Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2024-00225-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2024-00225-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2024-00225-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
5 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-25-000-2024-00225-00 (3059-2024)
Demandante: Registraduría Nacional del Estado Civil
Demandado: Marco Antonio Vargas Anillo
Temas: Finalización de Nombramiento de Registrador Especial.
Naturaleza y alcance del recurso extraordinario de revisión.
Aplicación indebida de la norma y desconocimiento del
precedente judicial. DECLARA INFUNDADO.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide el recurso extraordinario de revisión que interpuso1 la Registraduría
Nacional del Estado Civil en contra la sentencia del doce (12) de marzo de dos mil
veintiuno (2021) proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar2, para lo cual
invocó la causal 5 del artículo 250 del CPACA.
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
1. Mediante Resolución 349 del 21 de diciembre de 2010, el señor Marco Antonio
Vargas Anillo fue vinculado en provisionalidad por la Registraduría Nacional del
Estado Civil, en el cargo de registrador especial 0065-03.
2. Por Resolución 56 del 3 de mayo de 2013, fue nombrado por un período de seis
meses, y sucesivamente se le renovó su nombramiento por varios períodos más,
hasta que, mediante Resolución 098 del 4 de mayo de 2016, fue nombrado por
última vez en la Registraduría Especial de Cartagena por un periodo de 2 meses.
3. Que ante la ausencia de prórroga del nombramiento, interpuso una acción de
tutela y mediante Sentencia de 29 de julio de 2016 proferida por el Tribunal Superior
del Distrito de Cartagena- Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras, se
amparó su derecho fundamental al debido proceso y se ordenó expedir un acto
administrativo motivando su desvinculación, o en su defecto, reintegrarlo en el cargo
que ocupaba, siempre que el mismo no fuera provisto por concurso de méritos;
decisión que fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia en providencia de 7
de septiembre de 2016.
4. Que, en cumplimiento de dicha orden, el 2 de agosto de 2016, se profirió la
Resolución 199 mediante la cual fue desvinculado del cargo, a partir del 5 de julio
de 2016.
1 La presentación del recurso se efectuó el 17 de mayo de 2024, según la anotación efectuada por la Secretaría
de la Sección Segunda de esta Corporación que reposa en el índice 00003 de SAMAI.
2 Decisión que confirmó la sentencia proferida el 29 de junio de 2018 por el Juzgado Quinto Administrativo del
Circuito de Cartagena, por medio de la cual se concedieron parcialmente las pretensiones dentro del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado núm. 13-001-33-33-005-2016-00333-01.
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5. Que en ejerció del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
con el fin de que se declarara la nulidad de los siguientes actos administrativos: (i)
Resolución 098 de mayo 4 de 2016, Resolución sin número del 4 de mayo de 2016
y (iii) Resolución 199 del 2 de agosto de 2016. Como restablecimiento, solicitó el
reintegro a un cargo de igual o superior categoría junto con el pago de haberes
laborales desde la fecha del retiro hasta el reintegro junto con su actualización e
intereses.
6. Mediante providencia del 29 de junio de 2018, el Juzgado Quinto Administrativo
de Cartagena declaró la nulidad de los actos; decisión que fue confirmada por el
Tribunal Administrativo de Bolívar en sentencia del 12 de marzo de 2021.
7. En providencia del 19 de agosto de 2022, el Tribunal Administrativo de Bolívar
negó la solicitud de aclaración y adición presentada por la Registraduría Nacional
del Estado Civil.
8. Que la Registraduría Nacional del Estado Civil acudió al juez de tutela con el fin
de que se dejara sin efecto la sentencia proferida el 12 de marzo de 2021 por el
Tribunal Administrativo de Bolívar, en cuanto, confirmó la decisión judicial de
primera instancia por considerar que se utilizó como excusa la categoría del cargo
como de libre nombramiento y remoción, para lograr, bajo una apariencia de
legalidad, la desvinculación del demandante.
9. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, mediante sentencia del
9 de agosto de 2023 declaró la improcedencia de la solicitud de tutela al considerar
que no satisfacía el requisito de relevancia constitucional; decisión que fue revocada
el 3 de octubre de 2023, por la Subsección B, Sección Segunda para en su lugar,
negar el amparo solicitado.
SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN
10. Mediante providencia del 12 de marzo de 20213, el Tribunal Administrativo de
Bolívar confirmó la sentencia de primera instancia al considerar que el acto
demandado estuvo viciado por falsa motivación.
11. Para sustentar su decisión, la Sala expuso, en síntesis, los siguientes
fundamentos:
12. Señaló que el demandante se desempeñaba en provisionalidad en el cargo de
Registrador Especial 0065-03 desde el 21 de diciembre de 2010, con sucesivas
prórrogas, siendo la última la contenida en la Resolución 098 del 4 de mayo de
2016, cuyo nombramiento fue dado por terminado mediante la Resolución 199 del
2 de agosto de 2016, con efectos al 5 de julio de ese año.
13. Afirmó que la desvinculación se fundamentó en la supuesta facultad discrecional
de los delegados departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil en
Bolívar, apoyada en el artículo 63 de la Ley 1350 de 2009, bajo el entendido de que
se trataba de un cargo de naturaleza gerencial.
3 Véase archivo denominado «05SentenciaSegundaInstancia», que reposa en la carpeta
«1300133330052016003300», al cual reposa en el índice 00041 de SAMAI.
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14. No obstante, consideró que dicha motivación no se ajustaba a las directrices
fijadas por la Sentencia C-553 de 2010, en la cual se precisó que los cargos de
autoridad administrativa o electoral en la Registraduría Nacional del Estado Civil son
de carrera administrativa, por lo que deben proveerse exclusivamente mediante
concurso público de méritos y que declaró exequible el literal a) del artículo 6º de la
Ley 1350 de 2009, en el entendido que los cargos allí previstos son de libre remoción
y no de libre nombramiento.
