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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00539-00

Fecha
12 de junio de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00539-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: 39 Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia del 10 de febrero de 2011. Radicado Núm. 25000-23-25-000-2006-02562- 01(0203-08), consejero ponente: Luis Rafael Vergara Quintero. 19 Número Interno: 4236-2019 Accionante: UGPP Accionada: Victoria Eugenia Mejía Puerta PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO la acción especial de revisión interpuesta por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – (UGPP), respecto de las causales a) y b) de la Ley 797 de 2003, contra la sentencia del Diecinueve (19) de Octubre de Dos Mil Dieciocho (2018), proferida por la Sección Segunda, Subsección “F”, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por la señora Victoria Eugenia Mejía Puerta, mediante la cual, se modificó la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Once (11) Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá, del Diez (10) de Febrero de Dos Mil Diecisiete (2017), que accedió a las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído. SEGUNDO: Sin condena en costas. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las constancias del caso. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2019-00539-00

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

12 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá D. C., Doce (12) de Junio de Dos Mil Veintiséis (2026)

Radicado: 11001-03-25-000-2019-00539-00 (4236-2019)1
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP)
Demandada: Victoria Eugenia Mejía Puerta
Medio de control: Revisión de la sentencia proferida el 19 de octubre de
2018, por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca. Causal regulada en los literales a) y
b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
Tema: Reliquidación pensión de jubilación
Decisión: Sentencia de única instancia

La Sala decide la acción especial de revisión interpuesta por la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, en
adelante UGPP, contra la sentencia del Diecinueve (19) de Octubre de Dos Mil Dieciocho
(2018), proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F; a través de la cual, se modificó el ordinal tercero de la sentencia del Diez
(10) de Febrero de Dos Mil Diecisiete (2017), emitida por el Juzgado Once (11)
Administrativo del Circuito de Bogotá; providencias judiciales que accedieron
parcialmente a las súplicas de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
instaurada por la señora Victoria Eugenia Mejía Puerta.

I. ANTECEDENTES

1.1 La demanda de acción especial de revisión2

1. La UGPP formuló la acción especial de revisión prevista en el artículo 20 literales a) y

b), de la Ley 797 de 2003, con la que pretende se revoque la sentencia del Diecinueve

1
Expediente híbrido.
2
Folios 2 a 44.

Número Interno: 4236-2019
Accionante: UGPP
Accionada: Victoria Eugenia Mejía Puerta

(19) de Octubre de Dos Mil Dieciocho (2018), proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F; a través de la cual, se modificó el
ordinal tercero de la sentencia del Diez (10) de Febrero de Dos Mil Diecisiete (2017),
emitida por el Juzgado Once (11) Administrativo del Circuito de Bogotá; dictadas dentro
del proceso con radicado No. 11001 -33-35-011 -2016-00290-00 y, en su lugar, se declare
que a la señora Victoria Eugenia Mejía Puerta, no le asiste el derecho a que la pensión
de vejez sea reliquidada con la totalidad de los factores salariales devengados en el
último año de servicios, y, se ordene la reliquidación de la pensión conforme a las
directrices fijadas por el inciso tercero del artículo 36, en armonía con el artículo 21 de la
Ley 100 de 1993 y los factores de salario preceptuados en el Decreto 1158 de 1994, de
conformidad con lo señalado por la Corte Constitucional en sentencias C-168 de 1995,
C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, SU-395 de 2017 y
SU-631 de 2017.

2. Como sustento fáctico de sus pretensiones refiere que, la señora Victoria Eugenia Mejía

Puerta, nació el Veintiocho (28) de Marzo de Mil Novecientos Cuarenta y Cinco (1945),
adquirió el estatus jurídico de pensionada el Veintiocho (28) de Marzo de Mil Novecientos
Noventa y Cinco (1995), esto es, 50 años, y, prestó sus servicios al Instituto Colombiano
Agropecuario – ICA desde el Dieciséis (16) de febrero de Mil Novecientos Sesenta y
Nueve (1969) hasta el Quince (15) de Julio de Mil Novecientos Noventa y Dos (1992).

3. Asimismo, expresa que, a través de Resolución No. 005815 de Dieciocho (18) de Junio

de Mil Novecientos Noventa y Seis (1996)3, la entonces Caja Nacional de Previsión Social
– Cajanal, le reconoció una pensión de vejez a la señora Mejía Puerta en cuantía de
Quinientos Treinta y Siete Mil Setecientos Cincuenta y Cuatro pesos con Treinta y Cinco
centavos ($537.754.35), a partir del Veintiocho (28) de marzo de Mil Novecientos Noventa
y Cinco (1995) prestación que fue liquidada teniendo en cuenta el 75% del promedio de
lo devengado en el último año, incluyendo en la liquidación, asignación básica, prima
técnica, incrementos por antigüedad y bonificación por servicios prestados.

4. Señaló que, la UGPP negó la reliquidación pensional solicitada por la señora Victoria

Eugenia Mejía Puerta mediante las Resoluciones RDP 049700 de Veintiséis (26) de
noviembre de Dos Mil Quince (2015), y RDP 008370 de Veinticuatro (24) de febrero de
Dos Mil Dieciséis (2016), al considerar que, aunque era beneficiaria del régimen de
transición de la «Ley 100 de 1993» respecto de edad y tiempo de servicios, por haber

3
Folios 83 a 84.

2

Número Interno: 4236-2019
Accionante: UGPP
Accionada: Victoria Eugenia Mejía Puerta

adquirido el estatus pensional el Veintiocho (28) de marzo de Mil Novecientos Noventa y
cinco (1995), la liquidación debía efectuarse con los factores salariales previstos en el
Decreto 1158 de 1994. No obstante, el Juzgado Once Administrativo de Bogotá, mediante
sentencia de Diez (10) de febrero de Dos Mil Diecisiete (2017), declaró la nulidad de
dichos actos y ordenó reliquidar la pensión con el 75% de los factores salariales
devengados durante el último año de servicios, incluyendo asignación básica, prima
técnica, bonificación por servicios, incentivo de localización, prima de vacaciones, prima
semestral, prima de navidad y quinquenio, además de indexar la primera mesada
pensional.

