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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00718-00

Fecha
3 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00718-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR INFUNDADA la acción especial de revisión, interpuesta por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social- UGPP, contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, el once (11) de octubre de dos mil diecinueve (2019), 27 Número Interno: 4085-2021 Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) Demandado: Rómulo Valbuena Navarro que confirmó parcialmente el fallo proferido el veintitrés (23) de marzo de dos mil dieciocho (2018) por el Juzgado Cincuenta y Uno (51) Administrativo del Circuito de Bogotá, mediante las cuales, se ordenó la reliquidación de la pensión de jubilación percibida por el señor Rómulo Valbuena Navarro, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No. 11-001-33-42-051-2017-00375-00 (01), por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído. SEGUNDO: Sin condena en costas. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las constancias del caso. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2021-00718-00

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

3 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., Tres (3) de septiembre de Dos Mil Veintiséis (2026)

Radicado: 11001-03-25-000-2021-00718-00 (4085-2021)1
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP)
Demandado: Rómulo Valbuena Navarro
Trámite: Acción especial de revisión
Tema: Revisión de la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección E, el once (11) de octubre de
dos mil diecinueve (2019), en el marco de la causal
prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797
de 2003.
Decisión: Sentencia de única instancia

La Sala decide la acción especial de revisión, interpuesta por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social- UGPP2, contra la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, el once
(11) de octubre de dos mil diecinueve (2019), que confirmó parcialmente el
fallo proferido el veintitrés (23) de marzo de dos mil dieciocho (2018) por el
Juzgado Cincuenta y Uno (51) Administrativo del Circuito de Bogotá, mediante
las cuales, se ordenó la reliquidación de la pensión de jubilación percibida por
el señor Rómulo Valbuena Navarro, de conformidad con el régimen previsto
en el Decreto 3135 de 1968, en cuantía equivalente al 75% del promedio
mensual de los factores salariales devengados durante el último año de
servicios, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, identificado con el radicado No. 11-001-33-42-051-2017-00375-00
(01).

1
Expediente digital
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=110010325000202100239001100103
2
En adelante se identificará a la entidad demandante bajo las siglas UGPP.

2

Número Interno: 4085-2021
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Demandado: Rómulo Valbuena Navarro

I. ANTECEDENTES

1.1 La demanda de revisión3.

1. La entidad accionante, promovió la acción especial de revisión, al amparo
del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con la que pretende que,
se infirme la sentencia proferida el once (11) de octubre de dos mil diecinueve
(2019) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E, que confirmó parcialmente la providencia dictada el Veintitrés
(23) de marzo de Dos Mil Dieciocho (2018), proferida por el Juzgado Cincuenta
y Uno (51) Administrativo del Circuito de Bogotá D.C., mediante las cuales, se
ordenó la reliquidación de la pensión de jubilación percibida por el señor
Rómulo Valbuena Navarro, de conformidad con el régimen previsto en el
Decreto 3135 de 1968, en cuantía equivalente al 75% del promedio mensual
de los factores salariales devengados durante el último año de servicios,
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
referenciado ut supra.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, la entidad accionante solicitó
que: (i) se declare que al señor Rómulo Valbuena Navarro, no le asiste el
derecho a la reliquidación de la pensión, «con la totalidad de los factores de salario
devengados en el último año de servicios, es decir [deben] excluirse los conceptos de: auxilio
de alimentación, prima de vacaciones, prima de navidad » [sic], sino conforme a las

reglas del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, con la inclusión exclusiva de la
asignación básica, el incremento por antigüedad y la bonificación por servicios
prestados; y (ii) se ordene la devolución, debidamente indexada, de las sumas
pagadas en virtud de la prestación reconocida.

1.2. Los hechos.

3. Narró que, el señor Rómulo Valbuena Navarro, nació el dieciséis (16) de
diciembre de mil novecientos treinta y nueve (1939) y, conforme con las
pruebas documentales aportadas, se tiene que prestó sus servicios durante
los siguientes tiempos:

3
Expediente digital – Samai – Índice No. 00003- Archivo “2_DemandaWeb_Demanda-(.pdf)”.

3

Número Interno: 4085-2021
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Demandado: Rómulo Valbuena Navarro

Tiempos de Servicio
Entidad Desde Hasta Total
Ministerio de Hacienda y Crédito Público 1/10/1966 30/11/1991 9.060
Tiempo total 9.060

4. Indicó que, el señor Valbuena Navarro desempeñó como último cargo el de
«técnico administrativo 4065-11», en Bogotá D.C. Añadió que, el demandado
adquirió el estatus pensional el seis (6) de diciembre del mil novecientos
noventa y cuatro (1994), toda vez que, cumplió cincuenta y cinco (55) años de
edad y veinte (20) años de servicios.

5. Anotó que la extinta Caja Nacional de Previsión Social - CAJANAL, mediante
la Resolución No. 018605 del ocho (8) de octubre de mil novecientos noventa
y siete (1997), reconoció una pensión de jubilación en favor del señor Rómulo
Valbuena Navarro, en cuantía de $ 253.689,55, con efectividad a partir del seis
(6) de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994), conforme a lo
establecido en la Ley 100 de 1993.

6. Precisó que, mediante la Resolución No. RDP024578 del doce (12) de junio
de dos mil diecisiete (2017), la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Seguridad Social – UGPP, negó
al señor Rómulo Valbuena Navarro, la solicitud de reliquidación de la pensión
de vejez «con el 75% del salario promedio de la totalidad de los factores salariales
devengados en el último año de servicio». Dicha decisión fue confirmada mediante

las resoluciones No. RDP 027853 del once (11) de julio de dos mil diecisiete
(2017) y RDP 0313550 del cuatro (4) de agosto de dos mil diecisiete (2017).

7. Señaló que, el ahora demandado, por intermedio de apoderado judicial,
promovió el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra
la entidad, dentro del radicado No. 11-001-33-42-051-2017-00375-00 (01)
(01), proceso en que el Juzgado Cincuenta y Uno (51) Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá, mediante sentencia de primera instancia del
veintitrés (23) de marzo de dos mil dieciocho (2018), declaró la nulidad de los
actos administrativos enjuiciados y, a título de restablecimiento del
derecho, ordenó la reliquidación de la pensión de jubilación «equivalente al 75%

4

Número Interno: 4085-2021
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Demandado: Rómulo Valbuena Navarro

del promedio mensual de todos los factores salariales que devengó el último año de servicio,
lapso comprendido entre el 30 de noviembre del 90 y el 30 de noviembre 91, esto es, con los
factores de salario básico mensual, incremento de antigüedad, auxilio de alimentación,
bonificación por servicios, prima de servicios, prima navidad y prima de vacaciones efectiva a
partir del 6 de diciembre del 94 y demás ajustes de Ley […]». Además, condenó a la

UGPP, al pago de las diferencias generadas entre las mesadas efectivamente
sufragadas y los conceptos que debían pagarse, por virtud de la reliquidación,
a partir del tres (3) de abril de dos mil catorce (2014), atendiendo al fenómeno
prescriptivo que operó.

8. El juzgado determinó que, el régimen previsto por la Ley 33 de 1985 no
«cobijaba» completamente la situación del señor Rómulo Valbuena Navarro,
sino que se debían aplicar los decretos 3135 de 1965, 1848 de 1969 y 1045
de 1978.

