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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00972-00

Fecha
24 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00972-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR INFUNDADA la acción especial de revisión, interpuesta por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social- UGPP, contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, el tres (3) de diciembre de dos mil diecinueve (2019), que revocó el fallo proferido el treinta (30) de mayo de dos mil dieciocho (2018) por el Juzgado Primero Administrativo de Turbo Antioquia y ordenó el reconocimiento de la pensión gracia en favor del señor Manuel Antonio Luna Ávila, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No. 05-837-33-33-001-201700891-00 (01), por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído. SEGUNDO. Sin condena en costas. TERCERO. Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las constancias y anotaciones del caso. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2020-00972-00

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

24 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá D. C., veinticuatro (24) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00972-00 (2940- 2020)1
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Demandado: Manuel Antonio Luna Ávila
Medio de control: Acción especial de revisión (artículo 20 de la Ley 797 de 2003)
Tema: Reconocimiento pensión gracia
Decisión: Sentencia de única instancia

La Sala decide la acción especial de revisión interpuesta por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – UGPP, contra la sentencia del tres (3) de diciembre de dos mil
diecinueve (2019), proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta
de Decisión, mediante la cual, revocó la sentencia del treinta (30) de mayo de dos
mil dieciocho (2018) proferida por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de
Turbo, Antioquia y, en su lugar, ordenó el reconocimiento y pago de la pensión
gracia a favor del señor Manuel Antonio Luna Ávila, dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho tramitado con el radicado No.
05837333300120170089100.

I. ANTECEDENTES

1. La acción especial de revisión2.

1.1. Pretensiones.

1
Expediente digitalizado.
2
SAMAI- Índice 00019.

2

Número Interno: 2940-2020
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
Demandado: Manuel Antonio Luna Ávila

1. La entidad accionante, por intermedio de apoderado judicial, formuló la acción
especial de revisión prevista en el artículo 20, literales a) y b), de la Ley 797 de
2003, con la que pretende que se infirme la sentencia del tres (3) de diciembre de
dos mil diecinueve (2019), proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Quinta de Decisión, mediante la cual, revocó la sentencia del treinta (30) de mayo
de dos mil dieciocho (2018) proferida por el Juzgado Primero Administrativo del
Circuito de Turbo, Antioquia y, en su lugar, declaró la nulidad del acto administrativo
No. RDP 015697 del trece (13) de abril de dos mil dieciséis (2016), ordenando el
reconocimiento y pago de la pensión gracia al señor Manuel Antonio Luna Ávila, en
el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho referenciado ut supra.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, la entidad accionante solicitó: (i)
declarar que al señor Manuel Antonio Luna Ávila no le asiste derecho al
reconocimiento a la pensión gracia, por cuanto le fueron computados tiempos de
carácter nacional y la financiación sus salarios y prestaciones se realizó con cargo
a recursos del Sistema General de Participaciones; (ii) ordenar al demandado la
restitución de los dineros percibidos por concepto de pensión gracia; y (iii) ordenar
la actualización de las sumas que resulten, de conformidad con lo establecido en el
artículo 187 del CPACA, así como, el reconocimiento de los respectivos intereses.

1.2. Los hechos.

3. Narró que, el señor Manuel Antonio Luna Ávila nació el quince (15) de diciembre
de mil novecientos cincuenta (1950). Indicó que, a través de acta de traspaso del
veintiocho (28) de abril de mil novecientos setenta y seis (1976), se « legalizó el
traspaso de los centros educativos misionales del territorio de Urabá entre otros, la Escuela de Las
Piedrecitas, al Departamento de Antioquia», donde era docente el señor Manuel Antonio

Luna Ávila, con la intervención del delegado del Fondo Educativo Regional - FER,
conforme al acta de entrega del cinco (5) de junio de mil novecientos setenta y ocho
(1978), a partir del primero (1) de enero de mil novecientos setenta y seis (1976).

4. Sostuvo que, de acuerdo con el Decreto No. 4873 del veintinueve (29) de
diciembre de mil novecientos ochenta y nueve (1989), la gobernadora del
Departamento de Antioquia, quien ostentaba la calidad de presidenta de la Junta
Administradora del FER, designó al señor Manuel Antonio Luna Ávila en el cargo de
profesor de tiempo completo de la Escuela Rural Mixta Villa Fátima del municipio de

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Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
Demandado: Manuel Antonio Luna Ávila

Arboletes, Antioquia, acto administrativo que fue suscrito por la gobernadora y el
delegado del Ministerio de Educación Nacional ante el FER.

5. Indicó que, conforme a la certificación electrónica de tiempos laborados [CETIL]
No. 202001890900286900190011 del diecisiete (17) de enero de dos mil veinte
(2020), prestó servicios docentes para la Secretaría de Educación del
Departamento de Antioquia desde el primero (1) de mayo de mil novecientos
noventa (1990) hasta el catorce (14) de marzo de dos mil dieciséis (2016).

6. Sostuvo que, mediante la Resolución No. 12710 del veinticinco (25) de abril de
dos mil once (2011) le reconoció una pensión de jubilación al demandado y, a través
de la Resolución No. RDP 015697 del trece (13) de abril de dos mil dieciséis (2016),
negó el reconocimiento de la pensión gracia, toda vez que, el demandado no habría
acreditado veinte (20) años de servicios en la docencia de carácter nacionalizado
y/o territorial, decisión que fue confirmada a través de la Resolución No. RDP
026272 del dieciséis (16) de julio de dos mil dieciséis (2016).

