RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › 2022 › Radicado 11001-03-15-000-2021-02940-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2021-02940-00

Fecha
9 de diciembre de 2022
Consejero ponente
Milton Chaves Garcia
Citada por
6 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2021-02940-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el señor Selvio Alberto Rodríguez Castro contra la sentencia del 29 de abril de 2020, proferida por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado con nro. 25000- 23-37-000-2016-00615-01, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 23 “Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho” 15 Radicado: 11001 03 15 000 2021 02940 00 Demandante: Selvio Alberto Rodríguez Castro SEGUNDO: Condenar en costas a la parte recurrente, únicamente por concepto de agencias en derecho, a un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la fecha en que se profiere la presente sentencia. TERCERO: En firme esta providencia, devolver al despacho de origen para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2021-02940-00

Consejero ponente: Milton Chaves Garcia

9 de diciembre de 2022

Radicado: 11001 03 15 000 2021 02940 00
Demandante: Selvio Alberto Rodríguez Castro

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA QUINTA ESPECIAL DE DECISIÓN

Consejero ponente: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., nueve (9) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicado: 11001 03 15 000 2021 02940 00
Demandante: SELVIO ALBERTO RODRÍGUEZ CASTRO
Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES –
DIAN
Temas: Recurso extraordinario de revisión. Causal 5 del artículo 250 del
CPACA.

Recurso extraordinario de revisión

La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto, mediante apoderado
judicial, por el señor Selvio Alberto Rodríguez Castro contra la sentencia del 29 de
abril de 2020, proferida por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, que revocó el fallo
del 8 de marzo de 2018, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Cuarta, Subsección B, y en su lugar, negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. Antecedentes administrativos y demanda

El señor Selvio Alberto Rodríguez Castro presentó la declaración de IVA del sexto
bimestre del año 2012, en la que registró un saldo a favor de $17.159.000, suma que
posteriormente solicitó en devolución.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - Dian inició investigación y el 30
de enero de 2014, profirió requerimiento especial en el que propuso modificar la
referida declaración. Sin embargo, el señor Rodríguez Castro no dio respuesta.

Mediante Liquidación Oficial de Revisión 322412014000178 del 16 de septiembre de
2014, la Dian modificó la declaración referida, en el sentido de: desconocer compras
por valor de $189.366.000, reducir el monto del impuesto descontable e imponer
sanción por inexactitud, arrojando un saldo a pagar de $61.616.000 ($13.139.000
mayor impuesto determinado más $48.477.000 de sanción por inexactitud).

El recurrente interpuso recurso de reconsideración contra la anterior decisión, el cual
fue resuelto por la Dian, en Resolución 09584 del 29 de septiembre de 2014,
confirmando las modificaciones dispuestas en la Liquidación Oficial de Revisión.

El señor Rodríguez Castro promovió demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho, con el fin de que se dejaran sin efecto los anteriores actos administrativos y,
como consecuencia, se declarara la firmeza de la liquidación privada del IVA del

1

Radicado: 11001 03 15 000 2021 02940 00
Demandante: Selvio Alberto Rodríguez Castro

sexto bimestre del año 2012, la improcedencia de la sanción por inexactitud y del
cobro de los intereses impuestos.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, en
sentencia del 8 de marzo de 2018, accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda, al considerar que era procedente el rechazo de compras y servicios
gravados, porque las pruebas aportadas por el demandante cotejadas con las
recaudadas por la Dian no ofrecían convencimiento sobre la realidad de las compras
controvertidas, que generaron el impuesto descontable rechazado.

Señaló que, aunque las facturas son pruebas idóneas para el impuesto descontable
de IVA, pueden ser desvirtuadas por otros medios probatorios, directos o indirectos
que no estén prohibidos. Que, en el caso en concreto, las pruebas que tuvo en
cuenta la Dian desvirtúan la realidad de las operaciones de compra de cuero y que,
en todo caso, dos de los proveedores del señor Rodríguez Castro fueron declarados
y sancionados como proveedores ficticios en el año 2016.

Acorde con lo anterior, indicó que era procedente la sanción por inexactitud, pero en
aplicación del principio de favorabilidad, el monto no correspondía al 160% como lo
hizo la Dian, sino al 100% de la diferencia entre el saldo a pagar o saldo a favor
determinado en la liquidación oficial y lo declarado por el contribuyente1, esto es, la
suma de $30.298.000.

Las partes apelaron la anterior decisión. El señor Rodríguez Castro insistió en que
las pruebas recaudadas por la Dian no indicaban que las operaciones de compra
hayan sido ficticias que, por el contrario, en el expediente obra un caudal probatorio
que permitía establecer la realidad de las operaciones comerciales con esos
proveedores.

Por su parte, la Dian señaló que el cálculo de la sanción por inexactitud era del
160%, toda vez que, en este caso, es aplicable el numeral 2 del artículo 648 del E.T.,
teniendo en cuenta que se trata de una inexactitud por declaratoria de proveedor
ficticio.

2. Sentencia recurrida en revisión

El Consejo de Estado, Sección Cuarta, en sentencia del 29 de abril de 2020, revocó
el fallo de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda, por
lo siguiente:

Enlistó las operaciones de compras y servicios gravados e impuestos descontables
que rechazó la Dian, de la declaración de IVA del sexto bimestre del 2012, del señor
Rodríguez Castro y se refirió a las actuaciones hechas por la entidad fiscalizadora,
dentro de la investigación adelantada a efectos de verificar la realidad económica y
determinar la existencia de los hechos gravables, entre los que destacó: “i)
Inspección contable al actor, de lo que se levantaron actas; ii) requerimientos
ordinarios a los proveedores solicitando información relacionada con las
transacciones realizadas con el demandante; y iii) verificación o cruce de cuentas,

1
Teniendo en cuenta la modificación que introdujo la Ley 1819 de 2016 a los artículos 640 y 647 del Estatuto
Tributario.