9. Señaló que, la providencia en comento fue confirmada parcialmente por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, a
través de la sentencia del once (11) de octubre de dos mil diecinueve (2019),
que, modificó los numerales cuarto y quinto de la providencia recurrida y, a
efectos de ordenar la reliquidación de la pensión « de conformidad con el régimen
pensional establecido en el Decreto 3135 de 1968, en cuantía equivalente al 75% del promedio
mensual de los factores salariales devengados durante el último año de servidos, comprendido
entre el 1 de diciembre de 1990 al 30 de noviembre de 1991, incluyendo los factores salariales
certificados y devengados, esto es, el sueldo básico mensual, el incremento por antigüedad,
el auxilio de alimentación, la bonificación por servicios prestados, la prima de vacaciones, la
prima de servicios y la prima de navidad, estos cuatro últimos liquidados en una doceava parte
por ser devengados anualmente, efectiva a partir del 6 de diciembre de 1994, pero con efectos
fiscales a partir del 3 de abril de 2014, por prescripción trienal».

10. Indicó que, la sentencia de segunda instancia quedó ejecutoriada el
veintiuno (21) de noviembre de dos mil diecinueve (2019).

11. Sostuvo que, a través de la Resolución No. RDP 002392 del treinta (30)
de enero de dos mil veinte (2020), la entidad, en cumplimiento de los fallos
judiciales objeto de revisión, reliquidó la pensión de jubilación, incrementando
la prestación en cuantía de $295.690, efectiva a partir del seis (6) de abril de

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Número Interno: 4085-2021
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Demandado: Rómulo Valbuena Navarro

mil novecientos noventa y cuatro (1994), con efectos fiscales a partir del tres
(3) de abril de dos mil catorce (2014), por prescripción trienal.

12. Explicó que, mediante la Resolución RDP 004355 del diecisiete (17) de
febrero de dos mil veinte (2020), se modificó la Resolución No. RDP 002392
del treinta (30) de enero de la misma anualidad, en el sentido de corregir la
fecha de efectividad de la prestación.

1.2 Sentencia objeto de revisión4.

13. El Juzgado Cincuenta y Uno (51) Administrativo del Circuito de Bogotá,
mediante sentencia proferida el veintitrés (23) de marzo de dos mil dieciocho
(2018), accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda promovidas
por el señor Rómulo Valbuena Navarro, en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, identificado con radicado No. 11-001-33-42-051-
2017-00375-00 (01), para lo cual dispuso:

«Primero: Declarar probada la excepción de prescripción propuesta por el ente
demandado, únicamente de las diferencias en las mesadas causadas con anterioridad
al 3 de abril de 2014. por lo expuesto.

Segundo: Declarar no probadas las demás, las demás excepciones de mérito
propuestas, por lo expuesto.

Tercero: Declarar la nulidad de la resolución RDP 024578 del 12 de junio 2017, por
la cual la entidad demandada le negó la reliquidación de la pensión de jubilación de la
Resolución RDP 027853 del 11 de Julio 2017, por la cual se resolvió recurso de
reposición y de la resolución RDP 031350 del 4 agosto 2017 que resolvió recurso de
apelación, conforme a las consideraciones expuestas.

Cuarto: Como consecuencia de la declaración de nulidad y a título de restablecimiento
del derecho condenar a la UGPP a reliquidar la pensión de vejez del señor RÓMULO
VALBUENA NAVARRO, cédula 4873907. en cuantía equivalente al 75% del promedio
mensual de todos los factores salariales que devengó el último año de servicio, lapso
comprendido entre el 30 de noviembre del 90 y el 30 de noviembre 91, esto es, con
los factores de salario básico mensual, incremento de antigüedad, auxilio de
alimentación, bonificación por servicios, prima de servicios, prima navidad y prima de
vacaciones efectiva a partir del 6 de diciembre del 94 y demás ajustes de Ley.
Se precisa que la liquidación ordenada es en el promedio mensual de los factores
salariales señalados de manera tal, que aquellos que se causen en periodos anuales,
sólo impactarán la operación aritmética en una doceava parte, toda vez que al
promediar los ingresos se impone dividirlos por 12 o en el mismo sentido si se perciben
en periodos semestrales deberán aplicarse en la base de liquidación en una sexta
parte.

4
Expediente digital – Samai – Índice No. 00003- Archivo “2_DemandaWeb_Demanda-(.pdf)”- Folios No. 107 a 130.

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Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Demandado: Rómulo Valbuena Navarro

Adicionalmente se ordena que los factores salariales que no se hayan tenido en
cuenta en la liquidación inicial y que se deban incluir con ocasión de la presente
sentencia, deberán tomarse de forma indexada o actualizada del año 91 al año 94, de
acuerdo con las consideraciones de esta sentencia.

Quinto: Condenar a la UGPP a pagar a la accionante la diferencia generadas entre lo
efectivamente cancelado como mesadas y lo que deba pagarse, por efecto de la
reliquidación ordenada a partir del 3 de abril de 2014 por prescripción trienal conforme
a los lineamientos de la parte motiva.

Sexto: Condenar a la UGPP a actualizar la sumas debida de la condena impuesta,
conforme el inciso 4° del Artículo 187 del CPACA y de conformidad con la fórmula R
igual a RH por índice final sobre índice inicial, en la que el valor presente R se
determina multiplicando el valor histórico RH que es lo dejado de pagar al demandante
por el guarismo que resulta al dividir el índice final de precios al consumidor certificado
por el DANE y vigente a la fecha de ejecutoria de esta providencia, por el índice inicial
vigente a la fecha en que debió hacerse cada pago, por tratarse de pago de tracto
sucesivo la fórmula se aplicará separadamente mes por mes, teniendo en cuenta que
el índice Inicial es el vigente al momento de causación de cada una.

Séptimo: Ordenar a la UGPP que de las sumas que resulten de la condena aquí
impuesta efectué los descuentos que por aportes pensionales corresponda por Ley al
demandante, como empleados debidamente indexados sobre los factores salariales
frente a los cuales no se haya efectuado la deducción legal y que hagan parte de la
reliquidación pensional ordenada por todo el tiempo de su vinculación laboral y en los
periodos en que los devengo. […]»

14. Inconforme con la decisión, la UGPP interpuso recurso de apelación,
medio de impugnación que fue resuelto en la sentencia del once (11) de
octubre de dos mil diecinueve (2019), proferida por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, que modificó los
numerales cuarto y quinto de la providencia recurrida, para lo cual dispuso:

«PRIMERO. – CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia proferida en audiencia
inicial del 23 de marzo de 2018 por el Juzgado Cincuenta y Uno (51) Administrativo
del Circuito Judicial de Bogotá, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de
esta decisión.

