Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-05698-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-05698-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-05698-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
1 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA CUARTA ESPECIAL DE DECISIÓN
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá, D. C., veintiséis (26) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Medio de control: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05698-00
Demandante: JOSÉ ADÁN RENGIFO RAMÍREZ
Providencia objeto SENTENCIA DEL 21 DE AGOSTO DE 2024,
de revisión: PROFERIDA POR EL CONSEJO DE ESTADO,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
Temas: Procedencia de la causal octava de revisión por
desconocimiento de la cosa juzgada constitucional.
Actualización y reajuste de la asignación mensual y de
retiro de miembros de la fuerza pública.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala procede a resolver la demanda que contiene el recurso extraordinario de
revisión interpuesto por el señor José Adán Rengifo Ramírez contra la sentencia
del 21 de agosto de 2024, proferida por la Sección Segunda, Subsección A del
Consejo de Estado1. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo
249 del CPACA2, en concordancia con los artículos 125.2 y 111.2 ibidem, así como
el artículo 29.1 del Acuerdo n. º 080 de 20193, que contiene el reglamento de esta
Corporación.
Mediante providencia del 10 de octubre de 2025, el despacho ponente inadmitió
la demanda4. Posteriormente, en auto del 15 de diciembre de 2025, admitió el
recurso de la referencia5 y, en proveído del 6 de julio de 2026, decretó pruebas6.
1 En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único
de radicación 73001-23-33-000-2020-00454-01 (3512-2022).
2 «De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o subsecciones del Consejo
de Estado conocerá la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sin exclusión de la sección que profirió la
decisión.»
3 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
4 Ello, tras advertirse que el recurrente no allegó el poder para la interposición de la demanda, con las
formalidades exigidas por el artículo 5 de la Ley 2213 de 2022.
5
Asimismo, se corrió traslado de la demanda y sus anexos a la Nación, Ministerio de Defensa, Policía
Nacional, a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional y al Ministerio Público. Índice 12 de Samai.
6 En esta providencia, se ordenó tener como pruebas las aportadas con el recurso de revisión. Índice 29 de
Samai.
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Demandante: José Adán Rengifo Ramírez
Recurso Extraordinario de Revisión
I. ANTECEDENTES
1.1. Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
1. El señor José Adán Rengifo Ramírez ejerció el medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho en contra de la Nación – Ministerio de Defensa –
Policía Nacional y la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (en adelante
CASUR), con el fin de que se anularan los oficios S-2019-069352/ANOPA-GRULI-
1.10 del 19 de noviembre de 2019 y 533799 del 29 de enero de 2020 proferidos
por las autoridades demandadas, respectivamente.
2. En dichos actos administrativos le fue negada la reliquidación de su salario
y asignación de retiro con base en la variación del Índice de Precios al Consumidor
(en lo sucesivo IPC) entre 1992 y 20047.
3. Por ende, a título de restablecimiento del derecho, solicitó la reliquidación y
reajuste de la asignación básica y de las demás prestaciones devengadas
teniendo en cuenta el IPC, de acuerdo con la remuneración de un oficial en el
grado de general o almirante. A su vez, pidió que se ajustara su asignación de
retiro teniendo en cuenta los nuevos valores a que tiene derecho en su base
salarial.
4. En primera instancia, la demanda le correspondió al Tribunal Administrativo
del Tolima, autoridad judicial que, en el fallo del 3 de marzo de 2022, negó las
pretensiones del medio de control. Como sustento de su decisión, expuso que el
reajuste salarial se realizó de conformidad con la escala gradual porcentual
establecida en la Ley 4 de 1992.
5. Además, indicó que, si bien en algunos casos se ha ordenado el incremento
de asignaciones de retiro con fundamento en el IPC, ello ha obedecido a las
previsiones del artículo 14 de la Ley 100 de 19938, lo cual no guarda relación con
las pretensiones de la parte actora, toda vez que lo solicitado se encontraba
encaminado, en primer lugar, al reajuste del salario percibido durante el período
en actividad.
6. En contra de esa decisión, la parte demandante interpuso recurso de
apelación, el cual se sustentó, principalmente, en el presunto desconocimiento de
la Sentencia C-931 de 2004 proferida por la Corte Constitucional, relacionada con
el incremento de los salarios de conformidad con el IPC.
