RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-25-000-2017-00484-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2017-00484-00

Fecha
9 de julio de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2017-00484-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. DECLARAR INFUNDADA la acción especial de revisión interpuesta por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, contra la sentencia del diecinueve (19) de febrero de dos mil quince (2015), proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante la cual, en cumplimiento del fallo de tutela proferido por el Consejo de Estado, resolvió nuevamente el recurso de apelación, revocó la sentencia del treinta (30) de mayo de dos mil trece (2013) proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Barranquilla y, en su lugar, ordenó el reconocimiento y pago de la pensión gracia post mortem a favor del señor Jairo José de la Rosa Caro, en calidad de cónyuge supérstite de la señora Clara Inés de la Cruz de la Rosa, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No. 08001333100220130115200. SEGUNDO. Sin condena en costas. TERCERO. Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las constancias y anotaciones del caso. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2017-00484-00

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

9 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá D. C., Nueve (9) de Julio de Dos Mil Veintiséis (2026)

Radicado: 11001-03-25-000-2017-00484-00 (2265-2017)1
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Demandado: Jairo José de la Rosa Caro
Medio de control: Acción especial de revisión (artículo 20 de la Ley 797 de 2003)
Tema: Reconocimiento pensión gracia
Decisión: Sentencia de única instancia

La Sala decide la acción especial de revisión interpuesta por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – UGPP, contra la sentencia del diecinueve (19) de febrero de dos
mil quince (2015), proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante la
cual, en cumplimiento del fallo de tutela proferido por el Consejo de Estado, resolvió
nuevamente el recurso de apelación, revocó la sentencia del treinta (30) de mayo
de dos mil trece (2013) proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito
de Barranquilla y, en su lugar, ordenó el reconocimiento y pago de la pensión gracia
post mortem a favor del señor Jairo José de la Rosa Caro, en calidad de cónyuge
supérstite de la señora Clara Inés de la Cruz de la Rosa, dentro del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No.
08001333100220130115200.

I. ANTECEDENTES

1. La acción especial de revisión2.

1
Expediente híbrido.
2
Índice 00018 del Samai, 1archivo: 0_ED_Folio1al747_Cuaderno2Folio1al747.pdf(.PDF).

2

Número Interno: 2265-2017
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
Demandado: Jairo José de la Rosa Caro

1.1. Pretensiones.

1. La entidad accionante, por intermedio de apoderado judicial, formuló la acción

especial de revisión prevista en el artículo 20, literales a) y b), de la Ley 797 de
2003, con la que pretende que se infirme la sentencia del diecinueve (19) de febrero
de dos mil quince (2015), proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico,
mediante la cual, en cumplimiento del fallo de tutela proferido por el Consejo de
Estado el veintinueve (29) de enero de dos mil quince (2015), revocó la sentencia
del treinta (30) de mayo de dos mil trece (2013) proferida por el Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito de Barranquilla y, en su lugar, declaró la nulidad de las
Resoluciones UGM 023360 del veintinueve (29) de diciembre de dos mil once
(2011) y UGM 033104 del catorce (14) de febrero de dos mil doce (2012), ordenando
el reconocimiento y pago de la pensión gracia post mortem a favor del señor Jairo
José de la Rosa Caro, en calidad de cónyuge supérstite de la señora Clara Inés de
la Cruz de la Rosa, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho referenciado ut supra.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, la entidad accionante solicitó: (i)

declarar que existió falta de legitimación en la causa por pasiva dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por el señor Jairo José
de la Rosa Caro, por cuanto la Caja Nacional de Previsión Social – Cajanal EICE
en Liquidación no era la entidad llamada a satisfacer las pretensiones de la
demanda; y (ii) declarar que el reconocimiento de la pensión gracia post mortem
efectuado a favor del señor Jairo José de la Rosa Caro excedió lo debido conforme
a la Ley 114 de 1913 y al artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989, por
no acreditarse el requisito de veinte (20) años de servicios en la docencia oficial.

1.2. Los hechos.

3. Narró que la señora Clara Inés de la Cruz de la Rosa, nació el once (11) de marzo

de mil novecientos cincuenta y seis (1956) y falleció el veintitrés (23) de noviembre
de dos mil ocho (2008). Indicó que, conforme a los certificados de información
laboral, prestó servicios docentes para la Secretaría de Educación del
Departamento del Atlántico desde el veintitrés (23) de noviembre de mil novecientos
setenta y ocho (1978) hasta el primero (1.º) de julio de mil novecientos noventa y

3

Número Interno: 2265-2017
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
Demandado: Jairo José de la Rosa Caro

cinco (1995), fecha en la cual fue retirada del servicio por incapacidad permanente.

4. Señaló que, mediante la Resolución 00112 del veintidós (22) de febrero de mil

novecientos noventa y seis (1996), el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio reconoció a la causante una pensión de invalidez equivalente al cien por
ciento (100 %) del último salario devengado, con efectividad a partir del primero (1.º)
de julio de mil novecientos noventa y cinco (1995), en razón de la pérdida de
capacidad laboral del cien por ciento (100 %).

5. Expuso que, mediante la Resolución UGM 023360 del veintinueve (29) de

diciembre de dos mil once (2011), la entonces Cajanal EICE negó el reconocimiento
de la pensión gracia post mortem solicitada por el señor Jairo José de la Rosa Caro,
al considerar que, la docente no acreditó Veinte (20) años de servicios oficiales.
Añadió que dicha decisión fue confirmada mediante la Resolución UGM 033104 del
catorce (14) de febrero de dos mil doce (2012), al resolver el recurso de reposición
interpuesto contra el acto inicial.

6. Indicó que, el señor Jairo José de la Rosa Caro promovió medio de control de

nulidad y restablecimiento del derecho contra los referidos actos administrativos.
Precisó que el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Barranquilla, mediante
sentencia del treinta (30) de mayo de dos mil trece (2013), negó las pretensiones
de la demanda, decisión que fue confirmada por el Tribunal Administrativo del
Atlántico mediante sentencia del veintiocho (28) de marzo de dos mil catorce (2014).

7. Manifestó que, inconforme con la anterior decisión, el demandante promovió

acción de tutela y que el Consejo de Estado, mediante sentencia del veintinueve
(29) de enero de dos mil quince (2015), dejó sin efectos la providencia del veintiocho
(28) de marzo de dos mil catorce (2014), al considerar que debía aplicarse el
precedente jurisprudencial según el cual la pensión gracia puede reconocerse
cuando el docente ha laborado más de las dos terceras partes del tiempo exigido y
una situación de invalidez le impidió completar los veinte (20) años de servicio.