5. Indicó que, en segunda instancia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
mediante sentencia de Diecinueve (19) de octubre de Dos Mil Dieciocho (2018), confirmó
la procedencia de la reliquidación, y, precisó que, a la demandante debía aplicársele el
régimen anterior por haber consolidado más de Quince (15) años de servicio antes de la
entrada en vigencia de la Ley 33 de 1985, razón por la cual, la pensión debía liquidarse
con el 75% de lo devengado durante el último año de servicios y con los factores previstos
en el Decreto 1045 de 1978. En cumplimiento de esta decisión, la UGPP expidió la
Resolución RDP 001359 de Dieciocho (18) de enero de Dos Mil Diecinueve (2019),
reliquidando la prestación en cuantía de Seiscientos Cincuenta y Ocho Mil Veintisiete
pesos ($658.027), ordenando el pago de diferencias pensionales desde el Diecisiete (17)
de julio de Dos Mil Doce (2012), y disponiendo el descuento de los aportes pensionales
correspondientes a los factores incluidos por orden judicial.

1.2 Sentencia objeto de revisión

6. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F,
mediante sentencia del Diecinueve (19) de Octubre de Dos Mil Dieciocho (2018)4,
modificó el ordinal tercero de la sentencia de primer grado.

7. Como sustento de la decisión, el Tribunal precisó que, la señora Victoria Eugenia Mejía

Puerta era beneficiaria del régimen de transición previsto en la «Ley 33 de 1985», toda vez
que, para el 13 de febrero de 1985 contaba con más de quince (15) años de servicio,
circunstancia que le permitía conservar las condiciones establecidas en el régimen
anterior contenido en los Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978. En
consecuencia, consideró que, su pensión debía liquidarse con el setenta y cinco por

4
Folios 182 a 188.

3

Número Interno: 4236-2019
Accionante: UGPP
Accionada: Victoria Eugenia Mejía Puerta

ciento (75%) del promedio de lo devengado durante el último año de servicios y con los
factores salariales expresamente previstos en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978.

8. En tal sentido, indicó que, no resultaba aplicable la interpretación contenida en la

sentencia SU-230 de 2015 de la Corte Constitucional, por cuanto esta se refiere al
régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y no al régimen de
transición consagrado en la Ley 33 de 1985. Así, concluyó que, la demandante tenía
derecho a la reliquidación de su pensión con inclusión, además de la asignación básica,
prima técnica, incrementos por antigüedad y bonificación por servicios prestados, de una
doceava parte de la prima de navidad, prima de vacaciones, quinquenio y prima
semestral, excluyendo el incentivo de localización por no encontrarse previsto en el
artículo 45 del Decreto 1045 de 1978. Por tal razón, modificó parcialmente la sentencia
de primera instancia únicamente para excluir dicho factor y mantuvo la reliquidación
pensional en los demás aspectos.

1.3 Causales de revisión invocadas

9. La UGPP invocó la causal de revisión establecida en los literales a) 20 de la Ley 797

de 2003, que dispuso, «cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso»;
y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, según la cual, procede la revisión de pensiones
«cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención
colectiva que le eran legalmente aplicables».

10. En cuanto a la violación al debido proceso, aduce la parte actora que, la sentencia

recurrida ordenó un ajuste pensional que no le corresponde, lo que transgrede los
principios constitucionales consagrados en los artículos 1, 2, 6, 29, 121, 123 inciso 2; y
124 de la Constitución Política. Lo anterior, toda vez que, el IBL debe ser el establecido
en el artículo 36 o en el artículo 21, ambos, de la Ley 100 de 1993; así como, los factores
salariales son los consagrados en el Decreto 1158 de 1994.

11. Respecto a la causal consagrada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003,

al considerar que, el derecho reconocido excede lo debido de acuerdo con la ley, al
haberse accedido a la reliquidación de la pensión en contravía de los dispuesto en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Reiteró que, la cuantía de la mesada pensional fijada
en virtud del fallo objeto de esta acción es contraria a las reglas jurisprudenciales que
regulan la materia y desatiende las de las sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-
230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, SU-395 de 2017, SU-631 de 2017 y T-

4

Número Interno: 4236-2019
Accionante: UGPP
Accionada: Victoria Eugenia Mejía Puerta

039 de 2018 y SU-223 de 2018.

1.4 Auto admisorio

12. Por medio de providencia del Diez (10) de Octubre de Dos Mil Veinticinco (2025) se

admitió la acción especial de revisión5. Posteriormente, mediante auto del Diecinueve
(19) de Mayo de Dos Mil Veintiséis (2026)6, se tuvo por no contestado el recurso
extraordinario de revisión, se decretaron como pruebas los documentos aportados con la
demanda y el expediente del proceso ordinario, y se corrió traslado de las mismas a las
partes y al Ministerio Público para que se pronunciaran sobre ellas.

1.5 Contestación de la demanda de revisión

13. Notificado el auto que admitió el recurso7, la parte pasiva no contestó la presente

demanda de revisión8.

1.6 Concepto del Ministerio Público

14. El Ministerio Público no emitió concepto.

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia

15. La Subsección es competente para conocer y decidir la presente acción, según lo

previsto en los artículos 249 del CPACA9 y 20 de la Ley 797 de 200310, en concordancia
con lo previsto en el artículo 13 del reglamento de esta Corporación contenido en el
Acuerdo 80 de 12 de marzo de 201911.

2.2 Oportunidad

16. La acción de revisión del epígrafe resulta oportuna, toda vez que, la sentencia del

5
Samai, índice 28.
6
Samai, índice 36.
7
Samai, índice 34
8
Samai, índice 36.
9
«[…] De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las
secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. […]»
10
«Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público
o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser
revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias […]»
11
«Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».