7. La alzada le correspondió a la Sección Segunda, Subsección A del Consejo
de Estado, que, mediante providencia del 21 de agosto de 2024, confirmó la
sentencia de primera instancia. En concreto, el ad quem sostuvo que los artículos
7 Durante este periodo, el salario mensual del accionante se ajustaba año a año conforme a los decretos
expedidos por el Gobierno nacional que establecieron el principio de oscilación.
8 Aplicable a los miembros de la fuerza pública en virtud de la Ley 238 de 1995.
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4 y 13 de la Ley 4 de 1992 no consagran condición alguna respecto del porcentaje
en que deben incrementarse anualmente los salarios, por cuanto dicha
determinación corresponde al Gobierno nacional.
8. A su vez, indicó que el incremento del IPC está dirigido al reajuste de
pensiones y asignaciones de retiro de conformidad con el artículo 14 de la Ley 100
de 1993, sin referirse a los incrementos salariales anuales.
9. Por otro lado, puso de presente que, entre 1992 y 2004, lapso dentro del
cual el demandante solicitó la reliquidación salarial, el Ejecutivo expidió una serie
de decretos en los que fijó la escala gradual porcentual para los miembros de la
fuerza pública9.
10. En ese orden, refirió que, debido a que el demandante era miembro activo
de la Policía Nacional, el incremento salarial debía atender a lo establecido en las
disposiciones gubernamentales y no podía efectuarse con fundamento en una
norma dirigida al personal retirado de la fuerza pública.
11. Por tal razón, adujo que el desacuerdo del actor con los salarios debió
discutirse a partir del contenido de los mencionados decretos, puesto que en ellos
fue donde se plasmó la voluntad de la administración sobre el particular.
12. La sentencia fue notificada por correo electrónico a los sujetos procesales
el 10 de septiembre de 202410.
1.2. Recurso extraordinario de revisión
13. El 11 de septiembre de 2025, el señor José Adán Rengifo Ramírez interpuso
recurso extraordinario de revisión, con el que pretende que se invalide la sentencia
proferida el 21 de agosto de 2024 por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A11. En su criterio, en este caso se configura la causal de revisión
establecida en el numeral 8 del artículo 250 del CPACA12, porque considera que
la providencia reprochada es contraria a la Sentencia C-931 de 2004 de la Corte
Constitucional, la cual constituye cosa juzgada.
14. Para sustentar su afirmación, aseguró que en el caso concreto: i) existen
sentencias contradictorias; ii) hay identidad de objeto, partes y causa petendi entre
la sentencia enjuiciada y la decisión de constitucionalidad mencionada y; iii) la
cosa juzgada no se alegó como excepción en el proceso de nulidad y
9 En concreto, fueron expedidos los Decretos 921 de 1992, 25 de 1993, 65 de 1994, 133 de 1996, 122 de
1997, 58 de 1998, 62 de 1999, 2724 de 2000, 2737 de 2001, 745 de 2002, 3552 de 2003 y 4158 de 2004.
10 Cfr. Samai índice 20. Exp. 73001-23-33-000-2020-00454-01.
11 Índice 2 de Samai.
12 «ARTÍCULO 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
son causales de revisión: […]
8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que
aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción
de cosa juzgada y fue rechazada».
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restablecimiento del derecho.
15. Frente al primero de sus argumentos, el señor Rengifo Ramírez sostuvo que,
en la Sentencia C-931 de 2004, el alto tribunal estudió la constitucionalidad de la
Ley 848 de 200313 y le ordenó al Congreso de la República y al Gobierno nacional
el restablecimiento del poder adquisitivo de los salarios de los servidores públicos
cobijados por la Ley de Presupuesto General de la Nación, dado que este derecho
había sido limitado. Ello implicaba, a juicio del actor, un mandato de actualización
salarial plena de conformidad con el IPC causado y acumulado, el cual tiene
efectos erga omnes, por lo que es de carácter obligatorio y oponible a todas las
personas y autoridades sin excepción alguna.
16. Para el recurrente, por el contrario, en la sentencia objeto del presente
recurso extraordinario de revisión se consideró que los beneficios, que por
favorabilidad otorga el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, no proceden respecto de
los salarios de los miembros de la fuerza pública.