SEGUNDO. – MODIFICAR los numerales CUARTO y QUINTO de la sentencia
proferida en audiencia inicial del 23 de marzo de 2018 por el Juzgado Cincuenta y Uno
(51) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, los cuales quedarán de la siguiente
manera:

*CUARTO.- Como consecuencia de lo anterior ordenar a la UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL -
UGPP-. reliquidar el valor de la mesada da le pensión de jubilación reconocida
al señor ROMULO VALBUENA NAVARRO, identificado con cédula de
ciudadanía No. 4.673.907 de Neiva, de conformidad con el régimen pensional
establecido en el Decreto 3135 de 1968, en cuantía equivalente al 75% del

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Demandado: Rómulo Valbuena Navarro

promedio mensual de los factores salariales devengados durante el último año
de servidos, comprendido entre el 1 de diciembre de 1990 al 30 de noviembre
de 1991, incluyendo los factores salariales certificados y devengados, esto es,
el sueldo básico mensual, el incremento por antigüedad, el auxilio de
alimentación, la bonificación por servicios prestados, la prima de vacaciones,
la prima de servicios y la prima de navidad, estos cuatro últimos liquidados en
una doceava parte por ser devengados anualmente, efectiva a partir del 6 de
diciembre de 1994, pero con efectos fiscales a partir del 3 de abril de 2014,
por prescripción trienal conforme lo expuesto en la presento decisión.

CONDENAR a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN
SOCIAL -UGPP-, INDEXAR el valor de la primera mesada pensional,
actualizando el ingreso base de liquidación pensional en lo concerniente a los
factores salariales incluidos, desde la fecha de retiro del servicio del
demandante ocurrido el 30 de noviembre de 1991, hasta el cumplimiento del
estatus pensional ocurrido el 6 de diciembre de 1994, por las razones
expuestas.

QUINTO.- ORDENAR a la entidad demandada en caso que haya lugar a ello
a pagar las diferencias generadas entre lo ya recibido y lo que debe pagarse,
además, deberá mantener la cuantía de la mesada pensional que se
encuentra percibiendo actualmente el demandante, en caso que al liquidar
esta sentencia resulte un valor menor.

TERCERO.- CONFIRMAR los demás numerales de la sentencia proferida en
audiencia iniciad del 23 de marzo de 2018 por el Juzgado Cincuenta y Uno (51)
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá.

CUARTO.- Condenar en costas a la parte demandada en segunda instancia, debiendo
tasar las agencias en derecho en la suma de doscientos mil ($ 200.000.00) pesos.
Estas costas serán liquidadas por el Juzgado de primera instancia siguiendo el
procedimiento establecido en el artículo 366 del C.G.P. […]»

15. Para confirmar la decisión, el Tribunal consideró que, a la fecha de entrada
en vigencia de la Ley 33 de 1985, el señor Rómulo Valbuena Navarro contaba
con el tiempo de servicio equivalente a dieciocho (18) años, cuatro (4) meses
y doce (12) días, por lo tanto, al cumplir el requisito de quince (15) años de
servicios, era beneficiario del régimen de transición previsto en la Ley 33 de
1985. Así, el reconocimiento de la pensión de jubilación estaba determinado
por los presupuestos previstos en el Decreto 3135 de 1968 y la liquidación de
la pensión debía efectuarse «tomando como base el 75% de todos los factores salariales
devengados en el último año de servicios que se encuentren consagrados en el artículo 45 del
Decreto 1045 de 1978».

16. Con base en lo anterior, precisó que la entidad demandada no incluyó la
totalidad de los factores devengados en el último año de servicio,

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concretamente, el subsidio de alimentación, la prima de servicios, la prima de
vacaciones y la prima de navidad, que se encontraban expresamente previstos
por el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978.

17. Además, precisó que el régimen aplicable al asunto es el previsto en el
Decreto 3135 de 1968 por ser más favorable al accionante, « en lugar de la
aplicación de la Ley 33 de 1985 que fue [pedido] en la demanda, por tener un carácter más
restrictivo», para lo cual, citó la sentencia de unificación No. CE-SUJ2-013-18

del cuatro (4) de octubre de dos mil dieciocho (2018), proferida por la Sección
Segunda del Consejo de Estado.

18. Frente a la prescripción, estableció que, comoquiera que la solicitud de
reliquidación se presentó el Tres (3) de abril de Dos Mil Diecisiete (2017) y la
demanda fue radicada el Tres (3) de octubre de dicho año, se configuró dicho
fenómeno respecto de las diferencias de las mesadas causadas con
anterioridad al Tres (3) de abril de Dos Mil Catorce (2014).

19. Estableció que el señor Rómulo Valbuena Navarro tenía derecho a la
indexación de la primera mesada pensional, en lo correspondiente a los
factores salariales que se ordena reconocer en la sentencia, frente al periodo
transcurrido entre la fecha de retiro del servicio y la oportunidad en que
adquirió el estatus pensional.

20. Finalmente, conforme lo determinó la sentencia de primera instancia,
precisó que, sobre las sumas objeto de reliquidación, debía realizar los
descuentos por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social en
Pensión, al momento en que debió efectuarse el aporte respectivo y en la
proporción que correspondía al entonces demandante, como trabajador.

1.3 Causales de revisión invocadas.

21. La entidad accionante invocó la causal prevista en el literal b) del artículo
20 de la Ley 797 de 2003, al considerar que, la sentencia objeto de revisión
reconoció una prestación pensional en cuantía superior a la legalmente
debida, al ordenar su reliquidación con base en factores salariales que, a su
juicio, no podían integrar el ingreso base de liquidación.

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Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Demandado: Rómulo Valbuena Navarro

22. Al respecto, sostuvo que, aunque el causante era beneficiario del régimen
de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, sus prerrogativas
se limitaban a la edad, el tiempo de servicio y el monto de la prestación,
mientras que el ingreso base de liquidación debía determinarse conforme a
dicha ley y, específicamente, con los factores previstos en el Decreto 1158 de
1994.

23. En ese sentido, afirmó que la sentencia cuestionada ordenó incluir en la
reliquidación la totalidad de los factores salariales devengados por el causante
durante el último año de servicios o con lo devengado en los últimos diez (10)
años de servicios, cuando únicamente podían considerarse los conceptos
previstos en el Decreto 1158 de 1994, particularmente, la asignación básica,
el incremento por antigüedad y la bonificación por servicios prestados.

24. En esa línea, la UGPP sostuvo que, el señor Rómulo Valbuena Navarro
era beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley
100 de 1993, por lo que este conservaba las reglas del régimen anterior,
únicamente respecto de la edad, el tiempo de servicios y el monto de la
pensión, mientras que, el ingreso base de liquidación debía determinarse
conforme a las disposiciones la norma en cita.

25. Asimismo, afirmó que, de acuerdo con el artículo 36 de la Ley 100 de 1993
y el Decreto 1158 de 1994, el ingreso base de liquidación debía establecerse
con los factores que sirvieron de base para las cotizaciones al Sistema General
de Pensiones, por lo que, únicamente podían incluirse la asignación básica, el
incremento por antigüedad y la bonificación por servicios prestados, refiriendo
a su vez, que, la prestación debía liquidarse con el promedio de los salarios
devengados en el tiempo que le hiciera falta para adquirir el derecho o con el
promedio de lo devengado en los últimos diez (10) años de servicio.

26. Así, cuestionó que, las providencias objeto de revisión, hubieran ordenado
reliquidar la pensión con el auxilio de alimentación, prima de vacaciones, prima
de servicios y prima de navidad, además de los demás factores devengados
durante el último año de servicios.

