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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00239-00

Fecha
27 de agosto de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00239-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR INFUNDADA la acción especial de revisión, interpuesta por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), contra la sentencia proferida el Dieciséis (16) de agosto de Dos Mil Diecinueve (2019), por el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Primera de Decisión Oral, mediante la cual, se confirmó la sentencia dictada el Veinticuatro (24) de abril de Dos Mil Dieciocho (2018), por el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Sincelejo, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado Núm. 70-001-33-33-009-2016-00167-01, promovido por la señora Gladys del Carmen Sands de Castro, contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Sin condena en costas. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las constancias del caso. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2021-00239-00

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

27 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., Veintisiete (27) de agosto de Dos Mil Veintiséis (2026)

Radicado: 11001-03-25-000-2021-00239-00 (1433-2021)1
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP)
Demandada: Gladys del Carmen Sands de Castro
Trámite: Acción especial de revisión
Tema: Revisión de la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Sucre, el Dieciséis (16) de agosto
de Dos Mil Diecinueve (2019), en el marco de la
causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003.
Decisión: Sentencia de única instancia

La Sala decide la acción especial de revisión, interpuesta por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social (UGPP), contra la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Sucre, Sala Primera de Decisión Oral, el Dieciséis (16) de
agosto de Dos Mil Diecinueve (2019), mediante la cual, se confirmó la
providencia dictada el Veinticuatro (24) de abril de Dos Mil Dieciocho (2018)
por el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Sincelejo, dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por la señora
Gladys del Carmen Sands de Castro contra la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP), y se mantuvo la nulidad de los actos administrativos que negaron la
reliquidación de la pensión de jubilación sustituida, así como, la orden de
reliquidarla con la inclusión de la asignación básica, el incremento de
antigüedad, el auxilio de alimento, la bonificación por servicios prestados, la
prima de servicios y navidad, y, la prima de vacaciones, a partir del Doce (12)

1
Expediente digital
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=110010325000202100239001100103

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Número Interno: 1433-2021
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Demandado: Gladys del Carmen Sands de Castro

de septiembre de Dos Mil Diez (2010), junto con el reconocimiento y pago de
las diferencias pensionales correspondientes.

I. ANTECEDENTES

1.1 La demanda de revisión2.

1. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP), promovió la acción especial de
revisión, al amparo del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con el
fin que se infirme la sentencia proferida el Dieciséis (16) de agosto de Dos Mil
Diecinueve (2019) por el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Primera de
Decisión Oral, mediante la cual, se confirmó la providencia dictada el
Veinticuatro (24) de abril de Dos Mil Dieciocho (2018), por el Juzgado Noveno
Administrativo del Circuito de Sincelejo, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, promovido por la señora Gladys del Carmen
Sands de Castro contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP).

2. Como consecuencia de lo anterior, la entidad accionante solicitó que, se
dejara sin efectos la sentencia objeto de revisión y, en su lugar, se declarara
que la pensión sustituida a favor de la señora Gladys del Carmen Sands de
Castro, no debía liquidarse con la totalidad de los factores salariales
devengados por el causante durante el último año de servicios, sino conforme
a las reglas del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, con la inclusión exclusiva
de la asignación básica y la bonificación por servicios prestados. Asimismo,
pidió ordenar la devolución, debidamente indexada, de las sumas pagadas en
virtud de la prestación reconocida.

3. En esa línea, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) sostuvo que, el
señor Armando Enrique Castro Díaz, era beneficiario del régimen de transición
previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por lo que, este conservaba
las reglas del régimen anterior, únicamente respecto de la edad, el tiempo de

2
Expediente digital – Samai – Índice No. 00003.

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Número Interno: 1433-2021
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Demandado: Gladys del Carmen Sands de Castro

servicios y el monto de la pensión, mientras que, el ingreso base de liquidación
debía determinarse conforme a las disposiciones de la Ley 100 de 1993.

4. Asimismo, afirmó que, de acuerdo con el artículo 36 de la Ley 100 de 1993
y el Decreto 1158 de 1994, el ingreso base de liquidación debía establecerse
con los factores que sirvieron de base para las cotizaciones al Sistema General
de Pensiones, por lo que, únicamente podían incluirse la asignación básica y
la bonificación por servicios prestados. En consecuencia, cuestionó que, las
providencias objeto de revisión, hubieran ordenado reliquidar la pensión
sustituida con el incremento de antigüedad, auxilio de alimento, prima de
servicios y navidad y prima de vacaciones, además de los demás factores
devengados durante el último año de servicios.

5. Igualmente, la entidad accionante sostuvo que, la decisión judicial
cuestionada reconoció una prestación pensional superior a la legalmente
debida, al ordenar su liquidación con todos los factores salariales percibidos
por el causante durante el último año de servicio, desconociendo el precedente
fijado por la Corte Constitucional, sobre el alcance del régimen de transición y
la exclusión del ingreso base de liquidación de los beneficios propios de dicho
régimen. A su juicio, esta circunstancia generó un pago periódico en exceso y
una carga prestacional injustificada con cargo al erario.

6. Finalmente, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), afirmó que se
configuró la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
en tanto la cuantía del derecho reconocido excedió lo debido conforme a la
ley, y sustentó dicha afirmación en una estimación económica de las
diferencias pensionales, calculadas en la suma de Setenta y Cuatro Millones
Quinientos Ochenta y Un Mil Sesenta y Siete Pesos con Sesenta y Dos
Centavos ($74.581.067,62). Por ello, insistió en que debía revocarse la
sentencia objeto de revisión, ajustarse la prestación a los factores legalmente
procedentes y ordenarse la devolución de las sumas pagadas en exceso.

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Número Interno: 1433-2021
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Demandado: Gladys del Carmen Sands de Castro

1.2 Sentencia objeto de revisión3.

7. Mediante sentencia del Dieciséis (16) de agosto de Dos Mil Diecinueve
(2019), el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Primera de Decisión Oral,
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con
Rad. Núm. 70-001-33-33-009-2016-00167-01, confirmó la sentencia proferida
el Veinticuatro (24) de abril de Dos Mil Dieciocho (2018) por el Juzgado Noveno
Administrativo Oral del Circuito de Sincelejo, mediante la cual, se accedió a las
pretensiones de la señora Gladys del Carmen Sands de Castro y se ordenó la
reliquidación de su pensión de sobrevivientes con la inclusión de determinados
factores salariales devengados por el causante, Armando Enrique Castro Díaz.

