Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00953-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-00953-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00953-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-00953-01
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
22 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 22 de mayo de 2026
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00953-01
Demandante: Mario Antonio Ávila Bohórquez y otro
Demandado: Consejo de Estado - Sección Segunda- Subsección A
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Relevancia constitucional -
Confirma
Síntesis del caso: La parte actora enjuició la sentencia de segunda instancia, mediante la
cual se revocó la decisión que accedió a las pretensiones de una demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho de carácter laboral y, en su lugar, las negó.
De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver la
impugnación presentada por la parte actora contra la Sentencia de 12 de
marzo de 2026, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado
mediante la cual se declaró improcedente la solicitud de amparo por no
superar el requisito de relevancia constitucional2.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Sentencia de primera instancia e
impugnación.
1.1. Posición de la parte actora
1. El 10 de febrero de 2026, Mario Antonio Ávila Bohórquez y Mario Steven
Ávila Bernal, en nombre propio, presentaron una acción de tutela contra la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado por la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia, igualdad y seguridad social, con ocasión de la
Sentencia de 17 de julio de 2025, proferida por la autoridad judicial
accionada, en el marco del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho No. 15001-23-33-000-2013-00723-01.
2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se trascribe):
1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de
2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
2
“PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, de conformidad con lo señalado en la
parte motiva de esta sentencia.”
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00953-01
Demandante: Mario Antonio Ávila Bohórquez y otro
Demandado: Consejo de Estado- Sección Segunda- Subsección A
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma improcedencia
_____________________________________________________________________________________________________________
“PRIMERA. - DECLARAR que en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, Expediente No. 15001 23 33 000 2013 00723 01
(0446–2015) SUBSECCIÓN “A” DE LA SECCIÓN SEGUNDA DEL HONORABLE
CONSEJO DE ESTADO, Consejero Ponente Dr. Luis Eduardo Mesa Nieves al
revocar la sentencia del 17 de julio de 2014 emitida por el Tribunal Administrativo
de Boyacá y negar las pretensiones de la demanda encaminada al
reconocimiento de la pensión de gracia post mortem, vulneró los derechos
fundamentales a la igualdad frente a la ley y la jurisprudencia, el debido
proceso judicial, el régimen especial de la pensión gracia post mortem, el
acceso de la administración de justicia, los derechos adquiridos con justo título
y demás que considere la Honorable Corporación.
SEGUNDA. - Declarar que el fallo de segunda instancia del 17 de julio de 2025,
notificada el 20 de agosto de 2025, con radicación No. 15001 23 33 000 2013
00723 01 (0446–2015) carece de efectos legales.
TERCERA- En consecuencia, ordenar para que dentro de los términos que
considere prudente el señor Juez Constitucional, la Corporación accionada
profiera nueva sentencia en la cual se realice una valoración integral de las
pruebas y de los precedentes jurisprudenciales vigentes, especialmente en lo
concerniente al requisito de la edad para el reconocimiento de la pensión
gracia post mortem, de manera que se garantice la efectividad de los derechos
fundamentales vulnerados.
CUARTA. - Las declaraciones y ordenes que el Honorable Tribunal Corporativo
considere necesarias para restablecer los derechos fundamentales vulnerados
con el fallo de segundo grado, objeto de la controversia constitucional.”
3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se
extraen los siguientes:
4. 1) Erma Bernal Suárez nació el 27 de octubre de 1955, se desempeñó
como docente oficial desde el 12 de marzo de 1975 hasta el 10 de diciembre
de 2003, y falleció el 14 de enero de 2004.
5. 2) El 19 de marzo de 1988, Erma Bernal Suárez y Mario Antonio Ávila
Bohórquez contrajeron matrimonio y tuvieron un hijo.
6. 3) El 24 de julio de 2007, el señor Ávila Bohórquez radicó ante la Caja
Nacional de Previsión Social (Cajanal) solicitud para el reconocimiento y
pago de la pensión gracia post mortem a causa de la muerte de la señora
Bernal Suárez. La petición fue negada mediante la Resolución No. UGM
54378 de 15 de agosto de 2012 por falta de documentos. El peticionario
interpuso recurso de reposición y aportó la documentación requerida, pero
no hubo pronunciamiento por parte de la entidad.
