Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01261-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01261-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-01261-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
11 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., Once (11) de Mayo de Dos Mil Veintiséis (2026)
Radicado : 11001-03-15-000-2026-01261-011
Accionante : José del Carmen Meléndez Cárdenas
Accionado : Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Vinculados : Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) y
Tribunal Administrativo del Cesar
Acción : Tutela
Tema : Tutela contra providencia judicial, reconocimiento y sustitución
de pensión gracia post mortem
Decisión : Sentencia de segunda instancia
Procede la Sala a decidir la impugnación formulada por la parte actora contra el
fallo del Cinco (5) de Marzo de Dos Mil Veintiséis (2026), proferido por el Consejo
de Estado, Sección Primera2, que declaró improcedente la solicitud de amparo.
I. ANTECEDENTES
1.1 Contexto fáctico
1. De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos
por el actor frente a la providencia objeto de censura. Luego, se revisará lo relativo
a la procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se resolverá lo pertinente en
torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.
1.2 La demanda de tutela.
2. El señor José del Carmen Meléndez Cárdenas, quien actúa mediante apoderado
judicial, interpuso el presente recurso de amparo con el fin de obtener la protección
de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y seguridad social,
presuntamente vulnerados por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A.
1
Expediente digital disponible en SAMAI.
2
C. P. Nubia Margoth Peña Garzón.
Acción de tutela: 11001-03-15-000-2026-01261-01
Accionante: José Del Carmen Meléndez Cárdenas
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
3. Por consiguiente, solicitó dejar sin efectos la sentencia de Diecinueve (19) de
Junio de Dos Mil Veinticinco (2025), por medio de la cual el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A revocó la providencia de Veintidós (22) de
Septiembre de Dos Mil Veintitrés (2023), en la que, el Tribunal Administrativo del
Cesar accedió a las pretensiones formuladas en la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho promovida contra la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
[expediente 20001-23-33-003-2017-00518-01], para negarlas. En su lugar, pidió
que, se ordene a la autoridad accionada emitir una nueva decisión en la que, se
acojan las súplicas del referido asunto contencioso-administrativo.
1.3 Hechos3.
4. De los documentos adjuntos a este trámite constitucional y de lo relatado por el
accionante en el escrito de tutela se puede evidenciar que, el Veintiocho (28) de
Febrero de Mil Novecientos Noventa y Dos (1992) contrajo matrimonio con la
señora María Joselina Durán Núñez (q. e. p. d.), quien prestó sus servicios como
docente de vinculación departamental nacionalizada desde el Doce (12) de Agosto
de Mil Novecientos Setenta y Siete (1977) hasta el Quince (15) de Octubre de Mil
Novecientos Setenta y Siete (1977), fecha esta última en la que, falleció, razón por
la cual, mediante Resolución 652 del Veintitrés (23) de Noviembre de Mil
Novecientos Noventa y Ocho (1998), el FOMAG reconoció y ordenó el pago de una
pensión ordinaria de sobrevivientes a su favor, por acreditar su condición de
cónyuge supérstite, por los más de 20 años de servicio de la docente.
5. El Ocho (8) de Abril de Dos Mil Trece (2013), el señor José del Carmen Meléndez
Cárdenas presentó solicitud ante la UGPP, encaminada a que, se le concediera a
la señora Durán Núñez (q. e. p. d.) el derecho a una pensión gracia post mortem y,
a él, la respectiva sustitución; sin embargo, aquella le fue resuelta de manera
desfavorable por medio de las Resoluciones RDP 020022 del Dos (2) de Mayo y
RDP 030200 del Cuatro (4) de Julio del mismo año, con fundamento en que, no
acreditó la convivencia durante los cinco (5) años anteriores a su deceso.
6. Por lo anterior, el Veintitrés (23) de Agosto de Mil Novecientos Setenta y Siete
(1977) acudió ante la jurisdicción contencioso-administrativa en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la UGPP
3
Visibles en el escrito de tutela en el expediente digital en SAMAI, índice 00002.
2
Acción de tutela: 11001-03-15-000-2026-01261-01
Accionante: José Del Carmen Meléndez Cárdenas
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
(expediente 20001-23-33-003-2017-00518-01), con el propósito de obtener la
anulación de las mencionadas resoluciones y lo deprecado en sede
administrativa.
7. Del asunto ordinario conoció el Tribunal Administrativo del Cesar que, el
Veintidós (22) de Septiembre de Dos Mil Veintitrés (2023) accedió a las súplicas,
al considerar que, «[…] se demostró que [el actor] cumple con el lleno de los requisitos
exigidos para ser beneficiario de la pensión gracia Post-Mortem reclamada, pues el registro civil
de matrimonio acredita el vínculo matrimonial con la causante y las declaraciones extra juici o
aportadas en el trámite administrativo, más los testimonios practicados en este proceso acreditan
la convivencia durante los últimos cinco años anteriores al fallecimiento ».
8. Inconforme con esa decisión, la UGPP interpuso recurso de apelación
insistiendo en que (i) no se satisfizo «[…] el requisito legal de haber convivido con la
fallecida pensionada de manera ininterrumpida durante los 5 años inmediatamente anteriores a
su deceso», puesto que, « […] en el interrogatorio de parte rendido por el accionante, éste,
confesó que se separó […] un año antes de su fallecimiento, cuando ella se fue a vivir a la ciudad
de Bogotá para recibir tratamiento médico »; y (ii) la causante no cumplió los
presupuestos legales establecidos para adquirir el derecho primigenio.
9. Dicha alzada fue desatada por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, a través de sentencia de Diecinueve (19) de Junio de Dos Mil
Veinticinco (2025), en el sentido de revocar la providencia de primera instancia y,
en su lugar, negar las pretensiones, al estimar que, la señora María Joselina
Durán Núñez (q. e. p. d.) «[…] no satisfizo el requisito de edad de 50 años, aun a pesar de
habar acreditado el mínimo de 20 años de labor oficial como maestra del orden nacionalizado »,
máxime cuando, en sentencia de Nueve (9) de Julio de Dos Mil Veinticuatro
(2024)4, la Sección Segunda de esta Corporación precisó que, «[…] la normativa
propia de la pensión gracia no contempló ningún postulado que habilite su reconocimiento post
mortem cuando el titular principal no hubiera colmado todas las exigencias para ello […]».
