Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2024-00040-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2024-00040-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2024-00040-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
5 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-25-000-2024-00040-00 (0614-2024)
Demandante: Marco Antonio Pérez Jaimes
Demandado: Nación- Ministerio de Defensa Nacional- Policía Nacional
Temas: Ascenso para el personal uniformado de la Policía Nacional.
Nivel ejecutivo de la Policía Nacional. Falta de motivación.
Naturaleza y alcance del recurso extraordinario de revisión.
Aplicación indebida de la norma y desconocimiento del
precedente judicial. DECLARA INFUNDADO.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide el recurso extraordinario de revisión que interpuso1 el señor Marco
Antonio Pérez Jaimes contra la sentencia del nueve (9) de mayo de dos mil veintitrés
(2023) proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F2, para lo cual invocó la causal 5 del artículo 250 del CPACA.
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
1. Que ingresó al Centro de Estudios Superiores de la Policía Nacional como
alumno del Nivel Ejecutivo el 3 de octubre de 1994, mediante Resolución 0287 del
10 de octubre de 1994, culminó el curso el 30 de septiembre de 1995, con una
duración de 11 meses y 27 días, y fue dado de alta como Patrullero mediante
Resolución 015328 del 1.º de octubre de 1995.
2. Que durante su trayectoria institucional fue ascendido a los siguientes grados:
subintendente en el año 2000 (Resolución 0828 del 1.º de octubre); intendente en
2009 (Resolución 1072 del 1.º de septiembre) e intendente jefe en 2016 (Resolución
05523 del 1.º de septiembre).
3. Que promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la
Resolución 05523 de 2016, expedida por el Ministerio de Defensa Nacional – Policía
Nacional, mediante la cual se dispuso su ascenso a intendente jefe.
4. Como restablecimiento del derecho solicitó que se le reconociera el grado de
subcomisario, conforme al Decreto Ley 132 de 1995, vigente al momento de su
ingreso a la institución; la correspondiente actualización de su hoja de vida; el
reconocimiento y pago de las diferencias salariales dejadas de percibir desde el 1.º
1
La presentación del recurso se efectuó el 7 de febrero de 2024, según la anotación efectuada por la Secretaría
de la Sección Segunda de esta Corporación que reposa en el índice 00001 de SAMAI.
2 Decisión que confirmó la sentencia proferida por el Juzgado Diecisiete Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá el 25 de enero de 2019, que negó las pretensiones dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado núm. 11-001-33-35-017-2017-00082-01.
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de septiembre de 2016, así como intereses moratorios, costas y agencias en
derecho.
5. Que el Juzgado Diecisiete Administrativo de Bogotá, mediante sentencia
proferida en audiencia del 25 de febrero de 2019, negó las pretensiones; decisión
que fue confirmada en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, mediante sentencia del 9 de mayo
de 2023.
SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN
6. Mediante providencia del 9 de mayo de 2023, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, confirmó la sentencia de primera
instancia que negó las pretensiones, al concluir que el señor Marco Antonio Pérez
Jaimes no tenía derecho a que su ascenso se rigiera por la normativa vigente al
momento de su ingreso a la institución, ni a ser ascendido directamente al grado de
subcomisario en lugar del de intendente jefe.
7. Para sustentar su decisión, expuso, en síntesis, los siguientes argumentos:
8. Expuso que, con fundamento en la hoja de vida, se acreditó que el demandante
fue dado de alta como patrullero mediante Resolución 15328 del 1.º de octubre de
1995, de modo que, para el 14 de septiembre de 2000, fecha de entrada en vigencia
del Decreto 1791 de 2000, solo contaba con 4 años, 11 meses y 13 días de servicio.
9. Señaló que es constitucionalmente admisible limitar el alcance de ciertos
derechos, siempre que la regulación resulte razonable y compatible con el principio
democrático. En ese sentido, indicó que el Legislador otorgó al presidente de la
República la facultad de regular la carrera profesional del Nivel Ejecutivo de la
Policía Nacional (Ley 578 de 2000), ejercicio que se materializó con la expedición
del Decreto 1791 de 2000, cuyo artículo 5.º redefinió la jerarquía del Nivel Ejecutivo
e incorporó el grado de intendente jefe.
10. Que con la expedición de dicha norma se derogó el Decreto 132 de 1995,
invocado por el demandante, y que el régimen de transición quedó limitado a los
uniformados que ostentaran el grado de intendente y cumplieran la antigüedad para
ascenso hasta septiembre de 2001. Quienes alcanzaran dicha antigüedad con
posterioridad debían ascender al grado de intendente jefe.
