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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-02087-01

Fecha
27 de marzo de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-02087-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: Primero: Confirmar la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, el 10 de febrero de 2021, que negó las pretensiones de la demanda, pero por las razones expuestas en la parte motiva. Segundo: Sin condena en costas en esta instancia. Tercero: Aceptar la renuncia presentada por la abogada Gloria Ximena Arellano Calderón, identificada con cédula de ciudadanía 31.578.572 y tarjeta profesional 123.175 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderada de la UGPP, en los términos del memorial que obra en Samai en el índice 18. Cuarto: Reconocer personería al abogado Omar Trujillo Polanía, identificado con cédula de ciudadanía 1.117.507.855 y tarjeta profesional 201.792, como apoderado de la UGPP, de conformidad con el poder que obra en el índice 19 de Samai. Quinto: Reconocer personería a la abogada María Camila Camargo Rueda, identificada con cédula de ciudadanía 1.090.492.389 y tarjeta profesional 340.484, como apoderada sustituta de la UGPP, según el poder que obra en el índice 19 de Samai. Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2018-02087-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

27 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., veintisiete (27) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2018-02087-01 (3549-2022)1
Demandante: Ana Triginia Osorio Rodríguez
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Tema: sustitución de pensión gracia. Subtema 1: cónyuge supérstite. Subtema 2:
aplicación de la versión original del artículo 47 de la Ley 100 de 1993. Subtema 3:
requisito de vida marital y dos años de convivencia, salvo que la pareja haya procreado
un hijo o más.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, el 10
de febrero de 2021, que negó las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La demandante solicitó la nulidad de los actos administrativos dictados por la UGPP,
que le negaron el reconocimiento de la sustitución de la pensión gracia, en la calidad
de cónyuge supérstite del señor Carlos Arturo López Rojas. Como sustento de la
demanda, afirmó que el matrimonio estuvo vigente hasta el fallecimiento del causante,
unión de la cual nacieron cuatro hijos y no requería acreditar el requisito de
convivencia. El Tribunal negó las pretensiones de la demanda al considerar que la
accionante no demostró el requisito de convivencia con el jubilado. Inconforme con
esta decisión, la demandante presentó recurso de apelación para indicar que sí quedó
demostrada la convivencia con el causante desde la celebración del matrimonio y
hasta el fallecimiento, así como la dependencia económica y su contribución en la
conformación del hogar. Destacó que de dicha unión nacieron cuatro hijos y que la

1 Expediente electrónico.

Radicación: 25000-23-42-000-2018-02087-01 (3549-2022)
Demandante: Ana Triginia Osorio Rodríguez
Demandado: UGPP

demandante se ocupó del cuidado de la familia y del apoyo al causante durante su
vida laboral, elementos que, en su sentir, dan cuenta de una convivencia efectiva,
estable y con vocación de permanencia.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

1. La señora Ana Triginia Osorio Rodríguez, mediante apoderado judicial,
presentó demanda el 18 de julio de 2018, en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho, contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (en adelante UGPP),
con las siguientes pretensiones:

2. Declarar la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución RDP
040538 del 26 de octubre de 2016, que le negó a la accionante el reconocimiento de
la sustitución pensional, en la calidad de cónyuge supérstite del señor Carlos Arturo
López Rojas.

3. Declarar la nulidad de las resoluciones RDP 048010 del 20 de diciembre de
2016 y RDP 005164 del 13 de febrero de 2017, que resolvieron los recursos de
reposición y apelación, y confirmaron la Resolución RDP 040538 del 26 de octubre de
2016.

4. Declarar la nulidad del Auto ADP 003205 del 5 de mayo de 2017 que se
pronunció sobre la solicitud de la señora Clemencia Emilia Rodríguez Rubiano, en el
sentido que desistía de la petición de reconocimiento pensional.

5. A título de restablecimiento del derecho, solicitó el reconocimiento de la
sustitución pensional a partir del 11 de abril de 1997, esto es, desde el día siguiente al
fallecimiento del causante. Asimismo, pidió el pago de las mesadas causadas,
debidamente actualizadas; el reconocimiento de los intereses moratorios; el
cumplimiento de la sentencia en los términos del artículo 192 del CPACA; y la condena
en costas a la entidad demandada.

2.1.1. Hechos

6. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:

7. La Caja Nacional de Previsión Social, mediante la Resolución 7365 de 1993, le
reconoció una pensión gracia al señor Carlos Arturo López Rojas.

8. El señor Carlos Arturo López Rojas falleció el 10 de abril de 1997 y la sustitución
pensional fue pedida por las señoras Ana Triginia Osorio Rodríguez, en la calidad de
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Demandante: Ana Triginia Osorio Rodríguez
Demandado: UGPP

cónyuge supérstite y Clemencia Emilia Rodríguez Rubiano, en la calidad de
compañera permanente. Sin embargo, Cajanal en la Resolución 020318 del 3 de julio
de 1998 dejó en suspenso el pago de la pensión hasta que la jurisdicción decidiera el
conflicto entre las peticionarias. Esta decisión fue confirmada en la Resolución 011994
del 30 de septiembre de 1999.

9. El Juzgado Once Civil del Circuito de Bogotá, en sentencia del 4 de junio de
2003, declaró la existencia de la sociedad de hecho entre Carlos Arturo López Rojas
y Clemencia Emilia Rodríguez Rubiano. Posteriormente, la sociedad fue liquidada en
el auto del 2 de septiembre de 2015, y se ordenó la exclusión de las cesantías, por
tratarse de una sociedad de hecho entre concubinos. El Juzgado concluyó que no
existió vínculo familiar alguno ni fueron compañeros permanentes.

10. El 23 de agosto de 2016, la señora Ana Triginia Osorio Rodríguez pidió
nuevamente el derecho a la sustitución pensional, toda vez que ya estaba superado el
conflicto frente a quien alegaba la calidad de compañera permanente.

11. Empero, la entidad mediante la Resolución RDP 040538 del 26 de octubre de
2016, negó la sustitución con fundamento en que en el proceso de liquidación de la
sociedad de hecho no se había discutido la convivencia de Clemencia Emilia
Rodríguez Rubiano con el causante. Las resoluciones RDP 048010 del 20 de
diciembre de 2016 y RDP 005164 del 13 de febrero de 2017, confirmaron la decisión.

12. El 3 de marzo de 2017, la señora Clemencia Emilia Rodríguez envió un escrito
a la UGPP para manifestar que desistía de la petición de reconocimiento de la
sustitución pensional. En consecuencia, la señora Ana Triginia Osorio Rodríguez pidió
la modificación de la Resolución RDP 040538 del 26 de octubre de 2016, para que se
accediera al reconocimiento, pero la entidad lo negó al insistir que el conflicto lo debía
dirimir una autoridad judicial.

2.1.2. Normas violadas y concepto de violación

13. La demanda citó las siguientes normas vulneradas:

De la Constitución Política, los artículos 29, 53 y 48.
Del Código Civil, los artículos 115 y 1045.
La Ley 54 de 1990, modificada por la Ley 979 de 2005.
De la Ley 100 de 1993, el artículo 47, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de
2003.

14. Al explicar el concepto de violación, la parte accionante expuso que la entidad
demandada confundió las nociones de vínculo matrimonial, unión marital de hecho y
sociedad de hecho, lo que, en su criterio, condujo a la vulneración de la ley y del debido
proceso. Señaló que, para efectos del reconocimiento de la pensión de sobrevivientes
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Demandado: UGPP

a favor de la señora Ana Triginia Osorio Rodríguez, en su condición de cónyuge
supérstite del señor Carlos Arturo López Rojas, no resultaba procedente exigir la
acreditación de convivencia en los términos en que sí se pediría respecto de quien
pretendiera ser reconocida como compañera permanente.

