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Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 68001-23-33-000-2015-00553-03

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2015-00553-03

Fecha
14 de mayo de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2015-00553-03

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: MODIFICAR, los ordinales segundo y tercero de la sentencia del Veintitrés (23) de octubre de Dos Mil Veinticinco (2025), proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, los cuales quedarán así: «SEGUNDO. A título de restablecimiento del derecho, ORDENAR a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP reliquidar la pensión de jubilación reconocida a la señora María Antonieta Collazos Pico, en cuantía equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del promedio de lo devengado durante el último año de servicios, incluyendo para tal efecto, además de los factores salariales ya reconocidos en la Resolución No. 57246 del Trece (13) de octubre de Dos Mil Seis (2006), únicamente la prima técnica administrativa, conforme a las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, con aplicación de los reajustes de ley y descontando las sumas que hayan sido pagadas. TERCERO. DECLARAR probada parcialmente la excepción de prescripción trienal respecto de las diferencias pensionales causadas con anterioridad al Seis (6) de noviembre de Dos Mil Once (2011).» SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia del Veintitrés (23) de octubre de Dos Mil Veinticinco (2025), proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, conforme a lo considerado en la parte motiva de esta providencia. 23 Número Interno: 0200-2026 Demandante: María Antonieta Collazos Pico Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP TERCERO: Sin condena en costas en ambas instancias. CUARTO: Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones y constancias de rigor. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 68001-23-33-000-2015-00553-03

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

14 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., Catorce (14) de Mayo de Dos Mil Veintiséis (2026)

Radicado: 68001-23-33-000-2015-00553-03 (0200-2026)1
Demandante: María Antonieta Collazos Pico
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social UGPP
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Reliquidación pensional, ley 33 de 1985.
Decisión: Apelación sentencia, segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación, interpuesto por la parte demandada,
contra la sentencia del Veintitrés (23) de octubre de Dos Mil Veinticinco (2025),
proferida por el Tribunal Administrativo de Santander2, que accedió a las
pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda3.

1.1 Pretensiones.

1. La señora María Antonieta Collazos Pico, por conducto de apoderado
judicial, promovió medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, con el propósito
de obtener la nulidad parcial de las Resoluciones Nos. 003608 del Dieciocho
(18) de marzo de Mil Novecientos Noventa y Siete (1997) y 57246 del Treinta
(30) de octubre de Dos Mil Seis (2006), mediante las cuales, se reconoció y
reliquidó su pensión vitalicia de vejez, respectivamente, así como la nulidad de

1
Expediente digital
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=680012333000201500553031100103
2
Sala conformada por los Magistrados Iván Fernando Prada Macías, Julio Edisson Ramos Salazar y Claudia Ximena
Ardila Pérez.
3
Expediente digital – Samai – Gestión en otros despachos – índice 00051 - 5_ED_LINKEXPEDIENTEDIGI(.pdf). –
680012333000-2015-00553-00 – 01. Expediente Escaneado – 370 TRIBUNAL SANTANDER- 120.pdf – folio 37 a 47.

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Número Interno: 0200-2026
Demandante: María Antonieta Collazos Pico
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social UGPP

las Resoluciones Nos. PAP 056835 del Diez (10) de junio de Dos Mil Once
(2011), RDP 008094 del Veintisiete (27) de febrero de Dos Mil Quince (2015)
y RDP 017535 del Seis (6) de mayo de Dos Mil Quince (2015), que negaron
nuevas solicitudes de reliquidación pensional y el recurso de apelación
interpuesto contra una de dichas decisiones.

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que, se ordene a la
demandada a reliquidar la pensión de vejez reconocida a su favor, con
fundamento en el setenta y cinco por ciento (75%) del promedio de todos los
factores salariales devengados durante el último año de servicios,
comprendido entre el Dos (2) de diciembre de Dos Mil Dos (2002) y el Dos (2)
de diciembre de Dos Mil Tres (2003), incluyendo asignación básica mensual,
prima semestral, prima técnica mensual, prima de navidad, prima de
vacaciones, bonificación por servicios prestados y prima de antigüedad.

3. Finalmente solicitó que, se condene al pago de las diferencias pensionales
causadas desde el Seis (6) de noviembre de Dos Mil Once (2011), junto con
las mesadas adicionales, así como a la indexación e intereses
correspondientes, sin que opere el fenómeno de la prescripción respecto de
las mesadas reclamadas; adicionalmente, pidió la condena en costas y
agencias en derecho y el cumplimiento de la sentencia en los términos
previstos en los artículos 189 y 192 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

1.2 Hechos

4. La señora María Antonieta Collazos Pico, nació el Dieciséis (16) de octubre
de Mil Novecientos Cuarenta y Tres (1943), por lo que, afirmó ser beneficiaria
del régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993, y que, a la entrada
en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, ya le había sido reconocida su
pensión de vejez.

5. Señaló que, la Caja Nacional de Previsión Social – Cajanal E.I.C.E.,
mediante Resolución No. 003608 del Dieciocho (18) de marzo de Mil
Novecientos Noventa y Siete (1997), reconoció a su favor una pensión

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Número Interno: 0200-2026
Demandante: María Antonieta Collazos Pico
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social UGPP

mensual vitalicia de vejez, con aplicación parcial de la Ley 33 de 1985 y la Ley
100 de 1993, en cuantía de Ciento Treinta y Ocho Mil Seiscientos Treinta y
Cinco Pesos ($138.635).

6. Indicó que, al momento de su desvinculación laboral, ocurrida el Tres (3) de
diciembre de Dos Mil Tres (2003), devengaba diversos factores salariales,
entre ellos, asignación básica mensual, prima técnica mensual, prima
vacacional, prima de navidad, prima de servicios, bonificación por servicios
prestados y prima de antigüedad.

