7. También alegó que los demandantes no estaban legitimados para demandar
porque, al haberse extinguido el derecho de dominio que tenían sobre el grueso de
los bienes a los que se refiere la demanda, no existe algún título que justifique la
indemnización de perjuicios que deprecaron en relación con aquellos.
Ministerio de Defensa, Ejército Nacional4
8. Esta cartera ministerial manifestó su oposición a las pretensiones de la
demanda. Para ello propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva, que sustentó en el hecho de que, en el caso en cuestión, sus funciones se
desarrollaron en estricto cumplimiento de la ley y de las decisiones que adoptaron
las autoridades judiciales en materia penal.
Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil5
9. La entidad consideró que no hay lugar a acceder a las pretensiones de la
demanda. En su defensa, propuso las excepciones que denominó «inepta demanda
por pasiva por designación indebida de la Aeronáutica Civil como demandada», falta
de legitimación en la causa por pasiva y cobro de lo no debido, las que fundamentó
en el hecho que tal Unidad Administrativa Especial no tuvo injerencia alguna en los
procesos penales ni en las decisiones que se adoptaron al interior de los mismos, y
que constituyen el fundamento de la demanda de reparación directa.
Fiscalía General de la Nación6
10. El ente investigativo se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la
demanda por considerar que no obedecen a una valoración seria y ponderada de
las actuaciones que debió surtir la Fiscalía General de la Nación.
11. Explicó que esta última promovió dos procesos en contra del señor Luis Carlos
Herrera Lizcano. El primero consistió en un proceso penal por el punible de tráfico
4
Ff. 171 a 176, cuaderno principal del expediente ordinario visible en el índice 43 del expediente
electrónico.
5
Ff. 178 a 182, ibidem.
6
Ff. 187 a 218, ibidem.
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4
Radicado: 11001031500020210092100
Demandantes: Juan Felipe Herrera Gálvez y otros
de estupefacientes y concierto para delinquir que, en primera instancia, concluyó
con decisión condenatoria que posteriormente sería revocada por la Sala Penal del
Tribunal de Bogotá mediante sentencia del 15 de junio de 2005.
12. Sobre el particular, adujo que esa absolución no implicaba per se que las
actuaciones de la Fiscalía General de la Nación no hubiesen estado ajustadas a las
específicas obligaciones constitucionales que le corresponde ejercer en materia de
investigación y acusación. En ese sentido, destacó que cuando se formuló la
resolución de acusación en contra del citado, existían elementos probatorios
suficientes sobre hechos que, objetivamente, configuraban actos delictivos, lo que
a su juicio impide que las actuaciones de la entidad sean tenidas como una falla del
servicio.
13. Respecto del segundo trámite, explicó que se trató de la acción de extinción de
dominio sobre los bienes en cabeza del señor Luis Carlos Herrera y de su sociedad
familiar. Las decisiones que sobre el particular adoptó la Fiscalía fueron acogidas y
decretadas en sede judicial tanto en primera como en segunda instancia y aunque
estas decisiones fueron controvertidas a través de la acción de tutela, en sede
constitucional se negó el amparo deprecado.
14. De acuerdo con ello, sostuvo que la acción se tramitó y falló por jueces
competentes, con respeto del derecho al debido proceso y en atención a las pruebas
practicadas, por lo que no resulta ajustado concluir que se configuró una falla del
servicio. Además, resaltó que, de conformidad con la Ley 333 de 1996, así como
los Decretos 1975 de 2002 y la Ley 793 de 2002, la acción penal y la de extinción
de dominio son diferentes, autónomas e independientes.
15. Con base en lo anterior, concluyó que no se reúnen los requisitos
indispensables para declarar la responsabilidad patrimonial pretendida respecto de
la Fiscalía General de la Nación.
Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura7
16. Su oposición a la prosperidad de las pretensiones de la demanda se basó en la
inexistencia de un error jurisdiccional en las decisiones de primera y segunda
instancia a través de las cuales la justicia penal resolvió el proceso de extinción de
dominio adelantado respecto de los bienes de propiedad del señor Luis Carlos
Herrera Lizcano y de su sociedad familiar Herrera Gálvez S. en C.
17. En este sentido, indicó que dichas sentencias se profirieron con fundamento en
las normas constitucionales y legales que rigen la materia, por lo que se ajustaron
plenamente a derecho. También destacó que en aquel trámite se respetaron las
garantías de defensa y contradicción tanto del mencionado señor como de sus hijos,
7
Ff. 229 a 247, cuaderno principal del expediente ordinario visible en el índice 43 del expediente
electrónico.
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5
Radicado: 11001031500020210092100
Demandantes: Juan Felipe Herrera Gálvez y otros
en calidad de socios de aquella compañía.
18. Sobre el fondo de la decisión de extinción del dominio, precisó que se decretó
con fundamento en la causal contemplada en el artículo 2 numeral 2 de la Ley 793
de 2002, consistente en que «el bien o los bienes de que se trate provengan directa
o indirectamente de una actividad ilícita».
19. Explicó que, al valorar conjuntamente las pruebas, las autoridades judiciales
competentes en ambas instancias encontraron acreditado que el señor Luis Carlos
Herrera Lizcano había sido condenado en Estados Unidos por hechos relacionados
con la importación de cocaína a ese país en la década de los 80, época en la que
precisamente constituyó, como socio gestor, la sociedad Herrera Gálvez Cía S. en
C.
20. Dicho lo anterior, concluyó que el error jurisdiccional solo se presenta cuando
las decisiones judiciales carecen de justificación, de manera que se profieren
caprichosamente. En esa línea, recalcó que las distintas interpretaciones que
puedan generarse respecto de un asunto no lo configuran salvo que se tornen
irrazonables. De esta forma, se basó en la legalidad de las decisiones judiciales
para formular la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.
21. Finalmente, en relación con los daños que alegaron haber sufrido los
demandantes con ocasión del embargo de los tres aviones que estaban al servicio
de Aerolíneas Cargueras S.A. (Aerocar), explicó que la medida fue decretada en el
curso del proceso penal que concluyó con decisión absolutoria a favor del señor
Luis Carlos Herrera Lizcano. Adujo que, de haberse configurado, los daños por la
indebida custodia y conservación de estos bienes no eran atribuibles a la Rama
Judicial sino al Ministerio de Defensa, a través del Ejército Nacional y de la Policía
Nacional, a quienes la Fiscalía General de la Nación los entregó en depósito
provisional.
Ministerio de Defensa, Policía Nacional8
22. La entidad dirigió su estrategia de defensa a alegar la inexistencia de una falla
en la prestación del servicio imputable a la Policía Nacional en el entendido que no
tuvo participación en las decisiones judiciales que se adoptaron en el curso de los
procesos penales en que estuvo involucrado el señor Luis Carlos Herrera Lizcano,
como tampoco en el trámite que tuvo por objeto la extinción de dominio de los ya
referidos bienes. En ese contexto, propuso la excepción de falta de legitimación en
la causa por pasiva.