10. Sobre la precedente situación, el tutelante adujo que, el fallo objeto de censura
incurrió en desconocimiento del precedente, al no aplicar la sentencia proferida
el Veintinueve (29) de Mayo de Dos Mil Veinticuatro (2024) por la Sala Plena de la
Sección Segunda del Consejo de Estado5, vigente al momento en que, se emitió la
determinación de primera instancia, en virtud de la cual, «[…] para el reconocimiento de
4
Expediente 68001-23-33-000-2012-00350-01 (2113-2014), C. P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
5
Expediente 41001-23-33-000-2015-00256-01 (0473-2018), C. P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
3
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Accionante: José Del Carmen Meléndez Cárdenas
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la pensión gracia es requisito ineludible que el docente nacionalizado cumpla la exigencia prevista
en el artículo 1 de la Ley 114 de 1913, esto es, que complete los 20 años de servicios como
docente del orden territorial».
11. Asimismo, en «[v]iolación al principio de congruencia», por « […] alejarse de
los raciocinios de la alzada, resolviendo una temática que era ajena a lo discutido en esta
contienda».
1.4 Contestaciones de la acción.
12. 1.4.1 La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)6 pidió que, se
declare improcedente el amparo solicitado por el accionante, toda vez que, (i) no
se cumple el requisito de perjuicio irremediable o afectación a la seguridad social;
(ii) no se satisfacen los presupuestos de la subsidiariedad y la inmediatez; y (iii) «LO
PRETENDIDO […] ES SUSTITUIR UNA DECISIÓN JUDICIAL EJECUTORIADA PROFERIDA POR
EL JUEZ NATURAL DE LA CAUSA, quien con base en la normativa y jurisprudencia de la […] Corte
Constitucional y del Consejo de Estado, vigente para la época de los hechos, negó de manera
acertada las pretensiones de la demanda».
13. 1.4.2 El Tribunal Administrativo del Cesar7 aportó el enlace digital del proceso
ordinario con radicado 20001-23-33-003-2017-00518-01 y, adujo que, «[…] reitera y
acoge los fundamentos de orden constitucional, legal y jurisprudencial expuestos en la providencia
de […] veintidós (22) de septiembre de dos mil veintitrés (2023), así como los criterios impartidos
por el juez constitucional en la decisión adoptada dentro del presente trámite ».
14. 1.4.3 El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A guardó silencio
en la oportunidad prevista para el efecto.
1.5 Providencia impugnada8.
15. Mediante sentencia del Cinco (5) de Marzo de Dos Mil Veintiséis (2026), la
Sección Primera del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela
de la referencia, al considerar que, no satisfizo el presupuesto de la inmediatez,
dado que, «[…] la providencia […] cuestionada, fue notificada personalmente […] el 17 de julio
de [2025]»; sin embargo, «[…] la solicitud de amparo de la referencia se presentó el 18 de
febrero de 2026, esto es, transcurridos más de 6 meses, superando así el término que ha sido
6
Índice 00010 del expediente de Samai de primera instancia.
7
Índice 00011 del expediente de Samai de primera instancia.
8
Índice 00013 del expediente de Samai de primera instancia.
4
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Accionante: José Del Carmen Meléndez Cárdenas
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
estimado por la jurisprudencia como […] razonable para impugnar por vía de tutela el contenido de
una decisión judicial, sin que se hubiesen presentado razones válidas para la inactividad de la parte
actora o que justifiquen la tardanza».
1.6 La impugnación9.
16. Inconforme con esa determinación, el apoderado del actor la impugnó, para lo
cual refirió que el juez debió flexibilizar el requisito de inmediatez, comoquiera que,
(i) su poderdante es un adulto mayor de 67 años; (ii) al tratarse del reclamo de una
prestación periódica, la acción de tutela se puede instaurar en cualquier tiempo; y
(iii) su tardanza, que, en todo caso, no es superior a siete (7) meses, corresponde
a que, ha enfrentado graves problemas de salud, pues, el Veintidós (22) de Agosto
de Dos Mil Veinticinco (2025) fue sometido a un procedimiento quirúrgico
cardiovascular de revascularización miocárdica (cirugía a corazón abierto) que
requirió una estricta recuperación postoperatoria, lo que, conllevó a presentar
diversas incapacidades médicas10, además por nuevos hallazgos, por lo que, se
vio impedido a actuar dentro del término, « […] sin que ello signifique desinterés o dilación
injustificada del trámite».
II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia.
17. En virtud de los artículos 3211 del Decreto ley 2591 de 199112 y 2513 del Acuerdo
80 del Doce (12) de Marzo de Dos Mil Diecinueve (2019)14 expedido por la sala
plena del Consejo de Estado, esta Subsección es competente para conocer de la
presente impugnación.
2.2 La acción.
18. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política
y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983
de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento
9
Índice 00017 del expediente de Samai de primera instancia.
10
De las cuales, cabe precisar, aportó los respectivos soportes.
11
«Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días
siguientes al superior jerárquico correspondiente».
12
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
13
«Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán
a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección
o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto».
14
Por medio del cual se expide «el reglamento interno del Consejo de Estado».
5
Acción de tutela: 11001-03-15-000-2026-01261-01
Accionante: José Del Carmen Meléndez Cárdenas
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y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos
cuando quiera que, resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión
de cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que, no se disponga
de otro medio de defensa judicial, salvo que, se trate de impedir un daño
irremediable, en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.
2.3 Problema jurídico.
19. Se contrae a determinar si es dable a través de la acción de tutela, examinar el
eventual quebranto de derechos fundamentales que pueda comportar el fallo de
Diecinueve (19) de Junio de Dos Mil Veinticinco (2025), por medio del cual el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A revocó la providencia de
Veintidós (22) de Septiembre de Dos Mil Veintitrés (2023), en la que, el Tribunal
Administrativo del Cesar accedió a las pretensiones formuladas en la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho promovida por el tutelante contra la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP) [expediente 20001-23-33-003-2017-00518-01], para
negarlas; y, en caso afirmativo, si se han vulnerado las garantías superiores al
debido proceso, igualdad y seguridad social invocadas en la solicitud de amparo.
2.4 La acción de tutela contra providencias judiciales.
20. De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional15 y de la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado16, es posible acudir
a la acción de tutela para obtener el amparo de derechos fundamentales cuando
estos resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. En este
contexto, se han estructurado ciertos requisitos de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales, generales y específicos, los cuales, deben
satisfacerse plenamente para identificar cuándo una sentencia judicial puede
someterse al examen de orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si
con la actuación se afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a
vulnerarlos porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos
judiciales ordinarios.
21. Requisitos generales: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente
15
Sentencia C-590 de 2005.
16
sentencia de 31 de julio de 2012, radicado núm. 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.