17. En relación con el segundo argumento, expuso que la Sentencia C-931 de
2004 tiene efectos erga omnes y, por ende, obliga a la comunidad en general, lo
cual permite inferir la identidad de partes, de objeto y de «causa petendi». Sobre
este punto, puso de presente que la exigencia de la cosa juzgada frente a la
identidad de partes no debe ser «física», sino jurídica, la cual es predicable del
presente asunto, dada la eficacia general de la sentencia de constitucionalidad.
18. Al respecto, señaló que, si bien el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho fue ejercido por «una persona natural contra
entidades del Estado», existe una identidad con la acción pública de
inconstitucionalidad resuelta en la sentencia de la Corte Constitucional, puesto que
aquella fue ejercida por una persona que, de manera oficiosa, lo habría
representado, en contra de un «acto administrativo proferido por el Estado».
19. También, agregó que, en relación con lo pretendido, existe un derecho
reconocido, declarado y ordenado como mandato constitucional que genera una
relación jurídica oponible ante cualquier autoridad, inclusive las judiciales. En ese
sentido, afirmó que, de conformidad con dicha sentencia, «existen elementos de
juicio objetivos, directos y específicos que permiten precisar con certeza la relación
jurídica objeto de litigio».
20. A su vez, aseveró que existe identidad de objeto, en la medida en que los
asuntos versan sobre el derecho de los servidores públicos de mantener el poder
adquisitivo de su salario. En consecuencia, indicó que, debido a lo decidido por la
Corte Constitucional, las autoridades judiciales están obligadas «a inaplicar por
vía de excepción los decretos expedidos por el Gobierno nacional en los años
2004, 2005 y subsiguientes». Lo anterior, puesto que, en su sentir, tales actos
13 Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y la Ley de Apropiaciones para la
vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2004.
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reflejan el incumplimiento de lo ordenado en la sentencia C-931 de 2004, lo que,
a su vez, implica que no se ha efectuado la actualización plena del salario que
devengó.
21. Por último, manifestó que la cosa juzgada no fue alegada como excepción al
interior del medio de control en el que se profirieron las decisiones objeto del
presente recurso. Asimismo, hizo énfasis en la necesidad de unificar el sentido de
la Sentencia C-931 de 2004 de la Corte Constitucional y las que lo aquejan en esta
oportunidad.
1.3. Contestaciones al recurso extraordinario de revisión
22. Ministerio de Defensa – Policía Nacional. Se opuso a la totalidad de las
pretensiones de la demanda. Sobre el particular, mencionó que la configuración
de la causal invocada exige determinar si la sentencia recurrida es contraria a otra
decisión anterior que hizo tránsito a cosa juzgada, y tal situación requiere que
existan dos pronunciamientos judiciales susceptibles de ser comparados con el fin
de establecer los elementos señalados en el artículo 303 del CGP14.
23. No obstante, consideró que la sentencia C-931 de 2004 de la Corte
Constitucional no guarda identidad fáctica con la situación jurídica del
demandante, puesto que dicha providencia resulta aplicable para el reajuste de la
pensión o la asignación de retiro, mas no para los salarios del personal activo.
24. CASUR. Solicitó que se nieguen las pretensiones de la demanda, por
considerar que no se estructuró la causal prevista en el numeral 8 del artículo 250
del CPACA, por cuanto no existe una sentencia anterior que constituya cosa
juzgada.
25. Por otro lado, adujo que se pretende constituir una tercera instancia del
proceso ordinario, por cuanto el demandante reiteró los argumentos que ya fueron
estudiados en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
26. Procuraduría Delegada de Intervención 7. Segunda ante el Consejo de
Estado. En su calidad de agente del Ministerio Público, señaló que el presente
mecanismo no tiene vocación de prosperidad, por lo que solicitó que se declare
infundado.
27. Al respecto, puso de presente que la sentencia C-931 de 2004 de la Corte
14 «ARTÍCULO 303. COSA JUZGADA. La sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene
fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma
causa que el anterior y entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes.
Se entiende que hay identidad jurídica de partes cuando las del segundo proceso son sucesores por causa
de muerte de las que figuraron en el primero o causahabientes suyos por acto entre vivos celebrado con
posterioridad al registro de la demanda si se trata de derechos sujetos a registro, y al secuestro en los demás
casos.
