Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01261-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01261-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-01261-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
5 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D. C., cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-01261-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: JOSÉ DEL CARMEN MELÉNDEZ CÁRDENAS
TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO
POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO GENERAL DE INMEDIATEZ,
INCLUSO EN TUTELAS PROMOVIDAS CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES EN LAS QUE SE CONTROVIERTEN ASUNTOS SOBRE
PRESTACIONES PERIÓDICAS.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, IGUALDAD Y
SEGURIDAD SOCIAL.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor
contra la SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “A”- DEL CONSEJO
DE ESTADO1.
I – ANTECEDENTES
I.1. La Solicitud
El señor JOSÉ DEL CARMEN MELÉNDEZ CÁRDENAS, actuando a
través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela
1
En adelante SECCIÓN SEGUNDA.
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Actor: JOSÉ DEL CARMEN MELÉNDEZ CÁRDENAS
prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad y a la seguridad social, los cuales estima vulnerados por la
SECCIÓN SEGUNDA, al haber proferido la sentencia de 19 de junio
de 2025 dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho identificado con el número único de radicación 20001-
23-33-000-2017-00518-01.
I.2. Hechos
Manifestó que su cónyuge la señora MARÍA JOSELINA DURÁN
NUÑEZ (q.e.p.d.) laboró como docente durante más de 20 años en
el departamento del Cesar, cuya vinculación era departamental -
nacionalizada.
Indicó que, por cumplirse los requisitos exigidos por la ley, en su
calidad de cónyuge supérstite solicitó el reconocimiento y pago de la
pensión gracia post-mortem de la causante, la cual le fue negada por
la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL2,
bajo el fundamentó de que no logró probar la convivencia con la
2
En adelante UGPP.
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causante durante los cinco años anteriores al fallecimiento.
Advirtió que, como consecuencia de lo anterior, promovió demanda
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho contra la UGPP, con el fin de que se le reconociera y
ordenara el pago de la pensión gracia post-mortem de la señora
DURÁN NUÑEZ (q.e.p.d.), así como la correspondiente sustitución
pensional a su favor.
Advirtió que a la demanda le fue asignado el número único de
radicación 2017-00518-01 y le correspondió por reparto al
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR3 que, en sentencia de
22 de septiembre de 2023, accedió a las pretensiones.
Indicó que inconforme con lo anterior, la entidad allí demandada
interpuso recurso de apelación el cual le correspondió a la SECCIÓN
SEGUNDA que, mediante sentencia de 19 de junio de 2025, revocó
la decisión del a quo y, en su lugar, denegó las pretensiones con
fundamento en que si bien se acreditó que la causante laboró el
mínimo de 20 años como maestra del orden nacionalizado, no
satisfizo el requisito de edad de 50 años y, además, en aplicación de
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En adelante el TRIBUNAL.
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un nuevo precedente jurisprudencial de 2024, resultaba
improcedente la pensión gracia post-mortem.
I.3 Fundamentos de la solicitud
A juicio del actor, la autoridad judicial accionada incurrió en defecto
por desconocimiento del precedente al apartarse de la línea
jurisprudencial consolidada y vigente al momento en que el juez de
primera instancia profirió su decisión y al aplicar de manera regresiva
un cambio jurisprudencial que afecta derechos consolidados.
Asimismo, señaló que la SECCIÓN SEGUNDA también vulneró el
principio de congruencia y su derecho de defensa, toda vez que la
causa petendi del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho era que se dejaran sin efecto los actos administrativos por
medio de los cuales la UGPP negó la pensión solicitada por
considerar que no se acreditó la convivencia, razón por la que la
autoridad judicial accionada no podía cambiar la tesis y añadir a su
objeción la supuesta falta de prueba documental del derecho
principal.
I.4. Pretensiones
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El actor solicitó el amparo de sus derechos fundamentales invocados
como vulnerados y, en consecuencia:
“[…] SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia de fecha 19 de
junio de 2025, con radicado 20001-23-33-000-2017-00518-01
(0142-2024) proferida por el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A.