2

Radicado: 11001 03 15 000 2021 02940 00
Demandante: Selvio Alberto Rodríguez Castro

para lo cual se realizaron visitas a esos proveedores los días 4 y 10 de diciembre de
2013, de lo que se dejó constancia en actas.”

Que, de las anteriores actuaciones, la Dian pudo establecer que el señor Rodríguez
Castro se inscribió en el RUT el 31 de enero de 2005 y registró como actividad
económica principal “Rentistas de Capital solo para Personas Naturales”,
posteriormente, el 5 de septiembre de 2012, la modificó a “Fabricación de artículos
de viaje, bolsos de mano y artículos similares elaborados en cuero y fabricación de
artículos de talabartería y guarnicionería”; y registró como establecimiento de
comercio la razón social “Sarc Skin”.

Resaltó que en el acta de inspección contable se precisó que “el pago de estas
compras se realiza en efectivo del cual queda como soporte el comprobante de egreso
respectivo firmados por los proveedores pero estos a su vez no expiden el respetivo recibo
de caja donde se pueda evidenciar el pago y el recibo de efectivo por cada pago realizado
por el Sr. Selvio Alberto Rodríguez Castro”.

Adujo que la Dian requirió a cuatro de los proveedores del señor Rodríguez Castro,
información contable, pero la enviaron incompleta, razón por la que realizó dos
visitas a las direcciones fiscales reportadas en el RUT, pero de dichas diligencias,
concluyó que existían indicios graves, concordantes y convergentes de que los
proveedores no desarrollan la actividad de curtidos y tintes de cueros, entre las que
destacó:

“Todo porque no se ven reflejados en los respectivos comprobantes de caja o de ingreso
por parte de los proveedores, el pago en esas cuantías, que son muy representativas,
más cuando los proveedores del actor no contaban con la infraestructura física, ni
operativa (inventarios, materias primas, máquinas de uso, entre otros) para desarrollar la
actividad económica de curtido y recurtido de cueros, y tinte de pieles.

A ello agréguese que al efectuar la revisión de las declaraciones de renta y
complementarios vigencia 2012 de los proveedores, se encontró la DIAN que los
patrimonios brutos registrados son por valores altos y al cotejarlos con el renglón:
“efectivos, bancos otras inversiones”, declararon valores pequeños, siendo las cuentas
por cobrar también altas. Información que no es coherente cuando los pagos se
realizaron en efectivo según los comprobantes de egreso expedidos.

Además, al consultar la información exógena, dentro de las personas que reportaron
transacciones comerciales con los proveedores durante el año gravable 2012, no figura el
demandante. Cuando aparentemente se trataba de operaciones de cuantías
representativas.”

Señaló que, con base en un conjunto de indicios, la Dian determinó la inexistencia de
las operaciones de compra de cueros entre el actor y los proveedores Atiliano
Machuca Rodríguez, Mercedes Pérez Angulo, Olga Lucía Cortés Cadena y Rubén
Darío Angulo Gil.

Refirió que, el señor Rodríguez Castro no tenía derecho a solicitar en la declaración
del IVA del bimestre objeto de controversia, los impuestos descontables derivados de
las mencionadas operaciones. Que, la Administración desvirtuó la presunción de
veracidad de la declaración y se invirtió la carga de la prueba en cabeza del actor,
quien no logró demostrar la realidad de las transacciones.

3

Radicado: 11001 03 15 000 2021 02940 00
Demandante: Selvio Alberto Rodríguez Castro

En cuanto a la sanción por inexactitud, indicó que acorde con la jurisprudencia
desarrollada por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, cuando la inexactitud
sancionable se haya originado en el desconocimiento de compras efectuadas a
quienes la autoridad de impuestos haya declarado como proveedores ficticios o
insolventes, se aplica el artículo 648-2 del E.T., según el cual la sanción será del
160%.

Que, en el caso concreto, mediante las Resoluciones 00004 y 00005 del 18 y 22 de
febrero de 2016, la DIAN declaró a dos de las proveedoras del demandante como
proveedores ficticios. Motivo por la cual no era procedente, en aplicación del principio
de favorabilidad, recalcular el monto de la sanción con el 100%, como lo hizo el
Tribunal, sino con el 160% como la calculó la administración en el acto cuestionado.

II. RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

1. Escrito del recurso extraordinario de revisión

El señor Selvio Alberto Rodríguez Castro interpuso recurso extraordinario de revisión
contra la sentencia del 29 de abril de 2020, proferida por el Consejo de Estado,
Sección Cuarta, que revocó el fallo del 8 de marzo de 2018, del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, y en su lugar, negó
las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, en la que
cuestionaba los actos administrativos, en los cuales la Dian modificó la declaración
de IVA del sexto bimestre del año 2012 y le impuso sanción por inexactitud.

A su juicio, la sentencia objeto de revisión se encuentra incursa en la causal prevista
en el numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, esto es, existir nulidad
originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso
de apelación, por lo siguiente:

Aseguró que la providencia acusada se opone y viola los artículos 29 de la
Constitución y 638 del E.T., por cuanto negó las pretensiones de la demanda e
incrementó la sanción impuesta, dando aplicación al numeral 2 del artículo 648 del
E.T., con base en una circunstancia que no se había discutido en sede administrativa
ni judicial, esto es, la existencia de proveedores ficticios.

Indicó que, en el expediente administrativo no se aportó “el proceso o la resolución”
tal y como lo exige el inciso final del artículo 671 del E.T., en donde constara que los
proveedores del contribuyente hayan sido declarados como ficticios, por lo que no
era dable que la Dian aplicara la sanción de inexactitud del 160% consagrada en
numeral 2 del artículo 648 del E.T.