11. Concluyó que los argumentos del recurso de apelación no estaban llamados a
prosperar, porque no existía un derecho adquirido, pues al entrar en vigencia el
Decreto 1791 de 2000 el actor se encontraba vinculado como patrullero y no cumplía
los requisitos previstos en el Decreto 132 de 1995 —7 años como intendente— para
aspirar al grado de subcomisario, ni para beneficiarse del régimen de transición.
12. Así, la Sala consideró que el demandante tenía únicamente una mera
expectativa, susceptible de ser modificada por el cambio normativo, máxime cuando
antes de acceder al grado pretendido debía ascender previamente a los grados de
subintendente e intendente, con las permanencias mínimas exigidas en cada uno.
13. Adujo que una norma derogada solo recobra vigencia si es reproducida por una
disposición posterior, lo cual no ocurrió en el presente caso, por lo que resultaba
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improcedente invocar el principio de favorabilidad para aplicar una regulación
derogada.
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
14. El señor Marco Antonio Pérez Jaimes interpuso recurso extraordinario de revisión 3
contra la sentencia cuestionada, al estimar configurada la causal quinta del artículo
250 del CPACA.
15. Para sustentar el recurso presentó los siguientes argumentos:
16. Sostuvo que la providencia incurrió en un defecto de motivación al omitir el análisis
de los argumentos expuestos tanto en el recurso de apelación como en los alegatos
de conclusión.
17. Que la decisión desconoció lo dispuesto en el artículo 150, numeral 19, literal e),
de la Constitución Política, la Ley 4.ª de 1992 (ley marco), el parágrafo del artículo 7.º
de la Ley 180 de 1995 y el artículo 82 del Decreto 132 de 1995, normas que —a su
juicio— garantizan la protección de los derechos laborales y prohíben la desmejora
en la carrera administrativa del personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional.
18. Invocó las sentencias T-688 de 2003 y T-546 de 2002 de la Corte Constitucional
para señalar que no basta con adoptar una determinada interpretación normativa, sino
que esta debe ser el resultado de un razonamiento jurídico debidamente justificado,
tanto interna como externamente. A su entender, ello no ocurrió en el caso concreto,
pues el fallo se limitó a aplicar el Decreto 1791 de 2000, sin efectuar un análisis
razonable y sistemático sobre la jerarquía normativa y la compatibilidad de dicha
disposición con normas de superior rango.
19. Afirmó que carece de justificación constitucional y legal que, mediante un decreto
reglamentario, se modifique o desconozca una ley marco, como la Ley 4.ª de 1992.
Si bien reconoció que el presidente de la República estaba facultado, en virtud de la
Ley 578 de 2000, para expedir normas relacionadas con la carrera del Nivel Ejecutivo
de la Policía Nacional, afirmó que dicha potestad debía ejercerse con estricta sujeción
a la Constitución Política y a los lineamientos fijados por el legislador.
20. Expresó que el parágrafo del artículo 7.º de la Ley 180 de 1995 estableció una
protección especial para el personal que, estando vinculado a la Policía Nacional,
ingresara al Nivel Ejecutivo, al disponer que la creación de dicho nivel no podía
implicar discriminación ni desmejora de sus condiciones. Precisó que, al momento de
expedirse la Ley 180 de 1995 y el Decreto 132 de 1995, ya se encontraba vinculado
a la institución en calidad de alumno, mediante incorporación directa, por lo que tales
disposiciones le eran plenamente aplicables.
21. Considera que la Resolución 05523 del 1.º de septiembre de 2016 fue expedida
con infracción de las normas superiores que debían regir el régimen de carrera,
circunstancia que —en su criterio— no fue advertida al momento de dictar sentencia,
pese a que el Gobierno Nacional, al expedir el Decreto 1791 de 2000, debía sujetarse
a los objetivos y criterios previstos en la ley marco, sin alterar la estructura de la
carrera administrativa previamente definida.
3 Véase índice 00003 de SAMAI.
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22. Concluye que la creación del grado de intendente jefe en el artículo 5.º del Decreto
1791 de 2000 vulneró la Ley 180 de 1995 y la Ley 4.ª de 1992, al modificar la carrera
administrativa establecida en el Decreto 132 de 1995. En consecuencia, sostuvo que
dicho grado solo debía aplicarse a quienes ingresaron a la institución con
posterioridad al 14 de septiembre de 2000, y no a quienes, como él, ya hacían parte
de la Policía Nacional, a quienes debía respetarse el régimen normativo vigente al
momento de su vinculación.
