Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-24-000-2025-00024-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-24-000-2025-00024-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-24-000-2025-00024-00
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
9 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., nueve (9) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia : Recurso Extraordinario de Revisión
Radicación : 11001-03-24-000-2025-00024-00 (0693-2025)
Demandante : Horacio Rodríguez Villamizar
Demandada : Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Tema : Causal de revisión artículo 250-5 de la Ley 1437 de 2011
Decisión : Declara infundado el recurso extraordinario de revisión. No se
acreditó la configuración de una nulidad originada en la sentencia
de segunda instancia.
La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el señor Horacio
Rodríguez Villamizar contra la sentencia del 1.° de febrero de 2024 proferida por el
Tribunal Administrativo de Santander.1
I. ANTECEDENTES
Proceso ordinario
1. Horacio Rodríguez Villamizar presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional
– Policía Nacional, con el fin de obtener la nulidad de la Resolución 04990 del 17 de
octubre de 2017, mediante la cual se ejecutó la sanción disciplinaria de destitución e
inhabilidad general por quince (15) años, así como de los fallos disciplinarios de primera
instancia del 1.º de agosto de 2017 y de segunda instancia del 13 de septiembre de 2017,
proferidos dentro del proceso disciplinario DESAN-2016-74.
2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó su reintegro a la Policía Nacional en
el cargo, grado y antigüedad que ostentaran sus compañeros de curso; el reconocimiento
y pago de los salarios, prestaciones sociales, emolumentos y demás beneficios dejados
de percibir desde la fecha de su retiro hasta su efectivo reintegro; que el tiempo
transcurrido entre la desvinculación y el reintegro se tuviera como laborado para todos
los efectos legales y prestacionales; la indexación de las sumas reconocidas y la condena
en costas a la entidad demandada.
1 Decisión suscrita por los magistrados Iván Mauricio Mendoza Saavedra, Claudia Patricia Peñuela Arce y Francy del
Pilar Pinilla Pedraza.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Demandante: Horacio Rodríguez Villamizar
3. El demandante se desempeñó como miembro del nivel ejecutivo de la Policía Nacional
desde abril de 2003 y desarrolló su carrera institucional en diferentes unidades policiales.
En el año 2016 fue vinculado a la investigación disciplinaria DESAN-2016-74, originada
en una queja según la cual varios uniformados habrían solicitado dinero a comerciantes
de carne porcina del municipio de Rionegro (Santander) para evitar decomisos sanitarios.
Como resultado de dicha actuación, fue sancionado disciplinariamente por la falta
gravísima consistente en solicitar o recibir dádivas para omitir o extralimitarse en el
ejercicio de sus funciones, sanción que fue confirmada en segunda instancia y
posteriormente ejecutada mediante su destitución e inhabilidad general por quince años.
El actor sostuvo que las decisiones disciplinarias vulneraron su derecho al debido
proceso, a la defensa y a la presunción de inocencia, al fundarse en una valoración
probatoria errónea e incompleta, particularmente de los testimonios recaudados durante
la investigación.
4. La Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional se opuso a las
pretensiones y propuso las excepciones de inexistencia de vicios de nulidad e
innominada o genérica. Sostuvo que los fallos disciplinarios fueron expedidos por
autoridades competentes, con observancia de las Leyes 734 de 2002 y 1015 de 2006,
pleno respeto del debido proceso, defensa y contradicción, y adecuada valoración de las
pruebas recaudadas. Agregó que la Resolución 04990 del 17 de octubre de 2017 era un
acto de mera ejecución y que la sanción se sustentó en la falta gravísima consistente en
solicitar dádivas para omitir el ejercicio de sus funciones, razón por la cual no se
configuraban falsa motivación, desviación de poder ni causal de nulidad alguna.
5. El Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga, mediante
sentencia del 19 de septiembre de 2019, accedió a las pretensiones de la demanda y
declaró la nulidad de los fallos disciplinarios que sancionaron al demandante con
destitución e inhabilidad general, así como del acto que ejecutó dicha decisión. Consideró
que, aunque el control judicial de los actos disciplinarios es integral y no constituye una
tercera instancia, sí permite verificar el respeto de las garantías procesales, la adecuada
valoración probatoria y la razonabilidad de la decisión sancionatoria. Concluyó que las
autoridades disciplinarias incurrieron en una valoración parcial e incompleta de las
pruebas, pues otorgaron credibilidad a los testimonios de cargo y descartaron sin
justificación suficiente los elementos de descargo, a pesar de las contradicciones
existentes entre las declaraciones de los principales testigos.