8. En atención a que las órdenes impartidas en primera instancia, fueron
íntegramente confirmadas por el Tribunal, la parte resolutiva de aquella
providencia dispuso lo siguiente:

«PRIMERO: DECLÁRENSE no probadas las excepciones de INEXISTENCIA DE LA
OBLIGACIÓN - INDEBIDA INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 36 DE LA LEY 100
DE 1993, BUENA FE y PRESCRIPCIÓN TRIENAL, por lo expuesto en la parte motiva
de esta sentencia.

SEGUNDO: DECLÁRESE la nulidad del acto administrativo contenido en la
Resolución No. 015722 del 22 de abril de 2015, la nulidad del Auto No. ADP-012424
de fecha 6 de octubre de 2015 y la nulidad de la Resolución No. RDP-011798 del 15
de marzo de 2016, a través de la cual se negó la reliquidación de la pensión post
mortem a la señora GLADYS DEL CARMEN SANDS DE CASTRO sin incluir la
totalidad de los factores salariales.

TERCERO: CONDÉNESE a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES - UGPP a título de
restablecimiento del derecho, a reliquidar la pensión post mortem de la señora
GLADYS DEL CARMEN SANDS DE CASTRO, incluyendo como factores salariales,
la asignación básica, incremento de antigüedad, auxilio de alimento, bonificación por
servicios prestados, prima de servicio y navidad; y prima de vacaciones, a partir del
12 de septiembre de 2010, más los reajustes legales a los que haya lugar.

CUARTO: Condénese a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES-U.G.P.P.-, a reconocer y pagar
a la señora GLADYS DEL CARMEN SANDS DE CASTRO, las diferencias surgidas
luego de la reliquidación ordenada en esta providencia, en las mesadas pensionales
causadas desde el 12 de septiembre de 2010.

QUINTO: Condénese a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES-U.G.P.P.-, a reconocer y pagar
a la señora GLADYS DEL CARMEN SANDS DE CASTRO, las diferencias surgidas
luego de la reliquidación ordenada en esta providencia, en las mesadas pensionales
causadas desde el 12 de septiembre de 2010.

3
Expediente digital – Samai – Índice No. 00042 – Folio 276 a 298.

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Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Demandado: Gladys del Carmen Sands de Castro

SEXTO: Sobre las diferencias que resulten de la reliquidación ordenada, realícense
los descuentos que con destino al Sistema de Seguridad Social en Salud deban
efectuarse, de acuerdo a lo expuesto.

SÉPTIMO: La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL "UGPP”, DARÁ
cumplimiento a este fallo dentro del término previsto en el artículo 192 del C.P.A.C.A.
y si así no lo hiciere, se condena al pago de los intereses previstos en el artículo 195
ibídem.

OCTAVO: CONDÉNESE en costas a la parte demandada. En firme la presente
providencia, por secretaría, REALÍCESE la liquidación correspondiente.
[...]»

9. Para confirmar la decisión, el Tribunal consideró que, el señor Armando
Enrique Castro Díaz, se encontraba amparado por el régimen de transición y
que, en consecuencia, resultaba aplicable la Ley 33 de 1985. En particular,
sostuvo que, el ingreso base de liquidación hacía parte del régimen aplicable
por transición, por lo que, la pensión debía determinarse con el 75% del
promedio de los salarios devengados durante el último año de servicios.

10. A partir de lo anterior, concluyó que, para la reliquidación debían tenerse
en cuenta, además de la asignación básica, el incremento por antigüedad, el
auxilio alimenticio, la bonificación por servicios prestados, la prima de
servicios, la prima de navidad y la prima de vacaciones, factores que fueron
devengados por el causante durante su último año de servicios. Por ello,
consideró ajustada a derecho la orden impartida por el Juzgado de primera
instancia de reliquidar la pensión post mortem de la señora Gladys del Carmen
Sands de Castro con dichos factores, a partir del Doce (12) de septiembre de
Dos Mil Diez (2010).

11. Finalmente, el Tribunal desestimó el reparo formulado contra la condena
en costas de primera instancia, al considerar que, el artículo 188 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establecía
un régimen objetivo en esta materia. En consecuencia, confirmó integralmente
la sentencia apelada y condenó en costas de segunda instancia a la entidad
demandada.

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1.3 Causales de revisión invocadas.

12. La entidad accionante invocó la causal prevista en el literal b) del artículo
20 de la Ley 797 de 2003, al considerar que, la sentencia objeto de revisión
reconoció una prestación pensional en cuantía superior a la legalmente
debida, al ordenar su reliquidación con base en factores salariales que, a su
juicio, no podían integrar el ingreso base de liquidación.

13. Al respecto, sostuvo que, aunque el causante era beneficiario del régimen
de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, sus prerrogativas
se limitaban a la edad, el tiempo de servicio y el monto de la prestación,
mientras que el ingreso base de liquidación debía determinarse conforme a
dicha ley y, específicamente, con los factores previstos en el Decreto 1158 de
1994.

14. En ese sentido, afirmó que la sentencia cuestionada ordenó incluir en la
reliquidación la totalidad de los factores salariales devengados por el causante
durante el último año de servicios, cuando únicamente podían considerarse
los conceptos previstos en el Decreto 1158 de 1994, particularmente la
asignación básica y la bonificación por servicios prestados.

15. Finalmente, señaló que, la decisión cuestionada desconoció el precedente
de la Corte Constitucional sobre el alcance del régimen de transición y la
exclusión del ingreso base de liquidación de sus beneficios, lo que produjo el
reconocimiento de una prestación superior a la legalmente debida y
comprometió recursos del erario. Por ello, solicitó que se declarara procedente
la acción de revisión y se revocara la sentencia del Tribunal Administrativo de
Sucre.

