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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01261-00

Fecha
5 de marzo de 2026
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01261-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo constitucional de la referencia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 23 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-01261-01 Actor: JOSÉ DEL CARMEN MELÉNDEZ CÁRDENAS

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-01261-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

5 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-01261-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: JOSÉ DEL CARMEN MELÉNDEZ CÁRDENAS

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO
POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO GENERAL DE INMEDIATEZ,
INCLUSO EN TUTELAS PROMOVIDAS CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES EN LAS QUE SE CONTROVIERTEN ASUNTOS SOBRE
PRESTACIONES PERIÓDICAS.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, IGUALDAD Y
SEGURIDAD SOCIAL.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor

contra la SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “A”- DEL CONSEJO

DE ESTADO1.

I – ANTECEDENTES

I.1. La Solicitud

El señor JOSÉ DEL CARMEN MELÉNDEZ CÁRDENAS, actuando a

través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela

1
En adelante SECCIÓN SEGUNDA.

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-01261-01
Actor: JOSÉ DEL CARMEN MELÉNDEZ CÁRDENAS

prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la

protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la

igualdad y a la seguridad social, los cuales estima vulnerados por la

SECCIÓN SEGUNDA, al haber proferido la sentencia de 19 de junio

de 2025 dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento

del derecho identificado con el número único de radicación 20001-

23-33-000-2017-00518-01.

I.2. Hechos

Manifestó que su cónyuge la señora MARÍA JOSELINA DURÁN

NUÑEZ (q.e.p.d.) laboró como docente durante más de 20 años en

el departamento del Cesar, cuya vinculación era departamental -

nacionalizada.

Indicó que, por cumplirse los requisitos exigidos por la ley, en su

calidad de cónyuge supérstite solicitó el reconocimiento y pago de la

pensión gracia post-mortem de la causante, la cual le fue negada por

la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y

CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL2,

bajo el fundamentó de que no logró probar la convivencia con la

2
En adelante UGPP.

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causante durante los cinco años anteriores al fallecimiento.

Advirtió que, como consecuencia de lo anterior, promovió demanda

en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del

derecho contra la UGPP, con el fin de que se le reconociera y

ordenara el pago de la pensión gracia post-mortem de la señora

DURÁN NUÑEZ (q.e.p.d.), así como la correspondiente sustitución

pensional a su favor.

Advirtió que a la demanda le fue asignado el número único de

radicación 2017-00518-01 y le correspondió por reparto al

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR3 que, en sentencia de

22 de septiembre de 2023, accedió a las pretensiones.

Indicó que inconforme con lo anterior, la entidad allí demandada

interpuso recurso de apelación el cual le correspondió a la SECCIÓN

SEGUNDA que, mediante sentencia de 19 de junio de 2025, revocó

la decisión del a quo y, en su lugar, denegó las pretensiones con

fundamento en que si bien se acreditó que la causante laboró el

mínimo de 20 años como maestra del orden nacionalizado, no

satisfizo el requisito de edad de 50 años y, además, en aplicación de

3
En adelante el TRIBUNAL.

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un nuevo precedente jurisprudencial de 2024, resultaba

improcedente la pensión gracia post-mortem.

I.3 Fundamentos de la solicitud

A juicio del actor, la autoridad judicial accionada incurrió en defecto

por desconocimiento del precedente al apartarse de la línea

jurisprudencial consolidada y vigente al momento en que el juez de

primera instancia profirió su decisión y al aplicar de manera regresiva

un cambio jurisprudencial que afecta derechos consolidados.

Asimismo, señaló que la SECCIÓN SEGUNDA también vulneró el

principio de congruencia y su derecho de defensa, toda vez que la

causa petendi del medio de control de nulidad y restablecimiento del

derecho era que se dejaran sin efecto los actos administrativos por

medio de los cuales la UGPP negó la pensión solicitada por

considerar que no se acreditó la convivencia, razón por la que la

autoridad judicial accionada no podía cambiar la tesis y añadir a su

objeción la supuesta falta de prueba documental del derecho

principal.