15. Asimismo, indicó que, una vez suspendido el pago de las mesadas pensionales
mientras la jurisdicción ordinaria dirimía la controversia, las partes promovieron las
acciones judiciales que estimaron pertinentes. En ese contexto, la señora Clemencia
Emilia Rodríguez Rubiano instauró un proceso de declaración de sociedad de hecho
entre concubinos, y no de unión marital de hecho, al considerar que el causante
mantenía vínculo matrimonial vigente desde 1966 con la señora Ana Triginia Osorio
Rodríguez, circunstancia que, a su juicio, impedía la configuración de una unión marital
de hecho en los términos de la Ley 54 de 1990.

16. Finalmente, afirmó que el matrimonio entre Carlos Arturo López Rojas y Ana
Triginia Osorio Rodríguez se mantuvo vigente hasta el fallecimiento del causante,
unión de la cual nacieron cuatro hijos. Agregó que la existencia de una sociedad de
hecho no implicó la ruptura de la convivencia con la cónyuge, pues, según lo
manifestado, el causante continuó conviviendo con su esposa e hijos hasta su muerte
y asumía el sostenimiento económico del hogar, mientras aquella se dedicó a las
labores domésticas. Con fundamento en ello, cuestionó que la entidad demandada
remitiera nuevamente a las partes a la jurisdicción ordinaria para debatir una situación
que, en su criterio, ya se encontraba jurídicamente delimitada2.

2.2. Contestación de la demanda

17. La UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda. En este sentido señaló
que la señora Clemencia Emilia Rodríguez Rubiano afirmó haber convivido con el
causante desde noviembre de 1986 hasta el 10 de abril de 1997, fecha de su
fallecimiento. A su vez, la señora Ana Triginia Osorio Rodríguez manifestó que también
convivió con aquel hasta la fecha de su deceso. A partir de tales afirmaciones, la
entidad consideró acreditada una situación de convivencia concurrente o simultánea
entre ambas reclamantes y el causante durante el periodo comprendido entre 1986 y
1997.

18. Con fundamento en ello, la administración estimó que, a partir de la vigencia de
la Ley 1204 de 2008, carece de competencia para dirimir controversias relativas al
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes cuando existe disputa entre la cónyuge
y la compañera permanente, o entre posibles beneficiarias que alegan convivencia con
el causante. En consecuencia, señaló que corresponde a la jurisdicción laboral definir
a quién le asiste el derecho al reconocimiento de la prestación.

2 Samai, proceso en el Tribunal 25000234200020180208700. Gestionar documentos. Expediente digital. Índice 39,

págs. 3 a 19.
4

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19. Propuso las excepciones de inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido
y prescripción3.

2.3. Sentencia de primera instancia

20. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C,
mediante sentencia del 10 de febrero de 2021, negó las pretensiones de la demanda,
sin condena en costas.

21. Como fundamento de la decisión, expuso que la señora Ana Triginia Osorio
Rodríguez, en su condición de cónyuge supérstite, tendría derecho a la sustitución
pensional del causante, ante la ausencia de hijos menores u otros beneficiarios con
mejor derecho. Sin embargo, en sede administrativa la prestación también fue
reclamada por la señora Clemencia Emilia Rodríguez Rubiano, quien alegó la calidad
de compañera permanente. Además, en este proceso se acreditó la existencia de una
sociedad de hecho entre concubinos declarada en un proceso civil entre esta última y
el causante.

22. En consecuencia, para el Tribunal, la accionante no solo debía acreditar el
vínculo matrimonial, sino también «una efectiva convivencia con el causante que se
refleje en el apoyo, la compañía y la ayuda mutua y permanente propia de la vida en
pareja». Al respecto, señaló que las declaraciones extrajuicio de los señores Nubia
Stella Franco Orjuela, Orlando Vanegas Gama y Hernán López Osorio aunque no
fueron sometidas al derecho de contradicción, se analizaron de forma integral con los
demás medios de prueba. Sin embargo, no dan certeza sobre la convivencia «si se
toma en cuenta que del examen integral de los demás medios de prueba salta a la
vista sin dubitación alguna que la señora Clemencia Emilia Rodríguez Rubiano fue
quien convivió y compartió con el causante sus últimos años de vida».

23. Sobre este aspecto, señaló que el Juzgado Once Civil del Circuito de Bogotá, en
la sentencia del 4 de junio de 2003, declaró la existencia de una sociedad de hecho
entre concubinos, desde el 29 de noviembre de 1986 al 10 de abril de 1997, entre
Clemencia Emilia Rodríguez Rubiano y Carlos Arturo López Rojas. Por tanto, para el
Tribunal, a partir de la valoración de esta providencia, concluyó que la sociedad de
hecho implica una convivencia efectiva y consentida, que supone permanencia de la
vida en común.

24. Por lo tanto, las declaraciones extrajuicio aportadas al proceso por la parte actora,
no tienen credibilidad porque «todos los declarantes afirman que el causante no
convivía con nadie más sino con su esposa, y esta afirmación contradice la realidad si
se tiene en cuenta que la señora Clemencia Emilia Rodríguez Rubiano demostró ante

3 Samai, proceso en el Tribunal 25000234200020180208700. Gestionar documentos. Expediente digital. Índice 39.

Págs. 472 a 477.

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un juez civil, que entre ella y el señor Carlos Arturo López Rojas (q.e.p.d.) existió una
convivencia efectiva de pareja».

25. Entonces, hizo énfasis en que para tener derecho a la sustitución pensional, la
interesada debió demostrar los requisitos de convivencia y apoyo mutuo. En este
punto, resaltó que llamaba la atención que la parte actora no hubiera solicitado en el
proceso la ratificación de las declaraciones extrajuicio, ni demostró visitas, correos o
comunicaciones en general.

26. En este orden de ideas, concluyó que no existe certeza sobre la convivencia de
la demandante con el causante, en los años anteriores a la fecha del fallecimiento.

27. Frente a la señora Clemencia Emilia Rodríguez, destacó que ella no acudió al
proceso para pedir la sustitución de la pensión gracia, por consiguiente, era
improcedente emitir un pronunciamiento.

28. No impuso condena en costas, al considerar que la conducta de la parte actora
estaba ajustada al principio de buena fe4.

2.4. Recurso de apelación

29. La accionante, mediante apoderado, interpuso recurso de apelación contra la
sentencia de primera instancia, para que se revoque y, en su lugar, se acceda a las
pretensiones de la demanda, con fundamento en los siguientes argumentos:

30. La recurrente cuestionó que la sentencia apelada hubiese derivado un «mejor
derecho» en favor de Clemencia Emilia Rodríguez Rubiano a partir del proceso civil
en el que se declaró la existencia de una sociedad de hecho entre concubinos. Afirmó
que dicha decisión judicial no reconoció una unión marital de hecho con efectos
prestacionales, sino una sociedad de hecho de contenido patrimonial y comercial, por
lo que no podía ser utilizada para desplazar a la cónyuge en el acceso a la sustitución
pensional.

31. En ese mismo sentido, la apelante sostuvo que la sentencia civil hizo tránsito a
cosa juzgada respecto de la naturaleza limitada de la sociedad reconocida y que,
incluso, la propia Clemencia Emilia Rodríguez Rubiano desistió ante la UGPP de su
reclamación pensional, con fundamento en lo decidido por el Juzgado Once Civil del
Circuito.

32. Alegó que sí se demostró la convivencia con el causante, desde la celebración
del matrimonio hasta el fallecimiento de este, así como su dependencia económica y
su contribución a la conformación del hogar. Destacó que del matrimonio nacieron

4 Samai, índice 41, proceso en el Tribunal 25000234200020180208700.

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Demandado: UGPP

cuatro hijos y que la demandante se dedicó al cuidado de la familia y al apoyo del
causante durante su vida laboral, circunstancias que, a su juicio, evidencian una
convivencia real, estable y con vocación de permanencia.