En los procesos en que se emplace a personas indeterminadas para que comparezcan como parte, incluidos
los de filiación, la cosa juzgada surtirá efectos en relación con todas las comprendidas en el emplazamiento.
La cosa juzgada no se opone al recurso extraordinario de revisión».
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Constitucional no guarda una triple identidad con la providencia objeto de estudio.
Ello, comoquiera que son decisiones proferidas por jurisdicciones diferentes y
mediante acciones distintas.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
28. La Sala declarará infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto
por la parte recurrente contra la sentencia dictada el 21 de agosto de 2024 por la
Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, al interior del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado núm. 73001-23-33-000-2020-
00454-01 (3512-2022). Esto, por cuanto la causal establecida en el numeral 8 del
artículo 250 de la Ley 1437 de 2011 no se configura en el presente asunto.
2.1. Oportunidad en la interposición del recurso
29. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 251 de la Ley 1437 de 2011,
el recurso deberá presentarse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la
sentencia judicial, salvo que se invoquen las causales contenidas en los ordinales
3 y 4 del artículo 250 del CPACA.
30. En el presente caso, se propone como causal de revisión la consagrada en
el ordinal 8 ibidem y, por tanto, el término para interponer el recurso extraordinario
es de un año.
31. De acuerdo con lo anterior, el recurso sub examine fue presentado de forma
oportuna. En efecto, la sentencia de segunda instancia controvertida fue expedida
el 21 de agosto de 2024 y notificada personalmente por mensaje de datos el 10
de septiembre del mismo año. En tal sentido, su ejecutoria ocurrió el 17 del mismo
mes y año, y el demandante interpuso el recurso el 11 de septiembre de 2025, es
decir, dentro del plazo señalado en el artículo 251 ibidem.
2.2. Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del recurso extraordinario
de revisión
32. El recurso extraordinario de revisión es una excepción a los principios de
cosa juzgada y de inmutabilidad de las sentencias, en tanto permite controvertir
fallos ejecutoriados, a fin de que se subsanen determinadas irregularidades o
ilegalidades.
33. Por ello, su principal finalidad corresponde al restablecimiento de la justicia
real y material como valor fundante del Estado de derecho15, por lo que este
mecanismo no constituye una nueva instancia procesal. De allí que su
procedencia sea excepcional.
15 Cfr. Corte Constitucional, sentencias C-520 de 2009, C-418 de 1994 y C-247 de 1997.
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34. En efecto, el recurso se encuentra sujeto al estricto, riguroso y ajustado
cumplimiento de las causales que expresamente ha previsto el legislador, sin que
sea dable ampliarlas mediante interpretación analógica, con lo cual se busca evitar
que el mismo se convierta en una tercera instancia y se utilice para remediar
equivocaciones en que hubiera podido incurrir alguna de las partes o para
controvertir juicios de valor del fallador16. Al respecto, la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo de esta Corporación ha considerado lo siguiente:
[…] El recurso extraordinario de revisión no constituye una instancia adicional, la
tercera en este caso, en la que los interesados pueden replantear el asunto objeto
del litigio original para que el Juez de la Revisión lo reexamine o analice una vez
más.
[…] En efecto, con la demanda de revisión se inicia una instancia que cuenta con
trámite propio y diferentes etapas procesales que se enmarcan dentro del debido
proceso, hasta culminar con un fallo que define sobre la legalidad de una sentencia
ejecutoriada […]17.
35. Por su parte, el artículo 250 del CPACA enumera las causales que pueden
proponerse como fundamento de este recurso, las cuales, por lo demás, dan
cuenta de la naturaleza eminentemente procedimental de los vicios o errores que,
de conformidad con la ley, son los únicos que permiten la revisión de la sentencia
por la vía de este recurso extraordinario.
36. En suma, la interposición del recurso extraordinario de revisión constituye el
inicio de un nuevo proceso para cuestionar la sentencia proferida dentro de un
asunto ordinario. Este medio de impugnación solo resulta procedente en
determinadas y especiales circunstancias taxativamente señaladas en la ley,
imposibilitando alegar o acudir a otras, en virtud de la excepcionalidad de este
mecanismo judicial.