23. Además, sostuvo que la responsabilidad administrativa por privación injusta de
la libertad se encuentra condicionada a que la detención preventiva no haya sido
8
Ff. 264 a 270, cuaderno principal del expediente ordinario visible en el índice 43 del expediente
electrónico.
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6
Radicado: 11001031500020210092100
Demandantes: Juan Felipe Herrera Gálvez y otros
causada por dolo o culpa grave del detenido.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA9
24. El 18 de junio de 2015, el Tribunal Administrativo de Descongestión de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, profirió sentencia de primera
instancia en la que, además de declarar no probada la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva propuesta por las demandadas y declararla de
oficio y por activa, únicamente en relación con el daño alegado frente al deterioro
de las aeronaves decomisadas, negó las pretensiones de la demanda.
25. Para tales efectos, delimitó el objeto del litigio al estudio de tres aspectos
centrales. El primero de ellos, concerniente a la responsabilidad estatal por error
jurisdiccional respecto de las sentencias de extinción de dominio proferidas en
primera y segunda instancia. Sobre el tema, indicó que, a diferencia de lo que
consideraron los demandantes, aquellas sentencias se basaron en las pruebas
aportadas al proceso para concluir que el patrimonio del demandante no estaba
debidamente justificado, especialmente porque, como lo señaló el dictamen pericial
que rindió el DAS, los estados financieros y soportes allegados no cumplían con los
requisitos exigidos por las normas contables generalmente aceptadas.
26. Aunado a lo anterior, descartó que pudiera configurarse el alegado error
judicial por el hecho de haber mantenido en firme la extinción de dominio sobre los
bienes del señor Luis Carlos Herrera Lizcano a pesar de que este fue absuelto de
responsabilidad penal. Al respecto, explicó que se trata de procesos de diferente
naturaleza, autónomos e independientes, lo que implica que la pérdida de titularidad
de bienes que se resuelva en el trámite de extinción de dominio no puede verse
afectada por la determinación que se adopte en el proceso penal.
27. El segundo análisis en materia de responsabilidad estatal tenía como propósito
establecer si se presentó una falla del servicio a raíz de los daños que habrían
sufrido las aeronaves durante su decomiso. No obstante, la sentencia de primera
instancia consideró inocuo adelantar un estudio de fondo en este sentido porque los
demandantes no acreditaron la calidad de propietarios ni arrendatarios respecto de
tales bienes.
28. Por último, la providencia negó la existencia de responsabilidad estatal por el
defectuoso funcionamiento de la administración de justicia debido a que no se
acreditó la demora «injustificada» del proceso penal. Sobre el particular, afirmó que
no se demostraron los más de 10 años que, según los demandantes, habría tomado
el proceso penal pues en el expediente solo obra la resolución de acusación, del 27
9
Ff. 718 a 749, cuaderno principal del expediente ordinario visible en el índice 43 del expediente
electrónico.
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7
Radicado: 11001031500020210092100
Demandantes: Juan Felipe Herrera Gálvez y otros
de marzo de 2001, y prueba de que la ejecutoria de la sentencia de segunda
instancia se produjo el 11 de noviembre de 2005.
RECURSOS DE APELACIÓN
Luis Carlos Herrera Lizcano10
29. El demandante dividió la argumentación del recurso de alzada en varios
acápites. En el primero, se ocupó de la responsabilidad por error judicial para indicar
que esta se configuró debido a un error de derecho y a uno de interpretación.
30. Frente a este último, adujo que se abusó del ius puniendi con el fin de extinguir
el patrimonio de los demandantes bajo el argumento de que sus bienes fueron fruto
de «actividades derivadas del narcotráfico», desconociendo las pruebas que
obraban tanto en el proceso de extinción de dominio, como en aquel en el que se
juzgaron los delitos de narcotráfico y concierto para delinquir, último que concluyó
en decisión absolutoria. Precisó que, aunque se trate de acciones diferentes, «[…]
al ser un mismo patrón de conocimiento debieron tener mar (sic) certeza probatoria
por parte de la Rama Judicial […]».
31. En relación con el argumento que esgrimió el a quo relativo a que los soportes
de la información patrimonial del mencionado señor no atendían las normas
contables, sostuvo que «[…] se sobrevaloró un mero incumplimiento contable para
despojar del valor […]» probatorio al dictamen pericial que rindió el DAS, en el que
la entidad concluyó que no había patrimonio por justificar.
32. Sobre el error de derecho, alegó que se produjo porque, en segunda instancia,
el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal de Descongestión, dispuso la aplicación
del artículo 2, numeral 1, de la Ley 793 de 2002, adicionando una causal de extinción
de dominio que, hasta entonces, no se había esgrimido en todo el trámite
investigativo ni el en proceso penal y que, además, era fruto de la expedición de
una nueva ley. Señaló que de esta manera se afectó su derecho al debido proceso
y el principio de congruencia.
33. En un siguiente acápite, insistió en la presunta responsabilidad que se generó
por la falla del servicio asociada al defectuoso funcionamiento de la administración
de justicia a raíz de la no entrega y destrucción de las aeronaves incautadas.
Recordó que la sentencia apelada sostuvo que los demandantes no demostraron
su legitimación para reclamar la indemnización de aquel daño, a lo que se opuso
bajo el argumento de que la jurisprudencia del Consejo de Estado admite como
prueba de la propiedad no solo el certificado de tradición y libertad de la aeronave
sino también la escritura pública en la que consta el respectivo negocio jurídico,
10
Ff. 760 a 800, cuaderno principal del expediente ordinario visible en el índice 43 del expediente
electrónico.
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8
Radicado: 11001031500020210092100
Demandantes: Juan Felipe Herrera Gálvez y otros
máxime si se tiene en cuenta que, en este caso, los procesos de naturaleza penal
impidieron realizar los trámites de registro.
34. Subsidiariamente, solicitó que se tuviera en consideración la calidad de
poseedores o tenedores legítimos de los demandantes respecto de las aeronaves
para, desde esta óptica, reconocer su derecho a la indemnización deprecada pues,
aún cuando esa no haya sido la condición que alegaron tener los demandantes, el
juez de lo contencioso administrativo puede conceder el amparo con fundamento
en el principio de iura novit curia.
Carlos Augusto, María Fernanda y Juan Felipe Herrera Gálvez11
35. Dirigieron el recurso de apelación a censurar que la sentencia de primera
instancia hubiera negado la configuración de una responsabilidad administrativa por
la extinción del dominio sobre los bienes de los demandantes, a pesar de que esta
se decretó por una presunta participación en actividades de narcotráfico que
posteriormente se desvirtuó con la absolución, en materia penal, del señor Luis
Carlos Herrera Lizcano. Adujeron que la decisión apelada realizó una indebida
valoración de las pruebas, especialmente del dictamen pericial que rindió el DAS,
en el que se concluyó que los incrementos patrimoniales de la sociedad Herrera
Gálvez y Cía. S. en C. estuvieron justificados.