33. Señaló que, aun aceptando en gracia de discusión la existencia de una
convivencia entre el causante y Clemencia Emilia Rodríguez Rubiano, esta habría
tenido una duración aproximada de diez años, mientras que la convivencia matrimonial
con la demandante se habría extendido por más de 21 años.

34. La parte actora adujo que la providencia desconoció la jurisprudencia sobre los
derechos del cónyuge separado de hecho, según la cual los cinco años de convivencia
exigidos por la ley no necesariamente deben corresponder al período inmediatamente
anterior al fallecimiento, sino que pueden acreditarse en cualquier tiempo. Desde esa
perspectiva, concluyó que el fallo apelado erró al privilegiar la presunta convivencia
exclusiva con Clemencia Emilia Rodríguez Rubiano y al desestimar la eficacia jurídica
del vínculo matrimonial, el cual permaneció vigente hasta la muerte del causante 5.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

35. Mediante auto del 15 de septiembre de 20226, se admitió el recurso de apelación
conforme el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, y prescindió del periodo de correr
traslado a las partes.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

36. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, es competente para
conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias proferidas en
primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con el artículo 150
del CPACA.

3.2. Problema jurídico

37. Teniendo en cuenta que, según el artículo 328 del Código General del Proceso, el
juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos en el recurso, corresponde a la Sala definir si:

38. ¿La cónyuge supérstite del causante tiene derecho al reconocimiento de la
sustitución pensional, para lo cual solo debe acreditar la vigencia del vínculo
matrimonial?

5 Samai, índice 41, proceso en el Tribunal 25000234200020180208700.
6 Samai, índice 4.

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Demandado: UGPP

3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial

3.3.1. La sustitución de la pensión gracia

39. Según la sentencia del 9 de julio de 2024 de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, la línea mayoritaria ha considerado «procedente la “sustituibilidad o
transmisibilidad” de la pensión gracia por la muerte del docente oficial […] que se
configura cuando el maestro causante ya tenía consolidada materialmente la
prerrogativa por cumplir con todas las exigencias, y por tanto, dicho beneficio ya había
ingresado a su patrimonio con o sin el reconocimiento formal por parte de Cajanal (hoy
UGPP) en su momento»7.

40. Ahora bien, en cuanto a la norma aplicable para la sustitución pensional, en la
sentencia de unificación del 11 de agosto de 20228, la Sección Segunda explicó que
si bien la pensión gracia es especial, en cuanto a la sustitución se ha gobernado por
las normas generales, así:

En esta perspectiva, el Consejo de Estado, en un ejercicio de interpretación armónica
del sistema normativo, acudió a los criterios generales de sustitución de las pensiones
en la pensión gracia, adoptando una posición dirigida a proteger el núcleo familiar del
docente. Sobre el particular en la sentencia del 4 de marzo de 2010, se consideró que
la gratuidad de la pensión gracia no impide “su aptitud para ser sustituida en caso de
muerte del beneficiario”9, así:

“Bajo la motivación precedente se concluye la vocación de sustituibilidad que asiste a
la pensión gracia bajo los mismos parámetros legales y criterios aplicables a las
pensiones ordinarias, pues si bien su causa jurídica es diferente, estas comparten por
voluntad del Legislador la misma naturaleza, y en materia de sustitución, la misma
finalidad de amparo a la familia más próxima de quien antes de fallecer adquirió el
derecho, de manera pues, que resultan aplicables en tal sentido las normas generales
que regulan la materia, vigentes al momento del deceso del docente”10.

[…].

41. El referido fallo de unificación también determinó que la norma que regula la
sustitución de pensión gracia es la vigente para la fecha del fallecimiento del
pensionado o del maestro, en los siguientes términos:

[…] en materia de sustitución pensional o de pensión de sobrevivientes se ha partido
de la premisa general según la cual la norma aplicable es la vigente para la fecha del
fallecimiento del causante. Así lo consideró en sentencia del 10 de noviembre de 2005,
la Subsección A, de la Sección Segunda, donde afirmó que “las normas que rigen la
sustitución son las vigentes al momento del fallecimiento del causante de la prestación y
no las disposiciones sobre la cual se adquirió el derecho que se transmite”11.
7 Consejo de Estado, Sección Segunda, proceso con radicado 68001-23-33-000-2012-00350-01 (2113-2014), M.P.

Jorge Iván Duque Gutiérrez.
8 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación SUJ -029- CE-S2 de 2022, del 11 de agosto de

2022, proceso con radicado 23001-23-33-000-2014-00444-01 (1655-2017).
9 Consejo de Estado, sentencia del 4 de marzo de 2010, Sección Segunda, Subsección A, proceso con radicado

08001-23-31-000-2006-00004-01 (0824-09).
10 Idem.
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 10 de noviembre de 2005, proceso con

radicado 25000-23-25-000-1998-05092-01 (3496-04).
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Demandante: Ana Triginia Osorio Rodríguez
Demandado: UGPP

Tesis que se reiteró en la sentencia de unificación del 25 de abril de 2013, según la cual
“el derecho a la pensión de sobrevivientes se causa al momento del fallecimiento del
pensionado, (…) pues fue durante su vigencia cuando se produjo el deceso y por tanto,
cuando se pudo consolidar el presunto derecho reclamado”12.

42. La Sección estableció igualmente que el derecho a la sustitución en la pensión gracia
al regirse por las normas generales, obliga a remitirse a los requisitos exigidos por el
artículo 47 de la Ley 100 de 1993, al indicar que «la exclusión del artículo 279 no
comprende la pensión gracia, pues se trata de una pensión del orden nacional,
reconocida por la Caja Nacional de Previsión Social, y no por el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio. Por tanto, se ha exigido a los beneficiarios
acreditar los requisitos del artículo 47 de la Ley 100 de 1993». En este sentido, se
explicó que «la remisión a las normas generales consta en el Acto Legislativo 01 de
2005, el cual constitucionalizó que: “Los requisitos y beneficios para adquirir el
derecho a una pensión de invalidez o de sobrevivencia serán los establecidos por las
leyes del Sistema General de Pensiones”».

43. En este orden de ideas, el fallo de unificación del 11 de agosto de 2022 concluyó
que para reconocer la sustitución de la pensión gracia, se aplican las normas del
Sistema General de Pensiones, si son los preceptos vigentes para la fecha del
fallecimiento, sin perjuicio de los derechos adquiridos bajo normas anteriores.

3.3.2. Sustitución pensional

44. El literal a) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993 establecía entre los beneficiarios
de la pensión de sobrevivientes a la cónyuge, en los siguientes términos: «en caso de
que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o
la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo
haciendo vida marital con el causante por lo menos desde el momento en que este
cumplió con los requisitos para tener derecho a una pensión de vejez o invalidez 13, y
hasta su muerte, y haya convivido con el fallecido no menos de dos (2) años continuos
con anterioridad a su muerte, salvo que haya procreado uno o más hijos con el
pensionado fallecido».

45. En la sentencia C-389 de 199614, la Corte Constitucional al estudiar la
razonabilidad de la procreación de uno o más hijos como requisito sustituto, señaló
que «la procreación de uno o más hijos es también un elemento que permite inferir la
existencia de lazos afectivos y de convivencia efectiva, que justifican la equiparación,
por la ley, de estas dos condiciones».

46. Posteriormente, los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993 fueron modificados
por los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003, al indicar que tendrán derecho a la
pensión de sobrevivientes y la sustitución los miembros del grupo familiar del

12 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de abril de 2013, proceso con radicado 76001 23 31
000 2007 01611 01 (1605-09).
13 Expresión declarada inexequible en la sentencia C-1176 de 2001 de la Corte Constitucional.
14 M.P. Alejandro Martínez Caballero.