6. La autoridad judicial en mención señaló que no se acreditó con el grado de certeza
exigido que el demandante hubiera solicitado dádivas para omitir el ejercicio de sus
funciones, por lo que subsistían dudas razonables sobre la ocurrencia de la conducta
investigada y la responsabilidad disciplinaria atribuida. Estimó vulnerados los principios
de investigación integral e in dubio pro disciplinado, configurándose una indebida
valoración probatoria que afectó la legalidad de los actos demandados, razón por la cual
ordenó el reintegro del actor y el reconocimiento de los salarios y prestaciones dejados
de percibir.
7. La Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional solicitó revocar la
sentencia de primera instancia y negar las pretensiones de la demanda. Expuso que
durante la actuación disciplinaria se respetaron plenamente las garantías del debido
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Demandante: Horacio Rodríguez Villamizar
proceso, el derecho de defensa y contradicción, y que los fallos sancionatorios fueron
expedidos por funcionarios competentes, con observancia de las Leyes 734 de 2002 y
1015 de 2006. Afirmó que la responsabilidad disciplinaria del demandante se acreditó
mediante la valoración conjunta de las pruebas testimoniales y documentales
recaudadas, en especial las declaraciones de Lusvin Alberto García Guevara, Luis
Ernesto Arenas Pava y José Armando Gómez Romero, las cuales demostraban que
solicitó dinero para omitir el procedimiento de destrucción de carne de porcino incautada.
Explicó que el juzgado sustituyó indebidamente la valoración probatoria efectuada por la
autoridad disciplinaria, pese a que las pruebas permitían concluir la configuración de la
falta gravísima prevista en el numeral 4 del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006. Añadió
que los actos demandados estaban debidamente motivados, que no se configuraron falsa
motivación ni desviación de poder y que no se acreditó ninguna causal de nulidad capaz
de desvirtuar su presunción de legalidad, razón por la cual debía mantenerse la validez
de la sanción impuesta.
8. El Tribunal Administrativo de Santander,2 mediante sentencia del 1.° de febrero de
2024, revocó la decisión de primera instancia y negó las pretensiones de la demanda.
Consideró que los actos disciplinarios demandados fueron expedidos con observancia
del debido proceso, las garantías de defensa y contradicción, y con fundamento en una
valoración integral del material probatorio conforme a las reglas de la sana crítica. Señaló
que el juez contencioso tiene competencia para ejercer un control judicial integral sobre
las decisiones disciplinarias, incluyendo la valoración de las pruebas; sin embargo,
concluyó que en este caso la autoridad disciplinaria sí efectuó un análisis conjunto y
razonado de los medios de convicción recaudados.
9. Además, destacó que las declaraciones de los testigos, la queja que originó la
investigación y los demás elementos probatorios permitían tener por acreditado que el
demandante solicitó dinero al señor Lusvin García Guevara para omitir el cumplimiento
de sus funciones, conducta subsumible en la falta gravísima prevista en el numeral 4 del
artículo 34 de la Ley 1015 de 2006. En consecuencia, estimó demostrada la ilicitud
sustancial y la responsabilidad disciplinaria del investigado, sin que existiera duda
razonable que obligara a aplicar el principio de presunción de inocencia o el in dubio pro
disciplinado. Concluyó que no se configuró falsa motivación ni vulneración del debido
proceso y el demandante no logró desvirtuar la presunción de legalidad de los actos
acusados.