TERCERO: En consecuencia, ORDENAR a la Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A del Consejo de
Estado, CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Cesar en fecha 22 de septiembre de 2023; esto
es, ORDENAR el reconocimiento y pago de una pensión gracia post
mortem a favor de la señora MARÍA JOSELINA DURÁN NÚÑEZ (Q.
E. P. D.), así como la correspondiente sustitución pensional vitalicia
favor del señor José Del Carmen Meléndez Cárdenas, en calidad de
cónyuge supérstite. […]”.
I.5. Defensa
I.5.1.- El TRIBUNAL señaló que se acoge a los fundamentos de
orden constitucional, legal y jurisprudencial expuestos en la
providencia de primera instancia de 22 de septiembre de 2023, así
como a los criterios que imparta el juez constitucional en la decisión
adoptada dentro del presente trámite.
Igualmente, remitió el link contentivo del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho objeto de estudio.
I.5.2.- La UGPP, vinculada como tercera con interés directo, solicitó
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declarar improcedente o, en su defecto, denegar la presente acción
de tutela por no acreditarse los requisitos generales y específicos
para su procedencia contra providencia judicial, pues la decisión
cuestionada no incurrió en defecto material o sustantivo y, por el
contrario, la misma se ajustó al ordenamiento legal.
Aseguró que el actor no puede pretender usar la acción de tutela
como una cuarta instancia para revisar las decisiones adoptadas por
el juez competente de la causa, después de haberse agotado también
un procedimiento administrativo establecido en la ley para el efecto,
procesos en los que se le garantizó su derecho de defensa y principio
de contradicción.
I.5.3.- La SECCIÓN SEGUNDA guardó silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
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distribución de las acciones de tutela entre las secciones y asigna a
esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello,
magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue
asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la
jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela
contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
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Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir,
que la tutela se hubiere interpuesto en un término
razonable y proporcionado a partir del hecho que originó
la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que
la acción de tutela proceda meses o aún años después de
proferida la decisión, se sacrificarían los principios de
cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta
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incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.
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b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)
En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se
deje sin efecto la sentencia de 19 de junio de 2025, proferida por
la SECCIÓN SEGUNDA dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 2017-00518-01.
La controversia tiene origen en un proceso ordinario promovido por
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el actor contra la UGPP, en el cual se denegó las pretensiones
relacionadas con el reconocimiento y pago de la pensión gracia post-
mortem de la señora MARÍA JOSELINA DURÁN NUÑEZ (q.e.p.d.),
el cual reclamaba en su calidad de cónyuge supérstite.
A las citadas providencias el actor le atribuye la vulneración de los
derechos fundamentales deprecados, habida cuenta que, a su juicio,
la autoridad judicial accionada incurrió en defecto por
desconocimiento del precedente, al apartarse de la línea
jurisprudencial consolidada y vigente al momento en que el juez de
primera instancia profirió su decisión y al aplicar de manera regresiva
un cambio jurisprudencial que afecta derechos consolidados.
Por lo anterior, la Sala debe estudiar si el caso cumple con los
presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencia judicial y, de ser así, establecer si la SECCIÓN
SEGUNDA vulneró los derechos deprecados e incurrió en el defecto
invocado al haber proferido la providencia de 19 de junio de 2025.
En ese orden de ideas, la Sala examinará el cumplimiento de los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte
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Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en
especial, el requisito de la inmediatez.
Requisito general de procedencia de la inmediatez cuando se
controvierten providencias judiciales
Al respecto, cabe señalar que la jurisprudencia constitucional ha
sostenido, de manera reiterada, que la acción de tutela está instituida
como un mecanismo ágil para obtener la protección inmediata de
los derechos fundamentales que se consideran vulnerados; y que
aunque no tenga previsto un término de caducidad para su
presentación, es necesario que se invoque tal protección dentro de
un plazo razonable y prudente, dado que, “[…] de transcurrir un lapso
injustificadamente largo, se desvirtúa la urgencia de la protección y
la gravedad de la afectación, por ende, no cabría la procedencia del
mecanismo […]”4.