6
Acción de tutela: 11001-03-15-000-2026-01261-01
Accionante: José Del Carmen Meléndez Cárdenas
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relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que, se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que
se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv)
cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto
hubiese sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela, en consideración
al riguroso proceso de selección que hace la Corporación.
22. Requisitos específicos: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia;
(ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente
al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el
juzgador carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal
en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda
la decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error
inducido, se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de
terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos
fundamentales; (vi) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento por parte
de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos
de sus decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte
Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar
la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución, que procede
cuando la decisión judicial supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en
eventos en los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se
trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales.
23. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, en el sub lite se observa que, (i) el asunto planteado
comporta relevancia constitucional, en la medida en que, recae, a juicio del actor,
7
Acción de tutela: 11001-03-15-000-2026-01261-01
Accionante: José Del Carmen Meléndez Cárdenas
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en una indebida aplicación del precedente jurisprudencial de la Sección Segunda
del Consejo de Estado sobre los requisitos para poder acceder a la sustitución de
la pensión gracia post mortem, lo cual, de comprobarse, conllevaría a la vulneración
de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y seguridad social; (ii)
contra la decisión objeto de censura no procede recurso alguno; (iii) se
establecieron los hechos que originaron el supuesto quebranto de la aludida
garantía superior; y (iv) el fallo acusado no es de tutela.
24. En cuanto a la inmediatez, cabe precisar que, si bien es cierto que la providencia
atacada quedó ejecutoriada el Veinticuatro (24) de Julio de Dos Mil Veinticinco
(2025)17 y la solicitud de amparo se presentó el Dieciocho (18) de Febrero de Dos
Mil Veintiséis (2026), es decir, luego de 6 meses y 25 días, también lo es que, como
lo argumentó el apoderado del actor en su impugnación, este estuvo inmerso en
una compleja situación médica desde agosto de 2025 que, le ocasionó
consecutivas incapacidades durante esa fecha y hasta abril del año en curso,
inclusive, que le impidieron actuar en término, para lo cual aportó las
correspondientes pruebas, motivo por el cual, en este caso y, de manera
excepcional, la Sala flexibilizará este requisito, no sin antes advertir que, lo anterior
no fue expuesto en el escrito inicial, por lo que, en primera instancia se declaró su
improcedencia.
25. En razón a que, se colman los anteriores presupuestos, la Sala analizará el fondo
del asunto bajo la causal específica denominada desconocimiento del precedente
invocada por el demandante.
2.4.1 Desconocimiento del precedente.
26. Al respecto, se precisa que, el desconocimiento del precedente tiene dos
modalidades: (i) como causal autónoma de procedencia de la tutela contra
providencia judicial cuando se trata del precedente constitucional, y (ii) como
defecto sustantivo por el desconocimiento del precedente judicial. La primera tiene
su origen en el artículo 241 superior y se predica exclusivamente de los
precedentes fijados por la Corte Constitucional en su jurisprudencia18, y la segunda
17
El correo electrónico, mediante el cual se comunicó la decisión cuestionada, fue enviado el 17 de julio de 2025, motivo por
el cual se entiende notificada a los dos (2) días siguientes, esto es, el 21 de los mismos mes y año, conforme al artículo 205
(numeral 2) del CPACA.
18
Sentencia T-360 de 2014: «[…] En este orden de ideas, el precedente constitucional puede llegar a desconocerse cuando:
(i) se aplican disposiciones legales que han sido declaradas inexequibles por sentencias de control de constitucionalidad, (ii)
se contraría la ratio decidendi de sentencias de control de constitucionalidad, especialmente la interpretación de un precepto
8
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hace referencia a cuando la autoridad jurisdiccional se aparta del precedente
horizontal o vertical sin justificación suficiente, lo que lleva a concluir que la
providencia adolece de un defecto sustantivo19 en virtud de los principios del debido
proceso, igualdad y buena fe20.
2.5 Análisis del caso concreto.
27. En el asunto sub examine, los accionantes aducen que, la providencia
cuestionada incurrió en desconocimiento del precedente, al no aplicar la
sentencia proferida el Veintinueve (29) de Mayo de Dos Mil Veinticuatro (2024) por
la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado21, vigente al momento
en que, se emitió la determinación de primera instancia, en virtud de la cual, « […]
para el reconocimiento de la pensión gracia es requisito ineludible que el docente nacionalizado
cumpla la exigencia prevista en el artículo 1 de la Ley 114 de 1913, esto es, que complete los 20
años de servicios como docente del orden territorial».
28. No obstante, antes de proceder a realizar el estudio de fondo de este trámite
constitucional, cabe aclarar que, la pensión gracia se considera una prestación
especial otorgada a los docentes estatales territoriales, como reconocimiento a su
esfuerzo, capacidad, dedicación y conocimientos al servicio de la actividad
educativa cumplida durante un lapso no inferior a 20 años, entre otras exigencias.
Su regulación normativa se condensa en los siguientes párrafos:
29. El artículo 1º de la Ley 114 de 191322 consagró por primera vez la pensión gracia:
Los Maestros de Escuelas Primarias Oficiales que hayan servido en el Magisterio por
un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación
vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente Ley.
30. El numeral 3 del artículo 4 de la citada Ley determina que, para gozar de la gracia
de la pensión, es preciso que el interesado compruebe « [q]ue no ha recibido ni recibe
actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional […]».
que la Corte ha señalado es la que debe acogerse a la luz del texto superior, o (iii) se desconoce la parte resolutiva de una
sentencia de exequibilidad condicionada, o (iv) se desconoce el alcance de los derechos fundamentales fijado por la Corte
Constitucional a través de la ratio decidendi de sus sentencias de control de constitucionalidad o de revisión de tutela».
19
Ver sentencia T-087 de 2007, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa. Ver también, sentencias T-193 de 1995 M. P. Carlos
Gaviria Díaz, T-1625 de 2000 M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, T-522 de 2001 M. P. Manuel José Cepeda Espinosa,
T-462 de 2003 M. P. Eduardo Montealegre Lynnet, T-292 de 2006 M. P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-436 de 2009 M.
P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-161 de 2010 M. P. Jorge Iván Palacio Palacio y SU-448 de 2011 M. P. Mauricio González
Cuervo.
20
Ver entre otras, sentencias T-049 de 2007 M. P. Clara Inés Vargas Hernández, T-464 y T-794 de 2011 M. P. Jorge Iván
Palacio Palacio y C-634 de 2011 M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
21
Expediente 41001-23-33-000-2015-00256-01 (0473-2018), C. P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
22
«[Q]ue crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».