23. Citó la Sentencia C-432 de 2004, en la cual se desarrolla un análisis del artículo
150, numeral 19, literal e) de la Constitución Política, para concluir que la Resolución
05523 del 1.º de septiembre de 2016 fue expedida con infracción de las normas en
que debía fundarse. Por último, solicitó que se analizara la jurisprudencia tanto de la
Corte Constitucional como del Consejo de Estado, la cual —a su juicio— no fue objeto
de estudio ni tenida en cuenta al momento de proferirse la sentencia.
Contestación al recurso extraordinario de revisión
24. La parte demandada4 aduce que, aunque se invoque una presunta vulneración
del debido proceso, los cargos formulados no se refieren a irregularidades procesales
ni a vicios formales que generen nulidad, en los términos del artículo 133 del Código
General del Proceso (CGP), sino que se limitan a cuestionar el análisis jurídico, la
valoración probatoria y los fundamentos jurisprudenciales que sirvieron de sustento a
la decisión impugnada.
25. Considera que dichos argumentos buscan justificar por qué, a su juicio, debieron
prosperar las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho,
sin que realmente se configuren reproches de carácter procesal.
26. En consecuencia, afirma que tales reproches resultan improcedentes en sede del
recurso extraordinario de revisión, por cuanto constituyen un intento de reabrir el
debate propio de las instancias ordinarias, sin respaldo jurídico suficiente.
Concepto del Ministerio Público
27. La Procuraduría Segunda Delegada ante esta Corporación no rindió concepto.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
28. Corresponde a la Sala determinar si en la sentencia del 9 de mayo de 2023,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F, se configura la causal de revisión invocada por el recurrente.
29. Para ello, la Sala abordará los siguientes aspectos: i) Generalidades del recurso
extraordinario de revisión, ii) Causal de revisión invocada, iii) Sobre la motivación
de las decisiones judiciales, y iii) Caso concreto.
4 La notificación del auto admisorio del recurso se realizó el 4de septiembre de 2025, tal como se evidencia en
el índice 00019 de SAMAI. Por su parte, la contestación fue radicada el 2 de octubre de 2025, conforme consta
en el índice 00032 de SAMAI.
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30. Generalidades del recurso extraordinario de revisión
31. El recurso extraordinario de revisión es un mecanismo procesal de control de
las decisiones que han hecho tránsito a cosa juzgada5. En términos del artículo 248
del CPACA:
«Artículo 248. El recurso extraordinario de revisión procede contra las
sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales
Administrativos y por los jueces administrativos».
32. El objetivo principal de esta vía extraordinaria es invalidar los efectos de una
sentencia ejecutoriada6. De acuerdo con las causales establecidas en el artículo 250
del CPACA, busca restaurar el principio de justicia material y la supremacía de las
garantías procesales cuando se constate que la decisión estuvo afectada por alguno
de los siguientes eventos:
(i) Aparición de circunstancias desconocidas al momento de dictar el fallo, las cuales,
de haber sido conocidas, habrían llevado a una sentencia diferente7.
(ii) Descubrimiento de hechos delictivos o fraudulentos que fueron determinantes en
la adopción de la sentencia que se pretende anular8.
(iii) Existencia de nulidades originadas en la sentencia que puso fin al proceso y que
no podían ser objeto de recurso de apelación.
(iv) Contradicciones de la sentencia con otra anterior que constituya cosa juzgada9.
33. Si bien la revisión constituye una vía que afecta el principio de la inmutabilidad de
las sentencias ejecutoriadas y, por ende, es una excepción al principio de la cosa
juzgada, ello no implica que sea un mecanismo que habilite una tercera instancia para
discutir los problemas jurídicos debatidos en sede ordinaria, para plantear nuevas
interpretaciones del litigio, para corregir los yerros probatorios que cometieron las
partes o para subsanar aquellas situaciones que pudieron evitarse durante la gestión
del proceso que dio origen a la sentencia objeto de revisión.
34. En efecto, para que el juez pueda entrar a examinar la controversia materia del
recurso, es necesario que la causal invocada por la recurrente se encuentre
debidamente acreditada, pues como lo ha establecido la Sala Plena de esta
Corporación este mecanismo extraordinario procede por especiales circunstancias
consagradas taxativamente en la ley10.
5 El artículo 248 del CPACA señala: «El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias
ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos».
6 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 15
de marzo de 2018. Exp. 1001-03-25-000-2014-00862-00 (2668-2014). C.P. William Hernández Gómez.
7 Como la aparición de documentos esenciales que no pudieron ser aportados por fuerza mayor o caso fortuito,
la existencia de un tercero con mejor derecho que el beneficiado con la sentencia cuestionada o la desaparición,
al momento del reconocimiento, de las razones que justificaban que se hubiera decretado la prestación
periódica.