15. Adujo que como no existía prueba de la realización de dicho concurso, el acto
de desvinculación debía estar motivado y no podía sustentarse únicamente en la
facultad discrecional. En ese contexto, indicó que se configuró la falsa motivación,
al evidenciarse una discordancia entre las razones invocadas en el acto y la realidad
probada en el proceso, pues el cargo continuaba en provisionalidad y el
demandante fue removido para designar a otra persona en la misma condición.
16. Descartó que la Sentencia C-553 de 2010 fuera inocua o inaplicable por haber
analizado únicamente el artículo 6 de la Ley 1350 de 2009, al precisar que las
decisiones de la Corte Constitucional son de obligatorio cumplimiento y tienen
efectos erga omnes, conforme a la Ley 270 de 1996 y al artículo 241 de la
Constitución Política. También, rechazó el argumento de la demandada según el
cual el artículo 61 de la Ley 1350 de 2009 habría derogado el artículo 6 ibidem,
precisando que la derogatoria opera entre leyes de distinta temporalidad, no entre
disposiciones de un mismo cuerpo normativo.
17. En cuanto al alegado respeto por el acto propio que adujo la Registraduría,
indicó que la categorización del cargo como de libre nombramiento y remoción en
el acto constituía precisamente el punto controvertido del litigio, y que en sede
judicial se determinó su naturaleza de empleo de carrera administrativa especial.
18. Respecto de la caducidad, consideró que, aunque la primera instancia declaró
la nulidad de resoluciones anteriores a la 199 de 2016, estas conformaban una
unidad jurídica con el acto definitivo, por lo que la nulidad de este permeaba a los
anteriores, sin que se hubiera planteado oportunamente oposición por indebida
integración de la proposición jurídica.
19. Concluyó que la desvinculación no obedeció a la provisión definitiva del cargo
ni a un mal desempeño del actor, sino al uso indebido de la categoría de libre
nombramiento y remoción como justificación aparente para su retiro, en contravía
del régimen de carrera especial diseñado por el legislador para garantizar
imparcialidad y evitar injerencias políticas o personales en la Registraduría Nacional
del Estado Civil.
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
20. La Registraduría Nacional del Estado Civil sostiene que la sentencia 4 incurrió en
la causal quinta de revisión, por vulneración del principio de congruencia y por falta
de motivación.
21. Aduce que el fallo desconoció el régimen especial de carrera de la Registraduría
Nacional del Estado Civil, previsto en la Ley 1350 de 2009, particularmente en lo
concerniente a la naturaleza y forma de provisión de los cargos directivos. A su juicio,
4 Véase índice 00003 de SAMAI.
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el Tribunal estructuró su análisis con fundamento en el artículo 41 de la Ley 909 de
2004 —norma del régimen general que regula las causales de retiro de los empleos
de libre nombramiento y remoción y de carrera administrativa— cuando lo procedente
era aplicar el régimen especial consagrado en los artículos 6, 20 y 61 y siguientes de
la Ley 1350 de 2009, que regulan de manera específica la organización,
funcionamiento y sistema de carrera de la entidad. Con ello, afirma, se desconoció el
principio de especialidad normativa y se desfiguró el marco jurídico que gobernaba la
controversia.
22. Indica que el artículo 266 de la Constitución, modificado por el Acto Legislativo 01
de 2003, dispone que la Registraduría estará conformada por servidores
pertenecientes a una carrera administrativa especial y que los cargos de
responsabilidad administrativa o electoral serán de libre remoción, dentro del cual, por
mandato del legislador se encuentra incluido el cargo de Registrador Especial.
23. Que en desarrollo de este mandato se expidió la Ley 1350 de 2009, cuyo artículo
6 incluyó el empleo de registrador especial dentro de los cargos de libre nombramiento
y remoción; no obstante, dicha disposición fue condicionada por la Corte
Constitucional en la Sentencia C-553 de 2010, en el sentido de precisar que tales
cargos son de libre remoción —no de libre nombramiento— y, por tanto, deben
proveerse mediante concurso público de méritos.
24. Afirma que la provisionalidad en estos cargos está regulada de manera expresa
en el literal c) del artículo 20 de la Ley 1350 de 2009, como un nombramiento
provisional discrecional, excepcional y por un término máximo de seis meses
improrrogables, durante el cual debe adelantarse el respectivo concurso, lo que
demuestra que no se trata de una provisionalidad equiparable a la del régimen
general.
25. Sostiene igualmente que el Tribunal dejó de aplicar el Decreto 1011 de 2000, que
clasifica el empleo de Registrador Especial como cargo del nivel directivo, encargado
de funciones de dirección, conducción y orientación institucional, rasgos que —a su
entender— justifican la discrecionalidad en su retiro.
26. Cuestiona la calificación efectuada respecto del tipo de vinculación del actor, pues
pese a que el cargo de Registrador Especial corresponde a un empleo directivo o
gerencial, la sentencia habría asumido se trataba de una provisionalidad y, bajo esa
premisa, exigió una motivación reforzada para su desvinculación, aplicando
estándares propios de la protección relativa de quienes ocupan cargos de carrera de
manera temporal. Para la recurrente, esta apreciación desconoce la naturaleza
«intuitu personae» del cargo y desvirtúa el alcance de la facultad discrecional
reconocida por la ley.
27. Dice que la providencia se apartó del precedente constitucional que ha resaltado
la relevancia del elemento confianza en cargos de alta dirección administrativa o
electoral. En particular, invoca las sentencias C-230A de 2008 y SU-003 de 2018, en
las que —según afirma— se reconoce que la especial responsabilidad institucional de
ciertos empleos justifica un margen amplio de apreciación por parte del nominador. A
su juicio, el Tribunal otorgó prevalencia indebida a la sentencia C-553 de 2010, la cual
considera inaplicable o insuficientemente integrada al régimen especial de la
Registraduría, por no haber armonizado de manera sistemática las disposiciones de
la Ley 1350 de 2009 con el análisis constitucional efectuado.