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Acción de tutela: 11001-03-15-000-2026-01261-01
Accionante: José Del Carmen Meléndez Cárdenas
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
31. De acuerdo con los antecedentes normativos, en concepto de la Sala, el
propósito de esta pensión fue compensar los bajos niveles salariales que recibían
los profesores de primaria en las entidades territoriales respecto de las
asignaciones que recibían los docentes vinculados directamente con la Nación; tal
diferencia surgía porque, en virtud de la Ley 39 de 190323, la educación pública
primaria estaba en cabeza de los municipios o departamentos, en tanto que, la
secundaria lo era a cargo de la Nación.
32. Posteriormente, la Ley 116 de 192824 amplió el beneficio de la pensión gracia a
los maestros de escuelas normales e inspectores de instrucción, así:
Artículo 6º. Los empleados y profesores de las Escuelas Normales y los Inspectores de
Instrucción Pública tienen derecho a la jubilación en los términos que contempla la ley 114 de
1913 y demás que a ésta complementan. Para el cómputo de los años de servicio se sumarán
los prestados en diversas épocas, tanto en el campo de la enseñanza primaria como en el de
la normalista, pudiéndose contar en aquella la que implica la inspección.
33. Al remitirse la norma transcrita a la Ley 114 de 1913, dejó incólume la exigencia
de no recibir otra pensión de carácter nacional para poder acceder a la pensión
gracia de jubilación, es decir, mantuvo la prohibición establecida en la Constitución
Nacional de 1886 de recibir doble asignación del erario, limitación que también
consagra el artículo 128 de la Carta actual25.
34. La Ley 37 de 193326 tampoco introdujo modificaciones a los presupuestos
contenidos en las Leyes 114 de 1913 y 116 de 1928, pero hizo extensiva la pensión
de gracia a los profesores que prestaran sus servicios en el nivel secundaria.
35. La Corte Constitucional, en sentencia C-479 del Nueve (9) de Septiembre de Mil
Novecientos Noventa y Ocho (1998)27, con ocasión de demanda de
inconstitucionalidad contra los artículos 1º (parcial) y 4 (numeral 3) de la Ley 114
de 1913, expresó:
En cuanto al aparte acusado del numeral 3 del artículo 4 de la ley 114 de 1913, que consagra
como requisito para gozar de la pensión de gracia el no haber recibido ni recibir actualmente
otra pensión o recompensa de carácter nacional, no encuentra la Corte que viola la Ley
Suprema, concretamente el principio de igualdad, pues el legislador, en virtud de las
facultades que la misma Carta le confiere, es competente para regular los aspectos relativos
23
«[S]obre Instrucción Pública».
24
«Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927».
25
«ARTICULO 128. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una asignación
que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los
casos expresamente determinados por la ley. Entiéndese por tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales
y el de las descentralizadas».
26
«Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos empleados».
27
M. P. Carlos Gaviria Díaz.
10
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a la pensión, incluyendo, obviamente, las condiciones para acceder a ella.
Por otra parte, es pertinente señalar que los recursos económicos del Estado para satisfacer
el pago de prestaciones sociales no son infinitos sino limitados y, por tanto, es perfectamente
legítimo que se establezcan ciertos condicionamientos o restricciones para gozar de una
pensión de jubilación. En este orden de ideas, la norma parcialmente acusada, tiene una
justificación objetiva y razonable, pues lo único que pretende es evitar la doble remuneración
de carácter nacional y así garantizar el precepto constitucional vigente desde la Constitución
de 1886 (art. 34), reproducido en la Carta de 1991 (art. 128), sobre la prohibición de recibir
doble asignación del Tesoro Público, salvo las excepciones que sobre la materia establezca
la ley.
36. A raíz del proceso de nacionalización de la educación ordenado por la Ley 43 de
197528, los profesores de primaria y secundaria quedaron vinculados a la Nación,
en virtud que, como lo dispuso esta normativa, «[l]a educación primaria y secundaria oficial
será un servicio público a cargo de la Nación». Como consecuencia de esta
transformación, ya no existirían diferencias salariales entre los distintos docentes
del sector oficial.
37. Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 15 (ordinal 2º), respecto
de las pensiones, preceptuó:
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las leyes
114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren desarrollado o
modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá
siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá
reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y
será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar esta a cargo
total o parcial de la Nación.
B. Para los docentes vinculados a partir del 1º de enero de 1981, nacionales y nacionalizados,
y para aquellos que se nombren a partir del 1º de enero de 1990, cuando se cumplan los
requisitos de ley, se reconocerá solo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario
mensual promedio del último año. Estos pensionados gozarán del régimen vigente para los
pensionados del sector público nacional y adicionalmente de una prima de medio año
equivalente a una mesada pensional.
38. Respecto de la citada norma, la Sala Plena de esta Corporación en fallo de
Veintiséis (26) de Agosto de Mil Novecientos Setenta y Siete (1977), sostuvo:
[…] La disposición transcrita se refiere de manera exclusiva a aquellos docentes
departamentales o regionales y municipales que quedaron comprendidos en el mencionado
proceso de nacionalización. A ellos, por habérseles sometido repentinamente a este cambio
de tratamiento, se les dio la oportunidad de que se les reconociera la referida pensión, siempre
que reunieran la totalidad de los requisitos y que hubiesen estado vinculados de conformidad
con las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933, con el aditamento de su compatibilidad
“[...] con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o
parcial de la Nación”, hecho que modificó la Ley 114 de 1913 para dichos docentes, en cuanto
ésta señalaba que no podía disfrutar de la pensión gracia quien recibiera “[…] otra pensión o
recompensa de carácter nacional”.
28
«[P]or la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los departamentos, el
Distrito Especial de Bogotá los municipios, las intendencias y comisarías; y se distribuye una participación, se ordenan obras
en materia educativa y se dictan otras disposiciones».
11
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[…]
5. La norma pretranscrita, sin duda, regula una situación transitoria, pues su propósito, como
se ve, no es otro que el colmar las expectativas de los docentes vinculados hasta el 31 de
diciembre de 1980 e involucrados, por su labor, en el proceso de nacionalización de la
educación primaria y secundaria oficiales.
6. De lo anterior se desprende que para los docentes nacionalizados que se hayan vinculado
después de la fecha a que se acaba de hacer referencia, no existe la posibilidad del
reconocimiento de tal pensión, sino de la establecida en el literal B del mismo precepto, o sea
la “[…] pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año”,
que se otorgará por igual a docentes nacionales o nacionalizados (literal B, No.2, artículo 15
Ib.) hecho que indica que el propósito del legislador fue ponerle fin a la pensión gracia.