I.4. Pretensiones

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El actor solicitó el amparo de sus derechos fundamentales invocados

como vulnerados y, en consecuencia:

“[…] SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia de fecha 19 de
junio de 2025, con radicado 20001-23-33-000-2017-00518-01
(0142-2024) proferida por el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A.

TERCERO: En consecuencia, ORDENAR a la Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A del Consejo de
Estado, CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Cesar en fecha 22 de septiembre de 2023; esto
es, ORDENAR el reconocimiento y pago de una pensión gracia post
mortem a favor de la señora MARÍA JOSELINA DURÁN NÚÑEZ (Q.
E. P. D.), así como la correspondiente sustitución pensional vitalicia
favor del señor José Del Carmen Meléndez Cárdenas, en calidad de
cónyuge supérstite. […]”.

I.5. Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL señaló que se acoge a los fundamentos de

orden constitucional, legal y jurisprudencial expuestos en la

providencia de primera instancia de 22 de septiembre de 2023, así

como a los criterios que imparta el juez constitucional en la decisión

adoptada dentro del presente trámite.

Igualmente, remitió el link contentivo del medio de control de nulidad

y restablecimiento del derecho objeto de estudio.

I.5.2.- La UGPP, vinculada como tercera con interés directo, solicitó

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declarar improcedente o, en su defecto, denegar la presente acción

de tutela por no acreditarse los requisitos generales y específicos

para su procedencia contra providencia judicial, pues la decisión

cuestionada no incurrió en defecto material o sustantivo y, por el

contrario, la misma se ajustó al ordenamiento legal.

Aseguró que el actor no puede pretender usar la acción de tutela

como una cuarta instancia para revisar las decisiones adoptadas por

el juez competente de la causa, después de haberse agotado también

un procedimiento administrativo establecido en la ley para el efecto,

procesos en los que se le garantizó su derecho de defensa y principio

de contradicción.

I.5.3.- La SECCIÓN SEGUNDA guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de

abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de

marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

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distribución de las acciones de tutela entre las secciones y asigna a

esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello,

magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue

asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la

jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela

contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

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Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir,
que la tutela se hubiere interpuesto en un término
razonable y proporcionado a partir del hecho que originó
la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que
la acción de tutela proceda meses o aún años después de
proferida la decisión, se sacrificarían los principios de
cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta

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incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.

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b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)

En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se

deje sin efecto la sentencia de 19 de junio de 2025, proferida por

la SECCIÓN SEGUNDA dentro del medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho identificado con el número único de

radicación 2017-00518-01.

La controversia tiene origen en un proceso ordinario promovido por

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el actor contra la UGPP, en el cual se denegó las pretensiones

relacionadas con el reconocimiento y pago de la pensión gracia post-

mortem de la señora MARÍA JOSELINA DURÁN NUÑEZ (q.e.p.d.),

el cual reclamaba en su calidad de cónyuge supérstite.

A las citadas providencias el actor le atribuye la vulneración de los

derechos fundamentales deprecados, habida cuenta que, a su juicio,

la autoridad judicial accionada incurrió en defecto por

desconocimiento del precedente, al apartarse de la línea

jurisprudencial consolidada y vigente al momento en que el juez de

primera instancia profirió su decisión y al aplicar de manera regresiva

un cambio jurisprudencial que afecta derechos consolidados.

Por lo anterior, la Sala debe estudiar si el caso cumple con los

presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela

contra providencia judicial y, de ser así, establecer si la SECCIÓN

SEGUNDA vulneró los derechos deprecados e incurrió en el defecto

invocado al haber proferido la providencia de 19 de junio de 2025.

En ese orden de ideas, la Sala examinará el cumplimiento de los

requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte

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Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en

especial, el requisito de la inmediatez.

Requisito general de procedencia de la inmediatez cuando se

controvierten providencias judiciales

Al respecto, cabe señalar que la jurisprudencia constitucional ha

sostenido, de manera reiterada, que la acción de tutela está instituida

como un mecanismo ágil para obtener la protección inmediata de

los derechos fundamentales que se consideran vulnerados; y que

aunque no tenga previsto un término de caducidad para su

presentación, es necesario que se invoque tal protección dentro de

un plazo razonable y prudente, dado que, “[…] de transcurrir un lapso

injustificadamente largo, se desvirtúa la urgencia de la protección y

la gravedad de la afectación, por ende, no cabría la procedencia del

mecanismo […]”4.