7. Manifestó que, presentó solicitud de reliquidación pensional, con el
propósito que, se aplicara integralmente el régimen de transición conforme a
la interpretación jurisprudencial del Consejo de Estado; sin embargo, dicha
petición fue negada por la administración.

1.3 Normas violadas y concepto de violación.

8. La parte demandante, invocó como normas vulneradas, los artículos 1, 2, 4,
6, 13, 29, 48 y 53 de la Constitución Política; los artículos 1 y 3 de la Ley 33
de 1985; el artículo 1 de la Ley 62 de 1985; el artículo 36 de la Ley 100 de
1993; los artículos 42 y 45 del Decreto 1042 de 1978; el artículo 45 del Decreto
1045 de 1978; así como diversas disposiciones del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la jurisprudencia del
Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, relacionadas con el régimen
de transición y la reliquidación pensional.

9. Como concepto de violación, sostuvo que, los actos administrativos
demandados, incurrieron en violación directa de las normas en que debían
fundarse, al negar la reliquidación de la pensión de vejez reconocida a la
señora María Antonieta Collazos Pico, desconociendo la aplicación integral del
régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

10. Señaló que, la entidad demandada, omitió incluir en la base de liquidación
pensional, la totalidad de los factores salariales devengados, durante el último
año de servicios, tales como, asignación básica mensual, prima técnica, prima

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Demandante: María Antonieta Collazos Pico
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
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de navidad, prima de vacaciones, prima de servicios, bonificación por servicios
prestados y prima de antigüedad, pese a que, dichos emolumentos tenían
naturaleza salarial.

11. Indicó que, conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado, los
factores salariales previstos en la Ley 33 de 1985 y la Ley 62 de 1985, no
constituyen una enumeración taxativa, sino meramente enunciativa, por lo
que, debían incluirse todos los conceptos percibidos habitual y periódicamente
como contraprestación directa del servicio.

12. Manifestó que, al Primero (1°) de abril de Mil Novecientos Noventa y Cuatro
(1994), la demandante cumplía las condiciones exigidas para ser beneficiaria
del régimen de transición, razón por la cual, su situación pensional debía
regirse integralmente por la normativa anterior a la Ley 100 de 1993,
particularmente por la Ley 33 de 1985.

13. Finalmente afirmó que, la interpretación efectuada por la administración,
vulneró los principios de favorabilidad, seguridad social y protección al mínimo
vital, al reducir injustificadamente el monto de la prestación pensional
reconocida a la demandante.

2. Contestación de la demanda4.

14. La parte demandada, por conducto de apoderada judicial, se opuso a la
totalidad de las pretensiones de la demanda y solicitó su rechazo, al considerar
que, los actos administrativos demandados fueron expedidos conforme a la
normativa aplicable y con observancia de los factores salariales sobre los
cuales se efectuaron aportes al sistema pensional.

15. Sostuvo que, la pensión de jubilación, reconocida a la demandante,
mediante Resolución No. 003608 del Dieciocho (18) de marzo de Mil
Novecientos Noventa y Siete (1997), al igual que, la reliquidación efectuada a
través de la Resolución No. 57246 del Treinta (30) de octubre de Dos Mil Seis

4
Expediente digital – Samai – Gestión en otros despachos – índice 00051 - 5_ED_LINKEXPEDIENTEDIGI(.pdf). –
680012333000-2015-00553-00 – 009ContestacionDemanda.

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Demandante: María Antonieta Collazos Pico
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social UGPP

(2006), fueron liquidadas con fundamento en la Ley 33 de 1985 y la Ley 62 de
1985, aplicando el setenta y cinco por ciento (75%) sobre el salario promedio
base de aportes durante el último año de servicios.

16. Indicó que, contrario a lo afirmado por la demandante, no todos los
conceptos devengados tenían naturaleza salarial, ni podían integrar la base
de liquidación pensional, en tanto, únicamente debían incluirse aquellos
factores expresamente previstos en la Ley 62 de 1985, y respecto de los
cuales, se hubiesen efectuado cotizaciones al sistema pensional.

17. Señaló que, las primas de servicios, navidad y vacaciones, así como otros
conceptos reclamados, correspondían a prestaciones sociales, y no, a factores
salariales computables para efectos pensionales, razón por la cual, no
resultaba procedente acceder a la reliquidación pretendida. Asimismo,
manifestó que, el reconocimiento de prestaciones sobre factores no cotizados
afectaría la sostenibilidad financiera del sistema pensional y desconocería el
principio de solidaridad.

18. Manifestó que, la demandante, adquirió el estatus pensional con
anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, por lo que, su
situación jurídica debía regirse íntegramente por la Ley 33 de 1985 y la Ley 62
de 1985, sin que resultaran aplicables las reglas jurisprudenciales invocadas,
sobre inclusión amplia de factores salariales.

19. Finalmente, propuso como excepciones previas y de fondo, la inepta
demanda por falta del requisito de conciliación prejudicial, inepta demanda por
ausencia de requisitos sustanciales5, inexistencia de la obligación, falta de
legitimación material en la causa, prescripción de las diferencias pensionales
reclamadas, carencia del derecho reclamado, falta de título y causa y la
excepción genérica.

5
Mediante providencia de Cuatro (4) de marzo de Dos Mil Veinticinco (2025), el Tribunal Administrativo de Santander,
dispuso obedecer y cumplir lo resuelto por la Sección Segunda – Subsección B del Consejo de Estado, que confirmó
el auto de catorce (14) de abril de dos mil veintiuno (2021), mediante el cual, se negó el llamamiento en garantía
formulado por la UGPP, contra la Secretaría de Educación de Bucaramanga; adicionalmente, declaró no probada la
excepción previa de inepta demanda por falta de requisitos sustanciales.

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Demandante: María Antonieta Collazos Pico
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3. La sentencia de primera instancia6.