También, que dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los
docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de
1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o
llegaren a tener derecho a la pensión de gracia […] siempre y cuando cumplan con la totalidad
de requisitos”. Y por último, que sin la ley 91 de 1989, en especial la norma contenida en el
literal A, numeral 2, de su artículo 15, dichos servidores no podrían beneficiarse del
reconocimiento de tal pensión, pues habiéndose nacionalizado la educación primaria y
secundaria oficiales, dicha prestación, en realidad, no tendría el carácter de graciosa que
inicialmente le asignó la ley29.
39. La Sección Segunda de esta Corporación se ocupó de dilucidar la interpretación
aplicable de la letra a del numeral 2 del artículo 15 de la mencionada Ley 91 de
1989, mediante sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-2021 de Once (11) de
Agosto de Dos Mil Veintidós (2022), expediente 15001-23-33-000-2016-00278-01
(3018-2017), en la que se fijó la siguiente regla en torno al tema, así:
Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de
1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al
31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos para
su reconocimiento.
40. Lo anotado, al considerar que, como lo coligió la Corte Constitucional en fallo
SU-14 de 202030, esa disposición «[…] solo tiene una lectura posible, esto es, la
interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los profesores de primaria, los
empleados y docentes de las Escuelas Normales, los inspectores de instrucción pública y los
docentes oficiales de secundaria aún podrían acceder a la prestación [después del 29 de diciembre
de 1989,] siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31 de diciembre de 1980 y cumplieran los
demás requisitos de ley». A partir de dicho entendimiento, se reconoció la pensión gracia a una
docente que se vinculó antes de la referida fecha y consolidó su estatus con posterioridad a la
promulgación de la Ley 91 de 1989».
41. De acuerdo con lo anterior, en criterio de la Corte Constitucional y el Consejo de
Estado, resulta dable conceder la pensión gracia a quien, pese a colmar los
29
Expediente S-699 del 26 de agosto de 1997, actor: Wilberto Therán Mogollón, magistrado ponente Nicolás Pájaro
Peñaranda.
30
M. P. José Fernando Reyes Cuartas.
12
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requisitos con posterioridad al Veintinueve (29) de Diciembre de Mil Novecientos
Ochenta y Nueve (1989) (entrada en vigor de la Ley 91 de ese año), sirvió al sector
educativo antes del Treinta y Uno (31) de Diciembre de Mil Novecientos Ochenta
(1980), umbral que, precisamente, previó el Legislador como plazo máximo para
iniciar tales labores y, por ende, ser acreedor de esa prestación.
42. En relación con la constitucionalidad del artículo 15, numeral 2, literal b, de la
Ley 91 de 1989, la Corte Constitucional, en sentencia C-84 de Diecisiete (17) de
Febrero de Mil Novecientos Noventa y Nueve (1999), expuso:
Los apartes acusados de la norma demandada, son exequibles.
3.2.1. De la propia evolución histórico-legislativa de la vinculación laboral de los “docentes
oficiales”, aparece claro que, en razón de la Ley 43 de 1975, tanto la educación primaria como
la secundaria oficial constituyen “un servicio a cargo de la Nación”, lo que significa que
culminado el tránsito entre el régimen anterior y el establecido por dicha ley, el 31 de diciembre
de 1980, no subsistió la antigua distinción entre docentes nacionales y territoriales, pues todos
pasaron a ser pagados con dineros de la Nación, por conducto de los Fondos Educativos
Regionales (FER), girados por concepto del situado Fiscal.
Por ello, con la expedición por el Congreso de la Ley 91 de 1989, en su artículo 15, numeral
2º, literal A, se dispuso que quienes venían vinculados como docentes oficiales hasta el
31 de diciembre de 1980 y por mandato de las leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de
1933 y, para entonces “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión gracia”,
continuarían con ese derecho, para que la misma le fuere reconocida con el lleno de los
requisitos legales correspondientes.
[…]
Así mismo, se observa por la Corte que, antes de la “nacionalización” de la educación primaria
y secundaria oficial decretada por la Ley 43 de 1975 para ser cumplida en un período de cinco
años, es decir hasta el 31 de diciembre de 1980, existían dos categorías de docentes oficiales,
a saber: los nacionales, vinculados laboralmente de manera directa al Ministerio de Educación
Nacional; y los territoriales, vinculados laboralmente a los departamentos, en nada se oponía
a la Constitución entonces en vigor, que existiera para éstos últimos la denominada “pensión
gracia”, de que trata la Ley 114 de 1913, posteriormente extendida a otros docentes por las
leyes 116 de 1928 y 37 de 1933, como tampoco se opone la prolongación de sus efectos en
el tiempo para quienes actualmente la disfrutan, o reunieron los requisitos sustanciales para
tener derecho a ella antes del 31 de diciembre de 1980, pues la diversidad de empleados
(nación o departamento), permitía, conforme a la Carta, establecer un trato distinto y una
excepción al principio general prohibitivo de devengar dos asignaciones del Tesoro Público,
situación ésta que resulta igualmente acompasada con la Constitución Política de 1991, pues
la norma acusada (artículo 4º, numeral 3º Ley 114 de 1913), en nada vulnera el principio de
la igualdad consagrado por el artículo 13 de la Carta Magna, el cual prohíbe dispensar trato
diferente y discriminado “por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua,
religión, opinión política o filosófica”, nada de lo cual ocurre en este caso.
La supuesta vulneración al derecho a la igualdad consagrado por el artículo 13 de la
Constitución Política por los apartes de la norma acusada, no existe. En efecto, el legislador,
conforme a lo establecido por el artículo 150 de la Constitución Nacional, en ejercicio de la
función de “hacer las leyes”, que asignaba también al Congreso Nacional el artículo 76 de la
Constitución anterior, puede regular lo atinente al régimen prestacional del Magisterio, como
efectivamente lo ha hecho.
La circunstancia de que, en ejercicio de esa función el Congreso Nacional haya preceptuado
que la “pensión de gracia” creada por la Ley 114 de 1913 para los maestros oficiales de
primaria y extendida luego a otros docentes, sólo se conserve como derecho para quienes
estaban vinculados al servicio antes del 1º de enero de 1981 y que no se conceda a los
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vinculados con posterioridad a esa fecha, no implica desconocimiento de ningún “derecho
adquirido”, es decir, no afecta situaciones jurídicas ya consolidadas, sino que se limita,
simplemente, a disponer que quienes ingresaron a partir de esa fecha, no tendrán posibilidad
de adquirir ese derecho, que constituía una “mera expectativa” la que, precisamente por serlo,
podía, legítimamente, ser suprimida por el legislador, pues a nadie se afecta en un derecho
ya radicado en cabeza suya de manera particular y concreta, por una parte; y, por otra, si las
situaciones fácticas de quienes ingresaron al Magisterio oficial antes y quienes ingresaron
después del 1º de enero de 1981 no son las mismas, es claro, entonces, que por ser disímiles
no exigen igualdad de trato, y que, las consideraciones sobre la antigüedad de la vinculación
laboral que se tuvieron en cuenta por el Congreso Nacional al expedir la normatividad cuya
exequibilidad se cuestiona, son razones que legitiman lo dispuesto por los apartes del artículo
15 de la Ley 91 de 1989, objeto de la acusación 31» [se subraya y destaca].