1.4 Contestación de la demanda de revisión.

16. Mediante auto del Diez (10) de octubre de Dos Mil Veinticinco (2025) 4, el
Magistrado Sustanciador admitió el recurso extraordinario de revisión,
promovido por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y

4
Expediente digital – Samai – Índice No. 00022 de Samai.

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Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Demandado: Gladys del Carmen Sands de Castro

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), contra la
sentencia del Dieciséis (16) de agosto de Dos Mil Diecinueve (2019), proferida
por el Tribunal Administrativo de Sucre, al considerar que, el medio de
impugnación fue presentado oportunamente y cumplía los requisitos previstos
en el artículo 252 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, incluida la debida sustentación de la causal
prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. En la misma
providencia, ordenó las notificaciones correspondientes y corrió traslado a la
señora Gladys del Carmen Sands de Castro, al Ministerio Público y a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado por el término de diez (10)
días para contestar el recurso y solicitar o aportar pruebas.

17. Posteriormente, mediante auto del Once (11) de junio de Dos Mil Veintiséis
(2026)5, el Magistrado Sustanciador tuvo por contestado el recurso
extraordinario de revisión por parte de la señora Gladys del Carmen Sands de
Castro y tuvo como pruebas, con el valor que la ley les asigna, los documentos
allegados tanto con el recurso como con su contestación. Además, decretó de
oficio el expediente correspondiente al proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho con Rad. Núm. 70-001-33-33-009-2016-00167-00 y ordenó al
Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Sincelejo, remitir copia
electrónica íntegra de dicha actuación, incluida la constancia de ejecutoria de
la sentencia objeto de revisión.

18. La señora Gladys del Carmen Sands de Castro6, se opuso a las
pretensiones de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), al sostener que,
la reliquidación de su pensión de sobrevivientes fue reconocida y pagada en
cumplimiento de las sentencias de primera y segunda instancia, proferidas con
fundamento en la normativa y la jurisprudencia vigentes para ese momento.
En consecuencia, afirmó que, no existe fundamento para revocar las
providencias objeto de revisión, ni para ordenar la devolución de las sumas
pagadas, pues, actuó de buena fe y no intervino en la determinación del valor

5
Expediente digital – Samai – Índice No. 00026 de Samai.
6
Expediente digital – Samai – Índice No. 00029 de Samai.

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de la prestación, al limitarse a recibir los pagos derivados del cumplimiento de
las decisiones judiciales.

1.5 Concepto del Ministerio Público7.

19. Mediante concepto del Treinta (30) de enero de Dos Mil Veintiséis (2026),
la Procuraduría Delegada de Intervención 7: Segunda ante el Consejo de
Estado, solicitó declarar fundado el recurso extraordinario de revisión,
promovido por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), al considerar
configurada la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003.

20. El Ministerio Público sostuvo que, la sentencia objeto de revisión,
desconoció la regla de unificación jurisprudencial vigente para el momento de
su expedición, conforme a la cual, el ingreso base de liquidación de los
beneficiarios del régimen de transición debía determinarse según las reglas de
la Ley 100 de 1993 y únicamente con los factores salariales sobre los cuales
se hubieran efectuado cotizaciones.

21. En consecuencia, concluyó que, la inclusión de la totalidad de los factores
salariales devengados por el causante durante el último año de servicios,
generó una prestación superior a la legalmente debida, por lo que consideró
configurada la causal de revisión invocada y solicitó resolver favorablemente
el recurso extraordinario.

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia.

22. La Sala de Subsección es competente para conocer y decidir la presente
acción, según lo previsto en los artículos 249 del CPACA8 y 20 de la Ley 797

7
Expediente digital – Samai – Índice No. 00027 de Samai.
8
«[…] De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos
conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. […]»

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de 20039, en concordancia con lo previsto en el artículo 13 del reglamento de
esta Corporación, contenido en el Acuerdo 080 del doce (12) de marzo de dos
mil diecinueve (2019)10 .

2.2 Oportunidad.

23. La acción especial de revisión bajo examen resulta oportuna, toda vez que,
la sentencia cuya revisión se pretende fue proferida por el Tribunal
Administrativo de Sucre, Sala Primera de Decisión Oral, el Dieciséis (16) de
agosto de Dos Mil Diecinueve (2019), quedando ejecutoriada el Veintiséis (26)
de septiembre de Dos Mil Diecinueve (2019)11, mientras que, la acción
especial de revisión fue presentado el Diez (10) de mayo de Dos Mil Veintiuno
(2021)12, por lo que no se superó el término de cinco (5) años establecido en
el artículo 251 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

2.3 Problema jurídico.

24. Corresponde a la Sala, establecer lo siguiente:

25. ¿La sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala
Primera de Decisión Oral, el Dieciséis (16) de agosto de Dos Mil Diecinueve
(2019), mediante la cual, se confirmó la decisión adoptada el Veinticuatro (24)
de abril de Dos Mil Dieciocho (2018) por el Juzgado Noveno Administrativo del
Circuito de Sincelejo y se ordenó la reliquidación pensional de la señora Gladys
del Carmen Sands de Castro, con la inclusión de la totalidad de los factores
salariales devengados por el causante, durante el último año de servicios, está
incursa en la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003, por haber reconocido una prestación periódica en cuantía superior a la
legalmente debida? Con tal fin, se debe verificar:

9
«Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al
tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de
cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con
sus competencias»
10
«Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».
11
Constancia de ejecutoria - Expediente digital – Samai – Índice No. 00041 de Samai.
12
Expediente digital – Samai – Índice No. 00004.

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Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Demandado: Gladys del Carmen Sands de Castro

25.1 ¿La providencia objeto de revisión, reconoció una prestación
periódica en cuantía superior a la legalmente debida, al ordenar la
inclusión de la asignación básica, el incremento de antigüedad, el auxilio
de alimentación, la bonificación por servicios prestados, la prima de
servicios, la prima de navidad y la prima de vacaciones para reliquidar
la pensión de la señora Gladys del Carmen Sands de Castro?

25.2 ¿La alegada diferencia entre la prestación reconocida
judicialmente y la que, según la entidad recurrente, correspondía
legalmente, configura un exceso en la cuantía del derecho susceptible
de ser corregido mediante la acción especial de revisión, o corresponde
únicamente a una discrepancia frente al criterio jurídico adoptado por
los jueces de instancia?

26. Con el propósito de desatar el problema jurídico planteado, se abordarán
los siguientes capítulos: 2.4) el marco normativo y jurisprudencial de la acción
especial de revisión; 2.5) el caso concreto; y 2.6) la condena en costas.