Desde luego que el juez debe valorar las circunstancias de cada caso,

para determinar la razonabilidad del tiempo transcurrido entre el

momento en que ocurre la presunta vulneración de los derechos y la

instauración de la tutela.

4
Corte Constitucional, sentencia T-941 de 16 de diciembre de 2013, M.P. doctor Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo.

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Este requisito tiene una especial connotación cuando la acción

constitucional se ejerce contra una providencia judicial, en razón a

que exige un examen más riguroso en aras de preservar los

principios de cosa juzgada y seguridad jurídica y de salvaguardar el

interés de terceros, cuya situación podría verse injustamente

afectada por el otorgamiento tardío de la protección constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional ha señalado que 5:

“[…] Según la Jurisprudencia Constitucional, la exigencia de
inmediatez responde a necesidades adicionales. En primer lugar,
proteger derechos de terceros que pueden verse vulnerados por
una tutela ejercida en un plazo irrazonable, caso en el que ‘se
rompe la congruencia entre el medio de protección y la finalidad
que se busca: la protección integral y eficaz de los derechos
fundamentales de las personas’. En segundo lugar, impedir que
el amparo ‘se convierta en factor de inseguridad [jurídica]’. En
tercer lugar, evitar ‘el uso de este mecanismo constitucional
como herramienta supletiva de la propia negligencia’ en la
agencia de los derechos […]”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo

del Consejo de Estado, al unificar la jurisprudencia en torno a los

requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias

judiciales, sostuvo6:

“[…] Es de la esencia de este medio de defensa judicial la
urgencia en la protección de las garantías constitucionales y el
respeto a la seguridad jurídica y los derechos de terceros

5
Corte Constitucional, sentencia T-1028 de 10 de diciembre de 2010, M. P. Humberto Antonio Sierra
Porto.
6
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de agosto de 2014, op. cit.

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afectados.

[…]

De ahí que la reacción inmediata o pronta frente a la
situación que vulnera o amenaza vulnerar un derecho
fundamental sea un elemento consustancial para la
protección que se ofrece.

Este requisito que opera de forma general frente a todas
las acciones de tutela es más estricto cuando se interpone
contra providencias judiciales, por lo que, como lo ha
sostenido la Corte Constitucional, ‘si se deja pasar un tiempo
significativo desde el hecho vulneratorio de los derechos, resulta
claramente desproporcionado el control constitucional de una
providencia judicial por la vía de tutela’. Por tal razón, debe
mediar un término razonable entre la ejecutoria de la decisión
judicial que se aduce como violatoria de los derechos
fundamentales del accionante y la presentación de la acción de
tutela para buscar su amparo.

[…]
Justamente, porque la acción de tutela es un medio excepcional
para la protección pronta y eficaz de tales derechos, se requiere
que la acción se ejerza en un tiempo razonable,
prudencial, requisito que garantiza la realización del
principio de seguridad jurídica y, por ende, el de la cosa
juzgada, al asegurar que la decisión judicial alcance el
grado de certeza material, que la hace definitiva e
inmutable.

[…]

[L]a Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis
meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la
sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela
contra providencias judiciales se ejerce oportunamente […]”.
(Destacado fuera de texto).

Precisado lo anterior, la Sala advierte que de acuerdo con las

constancias obrantes en el expediente del proceso origen de la

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controversia visible en el aplicativo de consulta SAMAI 7, la

providencia de segunda instancia de 19 de junio de 2025, aquí

cuestionada, fue notificada personalmente al apoderado del actor,

vía correo electrónico, el 17 de julio de esa anualidad8, por lo que

en aplicación del artículo 203 de la Ley 1437 de 18 de enero de

20119, se entiende debidamente notificada el 21 de ese mes y año.