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28. Que en la sentencia C-230A de 2008 la Corte precisó que, al regular la carrera
administrativa especial de la Registraduría, el legislador ejerce su potestad de
configuración dentro de los parámetros fijados por los artículos 125 y 266 del texto
constitucional, lo que le impone clasificar como regla general los cargos de carrera,
definir aquellos que comportan responsabilidad administrativa o electoral y,
excepcionalmente, reconoció la posibilidad de prever un retiro flexible respecto de
estos últimos, en consideración a la naturaleza de la entidad, sus funciones y sus fines
institucionales.
29. Afirma que la sentencia también desconoció el precedente horizontal, pues
existen decisiones adoptadas en casos con supuestos fácticos similares5 —incluso
por el mismo Tribunal— en las que se ha reconocido la naturaleza discrecional de
estos cargos y la improcedencia de exigir una motivación equiparable a la prevista
para empleos de carrera. En su criterio, esta divergencia no fue justificada de manera
expresa ni razonada, lo que compromete la congruencia de la decisión.
Contestación al recurso extraordinario de revisión
30. La parte demandada6 sostiene que la circunstancia de que el Tribunal y el
Juzgado no hubiesen citado de manera expresa otros precedentes relativos a cargos
de libre remoción no configura, por sí sola, una nulidad originada en la sentencia en
los términos del numeral 5 del artículo 250 del CPACA, pues la inconformidad con la
interpretación adoptada no equivale a una irregularidad estructural del fallo.
31. Señala que la Registraduría ya había planteado estos argumentos en sede de
tutela, pretendiendo cuestionar la aplicación de la Ley 909 de 2004 en lugar de los
artículos 61 y siguientes de la Ley 1350 de 2009, así como el supuesto
desconocimiento de las sentencias SU-003 de 2018 y C-230A de 2008. Sin embargo,
el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B concluyó que no se
configuraron defectos sustantivos ni desconocimiento del precedente, al advertir que
la providencia cuestionada fue proferida dentro del margen de autonomía funcional
del juez natural.
32. Afirma que incluso el Departamento Administrativo de la Función Pública ha
precisado que los empleos de la Registraduría no corresponden a cargos de gerencia
pública por pertenecer a la Rama Ejecutiva.
Concepto del Ministerio Público
33. La Procuraduría Tercera Delegada ante esta Corporación rindió el Concepto núm.
460 del 6 de diciembre de 20247, en el cual solicitó declarar infundado el recurso, al
estimar que no se configura vulneración alguna de los principios de motivación y
congruencia. Señaló que los aspectos cuestionados por la parte recurrente —relativos
a pretensiones, cargos y excepciones, entre otros— y que se plantean como carentes
de pronunciamiento o correspondencia con lo decidido, sí fueron debidamente
abordados.
5 Para el efecto referenció las siguientes: Tribunal Administrativo de Bolivar. Sentencia del 31 de julio de 2013,
rad. 13001-23-31-003-2002-0101-01; Tribunal Administrativo del Chocó. Sentencia del 17 de septiembre de
2021, rad. 27001-23-33-000-2016-00156-00; Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina. Sentencia del 5 de febrero de 2019, rad. 88001-33-33-001-2015-00292-01; Tribunal Administrativo del
Tolima. Sentencia del 3 de junio de 2021, rad. 73001-33-33-001-2016-00775-00; Tribunal Administrativo de
Bolívar. Sentencia del 17 de marzo de 2023, rad. 13001-33-33-002-2014-00041-02; Tribunal Administrativo de
Quindío. Sentencia del 10 de diciembre de 2021, rad. 63-001-23-33-000-2020-00418-00.
6 Véase índice 00033 de SAMAI.
7 Véase índice 00023 de SAMAI.
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34. Que, en el fondo, la inconformidad radica en que la recurrente pretende un
pronunciamiento en los términos por ella propuestos, o conforme al orden y criterio
jurídico en el que insiste.
35. Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
36. Corresponde a la Sala determinar si en la sentencia del 12 de marzo de 2021,
proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, se configura la causal de revisión
invocada por la recurrente.
37. Para ello, la Sala abordará los siguientes aspectos: i) Generalidades del recurso
extraordinario de revisión, ii) Causal de revisión invocada, y iii) Caso concreto.
Generalidades del recurso extraordinario de revisión
38. El recurso extraordinario de revisión es un mecanismo procesal de control de
las decisiones que han hecho tránsito a cosa juzgada8. En términos del artículo 248
del CPACA:
«Artículo 248. El recurso extraordinario de revisión procede contra las
sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales
Administrativos y por los jueces administrativos».
39. El objetivo principal de esta vía extraordinaria es invalidar los efectos de una
sentencia ejecutoriada9. De acuerdo con las causales establecidas en el artículo 250
del CPACA, busca restaurar el principio de justicia material y la supremacía de las
garantías procesales cuando se constate que la decisión estuvo afectada por alguno
de los siguientes eventos:
i) Aparición de circunstancias desconocidas al momento de dictar el fallo, las cuales,
de haber sido conocidas, habrían llevado a una sentencia diferente10.
ii) Descubrimiento de hechos delictivos o fraudulentos que fueron determinantes en
la adopción de la sentencia que se pretende anular11.
iii) Existencia de nulidades originadas en la sentencia que puso fin al proceso y que
no podían ser objeto de recurso de apelación.
iv) Contradicciones de la sentencia con otra anterior que constituya cosa juzgada12.
40. Si bien la revisión constituye una vía que afecta el principio de la inmutabilidad de
las sentencias ejecutoriadas y, por ende, es una excepción al principio de la cosa
juzgada, ello no implica que sea un mecanismo que habilite una tercera instancia para
8 El artículo 248 del CPACA señala: «El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias
ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos».
9 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 15
de marzo de 2018. Exp. 1001-03-25-000-2014-00862-00 (2668-2014). C.P. William Hernández Gómez.