2.4 Marco normativo y jurisprudencial.

2.4.1 Acción especial de revisión de la Ley 797 de 2003: objeto y alcance.

27. El artículo 20 de la Ley 797 de 2003, instituyó una acción especial de
revisión de providencias judiciales, de la siguiente manera:

«Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del
tesoro público o de fondos de naturaleza pública. Las providencias
judiciales que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al
tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas
periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas
por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus
competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor
General de la República o del Procurador General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una
transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso
extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse por las
causales consagradas para este en el mismo código y además:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso,
y

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b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo
con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.»

28. Dicha acción, entonces, está orientada a restablecer la justicia material13 y
comporta una herramienta excepcional que se opone a los principios de cosa
juzgada y seguridad jurídica, razón por la cual esta Corporación ha sostenido
que «sólo debe admitirse frente a un fin legítimo, que en estos asuntos es determinar si el
reconocimiento pensional se hizo con violación al debido proceso o, si como en este caso se
invoca, la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley» 14.

29. Por tanto, las causales que el legislador prevé como únicas para superar y
quebrar la seguridad jurídica que se deriva de una sentencia judicial, en caso
de su prosperidad, atienden a circunstancias específicas y objetivas, que no
corresponden a un cuestionamiento de valoraciones de tipo jurídico, fáctico o
probatorio, adelantado por el juzgador en el proceso que dio lugar a la decisión
cuestionada. Por ello, no puede utilizarse este medio impugnativo, so pretexto
de reabrir el debate jurídico o revivir una valoración probatoria, que fue
realizada por el juez de instancia.

30. De forma consistente, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha
precisado que, la rigurosidad de esta clase de asuntos, no permite que el
juzgador se aproxime a alguna causal que no fue debidamente planteada y
soportada, ni tampoco permite convertir esta vía en una tercera instancia, pues
ello, desnaturalizaría la función de esta clase de instrumentos
extraordinarios15.

31. Finalmente, resulta necesario aclarar que la adopción del trámite propio de
la acción especial de revisión establecido en el CPACA, no significa, como lo
explicó la Sala Especial de Decisión 25 de esta Colegiatura, en sentencia del
cuatro (4) de junio de 2019, «que la acción especial contenida en esa normativa y el
referido recurso sean equiparables jurídicamente, sino solo que el trámite 16 […] pues esta

13
Ver Corte Constitucional, Sala Plena; sentencia C-450 del Dieciséis (16) de julio de Dos Mil Quince (2015).
14
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia de 1° de agosto de 2024; consejero ponente: Rafael
Francisco Suárez Vargas.
15
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, 24 de
febrero de 2004, exp. 15001-03-15-000-00793-00 y Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,
C.P. Alberto Yepes Barreiro, 26 de febrero de 2013, exp. 15001-03-15-000-01027-00.
16
Esta Corporación ha indicado que con la demanda de revisión se inicia una instancia con trámite propio y diferentes
etapas procesales que culminan con un fallo definitorio sobre la legalidad de la sentencia ejecutoriada, conclusión

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acción especial “tiene un carácter sui generis 17, dado que, más allá de que pueda infirmar una
sentencia ejecutoriada –al igual que el recurso extraordinario de revisión –, presenta unas
particularidades que le otorgan una entidad propia 18», tal como el análisis que sobre su

configuración realiza el juez de esta acción19.

2.4.2 Alcance de la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003

32. La causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003
dispone que «cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo
con la ley, pacto, o convención colectiva que le eran legalmente aplicables» , es decir,

cuando la sentencia reconoce una prestación por un monto que no
corresponde a lo legal o convencionalmente viable. De acuerdo la exposición
de motivos del proyecto que condujo a la expedición de la Ley 797 de 2003, la
causal obedeció a la necesidad «[…] de construir esquemas sociales solidarios,
financieramente viables y sostenibles en el tiempo, y, equitativos para todos los ciudadanos
[…]».

33. En la sentencia del cinco (05) de febrero de dos mil diecinueve20, esta
Corporación recordó que, la causal bajo estudio ha sido considerada como una
herramienta legal útil que persigue fortalecer el principio de la moralidad
administrativa, y permite corregir los reconocimientos pensionales que se han
efectuado en exceso y que afectan los principios filosóficos que orientan el
Sistema General de Pensiones, en especial, el principio de solidaridad y
equilibrio financiero.

que la ha llevado a concluir que el recurso extraordinario de revisión constituye un nuevo proceso o inclusive una
acción o medio de control más. Ver: Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Auto de 12 de agosto de 2014 [Rad.
11001-03-15-000-2013-02110-00]. MP. Bertha Lucía Ramírez de Páez; Salas Especiales de Decisión No. 22 y 25.
Sentencias de 3 de marzo de2015 [Rad. 11001-03-15-000-2014-00579-00 (REV)]. MP. Alberto Yepes Barreiro [Rad.
11001-03-15-000-2012-01776-00 (REV)]. MP. (E) Hernán Andrade Rincón. La Corte Constitucional, en el marco de
la acción especial revisión, ha aceptado que esta se realiza a través de una demanda sometida a las formalidades y
requisitos del recurso extraordinario de revisión. Ver: Sala Plena. Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araújo
Rentería.
17
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araújo Rentería. En esta providencia se
indicó, como una novedad del artículo 20 de la Ley 797/03, que la acción especial o “sui generis” de revisión procedía
no solo contra sentencias sino también contra los actos contentivos de transacciones o conciliaciones judiciales o
extrajudiciales, con base en las causales generales y el trámite previsto para el recurso extraordinario de revisión en
el CCA – hoy en el CPACA –. Agregó que las dos (2) causales especiales introducidas por esa norma sólo se
predicaban únicamente respecto de las sentencias.
18
Esta Corporación ha destacado que las particularidades de la acción especial de revisión le otorgan una entidad
propia, reflejada principalmente en la legitimación por activa calificada y su finalidad. Ver: Sección Segunda. Auto de
27 de marzo de 2014 [Rad. 11001-03-25-000-2012-00561-00(2129-12)]. MP. Gerardo Arenas Monsalve, y [sA]
sentencia de 17 de mayo de 2018 [Rad. 11001-03-25-000-2014-00665-00(2074-14)]. MP. William Hernández Gómez.
19
Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 25, Exp. 2014-02013-00. M.P. Dra. Marta Nubia Velásquez Rico.
20
Consejo de Estado, Sala Veintidós (22) Especial de Decisión, sentencia del 5 de febrero de 2019, M.P. Alberto
Yepes Barreiro, Rad. No. 1001-03-15-000-2018-01884-00.