Desde luego que el juez debe valorar las circunstancias de cada caso,
para determinar la razonabilidad del tiempo transcurrido entre el
momento en que ocurre la presunta vulneración de los derechos y la
instauración de la tutela.
4
Corte Constitucional, sentencia T-941 de 16 de diciembre de 2013, M.P. doctor Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo.
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Este requisito tiene una especial connotación cuando la acción
constitucional se ejerce contra una providencia judicial, en razón a
que exige un examen más riguroso en aras de preservar los
principios de cosa juzgada y seguridad jurídica y de salvaguardar el
interés de terceros, cuya situación podría verse injustamente
afectada por el otorgamiento tardío de la protección constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional ha señalado que 5:
“[…] Según la Jurisprudencia Constitucional, la exigencia de
inmediatez responde a necesidades adicionales. En primer lugar,
proteger derechos de terceros que pueden verse vulnerados por
una tutela ejercida en un plazo irrazonable, caso en el que ‘se
rompe la congruencia entre el medio de protección y la finalidad
que se busca: la protección integral y eficaz de los derechos
fundamentales de las personas’. En segundo lugar, impedir que
el amparo ‘se convierta en factor de inseguridad [jurídica]’. En
tercer lugar, evitar ‘el uso de este mecanismo constitucional
como herramienta supletiva de la propia negligencia’ en la
agencia de los derechos […]”.
En el mismo sentido, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, al unificar la jurisprudencia en torno a los
requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales, sostuvo6:
“[…] Es de la esencia de este medio de defensa judicial la
urgencia en la protección de las garantías constitucionales y el
respeto a la seguridad jurídica y los derechos de terceros
5
Corte Constitucional, sentencia T-1028 de 10 de diciembre de 2010, M. P. Humberto Antonio Sierra
Porto.
6
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de agosto de 2014, op. cit.
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afectados.
[…]
De ahí que la reacción inmediata o pronta frente a la
situación que vulnera o amenaza vulnerar un derecho
fundamental sea un elemento consustancial para la
protección que se ofrece.
Este requisito que opera de forma general frente a todas
las acciones de tutela es más estricto cuando se interpone
contra providencias judiciales, por lo que, como lo ha
sostenido la Corte Constitucional, ‘si se deja pasar un tiempo
significativo desde el hecho vulneratorio de los derechos, resulta
claramente desproporcionado el control constitucional de una
providencia judicial por la vía de tutela’. Por tal razón, debe
mediar un término razonable entre la ejecutoria de la decisión
judicial que se aduce como violatoria de los derechos
fundamentales del accionante y la presentación de la acción de
tutela para buscar su amparo.
[…]
Justamente, porque la acción de tutela es un medio excepcional
para la protección pronta y eficaz de tales derechos, se requiere
que la acción se ejerza en un tiempo razonable,
prudencial, requisito que garantiza la realización del
principio de seguridad jurídica y, por ende, el de la cosa
juzgada, al asegurar que la decisión judicial alcance el
grado de certeza material, que la hace definitiva e
inmutable.
[…]
[L]a Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis
meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la
sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela
contra providencias judiciales se ejerce oportunamente […]”.
(Destacado fuera de texto).
Precisado lo anterior, la Sala advierte que de acuerdo con las
constancias obrantes en el expediente del proceso origen de la
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controversia visible en el aplicativo de consulta SAMAI 7, la
providencia de segunda instancia de 19 de junio de 2025, aquí
cuestionada, fue notificada personalmente al apoderado del actor,
vía correo electrónico, el 17 de julio de esa anualidad8, por lo que
en aplicación del artículo 203 de la Ley 1437 de 18 de enero de
20119, se entiende debidamente notificada el 21 de ese mes y año.
Ahora bien, la Sala observa que la solicitud de amparo de la
referencia se presentó el 18 de febrero de 202610, esto es,
transcurridos más de 6 meses, superando así el término que ha sido
estimado por la jurisprudencia como término razonable para
impugnar por vía de tutela el contenido de una decisión judicial, sin
que se hubiesen presentado razones válidas para la inactividad de la
parte actora o que justifiquen la tardanza en la presentación de la
solicitud de amparo.