7. Indicó que, ante la inconformidad con la negativa al reconocimiento de la pensión
gracia, el señor Manuel Antonio Luna Ávila promovió medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Precisó que el Juzgado Primero Administrativo del
Circuito de Turbo, Antioquia, mediante sentencia del treinta (30) de mayo de dos mil
dieciocho (2018), negó las pretensiones de la demanda, decisión que fue revocada
por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Decisión, mediante
sentencia del tres (3) de diciembre de dos mil diecinueve (2019), de acuerdo con la
cual se anularon los actos administrativos acusados y se ordenó a la entidad a
reconocer y pagar la pensión gracia, declarando a su vez la prescripción de las
mesadas causadas con anterioridad al ocho (8) de marzo de dos mil trece (2013),
por prescripción trienal, providencia que quedó ejecutoriada el nueve (9) de
diciembre de dos mil diecinueve (2019).

1.3. Sentencia objeto de revisión.

8. Mediante la sentencia del treinta (30) de mayo de dos mil dieciocho (2018)3, el
Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Turbo, Antioquia, declaró probadas

3
SAMAI- Índice 00019- Folios 331 a 349.

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Demandado: Manuel Antonio Luna Ávila

las excepciones propuestas por la entidad demandada y negó las pretensiones del
medio de control.

9. Para ello, sostuvo que «si bien es cierto que el señor Manuel Antonio Luna Ávila, cumple con
los requisitos de edad y que su vinculación al servicio docente ocurrió antes del 31 de diciembre de
1980, no es menos cierto que su vinculación fue del orden nacionalizado como lo afirmó el apoderado
de la parte demandante, por el contrario obra dentro del expediente certificado de la historia laboral
y de salarios que indican que el demandante tuvo un vínculo de carácter nacional […] por lo cual no
le asiste el derecho a ser beneficiario de la prestación pensional deprecada». En suma, indicó

que en el evento en que el tiempo laborado por el demandante en los centros
educativos del territorio misional se reputara nacionalizado, no tendría derecho a la
prestación, pues, no cumplió con el requisito de tiempo.

10. Contra la decisión de primera instancia, el señor Manuel Antonio Luna Ávila
interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Quinta de Decisión, a través de la sentencia del tres (3) de diciembre
de dos mil diecinueve (2019)4, sede judicial que revocó la sentencia de primera
instancia y, en su lugar dispuso:

«PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Primero Administrativo del
Circuito de Turbo, mediante el cual se negaron las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad del acto administrativo No. RDP 015697 del 13 de abril
de 2016, que negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia del demandante.

TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR a la UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL reconocer y pagar en favor del señor MANUEL ANTONIO LUNA
ÁVILA, la pensión gracia consagrada en la Ley 114 de 1913.

CUARTO: DECLARAR la prescripción de las mesadas de la pensión gracia causadas con
anterioridad al 8 de marzo de 2015. […]»

11. Como sustento de la decisión, y dando aplicación a la sentencia de unificación
CE-SUJ-SE11-2018, proferida por el Consejo de Estado, precisó que, según las
pruebas que obraban en el expediente, específicamente el Decreto No. 4873 del
veintinueve (29) de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve (1989), el
demandante fue nombrado como docente, con retroactividad al primero (1) de
enero de mil novecientos setenta y seis (1976), en virtud de lo dispuesto por el

4
SAMAI- Índice 00019- Folios 350 a 361.

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Demandado: Manuel Antonio Luna Ávila

artículo 1 de la Ley 43 de 1975.

12. Indicó que, el veintiocho (28) de abril de mil novecientos setenta y seis (1976)
se suscribió el acta de traspaso, mediante la cual, la Diócesis de Santa Fe de
Antioquia entregó al departamento de Antioquia las funciones de administración,
inspección y vigilancia que venía ejerciendo en los centros educativos del territorio
misional de Urabá, documento en que se determinó que a partir del primero (1) de
enero de mil novecientos setenta y seis (1976), la totalidad de centros educativos
de Urabá debían ser dirigidos por las autoridades departamentales.

13. Así, indicó que el certificado laboral examinado por el juez de primera instancia,
adolecía de inconsistencias, comoquiera que, el docente se vinculó el primero (1)
de mayo de mil novecientos noventa (1990) y, según el Decreto No. 4673 de mil
novecientos ochenta y nueve (1989), con efectos retroactivos desde el primero de
enero de mil novecientos setenta y seis (1976), además el docente prestó sus
servicios desde esta última fecha.

14. Asimismo, sostuvo que el certificado de historia laboral determina que el tipo de
vinculación del docente es nacional, no obstante, los documentos que obraban en
el expediente determinan que la vinculación fue nacionalizada, conforme a lo
estipulado por la Ley 43 de 1975, pues, el nombramiento se realizó con fundamento
en la citada norma, situación de la cual emerge que dicha designación se realizó
como docente nacionalizado en los términos de la Ley 91 de 1989.

15. Sobre el fenómeno prescriptivo, indicó que, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 41 del Decreto 3135 de 1968, el ocho (8) de marzo de dos mil dieciséis
(2016) el demandante presentó la reclamación administrativa, mientras que la
demanda fue radicada el trece (13) de septiembre de dicho año. Así, declaró la
prescripción respecto de las mesadas causadas antes del ocho (8) de marzo de dos
mil trece (2013).