10 Como la aparición de documentos esenciales que no pudieron ser aportados por fuerza mayor o caso fortuito,
la existencia de un tercero con mejor derecho que el beneficiado con la sentencia cuestionada o la desaparición,
al momento del reconocimiento, de las razones que justificaban que se hubiera decretado la prestación
periódica.
Como el hallazgo de documentos falsos o adulterados, peritajes fraudulentos, o la ocultación de documentos
relevantes por alguna de las partes. Esto incluye también la posible influencia de cohecho o violencia en la
emisión del fallo.
12 De acuerdo con la clasificación presentada en Garzón Martínez, Juan Carlos (2021). Proceso contencioso
administrativo. Fase escrita – Fase oral. 2° Edición. Grupo editorial Ibañez (2° Ed. pp. 612-613).
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discutir los problemas jurídicos debatidos en sede ordinaria, para plantear nuevas
interpretaciones del litigio, para corregir los yerros probatorios que cometieron las
partes o para subsanar aquellas situaciones que pudieron evitarse durante la gestión
del proceso que dio origen a la sentencia objeto de revisión.
41. En efecto, para que el juez pueda entrar a examinar la controversia materia del
recurso, es necesario que la causal invocada por la recurrente se encuentre
debidamente acreditada, pues como lo ha establecido la Sala Plena de esta
Corporación este mecanismo extraordinario procede por especiales circunstancias
consagradas taxativamente en la ley13.
Causal quinta de revisión
42. El numeral 5 del artículo 250 del CPACA dispone que es causal de revisión el
hecho de que exista «[…] nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso
y contra la que no procede recurso de apelación […]». De allí que, para que resulte
procedente la causal en mención, debe existir una sentencia ejecutoriada que ponga
fin al proceso. Además, contra esta decisión no puede proceder recurso de
apelación, pues de ser así este sería el medio idóneo para poner de presente
cualquier vicio en que hubiera incurrido la providencia.
43. Es preciso que la nulidad se desprenda de la sentencia objeto del recurso
extraordinario, es decir, que el vicio debe estructurarse en el momento procesal en
que se profiere la decisión judicial pues, de generarse por una situación ocurrida
con anterioridad que no fue oportunamente alegada, procedería su saneamiento.
No obstante, la jurisprudencia de esta Corporación ha aceptado como nulidad
originada en la sentencia la que, a pesar de presentarse en un momento previo a la
emisión del fallo, no pudo ser advertida por el afectado, quien tiene la carga procesal
de demostrar esta circunstancia14.
44. La causal de nulidad contemplada en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA
se configura cuando (i) ocurre alguna de las causales expresamente previstas en el
artículo 133 del Código General del Proceso (CGP) 15, que establece ocho motivos
específicos de nulidad de las sentencias, o (ii) cuando se presentan irregularidades
insaneables que vulneran de manera sustancial el derecho al debido proceso 16, al
punto de que, de no haberse producido, la decisión judicial habría sido distinta; A
modo enunciativo, la jurisprudencia ha señalado que esto ocurre en situaciones
como:
13 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Veintitrés Especial de Decisión.
Sentencia del 1 de octubre de 2019. C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.
14 Al respecto pueden consultarse las sentencias proferidas por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
el 3 de diciembre de 2019 (Sala Tercera Especial de Decisión; radicación 11001-03-15-000-2018-01235-00) y
el 3 de diciembre de 2019 (Sala Séptima Especial de Decisión; radicación: 11001-03-15-000-2012-00643-00).
15 Consejo de Estado. Sala Veintiséis Especial de Decisión. Sentencia del 3 de febrero de 2015. Exp. 11001-
03-15-000-1998-00157-01. C.P. Olga Mélida Valle de De La Hoz; Sala Veintiséis Especial de Decisión.
Sentencia del 3 de febrero de 2015. Exp. 11001-03-15-000-2011-01639-00. C.P. Olga Mélida Valle de De La
Hoz; y Sala Veintidós Especial de Decisión. Sentencia del 2 de febrero de 2016. Exp. 11001-03-15-000-2015-
02342-00. C.P. Alberto Yepes Barreiro
16 La Sala Plena del Consejo de Estado, en diversas providencias, incluyendo la sentencia del 31 de mayo de
2011 (expediente 11001-03-15-000-2008-00294-00), ha señalado otros casos en los que se configura la nulidad
en la sentencia, a saber: «[…] i) falta de jurisdicción o competencia, ii) cuando se dicta nueva sentencia en
proceso terminado normalmente por sentencia firme, iii) cuando sin más actuación se dicta sentencia después
de ejecutoriado el auto por el cual hubiera sido aceptado el desistimiento, aprobada la transacción o declarada
la perención del proceso, iv) cuando se dicta sentencia como única actuación, sin el previo trámite
correspondiente, v) cuando se condena al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido
en la demanda o por causa diferente de la invocada en ésta, vi) cuando se condena a quien no ha sido parte
en el proceso, vii) o cuando, sin más actuación, se profiere sentencia después de ocurrida cualquiera de las
causas legales de interrupción o de suspensión o, en estos casos, antes de la oportunidad debida, viii) cuando
la sentencia aparece firmada con mayor o menor número de magistrados, o adoptada con un número de votos
diverso al previsto en la ley, ix) cuando la providencia carece completamente de motivación».
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«(i) es inhibitorio; (ii) se profiere sin motivación alguna; (iii) transgrede el
principio de la non reformatio in pejus; (iv) condena a un tercero que no ha sido
vinculado como parte al proceso; (v) se pronuncia sobre aspectos que no le
corresponden, esto es, sin competencia o jurisdicción, según el caso; (vi) se
profiere en un proceso que había terminado por desistimiento, transacción o
perención; (v) no cuenta con el número de votos requerido para su aprobación
y (vi) desconoce el principio de congruencia bien sea por una condena extra,
ultra o infra petita»17.
