FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 250 NUMERAL 5 / DECRETO 01 DE 1989 – ARTÍCULO 188 NUMERAL 6
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN – Causal octava. Sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada / CAUSAL OCTAVA DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN – Elementos de configuración
De lo expuesto y del numeral 8 del artículo 250 del CPACA se tiene que para que se configure esta causal es necesaria la presencia concurrente de tres presupuestos esenciales, a saber: (i) que existan dos sentencias contradictorias; (ii) que la sentencia contrariada constituya cosa juzgada en el proceso en la que fue dictada, lo cual ocurre cuando éste involucra a las mismas partes de un proceso anterior, versa sobre el mismo objeto y se adelanta por la misma causa; y (iii) que en el segundo proceso no se haya propuesto como excepción la cosa juzgada. (…) Frente al cargo, la Sala debe decir que los argumentos expuestos no encajan dentro de la causal en estudio. En efecto, en el recurso no se predican los elementos de cosa juzgada de la primera sentencia dictada en el 2012 y que fue citada en la providencia que se revisa, sino que se debió aportar y valorar como prueba, aspectos que ya fueron decididos al resolver la causal del numeral 1 del artículo 250 del CPACA, a los cuales remite la Sala. Tampoco puede perderse de vista que ambas sentencias de la Sección Tercera fueron denegatorias y, por lo tanto, en gracia de discusión, de admitirse su prosperidad, la decisión objeto de revisión debería mantenerse igual
FUENTE FORMAL: LEY 14737 DE 2011 – ARTÍCULO 250 NUMERAL 8
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA DOCE ESPECIAL DE DECISIÓN
Consejero ponente: RAMIRO PAZOS GUERRERO
Bogotá D.C., tres (3) de julio de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 11001-03-15-000-2013-02110-00(REV)
Actor: JAIRO LUIS POLANÍA CARRIZOSA
Demandado: NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL Y OTRO
Sin que se observe nulidad de lo actuado, la Sala procede a resolver el recurso extraordinario de revisión, previsto en los artículos 248 a 255 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante CPACA, interpuesto por el señor Jairo Luis Polanía Carrizosa, en su calidad de parte actora, en contra de la sentencia del 29 de julio de 2013 proferida por la Sección Tercera, Subsección B de esta Corporación.
SÍNTESIS DEL CASO
El señor Jairo Luis Polanía Carrizosa pretende que se revise la sentencia del 29 de julio de 2013 proferida por la Sección Tercera, Subsección B de esta Corporación que confirmó la sentencia del 15 de mayo de 2003 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, que a su vez negó las pretensiones de la demanda, condenó en costas al actor y compulsó copias a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca. Para el efecto, propone como causales de revisión los numerales 1, 5 y 8 del artículo 250 del CPACA.
I. ANTECEDENTES PREVIOS AL RECURSO
1. LO QUE SE DEMANDA
1.1. El 19 de junio de 2000 (fl. 24 rev., c. ppal), ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el señor Jairo Luis Polanía Carrizosa, en nombre propio, presentó demanda de reparación directa en contra de la Nación-Consejo Superior de la Judicatura-Rama Judicial-Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y el señor Gustavo Trujillo Cortés, en su calidad de Juez Primero Civil del Circuito de la ciudad de Girardot (fls. 1 a 24, c. 1), con base en los siguientes hechos, que la Sala se permite transcribir, en lo pertinente, con el fin de honrar con mayor fidelidad lo consignado en la demanda, así (fls. 2 a 17, c. 1):
A. REFIÉROME AL PROCESO ORDINARIO LABORAL DE MYRIAM MANCERA CONTRA LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE DESTECHADOS DE COLOMBIA
1. La demanda fue presentada en noviembre 12 de 1997 y admitida en ese mismo mes y año por el Jugado Laboral del Circuito de Girardot (Cundinamarca), Dra. MARTHA CECILIA MOLANO MURCIA.
2. Por auto del 16 de enero de 1998 proferido por el Juzgado citado se tuvo por contestada la demanda y se señaló fecha para marzo 10 de 1998 para la audiencia de conciliación y primera de trámite.
3. Solo hasta julio 19 de 1998 se pudo efectuar la audiencia de conciliación y primera de trámite, en la cual se dispuso decretar las pruebas del proceso y se señaló fecha para el 29 de septiembre de 1998 para la recepción de los testimonios de EDGAR BERBEO Y NOHORA MARÍA VÁSQUEZ.
Llegado el 29 de septiembre de 1998 la señora Juez Laboral del Circuito de Girardot dra MARTHA CECILIA MOLANO MURCIA se declara impedida no solamente de conocer y tramitar el proceso sino más de 150 expedientes, por ENEMISTAD GRAVE contra el Dr. JAIRO LUIS POLANÍA CARRIZOSA y ordena remitir no solamente ese proceso, sino todos los demás en que intervenía, a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cundinamarca.
4. El impedimento de la Juez Laboral se debió a 22 (VEINTIDÓS) quejas que formulé contra ella, no solamente ante la Sala Administrativa sino también a la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca por la ostensible mora, paralización, inactividad y estancamiento de los procesos laborales, sino por la DISCRIMINACIÓN a que había sido sometido por parte de esa Juez Laboral Dra Martha CECILIA MOLANO MURCIA, lo que arrojó de esas investigaciones las providencias del 18 de agosto y 2 de octubre de 1998 dictadas por la Sala Administrativa del citado ente de centro, donde allí se afirma: que no se acepta[n] las explicaciones rendidas por la Juez; declara que la actuación de la Juez ha sido contraria al desempeño de una oportuna y eficaz administración de justicia en los procesos en que intervine; declara que efectivamente ha sido DISCRIMINADO; la conmina a que en los procesos se ajuste en lo posible a los términos previstos en la legislación laboral; y por último dispone compulsar copia de todo lo actuado a la Sala Disciplinaria de ese ente de control para lo de su competencia. (…)
5. Para esa época del año 1998 el señor Juez Primero Civil del Circuito de Girardot (Cundinamarca) dr. GUSTAVO TRUJILLO CORTÉS en forma confabulada con la Dra. MARTHA CECILIA MOLANO MURCIA Juez Laboral del Circuito de Girardot (Cund), tomándose las atribuciones como ser su apoderado, su defensor, protector, tutor de la citada funcionaria, y quien realiza, redacta, elabora y hace un escrito del 16 de septiembre de 1998, en el cual cita, llama y reúne a todos los jueces de Girardot en su despacho y les expone el contenido del citado escrito dirigido al Presidente de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca con el ánimo de contrarrestar la decisión del 18 de agosto de 1998 dictada por ese ente de control y poniendo en tela de juicio la conducta, el honor, el buen nombre, la ética profesional, el ejercicio profesional, el trabajo profesional y la moral del Dr. JAIRO LUIS POLANÍA CARRIZOSA (…) [en lo que sigue relaciona los funcionarios judiciales que suscribieron el referido documento]
6. Y no contento el Dr. GUSTAVO TRUJILLO CORTÉS en hacerle firmar el escrito del 16 de septiembre de 1998 a los jueces antes mencionados, él cita, llama y reúne a 43 (CUARENTA Y TRES) ABOGADOS LITIGANTES amigos suyos y los reúne en su Despacho y elabora, redacta o hace otro escrito de fecha 7 de septiembre de 1998 con el DRr. POLONÍA CARRIZOSA también con el ánimo de contrarrestar la decisión del 18 de agosto de 1998 que dictó la Sala Administrativa contra la Dra. MARTHA CECILIA MOLANO MURCIA Juez Laboral del Circuito de Girardot, y es así como obtiene que los abogados litigantes (…) [cita los nombres de los abogados]. (…)
7. Esto que afirmó en los puntos 5 y 6 de esta demanda, lo afirmo con certeza y sin temor a equivocarme, por el mismo Dr. GUSTAVO TRUJILLO CORTÉS Juez Primero Civil del Circuito de Girardot (Cundinamarca) los sostuvo por escrito a través de su providencia del 30 de NOVIEMBRE de 1998 que él citó, llamó, reunió en su despacho a los jueces y abogados litigantes, y él mismo realizó, elaboró, hizo los escritos que puso a disposición de los profesionales del derecho para que lo firmaran. (…)
10. Continuando con el trámite del proceso ordinario laboral de Myriam Mancera, el expediente fue enviado a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cundinamarca para el trámite del impedimento de la Juez Laboral Dra MOLANO MURCIA, y es así, como el Presidente de esa Corporación mediante Acuerdo n.° 37 de octubre 14 de 1998 dispone remitir el proceso designando como Juez Ad-Hoc al Juez Civil del Circuito de Girardot (Cundinamarca) REPARTO, y al repartirse le corresponde al juez GUSTAVO TRUJILLO CORTÉS Juez Primero Civil del Circuito de esa ciudad, para que calificara el impedimento de su homónima.
11. GUSTAVO TRUJILLO CORTÉS al calificar el impedimento de su homónima dicta una providencia de fecha 30 de NOVIEMBRE de 1998 afirmando: “ABSTENERSE DE CALIFICAR EL IMPEDIMENTO; SE DECLARA IMPEDIDO DE CONOCE Y TRAMITAR EL PROCESO Y ORDENA REMITIR EL EXPEDIENTE AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUNDINAMARCA SALA LABORAL PARA LO DE SU CARGO”. En esa providencia sostiene GUSTAVO TRUJILLO CORTÉS que el dr. POLONÍA CARRIZOSA adelanta la persecución desmedida contra la Dra MARTHA CECILIA MOLANO MURCIA, sin tener en cuenta él las providencias del 18 de agosto y 2 de octubre de 1998 que dictó la Sala Administrativa donde se pregona lo contrario. (…)
12. La Sala Laboral del Tribunal Superior de Cundinamarca en providencia del 25 de febrero de 1995 no acepta el impedimento de GUSTAVO TRUJILLO CORTÉS y lo obliga a conocer y tramitar el presente referido, sin tener en cuenta los antecedentes que este funcionario realizó y llevó a cabo contra el Dr. POLANÍA, poniendo en peligro una recta y debida administración de justicia en ese proceso, porque en esas condiciones ese juez no ofrecía ninguna garantía ni constitucional, ni mucho menos procedimental para la parte que represente, porque en el evento (sic) caso de un fallo se crearía la duda jurídica de parcialidad y no un fallo cristalino (…).