1.4. Las causales de revisión invocadas.

16. La entidad accionante invocó las causales previstas en los literales a) y b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, al sostener que, en las providencias cuya revisión
se pretende, se desconoció el debido proceso y, en adición, se ordenó el

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reconocimiento de una suma que excedió lo debido de acuerdo con la ley.

17. Frente a la causal contenida en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
la entidad accionante sostuvo que la sentencia de segunda instancia vulneró el
debido proceso al reconocer la pensión gracia sin verificar que el señor Manuel
Antonio Luna Ávila cumpliera los requisitos previstos en las Leyes 114 de 1913, 116
de 1928, 37 de 1933 y 91 de 1989. En particular, cuestionó que, el Tribunal hubiera
considerado como nacionalizado el período comprendido entre el primero (1.º) de
mayo de mil novecientos noventa (1990) y el catorce (14) de marzo de dos mil
dieciséis (2016), pese a que la historia laboral y demás documentos obrantes en el
expediente lo identificaban como un período de vinculación nacional. A su juicio,
esta conclusión se apartó injustificadamente de la establecida por el juez de primera
instancia, quien había determinado el carácter nacional de la vinculación con
fundamento en la prueba documental incorporada al proceso.

18. En ese sentido, reprochó que el Tribunal hubiera atribuido a determinados
documentos —sin precisar cuáles— la capacidad de demostrar una vinculación
nacionalizada, pese a que el certificado CETIL No. 202001890900286900190011
del diecisiete (17) de enero de dos mil veinte (2020) registraba que el período
laborado correspondió a una plaza docente nacional, financiada con recursos del
Sistema General de Participaciones, dentro del régimen nacional. Para la
accionante, esta prueba corroboraba que los servicios prestados por el beneficiario
no reunían las condiciones que permitían computarlos para efectos de la pensión
gracia.

19. Agregó que, la naturaleza nacional de la vinculación debía analizarse no solo a
partir de la denominación del cargo, sino también de la fuente de financiación de las
obligaciones laborales, puesto que, los recursos del situado fiscal, mientras
estuvieron destinados a atender obligaciones a cargo de la Nación, conservaron su
carácter nacional. Explicó que, antes de la descentralización prevista en la Ley 60
de 1993, los recursos administrados por los Fondos Educativos Regionales (FER)
podían provenir de distintas fuentes, pero los correspondientes al situado fiscal
mantenían su naturaleza nacional y estaban destinados a sufragar obligaciones de
la Nación. Por ello, sostuvo que la descentralización administrativa de la educación

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no implicaba, por sí misma, que los recursos nacionales destinados a financiar
docentes nacionales adquirieran carácter territorial.

20. A partir de lo anterior, afirmó que la sentencia cuestionada incurrió en un defecto
sustantivo, al aplicar indebidamente el régimen de la pensión gracia y desconocer
la distinción legal entre docentes nacionales y territoriales o nacionalizados. Según
su planteamiento, mientras la Ley 91 de 1989 preservó el derecho a la pensión
gracia para determinados docentes nacionalizados vinculados hasta el treinta y uno
(31) de diciembre de mil novecientos ochenta (1980), dicha excepción no podía
extenderse a quienes hubieran prestado servicios como docentes nacionales. En
consecuencia, al computar el período cuestionado para completar el tiempo exigido
para la prestación, el Tribunal habría reconocido la pensión con fundamento en
servicios que, por su naturaleza y fuente de financiación, no podían generar ese
derecho.

21. En lo que toca a la causal contenida en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797
de 2003, la entidad accionante sostuvo que la sentencia objeto de revisión ordenó
el reconocimiento de una prestación cuya cuantía excedió lo debido de acuerdo con
la ley, pues, al haberse reconocido la pensión gracia al señor Manuel Antonio Luna
Ávila sin el cumplimiento de los requisitos legales, se ordenó el pago de una
prestación que no debía ser reconocida.

22. Para sustentar esta causal, señaló que el Tribunal desconoció el precedente
constitucional contenido, entre otras, en las Sentencias C-479 de 1998, C-915 de
1999 y C-954 de 2000, conforme al cual los docentes nacionales no tienen derecho
a la pensión gracia. Por ello, afirmó que la causal prevista en el literal b) debía
analizarse en concordancia con la causal del literal a), dado que el exceso
reconocido se originó precisamente en el reconocimiento de una prestación que,
por incumplimiento de sus presupuestos legales, no podía ser otorgada.

23. En concreto, explicó que el cumplimiento de la sentencia implicó ordenar a la
entidad el reconocimiento y pago de la pensión gracia, incluido el retroactivo
pensional y las mesadas futuras, pese a que ninguno de estos conceptos debía ser
asumido conforme al régimen legal aplicable. En consecuencia, sostuvo que el
exceso no se limitaba a una diferencia en la cuantía de la prestación, sino que

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comprendía la totalidad de las mesadas reconocidas y pagadas, al resultar
improcedente, desde su origen, el derecho pensional.

24. Finalmente, indicó que las mesadas futuras generarían una afectación adicional
al presupuesto de la entidad y al sistema pensional, teniendo en cuenta la
expectativa de vida del beneficiario y sin considerar los incrementos pensionales,
estimando dicho impacto, a la fecha de la acción, en $139.698.730,33. Así, concluyó
que la cuantía del derecho reconocido que excedía lo debido correspondía al total
de las mesadas derivadas de una pensión gracia cuyo reconocimiento, a su juicio,
resultaba legalmente improcedente.