8. Señaló que, en cumplimiento de la anterior decisión de tutela, el Tribunal
Administrativo del Atlántico profirió sentencia el diecinueve (19) de febrero de dos
mil quince (2015), mediante la cual revocó la decisión del Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito de Barranquilla, declaró la nulidad de las Resoluciones

4

Número Interno: 2265-2017
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
Demandado: Jairo José de la Rosa Caro

UGM 023360 del veintinueve (29) de diciembre de dos mil once (2011) y UGM
033104 del catorce (14) de febrero de dos mil doce (2012) y ordenó reconocer y
pagar al señor Jairo José de la Rosa Caro, en calidad de cónyuge supérstite de la
señora Clara Inés de la Cruz de la Rosa, la pensión gracia post mortem. Indicó que
dicha providencia quedó ejecutoriada el cuatro (4) de marzo de dos mil quince
(2015).

9. Expuso que, mediante fallo de tutela proferido por el Juzgado Noveno Penal del

Circuito de Conocimiento el veinticinco (25) de noviembre de dos mil dieciséis
(2016), confirmado por el Tribunal Superior de Bogotá el veinticinco (25) de enero
de dos mil diecisiete (2017), se ordenó a la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
dar cumplimiento a la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico.

10. Finalmente, indicó que, mediante la Resolución RDP 048170 del veintiuno (21)

de diciembre de dos mil dieciséis (2016), la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
reconoció la pensión gracia post mortem a favor del señor Jairo José de la Rosa
Caro, con efectividad a partir del veinticuatro (24) de noviembre de dos mil ocho
(2008).

1.3. Sentencia(s) objeto de revisión3.

11. Mediante la sentencia del treinta (30) de mayo de dos mil trece (2013) 4 , el

Juzgado Cuarto (4) Administrativo del Circuito de Barranquilla, declaró no probadas
las excepciones de inepta demanda propuestas por la entidad demandada y negó
las pretensiones del medio de control.

12. Para ello, sostuvo que, conforme a las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de

1933 y al artículo 15 de la Ley 91 de 1989, la pensión gracia exige, entre otros
requisitos, acreditar veinte (20) años de servicios oficiales, presupuesto que no se
cumplía en el caso concreto. Al valorar el acervo probatorio, concluyó que, la señora
Clara Inés de la Cruz de la Rosa únicamente acreditó dieciséis (16) años, siete (7)
meses y ocho (8) días de servicio como docente oficial, de modo que, no cumplía el

3
Índice 00018 del Samai, 1archivo: 0_ED_Folio1al747_Cuaderno2Folio1al747.pdf(.PDF).
4
Índice 00018 del Samai, 1archivo: 0_ED_Folio1al747_Cuaderno2Folio1al747.pdf(.PDF), páginas 841 a 846.

5

Número Interno: 2265-2017
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
Demandado: Jairo José de la Rosa Caro

tiempo mínimo exigido por la ley para acceder a la pensión gracia. En consecuencia,
estimó improcedente reconocer la pensión gracia post mortem reclamada por el
señor Jairo José de la Rosa Caro, en calidad de cónyuge supérstite de la causante,
al faltar uno de los requisitos legales para su otorgamiento.

13. Contra la decisión de primera instancia, el demandado interpuso recurso de

apelación, resuelto por el Tribunal Administrativo del Atlántico, a través de la
sentencia del veintiocho (28) de marzo de dos mil catorce (2014) 5, en virtud de la
cual, se confirmó integralmente el fallo apelado.

14. Inconforme con la anterior decisión, el señor Jairo José de la Rosa Caro

promovió acción de tutela contra las providencias de primera y segunda instancia,
al estimar que estas desconocieron el precedente fijado por la Sección Segunda del
Consejo de Estado, respecto al reconocimiento de la pensión gracia a los docentes
que, habiendo laborado más de las dos terceras partes del tiempo de servicio
exigido, no pudieron completar los veinte (20) años por una situación de invalidez.

15. En sentencia del veintinueve (29) de enero de dos mil quince (2015), la Sección

Cuarta del Consejo de Estado amparó su derecho fundamental a la igualdad, dejó
sin efectos la sentencia del Tribunal Administrativo del Atlántico y ordenó dictar una
nueva providencia que acogiera el precedente establecido en la sentencia del treinta
(30) de septiembre de dos mil diez (2010), o expusiera de manera suficiente las
razones para apartarse de él, decisión que fue confirmada por la Sección Quinta el
nueve (9) de abril de dos mil quince (2015), al concluir que el Tribunal había incurrido
en desconocimiento del precedente judicial obligatorio.

16. En cumplimiento de la orden impartida por el Consejo de Estado en sede de

tutela, el Tribunal Administrativo del Atlántico profirió sentencia el diecinueve (19)
de febrero de dos mil quince (2015) 6 , mediante la cual, dejó sin efectos la
providencia del veintiocho (28) de marzo de dos mil catorce (2014) y profirió una
nueva decisión. En consecuencia, el Tribunal revocó la sentencia de primera
instancia, declaró la nulidad de los actos administrativos demandados y ordenó a
CAJANAL reconocer y pagar al señor Jairo José de la Rosa Caro, en calidad de
cónyuge supérstite de la señora Clara Inés de la Cruz de la Rosa, la pensión gracia,

5
Índice 00018 del Samai, 1archivo: 0_ED_Folio1al747_Cuaderno2Folio1al747.pdf(.PDF), páginas 909 a 920.
6
Índice 00018 del Samai, 1archivo: 0_ED_Folio1al747_Cuaderno2Folio1al747.pdf(.PDF), páginas 961 a 973.

6

Número Interno: 2265-2017
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
Demandado: Jairo José de la Rosa Caro

de la siguiente manera:

PRIMERO: REVÓCASE la sentencia proferida el treinta (30) de mayo de dos mil trece
(2013) por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Barranquilla, dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por el señor
Jairo José de la Rosa Caro contra la Caja Nacional de Previsión Social – CAJANAL,
de conformidad con la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLÁRASE la nulidad de las Resoluciones UGM 023360 del 29 de
diciembre de 2011 y UGM 033104 del 14 de febrero de 2012, mediante las cuales la
Caja Nacional de Previsión Social – CAJANAL negó la pensión gracia solicitada por
el señor Jairo José de la Rosa Caro, en calidad de cónyuge supérstite de la señora
Clara Inés de la Cruz de la Rosa.
TERCERO: ORDÉNASE a la Caja Nacional de Previsión Social – CAJANAL EICE
reconocer y pagar al señor Jairo José de la Rosa Caro, en calidad de cónyuge
supérstite de la señora Clara Inés de la Cruz de la Rosa, la pensión gracia, liquidada
con el setenta y cinco por ciento (75 %) de todo lo devengado en el año
inmediatamente anterior a la fecha en que se consolidó el estatus pensional,
conforme a las razones expuestas en la parte motiva de la providencia.
CUARTO: ORDÉNASE a la Secretaría del Tribunal que, una vez ejecutoriado el fallo,
devuelva el expediente al juzgado competente para lo de su cargo.
QUINTO: COMUNÍQUESE y envíese copia del fallo de cumplimiento de tutela al
expediente de tutela radicado bajo el No. 2014-02940-00, asignado a la Consejera
Martha Teresa Briceño de Valencia, de la Sección Cuarta del Consejo de Estado.