Además, refirió que las compras efectuadas por el contribuyente a los proveedores
se llevaron a cabo en el año 2012, por lo tanto, no podía aplicar una sanción por
compras a proveedores ficticios cuando en el momento de los hechos dicha
declaratoria no existía, pues esta calificación se presentó 4 años después, ni
tampoco podía controvertirse esa situación en sede administrativa, ante la
inexistencia del acto.

Que los precedentes judiciales que se tomaron como fundamento de la decisión para
determinar la aplicación de la sanción por inexactitud del numeral 2 del artículo 648

4

Radicado: 11001 03 15 000 2021 02940 00
Demandante: Selvio Alberto Rodríguez Castro

del E.T., no tiene identidad fáctica con el asunto objeto de debate en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho, porque en esos casos, el acto que puso fin al
proceso en sede administrativa se expidió con posterioridad a que se profiriera la
resolución que hizo la declaratoria de un proveedor ficticio. Que, en esa medida, el
contribuyente pudo hacer uso de su derecho de defensa y contradicción en sede
administrativa y judicial, situación que no ocurrió en su caso particular.

2. Trámite procesal

En auto del 17 de agosto de 2021, se admitió el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por el señor Selvio Alberto Rodríguez, se ordenaron las notificaciones de
rigor2 y, por secretaría, se requirió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Cuarta, Subsección B, para que remitiera en calidad de préstamo, el
expediente dentro del cual se tramitó el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado número: 25000- 23-37-000-2016-00615-00.

Con auto del 22 de junio de 2022, se tuvieron como pruebas los documentos
aportados por las partes.

3. Contestación al recurso

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN solicitó que se declarara
infundado el recurso extraordinario de revisión, porque la pretensión del recurrente
es reabrir el debate propio de las instancias del proceso ordinario, por lo siguiente:

Señaló que la irregularidad que alega el recurrente no configura una nulidad de la
sentencia, pues las pruebas que, a su juicio, no fueron sometidas a contradicción, no
tienen la virtualidad de demostrar que las operaciones mercantiles realmente se
ejecutaron. Que, la conclusión del ad quem referente a que no procede la
disminución de la sanción por inexactitud en aplicación del principio de favorabilidad,
tiene fundamento en el numeral 2 del artículo 648 del E.T.

Además, refirió que la circunstancia alegada no está enlistada dentro de las causales
del artículo 133 del CGP, ni es considerada por la jurisprudencia como una
irregularidad que atente contra el derecho fundamental al debido proceso.

Aseguró que, la sentencia cuestionada no constituye una decisión arbitraria, pues se
fundó en la valoración de indicios demostrados en la actuación administrativa que,
analizados con el resto del material probatorio, resultan concordantes y convergentes
de la inexistencia de las operaciones financieras y que ratifican que el recurrente no
tenía derecho a solicitar en la declaración del IVA del bimestre objeto de
controversia, los impuestos descontables derivados de las señaladas operaciones.

Los argumentos del recurso extraordinario de revisión están encaminados a reabrir el
debate surtido dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, esto es,
cuestionar sí las compras y los impuestos descontables originados en ellas se
derivan de una operación real y, si había lugar a aplicar el principio de favorabilidad

2
Se ordenó notificar personalmente, a través de los diferentes canales virtuales, a la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales - DIAN, al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

5

Radicado: 11001 03 15 000 2021 02940 00
Demandante: Selvio Alberto Rodríguez Castro

respecto de la sanción por inexactitud, presupuestos que se analizaron y resolvieron
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

Que, en esa medida, el recurrente lo que pretende es constituir el recurso
extraordinario de revisión en una tercera instancia, para prolongar un debate jurídico
que ya se zanjó dentro del proceso ordinario, con la única finalidad de obtener una
decisión favorable a sus intereses.

4. Concepto del Ministerio Público

El Ministerio Público guardó silencio.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en el inciso 1° del artículo 249 del CPACA, de los
recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o subsecciones
del Consejo de Estado, conocerá la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sin
exclusión de la sección que profirió la decisión.

El Acuerdo 321 del 2 de diciembre de 2014, expedido por la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, reglamentó la integración y
funcionamiento de las Salas Especiales de Decisión de que trata el artículo 107 de la
Ley 1437 de 2011.

Por su parte, el numeral 1° del artículo 29 del Acuerdo 080 de 2019, asigna la
competencia a las Salas Especiales de Decisión de los recursos extraordinarios de
revisión interpuestos contra las sentencias de las Secciones o Subsecciones del
Consejo de Estado.

De acuerdo con lo anterior, a la Sala Quinta Especial de Decisión del Consejo de
Estado le corresponde conocer del recurso extraordinario de revisión interpuesto por
el señor Selvio Alberto Rodríguez Castro contra la sentencia del 29 de abril de 2020,
proferida por el Consejo de Estado, Sección Cuarta.

2. Oportunidad del recurso

El recurso extraordinario de revisión se presentó el 25 de mayo de 20213, es decir, en
vigencia del CPACA, por lo que, es procedente revisar el término de interposición,
conforme con lo previsto en el artículo 251 ejusdem, según el cual, el recurso podrá
interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia4.

3
Índice 1 de SAMAI.
4
“Artículo 251. Término para interponer el recurso. El recurso podrá interponerse dentro del año siguiente a la
ejecutoria de la respectiva sentencia.
En los casos contemplados en los numerales 3 y 4 del artículo precedente, deberá interponerse el recurso dentro
del año siguiente a la ejecutoria de la sentencia penal que así lo declare.
En el caso del numeral 7, el recurso deberá presentarse dentro del año siguiente a la ocurrencia de los motivos
que dan lugar al recurso.
En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse dentro de los cinco
(5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial o en los casos de que ella no se requiera, dentro del
mismo término contado a partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio”.

6

Radicado: 11001 03 15 000 2021 02940 00
Demandante: Selvio Alberto Rodríguez Castro

Comoquiera que la sentencia que se cuestiona quedó ejecutoriada el 27 de mayo de
20205 y el recurso extraordinario de revisión se radicó el 25 de mayo de 2021, es
claro que la demanda se presentó dentro del término.