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Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Demandado: Rómulo Valbuena Navarro

27. Igualmente, la entidad accionante sostuvo que, la decisión judicial
cuestionada reconoció una prestación pensional superior a la legalmente
debida, al ordenar su liquidación con todos los factores salariales percibidos
por el causante durante el último año de servicio, desconociendo el precedente
fijado por la Corte Constitucional5, sobre el alcance del régimen de transición
y la exclusión del ingreso base de liquidación de los beneficios propios de dicho
régimen. A su juicio, esta circunstancia generó un pago periódico en exceso y
una carga prestacional injustificada con cargo al erario.

28. Finalmente, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), afirmó que se
configuró la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
en tanto la cuantía del derecho reconocido excedió lo debido conforme a la
ley, y sustentó dicha afirmación en una estimación económica de las
diferencias pensionales. Por ello, insistió en que debía revocarse la sentencia
objeto de revisión, ajustarse la prestación a los factores legalmente
procedentes y ordenarse la devolución de las sumas pagadas en exceso.

1.4 Contestación de la demanda de revisión.

29. Mediante auto del dos (2) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)6, el
despacho sustanciador admitió la acción especial de revisión, al considerar
que, el medio de impugnación fue presentado oportunamente y cumplía los
requisitos previstos en el artículo 252 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, incluida la debida
sustentación de la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797
de 2003. En la misma providencia, ordenó las notificaciones correspondientes
y corrió traslado al señor Rómulo Valbuena Navarro7, al Ministerio Público y a
la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado por el término de diez (10)
días para contestar el recurso y solicitar o aportar pruebas.

5
Al respecto citó las sentencias C-258 de 2013 y SU-230 de 2015.
6
Expediente digital – Samai – Índice No. 00015 de Samai.
7
Expediente digital – Samai – Índice No. 00021 de Samai. Sobre el presente, se debe señalar que, el auto que admitió
la acción especial de revisión, fue notificado a la dirección electrónica aportada por la UGPP. En consecuencia, la
notificación se realizó por medio de la dirección electrónica «ROMULOVALBUENA1939@HOTMAIL.COM», el día 19
de noviembre de 2024.

11

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30. Posteriormente, mediante auto del diez (10) de junio de dos mil veintiséis
(2026)8, se tuvo por no contestado el recurso extraordinario de revisión por
parte del señor Rómulo Valbuena Navarro. Además, se incorporaron como
pruebas los documentos allegados con la demanda y se decretó de oficio el
expediente correspondiente al proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado No. 11001-33-42-051-2017-00375-00 (01). A su turno,
se ordenó al Juzgado Cincuenta y Uno (51) Administrativo del Circuito de
Bogotá, remitir copia electrónica íntegra de dicha actuación, incluida la
constancia de ejecutoria de la sentencia objeto de revisión.

1.5 Concepto del Ministerio Público.

31. El Ministerio Público, pese a que fue notificado en debida forma 9, guardó
silencio.

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia.

32. La Sala de Subsección es competente para conocer y decidir la presente
acción, según lo previsto en los artículos 249 del CPACA10 y 20 de la Ley 797
de 200311, en concordancia con lo previsto en el artículo 13 del reglamento de
esta Corporación, contenido en el Acuerdo 080 del doce (12) de marzo de dos
mil diecinueve (2019)12 .

2.2 Oportunidad.

33. La acción especial de revisión bajo examen resulta oportuna, toda vez que,
la sentencia cuya revisión se pretende fue proferida por el Tribunal

8
Expediente digital – Samai – Índice No. 00026 de Samai.
9
Expediente digital – Samai – Índice No. 00021 de Samai. Sobre el particular, se debe señalar que fue notificado el
19 de noviembre de 2024, a través del correo electrónico: «notidel2cedo@procuraduria.gov.co».
10
«[…] De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos
conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. […]»
11
«Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al
tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de
cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con
sus competencias»
12
«Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».

12

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Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, el once
(11) de octubre de dos mil diecinueve (2019), quedando ejecutoriada el
Veinticinco (25) de noviembre de Dos Mil Diecinueve (2019)13, mientras que,
la acción especial de revisión fue presentada el Veintisiete (27) de octubre de
Dos Mil Veintiuno (2021)14, por lo que no se superó el término de cinco (5)
años establecido en el artículo 251 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo.

2.3 Problema jurídico.

34. Corresponde a la Sala, establecer lo siguiente:

35. ¿La sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección E, el once (11) de octubre de dos mil diecinueve
(2019), mediante la cual, se confirmó parcialmente la providencia dictada el
veintitrés (23) de marzo de dos mil dieciocho (2018) por el Juzgado Cincuenta
y Uno (51) Administrativo del Circuito de Bogotá, que ordenó la reliquidación
de la pensión de jubilación percibida por el señor Rómulo Valbuena Navarro,
con la inclusión de la totalidad de los factores salariales devengados por el
causante, durante el último año de servicios, está incursa en la causal prevista
en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, por haber reconocido una
prestación periódica en cuantía superior a la legalmente debida? Con tal fin,
se debe verificar:

35.1 ¿La providencia objeto de revisión reconoció una prestación
periódica en cuantía superior a la legalmente debida, al ordenar la
inclusión de la asignación básica, el incremento de antigüedad, el auxilio
de alimentación, la bonificación por servicios prestados, la prima de
servicios, la prima de navidad y la prima de vacaciones para reliquidar
la pensión del señor Rómulo Valbuena Navarro?

35.2 ¿La alegada diferencia entre la prestación reconocida
judicialmente y la que, según la entidad recurrente, correspondía

13
Constancia de ejecutoria - Expediente digital – Samai – Índice No. 00031 de Samai- Documento
“35RECIBEMEMORIAL_11001334205120170037(.zip)”- Archivo “11001334205120170037500.pdf”- Folio No. 261.
14
Expediente digital – Samai – Índice No. 00003.

13

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legalmente, configura un exceso en la cuantía del derecho susceptible
de ser corregido mediante la acción especial de revisión, o corresponde
únicamente a una discrepancia frente al criterio jurídico adoptado por
los jueces de instancia?

36. Con el propósito de desatar el problema jurídico planteado, se abordarán
los siguientes capítulos: 2.4) el marco normativo y jurisprudencial de la acción
especial de revisión; 2.5) el caso concreto; y 2.6) la condena en costas.

2.4 Marco normativo y jurisprudencial.

2.4.1 Acción especial de revisión de la Ley 797 de 2003: objeto y alcance.

37 El artículo 20 de la Ley 797 de 2003, instituyó una acción especial de
revisión de providencias judiciales, de la siguiente manera:

«Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del
tesoro público o de fondos de naturaleza pública. Las providencias
judiciales que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al
tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas
periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas
por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus
competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor
General de la República o del Procurador General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una
transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso
extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse por las
causales consagradas para este en el mismo código y además:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso,
y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo
con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.»

38. Dicha acción, entonces, está orientada a restablecer la justicia material15 y
comporta una herramienta excepcional que se opone a los principios de cosa
juzgada y seguridad jurídica, razón por la cual, esta Corporación ha sostenido
que «sólo debe admitirse frente a un fin legítimo, que en estos asuntos es determinar si el
reconocimiento pensional se hizo con violación al debido proceso o, si como en este caso se

15
Ver Corte Constitucional, Sala Plena; sentencia C-450 del Dieciséis (16) de julio de Dos Mil Quince (2015).

14

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invoca, la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley» 16.