5

Número Interno: 4236-2019
Accionante: UGPP
Accionada: Victoria Eugenia Mejía Puerta

Diecinueve (19) de Octubre de Dos Mil Dieciocho (2018), proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F; fue notificada por
correo electrónico el Veintinueve (29) de Octubre de Dos Mil Dieciocho (2018)12,
quedando en consecuencia ejecutoriada el Primero (1) de Noviembre de Dos Mil
Dieciocho (2018)13; la demanda fue presentada el Veintiséis (26) de Julio de Dos Mil
Diecinueve (2019)14, esto es, dentro del término establecido en el artículo 251 del
CPACA.

2.3 Problema Jurídico

17. Corresponde a la Sala, establecer lo siguiente:

17.1. ¿La sentencia del Diecinueve (19) de Octubre de Dos Mil Dieciocho (2018),

proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F; está incursa en las causales de revisión consagradas en los literales
a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, esto es, si el beneficio pensional fue
obtenido con violación del debido proceso y/o si la cuantía de la pensión
reconocida excedió lo preceptuado por la ley?

2.4 Marco normativo y jurisprudencial

2.4.1 Acción especial de revisión de la Ley 797 de 2003 – Objeto y alcance

18. El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 instituyó una acción especial de revisión de

providencias judiciales, de la siguiente manera:

«Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro
público o de fondos de naturaleza pública. Las providencias judiciales que hayan
decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza
pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier
naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de
acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor
General de la República o del Procurador General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o
conciliación judicial o extrajudicial.

12
Folio 174 v.
13
Folio 174.
14
Folio 44 v.

6

Número Interno: 4236-2019
Accionante: UGPP
Accionada: Victoria Eugenia Mejía Puerta

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de
revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales
consagradas para este en el mismo código y además:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto
o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.»

19. Dicha acción, entonces, está orientada a restablecer la justicia material15, y comporta

una herramienta excepcional que se opone a los principios de cosa juzgada y seguridad
jurídica, razón por la cual, esta Corporación ha sostenido que, «solo debe admitirse frente a
un fin legítimo, que en estos asuntos es determinar si el reconocimiento pensional se hizo con violación al
debido proceso o, si como en este caso se invoca, la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley»16.

20. Por tanto, las causales que el legislador prevé como únicas para superar y quebrar la

seguridad jurídica que se deriva de una sentencia judicial, en caso de su prosperidad,
atienden a circunstancias específicas y objetivas que no corresponden a un
cuestionamiento de valoraciones de tipo jurídico, fáctico o probatorio adelantado por el
juzgador en el proceso que dio lugar a la decisión cuestionada. Por ello, no puede
utilizarse este medio impugnativo so pretexto de reabrir el debate jurídico o revivir una
valoración probatoria que fue realizada por el juez de instancia.

21. De forma consistente, la jurisprudencia del Consejo de Estado, ha precisado que, la

rigurosidad de esta clase de asuntos no permite que el juzgador se aproxime a alguna
causal que no fue debidamente planteada y soportada, ni tampoco, permite convertir esta
vía en una tercera instancia, pues ello, desnaturalizaría la función de esta clase de
instrumentos extraordinarios17.

22. Finalmente, resulta necesario aclarar que, la adopción del trámite propio del recurso

extraordinario de revisión establecido en el CPACA, no significa, como lo explicó la Sala
Especial de Decisión 25 de esta Colegiatura en sentencia del 4 de junio de 2019, «que la
acción especial contenida en esa normativa y el referido recurso sean equiparables jurídicamente, sino solo

15
Ver Corte Constitucional, Sala Plena; sentencia C-450 de 16 de julio de 2015.
16
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia de 1° de agosto de 2024; consejero ponente: Rafael Francisco
Suárez Vargas.
17
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, 24 de febrero de 2004,
exp. 15001-03-15-000-00793-00 y Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alberto Yepes Barreiro, 26
de febrero de 2013, exp. 15001-03-15-000-01027-00.

7

Número Interno: 4236-2019
Accionante: UGPP
Accionada: Victoria Eugenia Mejía Puerta

que el trámite18 […] pues esta acción especial “tiene un carácter sui generis 19, dado que, más allá de que
pueda infirmar una sentencia ejecutoriada –al igual que el recurso extraordinario de revisión –, presenta
unas particularidades que le otorgan una entidad propia 20», tal como el análisis que sobre su

configuración realiza el juez de esta acción especial21.

2.4.2 Sobre la causal prevista en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. -
Debido proceso - Reconocimiento pensional obtenido con violación del debido
proceso.

23. Conforme al contenido del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, las

providencias judiciales que hayan decretado o decreten reconocimientos, que impongan
al tesoro público o a fondos de naturaleza pública, la obligación de cubrir sumas
periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza, podrán ser revisadas por esta
Corporación, en los casos que sean de su competencia, cuando el reconocimiento se
haya obtenido con violación al debido proceso.

24. Así, en asuntos de similares contornos fácticos, en cuanto a los elementos esenciales

que integran el derecho fundamental al debido proceso, la Sala 22 Especial de Revisión
de esta Colegiatura ha señalado22:

«Al respecto, la Sala precisa que el derecho fundamental al debido proceso, consagrado en
el artículo 29 de la Constitución Política, es una garantía para equilibrar la relación autoridad
• libertad que surge entre el Estado y los asociados, y está prevista en favor de las partes y
de los terceros interesados en una actuación administrativa o judicial.