43. De manera que, para el reconocimiento y pago de la pensión gracia es
indispensable acreditar el cumplimiento de la totalidad de los requisitos
establecidos en la normativa que la regula, entre los que se encuentran, haber
prestado los servicios como docente en planteles departamentales, distritales o
municipales por un término no menor de veinte (20) años y que estuviere vinculado
antes del Treinta y Uno (31) de Diciembre de Mil Novecientos Ochenta (1980);
cumplir cincuenta (50) años de edad; y desempeñarse con honradez, consagración
y buena conducta.
44. Ahora bien, aunque la normativa atinente a la pensión gracia no regula lo
relacionado con la sustitución, la sección segunda del Consejo de Estado, en la
sentencia de unificación SUJ-029-CE-S2 de 2022 de Once (11) de Agosto de Dos
Mil Veintidós (2022)32, al analizar los requisitos que debe colmar el compañero o
compañera permanente o cónyuge supérstite que pretende que, se sustituya en él
o ella la pensión gracia de su pareja, fijó la siguiente regla:
La norma aplicable sobre el requisito de convivencia para el cónyuge supérstite o el
compañero permanente en materia de sustitución de pensión gracia es la vigente para la
fecha del deceso del causante, en armonía con lo dispuesto en el Acto Legislativo 01 de
2005, que remite a las leyes del Sistema General de Pensiones, sin perjuicio de los derechos
adquiridos bajo normas anteriores. En el caso de estar vigente el artículo 47 de la Ley 100
de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, se exige al cónyuge o al
compañero acreditar no menos de 5 años de convivencia con el docente o el pensionado.
45. Lo anotado, al precisar, entre otros aspectos, que, «[…] al ocurrir la muerte del docente
o del pensionado se habilita a los beneficiarios para reclamar la sustitución de la pensión gracia,
pues como ya se dijo, la pensión gracia es sustituible conforme las normas generales en materia
pensional, lo que obliga a remitirse a los preceptos vigentes para la fecha del fallecimiento.
31
En la sentencia C- 480 de 2000 la Corte reiteró que «por expresa voluntad del legislador la Ley 114 de 1913, continúa
teniendo vigencia en el tiempo pese a su derogación por el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, pues, como acaba de verse, el
legislador expresamente dispuso que a los docentes “vinculados hasta 31 de diciembre de 1980” que “tuviesen o llegaren
a tener derecho a la pensión gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos”.
Ello significa, a contrario sensu, que ella no rige para los vinculados a partir del 1º de enero de 1981, pues éstos docentes,
“nacionales y nacionalizados”, tendrán derecho “sólo a una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual
promedio del último año» (se destaca). La parte en negrillas de la Ley 91 de 1989 no ha sido retirada del orden jurídico.
32
Expediente 23001-23-33-000-2014-00444-01 (1655-2017), actora: Roby Rosy Ramos Reyes, accionada: UGPP.
14
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Razonamiento que excluye la aplicación de la Ley 71 de 1988 y el artículo 7 del Decreto 1160 de
1989, si el deceso acontece en vigencia de la Ley 100 de 1993. Máxime cuando en los términos del
Acto Legislativo 01 de 2005 los requisitos para adquirir la pensión de sobrevivencia serán los
establecidos por el Sistema General de Pensiones », normativa orientada a proteger a «[…]
la pareja que decide conformar con ánimo de permanencia un proyecto de vida en común en
términos económicos y afectivos para afrontar las dificultades de vida. Y, que el requisito de
convivencia pretende una finalidad legítima consistente en evitar uniones de último minuto para
defraudar al sistema. De igual manera es un mecanismo de protección del núcleo familiar del
fallecido para así evitar las reclamaciones ilegítimas de personas ajenas, dadas las dificultades
económicas a las que puede verse avocado debido a su muerte».
46. Posteriormente, la Sala de Sección Segunda, a través de sentencia del Nueve
(9) de Julio de Dos Mil Veinticuatro (2024), hizo un cambio jurisprudencial y, sobre
la pensión gracia post mortem, sostuvo:
«Con base en lo anterior, es claro que respecto a la sustitución pensional de la
pensión gracia, no es posible tener en cuenta el principio de favorabilidad, puesto
que no existen dos normas de igual o distinta fuente que regulen la aludida materia
y que ofrezcan una antinomia frente a la cual deba elegirse la más beneficiosa para
el trabajador, pues se insiste, sobre la prestación en comento ningún precepto ha
permitido sustituirla, por el contrario, el marco jurídico histórico que ha desarrollado
el legislador lo ha prohibido.
Pues bien, aun si se asegurara que tal postulado superior en estos casos debe
atenderse no por la contradicción de dos normas, sino por la variedad de
interpretaciones de una sola regulación, que en este caso serían el Decreto 224 de
1972 y la Ley 100 de 1993, tendría que concluirse que tampoco se configura lo propio
si se tiene en cuenta que dicha normativa no permite generar más de un sentido
acerca de la posibilidad de reconocer pensiones post mortem, pues esta es aplicable
exclusivamente para aquellas que cubren el riesgo de vejez con el modelo de
financiación a través de cotizaciones, es decir, para pensiones en estricto sentido y
no para dádivas fundadas en la condición intuitu personae del titular del beneficio,
por lo que no existiría una intelección más beneficiosa que deba ser elegida sobre
otra.
Adicionalmente, no es viable sostener que la normativa regulatoria de la pensión
gracia, tenga que preferirse el régimen pensional general como una especie de
complemento, puesto que al hacerlo se vulneraría también el principio de la
inescindibilidad que la misma Corte Constitucional asegura que no puede
desconocerse, al punto de crear una nueva regulación en uso de atribuciones y
competencias propias de la facultad legislativa del Congreso de la República, quien
desde 1886 (cuando se denominaba Consejo Nacional Legislativo), y hasta la fecha,
no ha considerado permitir la sustitución de aquel beneficio gratuito, pues al contrario,
ha mantenido su intención inicial de impedir que ello ocurra para el caso de las
recompensas. En conclusión, no existe el supuesto vacío, simplemente el legislador
no consagró el derecho.
