Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2026-00207-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2026-00207-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2026-00207-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
9 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., nueve (9) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-25-000-2026-00207-00 (0862-2026)
Demandante: Hospital General de Medellín «Luz Castro de Gutiérrez» E.S.E.
Demandada: Beatriz Elena Diez Calle
Temas: Causal quinta de revisión. Contrato realidad. Pretensión de
nivelación salarial. Ausencia de congruencia externa. DECLARA
INFUNDADO.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide el recurso extraordinario de revisión que interpuso1 el Hospital
General de Medellín «Luz Castro de Gutiérrez» E.S.E. en contra la sentencia del
primero (1.°) de septiembre de dos mil veinticinco (2025), proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia2, con fundamento en la causal prevista en el numeral
5.º del artículo 250 del CPACA.
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
1. Que la señora Beatriz Elena Diez Calle presentó demanda de nulidad y
restablecimiento en su contra con el fin de que se declarara la nulidad del Oficio
HGM 012-00000000000000004039 del 2 de diciembre de 2015, por medio del cual
se negó el reconocimiento y pago de las reclamaciones de carácter laboral. Como
consecuencia, solicitó la declaratoria de existencia de una relación laboral desde el
21 de diciembre de 2008 al 30 de junio de 2014, así como el pago de todos los
conceptos laborales y prestacionales por dicho lapso.
2. Que, mediante sentencia del 11 de enero de 2022, el Juzgado 11 Administrativo
de Medellín declaró la existencia de la relación laboral, ordenó el pago de
prestaciones sociales, como las diferencias salariales entre lo devengado durante
el periodo comprendido desde el 1° de octubre de 2013 hasta el 30 de junio de 2014
y la asignación salarial definida por la entidad para el cargo de Auxiliar Área Salud
(auxiliar de enfermería).
1 La presentación del recurso se efectuó el 9 de abril de 2026, de acuerdo con la anotación efectuada por la
Secretaría de la Sección Segunda de esta Corporación que reposa en el índice 00001 de SAMAI.
2 Decisión que modificó parcialmente la sentencia proferida el 11 de enero de 2022 por el Juzgado Once
Administrativo de Medellín que accedió parcialmente a las pretensiones dentro del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho.
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3. Que contra dicha decisión el Hospital General de Medellín interpuso recurso de
apelación y la parte demandante presentó apelación adhesiva. Ambos fueron
resueltos por el Tribunal Administrativo de Antioquia mediante sentencia del 1.º de
septiembre de 2025, en la que modificó parcialmente la decisión apelada.
4. Que el Hospital promovió acción de tutela contra esa providencia por considerar
vulnerado su derecho fundamental al debido proceso. No obstante, mediante
sentencia del 11 de diciembre de 2025, la Sección Primera de esta Corporación
declaró improcedente el amparo, al estimar que el actor contaba con otro
mecanismo judicial idóneo para controvertir la decisión.
SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN
5. El Tribunal Administrativo de Antioquia confirmó parcialmente la sentencia de
primera instancia que declaró la existencia de una relación laboral encubierta entre
la señora Beatriz Elena Diez Calle y el Hospital General de Medellín durante el
período comprendido entre el 1.º de octubre de 2013 y el 30 de junio de 2014, el
reconocimiento de las diferencias salariales derivadas del contrato realidad y la
negativa al pago de dominicales, festivos y trabajo suplementario.
6. A su vez, modificó la decisión para revocar la orden de devolución de los aportes
al sistema de seguridad social, dispuso el ajuste de las cotizaciones al sistema
pensional en el porcentaje a cargo del empleador y reconoció la nivelación salarial
a partir del 1.º de julio de 2014. Igualmente, se abstuvo de pronunciarse sobre la
liquidación del trabajo suplementario con fundamento en una jornada de 190 horas,
al considerar que dicho aspecto no había sido objeto de las pretensiones.
7. Dado que el recurso extraordinario de revisión se circunscribe a cuestionar la
decisión relacionada con la nivelación salarial reconocida a partir del 1.º de julio de
2014, la Sala solo reseñará los fundamentos de la sentencia que guardan relación
con ese reproche, sin detenerse en las demás modificaciones introducidas por el
Tribunal, por no ser objeto de controversia en esta actuación.