39. Por tanto, las causales que el legislador prevé como únicas para superar y
quebrar la seguridad jurídica que se deriva de una sentencia judicial, en caso
de su prosperidad, atienden a circunstancias específicas y objetivas, que no
corresponden a un cuestionamiento de valoraciones de tipo jurídico, fáctico o
probatorio, adelantado por el juzgador en el proceso que dio lugar a la decisión
cuestionada. Por ello, no puede utilizarse este medio impugnativo, so pretexto
de reabrir el debate jurídico o revivir una valoración probatoria, que fue
realizada por el juez de instancia.

40. De forma consistente, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha
precisado que, la rigurosidad de esta clase de asuntos, no permite que el
juzgador se aproxime a alguna causal que no fue debidamente planteada y
soportada, ni tampoco permite convertir esta vía en una tercera instancia, pues
ello, desnaturalizaría la función de esta clase de instrumentos
extraordinarios17.

41. Finalmente, resulta necesario aclarar que la adopción del trámite propio de
la acción especial de revisión establecido en el CPACA, no significa, como lo
explicó la Sala Especial de Decisión 25 de esta Colegiatura, en sentencia del
cuatro (4) de junio de 2019, «que la acción especial contenida en esa normativa y el
referido recurso sean equiparables jurídicamente, sino solo que el trámite 18 […] pues esta
acción especial “tiene un carácter sui generis 19, dado que, más allá de que pueda infirmar una
sentencia ejecutoriada –al igual que el recurso extraordinario de revisión –, presenta unas

16
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia de 1° de agosto de 2024; consejero ponente: Rafael
Francisco Suárez Vargas.
17
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, 24 de
febrero de 2004, exp. 15001-03-15-000-00793-00 y Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,
C.P. Alberto Yepes Barreiro, 26 de febrero de 2013, exp. 15001-03-15-000-01027-00.
18
Esta Corporación ha indicado que con la demanda de revisión se inicia una instancia con trámite propio y diferentes
etapas procesales que culminan con un fallo definitorio sobre la legalidad de la sentencia ejecutoriada, conclusión
que la ha llevado a concluir que el recurso extraordinario de revisión constituye un nuevo proceso o inclusive una
acción o medio de control más. Ver: Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Auto de 12 de agosto de 2014 [Rad.
11001-03-15-000-2013-02110-00]. MP. Bertha Lucía Ramírez de Páez; Salas Especiales de Decisión No. 22 y 25.
Sentencias de 3 de marzo de2015 [Rad. 11001-03-15-000-2014-00579-00 (REV)]. MP. Alberto Yepes Barreiro [Rad.
11001-03-15-000-2012-01776-00 (REV)]. MP. (E) Hernán Andrade Rincón. La Corte Constitucional, en el marco de
la acción especial revisión, ha aceptado que esta se realiza a través de una demanda sometida a las formalidades y
requisitos del recurso extraordinario de revisión. Ver: Sala Plena. Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araújo
Rentería.
19
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araújo Rentería. En esta providencia se
indicó, como una novedad del artículo 20 de la Ley 797/03, que la acción especial o “sui generis” de revisión procedía
no solo contra sentencias sino también contra los actos contentivos de transacciones o conciliaciones judiciales o
extrajudiciales, con base en las causales generales y el trámite previsto para el recurso extraordinario de revisión en
el CCA – hoy en el CPACA –. Agregó que las dos (2) causales especiales introducidas por esa norma sólo se
predicaban únicamente respecto de las sentencias.

15

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particularidades que le otorgan una entidad propia 20», tal como el análisis que sobre su

configuración realiza el juez de esta acción21.

2.4.2 Alcance de la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003

42. La causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003
dispone que «cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo
con la ley, pacto, o convención colectiva que le eran legalmente aplicables» , es decir,

cuando la sentencia reconoce una prestación por un monto que no
corresponde a lo legal o convencionalmente viable. De acuerdo la exposición
de motivos del proyecto que condujo a la expedición de la Ley 797 de 2003, la
causal obedeció a la necesidad «[…] de construir esquemas sociales solidarios,
financieramente viables y sostenibles en el tiempo, y, equitativos para todos los ciudadanos
[…]».

43. En la sentencia del Cinco (05) de febrero de Dos Mil Diecinueve22, esta
Corporación recordó que, la causal bajo estudio ha sido considerada como una
herramienta legal útil que persigue fortalecer el principio de la moralidad
administrativa, y permite corregir los reconocimientos pensionales que se han
efectuado en exceso y que afectan los principios filosóficos que orientan el
Sistema General de Pensiones, en especial, el principio de solidaridad y
equilibrio financiero.

44. Frente al asunto que convoca la atención de la Sala, debe precisarse que,
antes de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, los requisitos y condiciones
generales para acceder a la pensión de jubilación, por parte de los servidores
públicos, se encontraban contenidas en la Ley 33 de 1985, norma que tenía
previsto que todo «empleado oficial» que acumulara 20 años de servicio y llegara
a los 55 años de edad, tendría derecho al reconocimiento y pago de «una
pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del
salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio».

20
Esta Corporación ha destacado que las particularidades de la acción especial de revisión le otorgan una entidad
propia, reflejada principalmente en la legitimación por activa calificada y su finalidad. Ver: Sección Segunda. Auto de
27 de marzo de 2014 [Rad. 11001-03-25-000-2012-00561-00(2129-12)]. MP. Gerardo Arenas Monsalve, y [sA]
sentencia de 17 de mayo de 2018 [Rad. 11001-03-25-000-2014-00665-00(2074-14)]. MP. William Hernández Gómez.
21
Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 25, Exp. 2014-02013-00. M.P. Dra. Marta Nubia Velásquez Rico.
22
Consejo de Estado, Sala Veintidós (22) Especial de Decisión, sentencia del 5 de febrero de 2019, M.P. Alberto
Yepes Barreiro, Rad. No. 1001-03-15-000-2018-01884-00.

16

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45. Así, aunque la Ley 100 de 1993 supuso el establecimiento de unas nuevas
reglas, con arreglo a las cuales resulta posible causar el derecho a devengar
una pensión, el Legislador previó la posibilidad de acceder a un régimen de
transición, en los términos señalados en el artículo 36 de la norma en
cuestión23, aludiendo a los componentes de edad, tiempo de servicios y monto
de la pensión, a efectos de proteger las expectativas legítimas de las personas
próximas a pensionarse.

46. Dicho articulado no siempre fue interpretado de manera uniforme, motivo
por el cual, la Sección Segunda de esta Corporación, en la sentencia de
unificación proferida el cuatro (4) de agosto de dos mil diez (2010)24, acogió el
principio de inescindibilidad, conforme al cual dispuso que, a los beneficiarios
del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, les debía ser aplicada, en su
totalidad, la normativa de la cual eran destinatarios al momento en que esta
entró en vigor, y concluyó que: «[…] la Ley 33 de 1985 no indicó en forma taxativa los
factores salariales que conforman la base de liquidación pensional, sino que los mismos están
simplemente enunciados y no impiden la inclusión de otros conceptos devengados por el
trabajador durante el último año de prestación de servicios».