Demanda del recurso extraordinario de revisión3
10. El accionante interpuso recurso extraordinario de revisión contra la sentencia del 1.º
de febrero de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, con fundamento
en la causal prevista en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA, al considerar
configurada una nulidad originada en dicha providencia. Sostuvo, en primer lugar, que se
vulneraron los derechos al debido proceso, defensa, contradicción y publicidad, porque
el Tribunal omitió notificar a su apoderado el auto del 10 de noviembre de 2021 mediante
el cual se corrió traslado para presentar alegatos de conclusión en segunda instancia, así
como la sentencia que resolvió el recurso de apelación, lo que le impidió intervenir en
2 Sentencia que fue notificada el 6 de febrero de 2024.
3 Radicada el 13 de noviembre de 2025.
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Demandante: Horacio Rodríguez Villamizar
dicha etapa procesal. Afirmó que las comunicaciones fueron remitidas a la abogada
inicialmente designada, pese a que desde 2019 se había reconocido personería a un
nuevo apoderado, circunstancia que, en su criterio, configuró un defecto procedimental
con incidencia directa en la decisión adoptada.
11. Alegó que la sentencia incurrió en indebida motivación y defecto fáctico por
valoración probatoria defectuosa, al revocar el fallo favorable de primera instancia sin
controvertir los fundamentos expuestos por la juez de conocimiento ni realizar un examen
integral, razonado y objetivo del material probatorio obrante en el expediente disciplinario.
Señaló que el Tribunal acogió de manera genérica los argumentos de la entidad
demandada y concluyó erradamente que estaba acreditada la conducta disciplinaria
atribuida al actor, sin analizar las contradicciones existentes en los testimonios de cargo
ni las pruebas de descargo que, según afirmó, habían sido determinantes para que el
juez de primera instancia declarara la nulidad de los actos sancionatorios.
12. Expuso que el Tribunal desconoció el principio de legalidad y excedió el marco de
imputación disciplinaria al fundamentar la responsabilidad del demandante en supuestos
actos de “corrupción” y en la solicitud de dinero, pese a que tales conductas no
correspondían a los cargos formulados y, en su criterio, carecían de respaldo probatorio
suficiente. Adujo que la providencia desconoció la presunción de inocencia, toda vez que
dio por acreditada la conducta disciplinaria a partir de testimonios contradictorios y de
indicios que consideró insuficientes, omitiendo valorar elementos probatorios favorables
al investigado y las inconsistencias advertidas por el juez de primera instancia en relación
con la ocurrencia de los hechos que dieron origen a la sanción disciplinaria.
Contestación del recurso
13. La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional se opuso a la prosperidad del
recurso extraordinario de revisión y solicitó que se declarara infundado, se mantuviera
incólume la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander y se
condenara en costas a la parte recurrente, de conformidad con lo previsto en el artículo
255 del CPACA. Indicó que no se configuró vulneración alguna de los derechos de
defensa, contradicción, publicidad o debido proceso, pues el auto del 10 de noviembre
de 2021 que corrió traslado para alegar en segunda instancia fue notificado conforme a
lo previsto en el artículo 201 del CPACA mediante estado electrónico, por lo que
correspondía al demandante y a su apoderado ejercer el seguimiento de las actuaciones
judiciales. Agregó que el recurrente tuvo conocimiento efectivo de dicha actuación, toda
vez que durante el término para alegar presentó solicitudes dentro del proceso,
circunstancia que, en su criterio, comportó notificación por conducta concluyente. Afirmó
que la sentencia de segunda instancia también fue conocida oportunamente por el actor,
razón por la cual no podía alegar indefensión.
14. Manifestó que los mismos cuestionamientos formulados en el recurso extraordinario
ya habían sido propuestos mediante acción de tutela contra las providencias expedidas
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, la cual fue resuelta
desfavorablemente al actor por el Consejo de Estado. Por ello, manifestó que las
pretensiones y fundamentos del recurso eran sustancialmente coincidentes con los
debatidos en sede constitucional, circunstancia que evidenciaba la improcedencia del
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mecanismo empleado e incluso permitía advertir la configuración de cosa juzgada
respecto de los asuntos planteados.
15. Resaltó que el recurso pretendía convertir el mecanismo extraordinario de revisión
en una tercera instancia para reabrir el debate probatorio y jurídico ya decidido por el
Tribunal Administrativo de Santander. Agregó que la sentencia cuestionada efectuó un
análisis integral del material probatorio, concluyó que en la actuación disciplinaria se
respetó el debido proceso y determinó que la conducta atribuida al disciplinado se
encontraba plenamente acreditada, sin que existiera defecto fáctico, ausencia de
motivación o vulneración del principio de legalidad. Señaló que las inconformidades del
recurrente estaban dirigidas a cuestionar la valoración probatoria y el criterio jurídico
adoptado por el juez de segunda instancia, aspectos ajenos al ámbito propio del recurso
extraordinario de revisión.