45. Con todo, la concreción y extensión jurisprudencial de esta causal de revisión a
otros eventos insaneables que implican la violación de derechos constitucionales y
procesales atiende, tal y como lo ha establecido este máximo órgano, a la misma
finalidad del recurso extraordinario de revisión: por un lado, permitir que decisiones
manifiestamente injustas sean examinadas, y por el otro, garantizar el principio de
seguridad jurídica al limitar la procedencia de la causal a situaciones excepcionales
en las que la anomalía sea de tal relevancia constitucional que sin ella el fallo se
hubiera proferido en otro sentido18.
Principio de congruencia
46. Sobre la congruencia de la sentencia, el artículo 281 del CGP, prevé:
«ARTÍCULO 281. CONGRUENCIAS. La sentencia deberá estar en
consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en
las demás oportunidades que este código contempla y con las excepciones que
aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.
No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto
del pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta. […]».
47. Al respecto, la Sección Segunda de esta Corporación, en sentencia del 9 de
julio de 202019, señaló que el principio de congruencia es entendido como el deber
legal que tienen los funcionarios judiciales de resolver un asunto puesto en su
conocimiento con fundamento en las pretensiones, las pruebas aportadas, las
normas aplicables y lo alegado por las partes, sin incurrir en fallos ultrapetita,
extrapetita o minuspetita20, como regla general.
48. Dicho principio tiene dos connotaciones, a saber, externa, cuando la decisión
está en armonía con lo pedido y alegado por las partes e interna, cuando existe
coherencia en lo dispuesto en la parte resolutiva y lo argüido en la parte motiva de
la providencia21. Al respecto, es importante destacar que, en caso de existir
incongruencia en cualquiera de ellas, para que pueda generar la invalidez de la
17 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Diecinueve Especial de Decisión. Sentencia
del 16 de marzo de 2022. Exp. 11001-03-15-000-2021-00921-00. C.P. William Hernández Gómez.
18 En este mismo sentido se puede consultar: Consejo de Estado. Sala Diecinueve Especial de Decisión.
Sentencia del 18 de agosto de 2020. Exp.11001-03-15-000-2017-02369-00. C.P. William Hernández Gómez.
19 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 9 de julio de
2020. Exp. 11001-03-25-000-2015-00391-00. C.P. William Hernández Gómez. Cfr. Consejo de Estado. Sala de
lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 25 de enero de 2018. Exp. 25000-23-41-000-
2013-00911-01. C.P. María Elizabeth García González.
20 Ibid. La Sección Segunda reitera lo dicho en las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sala Veintidós Especial de Revisión. Sentencia del 7 de abril de 2015. Exp. 11001-
03-15-000-2013-00358-00 (REV). M.P. Alberto Yepes Barreiro; Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia de 16 de agosto de 2002. Exp. 76001-23-24-000-1997-04345-01
(12668-1997). C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié donde se indicó: «[…] Cuando en una providencia judicial, no
se respeta el principio de la congruencia, se incurre en lo que la doctrina ha llamado fallo “ultrapetita” que
consiste en reconocer un mayor derecho que el invocado por el demandante, “extrapetita”: cuando se reconoce
un derecho que no ha sido reclamado o cuando se reconoce un derecho reclamado o se acoge la pretensión
pero por una causa diferente o deducida de hechos no alegados, y “minuspetita”: cuando se omite el
pronunciamiento sobre una de las pretensiones».
21 Ibid.
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sentencia, esta debe ser de tal magnitud que no proceda solución diferente a su
nulidad.
Sobre la motivación de las decisiones judiciales
49. Sobre la motivación de la sentencia, el artículo 187 del CPACA22, prevé:
«Artículo 187.Contenido de la sentencia. La sentencia tiene que ser motivada.
En ella se hará un breve resumen de la demanda y de su contestación y un
análisis crítico de las pruebas y de los razonamientos legales, de equidad y
doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones,
exponiéndolos con brevedad y precisión y citando los textos legales que se
apliquen […]».
50. El deber legal de motivar las providencias judiciales es una reafirmación del
principio de legalidad, entendido como el sometimiento del Estado al Derecho. De
allí que no basta con decidir los litigios a cargo de la Jurisdicción, sino que es preciso
explicitar las razones fácticas y jurídicas que fundamentan las decisiones, en los
términos del artículo 187 antecitado, es decir, con brevedad y precisión, para
garantizar los derechos de los usuarios del servicio público de administración de
justicia.
51. En cuanto a la nulidad de la sentencia con ocasión de la ausencia de motivación,
esta Corporación ha considerado:
«En relación con la nulidad originada en la sentencia por ausencia de
motivación, también la jurisprudencia de esta Corporación ha diferenciado la
falta absoluta de motivación de la deficiente o errada y, señala que únicamente
la carencia total de pronunciamiento del juez sobre las razones de hecho o de
derecho que le permiten arribar a una decisión, es motivo de revisión bajo la
causal sexta; que es improcedente con fundamento en dicha causal alegar
situaciones relacionadas con deficiencias en la motivación, con la
estimación errada de los hechos por parte del juez, con las pruebas o las
normas jurídicas aplicadas, con la falta de consideración de alguna de las
pruebas etc, porque de admitir tales reclamaciones se desconocería,
abiertamente, el carácter extraordinario del recurso, convirtiéndolo en otra
instancia» (énfasis fuera de texto)23.
52. En síntesis, para que prospere el cargo de nulidad por falta de motivación solo
es admisible que, efectivamente, la judicatura no haya especificado ninguna razón
para el fallo. No obstante, también la Jurisprudencia ha reconocido la configuración
de la causal de nulidad cuando la decisión «[…] se fundamenta en circunstancias
manifiestamente erróneas, incompletas o de actitudes dolosas»24. No obstante,
dicho estándar ha sido entendido en relación con vicios graves en los presupuestos
fácticos o en la base probatoria que sustenta la motivación. En cualquier caso, esto
no supone una nueva oportunidad para controvertir la apreciación de los hechos,
las pruebas y las razones expuestas por el fallador.
53. Según lo expuesto, se procede a resolver la controversia a la luz de dichos
parámetros.