17. Como sustento de la decisión, el Tribunal señaló que, en acatamiento de lo

ordenado por el Consejo de Estado en sede de tutela, procedía a proferir una nueva
decisión atendiendo el precedente fijado por la Sección Segunda de esa
Corporación en sentencia del treinta (30) de septiembre de dos mil diez (2010). En
ese contexto, reprodujo las consideraciones expuestas en dicho precedente,
conforme a las cuales, en aplicación del principio de proporcionalidad, resultaba
procedente reconocer la pensión gracia cuando el docente hubiera laborado más
de las dos terceras partes del tiempo de servicio exigido y la imposibilidad de
completar los veinte (20) años obedeciera a una situación de invalidez no imputable
a él. Asimismo, indicó que dicho criterio encontraba respaldo en la Sentencia C-794
de 2009 de la Corte Constitucional.

18. Bajo ese entendimiento, el Tribunal encontró acreditado que la señora Clara Inés

de la Cruz de la Rosa se vinculó al servicio docente oficial con anterioridad al treinta
y uno (31) de diciembre de mil novecientos ochenta (1980), prestó sus servicios
durante dieciséis (16) años, ocho (8) meses y ocho (8) días, y fue retirada del
servicio por invalidez permanente, con una pérdida de capacidad laboral del cien
por ciento (100 %). Si bien reconoció que la causante no cumplía el requisito de
veinte (20) años de servicio previsto en la Ley 114 de 1913, concluyó que había

7

Número Interno: 2265-2017
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
Demandado: Jairo José de la Rosa Caro

laborado más de las dos terceras partes del tiempo exigido y que la imposibilidad
de completar dicho requisito obedeció a una circunstancia ajena a su voluntad,
razón por la cual revocó la decisión de primera instancia y ordenó el reconocimiento
de la pensión gracia post mortem a favor de su cónyuge supérstite.

1.4. Las causales de revisión invocadas.

19. La entidad accionante invocó las causales previstas en los literales a) y b) del

artículo 20 de la Ley 797 de 2003, al sostener que, con las providencias cuya
revisión se pretende, se desconoció el debido proceso y, en adición, se ordenó el
reconocimiento de una suma que excedió lo debido de acuerdo con la ley.

20. Frente a la causal contenida en el literal a) de la Ley en cita, explicó que, dentro

del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho existía falta de
legitimación en la causa por pasiva, por cuanto la Caja Nacional de Previsión Social
– Cajanal EICE en Liquidación no era la entidad llamada a satisfacer las
pretensiones de la demanda, al considerar que no era la destinataria ni depositaria
de los fondos o recursos que se recaudan para la seguridad social en salud. En ese
sentido, sostuvo que la providencia objeto de revisión fue proferida con vulneración
del debido proceso.

21. En lo que respecta a la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley

797 de 2003, la entidad accionante afirmó que la sentencia objeto de revisión
reconoció la pensión gracia post mortem, pese a que la causante no acreditó el
requisito de veinte (20) años de servicios exigido por la Ley 114 de 1913 y el artículo
15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989. Indicó que el Tribunal sustentó el
reconocimiento en el precedente fijado por la Sección Segunda del Consejo de
Estado en sentencia del treinta (30) de septiembre de dos mil diez (2010) y en la
Sentencia C-794 de 2009 de la Corte Constitucional, pese a que, en su criterio, tales
providencias respondían a supuestos fácticos y jurídicos diferentes. Con
fundamento en ello, sostuvo que la sentencia reconoció una prestación sin el
cumplimiento de los requisitos legales y que, por tal razón, procedía la revisión con
fundamento en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

1.5. Contestación de la demanda.

8

Número Interno: 2265-2017
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
Demandado: Jairo José de la Rosa Caro

22. La acción especial de revisión fue admitida mediante el auto del primero (1) de

septiembre de dos mil veinte (2020)7, notificado a la parte demandada el veintiuno
(21) de abril de dos mil veintiséis (2026) 8 . dentro del término de traslado
correspondiente, el demandado allegó contestación 9, en la cual solicitó declarar
infundada la acción especial de revisión, al considerar que no se configuró ninguna
de las causales previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y que la UGPP
pretende reabrir un debate jurídico ya resuelto. Asimismo, sostuvo que el Tribunal
Administrativo del Atlántico actuó en cumplimiento del fallo de tutela proferido por el
Consejo de Estado y fundamentó el reconocimiento de la pensión gracia post
mortem en el precedente jurisprudencial vigente sobre la materia.

23. En consecuencia, a través del auto del once (11) de junio de dos mil veintiséis

(2026) 10 , el despacho sustanciador tuvo por contestada la acción especial de
revisión y, en el mismo proveído, incorporó, con su valor legal, los documentos
aportados con la demanda, así como el expediente con Rad Nº.
08001333100220130115200.

24. El Ministerio Público no rindió concepto.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

25. La Sala es competente para conocer y decidir la presente acción, según lo

previsto en los artículos 249 del CPACA 11 y 20 de la Ley 797 de 2003 12 , en
concordancia con lo previsto en el artículo 13 del reglamento de esta Corporación,
contenido en el Acuerdo 080 del doce (12) de marzo de dos mil diecinueve (2019)13.

2.2. Oportunidad.

26. La acción especial de revisión bajo examen resulta oportuna, toda vez que, la

7
Índice 00014 del Samai.
8
Índice 00064 del Samai.
9
Índice 00065 del Samai.
10
Índice 00067 del Samai.
11
«[…] De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán
las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. […]»
12
«Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro
público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier
naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias»
13
«Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».

9

Número Interno: 2265-2017
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
Demandado: Jairo José de la Rosa Caro

sentencia de segunda instancia cuya revisión se pretende fue proferida el
diecinueve (19) de febrero de dos mil quince (2015)14, quedando ejecutoriada el
cuatro (4) de marzo de esa anualidad15, la acción fue presentada el siete (7) de junio
de dos mi diecisiete (2017)16, por lo que, surge de bulto que no se superó el término
de cinco (5) años establecido en el artículo 251 del CPACA.

2.3. Cuestión previa.

27. Previo a abordar el fondo de la controversia, la Sala advierte que, si bien la

Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social –UGPP– identificó como providencia objeto de revisión la
sentencia del veintiocho (28) de marzo de dos mil catorce (2014), proferida por el
Tribunal Administrativo del Atlántico, del contenido integral de la acción se
desprende que los reparos formulados se dirigen contra la sentencia del diecinueve
(19) de febrero de dos mil quince (2015), mediante la cual, esa misma Corporación
resolvió nuevamente el recurso de apelación y ordenó el reconocimiento de la
pensión gracia post mortem a favor del señor Jairo José de la Rosa Caro.