3. Legitimación en la causa

Respecto del señor Selvio Alberto Rodríguez Castro recae el interés jurídico que se
debate en el sub examine, en tanto que, fue la parte demandante vencida dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho objeto de reproche. Por
su parte, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, está legitimada, pues fue
parte demandada en dicho proceso.

La Sala procede a pronunciarse respecto de: (i) la naturaleza y marco legal de
recurso extraordinario de revisión y, (ii) el alcance y requisitos de la causal quinta del
artículo 250 del CPACA.

4. Naturaleza y marco legal de recurso extraordinario de revisión

En los términos del artículo 249 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, el recurso extraordinario de revisión procede contra las
sentencias ejecutoriadas dictadas por las Secciones y Subsecciones de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales
Administrativos y por los jueces administrativos, en los eventos contemplados en el
artículo 250 del CPACA6.

Respecto de la naturaleza del recurso extraordinario de revisión, la Corte
Constitucional lo ubica como una verdadera acción contra decisiones injustas, a fin
de restablecer la justicia material7, en el mismo sentido, la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, a través de la Sala Especial
Número Tres8, explicó que, en general, es un medio de impugnación excepcional
contra la sentencia, que permite el rompimiento del principio de cosa juzgada. Se

5
Según consta a folio 42 del cuaderno en préstamo.
6
“Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son
causales de revisión:
1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se
hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor
o caso fortuito o por obra de la parte contraria.
2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.
3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos
en su expedición.
4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la
sentencia.
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación.
6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor derecho para reclamar.
7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud
legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales
para su pérdida.
8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que
aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de
cosa juzgada y fue rechazada”.
7
Sentencia C-418 de 1994.
8
Ver, sentencia del 6 de septiembre de 2016, expediente con radicado número: 11001031500020130199800.
M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, Sala Especial de Decisión número 3.

7

Radicado: 11001 03 15 000 2021 02940 00
Demandante: Selvio Alberto Rodríguez Castro

propone con el fin de restablecer tanto el imperio de la justicia como la vigencia del
ordenamiento jurídico, que pueden resultar quebrantados por las sentencias injustas.

Dicho recurso, sin embargo, no es el mecanismo para cuestionar la actividad
interpretativa, ni la valoración probatoria del juez, ni para que el afectado con la
sentencia proponga cuestiones que no alegó oportunamente en el proceso originario.
Es un instrumento para discutir y ventilar ciertos hechos procesales externos a la
labor funcional del juez, que pueden llegar a afectar el principio de justicia material.

De ahí que, el ámbito de revisión esté restringido por las causales que el legislador
ha determinado de manera taxativa, causales que, en todo caso, por tratarse de
situaciones excepcionales contra el valor de la cosa juzgada, no admiten
interpretaciones más allá de lo que en buena ley se deduce de su texto.

Las causales de revisión previstas en el artículo 250 CPACA básicamente tienen que
ver con hechos como la falsedad, el fraude, el error, la aparición de documentos
decisivos que hubieren modificado el sentido de la decisión o incluso la violación del
debido proceso. Esas causales, como es apenas obvio, no aluden a errores
sustanciales que puedan derivarse de la falta de aplicación, la aplicación indebida o
la interpretación errónea de una norma sustancial. No es un recurso que proceda por
violación de la ley9.

5. Del alcance y requisitos de la causal quinta: -“(…) 5. Existir nulidad
originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede
recurso de apelación”.

De la lectura del numeral 5 del artículo 250 del CPACA, es posible advertir que para
que se configure la causal, deben concurrir los siguientes requisitos: (i) que la
providencia que es recurrida mediante el recurso extraordinario de revisión ponga fin
al proceso; (ii) que contra esta decisión no proceda el recurso de apelación y, (iii)
que la nulidad alegada haya ocurrido en el momento en que se dictó la sentencia y
no antes10.

Pues bien, por regla general, los motivos de nulidad que afectan la sentencia son
aquellos eventos descritos en el artículo 133 del Código General del Proceso11 –

9
Ibídem.
10
Recuérdese, que de conformidad con el parágrafo del artículo 133 del Código General del Proceso, las demás
irregularidades del proceso que no se impugnan oportunamente por los mecanismos que establece el código se
tendrán por subsanadas.
11
La comprensión del artículo 133 del Código General del Proceso permite advertir que las causales de nulidad
tienen que ver básicamente con sucesos del siguiente orden:
1. Que el juez actúe en el proceso después de declarar la falta de jurisdicción o de competencia.
2. Que el juez proceda contra providencia ejecutoriada del superior, reviva un proceso legalmente concluido o
pretermita íntegramente la respectiva instancia.
3. Que se adelante después de ocurrida cualquiera de las causales legales de interrupción o de suspensión, o si,
en estos casos, se reanude antes de la oportunidad debida.
4. Cuando es indebida la representación de alguna de las partes, o cuando quien actúa como su apoderado
judicial carece íntegramente de poder.
5. Cuando se omiten las oportunidades para solicitar, decretar o practicar pruebas, o cuando se omite la práctica
de una prueba que de acuerdo con la ley sea obligatoria.
6. Cuando se omita la oportunidad para alegar de conclusión o para sustentar un recurso o descorrer su traslado.
7. Cuando la sentencia se profiera por un juez distinto del que escuchó los alegatos de conclusión o la
sustentación del recurso de apelación.

8

Radicado: 11001 03 15 000 2021 02940 00
Demandante: Selvio Alberto Rodríguez Castro

antes el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil – y por violación del artículo
29 de la Constitución Política12, ocurre lo propio en las distintas jurisdicciones13.