20. El Tribunal Administrativo de Santander, mediante sentencia del Veintitrés
(23) de octubre de Dos Mil Veinticinco (2025), dispuso:

«Primero. Declárase la nulidad parcial de las Resoluciones No. 003608 del 18
de marzo de 1997 No. 57246 del 13 de octubre de 2006, y la nulidad de las
Resoluciones PAP 056835 del 10 de junio de 2011, RDP 008094 del 27 de
febrero de 2015 y RDP 017535 del 6 de mayo de 2015, conforme con los
argumentos expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Segundo. Ordénase a la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP,
a título de restablecimiento del derecho, reliquidar la pensión de jubilación
reconocida a la señora María Antonieta Collazos Pico, en cuantía del 75% del
promedio de lo devengado en el último año de servicios, teniendo en cuenta
para tal efecto, además de los factores salariales ya reconocidos en la
Resolución No. 57246 del 13 de octubre de 2006, la prima técnica, prima de
servicio, prima de vacaciones y prima de navidad, conforme a lo certificado por
la entidad empleadora y lo previsto en la Ley 6 de 1945, normas concordantes
y el Decreto 1045 de 1978, con aplicación de los reajustes de Ley y descontando
las sumas que hayan sido pagadas.

Tercero. Declárase probada la excepción de prescripción trienal de los
derechos de la señora María Antonieta Collazos Pico, con anterioridad al 6 de
noviembre de 2014.

Cuarto. Ordénase a la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
pagar a la señora María Antonieta Collazos Pico las diferencias pensionales
causadas y no pagadas, debidamente indexadas con fundamento en el artículo
187 de la ley 1437 de 2011, para lo cual se aplicará la siguiente fórmula:

𝑅 = 𝑅ℎ índice Final
índice Inicial

El valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh), que es
el que corresponde a la prestación social, por el guarismo que resulta de dividir
el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE (vigente a la
fecha de ejecutoria de esta sentencia) por el índice inicial (vigente en la fecha
en que debería efectuarse el pago). Los intereses serán reconocidos en la forma
señalada en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo. Por tratarse de pagos de tracto sucesivo la fórmula se aplicará
separadamente, mes por mes.

Quinto. Sin condena en costas de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.

Sexto. La entidad demandada dará cumplimiento a esta sentencia dentro de los
términos establecidos en los artículos 192, y 195 del CPACA.
[…]»

6
Expediente digital – Samai – Gestión en otros despachos – índice 00079.

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Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
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21. En primer lugar, el Tribunal precisó que, aunque en los actos
administrativos demandados, se indicó que, la pensión había sido reconocida
con fundamento en las leyes 33 y 62 de 1985, lo cierto es que, la entidad, tuvo
en cuenta que, la demandante consolidó su estatus pensional al cumplir 50
años de edad, y no cincuenta y cinco (55) años, circunstancia que, evidenciaba
la aplicación del régimen de transición, previsto en el parágrafo 2° del artículo
1° de la Ley 33 de 1985.

22. En segundo término, explicó que, la demandante, para el Trece (13) de
febrero de Mil Novecientos Ochenta y Cinco (1985), fecha de entrada en
vigencia de la Ley 33 de 1985, contaba con más de Quince (15) años de
servicios, razón por la cual, era beneficiaria del régimen de transición allí
previsto, que remitía a la aplicación integral de la Ley 6ª de 1945, incluyendo
edad, tiempo de servicio, monto e ingreso base de liquidación.

23. Señaló que, conforme al principio de inescindibilidad de la ley, en materia
pensional y a la jurisprudencia del Consejo de Estado, el régimen de transición
debía aplicarse integralmente, por lo que, además de la Ley 6ª de 1945,
resultaban aplicables las disposiciones del Decreto 1045 de 1978, respecto de
los factores salariales computables para la liquidación de la prestación.

24. Indicó que, si bien la Resolución No. 57246 del Trece (13) de octubre de
Dos Mil Seis (2006), reliquidó la pensión, con base en el último año de
servicios, únicamente incluyó como factores salariales, la asignación básica,
la bonificación por servicios prestados y la prima de antigüedad, pese a que,
se encontraba acreditado que, la demandante devengó además prima técnica,
prima de servicios, prima de vacaciones, prima de navidad y bonificación por
recreación.

25. Con fundamento en lo anterior, concluyó que, la administración desconoció
el régimen de transición aplicable a la demandante, al omitir la inclusión de
factores salariales expresamente previstos en el artículo 45 del Decreto 1045
de 1978, razón por la cual, procedía la nulidad parcial de los actos
administrativos demandados y la reliquidación pensional con inclusión de la
prima técnica, prima de servicios, prima de vacaciones y prima de navidad.

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26. Finalmente, el Tribunal declaró probada parcialmente, la excepción de
prescripción trienal, al considerar que, las diferencias pensionales causadas
con anterioridad al Seis (6) de noviembre de Dos Mil Catorce (2014), se
encontraban prescritas, tomando como fecha de interrupción la reclamación
administrativa presentada el Seis (6) de noviembre de Dos Mil Once (2011),
Asimismo, negó la condena en costas al no advertir actuación temeraria o
carente de fundamento por parte de la entidad demandada.

4. El recurso de apelación7.

27. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP, por conducto de apoderada
judicial, interpuso recurso de apelación, contra la sentencia del Veintitrés (23)
de octubre de Dos Mil Veinticinco (2025), al considerar que, la decisión incurrió
en una errónea interpretación normativa y probatoria, al concluir que la
demandante, era beneficiaria del régimen de transición previsto en el
parágrafo 2° del artículo 1° de la Ley 33 de 1985.