47. Tal interpretación permaneció invariable hasta la expedición de la
sentencia SU-230 de 2015, en la que la Corte Constitucional modificó el
sentido de su jurisprudencia referente al inciso tercero del artículo 36 de la Ley
100 de 1993, y precisó que, el ingreso base de liquidación no es un elemento
del régimen de transición previsto en el artículo 36 ibidem y, por tal razón,
dichas pensiones deben ser liquidadas calculando el porcentaje previsto a

23
«ARTICULO. 36.- Régimen de transición. La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y
cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se
incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.
La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de
la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el sistema tengan treinta y cinco (35) o
más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de
servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones
y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones
contenidas en la presente ley. El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso
anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el
tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado
anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.
Sin embargo, cuando el tiempo que les hiciere falta fuese igual o inferior a dos (2) años a la entrada en vigencia de la
presente ley, el ingreso base para liquidar la pensión será el promedio de lo devengado en los dos (2) últimos años,
para los trabajadores del sector privado y de un (1) año para los servidores públicos. […]»
24
Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia de Unificación de 4 de agosto de 2010. Radicación: 0112-2009.
Demandante: Luis Mario Velandia. Demandado: Cajanal. Magistrado ponente: Víctor Hernán Alvarado Ardila.

17

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manera de monto por el régimen anterior, sobre el ingreso base de liquidación
previsto en la Ley 100 de 1993.

48. La postura antedicha generó una divergencia interpretativa que sólo fue
superada con la emisión de la sentencia de unificación jurisprudencial del
veintiocho (28) de agosto de 201825, en la cual, la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo modificó la postura que sostenía la Sección Segunda, en los
siguientes términos:

«[…] 92. De acuerdo con lo expuesto, la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo sienta la siguiente regla jurisprudencial: “El Ingreso Base de
Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hace
parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del
mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de
reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985”.

93. Para este grupo de beneficiarios del régimen de transición y para efectos de
liquidar el IBL como quedó planteado anteriormente, el Consejo de Estado fija
las siguientes subreglas:

94. La primera subregla es que para los servidores públicos que se pensionen
conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985, el periodo para liquidar la
pensión es:

• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el
ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el
tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo,
el que fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del
Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.

• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el
promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado
durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión,
actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al
consumidor, según certificación que expida el DANE.

[…] 96. La segunda subregla es que los factores salariales que se deben incluir
en el IBL para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la
transición son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes
o cotizaciones al Sistema de Pensiones […]». Negrillas de la Sala

49. En consecuencia, si bien es cierto que, la jurisprudencia en vigor de la
Corte Constitucional y el Consejo de Estado prevé que el ingreso base de
liquidación no es un elemento integrante del régimen de transición previsto en
la Ley 100 de 1993, también lo es que, con antelación a la emisión del citado
fallo de veintiocho (28) de agosto de dos mil dieciocho (2018), la posición

25
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 28 de agosto de 2018, Expediente
52001-23-33-000-2012-00143-01, C.P. Dr. César Palomino Cortés.

18

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unificada del Máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo era distinta,
postura que, con pleno sustento legal y constitucional, acogieron no pocos
juzgados y tribunales administrativos del país a la hora de proferir sus
decisiones.

50. Dicha situación no fue desatendida en la sentencia de unificación del
veintiocho (28) de agosto de dos mil dieciocho (2018) y, con el objeto de
clarificar la aplicación de las reglas jurisprudenciales fijadas, se establecieron
los efectos de la decisión de la siguiente manera:

«[…] 115. La Sala Plena de esta Corporación, por regla general, ha dado
aplicación al precedente en forma retrospectiva, método al que se acudirá
en esta sentencia, disponiendo que las reglas jurisprudenciales que se
fijaron en este pronunciamiento se aplican a todos los casos pendientes de
solución tanto en vía administrativa como en vía judicial a través de
acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la cosa juzgada
que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables.

116. Para la Sala, los efectos que se dan a esta decisión garantizan la seguridad
jurídica y dan prevalencia a los principios fundamentales de la Seguridad Social,
por ello no puede invocarse el principio de igualdad, so pretexto de solicitar la no
aplicación de esta sentencia.

117. No puede entenderse, en principio, que por virtud de esta sentencia de
unificación las pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en el
régimen de transición, con fundamento en la tesis que sostenía la Sección
Segunda del Consejo de Estado, lo fueron con abuso del derecho o fraude
a la ley; de manera que si se llegare a interponer un recurso extraordinario
de revisión contra una sentencia que haya reconocido una pensión bajo
esa tesis, será el juez, en cada caso, el que defina la prosperidad o no de la
causal invocada […]». Negrilla y subraya de la Sala

51. Así las cosas, en punto a concretar el alcance de la causal prevista en el
literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, en aquellos casos en los que,
en el marco de interpretación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100
de 1993, se acusa una determinada providencia judicial de ordenar la
liquidación de una pensión en una cuantía que excede lo que legalmente
corresponde, conforme a la copiosa jurisprudencia de esta Corporación, es
viable compilar las siguientes subreglas:

a. El cambio jurisprudencial adoptado con la sentencia de unificación jurisprudencial
de 28 de agosto de 2018 26 no configura, por sí solo, infracción de las normas
pensionales que fijan el ingreso base de las pensiones reconocidas en virtud del
régimen de transición de la Ley 100 de 1993.

26
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 28 de agosto de 2018, Expediente
núm. 52001-23-33-000-2012-00143-01, C.P. Dr. César Palomino Cortés.

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b. Las sentencias proferidas con antelación a la ejecutoria de la providencia de
unificación jurisprudencial de 28 de agosto de 2018 27 en las que se hubiere
preferido dar aplicación a la posición de unificación impuesta por esta Corporación
con fallo de 4 de agosto de 2010 y no así a la tesis expuesta en sentencia SU-230
de 2015 no contravienen, por ese solo hecho, las normas que rigen el
reconocimiento de pensiones al amparo del régimen de transición del artículo 36
de la Ley 100 de 1993.

c. En todo caso, corresponde al juez de revisión establecer, de acuerdo con las
particularidades de cada caso, si la sentencia objetada hizo posible el
reconocimiento de una pensión con abuso del derecho o fraude a la ley, en la
medida que la cuantía excedió el límite legal.

2.4.3 Régimen de transición previsto en la Ley 33 de 1985.

52. El parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 33 de 1985, consagró un régimen
de transición, dirigido a proteger las expectativas pensionales, de aquellos
empleados oficiales que, al momento de entrada en vigor de dicha ley - esto
es, el Trece (13) de febrero de Mil Novecientos Ochenta y Cinco (1985)-,
hubiesen consolidado una situación jurídica relevante, en términos de tiempo
de servicio.

53. En concreto, la norma dispuso que los empleados oficiales que, a esa
fecha hubieran cumplido quince (15) años de servicio, continuarían rigiéndose,
por las disposiciones anteriores, en materia de edad de jubilación, esto es, las
contenidas en la Ley 6ª de 1945 y normas concordantes. Asimismo, previó
que, quienes hubieren completado veinte (20) años de servicio y se
encontraran retirados del servicio, conservarían el derecho a pensionarse
conforme al régimen anterior, al cumplir la edad exigida.

