Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2024-00632-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2024-00632-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2024-00632-00
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
11 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Once (11) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia : Recurso Extraordinario de Revisión
Radicación : 11001-03-25-000-2024-00632-00 (6911-2024)
Demandante : José Wilson Castro Jiménez
Demandada : Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Tema : Causal de revisión artículo 250-5 de la Ley 1437 de 2011
Decisión : Declara infundado el recurso extraordinario de revisión. No se
acreditó la configuración de una nulidad originada en la sentencia
de segunda instancia.
La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el señor José Wilson
Castro Jiménez contra la sentencia proferida el 28 de septiembre de 2023 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D.
I. ANTECEDENTES
Proceso ordinario1
1. José Wilson Castro Jiménez presentó demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho con el fin de obtener la nulidad del auto ADP 002584 del 21 de mayo de 2020,
mediante el cual la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (en adelante UGPP) se abstuvo de emitir
pronunciamiento sobre la inclusión de la prima de riesgo en la liquidación de su pensión,
al considerar configurada la cosa juzgada.
2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se condenara a la UGPP a
reliquidar y pagar su pensión de jubilación en cuantía equivalente al 75 % del salario, con
aplicación integral del régimen especial previsto en el Decreto 1933 de 1989, en
concordancia con los Decretos 1047 de 1978, 1848 de 1969 y 2646 de 1994, incluyendo
la prima de riesgo como factor salarial. Asimismo, pidió el reconocimiento y pago de las
diferencias entre las mesadas efectivamente percibidas y las que resultaran de la nueva
liquidación.
1 Proceso Rad. 11001-33-35-021-2020-00267-00.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-25-000-2024-00632-00 (6911-2024)
Demandante: José Wilson Castro Jiménez
3. Como fundamento, indicó que la Caja Nacional de Previsión Social (en adelante
Cajanal), hoy UGPP, mediante la Resolución 55055 del 23 de noviembre de 2007, le
reconoció pensión de vejez con efectos a partir del 1.º de enero de 2007, en atención a
su desempeño en actividades de alto riesgo, incluyendo la prima de riesgo dentro de la
base de liquidación.
4. Posteriormente, promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con el
fin de obtener la reliquidación de dicha prestación, al considerar que no se habían incluido
todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios. En ese
proceso, el Juzgado Veinticuatro Administrativo de Bogotá accedió a las pretensiones y
ordenó la reliquidación de la pensión, incorporando, además de los factores ya
reconocidos, las primas de servicios, navidad y vacaciones. Sin embargo, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia del 7 de octubre de 2010, confirmó
la decisión, pero modificó la base de liquidación al excluir la prima de riesgo, pese a que,
según el actor, este aspecto no había sido objeto de controversia.
5. En cumplimiento de dicha providencia, Cajanal expidió la Resolución UGM 018720 del
29 de noviembre de 2011, a través de la cual reliquidó la pensión incluyendo la asignación
básica, la bonificación por servicios prestados y las primas de servicios, navidad y
vacaciones, pero excluyó la prima de riesgo, que había sido considerada en el
reconocimiento inicial.
6. El demandante cuestionó esta actuación al estimar que desconocía su condición de
beneficiario del régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993 y el carácter salarial
de la prima de riesgo. En consecuencia, solicitó nuevamente la reliquidación de su
pensión con inclusión de dicho factor; no obstante, la UGPP se abstuvo de emitir
pronunciamiento de fondo al considerar configurada la cosa juzgada, lo que dio lugar a
la nueva demanda.
7. La UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda al sostener que el acto acusado
se encontraba ajustado a derecho y que no procedía una nueva reliquidación pensional
con inclusión de la prima de riesgo. Señaló que, si bien el demandante era beneficiario
del régimen especial aplicable a los funcionarios del DAS en cuanto a edad, tiempo de
servicio y monto de la pensión, el ingreso base de liquidación (en adelante IBL) debía
determinarse conforme a los artículos 18 y 21 de la Ley 100 de 1993 y sus normas
reglamentarias, en particular el Decreto 1158 de 1994, por remisión del artículo 13 del
Decreto 1835 de 1994.