22 En sentido similar puede consultarse el artículo 280 del CGP.
23 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 20 de octubre de 2009. Rad.
11001-03-15-000-2003-00133-00. Si bien en la providencia se hace referencia a la causal «sexta», esta
corresponde al artículo 188 del derogado Decreto 1 de 1984 o Código Contencioso Administrativo, norma
vigente para resolver el caso en cuestión.
24 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 26 de agosto de 2021. Rad. 11001-03-
25-000-2017-00852-00.
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Caso concreto
54. La parte actora sostiene que la sentencia incurrió en falta de congruencia,
ausencia de motivación y vulneración del debido proceso. Sin embargo, sustenta
tales reproches en la presunta configuración de defectos fáctico y jurídico que —
según afirma— se derivan de la aplicación del artículo 41 de la Ley 909 de 2004,
relativo al retiro del servicio de quienes desempeñan empleos de libre nombramiento
y remoción y de carrera administrativa, así como de la omisión en la aplicación del
literal c) del artículo 20 de la Ley 1350 de 2009, disposición que, a su juicio, regula
de manera específica el retiro de los empleados vinculados «por nombramiento
provisional discrecional» en la Registraduría Nacional del Estado Civil.
55. De igual forma, aduce que se desconoció el precedente jurisprudencial conforme
al cual, tratándose de cargos del nivel directivo y gerencial, la motivación del retiro
se encuentra implícita en el propio acto de vinculación, por lo que no resulta exigible
exponer de manera expresa las razones de la desvinculación. Ello, en consideración
a la jerarquía del cargo, a la naturaleza de las funciones que ejerce un Registrador
Especial y a la facultad discrecional de la entidad para disponer su retiro.
56. Al examinar de manera sistemática los fundamentos del recurso, advierte la Sala
que la recurrente no identifica ni desarrolla técnicamente ninguno de los
presupuestos que, conforme a la jurisprudencia, configuran una nulidad originada en
la sentencia.
57. Esta Corporación ha reiterado que el recurso extraordinario de revisión no
constituye una instancia adicional para controvertir la actividad interpretativa del juez
ni para corregir errores in iudicando. Así lo precisó esta Subsección en Sentencia del
27 de agosto de 2020:
«[…] el recurso extraordinario de revisión no puede servir para cuestionar la
actividad interpretativa del juez o para corregir errores in iudicando, pues este
fue concebido para discutir y ventilar hechos procesales específicos que
incidieron indebidamente en la decisión mediante la cual se resolvió el litigio –
como es el caso de los documentos falsos o adulterados-, o no pudieron ser
tenidos en cuenta y eran determinantes -como ocurre con las pruebas
recobradas o la aparición de una persona con mejor derecho-, o fueron
sobrevinientes a la decisión y hacen que esta pierda su razón de ser – como en
el caso de la causal cuarta-, o deben poder ser objeto de examen judicial –como
cuando existe una nulidad originada en la sentencia y esta no era objeto de
recurso de apelación-.
En otras palabras, el recurso busca revertir decisiones que fueron ganadas
injustamente, esto es, por medios ilícitos o irregulares, pero no para tratar
de enmendar lo que, en términos legales y jurisprudenciales, se conocen
como errores judiciales, es decir, los casos de inadecuada valoración de
las pruebas (error de hecho), falta de aplicación de la norma
correspondiente o su indebida aplicación (error de derecho)»25 (negrillas
fuera del texto original).
58. De lo anterior se desprende que el juez de la revisión carece de competencia
para reexaminar el fondo del asunto decidido, en la medida en que no actúa como
juez de instancia, y que la no aplicación de una norma jurídica o su indebida
interpretación no se subsumen en la causal invocada.
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del
27 de agosto de 2020. Exp. 11001-03-25-000-2016-00288-00(1638-16). CP. Rafael Francisco Suárez Vargas.
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59. En igual sentido, esta Corporación ha precisado que este medio extraordinario
no procede para alegar el desconocimiento del precedente judicial:
«(…) Ahora, conforme con el criterio desarrollado por el Consejo de Estado, el
desconocimiento del precedente “no constituye un vicio formal de la sentencia,
en el que se pueda sustentar alguna de las causales previstas por el legislador
para la procedencia del recurso extraordinario de revisión”, pues se trata de
una “inconformidad de quien la recurre frente a las consideraciones y
decisión plasmadas por el Ad quem en la sentencia de segunda instancia,
como consecuencia de haber resuelto de manera desfavorable sus
pretensiones” . En ese sentido, en este escenario el argumento en cuestión
resultaría improcedente, pues debería ser encausado a través de mecanismos
como el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia ꟷcuando se
trate de una sentencia de unificación del Consejo de Estadoꟷ, o la acción de
tutela (…)» (negrillas fuera del texto original)26.
60. Así las cosas, la Sala se releva de efectuar un análisis de fondo sobre los
planteamientos relacionados con el supuesto desconocimiento del precedente, por
no constituir una causal autónoma de revisión.
61. Ahora, aunque el recurso plantea un desconocimiento del principio de
congruencia, circunstancia que podría configurar un evento de nulidad, pues tendría
lugar cuando el demandado es condenado por cantidad superior, por objeto distinto
del pretendido en la demanda, o por causa diferente de la invocada en ésta, la Sala
observa que la sentencia se ajustó al marco definido en las pretensiones y hechos
expuestos en la demanda.
62. Para efectos de verificar esta circunstancia, resulta necesario confrontar (i) las
pretensiones formuladas, (ii) lo decidido por el juez de primera instancia, (iii) el objeto
de la apelación y (iv) el alcance de la decisión adoptada por la segunda instancia.
63. En la demanda el señor Marco Antonio Vargas Anillo solicitó: (a) la nulidad de la
Resolución 098 del 4 de mayo de 2016, mediante la cual se prorrogó por dos meses
su nombramiento; (b) la nulidad de la resolución sin número del 4 de mayo de 2016,
que aprobó dicha prórroga; y (c) la nulidad de la Resolución 199 del 2 de agosto de
2016, por la cual se dio por terminado su nombramiento como Registrador Especial
0065-034. Como consecuencia de lo anterior, pidió el restablecimiento de su derecho
mediante el reintegro con efectividad desde el 5 de julio de 2016 a un cargo de igual
o superior categoría y el pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir
desde la fecha de su retiro hasta el reintegro.