16. Argumentó que la causal invocada (numeral 5 del artículo 250 del CPACA) tiene
carácter excepcional y restrictivo, comoquiera que únicamente procede frente a nulidades
originadas en la sentencia y no respecto de discrepancias relacionadas con la
interpretación jurídica, la motivación de la providencia o la valoración de las pruebas. El
recurrente no identificó ninguna causal de nulidad procesal prevista en la ley ni acreditó
que la sentencia estuviera afectada por un vicio de esa naturaleza, limitándose a reiterar
argumentos de fondo ya analizados y desestimados por la jurisdicción.
Ministerio Público
17. El procurador delegado solicitó declarar infundado el recurso extraordinario de
revisión al considerar que no se configuró la causal prevista en el numeral 5 del artículo
250 del CPACA. Señaló que los planteamientos del recurrente se dirigían a cuestionar la
valoración probatoria efectuada por el Tribunal Administrativo de Santander y a promover
un nuevo examen de fondo sobre la controversia, propósito ajeno a la naturaleza
excepcional del recurso de revisión. Precisó que la nulidad invocada debe originarse en
la sentencia y comportar una vulneración sustancial del debido proceso, circunstancia
que no se acreditó en el caso concreto. Agregó que el Tribunal sustentó su decisión en
una valoración integral del material probatorio conforme a las reglas de la sana crítica,
que el demandante ejerció plenamente sus derechos de defensa y contradicción durante
el trámite disciplinario y judicial, y que las supuestas irregularidades alegadas no
demostraban una afectación real y efectiva de sus garantías procesales. Concluyó que
el recurso pretendía convertir la revisión en una tercera instancia, razón por la cual debía
ser desestimado.
II. CONSIDERACIONES
Competencia
18. De conformidad con lo previsto en el artículo 249 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA), el Consejo de
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Estado4 es competente para resolver los recursos extraordinarios de revisión contra las
sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos. Así las cosas, se
abordará el análisis de esta controversia.
Problema jurídico
19. Corresponde a la Sala determinar si los reproches formulados por el demandante
contra la sentencia del 1.° de febrero de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de
Santander, se enmarcan en la causal prevista en el numeral 5.° del artículo 250 del
CPACA, esto es, si configuran una nulidad originada en la sentencia por vulneración del
debido proceso.
Análisis
20. La Sala declarará infundado el recurso extraordinario de revisión, por cuanto ninguno
de los reproches formulados por el recurrente evidencia la configuración de una nulidad
originada en la sentencia en los términos del numeral 5 del artículo 250 del CPACA. En
efecto, las supuestas irregularidades relacionadas con la notificación del auto que corrió
traslado para alegar de conclusión y de la sentencia de segunda instancia no constituyen
vicios surgidos al momento de proferirse la providencia recurrida ni comportan una
irregularidad con entidad suficiente para afectar su validez.
21. Además, no se acreditó que el actor hubiera estado imposibilitado para alegarlas
oportunamente dentro del proceso ordinario. Por otra parte, los cuestionamientos
dirigidos contra la valoración probatoria efectuada por el Tribunal, la motivación de la
sentencia y las conclusiones alcanzadas en torno a la responsabilidad disciplinaria del
demandante reflejan una discrepancia frente al criterio jurídico adoptado por el juez de
segunda instancia y buscan reabrir el debate propio de la causa ordinaria, propósito ajeno
a la naturaleza excepcional del recurso extraordinario de revisión, como pasa a
explicarse.