Como el hallazgo de documentos falsos o adulterados, peritajes fraudulentos, o la ocultación de documentos
relevantes por alguna de las partes. Esto incluye también la posible influencia de cohecho o violencia en la
emisión del fallo.
9 De acuerdo con la clasificación presentada en Garzón Martínez, Juan Carlos (2021). Proceso contencioso
administrativo. Fase escrita – Fase oral. 2° Edición. Grupo editorial Ibañez (2° Ed. pp. 612-613).
10 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Veintitrés Especial de Decisión.
Sentencia del 1 de octubre de 2019. C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.
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Causal quinta de revisión
35. El numeral 5 del artículo 250 del CPACA dispone que es causal de revisión el
hecho de que exista «[…] nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso
y contra la que no procede recurso de apelación […]». De allí que, para que resulte
procedente la causal en mención, debe existir una sentencia ejecutoriada que ponga
fin al proceso. Además, contra esta decisión no puede proceder recurso de
apelación, pues de ser así este sería el medio idóneo para poner de presente
cualquier vicio en que hubiera incurrido la providencia.
36. Es preciso que la nulidad se desprenda de la sentencia objeto del recurso
extraordinario, es decir, que el vicio debe estructurarse en el momento procesal en
que se profiere la decisión judicial pues, de generarse por una situación ocurrida
con anterioridad que no fue oportunamente alegada, procedería su saneamiento.
No obstante, la jurisprudencia de esta Corporación ha aceptado como nulidad
originada en la sentencia la que, a pesar de presentarse en un momento previo a la
emisión del fallo, no pudo ser advertida por el afectado, quien tiene la carga procesal
de demostrar esta circunstancia11.
37. La causal de nulidad contemplada en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA
se configura cuando (i) ocurre alguna de las causales expresamente previstas en el
artículo 133 del CGP12, que establece ocho motivos específicos de nulidad de las
sentencias, o (ii) cuando se presentan irregularidades insaneables que vulneran de
manera sustancial el derecho al debido proceso 13, al punto de que, de no haberse
producido, la decisión judicial habría sido distinta. A modo enunciativo, la
jurisprudencia ha señalado que esto ocurre en situaciones como:
«(i) es inhibitorio; (ii) se profiere sin motivación alguna; (iii) transgrede el
principio de la non reformatio in pejus; (iv) condena a un tercero que no ha sido
vinculado como parte al proceso; (v) se pronuncia sobre aspectos que no le
corresponden, esto es, sin competencia o jurisdicción, según el caso; (vi) se
profiere en un proceso que había terminado por desistimiento, transacción o
perención; (v) no cuenta con el número de votos requerido para su aprobación
y (vi) desconoce el principio de congruencia bien sea por una condena extra,
ultra o infra petita»14.
38. Con todo, la concreción y extensión jurisprudencial de esta causal de revisión a
otros eventos insaneables que implican la violación de derechos constitucionales y
procesales atiende, tal y como lo ha establecido este máximo órgano, a la misma
11
Al respecto pueden consultarse las sentencias proferidas por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
el 3 de diciembre de 2019 (Sala Tercera Especial de Decisión; radicación 11001-03-15-000-2018-01235-00) y
el 3 de diciembre de 2019 (Sala Séptima Especial de Decisión; radicación: 11001-03-15-000-2012-00643-00).
12 Consejo de Estado. Sala Veintiséis Especial de Decisión. Sentencia del 3 de febrero de 2015. Exp. 11001-
03-15-000-1998-00157-01. C.P. Olga Mélida Valle de De La Hoz; Sala Veintiséis Especial de Decisión.
Sentencia del 3 de febrero de 2015. Exp. 11001-03-15-000-2011-01639-00. C.P. Olga Mélida Valle de De La
Hoz; y Sala Veintidós Especial de Decisión. Sentencia del 2 de febrero de 2016. Exp. 11001-03-15-000-2015-
02342-00. C.P. Alberto Yepes Barreiro
13 La Sala Plena del Consejo de Estado, en diversas providencias, incluyendo la sentencia del 31 de mayo de
2011 (expediente 11001-03-15-000-2008-00294-00), ha señalado otros casos en los que se configura la nulidad
en la sentencia, a saber: «[…] i) falta de jurisdicción o competencia, ii) cuando se dicta nueva sentencia en
proceso terminado normalmente por sentencia firme, iii) cuando sin más actuación se dicta sentencia después
de ejecutoriado el auto por el cual hubiera sido aceptado el desistimiento, aprobada la transacción o declarada
la perención del proceso, iv) cuando se dicta sentencia como única actuación, sin el previo trámite
correspondiente, v) cuando se condena al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido
en la demanda o por causa diferente de la invocada en ésta, vi) cuando se condena a quien no ha sido parte
en el proceso, vii) o cuando, sin más actuación, se profiere sentencia después de ocurrida cualquiera de las
causas legales de interrupción o de suspensión o, en estos casos, antes de la oportunidad debida, viii) cuando
la sentencia aparece firmada con mayor o menor número de magistrados, o adoptada con un número de votos
diverso al previsto en la ley, ix) cuando la providencia carece completamente de motivación».