1.5. Contestación de la demanda.

25. La acción especial de revisión fue admitida mediante el auto del cinco (5) de
diciembre de dos mil veinticinco (2025)5, notificado a la parte demandada el seis (6)
de abril de dos mil veintiséis (2026)6; sin embargo, dicho extremo procesal guardó
silencio.

1.6. Trámite posterior.

26. A través del auto del once (11) de junio de dos mil veintiséis (2026)7, el despacho
sustanciador tuvo por no contestada la acción especial de revisión y, en el mismo
proveído, incorporó, con su valor legal, los medios probatorios allegados con la
demanda. Asimismo, ofició al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Turbo,
Antioquia, para que allegara copia electrónica del expediente No. 05837-33-33-001-
2017-00891-00.

27. Mediante memorial del diez (10) de julio de dos mil veintiséis (2026) 8 , el
apoderado de la parte demandante se pronunció en relación con los medios de
prueba que allegó la autoridad oficiada el dos (2) de julio de dos mil veintiséis
(2026)9 e indicó que «en la medida que por tratarse de documentos públicos emanados de una
autoridad judicial, la entidad se acoge a su contenido y alcance para efectos de este recurso

5
SAMAI- Índice 00025.
6
SAMAI- Índice 00033. Al respecto se debe señalar que la notificación del auto admisorio de la demanda, se practicó al correo
electrónico «manuelantoniolunaavila@gmail.com», dirección electrónica que fue aportada por la UGPP.
7
SAMAI- Índice 00035.
8
SAMAI- Índice 00044.
9
SAMAI- Índice 00041.

9

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extraordinario» [sic].

28. El Ministerio Público no rindió concepto.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

29. La Sala es competente para conocer y decidir la presente acción, según lo
previsto en los artículos 249 del CPACA 10 y 20 de la Ley 797 de 2003 11 , en
concordancia con lo establecido en el artículo 13 del reglamento de esta
Corporación, contenido en el Acuerdo 080 del doce (12) de marzo de dos mil
diecinueve (2019)12.

2.2. Oportunidad.

30. La acción especial de revisión bajo examen resulta oportuna, toda vez que, la
sentencia de segunda instancia cuya revisión se pretende fue proferida el tres (3)
de diciembre de dos mil diecinueve (2019)13, quedando ejecutoriada el nueve (9) de
diciembre de esa anualidad14. Por su parte, la acción fue presentada el veintidós
(22) de octubre de dos mil veinte (2020)15, por lo que, surge de bulto que no se
superó el término de cinco (5) años establecido en el artículo 251 del CPACA.

2.3. Problema jurídico.

31. Corresponde a la Sala determinar, lo siguiente:

(i) ¿ Se configuró la causal de revisión contenida en el literal a) del artículo
20 de la Ley 797 de 2003, al reconocerse la pensión gracia a favor del
señor Manuel Antonio Luna Ávila con violación del debido proceso, por
considerar como servicios de carácter nacionalizado aquellos prestados
entre los años mil novecientos noventa (1990) y dos mil dieciséis (2016),

10
«[…] De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán
las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. […]»
11
«Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro
público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier
naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias»
12
«Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».
13
SAMAI- Índice 00033- Archivo “44RECIBEMEMORIAL_09SentenciaRevocaEje(.pdf) NroActua 41”- Folios 1 a 12.
14
SAMAI- Índice 00033- Archivo “44RECIBEMEMORIAL_09SentenciaRevocaEje(.pdf) NroActua 41”- Folio 21.
15
SAMAI- Índice 00002- Archivo “ED-5-05ActaReparto.pdf(.pdf)”.

10

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pese a que, según la entidad demandante, correspondieron a una
vinculación docente nacional y, por tanto, no eran computables para
acceder a dicha prestación?

(ii) ¿Se configuró la causal de revisión prevista en el literal b) ibidem, por
haberse reconocido un derecho en cuantía que excede lo debido de
acuerdo con la ley?

(iii) En caso afirmativo, ¿resulta procedente infirmar la sentencia objeto de
revisión y, en consecuencia, dictar la correspondiente sentencia de
reemplazo, con los efectos derivados de la improcedencia del
reconocimiento de la pensión gracia?

2.4. Marco normativo y jurisprudencial.

2.4.1. Acción especial de revisión de la Ley 797 de 2003: objeto y alcance.

32. El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 instituyó una acción especial de revisión de
providencias judiciales, de la siguiente manera:

«Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del
tesoro público o de fondos de naturaleza pública. Las providencias judiciales
que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a
fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o
pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o
la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del
Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador
General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una
transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario
de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse por las causales consagradas
para este en el mismo código y además:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la
ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.»

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33. Dicha acción, entonces, está orientada a restablecer la justicia material 16 y
comporta una herramienta excepcional que se opone a los principios de cosa
juzgada y seguridad jurídica, razón por la cual, esta Corporación ha sostenido que
«sólo debe admitirse frente a un fin legítimo, que en estos asuntos es determinar si el reconocimiento
pensional se hizo con violación al debido proceso o, si como en este caso se invoca, la cuantía
reconocida excede lo ordenado por la ley»17.

34. Por tanto, las causales que el legislador prevé como únicas para superar y
quebrar la seguridad jurídica que se deriva de una sentencia judicial, en caso de su
prosperidad, atienden a circunstancias específicas y objetivas, que no corresponden
a un cuestionamiento de valoraciones de tipo jurídico, fáctico o probatorio,
adelantado por el juzgador en el proceso que dio lugar a la decisión cuestionada.
Por ello, no puede utilizarse este medio impugnativo, so pretexto de reabrir el debate
jurídico o revivir una valoración probatoria, que fue realizada por el juez de instancia.