7. 4) El 26 de septiembre de 2013, el señor Ávila Bohórquez presentó
demanda, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), y pretendió
que: (1) se declarara la nulidad de la Resolución No. UGM 54378 de 15 de
agosto de 2012, así como del acto presunto negativo que se configuró por
la falta de respuesta al recurso de reposición, y, (2) a título de
2 de 10
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00953-01
Demandante: Mario Antonio Ávila Bohórquez y otro
Demandado: Consejo de Estado- Sección Segunda- Subsección A
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma improcedencia
_____________________________________________________________________________________________________________
restablecimiento del derecho, el reconocimiento y pago de la pensión
gracia post mortem a causa de la muerte de la señora Bernal Suárez.
8. 5) Mediante Sentencia de 11 de julio de 2014, el Tribunal Administrativo
de Boyacá accedió a las pretensiones de la demanda3 y condenó en costas
a la parte demandada. Indicó que la negativa de la solicitud por parte de
la Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal) obedeció a la falta de
documentación requerida, concretamente, el registro civil de nacimiento
de la causante y el documento de identidad. Sin embargo, ya que dicha
documentación se allegó con el recurso de reposición se encontraban
acreditados los requisitos para acceder a la pensión gracia post mortem.
9. 6) Contra la decisión anterior, la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP) interpuso recurso de apelación. Indicó que los actos administrativos
demandados se expidieron con base en la normativa y jurisprudencia
vigente, y que la negativa de la solicitud para el reconocimiento de la
prestación obedeció a la falta de documentación requerida, pues no se
aportó documento alguno que acreditara la vinculación docente territorial
o nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 de la señora
Bernal Suárez.
10. 7) El 10 de agosto de 2023, la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado profirió auto mediante el cual, ordenó oficiar al
departamento de Boyacá para que allegara y certificara la información
relevante a la prestación del servicio docente de Erma Bernal Suárez. Dicho
requerimiento fue contestado el 9 de noviembre de 2023 con la información
requerida4.
11. 8) Mediante Sentencia de 17 de julio de 2025, la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado revocó la decisión de primera
instancia y negó las pretensiones de la demanda5. Indicó que, conforme
con las pruebas obrantes en el expediente, Erma Bernal Suárez nació el 27
de octubre de 1955 y falleció el 14 de enero de 2004, cuando tenía 48 años
y 2 meses. En consecuencia, no se cumplió con el requisito de 50 años
3 “14. Con fallo de 11 de julio de 2014, el transcurso de la audiencia inicial de que trata el artículo 180 de la Ley
1437 de 2011, el Tribunal Administrativo de Boyacá declaró la nulidad de la Resolución UGM 054378 de 15 de
agosto de 2012 y del acto ficto o presunto negativo configurado por el silencio de la administración respecto del
recurso de reposición presentado en contra de la anterior resolución, en ese sentido, ordenó reconocer a partir
del 14 de enero de 2004, y con efectos fiscales a partir del 24 de julio de 2004, la pensión gracia post mortem
causada por Erma Bernal Suárez a favor del señor Mario Antonio Ávila Bohórquez y de su hijo Mario Steven Ávila
Bernal hasta que cumpla la mayoría de edad; así mismo, condenó en costas a la entidad demandada como
parte vencida en el proceso, y fijó las agencias en derecho en un 12% de los valores reconocidos.” Trascripción
Sentencia de segunda instancia proferida en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
4 Se allegó: (1) Decreto No. 108 de 1975, mediante el cual se nombró a Erma Bernal Suárez como docente de la
Escuela Rural Tocavita, y, (2) certificación de historia laboral de la causante.
5 “PRIMERO. REVOCAR la sentencia de 11 de julio de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, que
accedió a las súplicas de la demanda, en su lugar se NIEGAN las mismas, conforme la motivación.”