2.3. Causal octava de revisión del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011
37. El artículo 250.8 del CPACA instituye como causal de revisión «[s]er la
sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del
proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en
el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada».
38. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado18 ha
establecido que para la configuración de esta causal se requieren tres
presupuestos concurrentes, a saber: i) que existan dos sentencias contradictorias;
ii) que el fallo contrariado constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en
que fue dictada y, iii) que en el segundo proceso no se haya propuesto como
16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 27 de abril de 2004.
Radicado núm. 1100103150001998016401 (REV 194). M.P. María Inés Ortiz Barbosa.
17
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Providencia del 12 de agosto de 2014.
Radicado núm. 11001-03-15-000-2013-02110-00. M.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez.
18 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 2 de abril de 2013.
Radicado núm. 11001-03-15-000-2001-00118-01. M.P. Gerardo Arenas Monsalve.
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excepción la cosa juzgada.
39. Este último requisito exige, a su vez, que el recurrente acredite la
imposibilidad de haber propuesto la excepción de cosa juzgada al interior del
expediente ordinario, bien sea porque estuvo representado por curador ad-litem o
porque ignoraba la existencia del proceso anterior19. Ello tiene por finalidad
desincentivar la negligencia o la inactividad procesal, lo cual es acorde con la
naturaleza excepcional del recurso extraordinario de revisión, el cual no fue
instituido como una oportunidad procesal adicional para corregir los errores en los
que pudo incurrir la defensa técnica.
40. En cuanto a la aplicación de la referida causal octava, la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo de esta Corporación20 ha señalado que la cosa
juzgada debe analizarse de conformidad con lo dispuesto en los artículos 303 del
Código General del Proceso21 y 189 de la Ley 1437 de 201122. En ese orden, su
estudio requiere verificar la existencia de la triple identidad entre los procesos, así:
i) identidad de partes, es decir, que los sujetos sean los mismos en ambos
procesos, excepto cuando se trata de sentencias a las que la ley les haya
otorgado efectos erga omnes23;
ii) identidad de objeto, esto es, que en el trámite posterior se discutan las
mismas pretensiones o declaraciones exigidas ante la jurisdicción
previamente;
iii) identidad de causa, en otras palabras, que los procesos hayan sido
19 Ibidem.
20 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 3 de diciembre de 1994.
Radicado núm. Rev. 038. M.P. Dolly Pedraza de Arenas.
21 «ARTÍCULO 303. Cosa juzgada. La sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza
de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que
el anterior y entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes.
Se entiende que hay identidad jurídica de partes cuando las del segundo proceso son sucesores por causa
de muerte de las que figuraron en el primero o causahabientes suyos por acto entre vivos celebrado con
posterioridad al registro de la demanda si se trata de derechos sujetos a registro, y al secuestro en los demás
casos.
En los procesos en que se emplace a personas indeterminadas para que comparezcan como parte, incluidos
los de filiación, la cosa juzgada surtirá efectos en relación con todas las comprendidas en el emplazamiento.
La cosa juzgada no se opone al recurso extraordinario de revisión».
22 «ARTÍCULO 189. Efectos de la sentencia. La sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo en
un proceso tendrá fuerza de cosa juzgada erga omnes. La que niegue la nulidad pedida producirá cosa
juzgada erga omnes pero solo en relación con la causa petendi juzgada. Las que declaren la legalidad de las
medidas que se revisen en ejercicio del control inmediato de legalidad producirán efectos erga omnes solo en
relación con las normas jurídicas superiores frente a las cuales se haga el examen.
[…]
La sentencia dictada en procesos relativos a contratos, reparación directa y cumplimiento, producirá efectos
de cosa juzgada frente a otro proceso que tenga el mismo objeto y la misma causa y siempre que entre ambos
haya identidad jurídica de partes.
La sentencia proferida en procesos de restablecimiento del derecho aprovechará a quien hubiere intervenido
en ellos y obtenido esta declaración a su favor.
[…]».
23 Frente a este punto, ver: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 2
de abril de 2013. Radicado núm. 11001-03-15-000-2001-00118-01(REV). M.P. Gerardo Arenas Monsalve.
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Demandante: José Adán Rengifo Ramírez
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promovidos por la misma razón24, en tanto se fundan en los mismos
fundamentos fácticos y jurídicos.