13. Al llegar nuevamente el expediente al Juzgado del TRUJILLO (sic) CORTÉS, le solicité se declarara impedido exponiéndole los argumentos a que me he referido aquí, y este funcionario a través de su providencia del 16 de abril de 1999 sostiene: “QUE EL NO ES ENEMIGO DEL DR. JAIRO LUIS POLANÍA CARRIZOSA QUE NO TIENE ANIMADVERSIÓN, NI ODIO, NI RENCOR, QUE SON SITUACIONES DE APOYO Y SOLIDARIDAD CON LA JUEZ LABORAL, QUE SON ASPECTOS DEL ALMA, SIN QUE LE SEA DABLE A OTROS SERES HUMANOS ESCUDRIÑAR LO QUE EXISTE EN LA INTIMIDAD DEL CORAZÓN”. (…).
14. La Sala Laboral mediante providencia del 22 de julio de 1999 acoge los argumentos planteados por el juez TRUJILLO CORTÉS admitiendo que no existe enemistad alguna, ni odio, ni rencor hacia el dr POLANÍA y ordena devolver el expediente.
15. Con fecha septiembre 7 de 1999 el juez Trujillo dicta un auto volviendo a calificar el impedimento de la Juez Laboral. ADMITIÉNDOLO, cuando en providencia del 30 de noviembre de 1998 se había ABSTENIDO de calificarlo; y AVOCA el conocimiento de tramitar el proceso, cuando en el proveído citado se había declarado IMPEDIDO de conocer y tramitar el expediente antes reseñado. (…)
16. Así las cosas, en el presente proceso referido MYRIAM MANCERA, a pesar de lo anteriormente expuesto, solamente hasta septiembre 16 de 1999 GUSTAVO TRUJILLO CORTÉS dispuso impulsar el proceso señalado, designando fecha para la recepción de los testimonios de EDGAR BERBEO y NOHORA MARÍA VÁSQUEZ el día 3 de diciembre de 1999, es decir, que transcurrieron 18 meses, 11 días o sea un año, 6 meses 11 días el proceso suspendido, inactivo, paralizado por culpa de ese funcionario judicial, originando con su proceder un perjuicio para las partes, sin tener en cuenta que ese proceso había sido objeto de vigilancia judicial por la Sala Administrativa que dieren origen a los proveídos del 18 de agosto y 2 de octubre de 1998.
B. REFIÉROME AL PROCESO ORDINARIO LABORAL DE JOSUE SARMIENTO OLIVEROS CONTRA LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE GIRARDOT S.A., HOY ACUAGYR S.A. E.S.P.
17. La demanda fue presentada el 6 de agosto de 1997 y admitida en ese mismo mes y año; y por auto del 17 de septiembre de 1997 dictado por la dra. MARTHA CECILIA MOLANO MURCIA Juez Laboral del Circuito tiene por constesta la demanda y señala fecha para octubre 30 de 1997 para que se lleve a cabo la audiencia de conciliación y primera de trámite.
18. El 30 de octubre de 1997 se efectúa la audiencia de conciliación la cual se declara fracasada y dentro de la audiencia primera de trámite se adiciona la demanda.
19. El 11 de marzo de 1998 (5 meses después) se continuó con la primera audiencia de trámite y dentro de ella se decretaron las pruebas de las partes y se señaló fecha para junio 18 de 1998 (3 meses después) para la recepción de los testimonios de NOEL JOSÉ CORTÉS CARTAGENA y JORGE ENRIQUE NEME RODRÍGUEZ. (…)
20. Llegado el día 30 de septiembre de 1998 la señora Juez Laboral del Circuito de Girardot (Cundinamarca) Dra. MARTHA CECILIA MOLANO MURCIA se declara impedida no solamente de conocer y tramitar el proceso sino más de 150 expedientes, por ENEMISTAD GRAVE contra el Dr. POLANÍA CARRIZOSA (…).
21. El impedimento de la Juez Laboral se debió a 22 (veintidós) quejas [reitera lo expuesto para el primer proceso laboral sobre las recomendaciones efectuadas por la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca en las decisiones del 18 de agosto y 2 de octubre de 1998].
22. Para ese época del año 1998 el señor Juez Primero Civil del Circuito de Girardot (Cundinamarca) GUSTAVO TRUJILLO CORTÉS en complot, confabulado con la Dra MARTHA CECILIA MOLANO MURCIA Juez Laboral del Circuito de ese municipio, tomándose las atribuciones de apoderado, defensor, protector, tutor de la citada funcionaria, realiza, redacta, elabora y hace un escrito fechado del 16 de septiembre de 1998 [aquí y en los numerales 23, 24 y 25 reitera lo relativo al escrito suscrito por varios jueces y abogados litigantes].
27. Continuando con el trámite del proceso ordinario laboral de JOSUÉ SARMIENTO OLIVEROS, el expediente fue enviado a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cundinamarca para el trámite del impedimento de la Juez Labora dra MOLANO MURCIA, y es así, como el Presidente de esa Corporación mediante acuerdo n.° 37 de octubre 14 de 1998 dispone remitir el proceso designado al Juez Ad hoc del Juzgado Civil del Circuito REPARTO de Girardot y el repartirse le corresponde al Juez GUSTAVO TRUJILLO CORTÉS del Juzgado Primero Civil del Circuito de esa ciudad, para que calificara el impedimento de su homónima.
28. GUSTAVO TRUJILLO CORTÉS al calificar el impedimento de su homónima dicta una providencia de fecha 30 de noviembre de 1998 afirmando: “ABSTENERSE DE CALIFICAR EL IMPEDIMENTO; SE DECLARA IMPEDIDO DE CONOCER Y TRAMITAR EL PROCESO Y ORDENA REMITIR EL EXPEDIENTE A LA SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUNDINAMARCA PARA LO DE SU CARGO”. (…)
29. A pesar de todo lo anteriormente manifestado, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cundinamarca en providencia del 18 de marzo de 1998 declara infundado el impedimento del Juez TRUJILLO CORTÉS para separarse del conocimiento del proceso ordinario laboral de JOSUÉ SARMIENTO OLIVEROS y lo obliga a conocer y tramitar el mismo hasta su terminación, poniendo en peligro a ese juez en una recta aplicación de la administración porque no ofrecería ninguna garantía ni constitucional ni muchos menos procedimental y se crearía una duda jurídica de parcialidad al momento de un fallo, como quiera que él también esgrimió sus razones y motivos de NO CONOCER del proceso.
30. Al llegar nuevamente el expediente al Juzgado de GUSTAVO TRUJILLO CORTÉS de la Sala Labora, le solicité se declarara impedido exponiéndole mis argumentos a que he hecho referencia aquí, pero él responde a través del auto del 11 de junio de 1999 lo siguiente: “QUE NO ES ENEMIGO DEL DOCTOR POLANÍA CARRIZOSA, QUE NO TIENE ANIMADVERSIÓN, NI ODIO, NI RENCOR, QUE SON SITUACIONES DE APOYO Y SOLIDARIDAD CON LA JUEZ LABORAL, QUE SON ASPECTOS INTERNOS DEL ALMA, SIN QUE SE LE SEA DABLE A OTROS SERES HUMANOS ESCUDRIÑAR LO QUE EXISTE EN LA INTIMIDAD DEL CORAZÓN”.
Y por haberle puesto en conocimiento esa enemistad, esa discriminación, ese odio, ese rencor hacia el dr. POLANÍA me compulsa copia de su providencia antes citada de junio 11 de 1999 a la Sala Disciplinaria diciendo: “COMO QUIERA QUE EN EL ESCRITO DE RECUSACIÓN POR EL PROFESIONAL QUE LO SUSCRIBE SE EMPLEAN TÉRMINOS Y EPÍTETOS QUE NO SON DE RECIBO FRENTE A UN DESPACHO JUDICIAL, DONDE ANTE TODO SE IMPONE LA ELEGANCIA JURIS EPÍTETOS QUE POR LO DEMÁS, VAN ENCAMINADOS A DENIGRAR Y HACER SEÑALAMIENTOS TENDENCIOSOS CONTRA FUNCIONARIOS JUDICIALES” [en adelanta recuerda las decisiones de la Sala Administrativo del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, así como los demás antecedentes ya conocidos]. (…)
32. El Tribunal Superior de Cundinamarca Sala Laboral profiere una providencia del 26 de julio de 1999 confirmando la decisión del Juez TRUJILLO CORTÉS y ordena reconvenir al dr. POLANÍA para que ajuste el lenguaje a su comportamiento procesal, sin tener en cuenta la Sala Laboral los antecedentes que ha originado ese Juez contra el suscrito haciendo firmar entre jueces y abogados cuestiones que nunca han sucedido ni sucedieron.
33. Al llegar nuevamente el proceso de la Sala Laboral al Juzgado de TRUJILLO, él dicta una providencia de fecha 29 de septiembre de 1999 y acepta el impedimento declarado por su homónima MOLANO MURCIA que él mismo se había abstenido de calificar; y dispone avocar el conocimiento del expediente cuando él mismo con anterioridad se había declarado impedido de conocer y tramitar el proceso. (…)
34. (…) En conclusión, este proceso como el anterior prenombrado, han tenido una paralización, inactividad, estancamiento ostensible, más de lo que lo paralizó la Juez Laboral dra. MARTHA CECILIA MOLANO MURCIA, debido a todos los incidentes que protagonizó TRUJILLO CORTÉS.
Finalmente, como fundamento fáctico también refiere a la respuesta del 29 de marzo de 2000 que le dio el juez Gustavo Trujillo Cortés al oficio n.° 00-3-0165 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, producido dentro del expediente 982717, Magistrada Ponente Myriam Guerrero de Escobar, sin explicar el objeto de ese proceso judicial y, según la demanda, con el fin de demostrar que según el referido funcionario judicial solo ha llevado dos procesos laborales ante ese despacho, con todas las dificultades descritas.