Será entonces, en los eventos en los que algunas de las circunstancias descritas en
la precitada norma se configuren en el momento procesal de la expedición de la
sentencia que se habilita el recurso extraordinario de revisión14, pues recuérdese, que
de conformidad con el parágrafo del artículo 133 del Código General del Proceso, las
demás irregularidades del proceso que no se impugnan oportunamente se tendrán
por subsanadas y que, en los términos del inciso final del artículo 135 ejusdem, será
rechazada de plano toda solicitud de nulidad que se funde en hechos que se
propongan después de saneada la nulidad, sin perjuicio de las nulidades insaneables
que describe el parágrafo del artículo 136 de la misma norma.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de mayo de
2011, en el expediente con radicado número: 11001-03-15-000-2008-00294-00,
identificó algunos eventos es los que se predica la existencia de la nulidad originada
en la sentencia, en los siguientes términos:

“En síntesis, la nulidad que tiene origen en la sentencia se presenta por i) falta de
jurisdicción o competencia, ii) cuando se dicta nueva sentencia en proceso terminado
normalmente por sentencia firme, iii) cuando sin más actuación se dicta sentencia
después de ejecutoriado el auto por el cual hubiera sido aceptado el desistimiento,
aprobada la transacción o declarada la perención del proceso, iv) cuando se dicta
sentencia como única actuación, sin el previo trámite correspondiente, v) cuando se
condena al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la
demanda o por causa diferente de la invocada en ésta, vi) cuando se condena a quien no
ha sido parte en el proceso, vii) o cuando, sin más actuación, se profiere sentencia
después de ocurrida cualquiera de las causas legales de interrupción o de suspensión o,
en estos casos, antes de la oportunidad debida, viii) cuando la sentencia aparece firmada
con mayor o menor número de magistrados, o adoptada con un número de votos diverso
15
al previsto en la ley, ix) cuando la providencia carece completamente de motivación[ ]”.

8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a personas
determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas
como partes, o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo
ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo
con la ley debió ser citado.
12
La Corte Constitucional en las sentencias C-491 de 1995, C-217 de 1996 y C-739 de 2001 precisó que la
nulidad originada en la sentencia no se restringe a las causales que prevé el Código General del Proceso – antes
Código de Procedimiento Civil-, que, adicionalmente, puede derivar de la violación al debido proceso establecido
en el artículo 29 de la Constitución Política.
13
La jurisdicción civil [Artículos 379 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.], la jurisdicción penal
[Artículos 192 y siguientes de la Ley 906 de 2004 Código de Procedimiento Penal], la jurisdicción ordinaria laboral
[Artículo 62 y siguientes del Código de Procedimiento Laboral] y la jurisdicción de los contencioso administrativo
[artículo 250 y siguientes del Código de lo Contencioso Administrativo y de Procedimiento Administrativo].
14
Salvo algunos eventos en los que, a pesar de presentarse en un momento previo a la emisión del fallo, no pudo
ser advertida por el afectado, caso en el cual el interesado tiene la carga de probar que no tuvo la oportunidad de
proponer la nulidad o alegar el vicio oportunamente. De lo contrario, la causal de revisión en cuestión se
convertiría en una anormal oportunidad para que las partes subsanen las omisiones del proceso ordinario y
aleguen nulidades o errores procesales que debieron proponer dentro del término oportuno. Al respecto, ver
sentencias del 3 de diciembre de 2019, expediente con radicado número: 11001-03-15-000-2018-01235-00 y del
3 de diciembre de 2019, expediente con radicado número: 11001-03-15-000-20120-00643-00.
15
Al respecto, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia del 20 de octubre
de 2009, dentro del expediente con radicado número: 2003-00133-00, señaló que la nulidad originada en la
sentencia por ausencia de motivación, se presenta solamente ante la carencia total de pronunciamiento del
juez sobre las razones de hecho o de derecho que le permiten arribar a una decisión.

9

Radicado: 11001 03 15 000 2021 02940 00
Demandante: Selvio Alberto Rodríguez Castro

Aunado a lo anterior, esta Corporación ha previsto que la causal de nulidad originada
en la sentencia también comprende la violación al principio de congruencia, así:

“Ahora bien, la causal quinta del artículo 250 del CPACA también comprende la violación
del principio de congruencia cuando al accionado es condenado por cantidad superior, o
por objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente a la invocada en
ésta; también se configura en el evento que la sentencia no se pronuncie sobre todos los
16
puntos litigiosos objeto del debate (cifra petita)”

Se resalta que la Sala Plena de esta Corporación dio un nuevo alcance a la referida
causal, en lo que concierte al derecho al debido proceso. En sentencia de unificación
del 8 de mayo de 2018, proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado, en el
expediente con radicado número: 11001-03-15-000-1998-00153-0117, se refirió
ampliamente al derecho a la tutela judicial efectiva o recurso judicial efectivo y
consideró que el recurso de revisión y las causales que dan lugar a su solicitud,
constituyen un mecanismo judicial destinado a la protección de derechos
fundamentales como el de acceso a la justicia y el debido proceso, es decir, es
un instrumento o medio de control adicional que el legislador diseñó para la
protección de esos derechos fundamentales y, por tanto, hacen parte del haz de
acciones para la satisfacción plena del derecho fundamental a la tutela judicial
efectiva18.

Al respecto, precisó que toda persona tiene derecho al debido proceso y, por tal
razón, a que los procesos judiciales sean resueltos de fondo cuando el cumplimiento
de los presupuestos procesales así lo permita, pues de lo contrario, iría en
detrimento no solo del derecho al debido proceso, sino del derecho de acceso a una
real y efectiva administración de justicia, dado que la no resolución de las
controversias judiciales, fundada en motivos caprichosos, equivale a una falta de
tutela judicial efectiva y, en forma genérica a una vulneración al debido proceso.

Por tal razón, la Sala concluyó, que también hay una vulneración del derecho
fundamental al debido proceso, artículo 29 Constitucional, cuando una autoridad
judicial dicte sin fundamento válido, razonable, una sentencia inhibitoria, por
considerarla una clara denegación de justicia.