41. Ahora bien, la Corte Constitucional, en la Sentencia C-739 de 2001, al
estudiar la constitucionalidad de la causal octava de revisión contemplada en el
artículo 188 del Código Contencioso Administrativo (que se mantuvo en los
mismos términos establecidos actualmente por el artículo 250 de la Ley 1437 de
2011) indicó que esta no se configura necesariamente por el desconocimiento del
precedente contenido en las sentencias de constitucionalidad.
42. Lo anterior, por cuanto el juicio de revisión tiene por finalidad comprobar si
una decisión, entre las mismas partes y por el mismo asunto que ya hizo tránsito
a cosa juzgada, no fue tenida en cuenta en un proceso posterior. Por ende, tal
examen no implica «entrar a considerar cuestiones de juridicidad», que es el
objeto del control abstracto de constitucionalidad. En palabras del tribunal
constitucional:
De ahí que no sea dable calificar de omiso al legislador en torno a la actividad
desarrollada para relacionar la cosa juzgada como causal de revisión, por no haber
incluido como tal la firmeza de las decisiones de constitucionalidad, toda vez que
este sometimiento es propio de un control abstracto, en tanto la revisión es un
mecanismo procesal que opera para adecuar una decisión a la justicia que debe
operar solo entre las partes y por razón de un asunto.
Lo anterior no quiere decir que el juez y las partes involucradas en una sentencia
objeto de revisión sean ajenas a la cosa juzgada y a la doctrina constitucional, lo
que sucede es que una y otra vinculan a los primeros, en el ámbito de la juridicidad
abstracta que, como se dijo, es ajena a la revisión. En tanto la cosa juzgada judicial,
que debiendo haber estado presente no se consideró en un litigio (Artículos 380.9 y
188.8 C.P.C. y C.C.A.) los relaciona directa y singularmente.
43. En tales términos, la cosa juzgada como causal de revisión solo tiene lugar
cuando una controversia particular y concreta sometida al conocimiento del juez
ya fue definida en otro proceso anterior con identidad de partes, objeto y causa,
pero, a pesar de ello, se resuelven asuntos ya juzgados o se introducen
variaciones o modificaciones en la nueva providencia25. Por tanto, solo si se
acreditan estos presupuestos, la última providencia debe invalidarse.
2.4. Caso concreto
44. El señor Rengifo Ramírez sostuvo que la sentencia proferida el 21 de agosto
de 2024 por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
24 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 2 de abril de 2013.
Radicado núm. 11001-03-15-000-2001-00118-01(REV). M.P. Gerardo Arenas Monsalve; Consejo de Estado,
Sección Cuarta. Sentencia del 17 de noviembre de 2022. Radicado núm. 11001-03-27-000-2021-00009-00
(25463). M.P. Milton Chaves García; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 8 de
abril de 2024. Radicado núm. 11001-03-26-000-2021-00101-00 (66.980). M.P. José Roberto Sáchica Méndez.
25
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 5 de marzo de
2009. Radicado núm. 11001-03-24-000-2004-00262-01. M.P. Rafael Ostau de Lafont. Así mismo, ver Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia del 24 de octubre de 2019.
Radicado núm. 11001-03-27-000-2018-00004-00. M.P. Milton Chaves García.
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desconoció la cosa juzgada contenida en la Sentencia C-931 de 2004. Esto,
porque, a su juicio, la Corte Constitucional le ordenó al Congreso de la República
y al Gobierno nacional el restablecimiento del poder adquisitivo de los salarios de
los servidores públicos cobijados por la Ley de Presupuesto General de la Nación,
entre ellos, los miembros de la fuerza pública.
45. En ese orden, consideró que este deber conlleva un mandato de
actualización salarial plena de conformidad con el IPC causado y acumulado,
obligación que era oponible ante cualquier autoridad.
46. No obstante, en el fallo recurrido se negaron sus pretensiones relacionadas
con la reliquidación de la asignación mensual (salario) y demás prestaciones
sociales, así como el reajuste de su asignación de retiro con fundamento en la
variación del IPC, lo cual, a su juicio, contradice la Sentencia C-931 de 2004,
amparada por la cosa juzgada constitucional y con efectos erga omnes.