28. Sostuvo que, la pensión reconocida a la demandante, fue liquidada
conforme al régimen jurídico aplicable, esto es, las Leyes 33 y 62 de 1985,
teniendo en cuenta, únicamente, los factores salariales sobre los cuales se
efectuaron aportes al sistema pensional, como la asignación básica, la
bonificación por servicios prestados y la prima de antigüedad.

29. Señaló que, el Tribunal incurrió en error, al considerar procedente la
aplicación de la Ley 6ª de 1945 y del Decreto 1045 de 1978, para efectos de
la reliquidación pensional, pues, en su criterio, los factores salariales
computables se encuentran taxativamente previstos en la Ley 62 de 1985,
disposición que, no contempla la inclusión de primas de servicios, vacaciones
o navidad.

30. Indicó que, conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional,
únicamente pueden integrar el ingreso base de liquidación, aquellos factores

7
Expediente digital – Samai – Gestión en otros despachos – índice 00082.

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expresamente definidos por el legislador, y respecto de los cuales, se hubieren
efectuado aportes al sistema, razón por la cual, no resultaba jurídicamente
viable incluir conceptos prestacionales no previstos en la ley.

31. Finalmente, afirmó que, la decisión de primera instancia comprometía la
sostenibilidad financiera del sistema pensional y desconocía la destinación
específica de los recursos de la seguridad social, motivo por el cual, solicitó
revocar la sentencia apelada y, en su lugar, negar las pretensiones de la
demanda.

5. Trámite de segunda instancia

32. Con auto del Ocho (08) de abril de Dos Mil Veintiséis (2026)8, el consejero
sustanciador admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante y en virtud del numeral 5 del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021,
que modificó el artículo 247 de la Ley 1437 de 2011, se prescindió de la etapa
de alegaciones y ordenó que, una vez ejecutoriada la providencia, el
expediente regresara al despacho para proferir la decisión correspondiente.

6. Concepto del Ministerio Público.

33. El representante del Ministerio Público, se abstuvo de rendir concepto.

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia

34. El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia
de este proceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del
CPACA9.

8
Índice 00004 expediente digital – Samai.
9
Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia. Modificado por el art. 615, Ley 1564 de
2012. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones
de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de
apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los
extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.

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Demandante: María Antonieta Collazos Pico
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2.2 Problema jurídico

35. Corresponde a la Sala establecer:

¿Debe revocarse la sentencia del Veintitrés (23) de octubre de Dos Mil
Veinticinco (2025), proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, que
declaró la nulidad parcial de los actos administrativos demandados, y ordenó la
reliquidación de la pensión de jubilación, de la señora María Antonieta Collazos
Pico, con inclusión de la prima técnica, prima de servicios, prima de vacaciones
y prima de navidad? Con tal fin, se debe verificar:

i) ¿La señora María Antonieta Collazos Pico, era beneficiaria del régimen
de transición previsto en el parágrafo 2° del artículo 1° de la Ley 33 de
1985 y, en consecuencia, su situación pensional debía regirse
integralmente por la Ley 6ª de 1945 y el Decreto 1045 de 1978,
particularmente, en lo relacionado con los factores salariales
computables para la liquidación de la prestación?

ii) ¿Los factores salariales reclamados por la demandante,
particularmente, la prima técnica, prima de servicios, prima de
vacaciones y prima de navidad, podían integrar la base de liquidación
pensional, o, por el contrario, únicamente debían incluirse los factores
expresamente previstos en la Ley 62 de 1985 y sobre los cuales se
efectuaron aportes al sistema pensional?

36. Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los
siguientes aspectos: 2.3 Marco normativo y jurisprudencial; 2.4 Hechos
probados; 2.5. Caso concreto y 2.6. Condena en costas.

2.3 Marco normativo y jurisprudencial.

2.3.1 La pensión de jubilación en la Ley 33 de 1985: requisitos y alcance.

37. Con la expedición de la Ley 33 de 1985, el legislador estableció, el régimen
general de pensión de jubilación, para los empleados oficiales, fijando como

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requisitos esenciales la edad y el tiempo de servicios, en el marco del sistema
de cajas de previsión social vigente para la época.

38. En efecto, el artículo 1º de dicha normativa, dispuso que, el empleado
oficial, que hubiere servido veinte (20) años continuos o discontinuos y
alcanzara la edad de cincuenta y cinco (55) años, tendría derecho, al
reconocimiento de una pensión, mensual vitalicio equivalente al 75% del
salario promedio, que sirvió de base, para los aportes durante el último año de
servicio.

39. De acuerdo con lo anterior, la pensión de jubilación, prevista en la Ley 33
de 1985, se estructura sobre dos elementos concurrentes: (i) un requisito
temporal, consistente en la acreditación de veinte (20) años de servicio; y (ii)
un requisito etario, relativo al cumplimiento de la edad mínima, cuya
concurrencia resulta indispensable para la consolidación del derecho
pensional.

40. En lo que respecta al ingreso base de liquidación, el artículo 3º de la misma
ley —modificado por la Ley 62 de 1985—, estableció que, las pensiones deben
liquidarse, sobre los mismos factores, que sirvieron de base para calcular los
aportes, tales como asignación básica, gastos de representación, primas,
horas extras y demás factores salariales.

41. En ese sentido, la Ley 33 de 1985, no solo definió los requisitos de acceso
a la prestación, sino que, también fijó reglas claras, en relación con la base de
liquidación, garantizando correspondencia entre los aportes efectuados y el
monto de la pensión reconocida.

42. De acuerdo con todo lo expuesto, la pensión de jubilación, regulada en la
Ley 33 de 1985, constituye un derecho prestacional, condicionado al
cumplimiento estricto, del tiempo de servicios, y edad, esto es, veinte (20) años
de servicio y cincuenta y cinco (55) años de edad, los cuales se erige como
elemento estructural del reconocimiento pensional.

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2.3.2 Régimen de transición previsto en la Ley 33 de 1985.