64. El Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Cartagena, en primera
instancia27, declaró la nulidad de los tres actos acusados y concedió parcialmente
las pretensiones, incluyendo el descuento de los valores percibidos durante el tiempo
de desvinculación por vínculo laboral con otras entidades públicas.
65. Lo anterior, al considerar que el nombramiento del señor Vargas Anillo recayó
en un cargo de carrera administrativa que debía ser provisto mediante concurso de
26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Quinta Especial de Decisión. Sentencia del
9 de diciembre de 2022. Exp. 11001-03-15-000-2021-02940-00. CP. Milton Chaves García. Reiterada en las
siguientes providencias dictadas por esta Corporación: i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sala Trece Especial de Decisión, sentencia de 7 de abril de 2015, Exp. 11001-03-15-000-2013-
02724-00 (REV); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Segunda Especial de
Decisión, sentencia del 4 de agosto de 2020, C.P: César Palomino Cortés, Exp. 11001-03-15-000-2016-03553-
00 (REV); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Catorce Especial de Decisión,
sentencia del 7 de noviembre de 2019, C.P: Alberto Montaña Plata, Exp. 2018-03604-00(REV).
27 Véase folios 83-104 del archivo digital denominado «03ExpedienteDigital» contenido en el archivo
«51SEAGREGAALEX_13001333300520160033(.zip) NroActua 41», obrante en el índice 00041 de SAMAI.
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méritos y que, pese a tratarse de un empleo de libre remoción, no se reguló la forma
en que debía producirse la desvinculación. En consecuencia, estimó que resultaban
aplicables las reglas relativas a la motivación de los actos de retiro del servicio de
quienes ejercen cargos de carrera administrativa, incluso cuando se encuentren en
provisionalidad, por lo que debían exponerse las circunstancias particulares y
concretas que fundamentaran la decisión de desvincular al demandante, sin que
fuera suficiente invocar de manera genérica la facultad discrecional.
66. La Registraduría apeló la decisión al sostener que la Sentencia C-553 de 2010
de la Corte Constitucional resultaba inocua, por no haber integrado los artículos 20
y 61 de la Ley 1350 de 2009 ni los artículos 4° y 5° del Decreto Ley 1011 de 2000,
disposiciones que —a su juicio— clasifican el cargo de Registrador Especial 0065-
03 como de libre nombramiento y remoción. En consecuencia, afirmó que debía
aplicarse el artículo 61 de la Ley 1350 de 2009, como norma posterior, lo que
habilitaba al nominador para ejercer la facultad discrecional de retiro.
67. Alegó que, al tratarse de un cargo de libre nombramiento y remoción, la
administración podía desvincularlo bajo la misma lógica en que fue nombrado y que
debía respetarse el acto propio, pues el actor aceptó dicha naturaleza sin
cuestionarla. Finalmente, invocó la Sentencia SU-003 de 2018 para sostener que
estos cargos no gozan de estabilidad reforzada y que los actos demandados se
encontraban amparados por la presunción de legalidad.
68. En segunda instancia, el Tribunal Administrativo de Bolívar delimitó el problema
jurídico en torno a establecer si los actos demandados se encontraban ajustados a
derecho o si, por el contrario, estaban viciados de falsa motivación.
69. Para resolverlo, examinó el régimen de la carrera administrativa especial de la
Registraduría Nacional del Estado Civil y la interpretación fijada por la Corte
Constitucional en la Sentencia C-553 de 2010, y, a partir de ello, confrontó las
razones invocadas por la administración con el marco normativo aplicable. En ese
contexto, sostuvo:
«[…] No obstante, a juicio de la Sala, las razones o motivos que se exponen en
los actos no concuerdan con las directrices estipuladas por la Corte
Constitucional en Sentencia C-553 de 2010, pues al ser este un cargo de carrera
administrativa, debía ser provisto por un concurso de méritos. Sin embargo, al
no haberse desarrollado dicho concurso hasta la fecha, o no existir prueba que
así lo acredite, debió motivarse en ese caso el acto de la desvinculación, sin
apoyarse en la mera discrecionalidad, como lo señalaron en los actos acusados.
En otras palabras, a juicio de la Sala, se configura una falsa motivación, por
cuanto se da una inexactitud entre lo que se aduce en el acto de desvinculación
y los hechos que se determinan a partir de las pruebas aportadas al proceso»28.
70. A partir de esa premisa, descartó que el retiro hubiese obedecido a razones
objetivas como la extinción de la vacancia o el desempeño del funcionario, y
concluyó:
«(…) que se utilizó como excusa concebir la categoría del cargo como de libre
nombramiento y remoción, para lograr, bajo una apariencia de legalidad, la
desvinculación del accionante»29.
28 Véase folio 24 del archivo «05SentenciaSegundaInstancia», ibid .
29 Folio 29, ibid.
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71. A la luz de lo expuesto, la decisión adoptada guarda plena correspondencia con
el objeto del litigio, en tanto el juez se pronunció de manera precisa sobre los actos
cuya nulidad fue solicitada en la demanda. No impartió órdenes encaminadas a
materias distintas de las pedidas, ni resolvió asuntos ajenos a las pretensiones
formuladas, ni dejó sin decisión algún extremo sustancial del debate.
72. Por otro lado, tampoco se configura una incongruencia externa, porque en la
parte motiva la sentencia expone de manera clara las razones por las cuales
concluyó que los actos se encontraban viciados de falsa motivación y que, en
consecuencia, se había desvirtuado su presunción de legalidad; y en la parte
resolutiva, de manera coherente se confirmó la decisión que declaró su nulidad. Se
advierte, entonces, plena correspondencia entre la fundamentación jurídica
desarrollada y la determinación finalmente adoptada.