3 de 10
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00953-01
Demandante: Mario Antonio Ávila Bohórquez y otro
Demandado: Consejo de Estado- Sección Segunda- Subsección A
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma improcedencia
_____________________________________________________________________________________________________________
exigido para el reconocimiento de la pensión gracia, circunstancia que
impidió el estudio de los demás requisitos.
12. Como fundamento de su decisión, la Subsección hizo un recuento
histórico de la normativa y de la jurisprudencia frente a la pensión gracia, la
pensión gracia post mortem, sus requisitos y alcance. Señaló que, si bien en
pronunciamientos anteriores se había reconocido excepcionalmente la
prestación, aun cuando no se cumplían todos los requisitos, por ejemplo, los
20 años de servicio; no obstante, las Sentencias de Unificación proferidas por
la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado el 29 de mayo6
y 9 de julio de 20247, cambiaron dicha línea jurisprudencial y establecieron
que la pensión gracia solo procedía cuando se acreditaban todos los
requisitos previstos en la ley, dado que la figura constituía una “recompensa”
y no una “seguridad social”8. En consecuencia, ya que la causante no había
adquirido la pensión gracia antes de su fallecimiento pues no tenía la edad
mínima exigida para ello, no era posible acceder al reconocimiento de la
pensión gracia post mortem en favor de sus beneficiarios.
13. Como fundamento de la vulneración, los accionantes indicaron que
la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto sustantivo,
desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución.
14. Indicó que la Subsección omitió tener en cuenta lo previsto en el
artículo 1 y 4 de la Ley 114 de 19139 y el artículo 1 de la Ley 12 de 197510, toda
vez que estaban plenamente acreditados todos los requisitos legales para
6 Consejo de Estado, Sala Plena, Sección Segunda, Rad No. 41001-23-33-000-2015-00256-01 (0473-2019).
7 Consejo de Estado, Sala Plena, Sección Segunda, Rad No. 68001-23-33-000-2012-00350-01 (2113-2014).
8 “Así, luego de un estudio del contexto histórico y social en el que se creó la pensión gracia; del objeto, alcance
y requisitos de aplicación de los principios constitucionales de igualdad, proporcionalidad y progresividad en
materia laboral, sostuvo que desde un punto de vista legal, bajo el criterio de interpretación gramatical o literal y
sistemático de la norma, no se advierte la posibilidad de reemplazar la exigibilidad del tiempo de servicio, antes,
se observa es la taxatividad de la obligatoriedad de acreditar el mismo. Y bajo un criterio histórico-subjetivo, la
pensión gracia se enmarca en una noción de “recompensa” más no de “seguridad social”. De manera que,
concluir que es posible el reconocimiento de la prestación en comento sin completar el tiempo de servicio, resulta
contrario a la motivación y finalidad que sostuvo el legislador al proferir la normativa de tal dádiva”. Sentencia de
segunda instancia del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
9 “ARTÍCULO 1º.- Los Maestros de Escuelas Primarias oficiales que hayan servido en el magisterio por un término no
menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las prescripciones
de la presente Ley. Artículo 15 Ley 91 de 1989 Artículo 19 Ley 4 de 1992
ARTÍCULO 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe:
1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional. Por consiguiente,
lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como
tal, concedidas por la Nación o por un Departamento Ver Artículo 19 Ley 4 de 1992 Artículo 6 Ley 60 de
1993 Decreto Nacional 224 de 1972
Nota: Esta vigente el régimen de excepción para el personal docente en materia de edad. En el sector docente
la edad y el tiempo de servicios es la misma para el hombre y la mujer o sea 50 años y 20 años de servicios.
4. Que observe buena conducta.
5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad u otra causa, de ganar lo
necesario para su sostenimiento.”
10 “ARTÍCULO 1.- El cónyuge supérstite o la compañera permanente de un trabajador particular o de un empleado
o trabajador del sector público, y sus hijos menores o inválidos, tendrán derecho a la pensión de jubilación del otro
cónyuge si éste falleciere antes de cumplir la edad cronológica para esta prestación, pero que hubiere
completado el tiempo de servicio consagrado para ella en la Ley, o en convenciones colectivas.”