14 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Diecinueve Especial de Decisión. Sentencia
del 16 de marzo de 2022. Exp. 11001-03-15-000-2021-00921-00. C.P. William Hernández Gómez.
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finalidad del recurso extraordinario de revisión: por un lado, permitir que decisiones
manifiestamente injustas sean examinadas, y por el otro, garantizar el principio de
seguridad jurídica al limitar la procedencia de la causal a situaciones excepcionales
en las que la anomalía sea de tal relevancia constitucional que sin ella el fallo se
hubiera proferido en otro sentido15.
Sobre la motivación de las decisiones judiciales
39. Sobre la motivación de la sentencia, el artículo 187 del CPACA16, prevé:
«Artículo 187.Contenido de la sentencia. La sentencia tiene que ser motivada.
En ella se hará un breve resumen de la demanda y de su contestación y un
análisis crítico de las pruebas y de los razonamientos legales, de equidad y
doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones,
exponiéndolos con brevedad y precisión y citando los textos legales que se
apliquen […]».
40. El deber legal de motivar las providencias judiciales es una reafirmación del
principio de legalidad, entendido como el sometimiento del Estado al Derecho. De
allí que no basta con decidir los litigios a cargo de la Jurisdicción, sino que es preciso
explicitar las razones fácticas y jurídicas que fundamentan las decisiones, en los
términos del artículo 187 antecitado, es decir, con brevedad y precisión, para
garantizar los derechos de los usuarios del servicio público de administración de
justicia.
41. En cuanto a la nulidad de la sentencia con ocasión de la ausencia de motivación,
esta Corporación ha considerado:
«En relación con la nulidad originada en la sentencia por ausencia de
motivación, también la jurisprudencia de esta Corporación ha diferenciado la
falta absoluta de motivación de la deficiente o errada y, señala que únicamente
la carencia total de pronunciamiento del juez sobre las razones de hecho o de
derecho que le permiten arribar a una decisión, es motivo de revisión bajo la
causal sexta; que es improcedente con fundamento en dicha causal alegar
situaciones relacionadas con deficiencias en la motivación, con la estimación
errada de los hechos por parte del juez, con las pruebas o las normas jurídicas
aplicadas, con la falta de consideración de alguna de las pruebas etc, porque
de admitir tales reclamaciones se desconocería, abiertamente, el carácter
extraordinario del recurso, convirtiéndolo en otra instancia» (énfasis fuera de
texto)17.
42. En síntesis, para que prospere el cargo de nulidad por falta de motivación solo
es admisible que, efectivamente, la judicatura no haya especificado ninguna razón
para el fallo. No obstante, también la Jurisprudencia ha reconocido la configuración
de la causal de nulidad cuando la decisión «[…] se fundamenta en circunstancias
manifiestamente erróneas, incompletas o de actitudes dolosas»18. Por lo que resulta
más acertado referirse a la causal de nulidad por «carente o errónea motivación»,
como lo ha hecho el Consejo de Estado en recientes oportunidades19. En cualquier
15 En este mismo sentido se puede consultar: Consejo de Estado. Sala Diecinueve Especial de Decisión.
Sentencia del 18 de agosto de 2020. Exp.11001-03-15-000-2017-02369-00. C.P. William Hernández Gómez.
16 En sentido similar puede consultarse el artículo 280 del CGP.
17 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 20 de octubre de 2009. Rad.
11001-03-15-000-2003-00133-00. Si bien en la providencia se hace referencia a la causal «sexta», esta
corresponde al artículo 188 del derogado Decreto 1 de 1984 o Código Contencioso Administrativo, norma
vigente para resolver el caso en cuestión.
18 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 26 de agosto de 2021. Rad. 11001-03-
25-000-2017-00852-00.
19 Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 2 de agosto de 2023. Rad. 1101-03-26-
000-2019-00092-00 (64134).
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caso, esto no supone una nueva oportunidad para controvertir la apreciación de los
hechos, las pruebas y las razones expuestas por el fallador.
43. Según lo expuesto, se procede a resolver la controversia a la luz de dichos
parámetros.