22. El recurso extraordinario de revisión, previsto en el Capítulo I del Título VI del CPACA,
constituye un mecanismo excepcional de impugnación que permite controvertir
sentencias ejecutoriadas proferidas por autoridades judiciales, cuando concurren
situaciones extraordinarias que afectan de forma sustancial la justicia material de la
decisión. Su finalidad es restablecer dicha justicia frente a vicios graves que no pudieron
alegarse o debatirse dentro del trámite ordinario del proceso, y que por su entidad
justifican la superación del principio de cosa juzgada. En ese sentido, no se trata de una
tercera instancia ni de una vía para reabrir el debate jurídico o probatorio previamente
resuelto, sino de una herramienta procesal reservada a supuestos de extrema relevancia
que comprometen garantías constitucionales fundamentales, como el debido proceso o
la tutela judicial efectiva.
23. En particular, la causal 5.ª del artículo 250 del CPACA establece la procedencia del
recurso extraordinario de revisión cuando se configure una nulidad originada en la
4 En atención al criterio de especialización laboral y conforme a lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 080 del 12
de marzo de 2019, modificado por el artículo 1.° del Acuerdo 434 de 2024, el conocimiento del asunto corresponde a
la Sección Segunda del Consejo de Estado.
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sentencia que puso fin al proceso y contra la cual no procede recurso de apelación. Para
que esta causal sea procedente, deben verificarse dos presupuestos: uno consistente en
que la providencia impugnada no sea susceptible del recurso de apelación, y otro
relacionado con la existencia de una nulidad sustancial generada en la propia sentencia.
24. Esta corporación5 ha precisado que dichas nulidades no se limitan exclusivamente a
las previstas de manera taxativa en el Código General del Proceso (CGP), sino que
también comprenden aquellas que, desde una perspectiva constitucional, afectan
gravemente el derecho al debido proceso o vulneran el principio de congruencia en la
actuación judicial.
25. En ese sentido, se han identificado, a título meramente enunciativo, ciertos supuestos
que comprometen derechos fundamentales como el debido proceso, el acceso a la
administración de justicia y la tutela judicial efectiva, «admitiendo que hay lugar a revisar
la sentencia de instancia por vía extraordinaria cuando la decisión (i) es inhibitoria; (ii) se
profiere sin motivación alguna; (iii) transgrede el principio de la no reformatio in pejus; (iv)
condena a un tercero que no ha sido vinculado como parte al proceso; (v) se pronuncia
sobre aspectos que no le corresponden, esto es, sin competencia o jurisdicción, según el
caso; (vi) se profiere en un proceso que había terminado por desistimiento, transacción o
perención; (vii) no cuenta con el número de votos requerido para su aprobación y (viii)
desconoce el principio de congruencia6 bien sea por una condena extra, ultra o infra
petita.»7. En consecuencia, esta causal tiene como propósito salvaguardar el núcleo
esencial de las garantías procesales, cuando estas resultan afectadas por vicios
insubsanables presentes en la sentencia que puso fin al proceso.
26. Cuando la nulidad alegada se sustenta en la vulneración del debido proceso,
corresponde al juez verificar si el hecho invocado reviste la entidad suficiente para afectar
la validez de la providencia judicial, esto es, si se trata de una irregularidad sustancial y
determinante.
27. En el caso concreto, el recurrente invocó la causal prevista en el numeral 5 del
artículo 250 del CPACA al considerar que la sentencia del 1.º de febrero de 2024 vulneró
los derechos al debido proceso, defensa, contradicción y publicidad. Sostuvo que el
Tribunal Administrativo de Santander omitió notificar a su apoderado el auto mediante el
cual se corrió traslado para presentar alegatos de conclusión en segunda instancia y la
sentencia que resolvió el recurso de apelación, pese a que desde el año 2019 se había
reconocido personería a un nuevo mandatario judicial, circunstancia que, en su criterio,
le impidió intervenir en dicha etapa procesal.
28. Asimismo, el actor afirmó que la providencia incurrió en indebida motivación y defecto
fáctico por valoración probatoria defectuosa, al revocar el fallo favorable de primera
instancia sin realizar un examen integral y razonado del material probatorio, acoger de
5 Ver entre otras, la sentencia de unificación del 8 de mayo de 2018, expediente 1998-00153; y las del 7 de septiembre
de 2018, Rad. REV 2014-00440-00; 18 de agosto de 2020, Rad. 11001-03-15-000-2017-02369-00; 26 de agosto de
2021, Rad. 11001-03-25-000-2017-00852-00 (4598-17); y del 16 de octubre de 2025, Rad. 11001-03-25-000-2023-
00330-00 (4906-2023).