1.2. Con fundamento en los anteriores hechos, el actor deprecó las siguientes pretensiones (fls. 1 y 2, c. 1):
PRIMERA.- Se condene a la Nación o al Estado colombiano a través de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial-Consejo Superior de la Judicatura-Rama Judicial del Poder Público o en forma solidaria con el doctor GUSTAVO TRUJILLO CORTÉS Juez Primero Civil del Circuito de Girardot (Cundinamarca), que son responsables civilmente de la falla en el servicio de la función de la administración de la justicia y por tanto se condene al pago moral y material que se le causó al dr. JAIRO LUIS POLANÍA CARRIZOSA tanto en su persona, en el ejercicio profesional y en su trabajo profesional.
SEGUNDA.- Se condene a la Nación o al Estado colombiano a través de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial-Consejo Superior de la Judicatura-Rama Judicial del Poder Público en forma solidaria con el dr. GUSTAVO TRUJILLO CORTÉS Juez Primero Civil del Circuito de Girardot (Cund.) a reconocer y pagar al Dr. JAIRO LUIS POLANÍA CARRIZOSA abogado litigante, una indemnización por perjuicios MORALES tales: como la discriminación, su buen nombre, su personalidad, su honestidad, su rectitud, su ética profesional, su derecho al trabajo profesional y su ejercicio profesional, causado por un agente del Estado como lo fue el Juez antes citado, los cuales considero que sean tasados en DIEZ MIL GRAMOS ORO (10.000 gramos).
TERCERA.- Se condene a la Nación o Estado colombiano a través de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial-Consejo Superior de la Judicatura-Rama Judicial del Poder Público en forma solidaria con el Dr. GUSTAVO TRUJILLO CORTÉS Juez Primero Civil del Circuito de Girardot (Cundinamarca) a reconocer y pagar al doctor JAIRO LUIS POLANÍA CARRIZOSA abogado litigante, una indemnización por perjuicios materiales así:
a.- Como daño emergente la suma de TRES MILLONES DE PESOS MENSUALES ($3.000.000) que es lo que gana un profesional del derecho como abogado litigante, a partir del 16 de septiembre de 1998, como honorarios profesionales.
b.- Como lucro cesante un interés corrientes mensual del 3% al salario mensual u honorarios profesionales del referido en el punto anterior, a partir del 16 de septiembre de 1998.
CUARTA.- Se condene a las personas antes mencionadas a lo normado en el art. 178 del C.C.A. “AJUSTE VALOR”.
QUINTA: Se condene a las personas demandadas antes citadas a pagar al dr. JAIRO LUIS POLANÍA CARRIZOSA.
1.3. La parte actora en la demanda inicial aportó como pruebas documentales (i) la fotocopia de los procesos ordinarios laborales y (ii) la fotocopia del oficio del 29 de marzo de 2000 suscrito por el juez Gustavo Trujillo Cortés, referido en los hechos consignados en esta providencia; igualmente, solicitó (iii) oficiar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, para que enviara copia integral del proceso 1998-2717 iniciado por el actor en contra de la Nación, en acción de reparación directa, así como las respuestas de los jueces de la ciudad de Girardot sobre el comportamiento del accionante obrante en dicho proceso, (iv) al Presidente del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca para que remitiera los antecedentes descritos en la demanda, así como el expediente de vigilancia sobre los consabidos procesos ordinarios laborales, (v) al Presidente de la Sala Disciplinaria del mismo Consejo Seccional para que enviara los procesos disciplinarios adelantados por los hechos aquí puestos de presente, (vi) al Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal, y a la Fiscalía General de la Nación para que hiciera lo propio frente a los procesos penales adelantados por la misma y, finalmente, (vii) al Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que remitiera copia del expediente n.° 689, acción de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por la jueza Marta Cecilia Molano Murcia (fls. 21 a 23, c. 1).
En la adición de la demanda, la parte actora solicitó oficiar al Presidente del Tribunal Superior de Cundinamarca y al alcalde del municipio de Girardot para que remitieran la copia del decreto de nombramiento y el acta de posesión del juez Gustavo Trujillo Cortés, respectivamente (fl. 28, c. 1).
2. EL TRÁMITE PROCESAL
2.1. Una vez admitida la demanda y su reforma (fls. 27 y 30, c. 1), la Nación-Consejo Superior de la Judicatura-Rama Judicial-Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (fls. 55 a 62, c. 1), al contestar la demanda, sostuvo que las actuaciones de las autoridades judiciales se ajustó al ordenamiento jurídico. Igualmente, precisó que el cúmulo de procesos asignados al juez Trujillo Cortés no le permitió cumplir estrictamente los términos. Por último, propuso como excepciones (i) la inexistencia de perjuicios y (ii) la innominada o genérica.
2.2. El señor Gustavo Trujillo Cortés (fls. 44 a 48, c. 1), al contestar la demanda, precisó que la demora en el trámite de los procesos laborales del actor estuvo justificado en la cantidad de procesos al despacho, que para el año de 1999 eran más de mil. Además, afirmó que el actor estaba tergiversando las decisiones que adoptó dentro de los procesos laborales, con el fin de sacar un provecho personal.
2.3. Al descorrer el traslado de las excepciones propuestas por la Nación-Consejo Superior de la Judicatura-Rama Judicial-Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, la parte actora aportó como pruebas documentales las providencias de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de Cundinamarca en las que ordenó vigilancia judicial a los procesos judiciales laborales reseñados en su demanda; igualmente, solicitó oficiar a la Sala Administrativa y a la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura para remitiera copia auténtica de los procesos de vigilancia judicial y disciplinario en contra del juez Gustavo Trujillo Cortés, respectivamente; al Coordinador de las Fiscalías Delegadas ante los Tribunales Superiores de Bogotá y Cundinamarca con el fin de que enviara el expediente penal en contra del referido juez, y, por último, solicitó citar al juez Gustavo Trujillo Cortés para rindiera interrogatorio de parte (fls. 63 a 65, c. 1).
2.4. Mediante auto del 2 de noviembre de 2000 el Tribunal a quo abrió el proceso a pruebas (fl. 83 a 85, c. ppal). En esa providencia se le decretaron a la parte actora las siguientes:
a. La secretaría comunicará al despacho de la Magistrada Myriam Guerrero que se han decretado copias de las actuaciones procesales en el expediente n.° 982717 de Jairo Luis Polanía Carrizosa contra la Nación. Las expensas se compulsarán por la parte demandante. Se indica el término de veinte (20) días (fl. 22 c. 1).
b. La secretaría comunicará al despacho del Magistrado Carlos Pinzón Barreto que se han decretado copias de las actuaciones procesales en el expediente n.° 689, acción de nulidad, presentado por la doctora Martha Cecilia Molano Murcia. Las expensas se compulsarán por la parte demandante. (…).
c. El Consejo Seccional de la Judicatura, Sala Administrativa, remitirá fotocopias del expediente de vigilancia judicial, con el Juez Laboral del Circuito de Girardot (Cund.) contra la Dra Martha Cecilia Molano, especialmente las piezas procesales indicadas (numerales 2 y 3, fls. 22 y 33 y en los numerales 1 y 3, fl. 65 c. 1). (…)
d. El Coordinador de la Unidad Delegada ante los Tribunales Superiores de Santa Fe de Bogotá –Fiscalía General de la Nación-, remitirá fotocopias de los procesos penales que se siguen en contra de Martha Cecilia Molano Murcia, los expedientes números 11452 (numerales 4 y 2, fls. 23 y 65 c. 1).
2.5. El 14 de noviembre de 2000, la parte actora solicitó adicionar el auto de pruebas con los oficios solicitados en el folio 22 numeral 3 del punto b) de la demanda, las pedidas en el folio 28 del escrito de la adición de la demanda y las solicitadas al descorrer el traslado de las excepciones (fl. 89, c. 1).
2.6. El 1 de diciembre de 2000, el Tribunal a quo adicionó el auto de pruebas así (fls. 93 a 95, c. 1):
En cuanto a solicitar copias de los expedientes disciplinarios seguidos en contra los encartados (sic), el despacho no decretará dichas copias puesto que no ve la necesidad de aportar todos los procesos, basta con certificación.
a. Solicítese a la Presidencia de la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura, certifique qué procesos disciplinarios se siguieron contra los jueces Gustavo Trujillo Cortés y Martha Cecilia Molano Murcia, indicando igualmente qué las motivaron, si finalizaron y qué sanciones fueron impuestas (…).
b. Solicítese a la Presidencia del Tribunal Superior de Cundinamarca y al Alcalde Municipal de Girardot, remitir copias del decreto de nombramiento y acta de posesión de Gustavo Trujillo Cortés.
c. En cuanto a solicitar a la Presidencia de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, remitir el expediente de vigilancia judicial, practicados en los procesos 178 y 179 contra el señor Gustavo Trujillo Cortés, no accederá a decretarla, porque ya obra en el expediente decisión al respecto.
Observa el despacho que la misma parte aportó copias de los autos de 4 de agosto de 2000 en los procesos antes referidos y en los cuales aparece resolución y se ordena comunicar el resultado final a la parte. En tales circunstancias la actora se encargará de hacer saber al Tribunal ese resultado y compulsar copia en caso de que ya haya sido proferido, se otorga como término el de veinte (20) días SO PENA DE ENTENDERSE QUE DESISTE DE LA PRUEBA.
Interrogatorio de parte:
Pidió citar a este despacho al juez Gustavo Trujillo Cortés a interrogatorio de parte.
La prueba no se decretará puesto que el interrogatorio se solicitó para probar la existencia de perjuicios –conforme a la excepción propuesta por la demandada-; pero los perjuicios materiales se prueban entre otros, con documentos, recibos, declaraciones de renta, etc., en cuanto a los perjuicios morales es valoración competente del juez, conforme a las normas de la sana crítica.