Caso concreto
44. El recurrente considera que la providencia adolece de una nulidad derivada —
en su criterio— de la falta de motivación y la vulneración del derecho fundamental al
debido proceso.
45. En sustento de su inconformidad, afirmó que la sentencia omitió pronunciarse
sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación y en los alegatos de
conclusión; que aplicó de manera irreflexiva el Decreto 1791 de 2000; que
desconoció normas de superior jerarquía —Constitución Política, Ley 4.ª de 1992 y
Ley 180 de 1995— y que dejó de aplicar los principios de favorabilidad laboral y
condición más beneficiosa, al haberse producido una desmejora en su régimen de
ascenso.
46. Al examinar los fundamentos del recurso, advierte la Sala que el reproche por
vulneración del debido proceso se estructura, en realidad, a partir de la supuesta
indebida aplicación o inobservancia de distintas disposiciones normativas. No
obstante, el recurrente no identifica ni desarrolla ninguno de los componentes que,
desde la jurisprudencia, configuran una nulidad originada en la sentencia.
47. Estos planteamientos desbordan claramente el ámbito propio del recurso
extraordinario de revisión, pues no toda inconformidad con la interpretación
normativa del juez ni todo desacuerdo con la solución jurídica adoptada constituye
una irregularidad procesal invalidante.
48. Esta Corporación ha precisado de manera reiterada que el recurso extraordinario
de revisión tiene por finalidad revertir decisiones que atentan contra la justicia
material, pero no constituye un mecanismo para reabrir el debate jurídico ni para
corregir errores de interpretación judicial. En ese sentido, esta Subsección, en
sentencia del 27 de agosto de 2020, radicado núm. 1638-16, señaló:
«[…] el recurso extraordinario de revisión no puede servir para cuestionar la
actividad interpretativa del juez o para corregir errores in iudicando, pues este
fue concebido para discutir y ventilar hechos procesales específicos que
incidieron indebidamente en la decisión mediante la cual se resolvió el litigio –
como es el caso de los documentos falsos o adulterados-, o no pudieron ser
tenidos en cuenta y eran determinantes -como ocurre con las pruebas
recobradas o la aparición de una persona con mejor derecho-, o fueron
sobrevinientes a la decisión y hacen que esta pierda su razón de ser – como en
el caso de la causal cuarta-, o deben poder ser objeto de examen judicial –como
cuando existe una nulidad originada en la sentencia y esta no era objeto de
recurso de apelación-.
En otras palabras, el recurso busca revertir decisiones que fueron ganadas
injustamente, esto es, por medios ilícitos o irregulares, pero no para tratar de
enmendar lo que, en términos legales y jurisprudenciales, se conocen como
errores judiciales, es decir, los casos de inadecuada valoración de las pruebas
(error de hecho), falta de aplicación de la norma correspondiente o su indebida
aplicación (error de derecho)» (negrillas fuera del texto original).
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49. De lo anterior se desprende que el juez de la revisión carece de competencia
para reexaminar el fondo del asunto decidido, en la medida en que no actúa como
juez de instancia, y que la no aplicación de una norma jurídica o su indebida
interpretación no se subsumen en la causal invocada.
50. A lo anterior se suma que, debido a su carácter excepcional y a la naturaleza
taxativa de las causales de procedencia, el recurso extraordinario de revisión no
está previsto para alegar o proponer el desconocimiento de otros pronunciamientos
judiciales. Así lo ha considerado igualmente esta Corporación:
«El recurso extraordinario de revisión no procede para revisar una sentencia
por el desconocimiento del precedente judicial, pues esta no es una causal
prevista por el legislador para el efecto. (…)»20.
51. Así las cosas, toda vez que el recurso extraordinario no está previsto frente al
posible desconocimiento del precedente o de algún criterio judicial, la Sala se releva
de analizar los planteamientos esbozados frente a este aspecto por el recurrente.
52. Ahora bien, frente al reproche por supuesta falta de motivación, concretado en
la alegada omisión de pronunciamiento sobre el recurso de apelación y los alegatos
de conclusión, la Sala advierte que dicho cargo tampoco está llamado a prosperar.
53. La Sala observa que, aun cuando el recurrente sostiene que la providencia
carece de motivación, lo cierto es que la sentencia retomó y resolvió los puntos
esenciales del debate jurídico planteados desde la demanda, los cuales fueron
reiterados posteriormente en el recurso de apelación y en los alegatos de conclusión.