35. De forma consistente, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha precisado que,
la rigurosidad de esta clase de asuntos, no permite que el juzgador se aproxime a
alguna causal que no fue debidamente planteada y soportada, ni tampoco permite
convertir esta vía en una tercera instancia, pues ello, desnaturalizaría la función de
esta clase de instrumentos extraordinarios18.

36. Finalmente, resulta necesario aclarar que, la adopción del trámite propio de la
acción establecido en el CPACA, no significa, como lo explicó la Sala Especial de
Decisión 25 de esta Colegiatura, en sentencia del cuatro (4) de junio de 2019, « que
la acción especial contenida en esa normativa y el referido recurso sean equiparables jurídicamente,
sino solo que el trámite19 […] pues esta acción especial “tiene un carácter sui generis 20, dado que,

16
Ver Corte Constitucional, Sala Plena; sentencia C-450 de 16 de julio de 2015.
17
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia de 1° de agosto de 2024; consejero ponente: Rafael
Francisco Suárez Vargas.
18
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, 24 de febrero
de 2004, exp. 15001-03-15-000-00793-00 y Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alberto
Yepes Barreiro, 26 de febrero de 2013, exp. 15001-03-15-000-01027-00.
19
Esta Corporación ha indicado que con la demanda de revisión se inicia una instancia con trámite propio y diferentes etapas
procesales que culminan con un fallo definitorio sobre la legalidad de la sentencia ejecutoriada, conclusión que la ha llevado
a concluir que el recurso extraordinario de revisión constituye un nuevo proceso o inclusive una acción o medio de control
más. Ver: Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Auto de 12 de agosto de 2014 [Rad. 11001-03-15-000-2013-02110-
00]. MP. Bertha Lucía Ramírez de Páez; Salas Especiales de Decisión No. 22 y 25. Sentencias de 3 de marzo de2015 [Rad.
11001-03-15-000-2014-00579-00 (REV)]. MP. Alberto Yepes Barreiro [Rad. 11001-03-15-000-2012-01776-00 (REV)]. MP. (E)
Hernán Andrade Rincón. La Corte Constitucional, en el marco de la acción especial revisión, ha aceptado que esta se realiza
a través de una demanda sometida a las formalidades y requisitos del recurso extraordinario de revisión. Ver: Sala Plena.
Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araújo Rentería.
20
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araújo Rentería. En esta providencia se indicó,
como una novedad del artículo 20 de la Ley 797/03, que la acción especial o “sui generis” de revisión procedía no solo contra
sentencias sino también contra los actos contentivos de transacciones o conciliaciones judiciales o extrajudiciales, con base
en las causales generales y el trámite previsto para el recurso extraordinario de revisión en el CCA – hoy en el CPACA –.
Agregó que las dos (2) causales especiales introducidas por esa norma sólo se predicaban únicamente respecto de las
sentencias.

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más allá de que pueda infirmar una sentencia ejecutoriada –al igual que el recurso extraordinario de
revisión –, presenta unas particularidades que le otorgan una entidad propia 21 », tal como el

análisis que sobre su configuración realiza el juez de esta acción22.

2.4.2. Alcance de la causal prevista en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797
de 2003: violación del debido proceso.

37. De conformidad con el contenido del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003, las providencias judiciales que hayan decretado o decreten reconocimientos
que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública, la obligación de
cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza, podrán ser
revisadas por esta Corporación, en los casos que sean de su competencia, cuando
el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso. Así, en asuntos
de similares contornos fácticos, en cuanto a los elementos esenciales que integran
el derecho fundamental al debido proceso, la Sala Veintidós (22) Especial de
Revisión de esta Colegiatura ha señalado23:

«Al respecto, la Sala precisa que el derecho fundamental al debido proceso, consagrado en
el artículo 29 de la Constitución Política, es una garantía para equilibrar la relación autoridad
• libertad que surge entre el Estado y los asociados, y está prevista en favor de las partes y
de los terceros interesados en una actuación administrativa o judicial. Según la norma en
comento, el debido proceso comprende fundamentalmente tres grandes elementos:

i) El derecho al juez natural o funcionario competente;
ii) El derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento, esto es,
conforme con las normas procesales dictadas para impulsar la actuación judicial o
administrativa; y
iii) Las garantías de audiencia y defensa, que, desde luego, incluyen el derecho a ofrecer y
producir la prueba de descargo, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa técnica,
el derecho a un proceso público y sin dilaciones, el derecho a que se produzca una decisión
motivada, el derecho a impugnar la decisión y la garantía de non bis in ídem».

38. Igualmente, sobre el contenido y alcance de la aludida causal de revisión, esta
Sección ha sostenido que, «es necesario que se exponga la vulneración del derecho al debido
proceso en relación con los núcleos esenciales que lo componen »24 y «la parte interesada debe
promover la acción especial de revisión y aportar los elementos sobre los cuales estructura su
petición»25.