4 de 10
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00953-01
Demandante: Mario Antonio Ávila Bohórquez y otro
Demandado: Consejo de Estado- Sección Segunda- Subsección A
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma improcedencia
_____________________________________________________________________________________________________________
acceder a la pensión gracia post mortem, pues Erma Bernal Suárez estuvo
en servicio como docente por más de 20 años.
15. Asimismo, señaló que se hizo una indebida interpretación de la
Sentencia de Unificación de 29 de mayo de 2024, proferida por la Sala Plena
de la Sección Segunda del Consejo de Estado y que se desconoció la
Sentencia de Unificación – SUJ-029 -CE-S2 de 2022 emitida por la misma
Corporación, habida cuenta de que las providencias en cita dejaron claro
que, si la causante había cumplido con los 20 años de servicio, aun si había
fallecido antes de cumplir los 50 años, se debía reconocer la pensión gracia
post mortem en favor de los beneficiarios.
16. Finalmente, afirmó que la decisión acusada tuvo una interpretación
restrictiva y regresiva de sus derechos, vulneró el principio de favorabilidad
laboral y la finalidad protectora de la pensión gracia, y afectó directamente
los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso y seguridad
social, lo que constituía una violación directa de la Constitución.
1.2. Sentencia de primera instancia11 e impugnación
17. Mediante Sentencia de 12 de marzo de 2026, la Sección Primera del
Consejo de Estado declaró improcedente la presente solicitud de amparo
por no haber superado el requisito de relevancia constitucional.
18. Como argumento de su decisión, expuso que los reparos presentados
por el accionante resultaban de un desacuerdo con lo decidido por no
ajustarse a sus pretensiones, más no de una vulneración en el estudio del
alcance de los derechos fundamentales invocados. Aunado a lo anterior,
indicó que pretendía revivir un debate que fue previamente surtido en
instancias ordinarias y del cual hubo un pronunciamiento de fondo.
Finalmente, recalcó que la acción de tutela no podía ser utilizada como una
instancia o recurso adicional para reabrir un debate meramente legal.
19. Inconforme con la decisión, la parte actora presentó escrito de
impugnación, en el cual puso de presente que, contrario a lo explicado por
el juez de primera instancia, la presente acción de tutela sí superaba el
requisito de relevancia constitucional porque se cuestionaba la
compatibilidad de la sentencia acusada con los artículos 13, 48 y 53 de la
Constitución. Aunado a ello, insistió en los mismos argumentos expuestos en
la acción de tutela, respecto del cumplimiento de los requisitos para la
procedencia y reconocimiento de la pensión gracia post mortem.
11 Mediante Auto de 16 de febrero de 2026, el juez de primera instancia resolvió (1) admitir la solicitud de amparo,
(2) tener como accionado a la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado y, (3) vincular al
Tribunal Administrativo de Boyacá, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la protección Social (UGPP).
5 de 10
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00953-01
Demandante: Mario Antonio Ávila Bohórquez y otro
Demandado: Consejo de Estado- Sección Segunda- Subsección A
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma improcedencia
_____________________________________________________________________________________________________________
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido: 2.1. Fijación de la controversia. 2.2. Procedencia de la acción de tutela. 2.3.
Conclusión
2.1. Fijación de la controversia
20. Le corresponde a la Sala verificar si la presente acción de tutela
satisfizo, o no, el requisito de relevancia constitucional. En el evento en el que
la respuesta a este interrogante sea afirmativa, se procederá a establecer,
una vez verificados los demás requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela, si el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
vulneró los derechos fundamentales de la parte actora al debido proceso,
acceso a la administración de justicia, igualdad y seguridad social con
ocasión de la Sentencia de 17 de julio de 2025, proferida por la autoridad
judicial accionada, en el marco del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho No. 15001-23-33-000-2013-00723-01. Como
consecuencia de lo anterior, se confirmará, modificará o revocará la
decisión de tutela de primer grado.
2.2. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
21. La Sala confirmará la improcedencia de la acción de tutela, tras
evidenciar que no se satisfizo el requisito de relevancia constitucional.