Según la norma en comento, el debido proceso comprende fundamentalmente tres grandes
elementos:

i) El derecho al juez natural o funcionario competente;
ii) El derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento, esto es,
conforme con las normas procesales dictadas para impulsar la actuación judicial o
administrativa; y

18
Esta Corporación ha indicado que con la demanda de revisión se inicia una instancia con trámite propio y diferentes etapas
procesales que culminan con un fallo definitorio sobre la legalidad de la sentencia ejecutoriada, conclusión que la ha llevado a concluir
que el recurso extraordinario de revisión constituye un nuevo proceso o inclusive una acción o medio de control más. Ver: Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo. Auto de 12 de agosto de 2014 [Rad. 11001-03-15-000-2013-02110-00]. MP. Bertha Lucía Ramírez
de Páez; Salas Especiales de Decisión No. 22 y 25. Sentencias de 3 de marzo de2015 [Rad. 11001-03-15-000-2014-00579-00 (REV)].
MP. Alberto Yepes Barreiro [Rad. 11001-03-15-000-2012-01776-00 (REV)]. MP. (E) Hernán Andrade Rincón. La Corte Constitucional,
en el marco de la acción especial revisión, ha aceptado que esta se realiza a través de una demanda sometida a las formalidades y
requisitos del recurso extraordinario de revisión. Ver: Sala Plena. Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araújo Rentería.
19
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araújo Rentería. En esta providencia se indicó, como una
novedad del artículo 20 de la Ley 797/03, que la acción especial o “sui generis” de revisión procedía no solo contra sentencias sino
también contra los actos contentivos de transacciones o conciliaciones judiciales o extrajudiciales, con base en las causales generales
y el trámite previsto para el recurso extraordinario de revisión en el CCA – hoy en el CPACA –. Agregó que las dos (2) causales
especiales introducidas por esa norma sólo se predicaban únicamente respecto de las sentencias.
20
Esta Corporación ha destacado que las particularidades de la acción especial de revisión le otorgan una entidad propia, reflejada
principalmente en la legitimación por activa calificada y su finalidad. Ver: Sección Segunda. Auto de 27 de marzo de 2014 [Rad.
11001-03-25-000-2012-00561-00(2129-12)]. MP. Gerardo Arenas Monsalve, y sentencia de 17 de mayo de 2018 [Rad. 11001-03-25-
000-2014-00665-00(2074-14)]. MP. William Hernández Gómez.
21
Consejo de Estado,2Decisión 25, Exp. 2014-02013-00. M.P. Dra. Marta Nubia Velásquez Rico.
22
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 22 Especial de Revisión; sentencia de 5 de febrero de 2019;
expediente 11001-03-15-000-2018-01884-00; consejero ponente: Alberto Yepes Barreiro.

8

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iii) Las garantías de audiencia y defensa, que, desde luego, incluyen el derecho a ofrecer
y producir la prueba de descargo, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa
técnica, el derecho a un proceso público y sin dilaciones, el derecho a que se
produzca una decisión motivada, el derecho a impugnar la decisión y la garantía de
non bis in ídem.»

25. Igualmente, sobre el contenido y alcance de la aludida causal de revisión, esta Sección

ha sostenido que, «es necesario que se exponga la vulneración del derecho al debido proceso en
relación con los núcleos esenciales que lo componen» 23 y «la parte interesada debe promover la acción

especial de revisión y aportar los elementos sobre los cuales estructura su petición» 24.

2.4.3 Alcance de la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003

26. La causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 dispone que,

«cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto, o convención
colectiva que le eran legalmente aplicables», es decir, cuando la sentencia reconoce una

prestación por un monto que no corresponde a lo legal o convencionalmente viable. De
acuerdo la exposición de motivos del proyecto que condujo a la expedición de la Ley 797
de 2003, la causal obedeció a la necesidad «[…] de construir esquemas sociales solidarios,
financieramente viables y sostenibles en el tiempo, y, equitativos para todos los ciudadanos […]».

27. En la sentencia del cinco (05) de febrero de dos mil diecinueve25, esta Corporación

recordó que, la causal bajo estudio ha sido considerada como una herramienta legal útil
que persigue fortalecer el principio de la moralidad administrativa, y permite corregir los
reconocimientos pensionales que se han efectuado en exceso, y que afectan los
principios filosóficos que orientan el Sistema General de Pensiones, en especial, el
principio de solidaridad y equilibrio financiero.

28. Frente al asunto que convoca la atención de la Sala, debe precisarse que, antes de la

entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, los requisitos y condiciones generales para
acceder a la pensión de jubilación, por parte de los servidores públicos, se encontraban
contenidas en la Ley 33 de 1985, norma que tenía previsto que todo «empleado oficial» que
acumulara 20 años de servicio y llegara a los 55 años de edad, tendría derecho al

23
Consejo de Estado, Sección Segunda - Subsección B; sentencia de 30 de mayo de 2024; expediente: 11001-03-25-000-2019-
00728-00 (5558-2019); consejero ponente Juan Enrique Bedoya Escobar.
24
Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección A; sentencia de 8 de agosto de 2024; expediente:
25
Consejo de Estado, Sala Veintidós (22) Especial de Decisión, sentencia del 5 de febrero de 2019, M.P. Alberto Yepes Barreiro,
Rad. No. 1001-03-15-000-2018-01884-00.

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Número Interno: 4236-2019
Accionante: UGPP
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reconocimiento y pago de «una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco
por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio».

29. Así, aunque la Ley 100 de 1993 supuso el establecimiento de unas nuevas reglas,

con arreglo a las cuales resulta posible causar el derecho a devengar una pensión, el
Legislador previó la posibilidad de acceder a un régimen de transición, en los términos
señalados en el artículo 36 de la norma en cuestión26, aludiendo a los componentes de
edad, tiempo de servicios y monto de la pensión, a efectos de proteger las expectativas
legítimas de las personas próximas a pensionarse.

30. Dicho articulado no siempre fue interpretado de manera uniforme, motivo por el cual,

la Sección Segunda de esta Corporación, en la sentencia de unificación proferida el
cuatro (4) de agosto de dos mil diez (2010)27, acogió el principio de inescindibilidad,
conforme al cual dispuso que, a los beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100
de 1993, les debía ser aplicada, en su totalidad, la normativa de la cual eran destinatarios
al momento en que esta entró en vigor, y concluyó que: «[…] la Ley 33 de 1985 no indicó en
forma taxativa los factores salariales que conforman la base de liquidación pensional, sino que los mismos
están simplemente enunciados y no impiden la inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador
durante el último año de prestación de servicios».