Al tiempo, estableció que, en adelante, «los eventos definidos tradicionalmente por la
jurisprudencia de esta Corporación como constitutivos de nulidades originadas en
sentencia, no son taxativos».

En ese sentido, en aras de hacer efectivos los derechos a la tutela judicial efectiva, al
acceso a la administración de justicia y al debido proceso, estableció como subregla

16
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 7 de septiembre de 2018, Rad. REV 2014-
00440-00.
17
En esa oportunidad, la Sala Plena estableció que se configura la nulidad originada en la sentencia i) cuando se
presenta alguno de los hechos enlistados en el artículo 140 del C. P. C, vigente para la época en que se dictó el
fallo de segunda instancia, objeto del recurso de revisión, [actualmente artículo 133 del Código General del
Proceso] y ii) por desconocimiento del artículo 29 de la Carta Política, como expresamente lo reconoció esta
Corporación en la sentencia de 7 de febrero de 2006, expediente REV-00150 y la Corte Constitucional en la
Sentencia C-739 de 2001 y entró a determinar si un fallo inhibitorio no justificado, es causal de nulidad
constitucional por violación de los derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia y a una tutela
judicial efectiva.
18
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 21 de junio de 2012, Rad. 11001-03-15-000-2012-00676-00.

10

Radicado: 11001 03 15 000 2021 02940 00
Demandante: Selvio Alberto Rodríguez Castro

jurisprudencial: es deber del juez decidir de fondo los litigios cuando las circunstancias así
se lo permitan, lo que significa que la violación a tales preceptos cuando se expide un fallo
inhibitorio injustificado también configura la causal de revisión alegada.

Finalmente, se precisa que esta causal no procede para controvertir las razones del
fallo ni para corregir los errores de apreciación de los hechos y de las pruebas, en
que, a juicio del recurrente, hubiera incurrido el fallador. Un entendimiento distinto
equivaldría a convertir el recurso en un juicio en que se discutirían nuevamente los
hechos, ya dilucidados con fuerza de cosa juzgada19. En los términos de la sentencia
del 11 de octubre de 200520, “no se trata de controvertir la corrección o incorrección del
juzgamiento, ni de corregir los errores de apreciación de los hechos y de las pruebas, en que
a juicio del recurrente hubiera podido incurrir el fallador, pues eso equivaldría a convertir el
recurso en un juicio contra el fondo de la sentencia, discutiendo nuevamente los hechos, ya
dilucidados con fuerza de cosa juzgada; sino de la inobservancia de las reglas propias de la
sentencia, que vician su validez”.

6. Planteamiento del problema jurídico

En los términos del recurso, a la Sala le corresponde estudiar sí la sentencia
proferida el 29 de abril de 2020, por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, dentro de
la acción de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado número: 25000- 23-
37-000-2016-00615-01, está incursa en la causal de revisión prevista en el numeral 5
del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011.

Para lo anterior, la Sala establecerá si los argumentos planteados por la parte
recurrente se enmarcan dentro de los presupuestos para alegar la causal invocada.

7. De la solución al problema jurídico planteado

El señor Selvio Alberto Rodríguez Castro invocó la causal quinta del artículo 250 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, porque
considera que la sentencia del 29 de abril de 2020, proferida por la Sección Cuarta
del Consejo de Estado, es nula por dos aspectos: (i) vulneración al principio de
necesidad de la prueba y en consecuencia el derecho de defensa y contradicción del
contribuyente, al no aplicarse el principio de favorabilidad a la sanción por
inexactitud, con base en una declaratoria de proveedor ficticio que fue posterior a los
hechos que dieron origen a la sanción referida; y, (ii) indebida aplicación de la
jurisprudencia del Consejo de Estado, para enmarcar la sanción por inexactitud del
numeral 2 del artículo 648 del E.T.

Al respecto, se observa que, si bien, en principio, el cargo cumple con los requisitos
de procedencia de la causal, en tanto: la providencia recurrida mediante el recurso
extraordinario de revisión puso fin al proceso [del 29 de abril de 2020, proferida por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado]; contra esta decisión no procedía el recurso
de apelación, pues es una providencia de segunda instancia que resolvió el recurso

19
Sentencias del 16 de agosto de 2018, expediente con radicado número: 23001-33-31-003-2007-00107-01
[47300], Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado, M.P. Guillermo Sánchez Luque Consejo de
Estado, que reitera la sentencia del 11 de octubre de 2005, Rad. 00794-00 de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo.
20
Expediente con radicado número: 11001-03-15-000-2003-00794-01 M.P. Ligia López Díaz, Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo.

11

Radicado: 11001 03 15 000 2021 02940 00
Demandante: Selvio Alberto Rodríguez Castro

de apelación interpuesto por las partes contra el fallo del 8 de marzo de 2018, del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B y, la
nulidad alegada se invoca con ocasión a la sentencia, no antes, pues señala una
presunta incongruencia. No ocurre lo mismo con los presupuestos de fondo para
declarar su prosperidad, como se pasa a explicar.

La Sala observa que la parte recurrente, por un lado, no explicó con suficiencia los
argumentos en que sustenta la causal invocada y, por el otro, se limitó a cuestionar
situaciones jurídicas que fueron objeto de pronunciamiento en el proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho, cuya discusión pretende revivir y convertir el recurso
extraordinario de revisión en una nueva instancia. Asimismo, expuso argumentos,
que, en últimas conciernen a la legalidad de los actos administrativos que
modificaron la declaración de IVA del sexto bimestre del año 2012 y le impuso
sanción por inexactitud.