8. En ese sentido, indicó que, al haber adquirido el estatus pensional en vigencia de la
Ley 100 de 1993, la liquidación debía efectuarse con el promedio de los salarios cotizados
durante los últimos diez años de servicio y con los factores previstos en la normativa
vigente, sin que fuera procedente aplicar las reglas anteriores en materia de factores
salariales. Agregó que la reliquidación efectuada mediante la Resolución UGM 018720
del 29 de noviembre de 2011 dio cumplimiento a la sentencia del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca del 7 de octubre de 2010, en la cual se definieron los factores a tener
en cuenta, excluyendo la prima de riesgo, por lo que no era viable reabrir esa discusión.
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9. Con fundamento en lo anterior, sostuvo que operó la cosa juzgada, dado que la
reliquidación pensional ya fue objeto de decisión judicial, razón por la cual no estaba
obligada a emitir un nuevo pronunciamiento sobre la inclusión de la prima de riesgo.
Finalmente, propuso las excepciones de cosa juzgada, legalidad del acto administrativo,
inexistencia del derecho y prescripción, y solicitó negar las pretensiones de la demanda.
10. El Juzgado Veintiuno Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, mediante
sentencia del 31 de marzo de 2023, declaró probada la excepción de cosa juzgada
respecto de la sentencia del 7 de octubre de 2010 proferida por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca dentro del proceso 11001-33-31-024-2008-00168-00. Para el efecto,
estableció que entre el proceso anterior y el que estaba analizando concurrían los
elementos de identidad de partes, causa petendi y objeto, por lo que no era posible reabrir
el debate sobre la reliquidación pensional y, en particular, la inclusión de la prima de
riesgo. Asimismo, señaló que previamente se habían proferido otras decisiones judiciales
que habían estudiado situaciones similares del mismo demandante, en las que también
se había declarado la configuración de la cosa juzgada (Rad. 11001-33-35-009-2013-
00230-00).
11. Finalmente, el juzgado consideró reprochable la conducta procesal del actor por
promover en reiteradas oportunidades demandas con fundamento en los mismos hechos
y pretensiones, razón por la cual lo condenó en costas.
12. El demandante apeló la sentencia de primera instancia al sostener que no se
configuraba la cosa juzgada, pues, aunque los procesos anteriores y el actual se
relacionaban con la reliquidación de su pensión, los hechos y las pretensiones no eran
idénticos. Señaló que el a quo incurrió en error al afirmar la existencia de identidad de
objeto, toda vez que en el proceso radicado 2008-00168 no se solicitó la inclusión de la
prima de riesgo, por cuanto dicho factor ya había sido incluido en el acto inicial de
reconocimiento pensional. Indicó que solo con posterioridad, tras su exclusión en
cumplimiento de la sentencia del 7 de octubre de 2010, surgió la controversia en torno a
tenerlo en cuenta como factor salarial, la cual sustentó en la jurisprudencia del Consejo
de Estado que reconoce ese carácter a dicha prima (sentencia del 1.º de agosto de 2013,
Rad. 44001 23 31 000 2008 00150 01 (070/2011)).
13. En ese contexto, el actor afirmó que tenía derecho a la reliquidación de su pensión
en un monto equivalente al 75 % del promedio de los salarios devengados en el último
año de servicio, incluyendo la prima de riesgo conforme a los Decretos 1933 de 1989 y
2646 de 1994. Finalmente, argumentó que no operaba la cosa juzgada, dado que se trata
de prestaciones periódicas que pueden reclamarse en cualquier tiempo, de conformidad
con el artículo 164 del CPACA, por lo que los actos que niegan su reconocimiento son
susceptibles de control judicial. Con fundamento en lo anterior, solicitó revocar la decisión
apelada.
14. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D,
mediante sentencia del 28 de septiembre de 2023,2 confirmó la decisión de primera
2 La sentencia fue notificada por correo electrónico remitido el 12 de octubre de 2023.
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instancia al considerar que se configuraba el fenómeno de la cosa juzgada, en la medida
en que la controversia planteada ya había sido objeto de pronunciamiento judicial previo.
Para el efecto, explicó que dicha figura impide reabrir debates decididos mediante
sentencia ejecutoriada en garantía de la seguridad jurídica y la estabilidad de las
decisiones judiciales, siempre que concurra identidad de objeto, causa petendi y partes.
15. En aplicación de esos criterios, advirtió que los procesos promovidos por el
demandante versaban, en esencia, sobre la reliquidación de su pensión y,
específicamente, en punto a la inclusión de la prima de riesgo como factor salarial, por lo
que existía identidad sustancial entre ellos, aun cuando se hubieran cuestionado distintos
actos administrativos. En ese sentido, destacó que en el proceso inicial ya se había
definido de fondo la base de liquidación pensional, excluyendo dicho factor, decisión que
adquirió firmeza y no puede ser objeto de un nuevo pronunciamiento.
16. Asimismo, precisó que, aunque en materia de prestaciones periódicas se ha discutido
la posibilidad de demandarlas en cualquier tiempo, la jurisprudencia unificada del Consejo
de Estado3 ha establecido que los cambios de precedente no afectan situaciones jurídicas
consolidadas mediante sentencias ejecutoriadas, por lo que no constituyen un hecho
nuevo que permita desconocer la cosa juzgada. En consecuencia, concluyó que no era
procedente reabrir el debate sobre la inclusión de la prima de riesgo, razón por la cual
confirmó la sentencia apelada.
Demanda del recurso extraordinario de revisión4
17. El señor José Wilson Castro Jiménez interpuso recurso extraordinario de revisión
contra la sentencia del 28 de septiembre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, con fundamento en la causal
prevista en el numeral 5.º del artículo 250 del CPACA, con el propósito de que se deje
sin efectos dicha providencia y se ordene emitir una nueva decisión conforme a los
lineamientos fijados por el Consejo de Estado, entre otras, en la sentencia de unificación
del 1.º de agosto de 2013, proferida dentro del proceso 44001-23-31-000-2008-00150-01
(070/2011).
18. Como sustento, afirmó que la sentencia recurrida incurrió en nulidad por ser
incongruente y contradictoria en sus motivaciones, al confirmar la configuración de la
cosa juzgada respecto de la inclusión de la prima de riesgo como factor salarial en la
liquidación de su pensión. Sostuvo que dicho emolumento no fue objeto de debate en el
proceso radicado 2008-00168, pues desde el reconocimiento inicial de la prestación ya
había sido incluido por Cajanal, y que la controversia en ese trámite se limitó a la
incorporación de las primas de servicios, vacaciones y navidad.
3 Sobre el particular, el Tribunal citó las siguientes providencias: “Consejo de Estado, Sección Tercera - Subsección A,
C.P., Dra., Marta Nubia Velásquez Rico, 22 de agosto de 2023, Rad., No. 25000-23-36-000-2013-01375-02 No. Interno:
60.146, Sección Segunda. C.P., Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. Sentencia de 28 de febrero de 2013, Rad.:
11001-03-25 000-2007-00116-00 (2229-07). Sección Tercera, C.P. Ramiro Saavedra Becerra. Sentencia del 28 de
enero del 2009, exp. No. 34.239. Criterio reiterado por Sección Tercera Subsección A, en sentencia del 28 de agosto
de 2019, exp. 59.903.”.
4 La demanda fue radicada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 27 de septiembre de 2024.
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Demandante: José Wilson Castro Jiménez
19. En esa línea, señaló que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la sentencia
del 7 de octubre de 2010, desbordó su competencia funcional y desconoció el principio
de non reformatio in peius, al excluir la prima de riesgo pese a que ese aspecto no fue
planteado en la demanda, en la contestación ni en el recurso de apelación. A su juicio,
dicha actuación agravó su situación pensional y vulneró el debido proceso, en tanto el
juez de segunda instancia debía limitarse a resolver los motivos de inconformidad
propuestos por la entidad apelante.