31. Tal interpretación permaneció invariable hasta la expedición de la sentencia SU-230

de 2015, en la que la Corte Constitucional modificó el sentido de su jurisprudencia
referente al inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y precisó que, el ingreso
base de liquidación no es un elemento del régimen de transición previsto en el artículo
36 ibidem y, por tal razón, dichas pensiones deben ser liquidadas calculando el porcentaje
previsto a manera de monto por el régimen anterior, sobre el ingreso base de liquidación
previsto en la Ley 100 de 1993.

32. La postura antedicha generó una divergencia interpretativa que sólo fue superada con

la emisión de la sentencia de unificación jurisprudencial del veintiocho (28) de agosto de

26
«ARTICULO. 36.- Régimen de transición. La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años
para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es decir,
será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.
La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de
vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres
o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el
régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la
pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente ley. El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de
las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo
devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado
anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE. Sin embargo,
cuando el tiempo que les hiciere falta fuese igual o inferior a dos (2) años a la entrada en vigencia de la presente ley, el ingreso base
para liquidar la pensión será el promedio de lo devengado en los dos (2) últimos años, para los trabajadores del sector privado y de
un (1) año para los servidores públicos. […]»
27
Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia de Unificación de 4 de agosto de 2010. Radicación: 0112-2009. Demandante:
Luis Mario Velandia. Demandado: Cajanal. Magistrado ponente: Víctor Hernán Alvarado Ardila.

10

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201828, en la cual la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo modificó la postura que
sostenía la Sección Segunda, en los siguientes términos:

«[…] 92. De acuerdo con lo expuesto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sienta
la siguiente regla jurisprudencial: “El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hace parte del régimen de transición para aquellas
personas beneficiarias del mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo
y tasa de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985”.

93. Para este grupo de beneficiarios del régimen de transición y para efectos de liquidar el
IBL como quedó planteado anteriormente, el Consejo de Estado fija las siguientes subreglas:

94. La primera subregla es que para los servidores públicos que se pensionen conforme a las
condiciones de la Ley 33 de 1985, el periodo para liquidar la pensión es:

• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base
de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para
ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado
anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según
certificación que expida el DANE.

• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de los
salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años
anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la
variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.

[…] 96. La segunda subregla es que los factores salariales que se deben incluir en el IBL para
la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son únicamente
aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de Pensiones
[…]».

33. En consecuencia, si bien es cierto que, la jurisprudencia en vigor de la Corte

Constitucional y el Consejo de Estado prevé que el ingreso base de liquidación no es un
elemento integrante del régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993, también lo
es que, con antelación a la emisión del citado fallo de veintiocho (28) de agosto de dos
mil dieciocho (2018), la posición unificada del Máximo Tribunal de lo Contencioso
Administrativo era distinta, postura que, con pleno sustento legal y constitucional,
acogieron no pocos juzgados y tribunales administrativos del país a la hora de proferir
sus decisiones.

34. Dicha situación no fue desatendida en la sentencia de unificación del veintiocho (28)

de agosto de dos mil dieciocho (2018) y, con el objeto de clarificar la aplicación de las
reglas jurisprudenciales fijadas, se establecieron los efectos de la decisión de la siguiente
manera:

«[…] 115. La Sala Plena de esta Corporación, por regla general, ha dado aplicación al
precedente en forma retrospectiva, método al que se acudirá en esta sentencia,
disponiendo que las reglas jurisprudenciales que se fijaron en este pronunciamiento se
aplican a todos los casos pendientes de solución tanto en vía administrativa como en

28
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 28 de agosto de 2018, Expediente 52001-23-33-
000-2012-00143-01, C.P. Dr. César Palomino Cortés.

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vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la
cosa juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables.

116. Para la Sala, los efectos que se dan a esta decisión garantizan la seguridad jurídica y
dan prevalencia a los principios fundamentales de la Seguridad Social, por ello no puede
invocarse el principio de igualdad, so pretexto de solicitar la no aplicación de esta sentencia.

117. No puede entenderse, en principio, que por virtud de esta sentencia de unificación
las pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en el régimen de transición,
con fundamento en la tesis que sostenía la Sección Segunda del Consejo de Estado, lo
fueron con abuso del derecho o fraude a la ley; de manera que si se llegare a interponer
un recurso extraordinario de revisión contra una sentencia que haya reconocido una
pensión bajo esa tesis, será el juez, en cada caso, el que defina la prosperidad o no de
la causal invocada […]».

35. Así las cosas, en punto a concretar el alcance de la causal prevista en el literal b) del

artículo 20 de la Ley 797 de 2003, en aquellos casos en los que, en el marco de
interpretación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, se acusa una
determinada providencia judicial de ordenar la liquidación de una pensión en una cuantía
que excede lo que legalmente corresponde, conforme a la copiosa jurisprudencia de esta
Corporación, es viable compilar las siguientes subreglas:

a. El cambio jurisprudencial adoptado con la sentencia de unificación jurisprudencial de 28 de
agosto de 201829 no configura, por sí solo, infracción de las normas pensionales que fijan el
ingreso base de las pensiones reconocidas en virtud del régimen de transición de la Ley 100 de
1993.

b. Las sentencias proferidas con antelación a la ejecutoria de la providencia de unificación
jurisprudencial de 28 de agosto de 2018 30 en las que se hubiere preferido dar aplicación a la
posición de unificación impuesta por esta Corporación con fallo de 4 de agosto de 2010 y no así
a la tesis expuesta en sentencia SU-230 de 2015 no contravienen, por ese solo hecho, las
normas que rigen el reconocimiento de pensiones al amparo del régimen de transición del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

c. En todo caso, corresponde al juez de revisión establecer, de acuerdo con las particularidades
de cada caso, si la sentencia objetada hizo posible el reconocimiento de una pensión con abuso
del derecho o fraude a la ley, en la medida que la cuantía excedió el límite legal.

36. En todo caso, corresponde al juez de revisión establecer, de acuerdo con las

particularidades de cada caso, si la sentencia objetada hizo posible el reconocimiento de
una pensión con abuso del derecho o fraude a la ley, en la medida en que la cuantía haya
excedido el límite legal.