43. El parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 33 de 1985, consagró un régimen
de transición, dirigido a proteger las expectativas pensionales, de aquellos
empleados oficiales que, al momento de entrada en vigencia de dicha ley —
esto es, el Trece (13) de febrero de Mil Novecientos Ochenta y Cinco (1985)—
, hubieran consolidado una situación jurídica relevante, en términos de tiempo
de servicio.

44. En concreto, la norma dispuso que, los empleados oficiales que, a esa
fecha hubieran cumplido quince (15) años de servicio, continuarían rigiéndose,
por las disposiciones anteriores, en materia de edad de jubilación, esto es, las
contenidas en la Ley 6ª de 1945 y normas concordantes; así mismo, previó
que, quienes hubieren completado veinte (20) años de servicio y se
encontraran retirados del servicio, conservarían el derecho a pensionarse
conforme al régimen anterior, al cumplir la edad exigida.

45. De acuerdo con ello, el régimen de transición de la Ley 33 de 1985, no
opera de manera automática, sino que, exige el cumplimiento de un
presupuesto objetivo, consistente, en acreditar un tiempo mínimo de servicios,
al momento de su entrada en vigencia.

46. En consecuencia, la determinación del régimen aplicable, en cada caso
concreto, exige establecer con precisión, el tiempo de servicios
acreditado al Trece (13) de febrero de Mil Novecientos Ochenta y Cinco
(1985), pues de ello depende, la posibilidad de aplicar normas anteriores más
favorables o, en su defecto, el sometimiento al régimen general de la Ley 33
de 1985.

2.3.3 De la liquidación de la pensión de los beneficiarios del régimen de
transición de la Ley 33 de 1985.

47. En armonía con lo expuesto en el acápite anterior, al igual que la Ley 100
de 1993, la Ley 33 de 1985, previó un régimen de transición, en el parágrafo
2 del artículo 1°, para los empleados públicos, en los siguientes términos:

13

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«ARTÍCULO 1º.- El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20)
años continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55)
tendrá derecho a que por la respectiva Caja de Previsión se le pague una
pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por
ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes
durante el último año de servicio. No quedan sujetos a esta regla general
los empleados oficiales que trabajan en actividades que por su naturaleza
justifiquen la excepción que la Ley haya determinado expresamente, ni
aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones.

En todo caso, a partir de la fecha de vigencia de esta Ley, ningún empleado
oficial, podrá ser obligado, sin su consentimiento expreso y escrito, a
jubilarse antes de la edad de sesenta años (60), salvo las excepciones que,
por vía general, establezca el Gobierno. […]

PARÁGRAFO 2º. Para los empleados oficiales que a la fecha de la
presente Ley hayan cumplido quince (15) años continuos o
discontinuos de servicio, continuarán aplicándose las disposiciones
sobre edad de jubilación que regían con anterioridad a la presente
Ley.

Quienes con veinte (20) años de labor continua o discontinua como
empleados oficiales, actualmente se hallen retirados del servicio, tendrán
derecho cuando cumplan los cincuenta (50) años de edad, si son mujeres,
o cincuenta y cinco (55), si son varones, a una pensión de jubilación que
se reconocerá y pagará de acuerdo con las disposiciones que regían en el
momento de su retiro. […]» Se resalta.

48. De la lectura de la citada norma, se identifican dos grupos de
destinatarios del régimen de transición: (i) quienes a la fecha de entrada en
vigencia de la Ley 33 de 1985 (13 de febrero de 1985), acreditaran 15 años
de servicio al Estado, tendrían derecho a la aplicación del requisito de edad,
que regía en normas anteriores; y (ii) los que tuviesen 20 años de servicio,
como empleados oficiales y, estuvieran retirados del servicio en el momento
en que entró a regir la referida ley, quienes obtendrían una pensión de
jubilación a los 50 años de edad en el caso de las mujeres y, 55 en el de
los hombres, esto, aplicando, para reconocimiento y pago, las normas
vigentes a la fecha de retiro.

49. Así entonces, la norma anterior aplicable, para el primer grupo de
beneficiarios del régimen de transición, sería la dispuesta en el Decreto –
Ley 3135 de 1968, sin embargo, como la misma Ley 33 de 1985, en su
artículo 25, lo derogó, esta Corporación, sostuvo, en diferentes

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posiciones10, que la citada transición remitiría a la Ley 6ª de 1945, la cual,
al igual que el derogado Decreto, permitía el reconocimiento pensional con
50 años de edad.

50. No obstante, también se presentaron distintas posturas en esta
Colegiatura11, en las que se propendía la aplicación del artículo 27 del
Decreto 3135 de 1968 a los beneficiarios del primer inciso del parágrafo 2
del artículo 1 de la Ley 33 de 1985 (los que hubieran cumplido 15 años
continuos o discontinuos de servicio); por esta razón, a efectos de llegar a
un consenso, mediante sentencia del seis (6) de Agosto de Dos Mil Veinte
(2020)12, esta Sección, definió que, en cuanto a la edad de jubilación, «[…]
para el caso de los servidores públicos del orden nacional [se aplicaría] el Decreto 3135
de 1968, y frente a los del orden territorial, la Ley 6ª de 1945 […]».

51. De otra parte, respecto al Ingreso Base de Liquidación la Sala Plena de
esta Corporación, mediante sentencia de unificación del Veintiocho (28) de
Agosto de Dos Mil Dieciocho (2018), concluyó que, el ingreso base de
liquidación, no fue objeto de la transición establecida en el inciso 3 del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, de manera que, a los beneficiarios de la
pensión, se les debe calcular con los requisitos de edad, tiempo y tasa de
reemplazo de la norma anterior, pero, los factores, serán aquellos que
hayan servido como base para realizar los aportes, conforme a lo previsto
en el Decreto 1158 de 1994.