8. En relación con ese aspecto, dijo que, si bien la nivelación salarial a partir del 1.º
de julio de 2014 no había sido formulada expresamente en el acápite de
pretensiones, sí se encontraba planteada en el hecho décimo sexto de la demanda,
en el que la actora afirmó que, pese a haber sido vinculada directamente al Hospital
General de Medellín desde esa fecha, continuaba percibiendo un salario inferior al
de los auxiliares de enfermería de planta y, por ello, reclamaba el correspondiente
reajuste salarial y prestacional.
9. Destacó que la primera instancia omitió pronunciarse sobre ese aspecto y que
dicha omisión fue cuestionada por la demandante mediante apelación adhesiva.
10. Con fundamento en el artículo 328 de la Ley 1564 de 2012, consideró que estaba
habilitado para resolver ese punto y sostuvo que abstenerse de hacerlo por el solo
hecho de que la solicitud no hubiera sido ubicada en el capítulo de pretensiones
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constituiría un exceso ritual manifiesto, pues de la lectura integral de la demanda
era posible identificar con claridad la reclamación formulada.
11. Encontró acreditado que, desde el 1.º de julio de 2014, la demandante
desempeñó el cargo de Auxiliar Área de la Salud (Auxiliar de Enfermería), mientras
que la señora Alexandra Arango Jaramillo ocupaba el cargo de Auxiliar Área Salud
1 (Auxiliar de Enfermería). Con fundamento en el Manual de Funciones y
Competencias Laborales y en la declaración de la testigo Alba Rocío Montoya
concluyó que ambos empleos compartían el mismo código, propósito principal,
funciones esenciales, dependencia, jefe inmediato, conocimientos básicos y
requisitos de formación, diferenciándose únicamente en el grado del empleo y en el
tiempo de experiencia exigido, pese a que la demandante percibía una
remuneración inferior ($1.946.488 frente a $2.560.167 que recibía la señora Arango
Jaramillo).
12. Frente a la explicación ofrecida por la entidad, consistente en que la diferencia
salarial obedecía al Acuerdo 100 de 2013, mediante el cual se establecieron dos
escalas salariales para quienes ingresaron antes y después del 18 de octubre de
2013, adujo que dicho criterio no constituía una justificación objetiva y razonable
para el trato salarial diferenciado, pues respondía exclusivamente a una decisión
administrativa orientada a garantizar la sostenibilidad financiera del Hospital y no a
diferencias relacionadas con las funciones, responsabilidades o exigencias propias
del cargo.
13. En consecuencia, modificó la sentencia de primera instancia para ordenar al
Hospital General de Medellín reconocer y pagar, a partir del 1.º de julio de 2014, la
diferencia entre la asignación básica percibida por la demandante y la
correspondiente al cargo de Auxiliar Área Salud 1 (Auxiliar de Enfermería),
disponiendo igualmente el ajuste de las cotizaciones al sistema pensional sobre esa
diferencia salarial.
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
14. El Hospital General de Medellín interpuso el recurso al considerar que la
sentencia vulneró el derecho fundamental al debido proceso, en conexidad con los
derechos de defensa y de acceso a la administración de justicia, por desconocer el
principio de congruencia que debe regir las decisiones judiciales.
15. Como fundamento de la causal invocada, sostuvo que existe una ruptura entre
lo pedido en la demanda y lo resuelto por el Tribunal, pues la segunda instancia
desbordó el marco fijado por las pretensiones y los hechos que estructuraron el
medio de control al ordenar el reconocimiento de una nivelación salarial a partir del
1.º de julio de 2014, prestación que, a su juicio, nunca fue solicitada en la demanda
dentro del acápite de pretensiones de la demanda.
16. Afirmó que ese asunto no fue objeto de debate durante el trámite de la primera
instancia y que solo fue planteado por la parte demandante mediante el recurso de
apelación adhesiva, el cual, en su criterio, fue utilizado para introducir de manera
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extemporánea una pretensión nueva cuando ya había precluido la oportunidad legal
para reformar la demanda.