54. De acuerdo con ello, el régimen de transición de la Ley 33 de 1985 no
opera de manera automática, sino que, exige el cumplimiento de un
presupuesto objetivo, consistente, en acreditar un tiempo mínimo de servicios,
al momento de su entrada en vigor.

55. En consecuencia, la determinación del régimen aplicable, en cada caso
concreto, exige establecer con precisión, el tiempo de servicios acreditado al

27
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 28 de agosto de 2018, Expediente
núm. 52001-23-33-000-2012-00143-01, C.P. Dr. César Palomino Cortés.

20

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Trece (13) de febrero de Mil Novecientos Ochenta y Cinco (1985), pues de ello
depende la posibilidad de aplicar normas anteriores más favorables o, en su
defecto, el sometimiento al régimen general de la Ley 33 de 1985.

56. Respecto de los factores salariales computables, esta Subsección en un
caso de contornos fácticos similares al presente28, consideró que, debe
efectuarse a partir de lo dispuesto en la Ley 62 de 1985, norma que, modificó
el artículo 3° de la Ley 33 de 1985 y determinó expresamente, qué factores
salariales, debían servir de base para los aportes y para la liquidación
pensional, la referida norma en su artículo 1 señala lo siguiente:

ARTÍCULO 1°. Todos los empleados oficiales de una entidad afiliada a cualquier
Caja de Previsión, deben pagar los aportes que prevean las normas de dicha Caja,
ya sea que su remuneración se impute presupuestalmente como funcionamiento o
como inversión. Para los efectos previstos en el inciso anterior, la base de
liquidación para los aportes proporcionales a la remuneración del empleado oficial,
estará constituida por los siguientes factores, cuando se trate de empleados del
orden nacional: asignación básica, gastos de representación; primas de
antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas
extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en
jornada nocturna o en día de descanso obligatorio. En todo caso, las pensiones de
los empleados oficiales de cualquier orden, siempre se liquidarán sobre los mismos
factores que hayan servido de base para calcular los aportes.

PARÁGRAFO ÚNICO. La Caja Nacional de Previsión Social continuará tramitando
y cancelando las cesantías a los empleados y funcionarios de la Rama
Jurisdiccional y del Ministerio Público hasta el 31 de diciembre de 1985, hasta
concurrencia de las transferencias presupuestales que para el efecto se le hagan.

2.5 Caso concreto.

57. Descendiendo al asunto sub examine, la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP), sustenta la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797
de 2003 en que la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, el once (11) de octubre de
dos mil diecinueve (2019), reconoció en favor del señor Rómulo Valbuena
Navarro, una prestación periódica, en una cuantía superior a la legalmente
debida, al ordenar la reliquidación de su pensión de jubilación con la inclusión

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Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 14 de mayo de 2026. Exp. Núm. 68001-23-33-
000-2015-00553-03 (0200-2026), consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera.

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de la totalidad de los factores salariales devengados por el causante durante
el último año de servicios.

58. Como quedó expuesto en el acápite precedente, la acción especial de
revisión, no constituye una instancia adicional destinada a reabrir el debate
jurídico, probatorio o fáctico agotado en el proceso ordinario. No obstante,
tratándose de la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003, corresponde al juez extraordinario, establecer si la sentencia
cuestionada produjo un reconocimiento pensional en una cuantía superior a la
legalmente debida, a partir de las circunstancias particulares del caso.

59. En este sentido, resulta pertinente destacar el precedente de esta Sala de
Subsección contenido en la sentencia del doce (12) de junio de dos mil
veintiséis (2026), Rad. Núm. 11001-03-25-000-2019-00539-00 (4236-2019)29,
en la cual, se examinó una acción especial de revisión promovida por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social (UGPP), respecto de una sentencia que había reconocido
una reliquidación pensional con fundamento en el régimen de transición
previsto en el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 33 de 1985. En aquella
oportunidad, la Subsección analizó una providencia que, pese a la existencia
de la Sentencia de Unificación del veintiocho (28) de agosto de dos mil
dieciocho (2018), consideró aplicable el régimen de transición de la Ley 33 de
1985.

60. Sobre el particular, se estableció que «el cambio jurisprudencial adoptado con la
sentencia de unificación jurisprudencial de 28 de agosto de 2018 no configura, por sí solo,
infracción de las normas pensionales» y que, corresponde al juez de revisión

determinar si la cuantía reconocida excedió el límite legal.

61. La aplicación de este criterio, resulta especialmente relevante para la Sala,
en el presente asunto, pues, la sentencia objeto de revisión precisó que, la
norma rectora de la pensión de jubilación del señor Valbuena Navarro, no
correspondía a la Ley 33 de 1985, pues, se refirió que el demandante era
beneficiario del régimen de transición previsto en dicha norma y, en

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Magistrado Ponente, Jorge Edison Portocarrero Banguera.

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consecuencia, el marco rector de la prestación constituía el Decreto 3135 de
1968 y, los factores salariales objeto de liquidación, estaban previstos por el
artículo 45 del Decreto 1045 de 1978.

62. En particular, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sostuvo que, si
bien, a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, el señor Rómulo
Valbuena Navarro contaba con más de cuarenta (40) años de edad, podría ser
beneficiario del régimen de transición de que trata el artículo 36 de la Ley 100
de 1993, comoquiera que, se demostró que a la entrada en vigencia de la Ley
33 de 1985, contaba con dieciocho (18) años, cuatro (4) meses y doce (12)
días de servicios, prestados en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, lo
que permitía concluir que, contaba con más de quince (15) años de servicios
y, por ende, era beneficiario del régimen de transición previsto en dicha norma.

63. Además, en la providencia se estableció que, el señor Valbuena Navarro,
cumplió con los requisitos previstos en el Decreto 3135 de 1968, el seis (6) de
diciembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994) y, que el régimen
pensional en cita, resultaba más favorable frente al establecido en la Ley 33
de 1985.

64. En línea con lo anterior, no resultaría procedente establecer la
configuración de la causal de revisión, a partir de la sola circunstancia que el
Tribunal haya adoptado una interpretación distinta de la posteriormente
recogida en la Sentencia de Unificación del Veintiocho (28) de agosto de Dos
Mil Dieciocho (2018). Conforme al precedente de esta Sala, el análisis debe
dirigirse a establecer si, con independencia de la discusión jurisprudencial, la
providencia cuestionada produjo un reconocimiento pensional que
objetivamente excediera el límite previsto por el régimen jurídico aplicable.

65. Establecido lo anterior, corresponde a la Sala verificar si los factores
salariales cuya inclusión ordenó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección E, se encontraban previstos en el régimen
pensional que la propia providencia consideró aplicable al señor Rómulo
Valbuena Navarro. Sobre este punto, la sentencia objeto de revisión estableció
que, el entonces demandante se encontraba amparado por el régimen de

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transición previsto en el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 33 de 1985 y, por
consiguiente, que resultaban aplicables las disposiciones anteriores a dicha
normativa.