En este punto, se resalta que la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo de esta Corporación, en la precitada sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, estableció como razonable el
7
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=200012333000201700
518011100103
8
Constancia de notificación visible a índice 22 del expediente digital del proceso 2017-00518-01.
https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/080012333000
20130087501/E79DB13159D75D22280DFB20D179DF71BF38B2C89E5749175C576EE001931802/2
9
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
10
Conforme consta en el índice 1 del aplicativo SAMAI.
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Actor: JOSÉ DEL CARMEN MELÉNDEZ CÁRDENAS
término de 6 meses, sin perjuicio de que el mismo pueda variar ante
circunstancias especiales, como ocurre, entre otras, cuando se
trata de prestaciones periódicas, en aras de proteger los
derechos al “mínimo vital, la dignidad, la salud y la vida de
sujetos de especial protección constitucional”. En el mismo
sentido se ha pronunciado la Corte Constitucional, entre otras, en
sentencia T-374 de 18 de mayo de 201211, al referirse a la
inaplicación del requisito de inmediatez cuando se trata de
prestaciones periódicas de carácter vitalicio, así:
“[…] La jurisprudencia constitucional también ha dado un alcance
específico al requisito de inmediatez en la interposición de la
acción de tutela en este tipo de casos. Si bien a lo largo de sus
pronunciamientos la Corte Constitucional ha exigido, como regla
general, que entre el hecho que supuestamente da lugar a la
violación o amenaza de derechos fundamentales y la
interposición de la acción de tutela medie un término razonable,
el contenido mismo del requisito de inmediatez varía
cuando se trata de una prestación periódica que, como las
mesadas pensionales, se vincula directamente al ejercicio
de los derechos fundamentales al mínimo vital, la
dignidad, la salud y la vida de sujetos de especial
protección constitucional. En suma, dado el carácter
periódico y la particular importancia de las mesadas
pensionales para el ejercicio de los derechos más básicos
de los pensionados, la Corte ha considerado que la
actualización continua de los perjuicios presentes y
sustantivos derivados de la falta de indexación de la
mesada resta relevancia al requisito de inmediatez en la
presentación de la tutela. En otras palabras, como la
afectación de los derechos fundamentales por la pérdida de poder
adquisitivo de las pensiones se renueva mes a mes y día a día,
en forma presente, las personas afectadas en su mínimo vital por
esta situación pueden recurrir a la acción de tutela, cumpliendo
eso sí con unas reglas que hacen admisible el que se haya
11
Corte Constitucional, Sentencia T–315 de 1o. de abril de 2005, M.P. Ponente Jaime Córdoba
Triviño
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prolongado en el tiempo la presentación de la acción [...]”
(Resaltado fuera de texto).
Cabe precisar que con fundamento en la mencionada sentencia de
la Corte Constitucional y la jurisprudencia de esta Sección,
relacionada con acciones de tutelas promovidas contra providencias
judiciales en las que se controvirtieron asuntos sobre prestaciones
periódicas, como ocurre en el caso sub lite, la Sala concluyó que “[…]
siempre que se trate de una acción de tutela contra
providencia judicial que verse sobre prestaciones periódicas,
se realizará el análisis del cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad, incluido el de inmediatez, el cual
deberá efectuarse desde los criterios de i) que se demuestre
que la vulneración de los derechos permanezca, esto es, que
sea continua y actual, pese a que el hecho que la originó sea
muy antiguo respecto de la presentación de la tutela; y ii) que
el actor se encuentre en condición de debilidad manifiesta12
[…]”.
En lo que respecta al primer requisito mencionado en precedencia,
esto es, que se trate de una prestación periódica y, de contera, una
12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de mayo
de 2014, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, radicación número: 11001-03- 15-000-2013-02423-01.