47. Para la Sala, en este caso, no se configura la causal invocada, en tanto no
se cumple con el requisito relativo a que el fallo contrariado constituya cosa
juzgada entre las partes del proceso, por las razones que se exponen a
continuación.
48. En primer lugar, dado que la providencia que se alegó como contrariada es
una decisión proferida por la Corte Constitucional, en ejercicio del control abstracto
de constitucionalidad, no es posible predicar la trasgresión de la cosa juzgada.
Esto, porque, como lo señaló el máximo tribunal constitucional en la Sentencia C-
739 de 2001, la cosa juzgada constitucional no fue contemplada por el legislador
como uno de los supuestos que configuran la causal octava del artículo 188 del
Código Contencioso Administrativo (reproducido íntegramente por el artículo
250.8 del CPACA).
49. Ahora bien, lo anterior no implica que el juez y las partes del proceso
ordinario sean ajenos a los efectos derivados de la Sentencia C-931 de 2004, en
tanto aquellos se vinculan a este fenómeno, pero en el ámbito de la juridicidad
abstracta26, es decir, en lo que concierne a la compatibilidad de una disposición
legal con el texto superior. Por tanto, no es de competencia de esta Sala de
decisión, ante la causal invocada, llevar a cabo un estudio en el que se evalúe la
adecuación del presente asunto con la cosa juzgada constitucional que ha
operado en virtud de la mencionada sentencia proferida por el Tribunal
Constitucional.
50. En segundo lugar, aún en gracia de discusión, tampoco estaría acreditada la
triple identidad de los procesos, puesto que, entre la decisión adoptada por la
Subsección A de la Sección Segunda de esta corporación y la Sentencia C-931
de 2004, no existe identidad de objeto ni de causa.
26 Sentencia C-739 de 2001.
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51. Al respecto, debe precisarse que el objeto del juicio abstracto de
constitucionalidad es, principalmente, garantizar la supremacía e integridad de la
Constitución Política, mediante una «comprobación acerca de la validez de las
normas jurídicas»27, tanto en sentido formal como material.
52. En este orden, las pretensiones del proceso en el que se profirió la sentencia
C-931 de 2004 versaban sobre la exequibilidad del artículo 2 de la Ley 848 de
200328, disposición en la que se estableció el presupuesto de gastos para la
vigencia fiscal del primero de enero al 31 de diciembre de 2004. Por su parte, la
finalidad del medio de control promovido por el señor José Adán Rengifo Ramírez
era que se declarara la nulidad de dos actos administrativos por medio de los
cuales la Policía Nacional y CASUR le negaron la reliquidación de su salario, sus
prestaciones sociales y el reajuste de su asignación de retiro, con fundamento en
el IPC.
53. Así, mientras que el propósito del control abstracto de constitucionalidad es
la producción de efectos generales e impersonales, lo buscado en el pleito
ordinario que promovió el recurrente atiende a pretensiones de naturaleza
particular y concreta, motivo por el cual su objeto y causa no guardan identidad.
De ahí que la sentencia C-931 de 2004, que se alega como contrariada por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, no constituya cosa
juzgada para la providencia cuestionada en el presente proceso y, por ende, no
se configura la causal alegada.
54. Finalmente, si bien el actor sostuvo que en el proceso sometido a revisión no
se propuso la excepción de cosa juzgada, está probado que el recurso de
apelación promovido en el trámite ordinario por el demandante versó sobre el
desconocimiento de la Sentencia C-931 de 2004 y lo que allí decidió la Corte
Constitucional en relación con el incremento de los salarios de conformidad con el
IPC. En tal medida, esta cuestión ya fue objeto de discusión en el referido trámite.
55. Así las cosas, la pretensión del interesado es emplear la causal octava de
revisión, con el fin de alegar un desconocimiento del precedente contenido en
dicha sentencia de constitucionalidad, lo cual desnaturaliza la finalidad de este
medio judicial. Ciertamente, el Consejo de Estado ha reiterado29 que el
desconocimiento del precedente no constituye un vicio de la sentencia mediante
el cual pueda sustentarse alguna de las causales previstas por el legislador para
la procedencia del recurso extraordinario de revisión.
27 Sentencia C-054 de 2016.
28 Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y la Ley de Apropiaciones para la
vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2004.
29 Al respecto ver, entre otras, las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sala Segunda Especial de Decisión. Sentencia del 4 de agosto de 2020. Radicado núm.