73. En efecto, el análisis relativo a la naturaleza del cargo y a la imputación jurídica
de los hechos invocados como fundamento de la demanda corresponde al ámbito
propio del juicio de instancia, escenario en el cual el juez goza de autonomía para
valorar el acervo probatorio y determinar el alcance de los hechos que configuran el
supuesto fáctico de la norma cuya aplicación se pretende.
74. Frente al reproche por supuesta falta de motivación, la Sala advierte que dicho
cargo tampoco está llamado a prosperar.
75. Contrario a lo expuesto por la recurrente, la sentencia sí expuso razones fácticas
y jurídicas que sustentan la decisión adoptada, examinó el régimen aplicable a los
cargos de la carrera especial de la Registraduría Nacional del Estado Civil, valoró las
pruebas obrantes en el expediente y concluyó que la desvinculación del actor
obedeció a una utilización indebida de la naturaleza del cargo.
76. Así las cosas, no puede afirmarse que el fallador haya guardado silencio frente
a los fundamentos de hecho y de derecho que soportan la providencia. Por el
contrario, existe un desarrollo argumentativo que permite comprender con claridad
la postura jurídica seguida para arribar a la decisión.
77. En este punto, es preciso recordar que, el hecho de que la interpretación
efectuada por el Tribunal sea distinta a la del demandante, de manera alguna
conlleva por sí misma la vulneración al debido proceso o la falta de motivación.
Igualmente, es oportuno recordar que el recurso extraordinario de revisión no es
una oportunidad adicional para controvertir las motivaciones jurídicas y probatorias
que soportaron la decisión de la providencia que se revisa, insistiendo en los
argumentos que fueron esbozados dentro del proceso ordinario, como si se tratara
de una tercera instancia.
78. La nulidad originada en la sentencia se circunscribe exclusivamente a la
ausencia de alguno de los requisitos formales que la ley exige para la válida
conformación de ese acto procesal —sentencia—, considerada desde una
perspectiva estrictamente procedimental; es decir, se configura cuando falta un
presupuesto de carácter adjetivo necesario para que el fallo produzca los efectos
jurídicos que el ordenamiento le atribuye.
79. Esta nulidad, por tanto, no puede confundirse con las deficiencias o excesos
que pueda tener el contenido de la sentencia, a su fundamentación jurídica o
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probatoria, a la razonabilidad de sus conclusiones o, en fin, a cualquier tema
relacionado con el fondo de la controversia.
80. Así, cuando la recurrente sostiene que no se tuvo en cuenta su postura según
la cual la Sentencia C-553 de 2010 no habría realizado una integración normativa
completa, o que debía aplicarse el entendimiento derivado de la Sentencia C-230A
de 2008 respecto de la discrecionalidad en la remoción de cargos directivos, no
está denunciando una ausencia de motivación.
81. Lo que plantea, en realidad, es una interpretación normativa distinta a la
adoptada por el juez de segunda instancia, la cual no puede ser acogida, pues de
hacerlo se permitiría al juez del recurso de revisión sustituir los argumentos del fallo
por otros que considere más acertados o jurídicamente sólidos, desnaturalizando
así el recurso de revisión e invadiendo ámbitos propios de otras formas de
impugnación, en detrimento del principio de cosa juzgada.
82. En consecuencia, la Sala declarará infundado el recurso.
Condena en costas
83. Con la expedición de la Ley 2080 de 2021, se modificó el artículo 255 del CPACA
en cuanto a la condena en costas en el marco del recurso extraordinario de revisión,
en los siguientes términos:
«ARTÍCULO 255. Vencido el período probatorio se dictará sentencia.
(…)
Si se declara infundado el recurso, se condenará en costas y perjuicios al
recurrente».
84. En ese sentido, como las reformas procesales allí establecidas prevalecen sobre
las anteriores normas de procedimiento y el recurso extraordinario cuando ya estaba
rigiendo la nueva ley, la Sala considera que es procedente la condena en costas toda
vez que se declaró infundado el recurso extraordinario de revisión.
85. Sin embargo, dado que esta disposición no aborda exhaustivamente la
regulación de la condena en costas, es necesario complementarla con lo establecido
en el CGP, el cual se aplica por remisión dispuesta en el artículo 188 del CPACA.
86. Según lo estipulado en el artículo 361 del CGP, las costas están integradas por
la totalidad de las expensas y gastos procesales, así como por las agencias en
derecho, y solo habrá lugar a su imposición de acuerdo con el artículo 365, numeral
8.º ibidem «cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de
su comprobación».
87. Observa la Sala, para lo que aquí interesa, que en el presente caso está
acreditada la comparecencia al proceso por parte del señor Marco Antonio Vargas
Anillo, a través de la defensa ejercida en el escrito de contestación; actuación que
por sí sola, constituye prueba suficiente para tener por causadas las agencias en
derecho, en tanto refleja la existencia de gastos inherentes a la defensa judicial por
parte de quien resultó vencedor en el litigio.
88. Para la fijación de agencias en derecho, el Despacho conductor del proceso
dictará un auto posterior, teniendo en cuenta la competencia asignada en el numeral
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3 del artículo 366 del Código General del Proceso, una vez quede en firme la
sentencia
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por la Registraduría Nacional del Estado Civil en contra la sentencia
proferida el doce (12) de marzo de dos mil veintiuno (2021) por el Tribunal
Administrativo de Bolívar, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
decisión.
Segundo. CONDENAR en costas a la Registraduría Nacional del Estado Civil a
favor del señor Marco Antonio Vargas Anillo, las cuales se liquidarán por la
Secretaría.
Tercero. Para la fijación de las agencias en derecho, por Secretaría General de esta
Corporación INGRESAR el expediente al despacho del magistrado ponente para lo
de su competencia.
Cuarto. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho al despacho de origen y HÁGANSE las anotaciones
pertinentes en el sistema informático SAMAI.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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