36. Sumado a lo anterior, se opusieron a la tesis según la cual la acción penal y la
de extinción de dominio son independientes y autónomas pues consideraron que
esta última se encuentra directa y sustancialmente atada a lo que se decida en el
proceso penal debido a que los dos se basan en el estudio de los mismos hechos
criminales. De acuerdo con ello, sostuvieron que la orden de extinción de dominio
implicó el desconocimiento de los principios de non bis in idem y el pro homine, al
igual que de la figura de la cosa juzgada.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA OBJETO DE REVISIÓN12
37. A través de sentencia del 29 de marzo de 2019, el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección C, resolvió modificar la sentencia de primera instancia
para, en su lugar, (i) declarar probada la excepción de caducidad del término para
formular la pretensión por error jurisdiccional en el proceso de extinción de dominio
y (ii) negar las demás pretensiones de la demanda.
38. Como fundamento de la decisión, indicó que, en lo que respecta al error
jurisdiccional por la extinción de dominio, el término de caducidad de dos años
11
Ff. 801 a 817, cuaderno principal del expediente ordinario visible en el índice 43 del expediente
electrónico.
12
Ff. 1013 a 1017, cuaderno principal del expediente ordinario visible en el índice 43 del expediente
electrónico.
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9
Radicado: 11001031500020210092100
Demandantes: Juan Felipe Herrera Gálvez y otros
propio de la acción de reparación directa comenzó a correr el 1.º de febrero de 2005,
esto es, el día siguiente a aquel en que quedó en firme la providencia que la decretó.
Por ende, aquel plazo venció el 1.º de febrero de 2007. Sin embargo, la demanda
fue presentada extemporáneamente el 8 de noviembre de ese año.
39. En relación con la alegada responsabilidad por error jurisdiccional en el
proceso penal adelantado en contra del señor Luis Carlos Herrera Lizcano, precisó
que la demanda se interpuso en tiempo toda vez que, en ese trámite, la sentencia
quedó ejecutoriada el 11 de noviembre de 2005.
40. Frente a ese tema, los demandantes reprocharon la orden de incautación de
las tres aeronaves que utilizaba la sociedad Aerolíneas Cargueras S.A., así como
la suspensión de sus operaciones comerciales, sin embargo, no aportaron la
providencia que adoptó dichas determinaciones. Por tal motivo, el ad quem concluyó
que no cumplieron con la carga de la prueba para demostrar que la decisión judicial
cuestionada incurrió en el error y, en consecuencia, denegó las pretensiones de la
demanda.
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN13
41. Con motivo de la sentencia de segunda instancia proferida el 29 de marzo de
2019 por la Sección Tercera, Subsección C, del Consejo de Estado, los señores
Juan Felipe, María Fernanda y Carlos Augusto Herrera Gálvez, actuando en nombre
propio y en calidad de herederos del señor Luis Carlos Herrera Lizcano,
interpusieron recurso extraordinario de revisión contra la Fiscalía General de la
Nación; la Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura; la Sociedad de Activos
Especiales; el Ministerio de Defensa y la Unidad Administrativa Especial de
Aeronáutica Civil.
42. En el recurso indicaron que, según la tesis del juez de segunda instancia, al
trámite del proceso ordinario no se allegó la providencia en la que se alega que
existe el error judicial presuntamente cometido al ordenarse la incautación de las
tres aeronaves y la suspensión de operaciones comerciales de Aerolíneas
Cargueras S.A. (Aerocar). Sin embargo, a juicio de los demandantes, tal conclusión
resulta contraria a las pruebas que obran en el expediente, de manera específica,
se refirieron a la decisión que tomó la Fiscalía General de la Nación el 27 de marzo
de 2001, en la que, además de formular la acusación en contra del señor Luis Carlos
Herrera Lizcano, la entidad habría decretado la medida de decomiso sobre dichos
bienes.
43. En su criterio, la circunstancia descrita configura dos causales de revisión:
13
Índice 2 del expediente electrónico, recurso en 7 folios.
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10
Radicado: 11001031500020210092100
Demandantes: Juan Felipe Herrera Gálvez y otros
43.1. La consagrada en el numeral 1 del artículo 250 del CPACA14, que
justificaron bajo el entendido de que el expediente sí tenía las pruebas
documentales que acreditaban la incautación de las aeronaves, las que,
de haber sido valoradas por el ad quem, habrían conducido a la toma de
una decisión diferente. Al respecto, consideraron que haber «[…] omitido
la providencia judicial que ordenó la extinción del dominio de las aeronaves
señaladas en el escrito inicial, que obraba en el plenario, tiene la misma
consecuencia jurídica de que estos no obraran en el proceso […]».
43.2. Una causal que inicialmente plantearon como «autónoma», consistente
en la violación del derecho al debido proceso y que, en el escrito de
subsanación de la demanda15, adecuaron a la del numeral 516 del artículo
250 ejusdem. Estimaron que ella se estructuró debido a que se tomó una
decisión contraria a las pruebas obrantes en el expediente.
TRÁMITE DEL RECURSO
44. Mediante auto del 23 de abril de 202117, el despacho ponente inadmitió el
recurso extraordinario de revisión, concediendo a los demandantes un término de 5
días para que, entre otras, adecuaran la justificación de la causal 1 del artículo 250
el CPACA, identificando con claridad y precisión los documentos que no pudieron
aportar al proceso ordinario; así como la circunstancia constitutiva de caso fortuito,
fuerza mayor o a la obra de la contraparte que lo impidió.
45. En auto del 1.º de julio de ese año18, el despacho ponente admitió el recurso
extraordinario de revisión respecto de la causal 5 del artículo 250 del CPACA y
excluyó del objeto del proceso el estudio de la causal consagrada en el numeral 1
de dicha norma, por considerar que respecto de ella no se subsanó debidamente la
demanda.
CONTESTACIÓN DEL RECURSO
Sociedad de Activos Especiales S.A.S.19
14
«ARTÍCULO 250. CAUSALES DE REVISIÓN. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la
Ley 797 de 2003, son causales de revisión:
1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los
cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al
proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria […]».
15
Índice 12 del expediente electrónico
16
«5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede
recurso de apelación».
17
Índice 7, expediente electrónico.
18
Índice 16, ibidem.
19
Índice 25, ibidem.
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11
Radicado: 11001031500020210092100
Demandantes: Juan Felipe Herrera Gálvez y otros
46. Contestó la demanda oponiéndose a la prosperidad de sus pretensiones bajo
el argumento de que la sentencia del 29 de marzo de 2019 no incurrió en nulidad
toda vez que las pruebas que se incorporaron y practicaron en el proceso fueron
estudiadas y valoradas por el fallador. Sin embargo, resaltó, al expediente no se
allegaron todas las piezas procesales de la actuación penal, especialmente de lo
acontecido en la etapa de instrucción, situación que fue advertida incluso en el fallo
de primera instancia y que justificó la decisión del ad quem en el sentido de
considerar que no se cumplió la carga de la prueba respecto del alegado error
judicial que se habría configurado en las órdenes de incautación de las aeronaves
y de suspensión de la operación comercial.
Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil20
47. Presentó oposición a la prosperidad del recurso con fundamento en que esta
entidad no tuvo ninguna participación en los hechos que motivaron la demanda del
proceso ordinario y, por consiguiente, la de revisión. Además, hizo énfasis en la
naturaleza extraordinaria y excepcional del presente proceso, para señalar que no
puede utilizarse como una tercera instancia.
48. Seguidamente, aludió a la causal de revisión del numeral 1 del artículo 250 del
CPACA, que se refiere a documentos recobrados o encontrados, precisando que
no se configura porque la sentencia que en criterio de los recurrentes omitió el
juzgador de segunda instancia fue mencionada expresamente en la providencia
recurrida. Recalcó, además, que la decisión del 29 de marzo de 2019 se fundamentó
debidamente en la omisión y negligencia de los demandantes al no aportar en las
oportunidades probatorias los documentos que respaldaban sus pretensiones.
Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial 21
49. Se resistió a la prosperidad de la demanda bajo el argumento de que el recurso
extraordinario de revisión no es una herramienta para reabrir el debate probatorio ni
la etapa de alegaciones, sin embargo, en este proceso, los demandantes lo están
usando para intentar subsanar el hecho de que, en la reparación directa, no
cumplieron la carga probatoria que les correspondía.
50. De otro lado, consideró que la demanda se presentó extemporáneamente
pues el término de un año que concede la norma procesal vencía el 25 de noviembre
de 2020, mientras que la radicación de aquella se produjo el 8 de marzo de 2021.
Fiscalía General de la Nación22
20
Índice 26 del expediente electrónico.
21
Índice 27 del expediente electrónico.
22
Índice 31 del expediente electrónico.
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12
Radicado: 11001031500020210092100
Demandantes: Juan Felipe Herrera Gálvez y otros
51. Su respuesta fue extemporánea.
Ministerio de Defensa, Policía Nacional
52. No contestó la demanda.
MINISTERIO PÚBLICO
53. El conocimiento del presente asunto fue asignado por reparto a la
Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado23, sin embargo, aquel
despacho no emitió concepto.
ACEPTACIÓN DE IMPEDIMENTO
54. Mediante auto del 3 de febrero de 202224, se aceptó la manifestación de
impedimento del consejero de Estado Nicolás Yepes Corrales para conocer el sub
examine por estar incurso en la causal contenida en el numeral 1 del artículo 141 del
Código General del Proceso.
CONSIDERACIONES
Competencia
55. De conformidad con lo previsto en el artículo 24925 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, así como en el
Acuerdo 80 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado26, esta Sala Especial
de Decisión es competente para resolver el asunto por tratarse del recurso
extraordinario de revisión interpuesto contra una sentencia ejecutoriada de la
Sección Cuarta de esta Corporación.
Oportunidad
56. El término que prevé el artículo 251 del CPACA para interponer el recurso
extraordinario de revisión es de un año contado a partir de la ejecutoria de la
23
Índice 23, expediente electrónico.
24
Índice 50, expediente electrónico.
25
«ARTÍCULO 249. COMPETENCIA. De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por
las secciones o subsecciones del Consejo de Estado conocerá la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo sin exclusión de la sección que profirió la decisión […]».
26
Según el artículo 29 de dicha norma «[…] Las Salas Especiales de Decisión decidirán los
siguientes asuntos de competencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo: 1. Los
recursos extraordinarios de revisión interpuestos contra las sentencias de las Secciones o
Subsecciones del Consejo de Estado […]».
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13
Radicado: 11001031500020210092100
Demandantes: Juan Felipe Herrera Gálvez y otros
sentencia. En el sub examine, el cumplimiento de este presupuesto se debe analizar
considerando que:
56.1. La sentencia del 29 de marzo de 2019 quedó ejecutoriada el 21 de
noviembre de ese año, según certificación expedida por la Secretaría de
la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca27.
56.2. Por motivos de salubridad pública y fuerza mayor generados con la
pandemia de la COVID-19, el Consejo Superior de la Judicatura28 dispuso
la suspensión de los términos judiciales a partir del 16 de marzo de 2020.
56.3. La medida fue refrendada en el artículo 1.º del Decreto Legislativo 654 de
202029, que dispuso que «El conteo de los términos de prescripción y
caducidad se reanudará a partir del día hábil siguiente a la fecha en que
cese la suspensión de términos judiciales ordenada por Consejo Superior
de la Judicatura»30.
56.4. El Consejo Superior de la Judicatura ordenó el levantamiento de términos
judiciales partir del 1.º de julio de 202031.
57. Así las cosas, resulta plausible señalar que entre el 22 de noviembre de
32
2019 y el 15 de marzo de 2020 trascurrieron 3 meses y 24 días, de manera que,
cuando se reanudó el cómputo el 1.º de julio de 2020, los recurrentes contaban con
8 meses y 6 días para ejercer su derecho de acción. Ello significa que el término
para la presentación del recurso vencía el 7 de marzo de 2021, sin embargo, como
este último fue feriado, el plazo se extendió33 hasta el día 8 del mismo mes y año.
27
F. 1030, cuaderno principal del expediente ordinario visible en el índice 43 del expediente
electrónico.
28
La decisión fue adoptada por la entidad por medio de los Acuerdos PCSJA-11517, PCSJA20-
11518, PCSJA-11519, PCSJA-11521, PCSJA20-11526, PCSJA-11527, PCSJA-11528, PCSJA-
11529, PCSJA-11532, PCSJA-11546, PCSJA-11549 y PCSJA-11556 de 2020.
29
«Por el cual se adoptan medidas para la garantía de los derechos de los usuarios del sistema de
justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica».
30
El mismo artículo 1.º del Decreto Legislativo 654 de 2020 aclaró que si «[…] al decretarse la
suspensión de términos por dicha Corporación, el plazo que restaba para interrumpir la prescripción
o hacer inoperante la caducidad era inferior a treinta (30) días, el interesado tendrá un mes contado
a partir del día siguiente al levantamiento de la suspensión, para realizar oportunamente la actuación
correspondiente»
31
Acuerdos PCSJA-11567 y PCSJA-11581 de 2020.
32
Este fue el día en que, de conformidad con la fecha de ejecutoria de la sentencia recurrida, empezó
a correr el término de caducidad de un año previsto en el artículo 251 del CPACA.
33
De conformidad con el artículo 62 de la Ley 4 de 1913, «En los plazos de días que se señalen en
las leyes y actos oficiales, se entienden suprimidos los feriados y de vacantes, a menos de
expresarse lo contrario. Los de meses y años se computan según el calendario; pero si el último día
fuere feriado o de vacante, se extenderá el plazo hasta el primer día hábil.»
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58. Visto lo anterior, considerando que la demanda se radicó el 5 de marzo de
34
2021 , es preciso concluir que su presentación fue oportuna. Por lo tanto, no le
asiste mérito al señalamiento que efectuó la Rama Judicial, Consejo Superior de la
Judicatura sobre la supuesta extemporaneidad de la demanda.