2.7. El 19 de febrero de 2001, el actor insistió para que se resolviera su solicitud de adición de pruebas (fl. 98, c. 1). Al respecto, mediante auto del 15 de marzo siguiente, el Tribunal remitió a lo decidido en el auto del 1 de diciembre de 2000 (fls. 134 y 135, c. 1).
2.8. El 24 de julio de 2001, el a quo corrió traslado para alegar de conclusión (fl. 138, c. 1). En esta oportunidad, las partes reiteraron los argumentos de sus intervenciones (fls. 139 a 144, c. 1).
2.9. El 15 de mayo de 2003, el Tribunal a quo dictó sentencia de primera instancia en el sentido de negar las pretensiones de la demanda (fls. 153 a 173, c. 2). Para el efecto, desestimó la excepción de inexistencia de los perjuicios formulada por la Nación-Consejo Superior de la Judicatura-Rama Judicial-Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, en tanto no constituía una excepción en estricto sentido, toda vez que se dirigía a atacar el fondo del asunto y no a impedir un pronuncimiento de fondo como corresponde con estos medios exceptivos.
Al resolver sobre el fondo del asunto, con base en las pruebas allegadas al proceso, señaló que no existía un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por la suspensión de los procesales laborales, como consecuencia del trámite del impedimento y/o la recusación que se surtió en el Juzgado Primero Civil del Circuito de Girardot, por cuanto el artículo 154 del Código de Procedimiento Civil imponía esa consecuencia mientras se decidieran esas cuestiones.
Tampoco observó la existencia de una dilación injustificada de los términos judiciales.
El a quo, al analizar las decisiones del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, por medio de las cuales ordenaron la vigilancia administrativa de los procesos laborales en estudio, consideró que en ellas no se establecieron las condiciones de carga laboral del juzgado implicado, dudas que tampoco se dilucidaron en sede judicial. Por esa razón, toda vez que el simple desbordamiento de los plazos judiciales no configuraba la responsabilidad del Estado, sino que se debían analizar las condiciones en que esa labor se ejecutó, estimó que se imponía desestimar las pretensiones de la demanda.
Tampoco encontró reparos en las reuniones entre jueces y los abogados litigantes, en tanto ese tipo de actuaciones no son propias del cumplimiento de las funciones asignadas como autoridades judiciales, por lo que mal se haría en responsabilizar al Estado por tales conductas.
Por último, consideró que el daño no se probó, toda vez que ninguna prueba apunta a su materialización.
2.10. El 19 de mayo de 2003, el actor apeló la anterior decisión (fls. 175 a 189, c. 2); sin bien al presentar el recurso de apelación no solicitó pruebas, sí lo hizo en escrito separado del 17 de septiembre siguiente (fls. 210 a 213, c. 2), con el fin de aportar (i) la copia de las sentencias del 9 y 23 de noviembre de 2000 dictadas dentro de los procesos labores referidos en la demanda; (ii) copia de la versión libre rendida por Gustavo Trujillo Cortes dentro del proceso penal y el proceso disciplinario adelantado en su contra; (iii) copia de diferentes providencias dictadas dentro de los procesos laborales aquí en estudio; (iv) copia del proceso ejecutivo adelantado en contra del actor, en el que obra el remate de la casa de habitación de este último; (v) copia de los procesos disciplinarios adelantados en contra de la juez Marta Cecilia Molano Murcia, y (vi) certificado de antecedentes disciplinarios del actor. El actor sostuvo que estas pruebas no pudieron ser presentadas en primera instancia por fuerza mayor, toda vez que fueron hechos sucedidos con posterioridad a la demanda y, además, “porque tampoco se pudieron aportar en su debida oportunidad procesal” (fl. 212, c. 2).
Igualmente, reiteró librar los oficios a la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca para que allegara los expedientes de vigilancia judicial sobre los procesos laborales de los que trata la demanda. Al respecto, aclaró que esas pruebas no fueron practicadas por culpa del juez de primera instancia que no las decretó y practicó conforme las solicitó en su demanda y en la contestación de las excepciones.
2.11. Mediante auto del 19 de noviembre de 2003 (fls. 217 a 220, c. 2), aclarado y adicionado por medio del auto del 5 de febrero de 2004 (fls. 224 a 227, c. 2), el ponente del proceso en segunda instancia ordenó tener como pruebas los documentos trasladados del proceso ejecutivo adelantado en contra del actor, las sentencia del 9 y 23 de noviembre de 2000 dictadas dentro de los procesos laborales ordinario, las versiones libres rendidas por el juez Trujillo Cortés en las investigaciones disciplinaria y penal, así como oficiar al Consejo Seccional de la Judicatura para que allegaran los documentos que integran el expediente de las vigilancias números 184 y 185.
2.12. El 19 de noviembre de 2004, la Subsección B de la Sección Tercera de esta Corporación corrió traslado para alegar de conclusión, para lo cual precisó que si bien se estaba a la espera del envío de los expedientes de las vigilancias judiciales 184 y 185, el actor solicitó correr traslado para alegar de conclusión y, en consecuencia, no se insistiría más en el aporte de dichos documentos (fls. 269 y 270, c. 2).
2.13. La parte actora en sus alegaciones finales, conforme a las pruebas practicadas, reiteró los argumentos de sus intervenciones e insistió en la viabilidad de sus pretensiones (fls. 271 a 285, c. 2).
II. LA PROVIDENCIA OBJETO DE REVISIÓN
El 29 de julio de 2013 (fls. 334 a 149, c. 9), la Sección Tercera, Subsección B de esta Corporación, confirmó la decisión del a quo, condenó en costas al actor y compulsó copias a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca. Después de analizar los hechos probados, recordó que en otro proceso instaurado por el aquí accionante, a través de la acción de reparación directa, por hechos similares a los estudiados, la Subsección C consideró ajustada a derecho la decisión de la Jueza Laboral del Circuito de Girardot de separarse de los procesos judiciales en los que intervenía el señor Polanía Carrizosa. Además, precisó que la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca no encontró méritos para sancionar a la referida juez por mora en el trámite de los expedientes laborales, aunque sí la sancionó por su falta de imparcialidad, pero sin que se conociera si esa decisión estaba en firme.
Frente al impedimento formulado por el juez Trujillo Cortes, a diferencia de lo expuesto por el actor, lo consideró viable y ajustado a la ley, hasta el punto de señalar que fueron las sucesivas solicitudes del actor las que prolongaron el trámite de los procesos laborales ordinarios y no el impedimento referido.
Igualmente, la Subsección B señaló que la respuesta del Juez Primero Civil del Circuito de Girardot al requerimiento efectuado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca se limitó a cumplir lo solicitado por esa autoridad; de otro lado, señaló que en la apelación el recurrente adicionó su demanda al señalar que el citado juez debió declararse impedido dentro de los procesos laborales ordinarios, teniendo en cuenta que para cuando los falló tenía en su contra investigaciones penales y disciplinarias, lo cual lo enmarcaba dentro de la causal de impedimento del numeral 6 del artículo 150 del Código de Procedimiento Civil. Dado que resolver sobre el particular quebrantaría el debido proceso de la parte demandada, la Subsección se abstuvo de hacerlo.
La Subsección echó de menos las actuaciones integrales de los procesos laborales, con el fin de determinar la dilación injustificada en el trámite de los mismos y, además, reprochó la actividad probatoria de la parte actora, en tal dirección. También puso de presente la ausencia de las resultas de las investigaciones disciplinarias en contra de los jueces.
De otro lado, precisó que el silencio que guardó el juez demandado en este proceso sobre la respuesta que le dio al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en tanto lo consideró una actitud de defensa válida y, además, el funcionario judicial lo justificó en el “hecho de que no puede entrar a calificar su propio testimonio rendido en la respuesta que le dio al requerimiento” (fl. 30, c. 9).
Además, la Sección puso de presente la ausencia de pruebas para probar el daño inferido, en tanto estas se encaminaron a demostrar las presuntas irregularidades de los jueces intervinientes. Igualmente, también desestimó que la existencia de un proceso ejecutivo en contra del actor demostrara la causación de un daño en forma automática, en tanto es necesaria la relación de causalidad con los hechos aludidos en la demanda.
Por último, consideró viable la condena en costas en contra del actor, toda vez que actuó en contravía de los deberes de colaboración con las autoridades judiciales, que impone no abusar de sus propios derechos ni desconocer los ajenos. Por las mismas razones decidió compulsar copias a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca.
III. EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
El 19 de septiembre de 2013 (fls. 357 a 367, c. 9), el actor interpuso recurso extraordinario de revisión en contra de la sentencia del 29 de julio de 2013, arriba citada, y, en su lugar, como pretensión principal, se revoque en su totalidad, se acojan las pretensiones de la demanda y se indemnicen los perjuicios causados; como primera pretensión subsidiaria, se revoque parcialmente los numerales 2 y 3 sobre la condena en costas y la compulsa de copias y se indemnicen los perjuicios, y, como segunda pretensión subsidiaria, se declare la nulidad de lo actuado a partir del auto admisorio de la demanda, según el numeral 5 del artículo 250 del CPACA, con la correspondiente indemnización de perjuicios.
Las causales de revisión invocadas fueron las de los numerales 1, 5 y 8 del artículo 250 del CPACA que prescriben:
Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión:
1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente, y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria. (…)
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.
8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada.
La fundamentación de cada causal se analizará al abordar el fondo de cada de ellas.
IV. IMPEDIMENTOS DE LOS MAGISTRADOS DE LA SUBSECCIÓN B
Los magistrados integrantes de la Subsección B presentaron su impedimento para conocer del presente asunto, en consideración a su participación en la decisión cuestionada (fls. 375 a 382, c. 9). Mediante auto del 12 de agosto de 2014, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia de la Consejera de Estado doctora Bertha Lucía Ramírez de Páez, negó los impedimentos formulados por los doctores Stella Conto Díaz del Castillo, Danilo Rojas Betancourth y Ramiro Pazos Guerrero, como quiera que el CPACA dispuso el conocimiento de este tipo de asuntos sin exclusión de la Sección que profirió la decisión (fls. 383 a 395, c. 9).