28. Lo anterior, por cuanto la sentencia del veintiocho (28) de marzo de dos mil

catorce (2014), que confirmó la decisión de primera instancia, fue dejada sin efectos
en cumplimiento del fallo de tutela proferido por el Consejo de Estado el veintinueve
(29) de enero de dos mil quince (2015). En acatamiento de dicha orden, el Tribunal
Administrativo del Atlántico profirió una nueva sentencia el diecinueve (19) de
febrero de dos mil quince (2015), mediante la cual resolvió nuevamente el recurso
de apelación, revocó la decisión del juzgado y dispuso el reconocimiento de la
prestación pensional.

29. En consecuencia, dado que la sentencia del diecinueve (19) de febrero de dos

mil quince (2015) sustituyó la providencia del veintiocho (28) de marzo de dos mil
catorce (2014), y es la que contiene el reconocimiento pensional cuya legalidad
cuestiona la entidad accionante, la Sala abordará el estudio de las causales de
revisión respecto de aquella providencia, sin que ello implique alterar el objeto de la
presente acción, pues, únicamente se precisa cuál es la decisión judicial susceptible

14
Índice 00018 del Samai, 1archivo: 0_ED_Folio1al747_Cuaderno2Folio1al747.pdf(.PDF), páginas 961 a 973.
15
Índice 00018 del Samai, 1archivo: 0_ED_Folio1al747_Cuaderno2Folio1al747.pdf(.PDF), página 972.
16
Índice 00001 del Samai.

10

Número Interno: 2265-2017
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
Demandado: Jairo José de la Rosa Caro

de revisión.

2.4. Problema jurídico.

30. Corresponde a la Sala determinar, lo siguiente:

(i) ¿Se configuró la causal de revisión contenida en el literal a) del artículo
20 de la Ley 797 de 2003, al haberse reconocido y ordenado el pago de
la pensión gracia post mortem a favor del señor Jairo José de la Rosa
Caro, en calidad de cónyuge supérstite, con violación del debido proceso?

(ii) ¿Se configuró la causal de revisión prevista en el literal b) ibidem, por
haberse reconocido un derecho en cuantía que excede lo debido de
acuerdo con la ley?

2.5. Marco normativo y jurisprudencial.

2.5.1. Acción especial de revisión de la Ley 797 de 2003: objeto y alcance.

31. El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 instituyó una acción especial de revisión de

providencias judiciales, de la siguiente manera:

«Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del
tesoro público o de fondos de naturaleza pública. Las providencias judiciales
que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a
fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o
pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o
la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del
Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador
General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una
transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario
de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse por las causales consagradas
para este en el mismo código y además:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la
ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.»

32. Dicha acción, entonces, está orientada a restablecer la justicia material 17 y

17
Ver Corte Constitucional, Sala Plena; sentencia C-450 de 16 de julio de 2015.

11

Número Interno: 2265-2017
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
Demandado: Jairo José de la Rosa Caro

comporta una herramienta excepcional que se opone a los principios de cosa
juzgada y seguridad jurídica, razón por la cual esta Corporación ha sostenido que
«sólo debe admitirse frente a un fin legítimo, que en estos asuntos es determinar si
el reconocimiento pensional se hizo con violación al debido proceso o, si como en
este caso se invoca, la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley»18.

33. Por tanto, las causales que el legislador prevé como únicas para superar y

quebrar la seguridad jurídica que se deriva de una sentencia judicial, en caso de su
prosperidad, atienden a circunstancias específicas y objetivas, que no corresponden
a un cuestionamiento de valoraciones de tipo jurídico, fáctico o probatorio,
adelantado por el juzgador en el proceso que dio lugar a la decisión cuestionada.
Por ello, no puede utilizarse este medio impugnativo, so pretexto de reabrir el debate
jurídico o revivir una valoración probatoria, que fue realizada por el juez de instancia.

34. De forma consistente, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha precisado que,

la rigurosidad de esta clase de asuntos, no permite que el juzgador se aproxime a
alguna causal que no fue debidamente planteada y soportada, ni tampoco permite
convertir esta vía en una tercera instancia, pues, ello desnaturalizaría la función de
esta clase de instrumentos extraordinarios19.

35. Finalmente, resulta necesario aclarar que, la adopción del trámite propio del

recurso extraordinario de revisión establecido en el CPACA, no significa, como lo
explicó la Sala Especial de Decisión 25 de esta Colegiatura, en sentencia del cuatro
(4) de junio de 2019, «que la acción especial contenida en esa normativa y el
referido recurso sean equiparables jurídicamente, sino solo que el trámite 20 […]
pues esta acción especial “tiene un carácter sui generis 21, dado que, más allá de

18
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia de 1° de agosto de 2024; consejero ponente: Rafael
Francisco Suárez Vargas.
19
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, 24 de febrero
de 2004, exp. 15001-03-15-000-00793-00 y Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alberto
Yepes Barreiro, 26 de febrero de 2013, exp. 15001-03-15-000-01027-00.
20
Esta Corporación ha indicado que con la demanda de revisión se inicia una instancia con trámite propio y diferentes etapas
procesales que culminan con un fallo definitorio sobre la legalidad de la sentencia ejecutoriada, conclusión que la ha llevado
a concluir que el recurso extraordinario de revisión constituye un nuevo proceso o inclusive una acción o medio de control
más. Ver: Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Auto de 12 de agosto de 2014 [Rad. 11001-03-15-000-2013-02110-
00]. MP. Bertha Lucía Ramírez de Páez; Salas Especiales de Decisión No. 22 y 25. Sentencias de 3 de marzo de2015 [Rad.
11001-03-15-000-2014-00579-00 (REV)]. MP. Alberto Yepes Barreiro [Rad. 11001-03-15-000-2012-01776-00 (REV)]. MP. (E)
Hernán Andrade Rincón. La Corte Constitucional, en el marco de la acción especial revisión, ha aceptado que esta se realiza
a través de una demanda sometida a las formalidades y requisitos del recurso extraordinario de revisión. Ver: Sala Plena.
Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araújo Rentería.
21
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araújo Rentería. En esta providencia se indicó,
como una novedad del artículo 20 de la Ley 797/03, que la acción especial o “sui generis” de revisión procedía no solo contra
sentencias sino también contra los actos contentivos de transacciones o conciliaciones judiciales o extrajudiciales, con base
en las causales generales y el trámite previsto para el recurso extraordinario de revisión en el CCA – hoy en el CPACA –.