Problema jurídico
59. El problema jurídico que se debe resolver se resume en la siguiente pregunta:
¿La sentencia acusada35 incurrió en la causal de revisión prevista en el artículo 250
numeral 5 del CPACA, en atención a que se encuentra viciada de nulidad por
irregularidades en la valoración probatoria de la providencia expedida el 27 de
marzo de 2001 por la Fiscalía General de la Nación?
60. La tesis que sostendrá la Sala Especial número 19 del Consejo de Estado es
que no se configura la causal invocada, como pasa a explicarse.
Generalidades del recurso extraordinario de revisión
61. El recurso extraordinario de revisión tiene como finalidad invalidar los efectos
jurídicos de una sentencia que se encuentra ejecutoriada36 y persigue el
restablecimiento del criterio de justicia material y la supremacía de las garantías
procesales, cuando éstas han sido lesionadas con una decisión judicial que fue
afectada por situaciones que no pudieron ser contempladas en el decurso procesal
o al tiempo de proferir la sentencia.
62. Es un medio impugnativo que afecta el principio de la inmutabilidad de las
sentencias ejecutoriadas y, por ende, constituye una excepción al principio de la
cosa juzgada37, entendido éste como fundamento esencial del ordenamiento
jurídico y garantía del debido proceso.
34
En el índice 2 del expediente electrónico obra un archivo con las capturas de pantalla del correo
electrónico a través del cual se remitió la demanda, junto con sus anexos, al buzón electrónico de la
Secretaría General de esta Corporación, el día 5 de marzo de 2021.
35
Sentencia del 29 de marzo de 2019 proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C, en el proceso ordinario de reparación directa con radicado
25001232600020070062402 (55934).
36
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección A. 15
de marzo de 2018. Radicación: 1001-03-25-000-2014-00862-00. Interno: 2668-2014. Recurrente:
Horacio Chala. Demandado: Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional.
37
La cosa juzgada es una institución jurídico procesal en virtud de la cual las decisiones contenidas
en una sentencia y otras providencias judiciales tienen el carácter de inmutables, vinculantes y
definitivas, ello con la finalidad de lograr la terminación definitiva de controversias, en aras de buscar
la seguridad jurídica. En términos de esta corporación es un fenómeno jurídico de «[…] carácter
imperativo e inmutable de las decisiones que han adquirido firmeza, lo cual implica de suyo la
imposibilidad de volver sobre asuntos ya juzgados, para introducir en ellos variaciones o
modificaciones mediante la adopción de una nueva providencia […]». Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Providencia del 30 de noviembre de
2017. Radicación: 25000-23-25-000-2010-01147-01(1365-14).
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63. La naturaleza extraordinaria de este recurso tiene importantes
consecuencias, entre ellas, (i) la de ser un mecanismo de impugnación que solo
opera al configurarse una de las causales señaladas taxativamente en el artículo
250 del CPACA o en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003. En efecto, para que el
juez pueda entrar a examinar la controversia materia del recurso, es necesario que
la causal invocada por el recurrente se encuentre debidamente acreditada38; y (ii)
no puede considerarse como una oportunidad para reabrir un debate jurídico,
probatorio y fáctico propio de las instancias procesales que ya se han surtido,
tampoco es una ocasión para cuestionar la actividad interpretativa del juez o insistir
en la discusión de los problemas debatidos en el proceso.
64. En conclusión: El recurso extraordinario de revisión no habilita una tercera
instancia para discutir los problemas jurídicos debatidos en sede ordinaria39, para
corregir los yerros probatorios que cometieron las partes ni para subsanar aquellas
situaciones que pudieron evitarse durante la gestión del proceso que dio origen a
la sentencia objeto de revisión.
La causal de revisión invocada
65. El numeral 5 del artículo 250 del CPACA dispone que es causal de revisión
el hecho de que exista «[…] nulidad originada en la sentencia que puso fin al
proceso y contra la que no procede recurso de apelación […]». De acuerdo con ello,
sobre los presupuestos para que resulte procedente la causal en mención pueden
plantearse las siguientes consideraciones:
66. En primer lugar, es importante que exista una sentencia que ponga fin al
proceso, entendiendo por estas las ejecutoriadas, bien sea que resuelvan o no el
litigio de fondo. Además, contra esta decisión no puede proceder recurso de
apelación, pues de ser así este sería el medio idóneo para poner de presente
cualquier vicio en que hubiera incurrido la providencia.
67. De otro lado, es preciso que la nulidad se desprenda de la sentencia objeto
del recurso extraordinario, es decir, que el vicio debe estructurarse en el momento
procesal en que se profiere la decisión judicial pues, de generarse por una situación
ocurrida con anterioridad que no fue oportunamente alegada, la regla general sería
su saneamiento. No obstante, la jurisprudencia de esta Corporación ha aceptado
como nulidad originada en la sentencia la que, a pesar de presentarse en un
38
Al respecto, la Sala Plena de esta Corporación ha sostenido que «[…] El recurso extraordinario de
revisión procede por especiales circunstancias consagradas taxativamente en la ley, con miras a
prescindir de una sentencia ejecutoriada, para, en el caso de prosperidad reabrir el proceso y dictar
la sentencia que en derecho habrá de sustituir la revocada. Precisamente, por cuanto este recurso
extraordinario atenta contra el principio de inmutabilidad y firmeza de los fallos judiciales, las
causales que lo fundamentan se hallan taxativamente relacionadas en la norma y su examen y
aplicación obedecen a un estricto y delimitado ámbito interpretativo [...]». Consejo de Estado. Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 21 de octubre de 1.993. Expediente Rev 040.
39
O replantear temas ya litigados.
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momento previo a la emisión del fallo, no pudo ser advertida por el afectado, quien
en todo caso tiene la carga procesal de demostrar esta circunstancia40.
68. Finalmente, el requisito que constituye la esencia del numeral 5 del artículo
250 del CPACA es que se configure una causal de nulidad. Sobre el alcance que
debe otorgársele a esta exigencia, la posición actual41 del Consejo de Estado señala
que la nulidad predicable de la sentencia de instancia se estructura por (i) el
acaecimiento de alguna de las hipótesis que regula taxativamente el artículo 13342
del CGP o bien por (ii) la existencia de irregularidades insaneables que afecten
sustancialmente el derecho al debido proceso de manera tal que, de no haber
incurrido en ellas, la decisión hubiese sido distinta.
69. De acuerdo con ello, por fuera de los supuestos que consagra el artículo 133
ibidem no cualquier anomalía que se predique respecto de la sentencia podrá
desvirtuar sus efectos de cosa juzgada. A modo enunciativo, la jurisprudencia ha
precisado que ello ocurre en los casos en que el fallo objeto de revisión (i) es
inhibitorio; (ii) se profiere sin motivación alguna; (iii) transgrede el principio de la no
reformatio in pejus; (iv) condena a un tercero que no ha sido vinculado como parte
al proceso; (v) se pronuncia sobre aspectos que no le corresponden, esto es, sin
competencia o jurisdicción, según el caso; (vi) se profiere en un proceso que había
terminado por desistimiento, transacción o perención; (v) no cuenta con el número
40
Al respecto pueden consultarse las sentencias proferidas por la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo el 3 de diciembre de 2019 (Sala Tercera Especial de Decisión; radicación 11001-03-
15-000-2018-01235-00) y el 3 de diciembre de 2019 (Sala Séptima Especial de Decisión; radicación:
11001-03-15-000-2012-00643-00).