52. No obstante, la Sala considera necesario, precisar que, en el precedente
citado, no constituye el referente normativo principal, para resolver el caso
concreto, habida cuenta que la demandante, consolidó su estatus pensional
con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993. En
consecuencia, la referencia a dicha sentencia se realiza como parámetro
interpretativo, respecto de la postura adoptada por esta Corporación, en torno

10
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencias del 16 de diciembre de 2009, radicación: 25000-23-25-000-2002-
00474-01(1754 06), demandante: German Rodríguez Carmona; del 31 de enero de 2019, radicado:
730012331000201100659 01 (3005-2016), demandante: José Álvaro Ortiz; del 16 de diciembre de 2009, radicación:
250002325000200200474 01(1754 -06); y sentencia del 19 de noviembre de 2009, radicación:
250002325000200401634 01(1028-07), actor: Raúl Armando Quiñones Villarreal.
11
Por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 3 de junio de 2010, radicación:
25000-23-25 000-2001-2014-01 (1183-07), demandante: Jaime Severo Torres Morales.
12
Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 6 de agosto de 2020. Exp. Núm. 47001-23-33-
000-2015-00314 01 (3049-2017)

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a la taxatividad de los factores salariales, que integran el ingreso base de
liquidación, criterio que, modificó la tesis anteriormente sostenida en la
sentencia de unificación del Cuatro (4) de Agosto de Dos Mil Diez (2010)13.

2.4 Hechos probados y valoración del material probatorio.

53. Con fundamento en el material probatorio obrante en el expediente,
valorado en su integridad y conforme a las reglas de la sana crítica, la Sala
tiene por acreditados los siguientes hechos, relevantes para resolver el caso
concreto:

54. La señora María Antonieta Collazos Pico, nació el Dieciséis (16) de octubre
de Mil Novecientos Cuarenta y Tres (1943), conforme consta en el registro civil
y en el documento de identificación allegados al expediente14.

55. Obra certificación, expedida por la rectora y pagadora de la Escuela Normal
Nacional de Señoritas, en la cual, consta que la demandante, prestó sus
servicios en dicha institución, inicialmente, en el cargo de Auxiliar de Biblioteca
III, desde el Dos (2) de noviembre de Mil Novecientos Sesenta y Cinco (1965),
y posteriormente, como ayudante de oficina a partir del Dieciséis (16) de
agosto de Mil Novecientos Sesenta y Cinco (1965) hasta el Treinta y Uno (31)
de diciembre de Mil Novecientos Sesenta y Ocho (1968)15.

56. Mediante Resolución No. 003608 del Dieciocho (18) de marzo de Mil
Novecientos Noventa y Siete (1997)16, la Caja Nacional de Previsión Social –
Cajanal E.I.C.E., reconoció y ordenó el pago de una pensión mensual vitalicia
de jubilación, a favor de la señora María Antonieta Collazos Pico, con
efectividad a partir del Primero (1°) de junio de Mil Novecientos Noventa y
Cinco (1995), condicionada al retiro definitivo del servicio; en dicho acto
administrativo, se indicó que, la demandante adquirió el estatus jurídico de

13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Consejero Ponente Víctor Hernando
Alvarado Ardila, sentencia del Cuatro (4) de Agosto de Dos Mil Diez (2010), radicación No. 25000-23-25-000-2006-
07509-01(0112-09).
14
Expediente digital – Samai – Gestión en otros despachos – índice 00051 - 5_ED_LINKEXPEDIENTEDIGI(.pdf). –
680012333000-2015-00553-00 – Cuaderno No. 1 – 001DemandaYAnexos.pdf - 120.pdf – folio 2.
15
Expediente digital – Samai – Gestión en otros despachos – índice 00051 - 5_ED_LINKEXPEDIENTEDIGI(.pdf). –
680012333000-2015-00553-00 – Cuaderno No. 1 – 001DemandaYAnexos.pdf – folio 24 a 36.
16
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680012333000-2015-00553-00 – Cuaderno No. 1 – 001DemandaYAnexos.pdf – folio 3 a 5.

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pensionada el Dieciséis (16) de octubre de Mil Novecientos Noventa y Tres
(1993), al cumplir Cincuenta (50) años de edad, y que, para la liquidación de
la prestación, se aplicaron las leyes 33 y 62 de 1985, tomando como base los
factores salariales percibidos en el último año de servicios, particularmente la
asignación básica, dominicales y feriados y bonificación por servicios
prestados.

57. Posteriormente, mediante Resolución No. 57246 del Trece (13) de octubre
de Dos Mil Seis (2006)17, Cajanal E.I.C.E., reliquidó la pensión reconocida a la
demandante, con fundamento en el setenta y 75% del promedio de lo
devengado durante el último año de servicios, incluyendo los factores de
asignación básica, bonificación por servicios prestados y prima de antigüedad.

58. De conformidad con lo consignado en la Resolución No. 57246 del Trece
(13) de octubre de Dos Mil Seis (2006), la demandante fue retirada del servicio,
mediante Resolución No. 805 del Dieciocho (18) de noviembre de Dos Mil Tres
(2003), con efectos fiscales a partir del Tres (3) de diciembre de Dos Mil Tres
(2003).

59. Mediante Resolución No. PAP 056835 del Diez (10) de junio de Dos Mil
Once (2011)18, la entidad demandada, negó la solicitud de reliquidación

17
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680012333000-2015-00553-00 – Cuaderno No. 1 – 001DemandaYAnexos.pdf – folio 6 a 9.
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680012333000-2015-00553-00 – Cuaderno No. 1 – 001DemandaYAnexos.pdf – folio 10 a 14.