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Demandante: Ana Triginia Osorio Rodríguez
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beneficiario de la prestación que fallezca, en el siguiente orden:

«Artículo 47. Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes. Son beneficiarios de la
pensión de sobrevivientes:

a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite,
siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30
o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte
del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite,
deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y
haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad
a su muerte.

b) En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite, siempre y
cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga menos de
30 años de edad, y no haya procreado hijos con este. La pensión temporal se pagará
mientras el beneficiario viva y tendrá una duración máxima de 20 años. En este caso,
el beneficiario deberá cotizar al sistema para obtener su propia pensión, con cargo a
dicha pensión. Si tiene hijos con el causante aplicará el literal a).

Si respecto de un pensionado hubiese un compañero o compañera permanente, con
sociedad anterior conyugal no disuelta y derecho a percibir parte de la pensión de que
tratan los literales a) y b) del presente artículo, dicha pensión se dividirá entre ellos (as)
en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido.

<Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exequible> En caso de convivencia
simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento del causante entre un
cónyuge y una compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario
de la pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo. Si no existe convivencia
simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal pero hay una separación de hecho,
la compañera o compañero permanente podrá reclamar una cuota parte de lo
correspondiente al literal a en un porcentaje proporcional al tiempo convivido con el
causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco años antes del
fallecimiento del causante. La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la
cual existe la sociedad conyugal vigente;

c) <Apartes tachados INEXEQUIBLES15> Los hijos menores de 18 años; los hijos
mayores de 18 años y hasta los 25 años, incapacitados para trabajar por razón de sus
estudios y si dependían económicamente del causante al momento de su muerte,
siempre y cuando acrediten debidamente su condición de estudiantes y cumplan con
el mínimo de condiciones académicas que establezca el Gobierno; y, los hijos
inválidos si dependían económicamente del causante, esto es, que no tienen ingresos
adicionales, mientras subsistan las condiciones de invalidez. Para determinar cuando
hay invalidez se aplicará el criterio previsto por el artículo 38 de la Ley 100 de 1993;

[…].

47. Esta corporación ha resaltado que la finalidad de la sustitución pensional «es la
protección de la familia, entendida como el conjunto de personas allegadas al
trabajador que dependían económicamente de él y que quedan desamparadas a

15 Corte Constitucional, sentencia C-066 de 2016, M.P. Alejandro Linares Cantillo.

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causa de su fallecimiento»16. En consonancia, la Corte Constitucional ha precisado
que la finalidad de la sustitución pensional es salvaguardar o mantener el nivel de vida
que tenía el beneficiario antes del deceso del pensionado17.

48. Ahora bien, en cuanto a la norma que rige el derecho pensional, la Sección
Segunda, en sentencia del 25 de abril de 201318, precisó que «el derecho a la pensión
de sobrevivientes se causa al momento del fallecimiento del pensionado». Por tanto,
la Sección estableció que «rectifica la posición adoptada en sentencias de abril 29 de
201019 y noviembre 1º de 201220, en las que, en materia de sustitución pensional se
aplicó una ley nueva o posterior a hechos acaecidos antes de su vigencia, en ejercicio
de la retrospectividad de la ley, precisando que no hay lugar a la aplicación de tal
figura, toda vez que la ley que gobierna el reconocimiento de la pensión de
beneficiarios es la vigente al momento del fallecimiento del causante y no una
posterior».

49. Por otra parte, la jurisprudencia también ha abordado el requisito de convivencia
en el contexto de la sustitución pensional. Así se ha determinado que debe ser
examinada y determinada según las particularidades relevantes de cada caso en
concreto. Por ello, aun en los eventos en que los cónyuges o compañeros no residen
en el mismo techo, por motivos de salud, trabajo o fuerza mayor, ello no conduce
obligatoriamente a establecer que desaparece la comunidad de vida, siempre y cuando
continúen los lazos afectivos de apoyo, solidaridad, acompañamiento espiritual y
ayuda mutua21.

50. Asimismo, esta corporación ha explicado que incluso la cónyuge separada de
hecho con sociedad conyugal vigente tiene derecho a la sustitución pensional, en
atención a que el legislador ponderó los criterios de sociedad patrimonial existente y

16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 6 de diciembre de 2018. Radicado 08001-

23-31-000-2010-00983-01(3178-15).
17 Sentencia T-085 de 2021.
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de abril de 2013, proceso con radicado 76001-23-31-

000-2007-01611-01 (1605-2009), M.P. Luis Rafael Vergara Quintero.
19 Radicación No. 25000-23-25-000-2007-00832-01 (0548-09), M.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, en la que

se reconoció una pensión de sobrevivientes con base en la aplicación retrospectiva de la Ley 12 de 1975, a pesar
de que el fallecimiento había ocurrido en octubre de 1970.
20 Radicación No. 13001-23-31-000-2005-02358-01 (0682-11), M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, en que se

reconoció una pensión de sobrevivientes con base en la aplicación retrospectiva de la Ley 100 de 1993, a pesar de
que el deceso del causante se produjo el 20 de febrero de 1991. En esta oportunidad el doctor Gerardo Arenas
Monsalve salvó el voto en los siguientes términos: “Nótese además, desde el punto de vista práctico, el complejo
problema que surge con la tesis mayoritaria que no se comparte, de aplicar el régimen general de la Ley 100 de
1993 a situaciones que se resolvieron plenamente antes de su vigencia. Como se trata de pensiones, y éstas no
tienen término de prescripción, todos los derechos pensionales de sobrevivientes, resueltos en su momento
aplicando válidamente la legislación anterior, resultan ahora sorpresivamente litigiosos, es decir, susceptibles de
discusión judicial, así el fallecimiento del causante se haya producido en vigencia de esa legislación anterior, y así
se hayan reconocido los derechos derivados del régimen anterior. El principio constitucional de la sostenibilidad
financiera, establecido en la Carta desde el Acto Legislativo No. 1 de 2005 queda en entredicho, con una extensión
tan amplia y generalizada de la aplicación del régimen general”.
21 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia SL-65192017 (57055), del 10 de mayo de 2017,

M.P. Rigoberto Echeverri Bueno.
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convivencia efectiva, siempre y cuando haya existido convivencia por 5 años, así22:

El artículo 4723 de la Ley 100 de 1993 en el inciso 3 del literal b) reguló, en la segunda
parte, quién es el beneficiario de la pensión de sobrevivientes cuando en los últimos
cinco años, antes del fallecimiento del causante en los siguientes términos: “no existe
convivencia simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal pero hay una
separación de hecho, la compañera o compañero permanente podrá reclamar una
cuota parte de lo correspondiente al literal a) en un porcentaje proporcional al tiempo
convivido con el causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco años
antes del fallecimiento del causante. La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge
con la cual existe la sociedad conyugal vigente”.

La Corte Constitucional declaró la exequibilidad de esta norma en la sentencia C-336
de 201424, en donde se determinó que el precepto en comento no viola el derecho a la
igualdad de la compañera permanente que debe compartir la pensión de sobrevivientes
con la cónyuge separada de hecho, pues no se está frente a idénticos supuestos
fácticos, pues la cónyuge con sociedad conyugal vigente y que no convivía al momento
de la muerte con el causante, y la última compañera permanente, pertenecen a grupos
diferentes. A este respecto se retomó la jurisprudencia constitucional que indica la
diferenciación existente entre el matrimonio y la unión marital de hecho.

Se explicó que la separación de hecho, aunque suspenda la convivencia y el apoyo
mutuo, no limita los efectos de la sociedad patrimonial conformada en razón del
matrimonio, de ahí que no nazca a la vida jurídica la sociedad patrimonial de hecho
entre compañeros permanentes. Así, se expone en la providencia que el legislador en
la norma demandada “ponderó los criterios de la sociedad patrimonial existente entre
los consortes y la convivencia efectiva consolida (sic) con antelación al inicio de la unión
marital de hecho, mediante la asignación de una cuota parte de la pensión”25.