11001-03-15-000-2016-03553-00(REV). M.P. César Palomino Cortés; Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sala 13 Especial de Decisión. Sentencia del 7 de abril de 2015. Radicado núm.
11001-03-15-000-2013-02724-00(REV). M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez; Consejo de Estado, Sala de
lo Contencioso Administrativo, Sala Quinta Especial de Decisión. Sentencia del 9 de diciembre de 2022.
Radicado núm. 11001-03-15-000-2021-02940-00 (REV). M.P. Milton Chaves García.
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56. Con fundamento en lo expuesto, se declarará infundado el recurso
extraordinario de revisión formulado por el señor José Adán Rengifo Ramírez
contra la sentencia del 21 de agosto de 2024, proferida por la Sección Segunda,
Subsección A del Consejo de Estado.
2.5. Condena en costas
57. De conformidad con lo señalado en el artículo 255 de la Ley 1437 de 2011 30,
modificado por la Ley 2080 de 2021, una vez se declare infundado el recurso
extraordinario de revisión, corresponde al juez condenar en costas al recurrente.
58. Sin embargo, ese precepto no puede ser interpretado de manera aislada de
las demás disposiciones que integran dicho cuerpo normativo y que regulan la
forma en que los jueces de lo contencioso-administrativo han de pronunciarse
sobre este aspecto. En efecto, la aplicación del artículo 255 del CPACA resultaría
inane si no se acude a lo señalado en su artículo 18831, que contiene la remisión
expresa a las normas del Código General del Proceso en las que se establecen
los elementos que forman parte de las costas procesales, la manera en que ha de
tasarse la condena a imponer por dichos conceptos y otros aspectos relevantes
sobre la materia.
59. En el asunto bajo examen, el recurso extraordinario de revisión promovido
se dirige contra una sentencia proferida en segunda instancia dentro de un
proceso de nulidad y restablecimiento de derecho en el que se solicitó que se
ordenara la reliquidación y reajuste de la asignación básica y demás prestaciones
devengadas, incluida su asignación de retiro, teniendo en cuenta el índice de
precios al consumidor y de acuerdo con la asignación básica de un oficial en el
grado de general o almirante. En consecuencia, debe darse aplicación a la regla
general contemplada en el artículo 255 referenciado con antelación, dado que el
recurso fue declarado infundado.
60. Por su parte, el artículo 366, ordinal 4, del Código General del Proceso
dispone lo siguiente:
[p]ara la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que
establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente
un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza,
calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó
personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que
pueda exceder el máximo de dichas tarifas.
61. Así las cosas, se condenará al pago de las agencias en derecho conforme a
30 «ARTÍCULO 255. SENTENCIA. […] Si se declara infundado el recurso, se condenará en costas y perjuicios
al recurrente».
31 «ARTÍCULO 188. CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del
Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la
demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
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lo establecido en el Acuerdo número PSAA16-10554 del 5 agosto de 2016 del
Consejo Superior de la Judicatura, que se fija en un (1) salario mínimo legal
mensual vigente, en favor de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional, Policía
Nacional y CASUR.
62. En cuanto a las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso
y perjuicios, no serán reconocidos, toda vez que no fueron demostrados en el
trámite, conforme lo establecido en los artículos 188 y 255 del CPACA y el 361 del
Código General del Proceso.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sala Cuarta Especial de Decisión, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por el señor José Adán Rengifo Ramírez contra la sentencia dictada
el 21 de agosto de 2024 por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de
Estado, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con
el radicado 73001-23-33-000-2020-00454-01.
SEGUNDO: CONDENAR EN COSTAS a la parte demandante, de acuerdo con lo
indicado en la presente providencia. La Secretaría General deberá efectuar la
respectiva liquidación de conformidad con lo dispuesto por el numeral 1 del artículo
366 el Código General del Proceso.
TERCERO: ARCHIVAR el expediente del recurso extraordinario de revisión,
cumplido lo anterior y previas las anotaciones pertinentes en el sistema de
información de gestión de procesos y manejo documental Justicia Siglo XXI y
SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Magistrado
Con salvamento parcial de voto
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado
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GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Magistrado
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sala Cuarta
Especial de Decisión en la Sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza
la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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