En la sentencia cuestionada se concluyó que el señor Rodríguez Castro no tenía
derecho a solicitar en la declaración del IVA del bimestre objeto de controversia, los
impuestos descontables derivados de las mencionadas operaciones; además que no
era procedente, en aplicación del principio de favorabilidad, recalcular el monto de la
sanción con el 100%, como lo hizo el Tribunal, sino con el 160% como la calculó la
administración en el acto cuestionado.

El recurrente señala que se vulneró el derecho al debido proceso, porque, a su juicio,
el ad quem concluyó que la sanción por inexactitud debía calcularse sobre el 160%
de la diferencia entre el saldo a pagar o saldo a favor declarado y el determinado en
la liquidación oficial, con fundamento en el numeral 2 del artículo 648 del E.T.,
usando como criterio un aspecto que no se había debatido en sede administrativa ni
judicial, esto es, la existencia de proveedores ficticios, lo que considera, impidió
ejercer sus derechos de defensa y contradicción.

Al respecto, se debe indicar que la discusión en sede administrativa y judicial se
concretó en determinar la realidad de las operaciones con los proveedores, en el
bimestre objeto de discusión, en donde la consecuencia de desestimarlas es la
imposición de la sanción por inexactitud.

Justamente, la Dian en la liquidación oficial de revisión afirmó que el actor facturó
operaciones inexistentes, sin que se demostrara lo contrario, lo cual derivó en la
imposición de la sanción por inexactitud establecida en el artículo 647 del E.T., que
para la fecha era equivalente al 160% de la diferencia entre el saldo a pagar o saldo
a favor, según el caso, determinado en la liquidación oficial y el declarado por el
contribuyente o responsable.

Por su parte, en la sentencia de primera instancia, el tribunal señaló que era
procedente la sanción por inexactitud, en la medida en que el señor Rodríguez
Castro no demostró la realidad de sus operaciones ni en sede administrativa ni
judicial, por lo que declaró las compras de los impuestos descontables inexistentes.
Sin embargo, señaló que el artículo 287 de la Ley 1819 de 2016, redujo la sanción
por inexactitud del 160% al 100%, por lo que, en aplicación del principio de
favorabilidad, en el caso concreto se reducía la sanción.

12

Radicado: 11001 03 15 000 2021 02940 00
Demandante: Selvio Alberto Rodríguez Castro

La Dian en el recurso de apelación apeló dicha decisión y señaló que no había lugar
a dar aplicación al principio de favorabilidad, porque en el presente caso, se estaba
ante proveedores que fueron declarados ficticios por la Administración tributaria.
Razón por la cual procedía la aplicación del artículo 648-2 del ET.
Al respecto, la sentencia acusada, dispuso:

“En cuanto al planteamiento de la alzada de la DIAN, en el sentido que en aplicación del
artículo 648-2 del ET debió mantenerse la sanción por inexactitud, tal y como se
determinó en el acto cuestionado, considera la Sala que le asiste razón por lo siguiente:

Mediante el artículo 282 de la Ley 1819 de 2016, que modificó el artículo 640 del ET, se
estableció que “el principio de favorabilidad aplicará para el régimen sancionatorio
tributario, aun cuando la ley permisiva o favorable sea posterior”.

Al compararse la regulación de la sanción por inexactitud consagrada en el artículo 647
del ET, con la modificación efectuada por la Ley 1819 de 2016, se aprecia que esta última
establece la sanción más favorable para el sancionado en tanto disminuyó el valor del
160% -establecido en la legislación anterior- al 100% de la diferencia entre el saldo a
pagar o saldo a favor determinado en la liquidación oficial y el declarado por el
contribuyente. Por eso, la Sala ha reconocido oficiosamente la modificación de las
sanciones por inexactitud impuestas antes del inicio de la vigencia de esa norma, para
determinar la multa de conformidad con el nuevo porcentaje del 100 % (sentencia del 15
de noviembre de 2018, exp.22214, CP. Stella Jeannette Carvajal Basto).

Pero, igualmente, ha indicado que no procede esa disminución cuando la inexactitud
sancionable se haya originado en el desconocimiento de compras efectuadas a quienes
la autoridad de impuestos haya declarado como proveedores ficticios o insolventes, caso
en el cual -según el artículo 648-2 del ET- la sanción será del 160%, (sentencias del 5 de
abril de 2018, exp.21752, CP. Jorge Octavio Ramírez Ramírez y del 4 de julio de 2019,
exp.22737, CP. Julio Roberto Piza Rodríguez).

En el caso bajo estudio, como ya se indicó, mediante las Resoluciones 00004 y 00005 del
18 y 22 de febrero de 2016 la DIAN declaró a dos de las proveedoras del demandante
como proveedoras ficticias. Motivo por la cual no era procedente, en aplicación del
principio de favorabilidad, recalcular el monto de la sanción con el 100%, como lo hizo el
Tribunal, sino con el 160% como la calculó la administración en el acto cuestionado”.

Como se evidencia, durante el proceso administrativo la imposición de la sanción por
inexactitud equivalente al 160% entre el saldo a pagar declarado y el determinado en
la liquidación oficial, fue objeto de estudio y análisis por parte de la Dian. Comoquiera
que de las pruebas allegadas al proceso se estableció que las operaciones
registradas en el bimestre discutido fueron inexistentes, ésta fue razón suficiente
para aplicar la sanción por inexactitud de que trata el artículo 647 del ET.

Ahora, el hecho de que con posterioridad a la expedición de los actos administrativos
se hayan aportado las resoluciones en las cuales se declararon a dos de los
proveedores como ficticios, solo reforzó el argumento de la administración referente
a la inexistencia de las operaciones que conllevaban a la imposición de la sanción
por inexactitud.

En todo caso, debe aclararse que, en el presente asunto, no se impuso la sanción de
declaración de proveedor ficticio o insolvente prevista en el artículo 671 del E.T., sino
la sanción por inexactitud prevista en el artículo 647 ejusdem, la cual no está
supeditada a la declaratoria de proveedor ficticio, pues en casos como el que se
analiza, la conducta sancionable es la inexistencia de las operaciones reportadas,
que generaron el impuesto descontable rechazado.