21
Esta Corporación ha destacado que las particularidades de la acción especial de revisión le otorgan una entidad propia,
reflejada principalmente en la legitimación por activa calificada y su finalidad. Ver: Sección Segunda. Auto de 27 de marzo de
2014 [Rad. 11001-03-25-000-2012-00561-00(2129-12)]. MP. Gerardo Arenas Monsalve, y [sA] sentencia de 17 de mayo de
2018 [Rad. 11001-03-25-000-2014-00665-00(2074-14)]. MP. William Hernández Gómez.
22
Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 25, Exp. 2014-02013-00. M.P. Dra. Marta Nubia Velásquez Rico.
23
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 22 Especial de Revisión; sentencia de 5 de febrero
de 2019; expediente 11001-03-15-000-2018-01884-00; consejero ponente: Alberto Yepes Barreiro.
24
Consejo de Estado, Sección Segunda - Subsección B; sentencia de 30 de mayo de 2024; expediente: 11001-03-25-000-
2019-00728-00 (5558-2019); consejero ponente Juan Enrique Bedoya Escobar.
25
Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección A; sentencia de 8 de agosto de 2024; expediente:

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2.4.3. Alcance de la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797
de 2003: cuando la cuantía del derecho reconocido exceda lo debido.

39. La causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 dispone
que “cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con
la ley, pacto, o convención colectiva que le eran legalmente aplicables”, es decir,
cuando la sentencia reconoce una prestación por un monto que no corresponde a
lo legal o convencionalmente establecido.

40. Esta causal jurisprudencialmente ha sido considerada como una herramienta
legal útil que persigue fortalecer el principio de la moralidad administrativa y permite
corregir los reconocimientos pensionales que se han efectuado en exceso y que
afectan los principios cardinales que orientan el Sistema General de Pensiones, en
especial, el principio de solidaridad y el equilibrio o sostenibilidad financiera26.

41. En la sentencia del tres (3) de junio de dos mil veintiuno (2021)27, la Sección
Segunda de esta Corporación precisó, frente al alcance de la acción especial de
revisión bajo estudio, que la misma no se extiende a reabrir el debate probatorio,
sino que, se orienta a revisar el valor de las pensiones reconocidas en contra de lo
ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio entre la prestación
y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos limitados del tesoro
público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así
como, el principio de universalidad que lo inspira.

42. En dicha oportunidad, se aclaró que, la acción especial de revisión no se erige
como una tercera instancia, a través de la cual se pueda reabrir el debate sustancial
-o de fondo- sobre el derecho a una prestación, pues, su marco se encuentra
circunscrito a revisar los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho y a
la liquidación de aquel. En ese sentido, se entienden excluidos del alcance de la
causal los asuntos relativos al reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores
a las que se deben de acuerdo con las normas que rigen la materia.

26
Reiterado en: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia del
17 de mayo de 2018, M.P. William Hernández Gómez, Rad. 11001-03-25-000-2014-00665-00(2074-14).
27
Entre otros, ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 3 de junio de 2021, radicado 11001
03 25 000 2018 01681 00 (5733-2018), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas; y del 8 de octubre de 2020, radicado 11001-
03-25-000-2017-00530-00 (2462-2017), M.P. William Hernández Gómez.

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2.5. Análisis del caso concreto.

43. En el asunto sub examine, la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP pretende
que se infirme la sentencia del tres (3) de diciembre de dos mil diecinueve (2019),
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Decisión,
mediante la cual revocó la sentencia del treinta (30) de mayo de dos mil dieciocho
(2018), proferida por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Turbo,
Antioquia y, en su lugar, declaró la nulidad del acto administrativo No. RDP 015697
del trece (13) de abril de dos mil dieciséis (2016), ordenando el reconocimiento y
pago de la pensión gracia a favor del señor Manuel Antonio Luna Ávila, dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho referenciado ut supra.

44. La entidad accionante invocó las causales contenidas en los literales a) y b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, para lo cual sostuvo que la providencia cuya
revisión se pretende vulneró el debido proceso y reconoció un derecho que excedió
lo debido de acuerdo con la ley. Al respecto, hizo hincapié en que las causales de
revisión se configuraron porque, de una parte, el Tribunal Administrativo de
Antioquia reconoció la pensión gracia al señor Manuel Antonio Luna Ávila sin que,
en su criterio, acreditara el requisito relativo a la naturaleza de los servicios, al
computar como nacionalizado el período comprendido entre el primero (1) de mayo
de mil novecientos noventa (1990) y el catorce (14) de marzo de dos mil dieciséis
(2016), pese a que la historia laboral y el certificado CETIL lo identificaban como de
carácter nacional y financiado con recursos del Sistema General de Participaciones;
y, de otra, porque ordenó el pago de una prestación que, según afirmó, resultaba
legalmente improcedente, junto con su retroactivo y mesadas futuras, generando un
reconocimiento superior a lo debido conforme al ordenamiento jurídico.

45. Ahora bien, para efectos metodológicos, la Sala bifurcará el análisis de las
causales invocadas por la actora respecto de la providencia objeto de revisión, así:

2.5.1. De la alegada vulneración del debido proceso.

46. Conforme al contenido del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, las
providencias judiciales que hayan decretado o decreten reconocimientos que
impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir

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sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza, podrán ser
revisadas por esta Corporación, en los casos que sean de su competencia, cuando
el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso.

47. Igualmente, sobre el contenido y alcance de la aludida causal de revisión, esta
Sección ha sostenido que «es necesario que se exponga la vulneración del derecho al debido
proceso en relación con los núcleos esenciales que lo componen» 28 y «la parte interesada debe
promover la acción especial de revisión y aportar los elementos sobre los cuales estructura su
petición»29.