22. Para la Corte Constitucional, este requisito (relevancia constitucional)
encuentra su razón de ser en el carácter residual de esta acción, la
especialidad de las competencias tanto de los jueces de tutela como de los
jueces ordinarios, así como la necesidad de evitar que este mecanismo se
convierta en una instancia adicional para reabrir debates de carácter legal.
En ese orden, como finalidades de la relevancia constitucional han sido
identificadas las de preservar las competencias judiciales, respetar la
autonomía e independencia de los jueces, restringir la acción de tutela a
asuntos donde se afecten los derechos fundamentales e impedir que esta
se convierta en una instancia adicional12.
23. Por su parte, la Corte Constitucional, en Sentencia SU-295 de 202313,
estableció que la relevancia constitucional se acredita a partir de tres
criterios: (1) no tratarse de asuntos legales o meramente económicos, (2)
perseguir la protección de derechos fundamentales y (3) no reabrir debates
concluidos.
12 Corte Constitucional, Sentencias SU-573 de 2019, SU-128 de 2021 y SU-215 de 2022.
13 Reiterado en: Corte Constitucional, Sentencia SU-169 de 2024.
6 de 10
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00953-01
Demandante: Mario Antonio Ávila Bohórquez y otro
Demandado: Consejo de Estado- Sección Segunda- Subsección A
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma improcedencia
_____________________________________________________________________________________________________________
24. En sentido similar, la Sala Plena del Consejo de Estado, en Sentencia
de 5 de agosto de 2014, Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01(IJ), adujo
expresamente que el requisito que se analiza requiere la conjunción de
varios elementos: (1) una carga argumentativa por parte del accionante
que explique, con suficiencia, la relevancia de la controversia para el juez
de tutela, esto es, la necesidad de su intervención en el asunto14; (2) que la
solicitud de amparo no se presente con el objeto de obtener una
instancia adicional al proceso ordinario15 y (3) que se trate de una
controversia sobre derechos fundamentales y no asuntos de simple
legalidad16.
25. Bajo este entendido, la Sala considera que, aunque la actora hizo
referencia a que existía una vulneración de sus derechos constitucionales,
ello, por sí solo, no justifica ni explica por qué esta controversia tiene una
marcada trascendencia constitucional que amerite la intervención del juez
de tutela. Es más, se considera que pretendió revivir un debate propio del
juez natural sobre una situación definida y consolidada. Así, buscó que, a
través de la acción de tutela, se estudiaran nuevamente argumentos
similares a los planteados en la demanda del proceso ordinario, esto es,
reabrir el debate jurídico relativo a la procedencia y reconocimiento de la
pensión gracia post mortem respecto de Erma Bernal Suárez.
26. La Sala advirtió que la parte actora reiteró argumentos similares a los
que había expuesto en el proceso ordinario, en particular, en la demanda17.
En efecto, sostuvo que la señora Bernal Suárez había estado en servicio
docente por más de 20 años, razón por la cual, pese a que no se cumplía
con el requisito de 50 años exigido al momento de su muerte, por línea
jurisprudencial, se había determinado que se accedería a la pensión gracia
post mortem. Debe precisarse que tales argumentos fueron abordados y
resueltos por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
en los siguientes términos (se trascribe):
14 Consejo de Estado. Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, Exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01. “El primer
elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es
de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales.// A juicio de la Sala, si bien es cierto que el juez de tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de
argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el juez pueda determinar si se cumple tal requisito,
so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional.”
15 Ídem. “El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal
adicional. En consecuencia, en caso [de] que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión del actor,
la decisión será rechazarla o declararla improcedente.”
16 Ídem. “La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos
fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no involucre
aquellos. Dichas cuestiones carecerían de relevancia constitucional.”