17. Sostuvo que dicho mecanismo procesal no habilitaba a la segunda instancia
para modificar, adicionar o reformular las pretensiones, pues carece de la virtualidad
de alterar el objeto del litigio o la causa petendi, limitándose únicamente a permitir
que la parte se adhiera a los aspectos desfavorables de la decisión impugnada
dentro de los límites previamente fijados por la demanda.
18. Que el Tribunal incurrió en un defecto por incongruencia derivado de una
indebida interpretación de la demanda, en contravía de los deberes que le impone
el numeral 5 del artículo 42 del Código General del Proceso, lo cual comportó la
vulneración del derecho fundamental al debido proceso.
19. En ese sentido, manifestó que se desatendió el verdadero alcance del hecho
décimo sexto de la demanda, pues lo allí expuesto no tenía como finalidad solicitar
una nivelación salarial respecto del vínculo legal y reglamentario surgido a partir del
1.º de julio de 2014, sino poner de presente la desigualdad salarial existente entre
los empleados de planta y quienes prestaban sus servicios mediante la Cooperativa
de Trabajo Asociado CORFENIX y Sindicato de Profesionales y Oficios de la Salud
DAR-SER, pese a desempeñar funciones sustancialmente idénticas.
20. En consecuencia, señaló que el Tribunal profirió una decisión extra petita al
ordenar la nivelación salarial a partir del 1.º de julio de 2014, desbordando el marco
del litigio y vulnerando el debido proceso, al sorprender a la entidad demandada con
una condena respecto de la cual no tuvo oportunidad real de ejercer plenamente su
derecho de contradicción y defensa.
Contestación al recurso extraordinario de revisión
21. La señora Beatriz Elena Diez Calle pese a ser notificada del recurso guardó
silencio3.
Concepto del Ministerio Público4
22. La Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado solicitó declarar
infundado el recurso, al considerar que la incongruencia alegada no corresponde a
un defecto estructural de la sentencia, sino a la inconformidad de la entidad con la
forma en que el Tribunal resolvió sus argumentos de defensa.
23. Sostuvo que la decisión no desbordó los límites fijados por la demanda ni alteró
el marco de la controversia, pues desde el escrito introductorio la parte actora
pretendió la declaratoria de existencia de una relación laboral encubierta y el
reconocimiento de todas las consecuencias salariales y prestacionales derivadas
de ella, incluida la nivelación salarial.
3 Véase índice 00011 del aplicativo SAMAI.
4 Véase índice 00013 del aplicativo SAMAI. Concepto 183 del 15 de mayo de 2026.
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24. En ese contexto, dice que la decisión de confirmar la existencia del contrato
realidad y precisar el alcance de las condenas económicas, ordenando el
reconocimiento de las diferencias salariales y prestacionales correspondientes,
constituyó una consecuencia jurídica inherente a dicha declaración y no la
incorporación de un asunto ajeno a las pretensiones o al debate procesal.
25. Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
26. Corresponde a la Sala determinar si procede la revisión de la sentencia proferida
el 1.° de septiembre de 2025 por el Tribunal Administrativo de Antioquia,
considerando la causal invocada por la recurrente.
27. Para ello, la Sala abordará los siguientes aspectos: i) Generalidades del recurso
extraordinario de revisión, ii) Causal de revisión invocada, y iii) Caso concreto.
Generalidades del recurso extraordinario de revisión
28. El recurso extraordinario de revisión es un mecanismo procesal de control de
las decisiones que han hecho tránsito a cosa juzgada5. En términos del artículo 248
del CPACA:
«Artículo 248. El recurso extraordinario de revisión procede contra las
sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales
Administrativos y por los jueces administrativos».
29. El objetivo principal de esta vía extraordinaria es invalidar los efectos legales de
una sentencia ya ejecutoriada6. De acuerdo con las causales establecidas en el
artículo 250 del CPACA, busca restaurar el principio de justicia material y la
supremacía de las garantías procesales cuando se constate que la decisión estuvo
afectada por alguno de los siguientes eventos:
i) Aparición de circunstancias desconocidas al momento de dictar el fallo, las cuales,
de haber sido conocidas, habrían llevado a una sentencia diferente7.
ii) Descubrimiento de hechos delictivos o fraudulentos que fueron determinantes en la
adopción de la sentencia que se pretende anular8.