12

Número Interno: 2265-2017
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
Demandado: Jairo José de la Rosa Caro

que pueda infirmar una sentencia ejecutoriada –al igual que el recurso extraordinario
de revisión –, presenta unas particularidades que le otorgan una entidad propia 22»,
tal como el análisis que sobre su configuración realiza el juez de esta acción23.

2.5.2. Alcance de la causal prevista en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797
de 2003: violación del debido proceso.

36. De conformidad con el contenido del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de

2003, las providencias judiciales que hayan decretado o decreten reconocimientos
que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública, la obligación de
cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza, podrán ser
revisadas por esta Corporación, en los casos que sean de su competencia, cuando
el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso. Así, en asuntos
de similares contornos fácticos, en cuanto a los elementos esenciales que integran
el derecho fundamental al debido proceso, la Sala Veintidós (22) Especial de
Revisión de esta Colegiatura ha señalado24:

“Al respecto, la Sala precisa que el derecho fundamental al debido proceso, consagrado en
el artículo 29 de la Constitución Política, es una garantía para equilibrar la relación autoridad
• libertad que surge entre el Estado y los asociados, y está prevista en favor de las partes y
de los terceros interesados en una actuación administrativa o judicial. Según la norma en
comento, el debido proceso comprende fundamentalmente tres grandes elementos:

i) El derecho al juez natural o funcionario competente;
ii) El derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento, esto es,
conforme con las normas procesales dictadas para impulsar la actuación judicial o
administrativa; y
iii) Las garantías de audiencia y defensa, que, desde luego, incluyen el derecho a ofrecer y
producir la prueba de descargo, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa técnica,
el derecho a un proceso público y sin dilaciones, el derecho a que se produzca una decisión
motivada, el derecho a impugnar la decisión y la garantía de non bis in ídem”.

37. Igualmente, sobre el contenido y alcance de la aludida causal de revisión, esta

Sección ha sostenido que, “es necesario que se exponga la vulneración del derecho
al debido proceso en relación con los núcleos esenciales que lo componen”25 y “la

Agregó que las dos (2) causales especiales introducidas por esa norma sólo se predicaban únicamente respecto de las
sentencias.
22
Esta Corporación ha destacado que las particularidades de la acción especial de revisión le otorgan una entidad propia,
reflejada principalmente en la legitimación por activa calificada y su finalidad. Ver: Sección Segunda. Auto de 27 de marzo de
2014 [Rad. 11001-03-25-000-2012-00561-00(2129-12)]. MP. Gerardo Arenas Monsalve, y [sA] sentencia de 17 de mayo de
2018 [Rad. 11001-03-25-000-2014-00665-00(2074-14)]. MP. William Hernández Gómez.
23
Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 25, Exp. 2014-02013-00. M.P. Dra. Marta Nubia Velásquez Rico.
24
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 22 Especial de Revisión; sentencia de 5 de febrero
de 2019; expediente 11001-03-15-000-2018-01884-00; consejero ponente: Alberto Yepes Barreiro.
25
Consejo de Estado, Sección Segunda - Subsección B; sentencia de 30 de mayo de 2024; expediente: 11001-03-25-000-
2019-00728-00 (5558-2019); consejero ponente Juan Enrique Bedoya Escobar.

13

Número Interno: 2265-2017
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
Demandado: Jairo José de la Rosa Caro

parte interesada debe promover la acción especial de revisión y aportar los
elementos sobre los cuales estructura su petición”26.

2.5.3. Alcance de la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797
de 2003: cuando la cuantía del derecho reconocido exceda lo debido.

38. La causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 dispone

que “cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con
la ley, pacto, o convención colectiva que le eran legalmente aplicables”, es decir,
cuando la sentencia reconoce una prestación por un monto que no corresponde a
lo legal o convencionalmente establecido.

39. Esta causal jurisprudencialmente ha sido considerada como una herramienta

legal útil que persigue fortalecer el principio de la moralidad administrativa y permite
corregir los reconocimientos pensionales que se han efectuado en exceso y que
afectan los principios cardinales que orientan el Sistema General de Pensiones, en
especial, el principio de solidaridad y el equilibrio o sostenibilidad financiera27.

40. En la sentencia del tres (3) de junio de dos mil veintiuno (2021)28, la Sección

Segunda de esta Corporación precisó, frente al alcance de la acción especial de
revisión bajo estudio, que la misma no se extiende a reabrir el debate probatorio,
sino que, se orienta a revisar el valor de las pensiones reconocidas en contra de lo
ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio entre la prestación
y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos limitados del tesoro
público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así
como el principio de universalidad que lo inspira.

41. En dicha oportunidad, se aclaró que, la acción especial de revisión no se erige

como una tercera instancia, a través de la cual se pueda reabrir el debate sustancial
-o de fondo- sobre el derecho a una prestación, pues, su marco se encuentra
circunscrito a revisar los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho y a
la liquidación de aquel. En ese sentido, se entienden excluidos del alcance de la

26
Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección A; sentencia de 8 de agosto de 2024; expediente:
27
Reiterado en: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia del
17 de mayo de 2018, M.P. William Hernández Gómez, Rad. 11001-03-25-000-2014-00665-00(2074-14).
28
Entre otros, ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 3 de junio de 2021, radicado 11001
03 25 000 2018 01681 00 (5733-2018), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas; y del 8 de octubre de 2020, radicado 11001-
03-25-000-2017-00530-00 (2462-2017), M.P. William Hernández Gómez.

14

Número Interno: 2265-2017
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
Demandado: Jairo José de la Rosa Caro

causal los asuntos relativos al reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores
a las que se deben de acuerdo con las normas que rigen la materia.

2.6. Análisis del caso concreto.

42. En el asunto sub examine, la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP pretende
que se infirme la sentencia del diecinueve (19) de febrero de dos mil quince (2015),
proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante la cual, en
cumplimiento del fallo de tutela del veintinueve (29) de enero de dos mil quince
(2015), revocó la sentencia del treinta (30) de mayo de dos mil trece (2013),
proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Barranquilla y, en su
lugar, ordenó el reconocimiento y pago de la pensión gracia post mortem a favor del
señor Jairo José de la Rosa Caro, en calidad de cónyuge supérstite de la señora
Clara Inés de la Cruz de la Rosa, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho tramitado con el Rad Nº. 08001333100220130115200.