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Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
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34. Frente al asunto que convoca la atención de la Sala, debe precisarse que,
antes de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, los requisitos y condiciones
generales para acceder a la pensión de jubilación, por parte de los servidores
públicos, se encontraban contenidas en la Ley 33 de 1985, norma que tenía
previsto que todo «empleado oficial» que acumulara 20 años de servicio y llegara
a los 55 años de edad, tendría derecho al reconocimiento y pago de «una
pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del
salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio».

35. Así, aunque la Ley 100 de 1993 supuso el establecimiento de unas nuevas
reglas, con arreglo a las cuales resulta posible causar el derecho a devengar
una pensión, el Legislador previó la posibilidad de acceder a un régimen de
transición, en los términos señalados en el artículo 36 de la norma en
cuestión21, aludiendo a los componentes de edad, tiempo de servicios y monto
de la pensión, a efectos de proteger las expectativas legítimas de las personas
próximas a pensionarse.

36. Dicho articulado no siempre fue interpretado de manera uniforme, motivo
por el cual, la Sección Segunda de esta Corporación, en la sentencia de
unificación proferida el cuatro (4) de agosto de dos mil diez (2010)22, acogió el
principio de inescindibilidad, conforme al cual dispuso que, a los beneficiarios
del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, les debía ser aplicada, en su
totalidad, la normativa de la cual eran destinatarios al momento en que esta
entró en vigor, y concluyó que: «[…] la Ley 33 de 1985 no indicó en forma taxativa los
factores salariales que conforman la base de liquidación pensional, sino que los mismos están
simplemente enunciados y no impiden la inclusión de otros conceptos devengados por el

21
«ARTICULO. 36.- Régimen de transición. La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y
cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se
incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.
La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de
la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el sistema tengan treinta y cinco (35) o
más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de
servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones
y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones
contenidas en la presente ley. El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso
anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el
tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado
anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.
Sin embargo, cuando el tiempo que les hiciere falta fuese igual o inferior a dos (2) años a la entrada en vigencia de la
presente ley, el ingreso base para liquidar la pensión será el promedio de lo devengado en los dos (2) últimos años,
para los trabajadores del sector privado y de un (1) año para los servidores públicos. […]»
22
Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia de Unificación de 4 de agosto de 2010. Radicación: 0112-2009.
Demandante: Luis Mario Velandia. Demandado: Cajanal. Magistrado ponente: Víctor Hernán Alvarado Ardila.

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trabajador durante el último año de prestación de servicios».

37. Tal interpretación permaneció invariable hasta la expedición de la
sentencia SU-230 de 2015, en la que la Corte Constitucional modificó el
sentido de su jurisprudencia referente al inciso tercero del artículo 36 de la Ley
100 de 1993, y precisó que el ingreso base de liquidación no es un elemento
del régimen de transición previsto en el artículo 36 ibidem y, por tal razón,
dichas pensiones deben ser liquidadas calculando el porcentaje previsto a
manera de monto por el régimen anterior, sobre el ingreso base de liquidación
previsto en la Ley 100 de 1993.

38. La postura antedicha generó una divergencia interpretativa que sólo fue
superada con la emisión de la sentencia de unificación jurisprudencial del
veintiocho (28) de agosto de 201823, en la cual la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo modificó la postura que sostenía la Sección Segunda, en los
siguientes términos:

«[…] 92. De acuerdo con lo expuesto, la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo sienta la siguiente regla jurisprudencial: “El Ingreso Base de
Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hace
parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del
mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de
reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985”.

93. Para este grupo de beneficiarios del régimen de transición y para efectos de
liquidar el IBL como quedó planteado anteriormente, el Consejo de Estado fija
las siguientes subreglas:

94. La primera subregla es que para los servidores públicos que se pensionen
conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985, el periodo para liquidar la
pensión es:

• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el
ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el
tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo,
el que fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del
Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.

• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el
promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado
durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión,
actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al
consumidor, según certificación que expida el DANE.

23
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 28 de agosto de 2018, Expediente
52001-23-33-000-2012-00143-01, C.P. Dr. César Palomino Cortés.

15

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[…] 96. La segunda subregla es que los factores salariales que se deben incluir
en el IBL para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la
transición son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes
o cotizaciones al Sistema de Pensiones […]».

39. En consecuencia, si bien es cierto que la jurisprudencia en vigor de la Corte
Constitucional y el Consejo de Estado prevé que el ingreso base de liquidación
no es un elemento integrante del régimen de transición previsto en la Ley 100
de 1993, también lo es que, con antelación a la emisión del citado fallo de
veintiocho (28) de agosto de dos mil dieciocho (2018), la posición unificada del
Máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo era distinta, postura que,
con pleno sustento legal y constitucional, acogieron no pocos juzgados y
tribunales administrativos del país a la hora de proferir sus decisiones.

40. Dicha situación no fue desatendida en la sentencia de unificación del
veintiocho (28) de agosto de dos mil dieciocho (2018) y, con el objeto de
clarificar la aplicación de las reglas jurisprudenciales fijadas, se establecieron
los efectos de la decisión de la siguiente manera:

«[…] 115. La Sala Plena de esta Corporación, por regla general, ha dado
aplicación al precedente en forma retrospectiva, método al que se acudirá
en esta sentencia, disponiendo que las reglas jurisprudenciales que se
fijaron en este pronunciamiento se aplican a todos los casos pendientes de
solución tanto en vía administrativa como en vía judicial a través de
acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la cosa juzgada
que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables.

116. Para la Sala, los efectos que se dan a esta decisión garantizan la seguridad
jurídica y dan prevalencia a los principios fundamentales de la Seguridad Social,
por ello no puede invocarse el principio de igualdad, so pretexto de solicitar la no
aplicación de esta sentencia.