54. En efecto, los ejes centrales de la controversia —esto es, (i) la determinación del
régimen normativo aplicable a los ascensos del actor; (ii) la existencia o no de un
derecho adquirido o de una expectativa legítima protegible; y (iii) la procedencia del
principio de favorabilidad frente al cambio normativo introducido por el Decreto 1791
de 2000— fueron expresamente abordados por el Tribunal, quien ofreció razones
claras para descartar la aplicación del Decreto 132 de 1995 y para concluir que el
demandante se encontraba en una situación de mera expectativa.
55. En ese sentido, el Tribunal explicó que no se cumplían los presupuestos para la
aplicación del principio de favorabilidad, dado que el Decreto 132 de 1995 fue
derogado y que la disposición transitoria prevista en el artículo 23 del Decreto 1791
de 2000 únicamente tuvo efectos hasta septiembre de 2001, precisando lo siguiente:
«Así las cosas, se advierte que el demandante contaba con una mera
expectativa, pues conforme a lo expuesto en el acápite normativo es claro que
antes de llegar a ese grado debía primero ascender a los grados subintendente
e intendente con una permanencia en cada uno de ellos mínimo 5 y 7 años
respectivamente. Por tanto, al no tener un derecho consolidado su derecho
podía ser modificado por un cambio de legislación.
De otra parte, es necesario agregar que una disposición derogada solo
recobrará su fuerza en la medida que sea reproducida por una nueva ley, lo que
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Trece Especial de Decisión, sentencia de 7
de abril de 2015, Exp. núm. 11001-03-15-000-2013-02724-00 (REV). Reiterada en las siguientes providencias
dictadas por esta Corporación: i) Sala Segunda Especial de Decisión, sentencia del 4 de agosto de 2020, C.P:
César Palomino Cortés, Exp: 2016-03553- 00(REV) y ii) Sala Catorce Especial de Decisión, sentencia del 7 de
noviembre de 2019, C.P: Alberto Montaña Plata, Exp: 2018-03604-00(REV). También se puede consultar el
fallo proferido el 7 de octubre de 2014, por la Sala Quince Especial de Decisión, C.P: Luis Rafael Vergara
Quintero, Exp: 2009-00445-00(REV)
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no ha ocurrido en este caso, razón por la cual no le asiste razón al accionante
al invocar la condición más favorable, pues contrario a lo que interpreta no
permite la aplicación de disposiciones que fueron derogadas» 21.
56. Igualmente, precisó que solo los derechos consolidados o adquiridos a la entrada
en vigencia del Decreto Ley 1791 de 2000 debían reconocerse conforme al Decreto
132 de 1995, o de manera excepcional cuando se cumplieran los requisitos de la
norma transitoria, concluyendo:
«En ese sentido, se considera que los argumentos esgrimidos en el recurso de
apelación no se encuentran llamados a prosperar en el sentido de que, i) no
existe un derecho adquirido, teniendo en cuenta que para la entrada en vigencia
del Decreto 1791 de 2000, se encontraba vinculado como patrullero y tenía solo
4 años, 11 meses y 13 días de servicios; por lo que no cumplió con los requisitos
exigidos por el Decreto 132 de 1995 para el ascenso al grado de Subcomisario
(7 años como intendente), y por ende para hacerse beneficiario de la regla de
transición contenida en la norma del año 2000».22
57. De allí que el Tribunal determinara que la norma aplicable a la situación jurídica
del actor era el Decreto 1791 de 2000, que regula la escala jerárquica del Nivel
Ejecutivo de la Policía Nacional, con inclusión del grado de intendente jefe, y que, en
consecuencia, no resultaba jurídicamente viable aplicar la jerarquía prevista en el
Decreto 132 de 1995:
«En ese sentido, siendo la norma aplicable para el caso particular del señor
Pérez Jiames el Decreto 1791 de 2000 es claro que, para alcanzar el grado de
subcomisario pretendido, resulta necesario ejercer primero el grado de
intendente jefe.
Así las cosas, contrario a lo afirmado en el recurso de apelación, el demandante
no tiene derecho a que se le aplique la jerarquía prevista para el nivel ejecutivo
en el Decreto 132 de 1995 […]»23
58. Así, el hecho de que el juez no haya acogido la interpretación normativa
propuesta por el recurrente, ni haya reproducido de manera literal o exhaustiva cada
uno de los argumentos reiterados en la apelación o en los alegatos de conclusión,
no equivale a una omisión de motivación. Por el contrario, la providencia resolvió el
conflicto dentro de los límites fijados por la demanda, examinó los cargos formulados
en la apelación y explicó de forma razonada por qué no resultaban procedentes,
satisfaciendo plenamente el deber constitucional y legal de motivar las decisiones
judiciales.