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pensional, elevada por la señora María Antonieta Collazos Pico, encaminada
a obtener la inclusión de la totalidad de los factores salariales devengados
durante el último año de servicios, al considerar que, únicamente podían
computarse los factores expresamente previstos en la Ley 62 de 1985,
disposición que, no contempla las primas de navidad, vacaciones, servicios, ni
los auxilios de transporte y alimentación.

60. A través de la Resolución No. RDP 008094 del Veintisiete (27) de febrero
de Dos Mil Quince (2015)19, la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, negó
nuevamente la reliquidación de la pensión, al estimar que, la liquidación
efectuada mediante Resolución No. 57246 del Treinta (30) de octubre de Dos
Mil Seis (2006), se ajustaba a la Ley 62 de 1985 y que, no resultaba procedente
incluir las primas de servicios, vacaciones y navidad, por no encontrarse
previstas taxativamente en dicha normativa.

61. Contra la anterior decisión, la demandante interpuso recurso de apelación,
resuelto desfavorablemente mediante Resolución No. RDP 017535 del Seis
(6) de mayo de Dos Mil Quince (2015)20, en la cual, la administración reiteró
los argumentos expuestos en el acto administrativo recurrido, confirmándolo
en todas sus partes.

62. Finalmente, según certificación expedida por la Secretaría de Educación
de Bucaramanga, el Diecisiete (17) de agosto de Dos Mil Diez (2010) 21, la
señora María Antonieta Collazos Pico, devengó entre el Primero (1°) de enero
y el Dos (2) de diciembre de Dos Mil Tres (2003), además de la asignación
básica, prima técnica administrativa, bonificación por servicios prestados,
prima de servicios de junio, prima de vacaciones, prima de navidad y
bonificación por recreación.

19
Expediente digital – Samai – Gestión en otros despachos – índice 00051 - 5_ED_LINKEXPEDIENTEDIGI(.pdf). –
680012333000-2015-00553-00 – Cuaderno No. 1 – 001DemandaYAnexos.pdf – folio 15 a 19.
20
Expediente digital – Samai – Gestión en otros despachos – índice 00051 - 5_ED_LINKEXPEDIENTEDIGI(.pdf). –
680012333000-2015-00553-00 – Cuaderno No. 1 – 001DemandaYAnexos.pdf – folio 20 a 22.
21
Expediente digital – Samai – Gestión en otros despachos – índice 00051 - 5_ED_LINKEXPEDIENTEDIGI(.pdf). –
680012333000-2015-00553-00 – Cuaderno No. 1 – 001DemandaYAnexos.pdf – folio 23.

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2.5. Caso concreto.

63. Como punto de partida, la Sala encuentra acreditado que, la demandante
nació el Dieciséis (16) de octubre de Mil Novecientos Cuarenta y Tres (1943) y
que, prestó sus servicios al Ministerio de Educación Nacional —inicialmente en
la Escuela Normal Nacional de Señoritas y posteriormente en la Secretaría de
Educación Municipal de Bucaramanga— desde el Dos (2) de noviembre de Mil
Novecientos Sesenta y Cinco (1965), circunstancia que permite concluir que,
para el Trece (13) de febrero de Mil Novecientos Ochenta y Cinco (1985), fecha
de entrada en vigencia de la Ley 33 de 1985, contaba con más de Quince (15)
años de servicio.

64. Lo anterior implica que, la señora María Antonieta Collazos Pico, era
beneficiaria del régimen de transición previsto en el parágrafo 2° del artículo 1°
de la Ley 33 de 1985, razón por la cual, conservaba el derecho a pensionarse
con la edad prevista en la normativa anterior aplicable.

19

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65. En efecto, la Sala encuentra demostrado que, la administración reconoció
su pensión de jubilación mediante Resolución No. 003608 del Dieciocho (18)
de marzo de Mil Novecientos Noventa y Siete (1997), al considerar que,
adquirió el estatus pensional el Dieciséis (16) de octubre de Mil Novecientos
Noventa y Tres (1993), cuando cumplió Cincuenta (50) años de edad.

66. No obstante, contrario a lo concluido por el Tribunal, la sola circunstancia
que la demandante, fuera beneficiaria del régimen de transición, previsto en la
Ley 33 de 1985, no conduce automáticamente a la aplicación integral de la Ley
6ª de 1945 y del Decreto 1045 de 1978, en materia de ingreso base de
liquidación y factores salariales computables, pues dicha interpretación
desconoce la evolución jurisprudencial fijada por la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en la sentencia de
unificación del Veintiocho (28) de agosto de Dos Mil Dieciocho (2018), en la que
se precisó que, el ingreso base de liquidación y los factores salariales no
necesariamente quedan sometidos íntegramente al régimen anterior, y que, en
tratándose de regímenes de transición, únicamente deben tenerse en cuenta
los factores sobre los cuales se efectuaron cotizaciones al sistema pensional.

67. En efecto, en el presente asunto, se encuentra acreditado que, la señora
María Antonieta Collazos Pico, consolidó su estatus pensional el Dieciséis (16)
de octubre de Mil Novecientos Noventa y Tres (1993), esto es, con anterioridad
a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, razón por la cual, su situación
jurídica se rige por la Ley 33 de 1985 y por el régimen de transición previsto en
el parágrafo 2° de su artículo 1°, sin que resulte aplicable el régimen de
transición contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

68. Bajo ese entendido, la Sala advierte que, la sentencia de unificación
proferida por el Consejo de Estado el Veintiocho (28) de agosto de Dos Mil
Dieciocho (2018), si bien interpretó el alcance del régimen de transición previsto
en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, constituye un referente relevante
respecto de la postura jurisprudencial adoptada por esta Corporación, en torno
a la necesidad de liquidar las prestaciones pensionales, con fundamento en los
factores salariales expresamente definidos por el legislador como base de
cotización.