Resaltó la Corte que es constitucionalmente justificada la medida adoptada “en tanto
que ambos beneficiarios –compañero permanente y cónyuge con separación de
hecho- cumplen con el requisito de convivencia, el cual se armoniza con los efectos
patrimoniales de cada institución, pues los haberes del matrimonio siguen produciendo
efectos jurídicos ya que la separación de hecho no resta efectos a la sociedad
patrimonial existente entre el causante y su cónyuge sobreviviente. Es decir, que pese
a que el de cujus conviviera por el término mínimo de cinco años con un compañero
permanente, la sociedad de hecho entre estos dos no se conformó al estar vigente la
del matrimonio”.

51. En otras palabras, a modo de síntesis es dable afirmar que el requisito de
convivencia para que el cónyuge sea beneficiario de la sustitución pensional o de la
pensión de sobrevivientes, obliga a un análisis de las particularidades de cada caso, y
que incluso para la cónyuge separada de hecho la convivencia puede ser de cinco
años en cualquier tiempo. En todo caso, se precisa que si el causante falleció antes
de la vigencia de la Ley 797 de 2003, el requisito era de haber hecho vida marital con
el causante, dos años de convivencia, salvo que la pareja hubiera procreado uno o
más hijos.

22 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 17 de octubre de 2017, proceso con radicado

19001-23-33-000-2013-00214-01 (1392-2016), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
23
Modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003.
24 M.P. Mauricio González Cuervo.
25 Ídem.

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3.4. Hechos probados relevantes

52. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede establecer
lo siguiente:

53.La señora Ana Triginia Osorio Rodríguez nació el 13 de mayo de 1937, como
consta en la cédula de ciudadanía26.

54. El 26 de junio de 1965 se casó con el señor Carlos Arturo López Rojas, según lo
indica el registro civil de matrimonio27. En el proceso se acreditó que la pareja tuvo
cuatro hijos, de conformidad con los registros civiles de nacimiento, a saber, Sonia
Ingrid López Osorio que nació el 12 de mayo de 1966; Diana Rocío López Osorio que
nació el 21 de septiembre de 1968; Carlos Germán López Osorio que nació el 7 de
julio de 1970 y Hernán Arturo López Osorio que nació el 28 de octubre de 1971 28.

55. El señor Carlos Arturo López Rojas falleció el 10 de abril de 1997, como consta en
el registro civil de defunción con serial 213678029.

56. En el proceso obran las declaraciones extrajuicio de fechas 17, 18 y 25 de enero
de 2017 sobre la convivencia entre la señora Ana Triginia Osorio Rodríguez y Carlos
Arturo López Rojas rendidas ante Notario por los señores Hernán Arturo López Osorio
(hijo del causante), Nubia Stella Franco Orjuela y Orlando Vanegas Gama30.

57. El señor Hernán Arturo López Osorio manifestó que «puedo declarar que sé y me
consta que en el momento del fallecimiento de mi padre él convivía bajo el vínculo
sagrado del matrimonio católico con mi señora madre Ana Triginia Osorio Rodríguez
[…] compartieron techo, lecho y mesa desde el 26 de junio de 1965 y hasta la fecha
de su fallecimiento. Que la convivencia fue de manera permanente e ininterrumpida y
de cuyo matrimonio tuvieron cuatro hijos».

58. La señora Nubia Stella Franco Orjuela expresó que «que conocí de vista, trato y
comunicación por un periodo aproximado de 30 años al señor Carlos Arturo López
Rojas […] quien falleció el 10 de abril de 1997, por tal razón sí y me consta que en el
momento de su fallecimiento convivió en matrimonio católico con la señora Ana Triginia
Osorio […], compartiendo techo, lecho y mesa hasta la fecha de su fallecimiento. Que

26 Samai, proceso en el Tribunal 25000234200020180208700. Gestionar documentos. Expediente digital. Índice

39, pág. 170.
27 Samai, proceso en el Tribunal 25000234200020180208700. Gestionar documentos. Expediente digital. Índice

39, pág. 106.
28 Samai, proceso en el Tribunal 25000234200020180208700. Gestionar documentos. Expediente digital. Índice

39, págs. 108, 110, 112 y 347.
29 Samai, proceso en el Tribunal 25000234200020180208700. Gestionar documentos. Expediente digital. Índice

39, pág. 167.
30 Samai, proceso en el Tribunal 25000234200020180208700. Gestionar documentos. Expediente digital. Índice

39, págs. 336 a 340.
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la convivencia fue de manera permanente e ininterrumpida y de cuyo matrimonio
tuvieron cuatro (4) hijos».

59. El señor Orlando Vanegas Gama declaró que «me consta que estaban casados y
en vigencia del matrimonio procrearon cuatro (4) hijos […] convivió con su esposa,
señora Ana Triginia Osorio Rodríguez hasta el día de su fallecimiento ocurrido el 10
de abril del año 1997».

• Reconocimiento de la pensión gracia

60. La Caja Nacional de Previsión Social, a través de la Resolución 07365 del 8 de
marzo de 1993, le reconoció una pensión gracia de jubilación al señor Carlos Arturo
López Rojas, efectiva desde el 8 de febrero de 1990. El docente adquirió el estatus
pensional cuando cumplió la edad de 50 años, dado que nació el 8 de febrero de 1940.
En las normas citadas se incluyó el artículo 3 de la Ley 37 de 1933 y el último cargo
desempeñado fue docente del Distrito Especial de Bogotá.

• Actuación administrativa

61. Cajanal, a través de la Resolución 020318 del 3 de julio de 1998, resolvió las
solicitudes de sustitución pensional de las señoras Ana Triginia Osorio Rodríguez, en
la calidad de cónyuge, y Clemencia Emilia Rodríguez Rubiano, en la calidad de
compañera permanente. La entidad consideró que existía contradicción entre lo
manifestado por las dos solicitantes, en tanto, expresaron que las dos convivieron con
el causante hasta la fecha de su fallecimiento. Por consiguiente, Cajanal dejó en
suspenso el reconocimiento hasta que acudieran a un juez para que resolviera el
conflicto31.

62. Esta decisión fue confirmada por Cajanal, en la Resolución 011994 del 30 de
septiembre de 1999, que resolvió un recurso de reposición32 y la Resolución 001440
del 22 de marzo de 2001, la cual decidió el recurso de apelación33.

63. El 23 de agosto de 2016, la señora Ana Triginia Osorio Rodríguez solicitó
nuevamente el reconocimiento de la sustitución de la pensión gracia, con fundamento
en que el Juzgado Once Civil del Circuito de Bogotá dirimió el conflicto sobre el
inventario de los activos y pasivos de la sociedad patrimonial entre Clemencia Emilia
Rodríguez Rubiano y Carlos Arturo López Rojas, y consideró que el derecho al pago
de las cesantías y las pensiones conciernen a los compañeros permanentes y no a los
socios de hecho. Agregó que la decisión fue confirmada por el Tribunal Superior de

31 Samai, proceso en el Tribunal 25000234200020180208700. Gestionar documentos. Expediente digital. Índice

39, págs. 208 a 209.
32 Samai, proceso en el Tribunal 25000234200020180208700. Gestionar documentos. Expediente digital. Índice

39, págs. 67 a 71.
33 Samai, proceso en el Tribunal 25000234200020180208700. Gestionar documentos. Expediente digital. Índice

39, págs. 72 a 78.
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Bogotá, en la providencia del 5 de mayo de 2016. Para la reclamante, la jurisdicción
civil resolvió el conflicto y estableció que Clemencia Emilia Rodríguez Rubiano y Carlos
Arturo López Rojas no fueron compañeros permanentes34.

64. La UGPP en la Resolución RDP 040538 del 26 de octubre de 2016 negó el
reconocimiento de la sustitución pensional, así35:

Que en este orden de ideas y revisado el expediente administrativo la señora Ana Triginia
Osorio Rodríguez en calidad de cónyuge y la señora Clemencia Emilia Rodríguez Rubiano
en calidad de compañera permanente manifestaron el 10 de abril de 1997, de forma
ininterrumpida los dos últimos años anteriores a su fallecimiento existiendo de esta forma
controversia en la convivencia.