41
Al respecto pueden consultarse las siguientes decisiones dictadas por esta Corporación: sentencia
del 8 de mayo de 2018, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, radicación 11001-03-15-000-
1998-00153-01, actor: Julio César Mancipe Estupiñán; sentencia del 7 de octubre de 2019, Sección
Tercera, Subsección B, radicación 11001-33-31-035-2008-00180-01(52615); actor: Ferney Darío Lis
Fula y otros; sentencia del 24 de octubre de 2019, Sección Segunda, Subsección A, radicación
11001-03-25-000-2014-00325-00(0997-14), actor: Carlos Januario Montero Pérez.
42
«Causales de nulidad. El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes casos:
1. Cuando el juez actúe en el proceso después de declarar la falta de jurisdicción o de competencia.
2. Cuando el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior, revive un proceso legalmente
concluido o pretermite íntegramente la respectiva instancia. 3. Cuando se adelanta después de
ocurrida cualquiera de las causales legales de interrupción o de suspensión, o si, en estos casos, se
reanuda antes de la oportunidad debida. 4. Cuando es indebida la representación de alguna de las
partes, o cuando quien actúa como su apoderado judicial carece íntegramente de poder. 5. Cuando
se omiten las oportunidades para solicitar, decretar o practicar pruebas, o cuando se omite la práctica
de una prueba que de acuerdo con la ley sea obligatoria. 6. Cuando se omita la oportunidad para
alegar de conclusión o para sustentar un recurso o descorrer su traslado. 7. Cuando la sentencia se
profiera por un juez distinto del que escuchó los alegatos de conclusión o la sustentación del recurso
de apelación. 8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la
demanda a personas determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean
indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas que deban suceder en el proceso
a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio
Público o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo con la ley debió ser citado. Cuando en
el curso del proceso se advierta que se ha dejado de notificar una providencia distinta del auto
admisorio de la demanda o del mandamiento de pago, el defecto se corregirá practicando la
notificación omitida, pero será nula la actuación posterior que dependa de dicha providencia, salvo
que se haya saneado en la forma establecida en este código. PARÁGRAFO. Las demás
irregularidades del proceso se tendrán por subsanadas si no se impugnan oportunamente por los
mecanismos que este código establece.»
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de votos requerido para su aprobación y (vi) desconoce el principio de congruencia
bien sea por una condena extra, ultra o infra petita43.
70. Admitir que la nulidad de la sentencia pueda originarse tanto en las causales
del artículo 133 del CGP como en casos insaneables de violación del derecho al
debido proceso, satisface la finalidad a la que responde el recurso extraordinario de
revisión al permitir que decisiones manifiestamente injustas sean examinadas, pero
también garantiza el principio de seguridad jurídica al limitar la procedencia de la
causal a situaciones excepcionales en las que la anomalía sea de tal relevancia
constitucional que, sin ella, el fallo se hubiera proferido en otro sentido44.
Violación del derecho al debido proceso por una irregularidad probatoria
71. Sobre el debido proceso, es importante indicar que se encuentra consagrado
en el artículo 29 de la Constitución Política como un derecho de rango fundamental
que comprende todas las garantías que deben respetarse en las actuaciones
adelantadas tanto en procesos judiciales como en procedimientos administrativos,
las cuales están concebidas para proteger a las personas dentro de dichos trámites
afectos de que se logre la aplicación correcta de la justicia45. Algunas de las
garantías que hacen parte del debido proceso son46:
«(i) El derecho a la jurisdicción, que a su vez conlleva los derechos al
libre e igualitario acceso a los jueces y autoridades administrativas, a
obtener decisiones motivadas, a impugnar las decisiones ante
autoridades de jerarquía superior, y al cumplimiento de lo decidido en el
fallo;
(ii) el derecho al juez natural, identificado como el funcionario con
capacidad o aptitud legal para ejercer jurisdicción en determinado
proceso o actuación, de acuerdo con la naturaleza de los hechos, la
calidad de las personas y la división del trabajo establecida por la
Constitución y la ley;
(iii) El derecho a la defensa, entendido como el empleo de todos los
medios legítimos y adecuados para ser oído y obtener una decisión
favorable. De este derecho hacen parte, el derecho al tiempo y a los
medios adecuados para la preparación de la defensa; los derechos a la
asistencia de un abogado cuando sea necesario, a la igualdad ante la ley
procesal, a la buena fe y a la lealtad de todas las demás personas que
intervienen en el proceso;
43
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 7 de septiembre de 2018,
radicación REV 2014-00440-00.
44
En este mismo sentido se puede consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sala Especial de Decisión n.° 19, sentencia del 18 de agosto de 2020, radicación:
11001-03-15-000-2017-02369-00, demandante: Pedro José Vaca López.
45
Ver: sentencia T-115 de 2018, T-010 de 2017.
46
Sentencia C-341 de 2014.
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(iv) el derecho a un proceso público, desarrollado dentro de un tiempo
razonable, lo cual exige que el proceso o la actuación no se vea sometido
a dilaciones injustificadas o inexplicables;
(v) el derecho a la independencia del juez, que solo es efectivo cuando
los servidores públicos a los cuales confía la Constitución la tarea de
administrar justicia, ejercen funciones separadas de aquellas atribuidas
al ejecutivo y al legislativo y
(vi) el derecho a la independencia e imparcialidad del juez o funcionario,
quienes siempre deberán decidir con fundamento en los hechos,
conforme a los imperativos del orden jurídico, sin designios anticipados
ni prevenciones, presiones o influencias ilícitas.»
72. Entre las varias dimensiones en las que se debe proyectar el respeto por el
debido proceso se encuentra la actividad procesal probatoria. En este ámbito deben
salvaguardarse ciertos derechos mínimos de las partes como la posibilidad de
presentar y solicitar pruebas; controvertir las que se aduzcan en su contra;
reconocer solo aquellas que sean resultado del cumplimiento de los parámetros
legales y constitucionales; decretar y practicar de oficio las necesarias para
asegurar la efectividad sus derechos; así como valorar las pruebas debidamente
incorporadas.
73. Solo a través de los medios de prueba el juez llega al convencimiento de los
hechos que se discuten en un caso concreto, para entonces poder establecer si se
configura el supuesto fáctico de una determinada norma y, por consiguiente,
disponer que se aplique la consecuencia jurídica que corresponda. De allí la
importancia de proteger todas las garantías que se desprenden del régimen
probatorio, al igual que su estrecha conexión con la realización de los derechos al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia.