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(…)
En conclusión, al margen del análisis que previamente había hecho el Consejo de
Estado sobre la procedencia del reconocimiento de la pensión gracia post mortem a
favor de los beneficiarios supérstites de un docente fallecido que no adquirió el
derecho en sí mismo por falta del tiempo de servicio, en aplicación del artículo 7.º del
Decreto 224 de 1972, lo cierto es que en esta oportunidad, la Sección Segunda se
aparta de dicho criterio y asume una nueva postura que fundamentada como se
expuso previamente, implica negar las pretensiones de la parte activa, por lo que se
revocará la sentencia de primera instancia para en su lugar declarar que el señor
Polidoro Gross Buitrago no tenía derecho al pago de una prerrogativa como la
solicitada.»33
47. Ahora bien, se tiene que, la autoridad accionada, en el fallo objeto de censura,
concluyó:
«Inicialmente, debe resaltarse que el presente litigio se originó en razón a que el reclamante
en calidad de cónyuge supérstite de la señora Joselina María Durán Núñez solicitó el
reconocimiento de una “pensión gracia post mortem”, para lo cual fundamentó la procedencia
de este derecho en que su causante, pese a no haber podido cumplir los 50 años de edad, sí
había acumulado el tiempo de servicio requerido para acceder al derecho principal, pues
antes de su deceso había alcanzado a trabajar como docente por más de 20 años.
Pues bien, el tribunal de primera instancia accedió a lo reclamado por aplicación analógica
del artículo 1.º de la Ley 12 de 1975, a fin de obviar el hecho de que la mencionada educadora
no logró cumplir con el requisito de la edad previsto en la Ley 114 de 1913, el cual siempre
ha constituido una exigencia indispensable en conjunto con los demás requisitos para poder
tener consolidada la pensión gracia.
Bajo este contexto es claro que, como la entidad apelante sustentó su reclamación no solo
en el análisis de la convivencia entre cónyuges, sino especialmente en la falta de adquisición
del derecho primigenio en cabeza de la causante, resulta perfectamente aplicables como
precedentes para este caso particular las […] sentencias del 29 de mayo y del 9 de julio de
2024 proferidas por la Sección Segunda de esta corporación, pues en estas se abordan
supuestos de hecho y de derecho similares a los del presente litigio.
[…]
Conforme a lo anterior, para la Sala resulta claro que la mencionada docente no satisfizo el
requisito de edad de 50 años, aun a pesar de haber acreditado el mínimo de 20 años de labor
oficial como maestra del orden nacionalizado.
Ahora bien, en la referida sentencia del 9 de julio de 2024 dictada por esta Sección se
concluyó de manera expresa lo siguiente al analizar la posibilidad de aplicar de manera
analógica las normas de la pensión ordinaria de jubilación a las de la pensión gracia:
«[…]
debido a que la normativa propia de la pensión gracia no contempló ningún postulado
que habilite su reconocimiento post mortem cuando el titular principal no hubiera
colmado todas las exigencias para ello, sería inadecuado extender el régimen
pensional general de manera absoluta y definitiva para todos los casos en los que se
formule este tipo de pretensiones, porque se desnaturalizaría la dádiva como fue
ideada, e incluso iría en contra de su esencia gratuita, meritoria y personal (intuitu
personae), la cual no ha cambiado a pesar del paso del tiempo.
Además, resulta pertinente precisar que, el artículo 7.º del Decreto 224 de 1972, así
33
Radicado núm. 68001-23-33-000-2012-00350-01 (2113-2014).
16
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como la Ley 33 de 1973, cuando mencionaron la posibilidad de reconocer una
prestación independiente a los sobrevivientes de un causante fallecido, siempre se
refirieron (por el mismo contexto y ámbito de aplicación de dichas normas), a la pensión
ordinaria de jubilación, vejez o invalidez, sin hacer mención a las prerrogativas gratuitas
o especiales como la pensión gracia.
[…].
En consecuencia, siguiendo esta misma línea jurisprudencial, es evidente que como la señora
Joselina María Durán Núñez no colmó una de las exigencias indispensables para consolidar
a su favor el derecho principal y original a la pensión gracia, mucho menos habría un sustento
jurídico válido y vigente que le permitiera al actor en calidad de cónyuge supérstite solicitar
para sí el reconocimiento de un beneficio que es independiente y autónomo como sería la
denominada “pensión gracia post mortem”.
Lo expuesto se justifica en la medida en que este derecho reclamado, por su esencia gratuita,
meritoria y dadivosa, es por naturaleza totalmente diferente al de una pensión ordinaria de
jubilación financiada con las cotizaciones del empleador y del trabajador como fuente de
respaldo económico y de carácter prestacional para mitigar una contingencia como la vejez,
o precisamente la muerte.
El explicado hecho diferencial entre la pensión gracia y la ordinaria, necesariamente conlleva
la imposibilidad jurídica de aplicar de manera análoga, automática, indistinta, subsidiaria,
residual e ilimitada todas las normas del régimen general de seguridad social (Ley 100 de
1993), o incluso la aludida Ley 12 de 1975 tenida en cuenta por el tribunal de origen, así como
tampoco las propias del magisterio como el Decreto 224 de 1972, y mucho menos
lineamientos jurisprudenciales anteriores al presente que al encontrarse reevaluados no
pueden ser observados con preferencia sobre las nuevas posturas vigentes que tienen
efectos retrospectivos sobre situaciones jurídicas no ejecutoriadas como la presente.
[…]
Con todo, en el caso particular es posible asegurar que, en atención a la nueva postura
jurídica de la Sección Segunda del Consejo de Estado, como la causante no cumplió los
requisitos normativos para que le fuera reconocida una pensión gracia antes de su muerte,
resulta dable concluir que es inviable acceder a las pretensiones de la demanda, por lo que
tendrá que revocarse el fallo apelado.»
48. De lo expuesto se colige que, la autoridad accionada determinó que, no había
lugar a reconocer la pensión gracia post mortem a la señora María Joselina Durán
Núñez (q. e. p. d.), toda vez que, no acreditó el requisito de la edad previsto en la
norma para el efecto y, por ende, al no otorgarse el derecho primigenio de la
causante, no era dable reconocer la sustitución de dicha prestación en favor de su
cónyuge supérstite.