V. PRUEBAS DENTRO DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Mediante auto del 11 de mayo de 2018 (fls. 174 a 178, c. 9) se decretaron pruebas dentro del recurso extraordinario de revisión, las cuales una vez puestas en conocimiento de las partes no fueron objeto de pronuncimiento alguno (fl. 196, c. 9).
VI. CONSIDERACIONES
1. PRESUPUESTOS PROCESALES
1.1. Competencia
Precisa recordar que el artículo 248 del CPACA, norma vigente para cuando se recurrió y aplicable al presente asunto, prescribe que el recurso extraordinario de revisión procede en contra de las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los tribunales administrativos y por los jueces administrativos.
En esta oportunidad, la decisión cuestionada es la sentencia ejecutoriada de segunda instancia del 29 de julio de 2013 dictada por la Subsección B de la Sección Tercera de esta Corporación, razón por la cual la Sala Plena es la competente para definir el asunto, sin exclusión de la Sección que profirió la decisión, tal como lo prescribe el inciso 1º del artículo 249 del CPACA. Por último, de conformidad con lo dispuesto por la Sala Plena de la Corporación mediante Acuerdo n.° 321 de 2014, artículo 2, las Salas Especiales de Decisión son las competentes para decidir los recursos extraordinarios de revisión.
1.2. Oportunidad para interponerlo
El inciso primero del artículo 251 del CPACA prevé, como regla general, que el recurso extraordinario de revisión debe interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia. Ese presupuesto se reúne en el sub lite, toda vez que la sentencia objeto de este recurso cobró ejecutoria el 20 de septiembre de 2013 (fl. 350, c. 9) y el recurso fue interpuesto el 19 de septiembre del mismo año (fl. 367, c. 9), por lo que se impone concluir que el recurso fue presentado en tiempo.
2. EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
El artículo 250 del CPACA señala ocho causales que pueden ser invocadas para la procedencia del recurso extraordinario de revisión, así:
1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.
2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.
3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos en su expedición.
4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia.
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.
6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor derecho para reclamar.
7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida.
8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada.
Las causales en su mayoría se mantienen en similares términos a los expuestos en el artículo 188 del CCA, salvo algunos cambios en su orden de presentación y algunas variaciones en su redacción.
En todo caso, con arreglo a lo prescrito en el artículo citado, las causales excepcionales de este medio de impugnación buscan restablecer el imperio de la justicia como supremo fin del derecho o del orden jurídico. Significa lo anterior que no es una nueva oportunidad para reabrir un debate propio de las instancias, como tampoco para suplir la incuria o negligencia de las partes en el ámbito probatorio. Se trata de un medio de impugnación excepcional, como quiera que permite poner en cuestión el principio de inmutabilidad de las sentencias que hayan hecho tránsito a cosa juzgada, fundado en situaciones exógenas que no pudieron plantearse en el proceso correspondiente, pero que revisten tal gravedad que el legislador autoriza romper el principio de la cosa juzgada (res iudicata pro veritate habetur) y que están descritos en las ocho causales aludidas, que tienen la aptitud de cambiar los resultados de la decisión, en orden a evitar que prevalezca una situación de injusticia, por eventos como falsedad, error, dolo o la aparición de documentos determinantes que hubiesen alterado de manera sustancial la providencia adoptada. Igualmente, la sentencia es revisable cuando medie una causal de nulidad originada en el fallo que se recurre, cuando este no admitiese recurso de apelación.
En otras palabras, la revisión no tiene por finalidad corregir errores in iudicando, ni tampoco reabrir el debate procesal para volver a valorar el acervo probatorio aportado por las partes o decretado por el juez en la respectiva instancia, ya que los recursos ordinarios fueron concebidos para ello. En tal virtud, está proscrito utilizar este mecanismo extraordinario como si se tratara de otra instancia dentro del proceso ordinario, de ahí que no sea admisible que por su intermedio se pretenda continuar o replantear el debate sobre el fondo del proceso.
Finalmente, este recurso, al tenor de lo dispuesto por el artículo 251 del CPACA, debe contener la designación de las partes y sus representantes, el nombre y domicilio del recurrente, los hechos u omisiones que sirven de fundamento y la indicación precisa y razonada de la causal en que se funda, acompañada de los documentos necesarios que tenga en su poder el recurrente o las pruebas que pretenda hacer valer.
3. EL PROBLEMA JURÍDICO
El problema jurídico en el presente asunto se concreta en dilucidar si está llamados a prosperar los cargos de revisión formulados por el señor Jairo Luis Polanía Carrizosa en contra de la sentencia del 29 de julio de 2013 proferida por la Sección Tercera, Subsección B de esta Corporación, por medio de la cual negó las pretensiones de la demanda, condenó en costas y compulsó copias para investigar disciplinariamente al actor.
4. ANÁLISIS DE LA SALA
Para resolver la Sala precisará el alcance de cada causal, los fundamentos del cargo y la solución del mismo, así:
4.1. PRIMER CARGO: numeral 1 del artículo 250 del CPACA
4.1.1. El alcance de la causal: prueba decisiva encontrada o recobrada
Vista la causal en estudio se tiene que la misma exige de entrada determinar el alcance del concepto de prueba encontrada o de prueba recobrada. En este punto, existe una ampliación en el CPACA frente a la norma precedente, en tanto el CCA sólo refería a las pruebas recobradas.
Semánticamente, el término “encontrar” significa una cosa o persona que se encuentra, por una actividad consciente dirigida a buscarla o no. Al tiempo, “recobrar” es una búsqueda consiente de algo que se tuvo, pero que se perdió. En las dos acepciones, la cosa o la persona no están dentro del dominio o percepción de quien la busca, pero quien la encuentra puede estar consciente o no de su existencia y pérdida, a su vez quien recobra siempre es consciente de su existencia y de su pérdida. Así, la diferencia entre ambos vocablos descansa en la conciencia de la existencia de la cosa o la persona y de la búsqueda. En consecuencia, son vocablos complementarios, en tanto encontrar sin conciencia de la existencia de la cosa o la persona y de su búsqueda nunca supondrá recobrar, mientras que encontrar con conciencia de la existencia de la cosa o la persona y de su búsqueda siempre supondrá recobrar.
Una vez verificado que la prueba es encontraba o recobrada es clave establecer si existía al momento de dictar sentencia y que el hallazgo en cualquiera de sus dos modalidades (encontrada o recobrada) se produjo después de dictada esa sentencia.
En línea con lo expuesto, la jurisprudencia había estructurado unos requisitos para la procedencia de la causal, que actualmente resultan plenamente aplicables y que adecuadas a la actual normatividad, quedarían así: (i) que se encuentren o recobren pruebas decisivas después de dictada la sentencia; (ii) que las pruebas encontradas o recobradas preexistan antes de la sentencia del proceso que originó la revisión. Esta es una exigencia apenas natural, en tanto revisar una sentencia por pruebas que no existían sería desproporcionado; (iii) que las mismas no se hubieren podido aportar por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria, y (iv) que sean trascendentes, es decir, que de obrar en el proceso hubieran cambiado la decisión.
4.1.2. La sustentación del cargo
Con el fin de honrar la fidelidad de los argumentos del accionante, la Sala se permite citarlos así (fls. 361 y 362, c. 9):
1. Aunque la Sección Tercera Subsección B Consejera Ponente Dra. STELLA CONTO DÍAZ DEL CASTILLO a través de la sentencia, materia de ataque en revisión en su parte considerativa se refiere al fallo de fecha 14 de marzo de 1912 (sic) expediente 20497 siendo autor el suscrito abogado, Consejera Ponente Dra OLGA MÉLIDA VALLE DE DE LA HOZ refiere que la Juez Laboral del Circuito de Girardot Dra MARTHA CECILIA MOLANO MURCIA actuó ajustada a derecho en todos los procesos ordinarios laborales en que actuaba el suscrito abogado cuando se dirimió el conflicto de los impedimentos de la funcionaria, y, que su actuación se surtió conforme al ordenamiento jurídico, pero resulta, que a este proceso donde se dictó sentencia el 29 de julio de 2013 no se allegó al menos una fotocopia informal del fallo que esgrimió en su parte considerativa, ni mucho menos se aportó fotocopia del expediente que se hace mención. Pues allí en dicha sentencia la Sala omite que efectivamente aún de haberse acreditado probatoriamente y fehacientemente que la Juez Laboral fue sancionada por la falta de economía procesal, celeridad de los procesos, violación a los términos procesales, moratoria en las decisiones, violación al debido proceso, denegación de justicia, denegación de pruebas, falta de igualdad de las partes, discriminación profesional, violación a la equidad, violación a los deberes de juez, las pretensiones en aquel proceso no fueron recibidas, TODO PORQUE EL SUSCRITO ABOGADO NO ACREDITÓ EL DAÑO, LO QUE MOTIVA NO ENTRAR A ESTUDIAR LOS DEMÁS ELEMENTOS QUE ESTRUCTURAN DICHA RESPONSABILIDAD.
Pues bien, como lo manifesté no se allegó el fallo del 14 de marzo de 2002, simplemente se menciona unos apartes de él en la sentencia aquí materia de ataque, es en este momento para revisión no solamente allegar fotocopia íntegra de la sentencia, sino también, fotocopia de todo el proceso 1998-02717-01 (20.497), que no se pudo allegar como medio probatorio documental a este proceso n.° 2000-01332-01 (25376) por fuerza mayor, por cuanto que tanto en uno como el otro ambos se encontraban al despacho para sentencia ante esta HONORABLE CORPORACIÓN, además, el término probatorio estaba revencido, máxime si se tiene en cuenta que la demanda en el primero fue presentada en el año 1998, y el otro, en el año 2000, es decir, son procesos viejos iniciados hace 15 y 13 años.