Al evidenciarse conflicto entre las solicitantes referente a la convivencia con el causante
debe negarse la solicitud, debido a que no se puede establecer el grado de convivencia
ejercido por cada una de las peticionarias con el causante, ya que en las declaraciones
extrajuicio y en las pruebas obrantes en el expediente no existe claridad sobre la fecha en
qué exactamente cada una convivió con el causante, en consecuencia no se reconoce la
sustitución pensional solicitada por la señora Ana Triginia Osorio Rodríguez hasta tanto
se allegue sentencia proferida por la Justicia Ordinaria donde se dirima la controversia
presentada, para que se pueda reconocer el derecho solicitado toda vez que no existe
clara certeza.

Que es preciso señalar que la sentencia proferida por el Juzgado Once Civil Del Circuito
de fecha 02 septiembre de 2015 confirmada por el Tribunal Superior Distrito Judicial de
Bogotá - Sala Civil aportada con la petición no puede ser tenida en cuenta, en primer lugar;
porque corresponde a la Jurisdicción Civil no siendo este el juez natural que dirima
conflictos que se puedan suscitar en materia laboral y de seguridad social […].

[…]

En segundo lugar, los fallos aludidos hacen referencia a la liquidación de una sociedad
patrimonial de hecho y que dirime derechos de carácter patrimonial y revisado el contenido
de las providencias judiciales en ningún aparte se analizó la convivencia de la señora
Clemencia Emilia Rodríguez Rubiano con el señor López Rojas Carlos Arturo, teniendo
en cuenta que la normatividad en materia (civil familia) permite la disolución y liquidación
de sociedades patrimoniales y/o sociedades conyugales sin perjuicio de la convivencia
que puedan seguir ejerciendo, ya que como lo ha establecido la Corte Constitucional para
tener derecho a la sustitución pensional es importante demostrar el compromiso de apoyo
efectivo y de comprensión mutua existentes entre la pareja al momento de la muerte de
uno de los integrantes, no el solo hecho de tener una comunidad Económica.

65. La referida Resolución RDP 040538 del 26 de octubre de 2016 fue confirmada en

34 Samai, proceso en el Tribunal 25000234200020180208700. Gestionar documentos. Expediente digital. Índice

39, págs. 291 a 296.
35 Samai, proceso en el Tribunal 25000234200020180208700. Gestionar documentos. Expediente digital. Índice

39, págs. 87 a 90.
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las resoluciones RDP 048010 del 20 de diciembre de 2016 y RDP 005164 del 13 de
febrero de 2017, que resolvieron los recursos de reposición y apelación,
respectivamente.

66. La señora Clemencia Emilia Rodríguez Rubiano, el 3 de marzo de 2017, le
manifestó a la UGPP que «desisto y renuncio a la petición que se hiciera de la pensión
del señor Carlos Arturo López rojas CC 17.022.655 de Bogotá, fallecido el día 10 de
abril de 1997» y que fue negada en la Resolución 020318 del 3 de julio de 1998. La
citada señora explicó que inició un proceso para que se declarara la existencia de una
sociedad patrimonial de hecho entre concubinos con el señor Carlos Arturo López
Rojas, fallado por el Juzgado Once Civil del Circuito de Bogotá, el cual determinó que
«en esta clase de sociedad de hecho no se incluyen las prestaciones ni pensiones del
causante; por tal motivo desisto y renuncio a mi petición, toda vez que la decisión
judicial fue clara al respecto y a la cual me atengo y respeto. Lo anterior para que se
proceda a resolver lo que en derecho corresponda a los demás peticionarios»36.

67. La UGPP mediante auto ADP 003205 de 2017 respondió la solicitud de la señora
Clemencia Emilia Rodríguez Rubiano para indicarle que el desistimiento del derecho
como beneficiaria del señor Carlos Arturo López Rojas, «no habilita el derecho
pretendido por la señora Ana Triginia Osorio Rodríguez, quien deberá acreditar los
requisitos necesarios para tal efecto»37.

• Proceso civil ordinario que declaró la existencia de una sociedad de hecho
entre concubinos

68. El Juzgado Once Civil del Circuito de Bogotá, en sentencia del 4 de junio de 2003
accedió a las pretensiones, dentro del proceso ordinario promovido por Clemencia
Emilia Rodríguez contra Ana Triginia Osorio y otros, para que se declarara que existió
una sociedad de hecho entre concubinos, desde el 29 de noviembre de 1986 hasta el
10 de abril de 1997, entre Clemencia Emilia Rodríguez y Carlos Arturo López Rojas,
al considerar que38:

Todos los testigos son enfáticos en señalar que la señora Clemencia Emilia, es la persona
que acompañó hasta su muerte al señor Carlos Arturo, velando por su bienestar, máxime
cuando éste padecía una enfermedad terminal y, les consta que, con sus propios medios
procuró que a su compañero no le faltara nada para su bienestar; que ambos contribuían
a los gastos comunes, los cuales realizaban con los dineros que obtenían en el ejercicio
de su actividad como docentes.

De todo el anterior material probatorio analizado, el despacho logra concluir que,

36 Samai, proceso en el Tribunal 25000234200020180208700. Gestionar documentos. Expediente digital. Índice

39, págs. 332 a 334.
37 Samai, proceso en el Tribunal 25000234200020180208700. Gestionar documentos. Expediente digital. Índice

39, págs. 452 a 453.
38 Samai, proceso en el Tribunal 25000234200020180208700. Gestionar documentos. Expediente digital. Índice

39, págs. 23 a 37.
16

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efectivamente, desde el 29 de noviembre de 1.986, los señores Carlos Arturo López Rojas
y Clemencia Emilia Rodríguez Rubiano, se unieron no solamente con el ánimo de vivir
juntos, sino el de auxiliarse mutuamente y prosperar mediante la adquisición de bienes de
fortuna, constituyéndose de esta forma una sociedad de hecho entre concubinos, la cual
se regula por las normas ordinarias del Código de Comercio y no las especiales reguladas
por la Ley 54 de 1.990, acorde con lo analizado con anterioridad, motivo por el cual han
de tener prosperidad las súplicas demandadas, despachando en forma desfavorable los
medios exceptivos propuestos por los demandados.

3.5. Caso concreto

69. En el asunto bajo análisis, la accionante en la calidad de cónyuge supérstite
solicita la nulidad de las resoluciones dictadas por la UGPP que le negaron el
reconocimiento de la sustitución de la pensión gracia. Como fundamento de la
demanda indicó que el vínculo matrimonial estuvo vigente hasta que ocurrió el deceso
de su esposo, y que de la unión procrearon cuatro hijos.

70. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la
demanda al considerar que la accionante además de acreditar la existencia del
matrimonio debía probar la convivencia, entendida como los lazos de solidaridad y
ayuda mutua con el causante. Precisó que las declaraciones extrajuicio no ofrecen
credibilidad porque en ellas se indicó que el pensionado convivió hasta la fecha de su
muerte con la accionante, sin embargo, lo cierto es que el jubilado tuvo una convivencia
efectiva de pareja con la señora Clemencia Emilia Rodríguez Rubiano.

71. La parte actora interpuso recurso de apelación y sostuvo que el fallo del
Juzgado Once Civil de Bogotá no reconoció la existencia de una unión marital de hecho
entre el causante y la señora Clemencia Emilia Rodríguez Rubiano, por lo que no
desplazó a la cónyuge con derecho a la sustitución pensional. Asimismo, afirmó que
la convivencia con el causante sí se encontraba demostrada, pues durante su relación
procrearon cuatro hijos y ella se dedicó al cuidado de la familia; que dicha convivencia
se prolongó por más de 21 años; que la separación de hecho no excluye el derecho
de la cónyuge supérstite; y que no estaba acreditada una convivencia exclusiva entre
el fallecido y la señora Clemencia Emilia Rodríguez Rubiano.