2.4.4 Régimen de transición previsto en la Ley 33 de 1985.

37. El parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 33 de 1985, consagró un régimen de transición,

dirigido a proteger las expectativas pensionales, de aquellos empleados oficiales que, al

29
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 28 de agosto de 2018, Expediente núm. 52001-23-
33-000-2012-00143-01, C.P. Dr. César Palomino Cortés.
30
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 28 de agosto de 2018, Expediente núm. 52001-23-
33-000-2012-00143-01, C.P. Dr. César Palomino Cortés.

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momento de entrada en vigencia de dicha ley —esto es, el Trece (13) de febrero de Mil
Novecientos Ochenta y Cinco (1985)—, hubieran consolidado una situación jurídica
relevante, en términos de tiempo de servicio.

38. En concreto, la norma dispuso que, los empleados oficiales que, a esa fecha hubieran

cumplido quince (15) años de servicio, continuarían rigiéndose, por las disposiciones
anteriores, en materia de edad de jubilación, esto es, las contenidas en la Ley 6ª de 1945
y normas concordantes; así mismo, previó que, quienes hubieren completado veinte (20)
años de servicio y se encontraran retirados del servicio, conservarían el derecho a
pensionarse conforme al régimen anterior, al cumplir la edad exigida.

39. De acuerdo con ello, el régimen de transición de la Ley 33 de 1985, no opera de

manera automática, sino que, exige el cumplimiento de un presupuesto objetivo,
consistente, en acreditar un tiempo mínimo de servicios, al momento de su entrada en
vigencia.

40. En consecuencia, la determinación del régimen aplicable, en cada caso concreto,

exige establecer con precisión, el tiempo de servicios acreditado al Trece (13) de
febrero de Mil Novecientos Ochenta y Cinco (1985), pues, de ello depende, la
posibilidad de aplicar normas anteriores más favorables o, en su defecto, el sometimiento
al régimen general de la Ley 33 de 1985.

41. Respecto de los factores salariales computables, esta Subsección en un caso de

contornos fácticos similares al presente31, consideró que, debe efectuarse a partir de
lo dispuesto en la Ley 62 de 1985, norma que, modificó el artículo 3° de la Ley 33 de
1985 y determinó expresamente, cuáles factores salariales, debían servir de base para
los aportes y para la liquidación pensional, la referida norma en su artículo 1 señala lo
siguiente:

ARTÍCULO 1°. Todos los empleados oficiales de una entidad afiliada a cualquier Caja de
Previsión, deben pagar los aportes que prevean las normas de dicha Caja, ya sea que su
remuneración se impute presupuestalmente como funcionamiento o como inversión. Para los
efectos previstos en el inciso anterior, la base de liquidación para los aportes proporcionales a
la remuneración del empleado oficial, estará constituida por los siguientes factores, cuando se
trate de empleados del orden nacional: asignación básica, gastos de representación; primas de
antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras;
bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o
en día de descanso obligatorio. En todo caso, las pensiones de los empleados oficiales de
cualquier orden, siempre se liquidarán sobre los mismos factores que hayan servido de base
para calcular los aportes.

31
Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 14 de mayo de 2026. Exp. Núm. 68001-23-33-000-2015-
00553-03 (0200-2026), consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera.

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PARÁGRAFO ÚNICO. La Caja Nacional de Previsión Social continuará tramitando y
cancelando las cesantías a los empleados y funcionarios de la Rama Jurisdiccional y del
Ministerio Público hasta el 31 de diciembre de 1985, hasta concurrencia de las transferencias
presupuestales que para el efecto se le hagan.

2.5 Caso concreto

42. Debe primero indicarse que, en el acápite de la demanda denominado pretensiones,

la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social (UGPP), no hace mención a la causal establecida en el Literal a) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003; sin embargo, en el acápite titulado «CONCEPTO DE
VIOLACIÓN – INDICACIÓN Y DEMOSTRACIÓN DE LA CAUSAL DE REVISIÓN» del
libelo introductorio, sí la menciona, pero, sus argumentos no son claros, respecto a los
motivos por los cuales se pregona que hubo violación al debido proceso. La recurrente
se enfoca en concluir que tal vulneración se presenta, por cuanto se aplicó indebidamente
una norma, al litigio planteado.

43. En esas consideraciones, la parte demandante no formuló reparos constitutivos de

una eventual trasgresión al derecho fundamental al debido proceso, en la que pudiera
haber incurrido el Tribunal, habiendo tan solo realizado un recuento normativo y la
interpretación de este, concluyendo con base en él, que hubo un yerro al momento de
determinar por el operador judicial, el ingreso base de liquidación de la pensión
reconocida a la demandada.

44. En ese orden de ideas, la Sala considera que, la demanda de revisión no desarrolló

en debida forma la configuración de la causal establecida en el literal a) del artículo 20
de la Ley 797 de 2003; por tanto, no existe merito o vocación de prosperidad para dicha
pretensión.

45. Sobre este particular se recuerda que, desde que se profirió la sentencia del Cinco (5)

de Febrero de Dos Mil Diecinueve (2019) por la Sala Especial de Decisión No. 22, esta
Corporación ha sostenido que, la configuración de esta causal se genera cuando se
vulnera alguno de los núcleos que lo conforman, siendo estos: i) el derecho al juez natural
o funcionario competente; ii) el derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o
procedimiento o, iii) las garantías de audiencia y defensa, lo cual, incluye el derecho a
presentar y contradecir pruebas, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa
técnica, el derecho a un proceso público y sin dilaciones, el derecho a que se produzca

14

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una decisión motivada, el derecho a impugnar la decisión y la garantía del non bis in
ídem.