59. Adicionalmente, la Sala advierte una contradicción en la forma como el
recurrente estructura su reproche. En efecto, aunque afirma que la providencia
carece de motivación, sus propios argumentos demuestran que sí identifica con
claridad las razones jurídicas que sustentaron la decisión, pues no se limita a afirmar
un vacío argumentativo, sino que controvierte de manera directa la interpretación
normativa efectuada por el Tribunal.
60. En particular, cuando sostiene que «[…] el ad quem inobservó el Decreto 132 de
13 de enero de 1995», que «no tuvo en cuenta que el Congreso de la República
expidió la Ley 4.ª de 1992» y que, aun reconociendo la vigencia del Decreto 1791
del 14 de septiembre de 2000, «(…) se le debe aplicar al persona que ingreso (sic)
a la institución después del 14 de septiembre de 2000», el recurrente no denuncia la
21 Véase folio 156 del cuaderno principal.
22 Ibid.
23 Ibid.
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ausencia de razones, sino que expone una lectura normativa distinta a la acogida
por el juez de segunda instancia.
61. Lo anterior evidencia que el reproche no se dirige contra una supuesta falta de
motivación, sino contra el contenido mismo de la motivación, esto es, contra la forma
como el Tribunal resolvió la aplicación normativa entre el Decreto 132 de 1995 y el
Decreto 1791 de 2000. En otras palabras, bajo la apariencia de una nulidad por
ausencia de motivación, el recurrente pretende reabrir el debate sobre la aplicación
del régimen jurídico de ascensos, cuestión que ya fue objeto de análisis y decisión
en la sentencia cuestionada.
62. En consecuencia, la propia argumentación del recurrente evidencia que la
sentencia cuestionada contiene una motivación clara, identificable y comprensible,
circunstancia que descarta de plano la configuración de una nulidad originada en la
providencia. De ello se sigue que el recurso extraordinario de revisión ha sido
utilizado de manera improcedente como un mecanismo para controvertir la
aplicación del derecho sustancial y reabrir un debate jurídico ya definido, finalidad
para la cual no fue instituido. En consecuencia, la Sala lo declarará infundado.
63. Condena en costas
64. Con la expedición de la Ley 2080 de 2021, se modificó el artículo 255 del CPACA
en cuanto a la condena en costas en el marco del recurso extraordinario de revisión,
en los siguientes términos:
«ARTÍCULO 255. Vencido el período probatorio se dictará sentencia.
(…)
Si se declara infundado el recurso, se condenará en costas y perjuicios al
recurrente».
65. En ese sentido, como las reformas procesales allí establecidas prevalecen sobre
las anteriores normas de procedimiento y el recurso extraordinario cuando ya estaba
rigiendo la nueva ley, la Sala considera que es procedente la condena en costas toda
vez que se declaró infundado el recurso extraordinario de revisión.
66. Sin embargo, dado que esta disposición no aborda exhaustivamente la
regulación de la condena en costas, es necesario complementarla con lo establecido
en el CGP, el cual se aplica por remisión dispuesta en el artículo 188 del CPACA.
67. Según lo estipulado en el artículo 361 del CGP, las costas están integradas por
la totalidad de las expensas y gastos procesales, así como por las agencias en
derecho, y solo habrá lugar a su imposición de acuerdo con el artículo 365, numeral
8.º ibidem «cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de
su comprobación».
68. Observa la Sala, para lo que aquí interesa, que en el presente caso está
acreditada la comparecencia al proceso por parte de la Nación – Ministerio de
Defensa - Policía Nacional, a través de la defensa ejercida en el escrito de
contestación; actuación que por sí sola, constituye prueba suficiente para tener por
causadas las agencias en derecho, en tanto refleja la existencia de gastos inherentes
a la defensa judicial por parte de quienes resultaron vencedores en el litigio.
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69. Para la fijación de agencias en derecho, el Despacho conductor del proceso
dictará un auto posterior, teniendo en cuenta la competencia asignada en el numeral
3 del artículo 366 del CGP, una vez quede en firme la sentencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto
por el señor Marco Antonio Pérez Jaimes en contra la sentencia proferida el nueve
(9) de mayo de dos mil veintitrés (2023) por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta decisión.
Segundo. CONDENAR en costas al señor Marco Antonio Pérez Jaimes a favor de
la Nación – Ministerio de Defensa - Policía Nacional, las cuales se liquidarán por la
Secretaría.
Tercero. Para la fijación de las agencias en derecho, por Secretaría General de esta
Corporación INGRESAR el expediente al despacho del magistrado ponente para lo
de su competencia.
Cuarto. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho al despacho de origen y HÁGANSE las anotaciones
pertinentes en el sistema informático SAMAI.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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