72. Con el objeto de resolver el recurso de apelación, se destaca que en el proceso
la parte actora probó que estuvo casada con el señor Carlos Arturo López Rojas desde
el 26 de junio de 196539; tuvieron cuatro hijos40; el citado señor Carlos Arturo López
Rojas era beneficiario de una pensión gracia de jubilación reconocida a través de la

39 Samai, proceso en el Tribunal 25000234200020180208700. Gestionar documentos. Expediente digital. Índice

39, pág. 106.
40 Samai, proceso en el Tribunal 25000234200020180208700. Gestionar documentos. Expediente digital. Índice

39, págs. 108, 110, 112 y 347.
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Radicación: 25000-23-42-000-2018-02087-01 (3549-2022)
Demandante: Ana Triginia Osorio Rodríguez
Demandado: UGPP

Resolución 07365 del 8 de marzo de 1993; falleció el 10 de abril de 199741; y la UGPP
le negó la sustitución pensional a la señora Ana Triginia Osorio Rodríguez.

73. Ahora bien, se debe precisar que en atención a la fecha de fallecimiento del
señor Carlos Arturo López Rojas, el 10 de abril de 1997, la norma que gobierna el
derecho a la sustitución pensional es la vigente para la fecha de la contingencia, es
decir, la data de la muerte del pensionado. Para el caso bajo estudio entonces impera
remitirse a la versión original de los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993 (antes de
que fuera modificada por la Ley 797 de 2003), que señalaba:

ARTICULO 47. Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes. Son beneficiarios de la
pensión de sobrevivientes:

a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite.

En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el
cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que
estuvo haciendo vida marital con el causante por lo menos desde el momento en que
éste cumplió con los requisitos para tener derecho a una pensión de vejez o invalidez42,
y hasta su muerte, y haya convivido con el fallecido no menos de dos (2) años continuos
con anterioridad a su muerte, salvo que haya procreado uno o más hijos con el
pensionado fallecido; […].

74. Acorde con la sentencia de la Sección Segunda del 25 de abril de 201343, criterio
que fue reiterado en el fallo del 11 de agosto de 202244 al indicar que «se aplican las
normas del Sistema General de Pensiones sobre convivencia en materia de pensión
de sobrevivientes, si son los preceptos vigentes para la fecha del fallecimiento, sin
perjuicio de los derechos adquiridos bajo normas anteriores».

75. Aunado a lo anterior, el Acto Legislativo 01 de 2005 indica que «los requisitos y
beneficios para adquirir el derecho a una pensión de invalidez o de sobrevivencia serán
los establecidos por las leyes del Sistema General de Pensiones».

76. En este orden de ideas, la norma aplicable para definir el derecho a la
sustitución pensional de la señora Ana Triginia Osorio Rodríguez es el artículo 47 de
la Ley 100 de 1993, que exigía la existencia de vida marital hasta la fecha de la muerte,
y dos años de convivencia, salvo que la pareja haya tenido hijos. En la sentencia C-
389 de 199645, la Corte Constitucional interpretó los requisitos de la norma en comento,
en los siguientes términos:

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42 Expresión declarada inexequible en la sentencia C-1176 de 2001 de la Corte Constitucional.
43 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de abril de 2013, proceso con radicado 76001-23-31-

000-2007-01611-01 (1605-2009), M.P. Luis Rafael Vergara Quintero.
44 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 11 de agosto de 2022, proceso con radicado 23001-23-33-

000-2014-00444-01 (1655-2017).
45 M.P. Alejandro Martínez Caballero.

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Demandado: UGPP

Los requisitos establecidos por el literal impugnado parcialmente [literal a, art. 47 de la
Ley 100 de 1993] pretenden evitar, como bien lo señala el Ministerio Publico,
convivencias de última hora para acceder a la sustitución pensional de quien está a
punto de fallecer. En principio la Corte no encuentra ninguna objeción a que la ley
establezca mayores exigencias que la simple convivencia al momento de la muerte,
pues la pensión de sobrevivientes es una institución en donde el Legislador tiene una
amplia libertad de configuración. Además, la norma persigue de esa manera una
finalidad legítima pues, como lo muestra la regulación legal, la pensión de sobreviviente
es asignada, según diferentes reglas, a diversos beneficiarios.

[…]

El interrogante que se plantea es entonces si viola la igualdad que la ley establezca
que el haber procreado uno o más hijos con el pensionado puede permitir que acceda
a la pensión de sobreviviente el cónyuge o compañero supérstite que, habiendo
cumplido los otros dos requisitos, no haya convivido al menos dos años continuos con
el pensionado. Y la corte encuentra que se trata de una regulación razonable y
admisible, pues la exigencia de los dos años mínimos de convivencia se explica como
una prueba de los lazos afectivos existentes entre el fallecido y el cónyuge o compañero
beneficiario. Ahora bien, la procreación de uno o más hijos es también un elemento que
permite inferir la existencia de lazos afectivos y de convivencia efectiva, que justifican
la equiparación, por la ley, de estas dos condiciones. Visto desde esa perspectiva, y
teniendo en cuenta la amplia libertad del Legislador para regular la materia, la Corte
concluye que no viola la igualdad la consagración de ese requisito alterno.

77. Ahora bien, en cuanto a la interpretación del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, la
jurisprudencia ha considerado que se «debe demostrar la existencia de convivencia
con el causante al momento de su muerte, y que la misma perduró durante al menos
los dos años anteriores al deceso. Sin embargo, también se previó la posibilidad de
relevar a la beneficiaria de acreditar la mencionada temporalidad (dos años) si dentro
de la misma hubiese procreado uno o más hijos»46.

78. Pues bien, el artículo 47 original de la Ley 100 de 1993 preveía dos condiciones
para que el cónyuge tuviera derecho a la sustitución pensional, a saber, la convivencia
efectiva con el causante al momento de su fallecimiento (existencia de vida marital) y
que dicha convivencia se hubiera mantenido, por lo menos, durante los dos años
anteriores a la muerte. No obstante, este último requisito temporal podía suplirse
cuando, dentro de ese lapso, la pareja hubiera procreado uno o más hijos.

79. La hermenéutica de esta norma, según la Corte Suprema de Justicia refiere que la
convivencia efectiva al momento de la muerte con el de cujus debe acreditarse en
todos los casos, sin excepción, pues lo verdaderamente relevante es demostrar la
existencia de un grupo familiar merecedor de protección ante la pérdida del cónyuge
o compañero permanente47.

46
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 20 de abril de 2020, SL1365-2020, rad.
73158, M.P. Dolly Amparo Caguasango Villota.
47 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia SL15092-2014.

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80. Ahora bien, para la fecha de fallecimiento del causante no estaba previsto el
supuesto sobre la vigencia del vínculo matrimonial entre los cónyuges separados de
hecho, que en la actualidad prevé el derecho a la pensión de sobrevivientes si «no
existe convivencia simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal pero hay una
separación de hecho» entre los cónyuges (lit. b, art. 47 de la Ley 100 de 1993,
modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003). Por consiguiente, contrario a lo
alegado en el recurso de apelación, en este caso la norma aplicable impide reconocer
la sustitución pensional a la cónyuge separada de hecho y con el vínculo matrimonial
vigente.

81. En este orden de ideas, en el presente caso, la norma aplicable para el derecho
a la sustitución pensional, artículo 47 de la Ley 100 de 1993 en la versión original,
exige la convivencia efectiva al momento de la muerte del causante, y dos años de
convivencia con la cónyuge salvo que haya procreado uno o más hijos con el
pensionado fallecido. Ahora bien, está acreditado que la señora Ana Triginia Osorio
Rodríguez es la cónyuge supérstite del señor Carlos Arturo López Rojas, en tanto, el
vínculo matrimonial estaba vigente y de esa unión tuvieron cuatro hijos, a saber, Sonia
Ingrid, Diana Rocío, Carlos Germán y Hernán Arturo López Osorio.