De manera que, como bien lo expliqué anteriormente, es por ello que se invoca la causal de revisión, en virtud de que tanto la sentencia dictado en el expediente 1998-02717 como todo el expediente no se pudo aportar en su etapa procesal al expediente 2000-01332, que ahora se encuentra en el archivo del Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca a partir del año 2012, prueba documental esta, que había servido para proferir una decisión diferente en el expediente 2000-01332 por parte de la Sección Tercera de esta Corporación, al menos si son acogidas las pretensiones invocadas como principal en esta revisión, al menos sean aceptadas las subsidiarias aquí plasmadas.
Y es que además de las documentales referidas que no se pudieron aportar en su debida oportunidad procesal, tenemos también otra prueba documental encontrada que por fuerza mayor no se pudo aportar ni en la demanda de 1998 ni en la del año 2000 aquí citada, por fuerza mayor, toda vez que para aquella época no se había dictado sentencia o cesación de procedimiento en los procesos disciplinarios que no solamente me formuló la juez laboral de Girardot dra. Martha Cecilia Molano Murcia, el Juez Primero Civil del Circuito de esa ciudad dr. GUSTAVO TRUJILLO, los jueces y abogados de Girardot, en el proceso disciplinario n.° 1998-0392 siendo Magistrado Ponente el dr. CARLOS RAFAEL JUVINAO DAZA del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca Sala Jurisdiccional Disciplinaria, prueba también documental esta que había servido para proferir un fallo totalmente diferente al que se dictó en la sentencia de julio 29 de 2013 expediente n.° 2000-01332 (25376).
4.1.3. La solución del cargo formulado
Para iniciar debe señalarse que de lo expuesto en el recurso extraordinario frente a la causal en estudio se tiene que el recurrente la fundamentó en dos extremos: (i) por un lado, las pruebas obrantes en el proceso 1998-02127 (20.497), incluida la sentencia de segunda instancia allí proferida y citada en la sentencia objeto de revisión para fundamentar su decisión y, por otro, (ii) las decisiones que cesaron el procedimiento disciplinario en contra del accionante por las denuncias formuladas por los jueces que intervinieron dentro de los consabidos procesos laborales y otros.
4.1.3.1. Frente a las primeras pruebas, el recurrente afirmó que no pudo aportarlas al proceso objeto de la revisión, en tanto la oportunidad para el efecto estaba más que vencida, lo cual constituye una fuerza mayor si se tiene en cuenta que “ambos [procesos] se encontraban al despacho para dictar sentencia” (fl. 362, c. 9).
Al respecto, la Sala considera que las pruebas del expediente 1998-02127 (20.497) no pueden considerarse como encontradas o recobradas. En primer lugar, porque de suyo es que el actor conocía de su existencia, dada la condición de parte dentro de la referida causa. Además, tampoco estaban extraviadas o pérdidas, si se tiene de presente que el aquí recurrente las solicitó en la demanda que originó la presente revisión (fl. 22, c. 1). A su vez, el Tribunal a quo las decretó mediante auto del 2 de noviembre de 2000 (fl. 84, c. 1) y ordenó su incorporación al proceso (fl. 88, c. 1, oficio 00-JGC-0260 del 7 de noviembre de 2000 de la Secretaría requiriendo al despacho de la magistrada Myriam Guerrero de Escobar).
Ahora, en el auto del 24 de noviembre de 2001 (fls. 138, c. 1), por medio del cual el a quo corrió traslado para alegar, se advirtió que no se dio cumplimiento al oficio 00-JGC-0260 del 7 de noviembre de 2000, a través del que se requirió al despacho de la magistrada Myriam Guerrero de Escobar para que aportara la copia del proceso 1998-02127 (20.497), toda vez que se encontraba al despacho para fallo. Ese traslado no fue cuestionado por el recurrente con el fin de que se aportara de dicha prueba, tampoco al solicitar pruebas en segunda instancia insistió en la práctica de la misma (fls. 210 a 213, c. 2), aun cuando la normatividad procesal permitía la insistencia probatoria para ese tipo de situaciones.
En esos términos, es claro que el recurrente conocía de la existencia de las pruebas que aquí alega como encontradas y recobradas. Ese conocimiento fue de tal entidad que las solicitó como pruebas dentro del proceso que originó esta revisión y que fue su propia actitud pasiva la que determinó que las mismas no se allegaran al presente proceso.
Para ahondar en razones para desestimar el cargo en estudio, es claro que para el 24 de noviembre de 2001, cuando el a quo corrió traslado para alegar de conclusión en el proceso en estudio, las pruebas del proceso 1998-02127 (20.497) estaban evacuadas en su totalidad. Lo anterior supone que no se tratan de pruebas producidas con posterioridad a la sentencia objeto de la revisión, tal como lo exige el numeral 1 del artículo 250 del CPACA para configurar la causal en estudio.
Podría decirse que lo expuesto es plenamente atendible frente a las pruebas practicadas dentro del proceso 1998-02127 (20.497), pero no así frente a la sentencia que dentro de él se produjo; sin embargo, esa providencia fue objeto de análisis por parte de la sentencia que se revisa, de lo que fuerza concluir que no estaba extraviada o pérdida. Ahora, tampoco se observa que ese ejercicio de la sentencia suponga violación de ninguna garantía constitucional, como pareciera sugerirlo el recurrente, toda vez que el actor, al ser parte del proceso que originó la decisión judicial citada, conocía plenamente de su existencia, hasta el punto que ejerció su derecho a la doble instancia. Tampoco se produjo con posterioridad a la sentencia objeto de revisión, como quiera que data del 14 de marzo de 2012, mientras que la que aquí ocupa a la Sala es del 29 de julio de 2013, con lo cual nuevamente se echan de menos las exigencias para que se configure la causal en estudio.
En esos términos, los anteriores fundamentos del cargo aquí en estudio deberán desestimarse.
4.1.3.2. Respecto de las decisiones que cesaron el procedimiento disciplinario en contra del accionante por las denuncias formuladas por los jueces que intervinieron dentro de los consabidos procesos laborales y otros, debe señalarse que esas pruebas no tienen el carácter de encontradas o recobradas, sino que con ellas se intentaba demostrar un hecho nuevo. En efecto, se trata de una providencia que terminó la actuación disciplinaria en contra del recurrente adiada del 28 de abril de 2017 (fls. 124 a 141, c. 10), es decir, con posterioridad a la sentencia que aquí se examina, del año 2013.
Para los hechos nuevos según el inciso final del artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, en adelante CPC, aplicable al proceso ordinario en estudio, por remisión del artículo 267 del CCA, exigía para su estudio por parte del juez que fuera (i) modificativo o extintivo del derecho sustancial en litigio, (ii) que ocurriera después de presentada la demanda, (iii) que apareciera probado y (iv) que se manifestara antes de los alegatos de conclusión o, a más tardar, antes de que el expediente entrara al despacho para sentencia.
De entrada debe señalarse que la absolución disciplinaria del accionante no configura automáticamente la responsabilidad del Estado, en tanto la conducta que se juzga es la de la autoridad pública demandada. Luego, sería excesivo calificar la prueba que el recurrente echa de menos como modificativa o extintiva del derecho sustancial en litigio y, en todo caso, ocurrió cuando ya la sentencia se encontraba producida, razón de peso para concluir que constituye una irregularidad objeto de revisión, en tanto se trataba de una prueba que ni siquiera existía para cuando se produjo la decisión cuestionada. Tampoco se encontraba extraviada o perdida, toda vez que en sede de este recurso fue allegada (acápite V de la presente providencia).
De conformidad con lo expuesto el cargo en estudio no está llamado a prosperar.
4.2. SEGUNDO CARGO: numeral 5 del artículo 250 del CPACA
4.2.1. El alcance de la causal: nulidad originada en la sentencia en revisión
Sobre el particular, es preciso señalar que esta causal se reproduce en iguales términos que el numeral 6 del artículo 188 del CCA, modificado por el Decreto 2304 de 1989 y el artículo 41 de la Ley 446 de 1998. La Sala Plena sobre esta causal ha precisado:
Una de las causales de revisión que más discusiones ha generado en la jurisprudencia de lo contencioso administrativo es la relativa a la nulidad originada en la sentencia, dado que en razón de su redacción, ha correspondido al juez de conocimiento del recurso de revisión establecer su alcance, por cuanto el legislador omitió determinar las circunstancias que podían generar la nulidad de la providencia, es un texto en blanco.
En ese sentido, desde la idea que este recurso no se puede emplear o utilizar para reabrir el debate que originó el respectivo proceso, la causal en estudio ha sido objeto de diversos pronunciamientos que buscan circunscribir su alcance para evitar, precisamente, que ella se emplee para que el juez de revisión se convierta en un juez de instancia.
En ese sentido, como lo evidenció un fallo de revisión reciente de la Sala Especial de Revisión 26, en la Sala Plena de lo Contencioso se originaron tres corrientes o tendencias para entender este causal, según las cuales i) las razones de la nulidad de la sentencia las define el juez; ii) las causales de nulidad de la sentencia son las del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil y iii) las causales de nulidad de la sentencia provienen de la combinación de los dos criterios anteriores.
La tendencia mayoritaria ha sido la de acoger aquellas causales del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, hoy 133 del Código General del Proceso, que por su contexto pueden originar la nulidad de la providencia, para no confundirlas con aquellas generadas en las instancias o etapas anteriores a esta, dado que el recurso de revisión solo se puede presentar cuando la nulidad se presente en el fallo y no en una fase que lo anteceda.
Por ello, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo fue indicando las circunstancias que podían configurar la causal de revisión en estudio, para lo cual fue evaluado cada una de las causales establecidas en el artículo 140 del C. de P. C., hoy 133 del Código General del Proceso, para indicar entre otras cosas, lo siguiente:
“… la nulidad que tiene origen en la sentencia puede ocurrir, en conformidad con la disposición referida – se hace alusión al artículo 140 del C. de P.C.-, cuando se provee sobre aspectos para los que no tiene el juez jurisdicción o competencia (numerales 1 y 2); cuando, sin ninguna otra actuación, se dicta nueva sentencia en proceso terminado normalmente por sentencia firme, o sin más actuación se dicta sentencia después de ejecutoriado el auto por el cual hubiera sido aceptado el desistimiento, aprobada la transacción o declarada la perención del proceso, porque así se revive un proceso legalmente concluido, o cuando se dicta sentencia como única actuación, sin el previo trámite correspondiente, porque así se pretermite íntegramente la instancia; o cuando se condena al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente de la invocada en ésta, o se condena a quien no ha sido parte en el proceso, porque con ello, en lo concerniente, también se pretermite íntegramente la instancia (numeral 3); o cuando, sin más actuación, se profiere sentencia después de ocurrida cualquiera de las causas legales de interrupción o de suspensión o, en éstos casos, antes de la oportunidad debida (numeral 5), entre otros eventos.”