5 El artículo 248 del CPACA señala: «El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias
ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos».
6 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 15
de marzo de 2018. Exp. 1001-03-25-000-2014-00862-00 (2668-2014). C.P. William Hernández Gómez.
7 Como la aparición de documentos esenciales que no pudieron ser aportados por fuerza mayor o caso fortuito,
la existencia de un tercero con mejor derecho que el beneficiado con la sentencia cuestionada o la desaparición,
al momento del reconocimiento, de las razones que justificaban que se hubiera decretado la prestación
periódica.
8 Como el hallazgo de documentos falsos o adulterados, peritajes fraudulentos, o la ocultación de documentos
relevantes por alguna de las partes. Esto incluye también la posible influencia de cohecho o violencia en la
emisión del fallo.
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iii) Existencia de nulidades originadas en la sentencia que puso fin al proceso y que
no podían ser objeto de recurso de apelación.
iv) Contradicciones de la sentencia con otra anterior que constituya cosa juzgada 9.
30. Si bien la revisión constituye una vía que afecta el principio de la inmutabilidad de
las sentencias ejecutoriadas y, por ende, es una excepción al principio de la cosa
juzgada, ello no implica que sea un mecanismo que habilite una tercera instancia para
discutir los problemas jurídicos debatidos en sede ordinaria, para plantear nuevas
interpretaciones del litigio, para corregir los yerros probatorios que cometieron las
partes ni para subsanar aquellas situaciones que pudieron evitarse durante la gestión
del proceso que dio origen a la sentencia objeto de revisión.
31. En efecto, para que el juez pueda entrar a examinar la controversia materia del
recurso, es necesario que la causal invocada por la recurrente se encuentre
debidamente acreditada, pues como lo ha establecido la Sala Plena de esta
Corporación este mecanismo extraordinario procede por especiales circunstancias
consagradas taxativamente en la ley10.
Causal quinta de revisión
32. El numeral 5 del artículo 250 del CPACA dispone que es causal de revisión el
hecho de que exista «[…] nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso
y contra la que no procede recurso de apelación […]». De allí que, para que resulte
procedente la causal en mención, debe existir una sentencia ejecutoriada que ponga
fin al proceso. Además, contra esta decisión no puede proceder recurso de
apelación, pues de ser así este sería el medio idóneo para poner de presente
cualquier vicio en que hubiera incurrido la providencia.
33. Es preciso que la nulidad se desprenda de la sentencia objeto del recurso
extraordinario, es decir, que el vicio debe estructurarse en el momento procesal en
que se profiere la decisión judicial pues, de generarse por una situación ocurrida con
anterioridad que no fue oportunamente alegada, procedería su saneamiento. No
obstante, la jurisprudencia de esta Corporación ha aceptado como nulidad originada
en la sentencia la que, a pesar de presentarse en un momento previo a la emisión del
fallo, no pudo ser advertida por el afectado, quien tiene la carga procesal de demostrar
esta circunstancia11.
34. La causal de nulidad contemplada en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA
se configura cuando (i) ocurre alguna de las causales expresamente previstas en el
artículo 133 del Código General del Proceso (CGP) 12, que establece ocho motivos
9 De acuerdo con la clasificación presentada en Garzón Martínez, Juan Carlos (2021). Proceso contencioso
administrativo. Fase escrita – Fase oral. 2° Edición. Grupo editorial Ibañez (2° Ed. pp. 612-613)
10 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Veintitrés Especial de Decisión.
Sentencia del 1 de octubre de 2019. C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.
11 Al respecto pueden consultarse las sentencias proferidas por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
el 3 de diciembre de 2019 (Sala Tercera Especial de Decisión; radicación 11001-03-15-000-2018-01235-00) y
el 3 de diciembre de 2019 (Sala Séptima Especial de Decisión; radicación: 11001-03-15-000-2012-00643-00).
12 Consejo de Estado. Sala Veintiséis Especial de Decisión. Sentencia del 3 de febrero de 2015. Exp. 11001-
03-15-000-1998-00157-01. C.P. Olga Mélida Valle de De La Hoz; Sala Veintiséis Especial de Decisión.