20. Agregó que, con posterioridad a esa decisión, solicitó a la UGPP la reliquidación de
su pensión con inclusión de la prima de riesgo, con fundamento en el régimen especial
aplicable a los servidores del DAS (Decretos 1047 de 1978, 1933 de 1989, 1848 de 1969
y 2646 de 1994), así como en la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 1.º
de agosto de 2013, que reconoció la incidencia de dicho emolumento en la liquidación
pensional. No obstante, la entidad negó la solicitud mediante el auto ADP 002584 del 21
de mayo de 2020, al considerar configurada la cosa juzgada.
21. Finalmente, sostuvo que la sentencia objeto de revisión desconoció la jurisprudencia
del Consejo de Estado y la fuerza vinculante del precedente, en particular la sentencia
de unificación del 1.º de agosto de 2013 (Rad. 44001-23-31-000-2008-00150-01
(070/2011)) y la providencia del 13 de mayo de 2015 (Rad. 25000-23-42-000-2012-
01645-01 (0932-2014)), al impedir el estudio de fondo de una prestación periódica que,
en su criterio, podía reclamarse nuevamente. En esa medida, consideró que la decisión
recurrida consolidó una situación contraria al ordenamiento jurídico y a su derecho a la
igualdad.
Contestación del recurso
22. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP) y el agente del Ministerio Público guardaron
silencio.
II. CONSIDERACIONES
Competencia
23. De conformidad con lo previsto en el artículo 249 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA), el Consejo de
Estado5 es competente para resolver los recursos extraordinarios de revisión contra las
sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos.
Problema jurídico
24. Corresponde a la Sala determinar si los reproches formulados por el demandante
contra la sentencia del 28 de septiembre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo
5 En atención al criterio de especialización laboral y conforme a lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 080 del 12
de marzo de 2019, modificado por el artículo 1.° del Acuerdo 434 de 2024, el conocimiento del asunto corresponde a
la Sección Segunda del Consejo de Estado.
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Demandante: José Wilson Castro Jiménez
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, configuran la causal prevista en el
numeral 5.º del artículo 250 del CPACA, esto es, si ponen en evidencia la existencia de
una nulidad originada en la sentencia derivada de la vulneración del debido proceso o del
principio de congruencia.
Análisis del problema jurídico
25. La Sala declarará infundado el recurso extraordinario de revisión por cuanto no se
configura la causal prevista en el numeral 5.º del artículo 250 del CPACA, en la medida
en que no se evidencia la existencia de una nulidad originada en la sentencia del 28 de
septiembre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En efecto,
los reproches del recurrente no ponen de presente un vicio procesal atribuible a dicha
providencia, sino que se dirigen a cuestionar la valoración jurídica realizada por el juez
de segunda instancia en torno a la configuración de la cosa juzgada, así como a
controvertir decisiones adoptadas en actuaciones judiciales anteriores que no son objeto
de revisión en esta oportunidad, según se expone a continuación.
26. El recurso extraordinario de revisión, previsto en el Capítulo I del Título VI del CPACA,
constituye un mecanismo excepcional de impugnación que permite controvertir
sentencias ejecutoriadas proferidas por autoridades judiciales cuando concurren
situaciones extraordinarias que afectan de forma sustancial la justicia material.
27. Su finalidad es restablecer la aludida justicia material cuando esta se vea
menoscabada por la ocurrencia de vicios graves que no pudieron alegarse o debatirse
dentro del trámite ordinario del proceso, y que por su entidad justifican la superación del
principio de cosa juzgada. En ese sentido, no se trata de una tercera instancia ni de una
vía para reabrir el debate jurídico o probatorio previamente resuelto, sino de una
herramienta procesal reservada a supuestos de extrema relevancia que comprometen
garantías constitucionales fundamentales, como el debido proceso o la tutela judicial
efectiva.