66. En desarrollo de esa conclusión, el Tribunal acudió al artículo 45 del
Decreto Ley 1045 de 1978, disposición que contempla como factores de
salario para la liquidación de las pensiones, entre otros, la asignación básica
mensual, el auxilio de alimentación, la prima de navidad, la bonificación por
servicios prestados, la prima de servicios, los incrementos salariales por
antigüedad y la prima de vacaciones. Con fundamento en ello, consideró
procedente incluir en la reliquidación de la prestación, los conceptos
efectivamente devengados por el causante durante su último año de servicios.

67. Bajo este panorama, advierte la Sala que, los factores cuya inclusión
dispuso el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E, no correspondieron a conceptos extraños al régimen que
estimó aplicable, sino a emolumentos expresamente contemplados en el
artículo 45 del Decreto Ley 1045 de 1978. En particular, la asignación básica
mensual, el incremento por antigüedad, el auxilio de alimentación, la
bonificación por servicios prestados, la prima de servicios, la prima de navidad
y la prima de vacaciones, corresponden a factores previstos en dicha
disposición.

68. Esta circunstancia resulta determinante para resolver la causal invocada,
pues, como lo precisó esta Sala de Subsección en sentencia del doce (12) de
junio de dos mil veintiséis (2026), en un asunto sometido al régimen de
transición de la Ley 33 de 1985, la reliquidación pensional ordenada con los
factores previstos en el artículo 45 del Decreto Ley 1045 de 1978, atendió la
posición jurisprudencial aplicable y, por ello, no constituyó un incremento
excesivo e injustificado de la mesada. En esa oportunidad, la Sala concluyó
que, no se configuraba la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003.

69. El supuesto analizado en aquella oportunidad guarda correspondencia
sustancial con el presente, en cuanto en ambos asuntos, se cuestiona

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mediante la acción especial de revisión, una sentencia que ordenó la
reliquidación de una prestación pensional, bajo el entendimiento que el
beneficiario se encontraba cobijado por el régimen de transición de la Ley 33
de 1985. La diferencia relativa a los factores concretamente reconocidos no
altera esta conclusión, pues, los conceptos incluidos en el presente asunto,
también se encuentran expresamente relacionados en el artículo 45 del
Decreto Ley 1045 de 1978.

70. En suma, en el presente asunto, no se acredita que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, hubiera
ordenado incluir factores salariales ajenos al régimen que consideró aplicable.
Por el contrario, los conceptos reconocidos encuentran sustento expreso en el
artículo 45 del Decreto Ley 1045 de 1978, y fueron percibidos por el causante
durante el último año de servicios, como se encuentra demostrado por el
certificado de sueldos del veintiuno (21) de febrero de dos mil diecisiete (2017),
expedido por la Subdirección de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, en que se estableció que el señor Valbuena
Navarro, percibió las siguientes contraprestaciones, entre el treinta (30) de
noviembre de mil novecientos noventa (1990) y el treinta (30) de noviembre de
mil novecientos noventa y uno (1991)30:

Fecha Factores salariales percibidos

Mes Año

Noviembre 1990 - Sueldo básico mensual
• Auxilio de alimentación
Diciembre 1991 - Sueldo básico mensual
• Incremento de antigüedad
• Prima de navidad
• Prima de vacaciones
Enero 1991 - Sueldo básico mensual
• Incremento de antigüedad
• Auxilio de alimentación
Febrero 1991 - Sueldo básico mensual
• Incremento de antigüedad
• Auxilio de alimentación
Marzo 1991 - Sueldo básico mensual
• Incremento de antigüedad
• Auxilio de alimentación

30
Constancia de ejecutoria - Expediente digital – Samai – Índice No. 00031 de Samai- Documento
“35RECIBEMEMORIAL_11001334205120170037(.zip)”- Archivo “11001334205120170037500.pdf”- Folios No. 119 a
120.

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Abril 1991 - Sueldo básico mensual
• Incremento de antigüedad
• Auxilio de alimentación
Mayo 1991 - Sueldo básico mensual
• Incremento de antigüedad
• Auxilio de alimentación
Junio 1991 - Sueldo básico mensual
• Incremento de antigüedad
• Auxilio de alimentación
Julio 1991 - Sueldo básico mensual
• Incremento de antigüedad
• Auxilio de alimentación
• Prima de servicios
Agosto 1991 - Sueldo básico mensual
• Incremento de antigüedad
• Auxilio de alimentación
• Bonificación por servicios prestados
Septiembre 1991 - Sueldo básico mensual
• Incremento de antigüedad
• Auxilio de alimentación
Octubre 1991 - Sueldo básico mensual
• Incremento de antigüedad
• Auxilio de alimentación
Noviembre 1991 - Sueldo básico mensual
• Incremento de antigüedad
• Auxilio de alimentación
• Prima de navidad

71. En estas condiciones, la Sala no encuentra demostrado que, la sentencia
objeto de revisión, haya accedido a un reconocimiento pensional en cuantía
superior a la legalmente debida. La discrepancia planteada por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social (UGPP) se relaciona, fundamentalmente, con la
interpretación del régimen de transición y con el criterio que consideraba
aplicable a efectos de determinar el ingreso base de liquidación, pero no
evidencia que, los factores incorporados en la reliquidación carecieran de
fundamento en las normas que el propio Tribunal estimó aplicables al caso.

72. Siendo así las cosas, al no encontrarse acreditado un exceso objetivo en
la cuantía de la prestación reconocida, para la Sala no se configura la causal
prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Por tanto, la
acción especial de revisión promovida por la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP), será declarada infundada.

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2.6 Condena en costas.

73. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA, no se dispondrá
sobre la condena en costas, dada la naturaleza del asunto, lo cual, releva de
hacer el estudio de los demás presupuestos establecidos en tal artículo.

2.7 Conclusiones.

74. La Sala concluye que, la sentencia cuya revisión se pretende, no reconoció
una prestación periódica en cuantía superior a la legalmente debida, toda vez
que, la reliquidación ordenada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección E, se sustentó en el régimen pensional que
consideró aplicable al señor Rómulo Valbuena Navarro y en la inclusión de
factores salariales previstos en el artículo 45 del Decreto Ley 1045 de 1978.
Asimismo, la sola circunstancia que, dicha Corporación hubiese considerado
que el régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993, no se debía
aplicar en la liquidación de la pensión de jubilación del señor Valbuena
Navarro, no configura por sí misma, la causal prevista en el literal b) del artículo
20 de la Ley 797 de 2003, conforme al precedente de esta Subsección. En
consecuencia, al no encontrarse acreditado un exceso objetivo en la cuantía
del derecho reconocido, la acción especial de revisión no está llamada a
prosperar.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADA la acción especial de revisión,
interpuesta por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social- UGPP, contra la
sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección E, el once (11) de octubre de dos mil diecinueve (2019),

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que confirmó parcialmente el fallo proferido el veintitrés (23) de marzo de dos
mil dieciocho (2018) por el Juzgado Cincuenta y Uno (51) Administrativo del
Circuito de Bogotá, mediante las cuales, se ordenó la reliquidación de la
pensión de jubilación percibida por el señor Rómulo Valbuena Navarro, dentro
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
No. 11-001-33-42-051-2017-00375-00 (01), por las razones expuestas en la
parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas
las constancias del caso.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Firmado electrónicamente
ELIZABETH BECERRA CORNEJO

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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