17 “9. Recordó que, la pensión de gracia fue concebida como una medida de justicia social para los docentes de
primaria del orden territorial, quienes, a diferencia de sus pares del nivel nacional, enfrentaban condiciones
laborales precarias debido a la debilidad financiera de los entes territoriales. Precisó que la legislación posterior
amplió su cobertura a otros niveles del magisterio oficial, reconociendo la importancia de su labor. Explicó que, en
el caso concreto, la docente Bernal Suárez laboró por más de 28 años, cumpliendo con el requisito de tiempo de
servicio, aunque no alcanzó la edad mínima exigida al momento de su fallecimiento. No obstante, la jurisprudencia
ha reconocido que, una vez consolidado el derecho pensional, este se incorpora al patrimonio del beneficiario y
puede ser objeto de sustitución.” Transcripción sentencia de segunda instancia del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho.
7 de 10
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00953-01
Demandante: Mario Antonio Ávila Bohórquez y otro
Demandado: Consejo de Estado- Sección Segunda- Subsección A
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma improcedencia
_____________________________________________________________________________________________________________
“(…) 47. Pues bien, la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado estimó
necesario revisar el criterio jurisprudencial en comento, y a través de las sentencias
de 29 de mayo de 202421 y de 9 de julio de 202422, dictadas por importancia jurídica,
emitió un cambio jurisprudencial, concluyendo que la pensión gracia debe ser
reconocida siempre que se cumpla la totalidad de los requisitos contemplados en la
ley para el efecto, y especialmente se refirió al requerimiento de los 20 años de
servicios.
(…)
57. Agregó la Sala que el artículo 7.º del Decreto 224 de 1972, así como la Ley 33 de
1973, refiere el reconocimiento a los beneficiarios del causante fallecido en el campo
de la pensión de jubilación, vejez o invalidez, más no se contemplaron prestaciones
gratuitas como la de gracia; y que esta última en modo alguno constituye el sustento
principal del sostenimiento de los familiares del docente fallecido, sino un ingreso
adicional, de manera que no se les vulneran derechos constitucionales. Que no es
posible tener en cuenta en este asunto el principio de favorabilidad, pues, ello
supone la existencia de dos normal de igual o distinta fuente que reglamente la
materia, y que avizore una antinomia que amerite definir cuál sería la más
beneficiosa al trabajador, situación que no ocurre, dado que se insiste, no existe
disposición que contemple la sustitución de la pensión gracia.
(…)
59. Conclusión: Con fundamento en el anterior estudio, puede concretarse entonces,
que la Sección Segunda del Consejo de Estado varió el criterio jurisprudencial, y
actualmente no hay lugar a reconocer ni a sustituir la pensión gracia en los casos en
que el docente solicitante o causante de la prestación no acredita el requisito de los
20 años de servicios contemplado en la Ley 114 de 1913, o en general no alcanza el
cumplimiento de las exigencias de ley, entre estas, el requisito de edad, criterio que
comparte esta Sala de Subsección y que por tanto será tenido en cuenta para
resolver el asunto que convoca.
(…)
63. Revisado el expediente, y con el objeto de resolver el problema jurídico
planteado, la Sala observa copia de la cédula de ciudadanía y del registro civil de
nacimiento de la señora Erma Bernal Suárez24, que evidencia que nació el 27 de
octubre de 1955. A su vez obra registro civil de defunción, del que se extrae que
falleció el 14 de enero de 2004 a la edad de 48 años y 2 meses de vida.
64. Por tanto, la docente no cumplió con el requisito de 50 años de edad, exigible
para el reconocimiento de la pensión gracia, lo que imposibilita a la Sala el estudio
de los tiempos de servicios, y buena conducta en el desempeño de la función.
(…)
67. Nótese que el artículo 7 del Decreto 224 de 1972, habilita el reconocimiento a los
beneficiarios del causante fallecido en torno a la pensión de jubilación, vejez o
invalidez, más no contempló la pensión gracia; y ello tiene razón de ser, en la medida
que esta última no tiene como finalidad solventar contingencias, y menos aún servir
de sustento principal del sostenimiento de los familiares del finado; además su
reconocimiento es como recompensa a la labor desempeñada y por tanto intuito
personae.
68. En vista del fundamento de la pensión gracia, mal podría considerarse que su no
transmisibilidad afecta derecho fundamental alguno, y menos aún desconoce el
principio de favorabilidad, pues, no se está ante la existencia de dos disposiciones
que regulen la misma materia, conforme se explicó en párrafo anterior.