En un pronunciamiento posterior se afirmó:
“Las nulidades procesales no pueden confundirse con las que se originan en la sentencia, pues mientras las primeras se estructuran cuando quiera que se dan los motivos consagrados taxativamente en el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, partiendo del contenido de la misma disposición, las segundas deben interpretarse restrictivamente con unos determinados supuestos fácticos que esta Corporación ha precisado y que conducen a determinar que la nulidad originada en la sentencia puede ocurrir:
a) cuando el Juez provee sobre asuntos respecto de los cuales carece de jurisdicción o competencia;
b) cuando, sin ninguna actuación, se dicta nuevo fallo en proceso que terminó normalmente por sentencia en firme;
c) cuando sin más actuación, se dicta sentencia después de ejecutoriado el auto por el cual se aceptó el desistimiento, aprobó la transacción, o, declaró la perención del proceso, pues ello equivale a revivir un proceso legalmente concluido;
d) cuando se dicta sentencia como única actuación, sin el trámite previo correspondiente, toda vez que ello implica la pretermisión íntegra de la instancia;
e) cuando el demandado es condenado por cantidad superior, o por objeto distinto del pretendido en la demanda, o por causa diferente de la invocada en ésta,
f) cuando se condena a quien no ha sido parte en el proceso, porque con ello también se pretermite íntegramente la instancia;
g) cuando, sin más actuación, se profiere sentencia después de ocurrida cualquiera de las causas legales de interrupción o de suspensión o, en éstos casos, antes de la oportunidad debida.”
Igualmente, se viene admitiendo que junto a estas causales, pueden existir otras no contempladas directamente en el los códigos procesales, pero que se pueden derivar de la vulneración del artículo 29 constitucional. Es decir, se ha aceptado que la violación al debido proceso constitucional en la sentencia puede ser causal de revisión. En este último evento, corresponderá al juez determinar si el hecho que se dice contrario a este derecho, puede configurar la causal de revisión en comento.
Así lo sentenció recientemente la Sala Especial de Decisión 26, al indicar “… las causales de nulidad de la sentencia son las previstas en el estatuto procesal civil, en las condiciones que establece el art. 142 del mismo y las que se originen en la sentencia por violación del debido proceso constitucional, contemplado en el artículo 29.”
En este caso, el juez no está creando una causal, pues se reconoce que la nulidad originada en el fallo, se deriva del desconocimiento de un mandato constitucional, en donde el operador judicial será el encargado de determinar si lo que se alega tiene la entidad suficiente para de originar la nulidad de la sentencia de instancia, pues no toda irregularidad puede tener la potencialidad de afectar la inmutabilidad de la providencia que ha puesto fin al proceso.
En otros términos, debe primar la institución de la cosa juzgada y el principio de seguridad jurídica.
De lo expuesto se desprende que las causales de nulidad originadas en la sentencia, además de las derivadas de la violación del debido proceso, se materializan: (a) cuando el juez provee sobre asuntos respecto de los cuales carece de jurisdicción o competencia; (b) cuando, sin ninguna actuación, se dicta nuevo fallo en proceso que terminó normalmente por sentencia en firme; (c) cuando sin más actuación, se dicta sentencia después de ejecutoriado el auto por el cual se aceptó el desistimiento, aprobó la transacción, o, declaró la perención del proceso, pues ello equivale a revivir un proceso legalmente concluido; (d) cuando se dicta sentencia como única actuación, sin el trámite previo correspondiente, toda vez que ello implica la pretermisión íntegra de la instancia; (e) cuando el demandado es condenado por cantidad superior, o por objeto distinto del pretendido en la demanda, o por causa diferente de la invocada en ésta; (f) cuando se condena a quien no ha sido parte en el proceso, porque con ello también se pretermite íntegramente la instancia, g) y cuando, sin más actuación, se profiere sentencia después de ocurrida cualquiera de las causas legales de interrupción o de suspensión o, en éstos casos, antes de la oportunidad debida.
Igualmente, vale reiterar, la posibilidad de considerar junto con los referidos supuestos, aquellos derivados de la violación del artículo 29 Superior, en los términos explicados en la sentencia citada in extenso.
4.2.2. La sustentación del cargo
La Sala se permite citar los argumentos del apelante en su integridad así (fls. 362 y 363, c. 9):
Respecto de esta causal encontramos que no se notificado en debido forma y personalmente el auto admisorio de la demanda y varias providencias procesales dictadas no solamente por el a quo, y, por el ad quem al señor Agente del Ministerio Público, pues la persona que intervino como Agente del Ministerio Público en toda la etapa procesal ni siquiera registraron los nombres y apellidos de la Persona quien ejercicio esa función, en varias notificaciones simplemente aparece la firma, más no figura, repito, sus nombres y apellidos, circunstancia esta que obliga a que la notificación personal no es legal, es decir, la notificación personal contraría totalmente el ordenamiento jurídico, que para el caso de autos se estaría violando lo normado en el numeral 9 inciso 1 y 2 del art. 140 que reza sobre las causales de nulidad del Código de Procedimiento Civil, nulidad esta insubsanable e insaneable.
No es un capricho del suscrito abogado manifestar lo antes expuesto, sino, que es el mandato claro, preciso y conciso señalado en el art. 315 de la norma adjetiva civil que señala la práctica de la notificación, como es que el secretario o notificador al hacer la notificación personal al Ministerio Público debe extender un acta en la que “se expresará en letras la fecha en que se practique, el nombre del notificado y la providencia que se notifica, acta que deberá firmarse por aquél y el empleado que haga la notificación.
Para el sub lite, encontramos la evidencia probatoria que nunca ni jamás aparece en el plenario la mencionada acta que ordena al art. 315 ibídem, pues la persona que ejercía funciones de Agente del Ministerio Público para aquella época en que se notificó varias providencias, nunca aparece al menos constancia del nombre y apellidos de ese funcionario, es decir, que la notificación fue ilegal, amañada incurriéndose de esta manera en una violación supra legal del DEBIDO PROCESO, lo que genera no solamente la nulidad procedimental sino también supra legal por violación al debido proceso.
4.2.3. La solución del cargo formulado
De entrada debe señalarse que la posible nulidad no se generó en la sentencia, en tanto se trataron de notificaciones que ocurrieron con anterioridad a ella, toda vez que las notificaciones personales al Ministerio Público, según lo imponía el artículo 127 del CCA, subrogado por el artículo 35 de la Ley 446 de 1998, se concretan en el auto admisorio de la demanda, el auto que fije fecha para la conciliación, la sentencia de primera instancia y el primer auto dictado en segunda instancia. Igualmente, es claro que quien debe alegar la supuesta irregularidad y está legitimado para el efecto es el propio Ministerio Público, en los términos del artículo 135 del CGP.
Lo anterior es suficiente para negar el cargo en estudio.
Sin embargo, para descartar cualquier tipo de irregularidad que afecte la sentencia cuestionada, la Sala observa que las notificaciones al Ministerio Público, en primera instancia, se hicieron con un sello donde se consignó la fecha de la notificación y el cargo del Procurador correspondiente (fls. 27 rev., 30 rev., c. 1; 173 rev., c. 2). De igual forma se hizo en esta instancia (fl. 207, 2).
En principio, parecería desconocido el numeral 2 del artículo 315 del CPC, aplicable por la remisión del artículo 267 del CCA, que prescribe que quien comparezca a notificarse ante el juzgado deberá suministrar su nombre, en otros datos, los cuales quedarán consignados en un acta. Empero, el artículo 83 Superior impone a los particulares y a los servidores públicos ceñirse su conducta al principio de la buena fe. En esa medida, sería desproporcionado sostener que la notificación fue indebida por el simple hecho de no consignar el nombre del procurador judicial, en tanto se imponía probar que quien suscribió esas diligencias judiciales no era la persona que dijo ser o que no ostentaba dicha calidad. Tampoco hay pruebas que permitan dilucidar ese aspecto.
En los términos expuestos se impone desestimar el cargo en estudio.
4.3. TERCER CARGO: numeral 8 del artículo 250 del CPACA
4.3.1. El alcance de la causal: cosa juzgada
Esta es otra causal que se reproduce en los mismos términos del CCA. Sobre la misma, la Sala Plena ha precisado:
La institución de la cosa juzgada, como lo ha reiterado esta Corporación, está sujeta a dos límites: el objetivo, que mira hacia el asunto sobre el que versó el debate y la causa petendi de la prestación, y el subjetivo, que tiene que ver con las personas que fueron parte en el proceso. Así mismo, la cosa juzgada se predica de los puntos que han sido materia expresa de la decisión de una sentencia y sólo puede extenderse a aquellos que por ser consecuencia necesaria o depender indispensablemente de ella, se reputan tácitamente decididos.
Los principios tutelares de esta institución jurídica son los establecidos en el artículo 332 del C.P.C, los cuales son aplicables al proceso contencioso administrativo, por remisión expresa del artículo 267 del C.C.A. Prescribe el citado artículo 332 del C.P.C. (…).
Según esta norma cabe plantear la cosa juzgada con éxito solo si concurren los tres elementos señalados en ella, esto es, que en ambos procesos exista identidad de partes, de objeto y de causa.