46. En la demanda no se argumentó que, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,

Sección Segunda, Subsección F, no fuera competente para resolver el recurso de
apelación y con ello proferir la sentencia de segundo grado; o que se hubieran
desatendido las reglas procesales que orientan el procedimiento contencioso
administrativo, la pretermisión de algún término u otra falencia procedimental con
trascendencia sustancial. Como tampoco, se alegó la violación a los derechos de
audiencia, defensa o contradicción de la entidad, la ausencia de motivación de la decisión
u otra circunstancia que permita evidenciar una lesión al núcleo esencial del debido
proceso.

47. Sobre el particular, esta Subsección32, en un caso de contornos fácticos similares al

presente proceso, sostuvo que, cuando se incumple con el deber procesal de motivar la
solicitud y desarrollar en debida forma la configuración de la causal establecida en el
literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, no es procedente acceder a la causal de
revisión, motivo por el cual, se declarará infundada la causal consagrada en el Literal a)
del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

48. Así las cosas, se pasa a analizar la segunda causal de revisión, esto es, la establecida

en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

49. En ese sentido, está demostrado que, mediante sentencia del Diecinueve (19) de

Octubre de Dos Mil Dieciocho (2018), proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, se modificó parcialmente la sentencia
de primer grado y se ordenó la reliquidación de la pensión de jubilación de la señora
Victoria Eugenia Mejía Puerta, en cuantía equivalente al setenta y cinco por ciento (75%)
del promedio de lo devengado durante el último año efectivo de prestación de servicios,
incluyendo, además de la asignación básica, prima técnica, incrementos por antigüedad
y bonificación por servicios prestados, una doceava parte de la prima de navidad, prima
de vacaciones, quinquenio y prima semestral, con efectividad a partir del Veintiocho (28)
de marzo de Mil Novecientos Noventa y Cinco (1995) y efectiva desde el Diecisiete (17)
de Julio de Dos Mil Doce (2012), por efecto de la prescripción trienal. La efectividad es a
partir de 1995.

32
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 25 de octubre de 2025, radicado 11001-03-25-000-
2020-00043-00 (0044-2020),C.P Jorge Edison Portocarrero Banguera.

15

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50. Como sustento de la decisión, el aludido Tribunal expuso que, la señora Victoria

Eugenia Mejía Puerta era beneficiaria del régimen de transición previsto en el parágrafo
2.º del artículo 1.º de la Ley 33 de 1985, por cuanto para la entrada en vigencia de dicha
norma contaba con más de quince (15) años de servicio. En consecuencia, concluyó que,
su situación pensional debía regirse por los Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045
de 1978, razón por la cual, la prestación debía liquidarse con el setenta y cinco por ciento
(75%) de lo devengado durante el último año de servicios y con los factores salariales
previstos en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978.

51. Dentro de las consideraciones de la providencia aquí recurrida, el Tribunal precisó

que, la jurisprudencia constitucional relativa al ingreso base de liquidación en el régimen
de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 no resultaba aplicable al
caso concreto, por tratarse de una situación regida por el régimen de transición de la Ley
33 de 1985. Así mismo, señaló que, los factores computables para la liquidación de la
prestación debían corresponder exclusivamente a los previstos en el artículo 45 del
Decreto 1045 de 1978, motivo por el cual, excluyó de la reliquidación el incentivo de
localización.

52. Por su parte, la entidad aquí demandante solicita se infirme la aludida providencia

argumentando que, el ingreso base de liquidación aplicable a la demandada es el previsto
en el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, esto es, el promedio de lo
devengado durante los últimos diez (10) años de servicios o el tiempo que le hiciere falta
para adquirir el derecho pensional, y que los factores salariales computables son los
contemplados en el Decreto 1158 de 1994. En tal sentido, sostiene que, la reliquidación
ordenada reconoció una prestación superior a la legalmente procedente, por lo que, se
encuentra configurada la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003.

53. Ante ello, debe inicialmente precisarse que, con las pruebas allegadas al proceso

ordinario33, se logró acreditar lo siguiente:

54. i) La señora Victoria Eugenia Mejía Puerta nació el Veintiocho (28) de Marzo de Mil

Novecientos Cuarenta y Cinco (1945)34; (ii) prestó sus servicios al Instituto Colombiano
Agropecuario (ICA) desde el Dieciséis (16) de Febrero de Mil Novecientos Sesenta y

33
Folio 1, CD 1, expediente administrativo.
34
Folio 74.

16

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Nueve (1969) hasta el Quince (15) de Julio de Mil Novecientos Noventa y Dos (1992),
ocupando como último cargo el de profesional ATC, sección de frutícolas35; y (iii) de
conformidad con el certificado de devengados, suscrito por la tesorería general de la
entidad, durante el último año de servicios la accionada percibió el sueldo básico,
incremento por antigüedad, prima técnica, incentivo localización, prima de navidad, prima
de vacaciones, prima de servicios, quinquenio, auxilio de retiro y bonificación por
servicios36.

55. De igual manera, se observa que, mediante la Resolución No. 005815 de Dieciocho

(18) de Junio de Mil Novecientos Noventa y Seis (1996)37, la entonces Caja Nacional de
Previsión Social – Cajanal, le reconoció una pensión de vejez a la señora Mejía Puerta
en cuantía de Quinientos Treinta y Siete Mil Setecientos Cincuenta y Cuatro pesos con
Treinta y Cinco centavos ($537.754.35), a partir del Veintiocho (28) de marzo de Mil
Novecientos Noventa y Cinco (1995), al acreditar veinte (20) años de servicio al Instituto
Colombiano Agropecuario (ICA) y cincuenta (50) años de edad, prestación que, fue
liquidada teniendo en cuenta el 75% del promedio de lo devengado en el último año,
incluyendo en la liquidación, la asignación básica, la prima técnica, el incremento por
antigüedad y la bonificación por servicios prestados, dando aplicación a lo dispuesto en
las Leyes 33 y 62 de 1985, 100 de 1993 y el Decreto 2143 de 1995.