48. En ese sentido, está demostrado que, por medio de la sentencia del tres (3) de
diciembre de dos mil diecinueve (2019)30, el Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Quinta de Decisión, revocó la sentencia de primera instancia y ordenó el
reconocimiento y pago de la pensión gracia a favor del señor Manuel Antonio Luna
Ávila, al considerar, con fundamento en la sentencia de unificación CE-SUJ-SE11-
2018 del Consejo de Estado, en la que se sostuvo que la naturaleza de la plaza
docente debía determinarse a partir de las circunstancias particulares de su
vinculación.

49. En ese sentido, encontró acreditado que, mediante el Decreto 4873 del
veintinueve (29) de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve (1989), el actor
fue nombrado docente con efectos retroactivos al primero (1) de enero de mil
novecientos setenta y seis (1976), en el marco de la Ley 43 de 1975 y que, mediante
acta del veintiocho (28) de abril de mil novecientos setenta y seis (1976), se efectuó
el traspaso al Departamento de Antioquia de las funciones de administración,
inspección y vigilancia de los centros educativos del territorio misional de Urabá. A
partir de ello, concluyó que su vinculación correspondía a la de un docente
nacionalizado, pese a que el certificado de historia laboral la registrara como
nacional, pues, consideró que dicho documento presentaba inconsistencias frente
a los demás elementos probatorios y, en consecuencia, tuvo por acreditados los
requisitos para acceder a la pensión gracia, declarando así prescritas las mesadas
causadas con anterioridad al ocho (8) de marzo de dos mil trece (2013).

28
Consejo de Estado, Sección Segunda - Subsección B; sentencia de 30 de mayo de 2024; expediente: 11001-03-25-000-
2019-00728-00 (5558-2019); consejero ponente Juan Enrique Bedoya Escobar.
29
Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección A; sentencia de 10 de julio de 2024; expediente: 11001-03-25-000-
2019-00744-00 (5577-2019). consejero ponente Luis Eduardo Mesa Nieves.
30
SAMAI- Índice 00019- Folios 331 a 349.

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50. Por su parte, la entidad aquí demandante plantea que, la sentencia objeto de
revisión fue proferida con vulneración del debido proceso, por cuanto el Tribunal
Administrativo de Antioquia reconoció la pensión gracia a favor del señor Manuel
Antonio Luna Ávila sin verificar el cumplimiento de los requisitos previstos en las
Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y 91 de 1989, al considerar como
nacionalizado el período comprendido entre el primero (1) de mayo de mil
novecientos noventa (1990) y el catorce (14) de marzo de dos mil dieciséis (2016),
pese a que, según la historia laboral y demás documentos obrantes en el
expediente, correspondía a una vinculación de carácter nacional. En ese sentido,
sostuvo que, al computarse dicho período para completar el tiempo requerido para
acceder a la pensión gracia, se desconoció la naturaleza de la vinculación y la fuente
de financiación de los servicios prestados, que, a su juicio, impedían reconocer la
referida prestación.

51. Conforme lo ha determinado esta Sala de Subsección en anteriores
oportunidades31, estos argumentos están dirigidos a cuestionar el reconocimiento
de la prestación, los cuales, no se adecuan a la causal establecida en el literal a) de
la Ley 797 de 2003, comoquiera que, por medio de ella solo es posible analizar,
como ya se ha expuesto, la violación al debido proceso. Sin embargo, no puede ser
invocada para debatir aspectos sustanciales que tuvo en cuenta el Tribunal para
reconocer el derecho pensional.

52. En suma, se debe señalar que la decisión adoptada por el Tribunal se sustentó
en la aplicación de las disposiciones jurídicas pertinentes y en los precedentes y
criterios fijados por esta Corporación para resolver el asunto, a partir de una
valoración conjunta e integral del material probatorio. Asimismo, durante el trámite
del proceso ordinario la entidad accionante contó con la posibilidad de ejercer sus
derechos de defensa y contradicción, dentro de las distintas etapas procesales y
con observancia de las garantías que les son propias. En consecuencia, no se
advierte fundamento jurídico en el reproche relativo a una eventual vulneración del
debido proceso, por lo que la causal invocada no se encuentra acreditada.

53. A juicio de la Sala, la causal invocada no encuadra en la causal prevista en el
literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. En efecto, la entidad accionante no

31
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 12 de junio de
2026. Radicado No. 6676-2019. CP Jorge Edison Portocarrero Banguera.

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cuestiona la competencia del juez que dictó la providencia, o que se hubieran
desatendido las reglas procesales que orientan el procedimiento contencioso
administrativo, la pretermisión de algún término u otra falencia procedimental con
trascendencia sustancial. Tampoco se alegó la violación a los derechos de
audiencia, defensa o contradicción de la entidad, la ausencia de motivación de la
decisión u otra circunstancia que permita evidenciar una lesión al núcleo esencial
del debido proceso. Por el contrario, se observa que, la entidad recurrente contestó
la demanda32, presentó alegatos de conclusión33 y ejerció sus derechos de defensa
y contradicción al interior del proceso, de manera que, de las actuaciones
adelantadas, no se advierte la violación de las garantías propias del debido proceso.

54. En consecuencia, la Sala concluye que, la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
no formuló reparos encaminados a demostrar una vulneración del núcleo esencial
del derecho fundamental al debido proceso, en la que hubiera incurrido el Tribunal
Administrativo del Atlántico. Así las cosas, no se configura la causal prevista en el
literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

2.5.2. Sobre el presunto exceso en la cuantía del derecho reconocido.

55. Para el estudio de la causal contenida en el literal b) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003, la Sala recuerda que, el presente mecanismo extraordinario no está
encaminado a reabrir el debate de fondo, sino que, se orienta a revisar el valor de
las pensiones reconocidas en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de
salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de velar por la
sostenibilidad fiscal y la estabilidad del sistema de seguridad social.