74. La actividad probatoria se concreta en una serie de reglas de naturaleza
adjetiva que sirven al cumplimiento de una finalidad sustantiva. Esta última se
proyecta al momento de proferir sentencia cuando el juez evalúa, a la luz de las
reglas de la sana crítica, las pruebas regularmente incorporadas al proceso,
permitiendo que dicha actividad se materialice en el insumo primordial para
fundamentar la decisión.
75. Dicho lo anterior, conviene señalar que la evaluación judicial de las pruebas,
como manifestación específica del derecho al debido proceso, tiene una especial
relevancia de cara a la causal de revisión consagrada en el artículo 250 numeral 5
del CPACA pues, al tratarse de un ejercicio que se desarrolla al momento de dictar
sentencia, las irregularidades que se cometan en esta podrían llegar a afectar la
decisión de fondo si, tras el análisis integral del caso, se determina que son yerros
de una entidad tal que le restan validez al fallo.
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76. La anterior afirmación debe leerse en el contexto limitado y excepcional en el
que está llamado a operar el recurso extraordinario de revisión, lo que supone el
planteamiento de al menos dos premisas. La primera consiste en que, dado que
este procedimiento no constituye una tercera instancia, resulta improcedente para
formular simples inconformidades respecto de las conclusiones que expuso el juez
al efectuar el correspondiente análisis probatorio.
77. En ese sentido, se reitera que el presente recurso no es una herramienta para
realizar nuevos juicios sobre la valoración probatoria contenida en las decisiones
de instancia y ello obedece no solo a solo al interés de preservar los efectos del
principio de la cosa juzgada, sino también a la necesidad de proteger los principios
de autonomía e independencia judicial. En virtud de estos últimos los jueces de
instancia gozan de amplias facultades para evaluar las pruebas en cada caso
concreto, de allí que la labor que les corresponde ejercer en este ámbito no implica
que tengan que concederle mérito probatorio a cada una de aquellas sino el deber
de apreciarlas en su totalidad y de manera armónica, así como el de hacer pública
la motivación sobre el valor que les otorguen.
78. Ahora bien, esa función de valoración probatoria debe desarrollarse
atendiendo criterios de objetividad, racionalidad, motivación y legalidad pues, en
caso contrario, su ejercicio se tornaría arbitrario y caprichoso, lo que eventualmente
sí podría conducir a la violación del derecho al debido proceso.
79. En ese sentido, como segunda premisa, resulta plausible afirmar que, en
punto a la evaluación de las pruebas, la sentencia de instancia puede comportar
una transgresión del derecho al debido proceso en hipótesis en las que el juez no
ofrezca ninguna motivación sobre aquellas que lo llevaron a convencerse de la
decisión adoptada; cuando omita valorar una o varias pruebas esenciales para
acreditar los hechos en controversia; o cuando, por el contrario, las aprecie,
haciéndolas parte del fundamento del fallo, a pesar de no haber sido incorporadas
regularmente al proceso y, por último, en los casos en que la valoración probatoria
sea abierta y completamente equivocada, de manera que se resuelva en contra de
la evidencia.
80. Es importante advertir que lo anterior no significa que la configuración de una
de estas anomalía conduzca automáticamente a declarar fundado el recurso
extraordinario de revisión bajo la causal del numeral 5 del artículo 250 del CPACA.
En efecto, si se quiere aducir alguna de las irregularidades señaladas como motivo
de nulidad de la sentencia que ha puesto fin a un proceso es necesario que aquella
haya sido determinante en la adopción de la decisión, de forma tal que, de no
haberse incurrido en ella, esta se hubiera proferido en un sentido diferente.
Estudio de la censura en sede extraordinaria de revisión
81. La Sala Especial de Decisión se ocupará de analizar si en el sub examine
están dados los supuestos para que prospere la causal de revisión invocada,
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consistente en «Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y
contra la que no procede recurso de apelación».
82. Con tal fin, lo primero que se advierte es que, en efecto, la sentencia
impugnada dio cierre al proceso ordinario de reparación directa con radicado
25001232600020070062401 (55934), quedando ejecutoriada el 21 de noviembre
de 2019. Además, debido a que se profirió en segunda instancia, es claro que en
su contra no procedía el recurso de apelación.
83. Ahora, como el sustento del actual recurso consiste en el desconocimiento
del derecho al debido proceso por una presunta irregularidad asociada a la actividad
judicial de valoración probatoria, se trataría de un vicio que se habría configurado
en la sentencia y que, al menos en teoría, podría dar lugar a una causal de nulidad
de aquellas aceptadas para que proceda la revisión por el numeral 5 del artículo
250 del CPACA, según se explicó previamente.
84. Aunque el paso a seguir sería estudiar si, en efecto, la sentencia del 29 de
marzo de 2019 proferida por la Sección Tercera, Subsección C, de esta Corporación
incurrió en esa anomalía, la Sala encuentra que no hay necesidad de realizar dicha
constatación porque, en cualquier caso, el recurso no estaría llamado a prosperar.
Esto es así, dado que el vicio que se alegó carece de la entidad suficiente para
cambiar la decisión recurrida, de acuerdo con las siguientes consideraciones:
84.1. Las aeronaves de placas HK 3771X, HK3559 y HK3770X fueron objeto
de extinción de dominio de conformidad con la sentencia de 31 de enero
de 2005, proferida por el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal de
Descongestión47.
84.2. Por ese motivo, la pretensión indemnizatoria por los presuntos daños
sufridos con ocasión del deterioro y pérdida de las aeronaves se
encontraba atada a la prosperidad de la pretensión de responsabilidad
por el supuesto error jurisdiccional en que habría incurrido aquella
providencia al decretar la extinción de dominio.
84.3. La sentencia objeto del presente recurso dividió el análisis del asunto en
dos partes: (i) la relativa a la responsabilidad por error jurisdiccional
respecto de la providencia que decretó la extinción del dominio, frente a
la cual decidió declarar probada la excepción de caducidad; y (ii) la
responsabilidad estatal por los presuntos daños que habrían sufrido los
recurrentes a raíz de las órdenes de decomiso y pérdida de las tres
aeronaves de propiedad de Aerocar S.A., así como por la suspensión de
las actividades comerciales de esta última. La sentencia despachó
desfavorablemente esta pretensión al encontrar que no se cumplió con la
47
Ff. 293-362, cuaderno 5 de pruebas del expediente ordinario, visible en el índice 43 del expediente
electrónico.
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carga probatoria dado que «[…] en el expediente no obran las decisiones que
ordenaron la incautación de las aeronaves con registro nº. HK 3771X, HK3559
y HK3770X y la suspensión de operaciones comerciales de Aerolíneas
Cargueras S.A. Aerocar […]».
84.4. El único argumento que los hoy demandantes desarrollaron
suficientemente para justificar la causal de revisión invocada consistió en
que, contrario a lo que sostuvo el ad quem, en el expediente de reparación
directa sí obraba la providencia que ordenó la incautación de las
aeronaves, esto es, el auto del 27 de marzo de 2001 que dictó la Unidad
Nacional de Fiscalías Antinarcóticos de Interdicción Marítima, Despacho
13.