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vulneración continua y actual, en sentencia de 30 de julio de 2015 8,
la Sala señaló:
“[…] La Sección Segunda de esta Corporación se ha pronunciado
de manera reiterada y uniforme con relación a qué debe
entenderse por prestaciones periódicas.
Así, en proveído de 1° de octubre de 20149, la Sección Segunda
del Consejo de Estado, consideró lo siguiente:
“No es de recibo la tesis planteada por el recurrente, según la
cual el tema que aquí se discute corresponde a la reclamación de
prestaciones periódicas, ya que tal calidad se predica tan sólo del
derecho a la pensión de jubilación de las personas de la tercera
edad como claramente lo tiene sentado esta Corporación en su
jurisprudencia, como a continuación se precisa en uno de sus
apartes10:
“Si la interpretación sobre lo que debe entenderse por
prestación periódica fuera el significado lingüístico de las
palabras, sería elemental que el actor tendría razón.
No obstante, tal método, cuando la ley se encarga de poner
ejemplos sobre los cuales son las prestaciones periódicas, no es
eficaz y debe atenderse a la orientación que brinda aquella. En
efecto, el artículo 131,6 letra b) del CCA, se refiere a las
pensiones de jubilación y de invalidez como prestaciones
periódicas, referencia que debe observase para los efectos del
inciso 3º del artículo 136 ibídem, pues la norma en últimas lo que
da a entender es que tratándose de derechos que existen durante
la vida del titular y después respecto de los beneficiarios
llamados a sustituirse también en forma vitalicia (cónyuge,
compañera o hijo inválidos), es lógico, justificable y razonable
que en cualquier tiempo pueda discutirse tales prestaciones,
para diferenciarlas de los demás derechos laborales que no son
vitalicios y por consiguiente la definición de las controversias
sobre los mismos, debe hacerse en los términos de la caducidad
establecida para ellos, vale decir, a meses.
[…]
Visto lo anterior, resulta claro para la Sala que las prestaciones
periódicas son aquellos emolumentos que se reciben de manera
vitalicia e indefinida y que son susceptibles de ser sustituidos a
sus beneficiarios (cónyuge, hijos, hermanos, etc.). Asimismo,
se consideran como tales, aquellos valores devengados de
manera constante, en virtud de un vínculo laborar vigente,
de tal manera, que si éste se termina, desaparece la
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calidad de periodicidad de dichos reconocimientos […]”
(Resaltado fuera del texto).
Frente a lo anterior, para la Sala es importante resaltar que en el
presente caso se trata de una prestación periódica, pues, como
quedó visto en párrafos anteriores, el actor pretende que a través
del medio de protección constitucional se deje sin efecto la
providencia de 19 de junio de 2025 y, en consecuencia, se ordene el
reconocimiento y pago de la pensión gracia post-mortem de la señora
DURÁN NUÑEZ (q.e.p.d.), así como la correspondiente sustitución
pensional a su favor.
En cuanto al segundo requisito, relativo a la condición de debilidad
manifiesta, conviene traer a colación las precisiones hechas por esta
Sección en sentencia de 28 de mayo de 201513, a través de la cual
unificó su jurisprudencia frente a la aplicación de los criterios que
deben tenerse en cuenta para analizar el requisito de la inmediatez
en estos casos particulares, especialmente, el que hace referencia a
la “condición de debilidad manifiesta”, en la que señaló:
“[…] Pues bien, comoquiera que por medio de la providencia
transcrita, se estableció “el criterio que, en adelante observará
la Sala para analizar la procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias que traten de prestaciones periódicas”; en
13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de mayo
de 2015, C.P. María Elizabeth García González, radicación número: 11001- 03-15-000-2015-00001-01.
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casos como el presente, en que se controvierte una sentencia
relacionada con la reliquidación de una prestación periódica, se
ha acudido al citado lineamiento Jurisprudencial de
manera invariable, para determinar si el hecho de haber
superado el plazo prudencial para interponer la acción de tutela
merece ser tratado en forma especial, esto es, a la luz de los
criterios de ”que i) se demuestre que la vulneración de los
derechos permanece en el tiempo, esto es, que es continua y
actual, pese a que el hecho que la originó sea muy antiguo
respecto de la presentación de la tutela; y que ii) el actor se
encuentre en un condición de debilidad manifiesta.”