Ahora bien, la Sala observa que la solicitud de amparo de la

referencia se presentó el 18 de febrero de 202610, esto es,

transcurridos más de 6 meses, superando así el término que ha sido

estimado por la jurisprudencia como término razonable para

impugnar por vía de tutela el contenido de una decisión judicial, sin

que se hubiesen presentado razones válidas para la inactividad de la

parte actora o que justifiquen la tardanza en la presentación de la

solicitud de amparo.

En este punto, se resalta que la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo de esta Corporación, en la precitada sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, estableció como razonable el

7
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=200012333000201700
518011100103
8
Constancia de notificación visible a índice 22 del expediente digital del proceso 2017-00518-01.
https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/080012333000
20130087501/E79DB13159D75D22280DFB20D179DF71BF38B2C89E5749175C576EE001931802/2
9
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
10
Conforme consta en el índice 1 del aplicativo SAMAI.

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término de 6 meses, sin perjuicio de que el mismo pueda variar ante

circunstancias especiales, como ocurre, entre otras, cuando se

trata de prestaciones periódicas, en aras de proteger los

derechos al “mínimo vital, la dignidad, la salud y la vida de

sujetos de especial protección constitucional”. En el mismo

sentido se ha pronunciado la Corte Constitucional, entre otras, en

sentencia T-374 de 18 de mayo de 201211, al referirse a la

inaplicación del requisito de inmediatez cuando se trata de

prestaciones periódicas de carácter vitalicio, así:

“[…] La jurisprudencia constitucional también ha dado un alcance
específico al requisito de inmediatez en la interposición de la
acción de tutela en este tipo de casos. Si bien a lo largo de sus
pronunciamientos la Corte Constitucional ha exigido, como regla
general, que entre el hecho que supuestamente da lugar a la
violación o amenaza de derechos fundamentales y la
interposición de la acción de tutela medie un término razonable,
el contenido mismo del requisito de inmediatez varía
cuando se trata de una prestación periódica que, como las
mesadas pensionales, se vincula directamente al ejercicio
de los derechos fundamentales al mínimo vital, la
dignidad, la salud y la vida de sujetos de especial
protección constitucional. En suma, dado el carácter
periódico y la particular importancia de las mesadas
pensionales para el ejercicio de los derechos más básicos
de los pensionados, la Corte ha considerado que la
actualización continua de los perjuicios presentes y
sustantivos derivados de la falta de indexación de la
mesada resta relevancia al requisito de inmediatez en la
presentación de la tutela. En otras palabras, como la
afectación de los derechos fundamentales por la pérdida de poder
adquisitivo de las pensiones se renueva mes a mes y día a día,
en forma presente, las personas afectadas en su mínimo vital por
esta situación pueden recurrir a la acción de tutela, cumpliendo
eso sí con unas reglas que hacen admisible el que se haya

11
Corte Constitucional, Sentencia T–315 de 1o. de abril de 2005, M.P. Ponente Jaime Córdoba
Triviño

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prolongado en el tiempo la presentación de la acción [...]”
(Resaltado fuera de texto).

Cabe precisar que con fundamento en la mencionada sentencia de

la Corte Constitucional y la jurisprudencia de esta Sección,

relacionada con acciones de tutelas promovidas contra providencias

judiciales en las que se controvirtieron asuntos sobre prestaciones

periódicas, como ocurre en el caso sub lite, la Sala concluyó que “[…]

siempre que se trate de una acción de tutela contra

providencia judicial que verse sobre prestaciones periódicas,

se realizará el análisis del cumplimiento de los requisitos

generales de procedibilidad, incluido el de inmediatez, el cual

deberá efectuarse desde los criterios de i) que se demuestre

que la vulneración de los derechos permanezca, esto es, que

sea continua y actual, pese a que el hecho que la originó sea

muy antiguo respecto de la presentación de la tutela; y ii) que

el actor se encuentre en condición de debilidad manifiesta12

[…]”.

En lo que respecta al primer requisito mencionado en precedencia,

esto es, que se trate de una prestación periódica y, de contera, una

12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de mayo
de 2014, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, radicación número: 11001-03- 15-000-2013-02423-01.