56. La Sala destaca que, la UGPP sustentó la causal prevista en el literal b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003 en la improcedencia del reconocimiento de la
pensión gracia, al considerar que esta fue otorgada al señor Manuel Antonio Luna
Ávila sin el cumplimiento de los requisitos legales y con desconocimiento de los
precedentes constitucionales que, según afirmó, excluyen a los docentes
nacionales de dicha prestación. Sin embargo, la entidad estructuró este reproche a
partir de los mismos argumentos que sustentaron la causal prevista en el literal a),

32
SAMAI- Índice 00041- Archivo “38RECIBEMEMORIAL_03Contestacion(.pdf)”.
33
SAMAI- Índice 00041- Archivo “40RECIBEMEMORIAL_05ContinuancionAudie(.pdf)”.

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particularmente en lo relacionado con la naturaleza nacional de los servicios
prestados por el beneficiario, sin desarrollar de manera autónoma por qué la cuantía
del derecho reconocido excedía lo debido de acuerdo con la ley.

57. En ese sentido, el planteamiento de la entidad accionante, relacionado con el
impacto económico que tendría el reconocimiento de la prestación, no resulta
suficiente para estructurar la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003. En efecto, dicha causal no permite controvertir la procedencia misma
del derecho pensional reconocido en la sentencia objeto de la acción, sino
únicamente cuestionar que la cuantía de la prestación exceda lo debido de acuerdo
con la ley.

58. Por consiguiente, aun cuando la entidad accionante plantea la existencia de un
detrimento de los recursos públicos en punto al reconocimiento y pago de la
prestación, en su reproche no identifica una suma o componente de la mesada
pensional que se haya reconocido en exceso frente a la mesada que efectivamente
le correspondía. Así, el argumento relativo a la incidencia presupuestal de las
mesadas retroactivas y futuras se dirigió, en realidad, contra el reconocimiento del
derecho pensional y no contra la cuantía de la prestación, cuestión que desborda el
marco de aplicación de la causal invocada.

59. Ante ello, debe precisar la Sala que las causales de revisión son taxativas y no
admiten interpretaciones extensivas. Esto supone que la citada causal solo procede
si se demuestra de manera clara y directa que la cuantía reconocida excede lo
legalmente permitido, pero no para presentar inconformidades sobre el
reconocimiento pensional, es decir, sobre el debate jurídico-sustancial concluido. Al
respecto, debe precisarse que, las causales invocadas no fueron previstas para
discutir la aptitud legal de quien resultó beneficiario de la prestación, puesto que,
para dicho propósito, el legislador instituyó causales específicas en el marco del
recurso extraordinario de revisión, las cuales no fueron alegadas en el asunto de
marras.

60. En suma, se debe señalar, que la causal invocada por la parte actora no está
instituida para la discusión del derecho pensional reconocido, pues, el alcance del
escenario previsto en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, se orienta a

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revisar aquellas prestaciones, cuya cuantía exceda lo reconocido de acuerdo con la
ley,34 esto es, aquella que resulte ostensiblemente desproporcionada, exorbitante,
indiscriminada o ajena a la situación laboral y salarial.

61. Siendo así las cosas, la Sala concluye que la causal de revisión prevista en el
literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 no se encuentra acreditada, toda vez
que la UGPP no demostró que la cuantía de la prestación reconocida al señor
Manuel Antonio Luna Ávila excediera lo debido de acuerdo con la ley, sino que
dirigió su reproche a cuestionar la procedencia misma del derecho pensional,
aspecto que desborda el ámbito de esta causal de revisión. En consecuencia, no
hay lugar a infirmar la sentencia objeto de revisión con fundamento en este motivo.

2.6. Conclusión

62. La Sala declarará infundada la acción especial de revisión interpuesta por la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social, al no encontrar configuradas las causales previstas en los
literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. En efecto, no se acreditó
vulneración del debido proceso ni que la cuantía de la pensión gracia reconocida al
señor Manuel Antonio Luna Ávila excediera lo debido conforme a la ley, pues, los
reproches formulados por la entidad demandante se dirigieron a cuestionar la base
sustantiva del reconocimiento de la prestación, aspecto ajeno a las causales
invocadas.

2.8. Condena en costas.

63. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA no se dispondrá
sobre la condena en costas por la naturaleza del asunto, lo cual releva de hacer el
estudio de los demás presupuestos establecidos en tal artículo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

34
Consejo de Estado, Sección Segunda - Subsección B; sentencia de 3 de julio de 2026; expediente: 11001-03-25-000-2021-
00707-00 (3921-2021), consejero ponente Jorge Edison Portocarrero Banguera.

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FALLA:

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADA la acción especial de revisión, interpuesta
por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social- UGPP, contra la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, el tres (3) de diciembre de dos mil diecinueve
(2019), que revocó el fallo proferido el treinta (30) de mayo de dos mil dieciocho
(2018) por el Juzgado Primero Administrativo de Turbo Antioquia y ordenó el
reconocimiento de la pensión gracia en favor del señor Manuel Antonio Luna Ávila,
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
No. 05-837-33-33-001-201700891-00 (01), por las razones expuestas en la parte
motiva de este proveído.

SEGUNDO. Sin condena en costas.

TERCERO. Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las
constancias y anotaciones del caso.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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