Sin embargo, cuando el tema ha involucrado prestaciones
periódicas en las modalidades de pensión o asignación de
retiro, la aplicación de dichos criterios frente al requisito de la
inmediatez, en cada caso concreto, ha dado lugar a soluciones
divergentes, habida cuenta de que la Sala ha aceptado que el
pensionado, por el simple hecho de serlo, ostenta una calidad
que le permite enervar dicho requisito de procedibilidad, pero
también ha entendido que en ocasiones se requieren elementos
adicionales a tal condición para proceder al estudio de fondo […]
Dichas divergencias merecen ser precisadas y, por lo tanto, en
esta oportunidad la Sala, con el propósito de unificar su
Jurisprudencia, determinará como lineamiento único y preciso,
en cuanto a la exigencia o no del requisito de inmediatez de la
tutela contra providencias judiciales, cuando el solicitante del
amparo constitucional es un pensionado o persona que goza
de Asignación de Retiro, que tal condición no es per se
circunstancia que permita enervar el citado requisito, habida
cuenta de que es necesario que confluyan elementos adicionales
que permitan concluir que el actor se encuentra en “la especial
situación” que “convierte en desproporcionado el hecho de
adjudicarle la carga de acudir a un juez; por ejemplo el
estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de
edad, incapacidad física, entre otros”, tal como lo ha
señalado la Corte Constitucional en sentencia T-158 de 2006 y
esta Sala en el Expediente núm. 2013-02423-01, Consejero
Ponente doctor Marco Antonio Velilla Moreno.
Obsérvese que la Corte cita, solo a manera de ejemplo, algunas
circunstancias que pueden tenerse en cuenta para determinar si
el actor está o no en una ESPECIAL SITUACIÓN, que justifique
su inactividad en el tiempo frente a la defensa de sus derechos,
dentro de las cuales sugiere “el estado de indefensión, abandono,
minoría de edad, incapacidad física, entre otras…” sin que éstas
constituyan taxatividad alguna. Justamente por ello, esta Sala
introdujo dentro de dicha lista al pensionado, por tratarse de
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un sujeto de protección especial, conforme lo ha determinado la
Jurisprudencia Constitucional.
Pero, ocurre que el concepto de sujeto de especial protección
incluye, además de los pensionados, a otros grupos de personas,
tales como: indígenas, padres y madres cabeza de familia, mujer
embarazada, menores de edad, minusválidos, ancianos,
defensores de derechos humanos, enfermos graves,
desplazados, entre otros; sin que sea aceptable concluir que en
todos los casos, éstos resulten eximidos de cumplir el requisito
de procedibilidad de inmediatez, cuando acudan a la tutela para
obtener la pérdida de efectos de una providencia judicial, por el
solo hecho de ser denominados sujetos de especial protección
[…]”.
Al respecto, se advierte que el actor no demostró, ni siquiera con
prueba sumaria, que se encontrara en un estado de debilidad
manifiesta que justificara la tardanza en la presentación de la
acción de tutela contra la providencia que presuntamente vulneró sus
derechos fundamentales invocados.
Se destaca que, en la sentencia SU-354 de 201714, la Corte
Constitucional, además de reiterar la importancia del requisito de
inmediatez en la acción de tutela contra providencia judicial, para
resolver el caso concreto exceptuó el término de los seis meses
establecido por regla general como tiempo razonable, dadas las
particularidades especiales del asunto que allí se estudiaba en el que
existió un hecho relevante que justificaba la tardanza en la
14
Magistrado ponente: doctor Iván Humberto Escrucería Mayolo.
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interposición de la solicitud de amparo. Empero, tal situación no se
observa en el presente caso.
Consecuente con lo anterior, la Sala declarará improcedente la
solicitud de amparo de la referencia por falta del requisito general de
inmediatez, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de
esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo
constitucional de la referencia, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 5 de marzo de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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