De lo expuesto y del numeral 8 del artículo 250 del CPACA se tiene que para que se configure esta causal es necesaria la presencia concurrente de tres presupuestos esenciales, a saber: (i) que existan dos sentencias contradictorias; (ii) que la sentencia contrariada constituya cosa juzgada en el proceso en la que fue dictada, lo cual ocurre cuando éste involucra a las mismas partes de un proceso anterior, versa sobre el mismo objeto y se adelanta por la misma causa; y (iii) que en el segundo proceso no se haya propuesto como excepción la cosa juzgada.
4.3.2. La sustentación del cargo
Los argumentos del accionante son los mismos que consignó para la causal del numeral 1 del artículo 250 del CPACA (fls. 363 y 364, c. 9), razón por lo cual la Sala, para efectos prácticos, remite a ellos.
4.2.3. La solución del cargo formulado
Frente al cargo, la Sala debe decir que los argumentos expuestos no encajan dentro de la causal en estudio. En efecto, en el recurso no se predican los elementos de cosa juzgada de la primera sentencia dictada en el 2012 y que fue citada en la providencia que se revisa, sino que se debió aportar y valorar como prueba, aspectos que ya fueron decididos al resolver la causal del numeral 1 del artículo 250 del CPACA, a los cuales remite la Sala. Tampoco puede perderse de vista que ambas sentencias de la Sección Tercera fueron denegatorias y, por lo tanto, en gracia de discusión, de admitirse su prosperidad, la decisión objeto de revisión debería mantenerse igual.
Finalmente, el recurrente en el acápite denominado “OMISIONES Y EXTRALIMITACIONES O ABUSOS DE LOS AGENTES DEL ESTADO” (fls. 364 y 365, c. 9) se limita a realizar un cuestionamiento sobre el análisis probatorio de la sentencia objeto de revisión, cuestiones que no son propias del presente recurso, la Sala las desestimará de plano.
En los anteriores términos, la Sala considera que el recurso extraordinario de revisión propuesto no está llamado a prosperar y, en consecuencia, se declarará infundado. Como no prosperó ninguno de los cargos de revisión se impone negar la totalidad de pretensiones, tanto principales como subsidiarias, en tanto estuvieron fundadas en los mismos cargos.
5. COSTAS
En lo que concierne a la condena en costas en el presente asunto, la Sala se abstendrá de ordenarlas, toda vez que mediante auto del 24 de junio de 2016 le fue concedido el amparo de pobreza al señor Polonía Carrizosa y dispuso que “estar[ía] exonerado de la obligación procesal a que se refiere el inciso 1 del artículo 163 del Código de Procedimiento Civil” (fl. 420, c. 9), entre otros, el pago de costas. El artículo 154 del CGP reprodujo los mismos efectos.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena, Sala Especial de Decisión n.° 12, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A
PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto en contra de la sentencia del 29 de julio de 2013 proferida por la Sección Tercera, Subsección B de esta Corporación.
SEGUNDO: Sin costas.
TERCERO: En firme esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente del proceso ordinario al Tribunal de origen para lo de su cargo, así como todos aquellos expedientes solicitados en préstamo dentro del presente recurso con destino a las autoridades respectivas.
COPÍESE, NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
RAMIRO PAZOS GUERRERO JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
ALBERTO YEPES BARREIRO
(Ausente con permiso)
Mediante auto del 24 de julio de 2000 (fl. 30, c. 1), el a quo admitió la adición de la demanda presentada por el actor, con el fin de pedir más pruebas (fl. 28, c. 1).
Sentencia del 14 de marzo de 2012, exp. 20.497, M.P. Olga Mélida Valle de De La Hoz.
Las normas procesales aplicables a este tipo de recursos son las vigentes a la presentación del recurso, salvo las actuaciones o términos que hayan iniciado con otra norma adjetiva. En tal sentido ver: Consejo de Estado, Sala Plena, auto del 12 de agosto de 2014, rad. 110010315000201302110-00, M.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez. Posición reiterada, entre otras, Sala 22 Especial de Decisión, sentencia del 7 de abril de 2015, exp. 11001-03-15-000-2013-00358-00(REV), M.P. Alberto Yepes Barreiro; Sala 1ª Especial de Decisión, auto del 7 de julio de 2017, rad. 11001-03-15-000-2016-03197-00 (REV), M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
Según informe secretarial, la sentencia en comento quedó ejecutoriada el 20 de septiembre de 2013 (fl. 350, c. 9).
Este artículo fue declarado exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-450 del 16 de julio de 2015, exp. D-10539.
Efectivamente, el artículo en cita establece otras sub reglas en consideración a las causales 3, 4 y 7 del artículo 250 ejusdem, así como de la causal contenida en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
El recurso extraordinario de revisión, como advierte la doctrina, se mantiene en el nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), tal como aparecía regulado en el anterior Código Contencioso Administrativo (CCA) así: es un mecanismo extraordinario de impugnación que procede de manera excepcional contra las sentencia ejecutoriadas que han hecho tránsito a cosa juzgada, por las causales taxativamente definidas por la ley, a fin de invalidar y reemplazar una sentencia cuando esta no guarda correspondencia con el ordenamiento jurídico. Vid. Sánchez Pérez, Alexánder. “El recurso extraordinario de revisión en la Ley 1437 de 2011” en AAVV Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011): Comentado y Concordado”, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2013, pp. 514-528.
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia del 2 de abril de 2013, rad. 11001-03-15-000-1997-00142-00(REV), M.P. Bertha Lucía Ramírez de Paez.
Sobre el particular: Consejo de Estado, Sala Plena, Sala 10ª Especial de Decisión, sentencia del 1 de noviembre de 2016, rad. 11001-03-15-000-2012-00230-00 (REV), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
Se reproduce lo dicho por la Sala en: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala de Decisión n.° 12, sentencia del 3 de abril de 2018, M.P. Ramiro Pazos Guerrero.
El Diccionario de la Real Academia Española define ese vocablo, así: “1. tr. Dar con alguien o algo que se busca. // 2. tr. Dar con alguien o algo sin buscarlo. U. t. c. prnl. // 3. intr. Dicho de una persona: Tropezar con otra. U. t. c. prnl. // 4. prnl. Oponerse a alguien, enemistarse con él. // 5. prnl. Dicho de dos o más personas o cosas: Hallarse y concurrir juntas a un mismo lugar. // 6. prnl. Hallarse en cierto estado. Encontrarse enfermo. // 7. prnl. Opinar diferentemente, discordar de otros. // 8. prnl. Conformar, convenir, coincidir. // 9. prnl. Hallar algo que causa sorpresa”.
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 18 de junio de 1993, expediente 5614, M.P. Dr. Álvaro Lecompte Luna. En esa oportunidad, se precisó sobre el término recobrar lo siguiente: “En cuanto a la causal segunda de revisión invocada, es viable hablar de prueba recobrada cuando ésta inicialmente se encuentra extraviada o refundida y luego se recupera y, por ello, el demandante no estuvo en condiciones de aportarla al proceso. El verbo “recobrar” implica que se hubiere perdido algo que más tarde se recupera. Así las cosas, es indispensable para la prosperidad del recurso, entre otros requisitos, invocarse esta causal, que el recurrente hubiere estado durante todo el proceso en imposibilidad de aportar la prueba respectiva por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria”. El Diccionario de la Real Academia Española lo define así: “1. tr. Volver a tomar o adquirir lo que antes se tenía o poseía. Recobrar las alhajas, la salud, el honor. // 2. prnl. Recuperarse de un daño recibido. // 3. prnl. HYPERLINK "http://dle.rae.es/?id=DRF8EBo" \l "5qTWX3X" desquitarse (‖reintegrarse de lo perdido). // 4. prnl. Volver en sí de la enajenación del ánimo o de los sentidos, o de un accidente o enfermedad”.
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 2 de abril de 2013, expediente 11001-03-15-000-1997-00142-00(REV), M.P. Bertha Lucia Ramírez de Páez. Igualmente, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 7 de marzo de 2012, expediente 32086, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.
Se refiere a la sentencia del 14 de marzo de 2012, exp. 20.497, M.P. Olga Mélida Valle de De La Hoz, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C.
El numeral 1) del artículo 214 del Código Contencioso Administrativo así lo permitía.
Exp. 20.497, M.P. Olga Mélida Valle de De La Hoz, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C.
El 19 de junio de 2000 fue presentada la demanda (fl. 24, c. 1).
Consejo de Estado, Sala Plena, Sala 22 Especial de Decisión, sentencia del 7 de abril de 2015, exp. 11001-03-15-000-2013-00358-00(REV), M.P. Alberto Yepes Barreiro.
Cita original: CONSEJO DE ESTADO. Sala Especial No. 26. Expediente Radicación: 11001-03-15-000-2011-01639-00 Demandante: Vehivalle S.A. Referencia: Recurso extraordinario de revisión. Consejera Ponente, doctora Olga Melida Valle de de la Hoz.
Cita original: Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 11 de mayo de 1998. Expediente: REV-93. Actor: Gabriel Mejía Vélez. C.P.: Dr. Mario Alario Méndez.
Cita original: CONSEJO DE ESTADO. Sala Especial No. 26. Expediente Radicación: 11001-03-15-000-2011-01639-00 Demandante: Vehivalle S.A. Referencia: Recurso extraordinario de revisión. Consejera Ponente, doctora Olga Melida Valle de de la Hoz. En dicha sala, se aprobaron otras dos decisiones en igual sentido. Radicación: 11001-03-15-000-1998-00157-01 (Rev. 157). Demandante: Sociedad de Mejoras Públicas de Cali.
En su parte pertinente, el artículo disponía: “El Ministerio Público es parte y podrá intervenir en todos los procesos e incidentes que se adelanten ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y en las conciliaciones extrajudiciales ante los centros de conciliación e intervendrá en éstos en defensa del orden jurídico, del patrimonio público y de los derechos y garantías fundamentales. Por consiguiente se le notificará personalmente el auto admisorio de la demanda, el que fije fecha para audiencia de conciliación, la sentencia proferida en primera instancia y el primer auto dictado en segunda instancia”.
Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia del 26 de julio de 2005, rad. 11001-03-15-000-1999-00217-01(REV), M.P. Ana Margarita Olaya Forero.
PAGE