85. La anterior información puede sintetizarse de la siguiente manera:
Decisión de 2ª Recurso extraordinario
instancia de revisión
Responsabilidad por error Declaró probada la No desarrolló ningún
jurisdiccional respecto de la caducidad argumento puntual y
providencia que declaró la justificado al respecto.
extinción del dominio del
capital de la sociedad Herrera
Gálvez y Cía. S. en C.
Responsabilidad por el No se cumplió con la No se tuvo en cuenta que
deterioro y/o pérdida de las carga de la prueba al no en el expediente sí
tres aeronaves. allegarse las decisiones obraba prueba de la
que ordenaron la incautación de las
incautación de las aeronaves, esto es, el
aeronaves auto del 27 de marzo de
2001 que dictó la Fiscalía
86. Puesto que el reproche de los recurrentes se limitó a la presunta irregularidad
en la valoración del auto del 27 de marzo de 2011, es claro que el juez del recurso
extraordinario de revisión solo tiene competencia para estudiar la validez de la
decisión de instancia en lo relacionado con la responsabilidad del Estado por la
supuesta pérdida o deterioro de las aeronaves, ya que es la materia respecto de la
cual habría tenido trascendencia dicha prueba.
87. Ahora, según se explicó, debido a que las aeronaves fueron objeto de la
medida de extinción de dominio, la pretensión indemnizatoria por los presuntos
daños sufridos a raíz de su deterioro y pérdida, dependía de que se declarara la
responsabilidad por error jurisdiccional en la providencia que decretó la extinción de
dominio. Sin embargo, como este último asunto sería inmodificable por la Sala, pues
los recurrentes no justificaron ni desarrollaron un argumento puntual al amparo de
la causal de revisión invocada, se puede concluir que, al margen de que se configure
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o no la irregularidad alegada, esta no tendría la entidad suficiente para modificar la
sentencia de instancia en cuanto denegó la prosperidad de aquella pretensión.
88. Comoquiera que el recurso extraordinario de revisión tiene por finalidad
desvirtuar la fuerza de la cosa juzgada de las sentencias, las causales deben estar
claramente invocadas y comprobadas. Lo anterior no se cumple en el presente
caso, en el que no se advierte la nulidad originada en la providencia que exige la ley
para la procedencia del recurso, por tal razón se declarará infundado.
89. En conclusión, no se configura la causal establecida en el numeral 5 del
artículo 250 del CPACA pues un requisito indispensable para que este prospere es
que la irregularidad alegada sea de tal entidad que, de no haber incurrido en ella, la
decisión a adoptar sería otra, lo que no ocurre en el sub examine.
Decisión
90. Al no haberse demostrado la causal invocada por los demandantes, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión n.° 19, declarará
infundado el recurso extraordinario de revisión.
Condena en costas
91. Toda vez que el recurso extraordinario de revisión se presentó en vigencia
de la Ley 2080 de 202148, en este asunto resulta aplicable lo dispuesto en el artículo
70 ibidem, que modificó el 255 del CPACA para disponer que «si se declara
infundado el recurso, se condenará en costas y perjuicios al recurrente».
92. Es importante señalar que la modificación que introdujo la Ley 2080 en este
sentido no implicó un cambio en el criterio «objetivo valorativo» que consagra el
CPACA en materia de condena en costas. Es objetivo porque basta con que se
declare infundado el recurso extraordinario de revisión para que proceda condenar
en costas y perjuicios al recurrente, sin necesidad de estudiar si existió o no
temeridad, mala fe o cualquier otro factor de orden subjetivo en las partes. No
obstante, ese criterio objetivo continúa siendo valorativo pues se requiere que en el
expediente el juez revise si las mismas se causaron y la medida de su causación,
como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de gastos ordinarios del proceso y con
la actividad del abogado efectivamente realizada dentro del proceso49.
48
«Por medio de la cual se Reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo –Ley 1437 de 2011– y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en
los procesos que se tramitan ante la jurisdicción».
49
Al respecto ver las sentencias de 7 de abril de 2016, expedientes: 4492-2013, actor: María del
Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, actor: José Francisco Guerrero Bardi.
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Radicado: 11001031500020210092100
Demandantes: Juan Felipe Herrera Gálvez y otros
93. Visto lo anterior, dado que el presente recurso no tiene vocación de
prosperidad, se condenará a los demandantes al pago de las costas en favor de la
parte demandada, en la medida en que se acredite su causación.
Representación judicial de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S.-SAE
94. La abogada Karol Gisell Medina Ordoñez presentó renuncia al poder que le
confirió la Sociedad de Activos Especiales S.A.S.-SAE50. Dado que, en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 76 del CGP, informó dicha situación a
la entidad, se aceptará tal manifestación.
95. Además, al proceso se allegó el nuevo poder51 que confirió esta sociedad al
profesional del derecho Sergio Andrés González Rodríguez, quien se identifica con
cédula de ciudadanía 1.014.179.736 y tarjeta profesional 225.059 del C. S. de la J.
En consecuencia, la Sala procederá reconocerle personería para actuar en defensa
de los intereses de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S.-SAE.
96. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sala Especial de Decisión n.º 19, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
Primero. Declárase infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por
los señores Juan Felipe Herrera Gálvez y otros en contra de la Nación, Rama
Judicial y otros, con motivo de la sentencia proferida el 29 de marzo de 2019 por la
Sección Tercera, Subsección C, del Consejo de Estado, en el proceso con radicado
25000232600020070062401 (55934).
Segundo. Condenar en costas a los demandantes en favor de la parte demandada,
en la medida en que se encuentre acreditada su causación.
Tercero. Aceptar la manifestación de la abogada Karol Gisell Medina Ordoñez,
identificada con cédula de ciudadanía 53.155.481 y tarjeta profesional 187.955 del
C. S. de la J., en el sentido de renunciar al poder que le confirió la Sociedad de
Activos Especiales S.A.S.-SAE para adelantar la defensa de sus intereses en el
presente proceso.
Cuarto. Reconocer personería jurídica al abogado Sergio Andrés González
Rodríguez, identificado con cédula de ciudadanía 1.014.179.736 y tarjeta
profesional 225.059 del C. S. de la J., para actuar como apoderado de la Sociedad
de Activos Especiales S.A.S.-SAE, en los términos y para los efectos del poder
conferido, el cual obra en el índice 45 del expediente electrónico.
50
Índice 38, expediente electrónico.
51
Índice 45, expediente electrónico.
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Radicado: 11001031500020210092100
Demandantes: Juan Felipe Herrera Gálvez y otros
Quinto. Por Secretaría, devuélvase al Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección C, el expediente con radicado
25000232600020070062401, remitido en calidad de préstamo.
Sexto. Háganse las anotaciones pertinentes en el programa informático respectivo
y archívese el expediente del recurso extraordinario de revisión.
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
STELLA JEANNETTE CARVAJAL ROBERTO AUGUSTO SERRATO
BASTO VALDÉS
(Salvamento parcial de voto)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL NICOLÁS YEPES CORRALES
(con impedimento)
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