00518-01 (0142-2024)
En consecuencia, siguiendo esta misma línea jurisprudencial, es evidente que
como la señora Joselina María Durán Núñez no colmó una de las exigencias
indispensables para consolidar a su favor el derecho principal y original a la pensión
gracia, mucho menos habría un sustento jurídico válido y vigente que le permitiera
al actor en calidad de cónyuge supérstite solicitar para sí el reconocimiento de un
beneficio que es independiente y autónomo como sería la denominada “pensión
gracia post mortem”.
Lo expuesto se justifica en la medida en que este derecho reclamado, por su
esencia gratuita, meritoria y dadivosa, es por naturaleza totalmente diferente al de
una pensión ordinaria de jubilación financiada con las cotizaciones del empleador
y del trabajador como fuente de respaldo económico y de carácter prestacional para
mitigar una contingencia como la vejez, o precisamente la muerte.
El explicado hecho diferencial entre la pensión gracia y la ordinaria, necesariamente
conlleva la imposibilidad jurídica de aplicar de manera análoga, automática,
indistinta, subsidiaria, residual e ilimitada todas las normas del régimen general de
seguridad social (Ley 100 de 1993), o incluso la aludida Ley 12 de 1975 tenida en
cuenta por el tribunal de origen, así como tampoco las propias del magisterio como
el Decreto 224 de 1972, y mucho menos lineamientos jurisprudenciales anteriores
al presente que al encontrarse reevaluados no pueden ser observados con
preferencia sobre las nuevas posturas vigentes que tienen efectos retrospectivos
sobre situaciones jurídicas no ejecutoriadas como la presente.
Es decir, no resultaría acertado atender una serie de regulaciones extrañas y ajenas
a un derecho especial, sin reparo ni verificación del caso concreto, solo bajo el
argumento de que en lo no previsto de manera excepcional o ante un supuesto
vacío legal, siempre tendrá que acudirse a un marco normativo común consagrado
para otro tipo de prestaciones en procura de una supuesta complementación, toda
vez que puede suceder que el legislador dentro de su legítima libertad de
configuración no haya previsto como aplicables tales disposiciones adicionales.
En tal sentido, debido a que la normativa propia de la pensión gracia no contempló
ningún postulado que habilite su reconocimiento post mortem cuando el titular
principal no hubiera colmado todas las exigencias para ello, sería inadecuado
extender el régimen pensional general de manera absoluta y definitiva para todos
los casos en los que se formule este tipo de pretensiones, porque se
desnaturalizaría tal beneficio como fue ideado, e incluso iría en contra de su origen
y finalidad estrictamente personal (intuitu personae), los cuales no han cambiado a
pesar del paso del tiempo.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12
Radicado: 20001-23-33-000-2017-00518-01 (0142-2024)
Incluso, si se intentara buscar una posibilidad jurídica para materializar un derecho
como el reclamado en este litigio, en virtud de una supuesta similitud de condiciones
frente a las analizadas previamente por esta corporación respecto de la pensión
gracia por invalidez, es decir, basándose en principios de orden constitucional como
la igualdad, la equidad, la proporcionalidad o la favorabilidad, se deberá reiterar que,
tal como se explicó ampliamente en las sentencias del 29 de mayo y del 9 de julio
de 2024, tales postulados tampoco se encontrarían vulnerados.
Con todo, en el caso particular es posible asegurar que, en atención a la nueva
postura jurídica de la Sección Segunda del Consejo de Estado, como la causante
no cumplió los requisitos normativos para que le fuera reconocida una pensión
gracia antes de su muerte, resulta dable concluir que es inviable acceder a las
pretensiones de la demanda, por lo que tendrá que revocarse el fallo apelado.
De la condena en costas en ambas instancias
Sobre este punto, es importante aclarar que teniendo en cuenta el cambio
introducido por el legislador en el artículo 47 de la Ley 2080 de 202117 en el que se
indica que dicha declaración es viable, siempre y cuando se acredite que la parte
vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal, la Subsección A
considera que, en el presente caso, pese a que se está revocando la decisión
apelada, en consideración al numeral 4.° del artículo 365 del CGP 18, y observando
los argumentos esbozados por la parte demandante en sus distintas intervenciones,
no se presenta tal supuesto en ninguna de las instancias, por el contrario, manifestó
argumentos razonables en defensa jurídica de sus intereses.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el veintidós (22) de septiembre de dos
mil veintitrés (2023) por el Tribunal Administrativo del Cesar, por medio de la cual
se accedió a las pretensiones. En su lugar,
SEGUNDO: NEGAR las pretensiones.
17 ARTÍCULO 47. Adiciónese el siguiente inciso al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011: En todo caso, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con
manifiesta carencia de fundamento legal.
18 Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada
a pagar las costas de ambas instancias.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13
Radicado: 20001-23-33-000-2017-00518-01 (0142-2024)
TERCERO: ABSTENERSE de condenar en costas de ambas instancias a la parte
demandante.
CUARTO: RECONOCER PERSONERÍA como mandatario general de la UGPP al
abogado Omar Andrés Viteri Duarte con tarjeta profesional 111.852, conforme al
poder conferido mediante escritura pública que se observa en el índice 8 de SAMAI
QUINTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LOS MAGISTRADOS,
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
14
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.