82. En cuanto al requisito de convivencia para la fecha de fallecimiento del causante,
en el expediente obran las declaraciones extrajuicio de Hernán Arturo López Osorio
(hijo del causante), Nubia Stella Franco Orjuela y Orlando Vanegas Gama 48, quienes
afirmaron que el causante convivió hasta la fecha de su deceso con la señora Ana
Triginia Osorio Rodríguez.

83. El hijo del causante, Hernán Arturo López Osorio, afirmó de manera expresa que
su padre convivía con su madre al momento del fallecimiento, bajo vínculo matrimonial
católico, y que compartieron «techo, lecho y mesa» desde el 26 de junio de 1965 hasta
la fecha de la muerte. Nubia Stella Franco Orjuela manifestó haber conocido al
causante durante aproximadamente 30 años, declaró igualmente que este convivió
con Ana Triginia Osorio hasta la fecha de su fallecimiento, compartiendo «techo, lecho
y mesa», y que dicha convivencia fue permanente e ininterrumpida. Orlando Vanegas
Gama también sostuvo que le constaba que el causante convivió con su esposa hasta
el día de su muerte.

84. Las tres declaraciones afirman la existencia del matrimonio, resaltan la comunidad
de habitación, la permanencia de la relación y la existencia de cuatro hijos nacidos de
esa unión.

85. En contraposición, la sentencia del Juzgado Once Civil del Circuito del 4 de junio
de 2003 concluyó que Clemencia Emilia Rodríguez fue la persona que acompañó al
causante hasta su muerte, lo cuidó durante su enfermedad terminal y convivió con él

48 Samai, proceso en el Tribunal 25000234200020180208700. Gestionar documentos. Expediente digital. Índice

39, págs. 336 a 340.
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desde el 29 de noviembre de 1986 hasta el 10 de abril de 1997. Ese fallo contradice
directamente la tesis de las declaraciones extrajuicio sobre la convivencia exclusiva y
efectiva con la esposa al momento del fallecimiento.

86. En este contexto, le correspondía a la parte actora acreditar la convivencia para
la fecha de fallecimiento, o que existían lazos de solidaridad, apoyo mutuo y
acompañamiento, por ejemplo, a través de aportes económicos, el acompañamiento a
citas médicas, visitas o la comunicación constante.

87. Sin embargo, aun cuando se partiera de la hipótesis de una convivencia
simultánea, las declaraciones extrajuicio valoradas en conjunto con las demás pruebas
recaudadas, no tienen la fuerza probatoria suficiente para demostrar el requisito de
convivencia para la fecha del fallecimiento del pensionado, puesto que no describen
de manera detallada en qué términos existió presuntamente esa convivencia, ni
informaron aspectos relevantes como el hecho de que el causante padecía de una
enfermedad terminal.

88. Por el contrario, a partir de la valoración de la sentencia del 4 de junio de 2003
del Juzgado Once Civil del Circuito de Bogotá, se tiene que desde el 29 de noviembre
de 1986, Carlos Arturo López Rojas y Clemencia Emilia Rodríguez Rubiano
conformaron una vida en común y que adquirieron bienes con esfuerzo compartido.
Debido a la enfermedad del señor López Rojas, se trasladaron a Girardot, y que
Clemencia lo acompañó durante su quebranto de salud. En dicho proceso, obra la
certificación de la administración del conjunto Zarzamora (Bogotá), en la cual señaló
que figuraban como propietarios y residentes del apartamento 423. En ese trámite se
describió que también vivieron juntos en la casa 17, del Conjunto Residencial el
Refugio, de la ciudad de Girardot. Igualmente, se relató que tuvieron un almacén de
calzado, el cual tuvieron que vender.

89. En este orden de ideas, frente a los reparos de la parte actora, la Sala debe
decir que ciertamente la referida sentencia no declaró la existencia de una unión
marital de hecho; sin embargo, al haber sido aportada como prueba y dado que se
surtió el derecho de contradicción de las partes, sí contiene unos hechos que pueden
ser valorados en este proceso, en el cual lo debatido es el derecho a la sustitución
pensional.

90. Asimismo, la fuerza de cosa juzgada de la sentencia dictada en la jurisdicción
civil y el hecho de que la señora Clemencia Emilia Rodríguez Rubiano hubiese
desistido ante la UGPP de la reclamación de reconocimiento de la sustitución
pensional, de modo alguno eximían a la accionante para que no cumpliera con la carga
de la prueba para demostrar los requisitos exigidos por el legislador. En consecuencia,
por el solo hecho del desistimiento de la referida señora, no se suple la actividad
probatoria que la interesada debió desarrollar en el proceso, para poder llevar al juez

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al grado de convencimiento sobre la certeza de la convivencia al momento del
fallecimiento.

91. En respuesta al problema jurídico, la Subsección concluye que si bien la parte
actora está exceptuada de acreditar dos años de convivencia, dado que procreó cuatro
hijos con su esposo, lo cierto es que no cumplió con la carga procesal de demostrar la
vida marital con el cónyuge antes del fallecimiento, entendida como la convivencia
efectiva expresada en los lazos de solidaridad y apoyo mutuo.

92. En este orden de ideas, se desestiman los argumentos del recurso de apelación y
se confirma el fallo que negó las pretensiones de la demanda, pero por las razones
expuestas en esta providencia.

4. Costas

93. La presente providencia acoge el criterio interpretativo mayoritario 49 de la
Subsección sobre el artículo 188 del CPACA, según el cual la norma en cita no
presupone la causación automática de costas contra la parte que pierda el litigio, sino
que es necesario realizar un juicio de ponderación o valoración subjetiva respecto de
la conducta procesal asumida por las partes, por lo tanto, debe verificarse que la parte
vencida actuó de mala fe, de manera temeraria o dilatoria, etc. Así las cosas, en esta
oportunidad no se condenará en costas, porque no se advierte que la parte haya
incurrido en las anteriores conductas.

5. Conclusión

94. La señora Ana Triginia Osorio Rodríguez no tiene derecho a la sustitución
pensional, en la calidad de cónyuge supérstite del señor Carlos Arturo López Rojas,
en aplicación del artículo 47 de la Ley 100 de 1993 (precepto original antes de la
modificación de la Ley 797 de 2003), norma en rigor para el año 1997 cuando falleció
el causante, toda vez que si bien el vínculo matrimonial estuvo vigente hasta el
fallecimiento del pensionado y tuvieron cuatro hijos, lo cierto es que no cumplió con la

49 La magistrada ponente, en cambio, considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a

un criterio objetivo valorativo por varias razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no excluye
la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser valoradas
por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del artículo 188 no
elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se ventila
un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo.». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de
2016, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
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carga de probar la vida marital con el cónyuge al momento del fallecimiento, que se
entiende como la convivencia efectiva expresada en los lazos de solidaridad y apoyo
mutuo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero: Confirmar la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, el 10 de febrero de 2021, que negó
las pretensiones de la demanda, pero por las razones expuestas en la parte motiva.

Segundo: Sin condena en costas en esta instancia.

Tercero: Aceptar la renuncia presentada por la abogada Gloria Ximena Arellano
Calderón, identificada con cédula de ciudadanía 31.578.572 y tarjeta profesional
123.175 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderada de la UGPP, en los
términos del memorial que obra en Samai en el índice 18.

Cuarto: Reconocer personería al abogado Omar Trujillo Polanía, identificado con
cédula de ciudadanía 1.117.507.855 y tarjeta profesional 201.792, como apoderado
de la UGPP, de conformidad con el poder que obra en el índice 19 de Samai.

Quinto: Reconocer personería a la abogada María Camila Camargo Rueda,
identificada con cédula de ciudadanía 1.090.492.389 y tarjeta profesional 340.484,
como apoderada sustituta de la UGPP, según el poder que obra en el índice 19 de
Samai.

Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el Sistema de
Gestión Judicial SAMAI.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente

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JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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