6 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 7 de septiembre de 2018, radicación REV 2014-
00440-00.
7 Sentencia de 26 de agosto de 2021, Rad. 11001-03-25-000-2017-00852-00 (4598-17).
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manera genérica los argumentos de la entidad demandada y dar por acreditada la
conducta disciplinaria con fundamento en pruebas que consideró insuficientes y
contradictorias. Finalmente, alegó que el Tribunal desconoció la presunción de inocencia
y excedió el marco de imputación disciplinaria al sustentar la responsabilidad del
demandante en supuestos actos de corrupción y en la solicitud de dinero, pese a que,
según afirmó, tales conclusiones carecían de respaldo probatorio suficiente.
29. La Sala advierte que los cuestionamientos relacionados con la valoración de las
pruebas, la motivación de la providencia, el alcance otorgado a los testimonios
recaudados, la presunta insuficiencia del material probatorio y el supuesto
desconocimiento de la presunción de inocencia no ponen de manifiesto la existencia de
una nulidad originada en la sentencia, sino que expresan una discrepancia frente al
razonamiento jurídico y probatorio desarrollado por el Tribunal para revocar la decisión
de primera instancia y concluir que se encontraba acreditada la responsabilidad
disciplinaria del demandante, aspectos que son propios del debate de instancia y, por
tanto, resultan ajenos al ámbito de la causal de revisión invocada, la cual no fue instituida
para reabrir controversias ya decididas ni para promover una nueva valoración de los
elementos de convicción examinados por el juez natural.
30. En ese sentido, esta corporación ha sostenido que el recurso extraordinario de
revisión no fue instituido para corregir eventuales errores de hecho o de derecho
derivados de la valoración probatoria o de la interpretación normativa. En consecuencia,
este mecanismo excepcional no resulta procedente cuando se pretende cuestionar que
el juez “realizó una apreciación errada de las pruebas, en que no se aplicó una
determinada regla de derecho, en que se aplicó en forma indebida o en que se
interpretó equivocadamente una norma jurídica, pues todas estas observaciones
escapan al ámbito de la aludida causal.”,8 pues tales aspectos no configuran, por sí
mismos, una nulidad originada en la sentencia.
31. En lo que corresponde a la motivación de la sentencia objeto de revisión, esta
corporación9 ha sido consistente en señalar que la nulidad originada en la sentencia
puede configurarse cuando la decisión carece de motivación o cuando esta se sustenta
en circunstancias manifiestamente erróneas, incompletas o en actuaciones dolosas10. No
obstante, también ha precisado que el recurso extraordinario de revisión no constituye
unainstancia adicional para cuestionar la valoración probatoria, la interpretación jurídica
adoptada por el fallador o el acierto de sus conclusiones.
32. En esos términos, no tiene vocación de prosperidad el reproche formulado por el
recurrente. En efecto, los cuestionamientos planteados se dirigen a controvertir la
apreciación de las pruebas y la interpretación de las normas aplicadas, aspectos que,
aun de estimarse equivocados, no estructuran la causal prevista en el numeral 5.º del
artículo 250 del CPACA.
8 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 12 de febrero de 2014, Rad. 47001-23-31-000-2009-00301-01
(41859) (REV). En este mismo sentido se ha pronunciado la Subsección A de la Sección Segunda, entre otras, en las
sentencias del 27 de agosto de 2020, Rad. 11001-03-25-000-2016-00288-00 (1638-2016) (REV), y del 5 de marzo de
2026, Rad. 11001-03-25-000-2024-00040-00 (0614-2024) (REV).
9 Ver entre otras, las sentencias proferidas por el Consejo de Estado que datan del 26 de agosto de 2021, Rad. 11001-
03-25-000-2017-00852-00 (4598-17); del 16 de junio de 2025, Rad. 11001-03-26-000-2020-00101-00 (66168); y del 5
de febrero de 2026, Rad. 11001-03-25-000-2022-00415-00 (4414-2022).