Sentencia del 3 de febrero de 2015. Exp. 11001-03-15-000-2011-01639-00. C.P. Olga Mélida Valle de De La
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específicos de nulidad de las sentencias, o (ii) cuando se presentan irregularidades
insaneables que vulneran de manera sustancial el derecho al debido proceso 13, al
punto de que, de no haberse producido, la decisión judicial habría sido distinta 14.
35. Con todo, la concreción y extensión jurisprudencial de esta causal de revisión a
otros eventos insaneables que implican la violación de derechos constitucionales y
procesales atiende, tal y como lo ha establecido este máximo órgano, a la misma
finalidad del recurso extraordinario de revisión: por un lado, permitir que decisiones
manifiestamente injustas sean examinadas, y por el otro, garantizar el principio de
seguridad jurídica al limitar la procedencia de la causal a situaciones excepcionales
en las que la anomalía sea de tal relevancia constitucional que sin ella el fallo se
hubiera proferido en otro sentido15.
Principio de congruencia
36. Sobre la congruencia de la sentencia, el artículo 281 del CGP, prevé:
«ARTÍCULO 281. CONGRUENCIAS. La sentencia deberá estar en
consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en
las demás oportunidades que este código contempla y con las excepciones que
aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.
No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto
del pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta. […]».
37. Al respecto, la Sección Segunda de esta Corporación, en sentencia del 9 de julio
de 202016, señaló que el principio de congruencia es entendido como el deber legal
que tienen los funcionarios judiciales de resolver un asunto puesto en su conocimiento
con fundamento en las pretensiones, las pruebas aportadas, las normas aplicables y
lo alegado por las partes, sin incurrir en fallos ultrapetita, extrapetita o minuspetita17,
como regla general.
Hoz; y Sala Veintidós Especial de Decisión. Sentencia del 2 de febrero de 2016. Exp. 11001-03-15-000-2015-
02342-00. C.P. Alberto Yepes Barreiro
13 La Sala Plena del Consejo de Estado, en diversas providencias, incluyendo la sentencia del 31 de mayo de
2011 (expediente 11001-03-15-000-2008-00294-00), ha señalado otros casos en los que se configura la nulidad
en la sentencia, a saber: falta de competencia, pronunciamientos sin el trámite debido, decisiones adoptadas
fuera de los términos legales, condenas sobre aspectos no solicitados o respecto de personas ajenas al proceso,
ausencia total de motivación, o irregularidades en la votación o suscripción del fallo.
14 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Diecinueve Especial de Decisión. Sentencia
del 16 de marzo de 2022. Exp. 11001-03-15-000-2021-00921-00. C.P. William Hernández Gómez. En esta
providencia se precisó que la causal también puede configurarse cuando el fallo «(i) es inhibitorio; (ii) se profiere
sin motivación alguna; (iii) transgrede el principio de la non reformatio in pejus; (iv) condena a un tercero que no
ha sido vinculado como parte al proceso; (v) se pronuncia sobre aspectos que no le corresponden, esto es, sin
competencia o jurisdicción, según el caso; (vi) se profiere en un proceso que había terminado por desistimiento,
transacción o perención; (v) no cuenta con el número de votos requerido para su aprobación y (vi) desconoce
el principio de congruencia bien sea por una condena extra, ultra o infra petita».
15 En este mismo sentido se puede consultar: Consejo de Estado. Sala Diecinueve Especial de Decisión.
Sentencia del 18 de agosto de 2020. Exp.11001-03-15-000-2017-02369-00.
16 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 9 de julio de
2020. Exp. 11001-03-25-000-2015-00391-00. C.P. William Hernández Gómez. Cfr. Consejo de Estado. Sala de
lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 25 de enero de 2018. Exp. 25000-23-41-000-
2013-00911-01. C.P. María Elizabeth García González.