28. En particular, la causal 5.ª del artículo 250 del CPACA establece la procedibilidad del
recurso extraordinario de revisión cuando se configure una nulidad originada en la
sentencia que puso fin al proceso y contra la cual no procede recurso de apelación. Para
que esta causal sea procedente, deben verificarse dos presupuestos: uno consistente en
que la providencia impugnada no sea susceptible del recurso de apelación, y otro
relacionado con la existencia de una nulidad sustancial generada en la propia sentencia.
29. Esta corporación6 ha precisado que dichas nulidades no se limitan exclusivamente a
las previstas de manera taxativa en el Código General del Proceso (CGP), sino que
también comprenden aquellas que, desde una perspectiva constitucional, afectan
gravemente el derecho al debido proceso o vulneran el principio de congruencia en la
actuación judicial.
6 Ver entre otras, la sentencia de unificación del 8 de mayo de 2018, expediente 1998-00153; y las del 7 de septiembre
de 2018, Rad. REV 2014-00440-00; 18 de agosto de 2020, Rad. 11001-03-15-000-2017-02369-00; 26 de agosto de
2021, Rad. 11001-03-25-000-2017-00852-00 (4598-17); y del 16 de octubre de 2025, Rad. 11001-03-25-000-2023-
00330-00 (4906-2023).
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30. En ese sentido, se han identificado, a título meramente enunciativo, ciertos supuestos
que comprometen derechos fundamentales como el debido proceso, el acceso a la
administración de justicia y la tutela judicial efectiva, "admitiendo que hay lugar a revisar
la sentencia de instancia por vía extraordinaria cuando la decisión (i) es inhibitoria; (ii) se
profiere sin motivación alguna; (iii) transgrede el principio de la no reformatio in pejus; (iv)
condena a un tercero que no ha sido vinculado como parte al proceso; (v) se pronuncia
sobre aspectos que no le corresponden, esto es, sin competencia o jurisdicción, según el
caso; (vi) se profiere en un proceso que había terminado por desistimiento, transacción o
perención; (vii) no cuenta con el número de votos requerido para su aprobación y (viii)
desconoce el principio de congruencia7 bien sea por una condena extra, ultra o infra
petita."8. En consecuencia, esta causal tiene como propósito salvaguardar el núcleo
esencial de las garantías procesales, cuando estas resultan afectadas por vicios
insubsanables presentes en la sentencia que puso fin al proceso.
31. En el caso concreto, el recurrente sostuvo que la sentencia incurrió en nulidad por
ser incongruente y contradictoria en sus motivaciones al confirmar la configuración de la
cosa juzgada respecto de la inclusión de la prima de riesgo como factor salarial en la
liquidación de su pensión. Alegó que en los procesos anteriores no solicitó la inclusión de
dicho emolumento pues este ya había sido reconocido en el acto inicial, y que su
exclusión se produjo en una decisión judicial previa sin haber sido objeto de controversia.
En ese sentido, afirmó que, al tratarse de una prestación periódica, podía solicitar
nuevamente su reliquidación, por lo que el Tribunal erró al avalar una decisión anterior
que, según sostiene, desconoció el principio de non reformatio in peius al pronunciarse
sobre un aspecto no apelado, con la consecuente vulneración de su derecho al debido
proceso.
32. Asimismo, el demandante solicitó el reexamen de la situación fáctica y jurídica, así
como del acervo probatorio, del cual considera se desprende la existencia de falencias
en el fallo. Cuestionó, además, que no se hubiera aplicado el régimen especial pensional
correspondiente ni la jurisprudencia del Consejo de Estado, en particular la sentencia de
unificación del 1.º de agosto de 2013 (Rad. 44001-23-31-000-2008-00150-01 (070/2011),
y que se hubiera negado la posibilidad de reclamar nuevamente una prestación periódica,
lo que, en su criterio, convalidó una decisión contraria al ordenamiento jurídico.