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69. En consecuencia, el estudio de los factores salariales computables en el
caso concreto debe efectuarse a partir de lo dispuesto en la Ley 62 de 1985,
norma que, modificó el artículo 3° de la Ley 33 de 1985 y determinó
expresamente, cuáles factores salariales, debían servir de base para los
aportes y para la liquidación pensional, entre ellos: la asignación básica, los
gastos de representación, las primas de antigüedad, técnica, ascensional y de
capacitación, los dominicales y feriados, las horas extras, la bonificación por
servicios prestados y el trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna
o en días de descanso obligatorio.

70. En el caso concreto, la Sala encuentra acreditado que, mediante Resolución
No. 57246 del Trece (13) de octubre de Dos Mil Seis (2006), Cajanal reliquidó
la pensión de jubilación de la demandante aplicando el 75% del promedio de lo
devengado, durante el último año de servicios e incluyendo como factores
salariales la asignación básica, la bonificación por servicios prestados y la prima
de antigüedad.

71. Asimismo, se encuentra demostrado que, durante el periodo comprendido
entre el Primero (1°) de enero y el Dos (2) de diciembre de Dos Mil Tres (2003),
la señora María Antonieta Collazos Pico, percibió además prima técnica
administrativa, prima de servicios, prima de vacaciones, prima de navidad y
bonificación por recreación.

72. Ahora bien, en lo que respecta específicamente a la prima técnica
administrativa, observa la Sala que, dicho factor salarial sí se encuentra
expresamente previsto en la Ley 62 de 1985, como factor computable para
efectos pensionales, razón por la cual, su inclusión no depende exclusivamente
de que se hubieren acreditado cotizaciones efectivas sobre dicho concepto,
pues conforme a la jurisprudencia unificada de esta Corporación, la omisión del
empleador en efectuar los descuentos o aportes correspondientes no puede
trasladarse al trabajador cuando se trata de factores que legalmente debían
integrar la base de cotización.

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73. Distinta situación ocurre respecto de la prima de servicios, la prima de
vacaciones, la prima de navidad y la bonificación por recreación, toda vez que
dichos conceptos no fueron previstos expresamente por la Ley 62 de 1985
como factores salariales computables para efectos pensionales dentro del
régimen aplicable a la demandante.

74. En consecuencia, la Sala concluye que, el Tribunal Administrativo de
Santander, incurrió en exceso al ordenar la inclusión de factores no previstos
en la Ley 62 de 1985. Por ello, únicamente resulta procedente la inclusión de
la prima técnica administrativa, junto con los factores ya reconocidos por la
administración.

75. Así las cosas, se impone modificar la sentencia de primera instancia, en el
sentido de limitar la reliquidación pensional a la inclusión de la prima técnica
administrativa, como factor computable, para determinar el ingreso base de
liquidación, de la prestación reconocida a la señora María Antonieta Collazos
Pico, y negar las demás pretensiones relacionadas con la incorporación de
primas y bonificaciones no previstas en la Ley 62 de 1985.

76. Finalmente, la Sala advierte que, la sentencia de primera instancia incurrió
en una inconsistencia entre la parte motiva y la resolutiva, en relación con la
excepción de prescripción trienal. En efecto, mientras en las consideraciones el
Tribunal concluyó que, las diferencias pensionales causadas con anterioridad
al Seis (6) de noviembre de Dos Mil Once (2011), se encontraban prescritas, al
tomar como fecha de interrupción la reclamación administrativa presentada el
Seis (6) de noviembre de Dos Mil Catorce (2014), en la parte resolutiva declaró
probada la prescripción «con anterioridad al 6 de noviembre de 2014»,
conclusión que no resulta congruente con el análisis efectuado en la motivación.

77. En consecuencia, y con el fin de garantizar coherencia interna en la
providencia y certeza respecto del alcance de la decisión judicial, la Sala
precisará que, la excepción de prescripción trienal, se encuentra probada
respecto de las diferencias pensionales causadas con anterioridad al Seis (6)
de noviembre de Dos Mil Once (2011), conforme a las razones expuestas por
el Tribunal y a lo dispuesto en el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969.

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2.6 Condena en costas

78. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la
Sala temeridad o mala fe, sino simplemente la defensa propia de sus intereses,
es decir, no se cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 del
CPACA, por tanto, no se impondrá condena en costas en esta instancia.

79. En ese orden de ideas, teniendo en cuenta que, en el trámite no se observa
que se hayan causado, ni de las partes un actuar temerario, esta Sala no
condenará en costas a la parte vencida.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda - Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: MODIFICAR, los ordinales segundo y tercero de la sentencia del
Veintitrés (23) de octubre de Dos Mil Veinticinco (2025), proferida por el
Tribunal Administrativo de Santander, los cuales quedarán así:

«SEGUNDO. A título de restablecimiento del derecho, ORDENAR a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – UGPP reliquidar la pensión de jubilación reconocida a la señora
María Antonieta Collazos Pico, en cuantía equivalente al setenta y cinco por ciento
(75%) del promedio de lo devengado durante el último año de servicios, incluyendo
para tal efecto, además de los factores salariales ya reconocidos en la Resolución
No. 57246 del Trece (13) de octubre de Dos Mil Seis (2006), únicamente la prima
técnica administrativa, conforme a las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia, con aplicación de los reajustes de ley y descontando las sumas
que hayan sido pagadas.

TERCERO. DECLARAR probada parcialmente la excepción de prescripción
trienal respecto de las diferencias pensionales causadas con anterioridad al Seis
(6) de noviembre de Dos Mil Once (2011).»

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia del Veintitrés (23) de
octubre de Dos Mil Veinticinco (2025), proferida por el Tribunal Administrativo
de Santander, conforme a lo considerado en la parte motiva de esta
providencia.

23

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TERCERO: Sin condena en costas en ambas instancias.

CUARTO: Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones y constancias de rigor.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad.
Integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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