43. La entidad accionante invocó las causales contenidas en los literales a) y b) del

artículo 20 de la Ley 797 de 2003, para lo cual sostuvo que, la providencia cuya
revisión se pretende vulneró el debido proceso y reconoció un derecho que excedió
lo debido de acuerdo con la ley. Al respecto, hizo hincapié en que las causales de
revisión se configuraron porque, de una parte, el proceso se adelantó contra la Caja
Nacional de Previsión Social – Cajanal EICE en Liquidación, pese a que, en su
criterio, dicha entidad no era la llamada a satisfacer las pretensiones de la demanda
y, de otra, el Tribunal Administrativo del Atlántico reconoció la pensión gracia post
mortem sin que la causante acreditara el requisito de veinte (20) años de servicios
exigido por la Ley 114 de 1913 y el artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de
1989, con fundamento en un precedente jurisprudencial que, según afirmó, no
resultaba aplicable al caso concreto.

44. Ahora bien, para efectos metodológicos, la Sala bifurcará el análisis de las

causales invocadas por la actora respecto a las providencias objeto de revisión, así:

2.6.1. De la alegada vulneración del debido proceso.

45. Conforme al contenido del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, las

15

Número Interno: 2265-2017
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
Demandado: Jairo José de la Rosa Caro

providencias judiciales que hayan decretado o decreten reconocimientos que
impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir
sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza, podrán ser
revisadas por esta Corporación, en los casos que sean de su competencia, cuando
el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso.

46. Así, en asuntos de similares contornos fácticos, en cuanto a los elementos
esenciales que integran el derecho fundamental al debido proceso, la Sala 22
Especial de Revisión de esta Colegiatura ha señalado29:

Al respecto, la Sala precisa que el derecho fundamental al debido proceso,
consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, es una garantía para
equilibrar la relación autoridad - libertad que surge entre el Estado y los asociados, y
está prevista en favor de las partes y de los terceros interesados en una actuación
administrativa o judicial.
Según la norma en comento, el debido proceso comprende fundamentalmente tres
grandes elementos:
i. El derecho al juez natural o funcionario competente;
ii. El derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento,
esto es, conforme con las normas procesales dictadas para impulsar la
actuación judicial o administrativa; y
iii. Las garantías de audiencia y defensa, que, desde luego, incluyen el derecho
a ofrecer y producir la prueba de descargo, la presunción de inocencia, el
derecho a la defensa técnica, el derecho a un proceso público y sin dilaciones,
el derecho a que se produzca una decisión motivada, el derecho a impugnar
la decisión y la garantía de non bis in ídem.

47. Igualmente, sobre el contenido y alcance de la aludida causal de revisión, esta

Sección ha sostenido que «es necesario que se exponga la vulneración del derecho al debido
proceso en relación con los núcleos esenciales que lo componen» 30 y «la parte interesada debe
promover la acción especial de revisión y aportar los elementos sobre los cuales estructura su
petición»31.

48. En el sub examine, se tiene que, la Unidad Administrativa Especial de Gestión

Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, plantea
que, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho existía
falta de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto la Caja Nacional de Previsión
Social – Cajanal EICE en Liquidación no era la entidad llamada a satisfacer las
pretensiones de la demanda, al considerar que no era la destinataria ni depositaria

29
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 22 Especial de Revisión; sentencia de 5 de febrero
de 2019; expediente 11001-03-15-000-2018-01884-00; consejero ponente: Alberto Yepes Barreiro.
30
Consejo de Estado, Sección Segunda - Subsección B; sentencia de 30 de mayo de 2024; expediente: 11001-03-25-000-
2019-00728-00 (5558-2019); consejero ponente Juan Enrique Bedoya Escobar.
31
Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección A; sentencia de 10 de julio de 2024; expediente: 11001-03-25-000-
2019-00744-00 (5577-2019). consejero ponente Luis Eduardo Mesa Nieves.

16

Número Interno: 2265-2017
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
Demandado: Jairo José de la Rosa Caro

de los fondos o recursos que se recaudan para la seguridad social en salud. En ese
sentido, sostuvo que, la providencia objeto de revisión fue proferida con vulneración
del debido proceso.

49. A juicio de la Sala, la causal invocada no encuadra en la causal prevista en el

literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. En efecto, la entidad accionante no
cuestiona la competencia del juez que dictó la providencia, o que se hubieran
desatendido las reglas procesales que orientan el procedimiento contencioso
administrativo, la pretermisión de algún término u otra falencia procedimental con
trascendencia sustancial. Tampoco se alegó la violación a los derechos de
audiencia, defensa o contradicción de la entidad, la ausencia de motivación de la
decisión u otra circunstancia que permita evidenciar una lesión al núcleo esencial
del debido proceso. Por el contrario, se observa que, la entidad recurrente contestó
la demanda 32 , presentó alegatos de conclusión 33 y contó con la oportunidad de
apelar la decisión de primera instancia, sin hacer uso de dicho medio de
impugnación, de manera que, de las actuaciones adelantadas, no se advierte la
violación de las garantías propias del debido proceso.

50. En realidad, el reproche de la Unidad Administrativa Especial de Gestión

Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP se dirige
a sostener que la Caja Nacional de Previsión Social – Cajanal EICE en Liquidación,
no era la entidad legitimada en la causa por pasiva para atender las pretensiones
formuladas en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho; sin
embargo, dicha circunstancia no configura, por sí misma, una vulneración del debido
proceso en los términos del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, pues, no
guarda relación con los elementos estructurales que integran esa garantía
fundamental, sino con un aspecto propio del debate sustancial del proceso.

51. Aunado a ello, se observa que, la alegada falta de legitimación en la causa por

pasiva no fue propuesta como excepción, ni objeto de controversia dentro del
proceso ordinario, razón por la cual, tampoco fue materia de pronunciamiento por
parte de los jueces de instancia. Sobre el particular, esta Subsección ha precisado
que, «[…] dentro del dossier no fue objeto de análisis la falta de legitimación en la causa por pasiva,
habida cuenta de que no fue alegada por la parte demandada y, adicionalmente, porque los jueces

32
Índice 00018 del Samai, 1archivo: 0_ED_Folio1al747_Cuaderno2Folio1al747.pdf(.PDF), páginas 491 a 510.
33
Índice 00018 del Samai, 1archivo: 0_ED_Folio1al747_Cuaderno2Folio1al747.pdf(.PDF), páginas 755 a 763.

17

Número Interno: 2265-2017
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
Demandado: Jairo José de la Rosa Caro

de instancia no la encontraron probada. De tal suerte que no es viable aducir una vulneración al
debido proceso frente a una situación que no fue puesta en consideración de los jueces de instancia
para ser analizada. Así como tampoco pretender subsanarla en sede de revisión, pues esta acción
no se instituyó para corregir los yerros probatorios que cometieron las partes ni para subsanar
aquellas situaciones que pudieron evitarse durante la gestión del proceso que dio origen a la
sentencia objeto de revisión».34 Asimismo, ha reiterado que, «[…] si el argumento expuesto en
la acción especial de revisión, no fue sujeto de reparo en el procedimiento de la nulidad y
restablecimiento del derecho, no hay lugar a extender lo pretendido, en la medida que, eso implicaría
otorgar una tercera instancia a la controversia».35

52. En ese contexto, la Sala observa que, la argumentación propuesta por la Unidad

Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – UGPP, no está dirigida a demostrar la configuración de un
defecto procedimental con incidencia en la validez de la sentencia objeto de
revisión, pues, no evidencia la vulneración de alguna de las garantías que integran
el debido proceso, sino que pretende reabrir la discusión sobre la legitimación en la
causa por pasiva de la entidad demandada, aspecto que corresponde al examen
sustancial efectuado por el juez del proceso ordinario.