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vulneración continua y actual, en sentencia de 30 de julio de 2015 8,

la Sala señaló:

“[…] La Sección Segunda de esta Corporación se ha pronunciado
de manera reiterada y uniforme con relación a qué debe
entenderse por prestaciones periódicas.

Así, en proveído de 1° de octubre de 20149, la Sección Segunda
del Consejo de Estado, consideró lo siguiente:

“No es de recibo la tesis planteada por el recurrente, según la
cual el tema que aquí se discute corresponde a la reclamación de
prestaciones periódicas, ya que tal calidad se predica tan sólo del
derecho a la pensión de jubilación de las personas de la tercera
edad como claramente lo tiene sentado esta Corporación en su
jurisprudencia, como a continuación se precisa en uno de sus
apartes10:
“Si la interpretación sobre lo que debe entenderse por
prestación periódica fuera el significado lingüístico de las
palabras, sería elemental que el actor tendría razón.

No obstante, tal método, cuando la ley se encarga de poner
ejemplos sobre los cuales son las prestaciones periódicas, no es
eficaz y debe atenderse a la orientación que brinda aquella. En
efecto, el artículo 131,6 letra b) del CCA, se refiere a las
pensiones de jubilación y de invalidez como prestaciones
periódicas, referencia que debe observase para los efectos del
inciso 3º del artículo 136 ibídem, pues la norma en últimas lo que
da a entender es que tratándose de derechos que existen durante
la vida del titular y después respecto de los beneficiarios
llamados a sustituirse también en forma vitalicia (cónyuge,
compañera o hijo inválidos), es lógico, justificable y razonable
que en cualquier tiempo pueda discutirse tales prestaciones,
para diferenciarlas de los demás derechos laborales que no son
vitalicios y por consiguiente la definición de las controversias
sobre los mismos, debe hacerse en los términos de la caducidad
establecida para ellos, vale decir, a meses.
[…]
Visto lo anterior, resulta claro para la Sala que las prestaciones
periódicas son aquellos emolumentos que se reciben de manera
vitalicia e indefinida y que son susceptibles de ser sustituidos a
sus beneficiarios (cónyuge, hijos, hermanos, etc.). Asimismo,
se consideran como tales, aquellos valores devengados de
manera constante, en virtud de un vínculo laborar vigente,
de tal manera, que si éste se termina, desaparece la

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calidad de periodicidad de dichos reconocimientos […]”
(Resaltado fuera del texto).

Frente a lo anterior, para la Sala es importante resaltar que en el

presente caso se trata de una prestación periódica, pues, como

quedó visto en párrafos anteriores, el actor pretende que a través

del medio de protección constitucional se deje sin efecto la

providencia de 19 de junio de 2025 y, en consecuencia, se ordene el

reconocimiento y pago de la pensión gracia post-mortem de la señora

DURÁN NUÑEZ (q.e.p.d.), así como la correspondiente sustitución

pensional a su favor.

En cuanto al segundo requisito, relativo a la condición de debilidad

manifiesta, conviene traer a colación las precisiones hechas por esta

Sección en sentencia de 28 de mayo de 201513, a través de la cual

unificó su jurisprudencia frente a la aplicación de los criterios que

deben tenerse en cuenta para analizar el requisito de la inmediatez

en estos casos particulares, especialmente, el que hace referencia a

la “condición de debilidad manifiesta”, en la que señaló:

“[…] Pues bien, comoquiera que por medio de la providencia
transcrita, se estableció “el criterio que, en adelante observará
la Sala para analizar la procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias que traten de prestaciones periódicas”; en

13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de mayo
de 2015, C.P. María Elizabeth García González, radicación número: 11001- 03-15-000-2015-00001-01.

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casos como el presente, en que se controvierte una sentencia
relacionada con la reliquidación de una prestación periódica, se
ha acudido al citado lineamiento Jurisprudencial de
manera invariable, para determinar si el hecho de haber
superado el plazo prudencial para interponer la acción de tutela
merece ser tratado en forma especial, esto es, a la luz de los
criterios de ”que i) se demuestre que la vulneración de los
derechos permanece en el tiempo, esto es, que es continua y
actual, pese a que el hecho que la originó sea muy antiguo
respecto de la presentación de la tutela; y que ii) el actor se
encuentre en un condición de debilidad manifiesta.”