117. No puede entenderse, en principio, que por virtud de esta sentencia de
unificación las pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en el
régimen de transición, con fundamento en la tesis que sostenía la Sección
Segunda del Consejo de Estado, lo fueron con abuso del derecho o fraude
a la ley; de manera que si se llegare a interponer un recurso extraordinario
de revisión contra una sentencia que haya reconocido una pensión bajo
esa tesis, será el juez, en cada caso, el que defina la prosperidad o no de la
causal invocada […]».

41. Así las cosas, en punto a concretar el alcance de la causal prevista en el
literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, en aquellos casos en los que,
en el marco de interpretación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100
de 1993, se acusa una determinada providencia judicial de ordenar la
liquidación de una pensión en una cuantía que excede lo que legalmente

16

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corresponde, conforme a la copiosa jurisprudencia de esta Corporación, es
viable compilar las siguientes subreglas:

a. El cambio jurisprudencial adoptado con la sentencia de unificación jurisprudencial
de 28 de agosto de 2018 24 no configura, por sí solo, infracción de las normas
pensionales que fijan el ingreso base de las pensiones reconocidas en virtud del
régimen de transición de la Ley 100 de 1993.

b. Las sentencias proferidas con antelación a la ejecutoria de la providencia de
unificación jurisprudencial de 28 de agosto de 2018 25 en las que se hubiere
preferido dar aplicación a la posición de unificación impuesta por esta Corporación
con fallo de 4 de agosto de 2010 y no así a la tesis expuesta en sentencia SU-230
de 2015 no contravienen, por ese solo hecho, las normas que rigen el
reconocimiento de pensiones al amparo del régimen de transición del artículo 36
de la Ley 100 de 1993.

c. En todo caso, corresponde al juez de revisión establecer, de acuerdo con las
particularidades de cada caso, si la sentencia objetada hizo posible el
reconocimiento de una pensión con abuso del derecho o fraude a la ley, en la
medida que la cuantía excedió el límite legal.

42. En todo caso, corresponde al juez de revisión establecer, de acuerdo con
las particularidades de cada caso, si la sentencia objetada hizo posible el
reconocimiento de una pensión con abuso del derecho o fraude a la ley, en la
medida en que la cuantía haya excedido el límite legal.

2.4.3 Régimen de transición previsto en la Ley 33 de 1985.

43. El parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 33 de 1985, consagró un régimen
de transición, dirigido a proteger las expectativas pensionales, de aquellos
empleados oficiales que, al momento de entrada en vigor de dicha ley —esto
es, el Trece (13) de febrero de Mil Novecientos Ochenta y Cinco (1985)—
,hubieran consolidado una situación jurídica relevante, en términos de tiempo
de servicio.

44. En concreto, la norma dispuso que, los empleados oficiales que, a esa
fecha hubieran cumplido quince (15) años de servicio, continuarían rigiéndose,
por las disposiciones anteriores, en materia de edad de jubilación, esto es, las

24
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 28 de agosto de 2018, Expediente
núm. 52001-23-33-000-2012-00143-01, C.P. Dr. César Palomino Cortés.
25
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 28 de agosto de 2018, Expediente
núm. 52001-23-33-000-2012-00143-01, C.P. Dr. César Palomino Cortés.

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contenidas en la Ley 6ª de 1945 y normas concordantes; así mismo, previó
que, quienes hubieren completado veinte (20) años de servicio y se
encontraran retirados del servicio, conservarían el derecho a pensionarse
conforme al régimen anterior, al cumplir la edad exigida.

45. De acuerdo con ello, el régimen de transición de la Ley 33 de 1985, no
opera de manera automática, sino que, exige el cumplimiento de un
presupuesto objetivo, consistente, en acreditar un tiempo mínimo de servicios,
al momento de su entrada en vigencia.

46. En consecuencia, la determinación del régimen aplicable, en cada caso
concreto, exige establecer con precisión, el tiempo de servicios
acreditado al Trece (13) de febrero de Mil Novecientos Ochenta y Cinco
(1985), pues de ello depende, la posibilidad de aplicar normas anteriores más
favorables o, en su defecto, el sometimiento al régimen general de la Ley 33
de 1985.

47. Respecto de los factores salariales computables, esta Subsección en un
caso de contornos fácticos similares al presente26, consideró que, debe
efectuarse a partir de lo dispuesto en la Ley 62 de 1985, norma que, modificó
el artículo 3° de la Ley 33 de 1985 y determinó expresamente, cuáles factores
salariales, debían servir de base para los aportes y para la liquidación
pensional, la referida norma en su artículo 1 señala lo siguiente:

ARTÍCULO 1°. Todos los empleados oficiales de una entidad afiliada a cualquier
Caja de Previsión, deben pagar los aportes que prevean las normas de dicha Caja,
ya sea que su remuneración se impute presupuestalmente como funcionamiento o
como inversión. Para los efectos previstos en el inciso anterior, la base de
liquidación para los aportes proporcionales a la remuneración del empleado oficial,
estará constituida por los siguientes factores, cuando se trate de empleados del
orden nacional: asignación básica, gastos de representación; primas de
antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas
extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en
jornada nocturna o en día de descanso obligatorio. En todo caso, las pensiones de
los empleados oficiales de cualquier orden, siempre se liquidarán sobre los mismos
factores que hayan servido de base para calcular los aportes.

PARÁGRAFO ÚNICO. La Caja Nacional de Previsión Social continuará tramitando
y cancelando las cesantías a los empleados y funcionarios de la Rama

26
Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 14 de mayo de 2026. Exp. Núm. 68001-23-33-
000-2015-00553-03 (0200-2026), consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera.

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Jurisdiccional y del Ministerio Público hasta el 31 de diciembre de 1985, hasta
concurrencia de las transferencias presupuestales que para el efecto se le hagan.

2.5 Caso concreto.

48. Descendiendo al asunto sub examine, la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP), sustenta la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797
de 2003 en que la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre,
Sala Primera de Decisión Oral, el Dieciséis (16) de agosto de Dos Mil
Diecinueve (2019), reconoció a la señora Gladys del Carmen Sands de Castro,
una prestación periódica, en cuantía superior a la legalmente debida, al
ordenar la reliquidación de su pensión con la inclusión de la totalidad de los
factores salariales devengados por el causante durante el último año de
servicios.