53. En consecuencia, la Sala concluye que, la Unidad Administrativa Especial de

Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
no formuló reparos encaminados a demostrar una vulneración del núcleo esencial
del derecho fundamental al debido proceso, en la que hubiera incurrido el Tribunal
Administrativo del Atlántico. Así las cosas, no se configura la causal prevista en el
literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

2.6.2. Sobre el presunto exceso en la cuantía del derecho reconocido.

54. Para el estudio de la causal contenida en el literal b) del artículo 20 de la Ley

797 de 2003, la Sala recuerda que, el presente mecanismo extraordinario no está
encaminado a reabrir el debate de fondo, sino que, se orienta a revisar el valor de
las pensiones reconocidas en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de
salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de velar por la
sostenibilidad fiscal y la estabilidad del sistema de seguridad social.

34
Consejo de Estado, Sección Segunda - Subsección B; sentencia de 25 de agosto de 2022; expediente: 11001-03-25-000-
2017-00861-00 (4662-2017), consejero ponente William Hernández Gómez.
35
Consejo de Estado, Sección Segunda - Subsección B; sentencia de 13 de noviembre de 2025; expediente: 11001-03-25-
000-2018-00520-00 (1891-2018), consejero ponente Jorge Edison Portocarrero Banguera.

18

Número Interno: 2265-2017
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
Demandado: Jairo José de la Rosa Caro

55. La Sala destaca que, los argumentos de la accionante cuestionan el
reconocimiento pensional, aduciendo que, la sentencia recurrida reconoció la
pensión gracia post mortem sin que la causante acreditara el requisito de veinte (20)
años de servicios exigido por la Ley 114 de 1913 y el artículo 15, numeral 2, literal
a), de la Ley 91 de 1989, con fundamento en el precedente fijado por la Sección
Segunda del Consejo de Estado en sentencia del treinta (30) de septiembre de dos
mil diez (2010) y en la Sentencia C-794 de 2009 de la Corte Constitucional, pese a
que, en su criterio, tales providencias respondían a supuestos fácticos y jurídicos
diferentes.

56. Entonces, la entidad accionante, bajo el reparo sub judice, lo que pretende es

controvertir el sustento jurisprudencial que llevó al tribunal en segunda instancia a
adoptar la decisión cuestionada, teniendo en cuenta que, a su juicio, se
desconocieron las normas que soportan el reconocimiento pensional. Empero, no
se presentan reparos en contra de la cuantía de la prestación, que es el supuesto
consagrado en la causal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

57. Ante ello, debe precisar la Sala que, las causales de revisión son taxativas y no

admiten interpretaciones extensivas. Esto implica que, la citada causal solo procede
si se demuestra de manera clara y directa que la cuantía reconocida excede lo
legalmente permitido, pero no para presentar inconformidades sobre el
reconocimiento pensional. Al respecto, debe precisarse que, las causales invocadas
no fueron previstas para discutir la aptitud legal de quien resultó beneficiario de la
prestación, puesto que, para dicho propósito, el legislador instituyó causales
específicas en el marco del recurso extraordinario de revisión, las cuales no fueron
alegadas en el asunto de marras.

58. Así pues, para que la causal consagrada en la causal b) del artículo 20 de la Ley

797 de 2003 prospere, no es suficiente alegar una discrepancia interpretativa sobre
el alcance de la jurisprudencia y normativa aplicable, o sobre la valoración
probatoria realizada por el juez. Para ello, es necesario que el recurrente acredite y
argumente que el monto reconocido supera lo establecido en la ley, pacto o
convención aplicable. Lo anterior, en el entendido que, la acción especial de revisión
no puede convertirse en un mecanismo para reabrir debates jurídicos ya resueltos,

19

Número Interno: 2265-2017
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
Demandado: Jairo José de la Rosa Caro

salvo que se configure una causal específica, en aras de garantizar la seguridad
jurídica y el respeto por el principio de cosa juzgada.

59. En el presente asunto, está demostrado que, mediante sentencia del diecinueve

(19) de febrero de dos mil quince (2015), proferida por el Tribunal Administrativo del
Atlántico, en cumplimiento de la orden impartida por el Consejo de Estado en sede
de tutela, se dejó sin efectos la sentencia del veintiocho (28) de marzo de dos mil
catorce (2014), se revocó la sentencia del treinta (30) de mayo de dos mil trece
(2013) proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Barranquilla y,
en su lugar, se declaró la nulidad de las Resoluciones UGM 023360 del veintinueve
(29) de diciembre de dos mil once (2011) y UGM 033104 del catorce (14) de febrero
de dos mil doce (2012), ordenándose a la Caja Nacional de Previsión Social –
CAJANAL EICE, reconocer y pagar al señor Jairo José de la Rosa Caro, en calidad
de cónyuge supérstite de la señora Clara Inés de la Cruz de la Rosa, la pensión
gracia post mortem, liquidada con el equivalente al setenta y cinco por ciento (75
%) de todo lo devengado durante el año inmediatamente anterior a la consolidación
del estatus pensional.

60. Como sustento de la decisión, el Tribunal señaló que, en acatamiento de lo

ordenado por el Consejo de Estado en sede de tutela, procedió a proferir una nueva
decisión atendiendo el precedente fijado por la Sección Segunda de esa
Corporación en sentencia del treinta (30) de septiembre de dos mil diez (2010),
según el cual, en aplicación del principio de proporcionalidad, procede el
reconocimiento de la pensión gracia cuando el docente ha laborado más de las dos
terceras partes del tiempo de servicio exigido y la imposibilidad de completar los
veinte (20) años obedece a una situación de invalidez no imputable a él.

61. En aplicación de ese criterio, y con sustento en las pruebas obrantes en el

expediente, concluyó que la causante cumplía dichas condiciones, comoquiera que,
prestó sus servicios durante más de las dos terceras partes del tiempo requerido y
su retiro obedeció a una invalidez permanente, razón por la cual revocó la sentencia
de primera instancia y ordenó el reconocimiento de la pensión gracia post mortem
a favor del cónyuge supérstite.