33. No obstante, la Sala advierte que tales cuestionamientos no evidencian un defecto
estructural de la sentencia, sino que se orientan a controvertir la valoración jurídica
realizada por el juez de segunda instancia que lo condujo a concluir que en el caso
concreto se configuraba el fenómeno de la cosa juzgada. En particular, se observa que
el actor disiente de la interpretación según la cual existía identidad de objeto, causa
petendi y partes entre los procesos previamente promovidos y el que dio lugar a la
sentencia ahora recurrida.
7 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 7 de septiembre de 2018, Rad. 2014-00440-00
(REV).
8 Sentencia de 26 de agosto de 2021, Rad. 11001-03-25-000-2017-00852-00 (4598-17).
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Demandante: José Wilson Castro Jiménez
34. En ese sentido, los planteamientos del demandante reflejan una inconformidad con
el juicio jurídico efectuado por el Tribunal al aplicar los elementos estructurales de la cosa
juzgada al caso concreto, lo cual pone de presente su intención de reabrir un debate
propio del proceso ordinario. Tales reproches, por involucrar la necesidad de reexaminar
los hechos, valorar nuevamente el acervo probatorio y replantear las conclusiones
jurídicas adoptadas, resultan ajenos a la finalidad del recurso extraordinario de revisión
y, por tanto, no configuran la causal invocada.
35. Ahora, en lo que concierne al principio de congruencia, se resalta que este se
entiende vulnerado cuando en la sentencia se omite pronunciamiento sobre alguna de
las pretensiones, excepciones o argumentos relevantes propuestos por las partes, o
cuando se resuelven cuestiones que no fueron planteadas en el debate judicial. La
incongruencia se configura, entonces, ante una ruptura evidente entre lo debatido y lo
decidido, al punto que se comprometa la coherencia interna del fallo o el derecho al
debido proceso. En ese marco, el recurso extraordinario de revisión no está llamado a
cuestionar la interpretación jurídica adoptada por el juez, sino a verificar la existencia de
un vicio estructural que afecte la validez de la providencia.
36. Bajo ese entendimiento, en el caso concreto no se advierte la vulneración del principio
de congruencia alegada por el recurrente. En efecto, la controversia en el proceso
ordinario estuvo delimitada a establecer si era procedente la nulidad del acto mediante el
cual la UGPP se abstuvo de pronunciarse sobre la inclusión de la prima de riesgo en la
liquidación pensional, por considerar configurada la cosa juzgada, y, en consecuencia, si
había lugar a ordenar la reliquidación de la prestación con la inclusión de dicho factor. A
su turno, la entidad demandada se opuso a tales pretensiones precisamente con
fundamento en la existencia de decisiones judiciales previas, lo que circunscribió el
debate a la configuración de dicho fenómeno.
37. En esa medida, tanto el juez de primera instancia, como el Tribunal al conocer del
recurso de apelación, resolvieron el litigio dentro de los límites fijados por las partes al
analizar si concurrían los presupuestos de la cosa juzgada y si ello impedía un nuevo
pronunciamiento sobre la inclusión de la prima de riesgo como factor salarial. Así, la
decisión adoptada respondió de manera directa al problema jurídico planteado, sin que
se advierta que se hubiere incurrido en incongruencia por pronunciarse sobre aspectos
ajenos al debate o por omitir el estudio de cuestiones relevantes.
38. En efecto, esta corporación ha reiterado que el recurso extraordinario de revisión no
fue instituido para corregir eventuales errores de hecho o de derecho derivados de la
valoración probatoria o de la interpretación normativa, de modo que no resulta procedente
cuando se pretende cuestionar que el juez “realizó una apreciación errada de las
pruebas, en que no se aplicó una determinada regla de derecho, en que se aplicó
en forma indebida o en que se interpretó equivocadamente una norma jurídica,
pues todas estas observaciones escapan al ámbito de la aludida causal.”,9 pues
tales aspectos no configuran, por sí mismos, una nulidad originada en la sentencia.