49. Como quedó expuesto en el acápite precedente, la acción especial de
revisión, no constituye una instancia adicional destinada a reabrir el debate
jurídico, probatorio o fáctico agotado en el proceso ordinario. No obstante,
tratándose de la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003, corresponde al juez extraordinario, establecer si la sentencia
cuestionada produjo un reconocimiento pensional en una cuantía superior a la
legalmente debida, a partir de las circunstancias particulares del caso.

50. Previamente, resulta pertinente precisar las condiciones en las que se
causó y reconoció la prestación originaria, en la medida en que estas permiten
determinar el régimen jurídico que debe servir de parámetro para examinar la
reliquidación cuestionada. De acuerdo con los hechos establecidos por el
Tribunal Administrativo de Sucre, el señor Armando Enrique Castro Díaz nació
el Primero (1º) de marzo de Mil Novecientos Cuarenta y Cuatro (1944) y prestó
sus servicios en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi desde el Primero (1º)
de enero de Mil Novecientos Sesenta y Ocho (1968) hasta el Treinta (30) de
junio de Mil Novecientos Noventa y Tres (1993). Asimismo, la pensión de
jubilación le fue reconocida por Cajanal mediante Resolución No. 006532 del
Veintiséis (26) de abril de Dos Mil (2000), efectiva a partir del Primero (1º) de
marzo de Mil Novecientos Noventa y Nueve (1999), condicionada al retiro

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definitivo del servicio, y posteriormente dicha prestación fue sustituida a favor
de la señora Gladys del Carmen Sands de Castro mediante Resolución No.
38225 del Ocho (8) de agosto de Dos Mil Ocho (2008).

51. En ese contexto, de los mismos supuestos fácticos se desprende que, al
Trece (13) de febrero de Mil Novecientos Ochenta y Cinco (1985), fecha de
entrada en vigor de la Ley 33 de 1985, el causante acumulaba Diecisiete (17)
años, Un (1) mes y Doce (12) días de servicios, por lo que superaba el requisito
de quince (15) años previsto en el parágrafo 2º del artículo 1º de dicha ley.
Igualmente, había completado veinte (20) años de servicios el Primero (1.º) de
enero de Mil Novecientos Ochenta y Ocho (1988) y cumplió cincuenta (50)
años de edad el Primero (1º) de marzo de Mil Novecientos Noventa y Cuatro
(1994). De este modo, el estatus pensional se consolidó antes de la entrada
en vigor de la Ley 100 de 1993, circunstancia que, resulta determinante para
establecer el régimen conforme al cual debe examinarse la cuantía legalmente
debida en el presente juicio de revisión.

52. Lo anterior permite, a su vez, delimitar adecuadamente el objeto de la
controversia. En efecto, la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), no
cuestiona en esta acción la existencia del derecho pensional, ni la sustitución
reconocida a favor de la señora Gladys del Carmen Sands de Castro, sino la
reliquidación ordenada en la sentencia objeto de revisión y, específicamente,
la inclusión de determinados factores salariales en la base de liquidación. Por
ello, sin reabrir el debate relativo al reconocimiento originario de la prestación,
corresponde establecer si, atendiendo al régimen jurídico aplicable al
causante, la reliquidación dispuesta por el Tribunal produjo una prestación
periódica objetivamente superior a la legalmente debida.

53. En este sentido, resulta pertinente destacar el precedente de esta
Subsección contenido en la sentencia del Doce (12) de junio de Dos Mil
Veintiséis (2026), Rad. Núm. 11001-03-25-000-2019-00539-00 (4236-2019)27,
en la cual, se examinó una acción especial de revisión promovida por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de

27
Magistrado Ponente, Jorge Edison Portocarrero Banguera.

20

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la Protección Social (UGPP), respecto de una sentencia que había reconocido
una reliquidación pensional con fundamento en el régimen de transición
previsto en el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 33 de 1985. En aquella
oportunidad, la Subsección analizó una providencia que, pese a la existencia
de la Sentencia de Unificación del Veintiocho (28) de agosto de Dos Mil
Dieciocho (2018), consideró aplicable el régimen de transición de la Ley 33 de
1985.

54. Sobre el particular, se señaló que «el cambio jurisprudencial adoptado con la
sentencia de unificación jurisprudencial de 28 de agosto de 2018 no configura, por sí solo,
infracción de las normas pensionales» y que, corresponde al juez de revisión

determinar si la cuantía reconocida excedió el límite legal.

55. La aplicación de este criterio, resulta especialmente relevante para la Sala,
en el presente asunto, pues, la sentencia objeto de revisión, no omitió el
precedente del Veintiocho (28) de agosto de Dos Mil Dieciocho (2018), sino
que, se refirió expresamente a él y explicó las razones por las cuales consideró
que no era aplicable al caso. En particular, el Tribunal Administrativo de Sucre,
sostuvo que, el estatus pensional del señor Armando Enrique Castro Díaz, se
había consolidado antes de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993 y que,
el causante se encontraba cobijado por el régimen de transición previsto en la
Ley 33 de 1985, razón por la cual, estimó que los efectos de aquella sentencia
de unificación no podían extenderse a su situación.

56. Por consiguiente, no resultaría jurídicamente apropiado, establecer la
configuración de la causal de revisión, a partir de la sola circunstancia que el
Tribunal haya adoptado una interpretación distinta de la posteriormente
recogida en la Sentencia de Unificación del Veintiocho (28) de agosto de Dos
Mil Dieciocho (2018). Conforme al precedente de esta Sala, el análisis debe
dirigirse a establecer si, con independencia de la discusión jurisprudencial, la
providencia cuestionada produjo un reconocimiento pensional que
objetivamente excediera el límite previsto por el régimen jurídico aplicable.

57. Establecido lo anterior, corresponde a la Sala, verificar si los factores
salariales cuya inclusión ordenó el Tribunal Administrativo de Sucre, se

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encontraban previstos en el régimen pensional que la propia providencia
consideró aplicable al señor Armando Enrique Castro Díaz. Sobre este punto,
la sentencia objeto de revisión estableció que, el causante se encontraba
amparado por el régimen de transición previsto en el parágrafo 2º del artículo
1º de la Ley 33 de 1985 y, por consiguiente, que resultaban aplicables las
disposiciones anteriores a dicha normativa.