10 Ver entre otras, la sentencia del 5 de marzo de 2026. Rad. 11001-03-25-000-2024-00225-00 (3059-2024).
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Demandante: Horacio Rodríguez Villamizar
33. Tampoco prospera el cargo relacionado con la falta de notificación del auto mediante
el cual se corrió traslado para alegar de conclusión en segunda instancia. Lo anterior, por
cuanto la causal prevista en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA exige que la nulidad
tenga origen en la sentencia o, excepcionalmente, en una actuación anterior que el
afectado no hubiera podido conocer ni controvertir oportunamente. En el presente asunto,
aun cuando el recurrente afirma que dicho auto fue comunicado a un apoderado distinto
del reconocido en el proceso, lo cierto es que tuvo conocimiento de esa actuación antes
de que se profiriera la sentencia de segunda instancia, como lo demuestra el memorial
radicado el 23 de noviembre de 2021 mediante el cual solicitó acceso a la providencia
que ordenó el traslado para alegar. En consecuencia, de existir alguna irregularidad, esta
pudo ser puesta en conocimiento del juez dentro del trámite ordinario, razón por la cual
no puede considerarse una nulidad originada en la sentencia susceptible de alegarse
mediante el recurso extraordinario de revisión.
34. Por su parte, en cuanto a la supuesta falta de notificación de la sentencia del 1.º de
febrero de 2024, la Sala observa que dicha circunstancia tampoco tiene la entidad de
configurar una nulidad originada en la sentencia, toda vez que corresponde a una
actuación posterior a su expedición y se relaciona con su publicidad y ejecutoria, mas no
con la validez intrínseca de la providencia ni con el contenido de la decisión adoptada.
Sobre el particular, esta Subsección11 ha precisado que “el legislador previó
expresamente que el defecto debe corregirse practicando la notificación omitida, sin
afectar la validez de la providencia ni abrir paso a la invalidez general del trámite. Por
tanto, incluso si se hubiese acreditado una notificación defectuosa, la consecuencia
jurídica no sería la nulidad del fallo, sino la corrección formal del acto de comunicación
[…]”.
35. En todo caso, en el presente asunto, se advierte que el propio recurrente, al promover
una acción de tutela contra la misma sentencia aquí controvertida, afirmó que fue
notificada a los interesados el 6 de febrero de 2024, información que coincide con la fecha
registrada en el sistema SAMAI. Además, la presentación de dicha acción constitucional
el 2 de abril de 2024 evidencia que tuvo conocimiento efectivo de la decisión y de sus
fundamentos, al punto de cuestionarla por presuntos defectos fácticos y sustantivos
derivados de la valoración probatoria efectuada por el Tribunal.
36. En consecuencia, al no acreditarse una nulidad originada en la sentencia ni una
afectación sustancial del debido proceso en los términos exigidos por el numeral 5.º del
artículo 250 del CPACA, el recurso extraordinario de revisión carece de fundamento y,
por tanto, será declarado infundado.
Condena en costas
37. El artículo 70 de la Ley 2080 de 2021 modificó el artículo 255 del CPACA,
estableciendo un criterio objetivo para la imposición de costas, consistente en que estas
deben imponerse al recurrente cuando se declare infundado el recurso extraordinario de
revisión.
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 5 de marzo de 2026, Rad. 11001-03-25-000-
2024-00313-00 (4183-2024).
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Radicación: 11001-03-24-000-2025-00024-00 (0693-2025)
Demandante: Horacio Rodríguez Villamizar
38. En ese sentido, dado que en el presente caso se declarará infundado el recurso, y
que la parte accionada acreditó la causación de costas como consecuencia de su
intervención en el proceso, se impondrá dicha condena al accionante en favor de la
Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, las cuales deberán liquidarse
por secretaría de la sección.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley
III. RESUELVE
PRIMERO. DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto
por el señor Horacio Rodríguez Villamiza contra la sentencia de segunda instancia
proferida el 1.° de febrero de 2024 por el Tribunal Administrativo de Santander, dentro
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado 680013333005-2018-
00079-01.
SEGUNDO. CONDENAR en costas al señor Horacio Rodríguez Villamiza en favor de la
Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia.
TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, INGRESAR el
expediente al despacho para la fijación de las agencias en derecho, previas
las anotaciones correspondientes.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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