9 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 12 de febrero de 2014, Rad. 47001-23-31-000-2009-00301-01
(41859) (REV). En este mismo sentido se ha pronunciado la Subsección A de la Sección Segunda, entre otras, en las
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Demandante: José Wilson Castro Jiménez
39. En el presente asunto la Sala observa que la sentencia del 28 de septiembre de 2023
contiene una motivación expresa y suficiente en torno a la configuración de la cosa
juzgada, en la que el Tribunal explicó las razones por las cuales consideró que la
controversia ya había sido objeto de decisión judicial previa, con fundamento en la
identidad sustancial entre los procesos promovidos por el demandante.
40. De otra parte, se advierte que, como argumento adicional, la inconformidad del
recurrente no se dirige propiamente contra la sentencia objeto de revisión, sino que, en
realidad, se orienta a cuestionar decisiones adoptadas en actuaciones judiciales
anteriores, particularmente la sentencia del 7 de octubre de 2010, mediante la cual el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca excluyó la prima de riesgo como factor de
liquidación pensional.
41. En efecto, el recurrente sostiene que en dicho proceso se vulneró el principio de non
reformatio in peius y se desbordó la competencia del juez de segunda instancia al
pronunciarse sobre un aspecto que no había sido objeto de controversia. Sin embargo,
esa providencia no es la que se encuentra sometida al presente recurso extraordinario
de revisión.
42. Bajo ese entendido, se evidencia que el recurso extraordinario de revisión está siendo
utilizado como un mecanismo para reabrir un debate ya definido en un proceso distinto,
lo cual resulta incompatible con su naturaleza excepcional y con el principio de cosa
juzgada, que garantiza la estabilidad y seguridad jurídica de las decisiones judiciales.
43. Así las cosas, los planteamientos del recurrente, lejos de evidenciar una nulidad
originada en la sentencia del 28 de septiembre de 2023, revelan una inconformidad con
el alcance de decisiones judiciales previas y con la interpretación que de ellas hizo el
Tribunal al analizar la configuración de la cosa juzgada, aspectos que debieron ser
discutidos en las instancias procesales correspondientes.
44. En consecuencia, no se advierte la existencia de un vicio procesal que afecte de
manera sustancial el debido proceso ni que comprometa la validez de la sentencia
recurrida, razón por la cual no se configura la causal invocada por el recurrente. Por
consiguiente, el recurso extraordinario de revisión carece de vocación de prosperidad,
por lo que se declarará infundado.
Condena en costas
45. El artículo 70 de la Ley 2080 de 2021 modificó el artículo 255 del CPACA,
estableciendo un criterio objetivo para la imposición de costas, consistente en que estas
deben imponerse al recurrente cuando se declare infundado el recurso extraordinario de
revisión.
sentencias del 27 de agosto de 2020, Rad. 11001-03-25-000-2016-00288-00 (1638-2016) (REV), y del 5 de marzo de
2026, Rad. 11001-03-25-000-2024-00040-00 (0614-2024) (REV).
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Radicación: 11001-03-25-000-2024-00632-00 (6911-2024)
Demandante: José Wilson Castro Jiménez
46. En ese sentido, en el caso concreto procedería la imposición de costas al actor, dado
que se declarará infundado el recurso extraordinario de revisión. Sin embargo, al no
haberse acreditado su causación, toda vez que la parte accionada no intervino en el
trámite del proceso, no se impondrá condena en costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley
III. FALLA
PRIMERO. DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto
por el señor José Wilson Castro Jiménez contra la sentencia proferida el 28 de septiembre
de 2023 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
D, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado 11001-33-35-
021-2020-00267-01.
SEGUNDO. NO CONDENAR en costas al señor José Wilson Castro Jiménez, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y ARCHIVAR el expediente.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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