58. En desarrollo de esa conclusión, el Tribunal acudió al artículo 45 del
Decreto Ley 1045 de 1978, disposición que contempla como factores de
salario para la liquidación de las pensiones, entre otros, la asignación básica
mensual, los auxilios de alimentación y transporte, la prima de navidad, la
bonificación por servicios prestados, la prima de servicios, los incrementos
salariales por antigüedad y la prima de vacaciones. Con fundamento en ello,
consideró procedente incluir en la reliquidación de la prestación, los conceptos
efectivamente devengados por el causante durante su último año de servicios.

59. Bajo este panorama, advierte la Sala que, los factores cuya inclusión
dispuso el Tribunal Administrativo de Sucre, no correspondieron a conceptos
extraños al régimen que estimó aplicable, sino a emolumentos expresamente
contemplados en el artículo 45 del Decreto Ley 1045 de 1978. En particular, la
asignación básica, el incremento por antigüedad, el auxilio de alimentación, la
bonificación por servicios prestados, la prima de servicios, la prima de navidad
y la prima de vacaciones, corresponden a factores previstos en dicha
disposición.

60. Esta circunstancia resulta determinante para resolver la causal invocada,
pues, como lo precisó esta Sala en sentencia del Doce (12) de junio de Dos
Mil Veintiséis (2026), en un asunto sometido al régimen de transición de la Ley
33 de 1985, la reliquidación pensional ordenada con los factores previstos en
el artículo 45 del Decreto Ley 1045 de 1978, atendió la posición jurisprudencial
aplicable y, por ello, no constituyó un incremento excesivo e injustificado de la
mesada. En esa oportunidad, la Sala concluyó que, no se configuraba la causal
prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

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Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
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61. El supuesto analizado en aquella oportunidad, guarda correspondencia
sustancial con el presente, en cuanto en ambos asuntos, se cuestiona
mediante la acción especial de revisión, una sentencia que ordenó la
reliquidación de una prestación pensional, bajo el entendimiento que el
beneficiario se encontraba cobijado por el régimen de transición de la Ley 33
de 1985. La diferencia relativa a los factores concretamente reconocidos no
altera esta conclusión, pues, los conceptos incluidos en el presente asunto,
también se encuentran expresamente relacionados en el artículo 45 del
Decreto Ley 1045 de 1978.

62. De otro lado, la Sala estima que, la circunstancia conforme a la cual, el
Tribunal Administrativo de Sucre consideró que la Sentencia de Unificación del
Veintiocho (28) de agosto de Dos Mil Dieciocho (2018), no resultaba aplicable,
tampoco permite establecer, por sí misma, la existencia del exceso alegado.
Como lo precisó esta Judicatura, el cambio jurisprudencial introducido por
dicha providencia «no configura, por sí solo, infracción de las normas pensionales » y
corresponde al juez de revisión determinar, atendiendo las particularidades de
cada caso, si la sentencia cuestionada produjo una prestación cuya cuantía
excediera el límite legal.

63. En el presente asunto, no se acredita que el Tribunal Administrativo de
Sucre, hubiera ordenado incluir factores salariales ajenos al régimen que
consideró aplicable. Por el contrario, los conceptos reconocidos encuentran
sustento expreso en el artículo 45 del Decreto Ley 1045 de 1978, y fueron
percibidos por el causante durante el último año de servicios. Incluso, la
providencia dispuso que, si sobre alguno de ellos no se hubieren realizado los
aportes correspondientes, la entidad podría efectuar la compensación
respectiva.

64. En estas condiciones, la Sala no encuentra demostrado que, la sentencia
objeto de revisión, hubiera producido un reconocimiento pensional en cuantía
superior a la legalmente debida. La discrepancia planteada por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social (UGPP) se relaciona, fundamentalmente, con la
interpretación del régimen de transición y con la aplicabilidad de la Sentencia

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de Unificación del Veintiocho (28) de agosto de Dos Mil Dieciocho (2018), pero
no evidencia que, los factores incorporados en la reliquidación carecieran de
fundamento en las normas que el propio Tribunal estimó aplicables al caso.

65. Siendo así las cosas, al no encontrarse acreditado un exceso objetivo en
la cuantía de la prestación reconocida, para la Sala no se configura la causal
prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Por tanto, la
acción especial de revisión promovida por la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP), será declarada infundada.

2.6 Condena en costas.

66. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA, no se dispondrá
sobre la condena en costas, dada la naturaleza del asunto, lo cual, releva de
hacer el estudio de los demás presupuestos establecidos en tal artículo.

2.7 Conclusiones.

67. La Sala concluye que, la sentencia cuya revisión se pretende, no reconoció
una prestación periódica en cuantía superior a la legalmente debida, toda vez
que, la reliquidación ordenada por el Tribunal Administrativo de Sucre, se
sustentó en el régimen pensional que consideró aplicable al señor Armando
Enrique Castro Díaz y en la inclusión de factores salariales previstos en el
artículo 45 del Decreto Ley 1045 de 1978. Asimismo, la sola circunstancia que,
dicha Corporación hubiera considerado inaplicable la Sentencia de Unificación
del Veintiocho (28) de agosto de Dos Mil Dieciocho (2018), no configura por sí
misma, la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
conforme al precedente de esta Subsección. En consecuencia, al no
encontrarse acreditado un exceso objetivo en la cuantía del derecho
reconocido, la acción especial de revisión no está llamada a prosperar.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

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FALLA:

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADA la acción especial de revisión,
interpuesta por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), contra la
sentencia proferida el Dieciséis (16) de agosto de Dos Mil Diecinueve (2019),
por el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Primera de Decisión Oral,
mediante la cual, se confirmó la sentencia dictada el Veinticuatro (24) de abril
de Dos Mil Dieciocho (2018), por el Juzgado Noveno Administrativo del
Circuito de Sincelejo, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho con radicado Núm. 70-001-33-33-009-2016-00167-01, promovido
por la señora Gladys del Carmen Sands de Castro, contra la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social (UGPP), por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas
las constancias del caso.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Firmado electrónicamente
ELIZABETH BECERRA CORNEJO

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Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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