56. Posteriormente, la señora Victoria Eugenia Mejía Puerta solicitó a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP), la reliquidación de su pensión de jubilación, con inclusión de
la totalidad de los factores salariales devengados durante el último año de servicios. La
petición fue negada mediante las Resoluciones RDP 049700 del Veintiséis (26) de
Noviembre de Dos Mil Quince (2015) y RDP 008370 del Veinticuatro (24) de Febrero de
Dos Mil Dieciséis (2016).

57. La negativa de la entidad fue demandada mediante el medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho, que culminó con sentencia del Diez (10) de Febrero de Dos
Mil Diecisiete (2017), proferida por el Juzgado Once (11) Administrativo del Circuito de
Bogotá, posteriormente modificada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección F, mediante providencia del Diecinueve (19) de Octubre
de Dos Mil Dieciocho (2018), en el sentido de reliquidar la prestación con el setenta y

35
Folio 72.
36
Folio 73.
37
Folios 83 a 84.

17

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cinco por ciento (75%) de lo devengado durante el último año de servicios, incluyendo la
asignación básica, prima técnica, incrementos por antigüedad, bonificación por servicios
prestados, prima de navidad, prima de vacaciones, quinquenio y prima semestral,
excluyendo únicamente el incentivo de localización.

58. En cumplimiento de la anterior decisión judicial, la parte demandante expidió la

Resolución RDP 001359 del Dieciocho (18) de Enero de Dos Mil Diecinueve (2019),
mediante la cual, reliquidó la pensión de jubilación de la señora Victoria Eugenia Mejía
Puerta e incluyó los factores salariales ordenados por el Tribunal.

59. En el caso concreto, la Sala encuentra acreditado que, mediante la Resolución No.

005815 de Dieciocho (18) de Junio de Mil Novecientos Noventa y Seis (1996) 38, la
entonces Caja Nacional de Previsión Social – Cajanal, le reconoció una pensión de
vejez a la señora Mejía Puerta la cual fue liquidada teniendo en cuenta el 75% del
promedio de lo devengado en el último año, incluyendo en la liquidación, la asignación
básica, la prima técnica, el incremento por antigüedad y la bonificación por servicios
prestados.

60. No obstante, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección “F”, aunque hizo referencia a la sentencia de unificación del Veintiocho (28)
de Agosto de Dos Mil Dieciocho (2018), concluyó que, la señora Victoria Eugenia Mejía
Puerta era beneficiaria del régimen de transición previsto en el parágrafo 2.º del artículo
1.º de la Ley 33 de 1985 y que, por tal razón, la pensión debía reliquidarse con el setenta
y cinco por ciento (75%) de lo devengado durante el último año de servicios y con los
factores previstos en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978. Lo anterior, al concluir que,
la jurisprudencia constitucional relativa al ingreso base de liquidación en el régimen de
transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 no resultaba aplicable al caso
concreto, por tratarse de una situación regida por el régimen de transición de la Ley 33
de 1985. Sin embargo, tuvo en cuenta la sentencia de unificación referida para precisar
que, en materia de liquidación pensional, únicamente pueden computarse los factores
salariales expresamente previstos en el ordenamiento jurídico. Con fundamento en dicho
precedente, consideró superada la tesis que permitía la inclusión de factores no
enlistados legalmente y concluyó que, para el caso concreto, la prestación debía
liquidarse exclusivamente con los factores contemplados en el artículo 45 del Decreto
1045 de 1978, motivo por el cual, excluyó de la reliquidación el incentivo de localización.

38
Folios 83 a 84.

18

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Accionada: Victoria Eugenia Mejía Puerta

61. En ese sentido, la Sala advierte que, el reconocimiento efectuado por el Tribunal

Administrativo de Cundinamarca, frente a los factores que debían ser incluidos en el
ingreso base de liquidación de los beneficiarios del régimen aplicable Victoria Eugenia
Mejía Puerta, atendió la posición jurisprudencial de esta Corporación que se
encontraba en vigor al momento, toda vez que, como dichas disposiciones no
regulaban expresamente los factores salariales que integraban la base de liquidación
pensional, acudió a la línea jurisprudencial del Consejo de Estado39 según la cual
corresponde aplicar el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, por ser la norma que
enuncia los factores salariales computables para efectos de liquidar las prestaciones
sociales y, en particular, la pensión de jubilación. Por ello, determinó que la prestación
debía reconocerse con el setenta y cinco por ciento (75 %) del promedio de lo
devengado durante el último año de servicios, teniendo en cuenta únicamente los
factores previstos en dicha disposición.

62. En consecuencia, la reliquidación efectuada en virtud del fallo proferido por el Tribunal

no constituye un incremento excesivo e injustificado de la mesada pensional, por lo que,
no se advierte la existencia de un abuso del derecho, como tampoco, que se haya
reconocido o reliquidado la pensión con fraude a la ley; aquella fue el resultado de la
aplicación de la jurisprudencia vigente para el momento en que se ordenó la reliquidación.

63. Siendo así las cosas, se impone declarar infundada la acción especial de revisión

por la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

2.6 Condena en costas

64. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala temeridad

o mala fe, sino, simplemente la defensa de sus intereses, es decir, no se cumplen los
presupuestos exigidos por el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

39
Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia del 10 de febrero de 2011. Radicado Núm. 25000-23-25-000-2006-02562-
01(0203-08), consejero ponente: Luis Rafael Vergara Quintero.

19

Número Interno: 4236-2019
Accionante: UGPP
Accionada: Victoria Eugenia Mejía Puerta

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO la acción especial de revisión interpuesta por la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – (UGPP), respecto de las causales a) y b) de la Ley 797 de 2003,
contra la sentencia del Diecinueve (19) de Octubre de Dos Mil Dieciocho (2018), proferida
por la Sección Segunda, Subsección “F”, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por la
señora Victoria Eugenia Mejía Puerta, mediante la cual, se modificó la sentencia de
primera instancia proferida por el Juzgado Once (11) Administrativo de Oralidad del
Circuito de Bogotá, del Diez (10) de Febrero de Dos Mil Diecisiete (2017), que accedió a
las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de este
proveído.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las
constancias del caso.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Ausente con excusa

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

20

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