20

Número Interno: 2265-2017
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
Demandado: Jairo José de la Rosa Caro

62. La Sala resalta que, la pensión que se le reconoció al señor Jairo José de la

Rosa Caro, en calidad de cónyuge supérstite, encuentra sustento en el material
probatorio obrante en el expediente, particularmente, en la historia laboral de la
causante. En este sentido, se advierte que, el Tribunal fundamentó su decisión tanto
en el precedente jurisprudencial aplicable de la época, fijado por la Sección
Segunda de esta Corporación en sentencia del treinta (30) de septiembre de dos
mil diez (2010)36, como en los medios de prueba que acreditaban el reconocimiento
de la pensión gracia. Es pertinente para la Sala precisar que, dicha postura fue
aclarada por esta Subsección, mediante sentencia del veintiséis (26) de mayo de
dos mil veintidós (2022), en la que se explicó que el tiempo laborado que suple los
veinte (20) años de servicio para acceder a la pensión gracia cuando el docente fue
declarado inválido no equivale a «las dos terceras partes de la totalidad del tiempo requerido»,
sino que corresponde a las «tres cuartas partes».37 «Bajo ese criterio, indicó que como mínimo
se debían acreditar quince (15) años de servicio, que equivale a las tres cuartas partes del tiempo
exigido por la Ley 114 de 1913».38

63. Posteriormente, la Sala Plena de la Sección Segunda, determinó que, «para el
reconocimiento de la pensión gracia es requisito ineludible que el docente nacionalizado cumpla la
exigencia prevista en el artículo 1 de la Ley 114 de 1913, esto es, que complete los 20 años de
servicios como docente del orden territorial. El reconocimiento pensional no procede sin que ello se
acredite, incluso si el docente no cumplió por haber sido declarado en estado de invalidez o por
haber fallecido, aun cuando hubiese alcanzado las tres cuartas partes del tiempo requerido» 39. En

ese mismo sentido, se modificó la interpretación jurisprudencial en sentencia del
nueve (9) de julio de dos mil veinticuatro (2024), pues, al señalarse que «la pensión
gracia no contempló ningún postulado que habilite su reconocimiento post mortem cuando el titular
principal no hubiera colmado todas las exigencias para ello»40. En consecuencia, esta última

interpretación constituye la tesis actualmente acogida por la Sala.

64. En criterio de la Sala41, los argumentos de la accionante no se ajustan a la causal

de revisión que se invoca, porque esta hace referencia al reconocimiento

36 Sección Segunda del Consejo de Estado, sentencia del día 30 de septiembre de 2010, radicado No. 17001-23-31-000-
2007-00187-01(1067-09), consejero ponente Gerardo Arenas Monsalve.
37 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 26 de mayo de 2022, radicación: 05001-23-33-000-
2014-01327-01(1735-2017). Consejero ponente César Paolimino Cortés.
38 Sección Segunda del Consejo de Estado, sentencia del día 29 de mayo de 2024, radicado No. 41001-23-33-000-2015-
00256-01 (0473-2018) consejero ponente Juan Enrique Bedoya Escobar.
39 Sección Segunda del Consejo de Estado, sentencia del día 29 de mayo de 2024, radicado No. 41001-23-33-000-2015-
00256-01 (0473-2018) consejero ponente Juan Enrique Bedoya Escobar.
40 Consejo de Estado, Sección Segunda. Expediente con radicado 68001-23-33-000-2012-00350-01 (2113-2014).
41
La presente conclusión, atiende al criterio establecido por la Sala de Decisión en los siguientes asuntos, los cuales guardan
correspondencia con el presente caso: Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia de 19 de junio de
2026. Radicado No. 11001-03-25-000-2024-00249-00 (3378-2024). M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera; Sentencia del
11 de junio de 2026. Radicado No. 11001-03-25-000-2019-00965-00 (6676-2019). M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera.

21

Número Interno: 2265-2017
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
Demandado: Jairo José de la Rosa Caro

prestacional que excede lo debido; sin embargo, en la acción especial no se expone
cómo la cuantía de la pensión que se ordenó puede exceder los límites legales, por
lo cual, se concluye que la demandante no desarrolló en debida forma la
configuración de la causal b). Por lo tanto, la causa invocada no tiene vocación de
prosperidad.

65. En suma, se debe señalar, que la causal invocada por la parte actora no está

instituida para la discusión del derecho pensional reconocido, pues, el alcance del
escenario previsto en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, se orienta a
revisar aquellas prestaciones, cuya cuantía exceda lo reconocido de acuerdo con la
ley,42 esto es, aquella que resulte ostensiblemente desproporcionada, exorbitante,
indiscriminada o ajena a la historia laboral y salarial.

66. Siendo así las cosas, al no encontrarse probada en el presente asunto la causal

prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, se declarará infundada.

2.7. Conclusión

67. La Sala declarará infundada la acción especial de revisión interpuesta por la

Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social – UGPP, al no encontrar configuradas las causales de
revisión previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. De
acuerdo con lo expuesto, la Sala evidenció que, la entidad accionante no expuso
los motivos por los cuales, la pensión gracia post mortem reconocida a favor del
señor Jairo José de la Rosa Caro, en calidad de cónyuge supérstite, vulneró el
debido proceso y excedió la cuantía que legalmente corresponde y, asimismo,
advirtió que, en sede de revisión, no es dable reabrir una discusión de fondo en
torno al reconocimiento de la pensión gracia.

2.8. Condena en costas.

68. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA no se dispondrá sobre

la condena en costas por la naturaleza del asunto, lo cual releva de hacer el estudio
de los demás presupuestos establecidos en tal artículo.

42
Consejo de Estado, Sección Segunda - Subsección B; sentencia de 3 de julio de 2026; expediente: 11001-03-25-000-2021-
00707-00 (3921-2021), consejero ponente Jorge Edison Portocarrero Banguera.

22

Número Interno: 2265-2017
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
Demandado: Jairo José de la Rosa Caro

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO. DECLARAR INFUNDADA la acción especial de revisión interpuesta por
la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP, contra la sentencia del diecinueve (19)
de febrero de dos mil quince (2015), proferida por el Tribunal Administrativo del
Atlántico, mediante la cual, en cumplimiento del fallo de tutela proferido por el
Consejo de Estado, resolvió nuevamente el recurso de apelación, revocó la
sentencia del treinta (30) de mayo de dos mil trece (2013) proferida por el Juzgado
Cuarto Administrativo del Circuito de Barranquilla y, en su lugar, ordenó el
reconocimiento y pago de la pensión gracia post mortem a favor del señor Jairo
José de la Rosa Caro, en calidad de cónyuge supérstite de la señora Clara Inés de
la Cruz de la Rosa, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado No. 08001333100220130115200.

SEGUNDO. Sin condena en costas.

TERCERO. Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las
constancias y anotaciones del caso.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto

23

Número Interno: 2265-2017
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
Demandado: Jairo José de la Rosa Caro

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.