69. Descartado entonces la procedencia de la aplicación del plurinombrado
decreto al caso concreto, ante el incumplimiento del requisito de edad, no resulta
posible reconocer la prestación deprecada, ya que el legislador no dejó lugar a
equívocos respecto a la necesidad de acreditación de todos los requerimientos de
ley.
70. En ese orden, si bien con anterioridad esta Corporación reconoció la prestación
en comento a docentes que por causas ajenas no lograban cumplir con los requisitos
exigidos, lo cierto es que a partir de las sentencias dictadas por la Sala Plena de la
Sección Segunda por importancia jurídica el pasado 24 de mayo y 9 de julio de 2024,
8 de 10
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00953-01
Demandante: Mario Antonio Ávila Bohórquez y otro
Demandado: Consejo de Estado- Sección Segunda- Subsección A
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma improcedencia
_____________________________________________________________________________________________________________
que tiene un carácter vinculante, no es posible acceder a ello respecto a quien no
cumple con todos los requisitos.”
27. En virtud de lo anterior, debe señalarse que no se evidenció la
necesidad de intervención del juez de tutela en un asunto que ya fue
resuelto por el juez del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho,
el cual puso de presente las razones por las cuales consideró que debía
revocar la decisión de primera instancia, y, en su lugar, negar las
pretensiones de la demanda.
28. Asimismo, si bien la parte actora estimó que hubo una indebida
interpretación de la Sentencia de Unificación de 29 de mayo de 202418 y se
desconoció la Sentencia SUJ-029-CE-S2 de 2022, proferidas por la Sala Plena
de la Sección Segunda del Consejo, se advierte que dichas providencias
fueron analizadas y estudiadas por la autoridad judicial accionada, al
momento de realizar el recuento histórico de cara al cambio en la línea
jurisprudencial de la figura jurídica bajo estudio.
29. En consecuencia, se advierte que la inconformidad de los
accionantes se origina en la interpretación normativa y jurisprudencial
efectuada por el juez natural, circunstancia que, por sí sola, no reviste
relevancia constitucional ni habilita la intervención del juez de tutela.
Máxime, cuando se observa que la autoridad judicial expuso las razones
jurídicas que sustentaron su decisión.
30. Aunado a lo anterior, se precisa que las diferencias interpretativas que
existieren entre la parte demandante y el juez natural de la causa no
constituyen, por sí mismas, la justificación para que el juez de tutela revise las
decisiones del juez ordinario. En otras palabras, la presentación simple de las
discrepancias entre lo decidido por el juez y el criterio de quien enjuicia
dicha decisión, vía acción de tutela, no da por cumplido el requisito de
explicar por qué el asunto es constitucionalmente relevante. Más, si se trata
de una tutela contra providencia judicial, pues en este contexto, este es un
mecanismo constitucional de amparo de derechos fundamentales de
carácter excepcional19.
2.3. Conclusión
31. Para la Sala, existen razones suficientes para tener por no cumplido el
requisito de relevancia constitucional y, en consecuencia, se abstendrá de
estudiar los demás requisitos y confirmará la decisión de tutela de primera
instancia.
18
Consejo de Estado, Sala Plena, Sección Segunda, Rad No. 41001-23-33-000-2015-00256-01 (0473-2019).
19 Corte Constitucional, Sentencias SU-659 de 2015, SU-116 de 2018 y T-269 de 2018.
9 de 10
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00953-01
Demandante: Mario Antonio Ávila Bohórquez y otro
Demandado: Consejo de Estado- Sección Segunda- Subsección A
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma improcedencia
_____________________________________________________________________________________________________________
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia de 12 de marzo de 2026, por medio
de la cual la Sección Primera del Consejo de Estado declaró improcedente
la solicitud de amparo promovida por Mario Antonio Ávila Bohórquez y Mario
Steven Ávila Bernal, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
solicitud contra esta deberán dirigirla, dentro del término legal, al correo
electrónico dispuesto por la Secretaría General para ello20.
TERCERO: REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
20 secgeneral@consejodeestado.gov.co.
10 de 10
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.