Sin embargo, cuando el tema ha involucrado prestaciones
periódicas en las modalidades de pensión o asignación de
retiro, la aplicación de dichos criterios frente al requisito de la
inmediatez, en cada caso concreto, ha dado lugar a soluciones
divergentes, habida cuenta de que la Sala ha aceptado que el
pensionado, por el simple hecho de serlo, ostenta una calidad
que le permite enervar dicho requisito de procedibilidad, pero
también ha entendido que en ocasiones se requieren elementos
adicionales a tal condición para proceder al estudio de fondo […]

Dichas divergencias merecen ser precisadas y, por lo tanto, en
esta oportunidad la Sala, con el propósito de unificar su
Jurisprudencia, determinará como lineamiento único y preciso,
en cuanto a la exigencia o no del requisito de inmediatez de la
tutela contra providencias judiciales, cuando el solicitante del
amparo constitucional es un pensionado o persona que goza
de Asignación de Retiro, que tal condición no es per se
circunstancia que permita enervar el citado requisito, habida
cuenta de que es necesario que confluyan elementos adicionales
que permitan concluir que el actor se encuentra en “la especial
situación” que “convierte en desproporcionado el hecho de
adjudicarle la carga de acudir a un juez; por ejemplo el
estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de
edad, incapacidad física, entre otros”, tal como lo ha
señalado la Corte Constitucional en sentencia T-158 de 2006 y
esta Sala en el Expediente núm. 2013-02423-01, Consejero
Ponente doctor Marco Antonio Velilla Moreno.

Obsérvese que la Corte cita, solo a manera de ejemplo, algunas
circunstancias que pueden tenerse en cuenta para determinar si
el actor está o no en una ESPECIAL SITUACIÓN, que justifique
su inactividad en el tiempo frente a la defensa de sus derechos,
dentro de las cuales sugiere “el estado de indefensión, abandono,
minoría de edad, incapacidad física, entre otras…” sin que éstas
constituyan taxatividad alguna. Justamente por ello, esta Sala
introdujo dentro de dicha lista al pensionado, por tratarse de

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un sujeto de protección especial, conforme lo ha determinado la
Jurisprudencia Constitucional.

Pero, ocurre que el concepto de sujeto de especial protección
incluye, además de los pensionados, a otros grupos de personas,
tales como: indígenas, padres y madres cabeza de familia, mujer
embarazada, menores de edad, minusválidos, ancianos,
defensores de derechos humanos, enfermos graves,
desplazados, entre otros; sin que sea aceptable concluir que en
todos los casos, éstos resulten eximidos de cumplir el requisito
de procedibilidad de inmediatez, cuando acudan a la tutela para
obtener la pérdida de efectos de una providencia judicial, por el
solo hecho de ser denominados sujetos de especial protección
[…]”.

Al respecto, se advierte que el actor no demostró, ni siquiera con

prueba sumaria, que se encontrara en un estado de debilidad

manifiesta que justificara la tardanza en la presentación de la

acción de tutela contra la providencia que presuntamente vulneró sus

derechos fundamentales invocados.

Se destaca que, en la sentencia SU-354 de 201714, la Corte

Constitucional, además de reiterar la importancia del requisito de

inmediatez en la acción de tutela contra providencia judicial, para

resolver el caso concreto exceptuó el término de los seis meses

establecido por regla general como tiempo razonable, dadas las

particularidades especiales del asunto que allí se estudiaba en el que

existió un hecho relevante que justificaba la tardanza en la

14
Magistrado ponente: doctor Iván Humberto Escrucería Mayolo.

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interposición de la solicitud de amparo. Empero, tal situación no se

observa en el presente caso.

Consecuente con lo anterior, la Sala declarará improcedente la

solicitud de amparo de la referencia por falta del requisito general de

inmediatez, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de

esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo

constitucional de la referencia, por las razones expuestas en la parte

motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 5 de marzo de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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