49. Lo anterior, con fundamento en la sentencia de Nueve (9) de Julio de Dos Mil
Veinticuatro (2024) emitida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la
que se indicó que, no resultaba procedente aplicar de manera analógica las normas
de la pensión ordinaria de jubilación a las de la pensión gracia, debido a que, la
legislación propia de esta «[…] no contempló ningún postulado que habilite su reconocimiento
post mortem cuando el titular principal no hubiera colmado todas las exigencias para ello »,
máxime, cuando «[…] por su esencia gratuita, meritoria y dadivosa, es por naturaleza totalmente
diferente al de una pensión ordinaria de jubilación».
17
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50. En el contexto descrito, es claro para la Sala que, la Sección Segunda,
Subsección A de esta Corporación sustentó su decisión en el criterio acogido por
esta misma Sala de Sección el Nueve (9) de Julio de Dos Mil Veinticuatro (2024) e
interpretó, razonadamente, que, como la causante no acreditó uno de los requisitos
previstos en la ley para acceder a la pensión gracia, no había lugar al
reconocimiento post mortem.
51. En ese sentido, aunque el accionante afirma que, la Subsección A se apartó
inadecuadamente del criterio contenido en la sentencia proferida el Veintinueve
(29) de Mayo de Dos Mil Veinticuatro (2024) por la Sala Plena de la Sección
Segunda del Consejo de Estado34, vigente al momento en que, se emitió la
determinación de primera instancia, lo cierto es que, la autoridad judicial
demandada aplicó el criterio fijado en una sentencia proferida con posterioridad,
esto es, el Nueve (9) de Julio de Dos Mil Veinticuatro (2024), por lo que, no se
configura el desconocimiento del precedente alegado. Debe precisarse que, al
contener un criterio suficiente y razonablemente sustentado, al amparo de una
sentencia vigente al momento de proferir la decisión objeto de reproche, la decisión
del juez natural de la causa debe ser respetada en virtud de los principios de
autonomía e independencia judicial.
52. De otra parte, respecto del reproche relacionado con la supuesta vulneración del
principio de congruencia porque, en entender del accionante, la providencia
cuestionada se apartó de la fijación del litigio, al resolver aspectos que, no fueron
objeto de debate ni contradicción procesal en el recurso de apelación interpuesto
por la UGPP, especialmente porque, la discusión se centró en el supuesto
incumplimiento del presupuesto de la convivencia durante los últimos 5 años de
vida de la causante, la Sala estima que, este puede ser ventilado a través del
recurso extraordinario de revisión.
53. Ello, habida cuenta que, dentro de las causales de procedencia del mencionado
mecanismo, se encuentra la consagrada en el numeral 5 del artículo 250 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) 35,
consistente en «[e]xistir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que
34
Expediente 41001-23-33-000-2015-00256-01 (0473-2018), C. P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
35
Comoquiera que la sentencia atacada quedó ejecutoriada el 28 de octubre de 2020, esto es, en vigor del referido
ordenamiento, este le resulta aplicable al recurso extraordinario de revisión que contra aquella eventualmente se interponga.
18
Acción de tutela: 11001-03-15-000-2026-01261-01
Accionante: José Del Carmen Meléndez Cárdenas
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
no procede recurso de apelación», la cual, se configura, entre otras situaciones, cuando
la providencia desconoce el referido principio, tal como lo anotó esta Corporación36
en los siguientes términos:
[…] la jurisprudencia de la Sala Plena Contenciosa ha indicado que debe aceptarse
que la causal 6ª del artículo 188 del C.C.A., hoy 5 del artículo 250 del CPACA, por
nulidad originada en la sentencia, se configura, entre otras razones, cuando al
demandado se le condena por cantidad superior, o por objeto distinto del pretendido
en la demanda o por causa diferente a la invocada en la misma.
Circunstancia que también podría encuadrarse en la causal de falta de competencia, en este
caso, en cuanto el juez se pronuncia por fuera de los límites impuestos en la causa petendi.
Ello significa que es procedente el recurso extraordinario de revisión contra los fallos dictados
por esta jurisdicción en segunda instancia o única, si se alega el desconocimiento del
principio de la congruencia, que en últimas implica una actuación sin competencia.
[…] la causal de revisión contenida en el numeral 5º del artículo 250 del CPACA -antes 6 del
artículo 188 del C.C.A.-, es decir, nulidad originada en la sentencia, se puede configurar
cuando el fallo objeto de revisión ha desatendido la congruencia […] pues […] el fallador
incurre en una clara violación del debido proceso, artículo 29 constitucional, dado que la
providencia proferida en esos términos resulta contraria a las formas propias de cada juicio,
en específico, la falta de competencia del juez para abordar asuntos frente a los cuales no se
podía pronunciar.
54. Desde esta perspectiva, se colige que, el recurso extraordinario de revisión
comporta un instrumento judicial apropiado para corregir yerros, como el
desconocimiento del principio de congruencia, contenidos en providencias
ejecutoriadas, con la finalidad de preservar el sistema normativo y alcanzar la
justicia material, el cual está supeditado a la configuración de alguna de las
causales expresamente enunciadas en el artículo 250 del CPACA, en asuntos
tramitados ante la jurisdicción contencioso administrativa.
III. DECISIÓN
55. Por las razones mencionadas, la Sala considera que, en el presente asunto no
se configura el desconocimiento del precedente judicial invocado por lo que, se
modificará la sentencia de primera instancia que, declaró la improcedencia de la
acción para, en su lugar, negar las pretensiones frente a este defecto. Por lo demás,
se confirmará el fallo impugnado, en cuanto declaró la improcedencia, pero por las
razones aquí expuestas.
36
Sala especial 22 de lo contencioso-administrativo, providencia de 2 de febrero de 2016, expediente: 11001-03-15-000-
2015-02342-00.
19
Acción de tutela: 11001-03-15-000-2026-01261-01
Accionante: José Del Carmen Meléndez Cárdenas
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
56. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,
FALLA:
PRIMERO. MODIFICAR la sentencia de Cinco (5) de Marzo de Dos Mil Veintiséis
(2026), a través de la cual el Consejo de Estado, Sección Primera, declaró
improcedente la acción de tutela de la referencia por no acreditar el requisito de
inmediatez; en su lugar, NEGAR el amparo de los derechos los derechos
fundamentales al debido proceso, igualdad y seguridad social invocados por José
del Carmen Meléndez Cárdenas, respecto del defecto de desconocimiento del
precedente, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. Confirmar, en lo demás, la sentencia impugnada, en cuanto declaró la
improcedencia de la acción de tutela, pero por las razones aquí expuestas.
TERCERO. NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más expedito,
en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.
CUARTO. Ejecutoriado este fallo, como lo prevé el artículo 32 del Decreto ley 2591
de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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