13

Radicado: 11001 03 15 000 2021 02940 00
Demandante: Selvio Alberto Rodríguez Castro

Además, debe indicarse que en el presente caso no se vulnera el principio de la no
reformatio in pejus, teniendo en cuenta que ambas partes interpusieron recurso de
apelación contra el fallo de primera instancia, por lo tanto, el ad quem tenía plena
competencia para pronunciarse sobre la totalidad de los cargos propuestos.

En esas condiciones, la Sala estima que el fallo de segunda instancia en el proceso
ordinario es razonable, toda vez que antes de proferirse la sentencia, fueron
declarados dos de los proveedores del señor Rodríguez Castro como proveedores
ficticios y conforme con la jurisprudencia que, hasta la fecha en que se profirió la
decisión, había desarrollado la Sección Cuarta del Consejo de Estado21, no era válida
la aplicación del principio de favorabilidad en materia sancionatoria.

Ahora, conforme con el criterio desarrollado por el Consejo de Estado, el
desconocimiento del precedente “no constituye un vicio formal de la sentencia, en el
que se pueda sustentar alguna de las causales previstas por el legislador para la
procedencia del recurso extraordinario de revisión”, pues se trata de una
“inconformidad de quien la recurre frente a las consideraciones y decisión plasmadas
por el Ad quem en la sentencia de segunda instancia, como consecuencia de haber
resuelto de manera desfavorable sus pretensiones”22. En ese sentido, en este
escenario el argumento en cuestión resultaría improcedente, pues debería ser
encausado a través de mecanismos como el recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia ꟷcuando se trate de una sentencia de unificación del Consejo de
Estadoꟷ, o la acción de tutela.

Tal y como se indicó en párrafos anteriores el recurso de revisión es de naturaleza
extraordinaria, por lo tanto, no es el mecanismo idóneo para solicitar que se
pronuncien sobre argumentos expuestos en el recurso de apelación, pues para ello
está prevista la solicitud la aclaración y/o adición de una providencia.

Luego, de ninguna manera las afirmaciones en que el recurrente basó el recurso
extraordinario de revisión pueden ser entendidas como verdaderos argumentos que
se enmarquen dentro de los requisitos de la causal invocada, pues, como se vio, no
cumple con alguno de los presupuestos fácticos que la jurisprudencia de esta
Corporación ha determinado para la procedencia del mismo.

En suma, los cargos no prosperan y, en consecuencia, se impone declarar infundado
el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el señor Selvio Alberto
Rodríguez Castro, contra la sentencia del 29 de abril de 2020, proferida por el
Consejo de Estado, Sección Cuarta.

21
Ver sentencias del 20 de noviembre de 2019, Exp. 23584 y del 28 de mayo de 2020, Exp. 21352, C.P. Milton
Chaves García.
22
CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión No. 2, sentencia de
4 de agosto de 2020, radicado 11001-03-15-000-2016-03553-00(REV). En igual sentido, Sala Especial de
Decisión No. 13, sentencia de 7 de abril de 2015 (11001-03-15-000-2013-02724-00 REV), y Sección Quinta,
sentencia de 19 de julio de 2012 (13001-23-31-000-2007-00173-01 REV).

14

Radicado: 11001 03 15 000 2021 02940 00
Demandante: Selvio Alberto Rodríguez Castro

Condena en costas

Lo primero que debe señalarse es que el artículo 255 de la Ley 1437 de 2011, fue
modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de 2021, para prever que “Si se declara
infundado el recurso, se condenará en costas y perjuicios al recurrente”.

Sin embargo, el numeral cuarto del artículo 86 de la referida Ley 2080 de 2021, al
referirse sobre su vigencia, precisó “en estos mismos procesos, los recursos
interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las
diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes
en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes
cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las
audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los
incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.”

Teniendo en cuenta que, en el caso concreto, el recurso extraordinario de revisión se
interpuso en vigencia de la Ley 2080 de 2021 – 25 de mayo de 2021-, es aplicable al
presente asunto la modificación introducida por al artículo 255 del CPACA.

Acorde con lo anterior, en el presente caso procede la condena en costas, teniendo
en cuenta que la causal alegada en el recurso extraordinario de revisión no tiene
vocación de prosperidad y por tanto se declarará infundado.

Como está probada la intervención de la DIAN, con el escrito de oposición del
recurso, en cumplimiento del numeral 4 del artículo 366 del Código General del
Proceso, se condenará en costas por concepto de agencias en derecho, en suma
equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la fecha en que se
profiere esta sentencia, atendiendo los criterios y tarifas establecidos por el numeral
9 del artículo 5 del Acuerdo número PSSAA16-10554 de 2016 proferido por el
Consejo Superior de la Judicatura23. Lo anterior, teniendo en cuenta, la naturaleza,
calidad y duración de la gestión desplegada por el apoderado de la demandada en el
trámite del recurso de revisión, la cual se evidencia en el plenario.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sala Quinta Especial de Decisión, administrando justicia, en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por
el señor Selvio Alberto Rodríguez Castro contra la sentencia del 29 de abril de 2020,
proferida por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho radicado con nro. 25000- 23-37-000-2016-00615-01,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

23
“Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho”

15

Radicado: 11001 03 15 000 2021 02940 00
Demandante: Selvio Alberto Rodríguez Castro

SEGUNDO: Condenar en costas a la parte recurrente, únicamente por concepto de
agencias en derecho, a un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la fecha en que
se profiere la presente sentencia.

TERCERO: En firme esta providencia, devolver al despacho de origen para lo de su
cargo.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILLIAM HERNANDEZ GÓMEZ
Presidente de la Sala Aclara voto parcialmente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

(Firmado electrónicamente)
NICOLÁS YEPES CORRALES

16

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.