17 Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia de 16 de agosto
de 2002. Exp. 76001-23-24-000-1997-04345-01 (12668-1997). C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié donde se
indicó: «[…] Cuando en una providencia judicial, no se respeta el principio de la congruencia, se incurre en lo
que la doctrina ha llamado fallo “ultrapetita” que consiste en reconocer un mayor derecho que el invocado por
el demandante, “extrapetita”: cuando se reconoce un derecho que no ha sido reclamado o cuando se reconoce
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38. Dicho principio tiene dos connotaciones, a saber, externa, cuando la decisión está
en armonía con lo pedido y alegado por las partes e interna, cuando existe coherencia
en lo dispuesto en la parte resolutiva y lo argüido en la parte motiva de la
providencia18. Al respecto, es importante destacar que, en caso de existir
incongruencia en cualquiera de ellas, para que pueda generar la invalidez de la
sentencia, esta debe ser de tal magnitud que no proceda solución diferente a su
nulidad.
39. Según lo expuesto, se procede a resolver la controversia a la luz de dichos
parámetros.
Caso concreto
40. Se plantea que el Tribunal Administrativo de Antioquia vulneró el principio de
congruencia al ordenar la nivelación salarial de la demandante a partir del 1.º de
julio de 2014, pese a que, según la E.S.E. Hospital General de Medellín, esa
pretensión no fue formulada en la demanda ni hizo parte del debate procesal.
41. Para resolver dicho planteamiento, resulta necesario establecer si la
reclamación relacionada con la nivelación salarial desde el 1.º de julio de 2014 fue
introducida oportunamente al proceso y, por ende, integró el objeto de la
controversia sometida al conocimiento del juez ordinario.
42. Del examen de las actuaciones procesales se encuentra acreditado que aunque
en la primera pretensión se solicitó declarar la existencia de una relación laboral
entre el 21 de diciembre de 2008 y el 30 de junio de 2014, también se pidió, como
consecuencia de dicha declaración, «(…) la nivelación salarial y prestacional de mi
poderdante al código y grado que en forma equivalente existe en la planta de
personal del Hospital General de Medellín, especialmente de acuerdo con el salario
y prestaciones sociales devengadas por la auxiliar de enfermería Alexandra Arango
Jaramillo»19.
De igual forma, en la segunda pretensión se solicitó el reconocimiento de los
reajustes salariales y prestacionales «(…) desde el momento en que ingresé a
laborar a la institución y hacia el futuro, o por los períodos en que se demuestre el
un derecho reclamado o se acoge la pretensión pero por una causa diferente o deducida de hechos no alegados,
y “minuspetita”: cuando se omite el pronunciamiento sobre una de las pretensiones».
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia de 21 de noviembre
de 2007. Exp.: 50001-23-31-000-2002-00198-02 (15770). C.P. María Inés Ortiz Barbosa.
19 Fl. 1 «01ExpedienteDigital», subarchivo «18RECIBEMEMORIAL_CORREO_05001333301120160046(.zip)
NroActua 14» disponible en el índice 00014 de SAMAI. El contenido integral de la pretensión fue: «(…)
PRIMERA. Declárese la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio con radicado número HGM 012-
00000000000000004039 del 2 de diciembre de 2015, por medio del cual se niega el reconocimiento y pago de
las reclamaciones de carácter laboral. [/] En consecuencia, restablecer el derecho y efectuar el reconocimiento
de la existencia de una relación laboral entre la señora Beatriz Elena Diez Calle y el Hospital General de Medellín
a partir del 21 de diciembre del año 2008 (Sic) y hasta el 30 de junio de 2014 con el reconocimiento de todas
las consecuencias jurídicas y económicas que ello conlleva, efectuando la nivelación salarial y prestacional de
mi poderdante al código y grado que en forma equivalente existe en la planta de personal del Hospital General
de Medellín especialmente de acuerdo con el salario y prestaciones sociales devengadas por la auxiliar de
enfermería Alexandra Arango Jaramillo».
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Radicado: 11001-03-25-000-2026-00207-00 (0862-2026)
incumplimiento en el pago de salarios y prestaciones, en las mismas condiciones
que corresponde al cargo de planta del Hospital General de Medellín» 20.
43. Ahora bien, como lo encontró el Tribunal, el alcance de esas pretensiones no
puede determinarse de manera aislada ni exclusivamente a partir de su tenor literal,
sino en armonía con los hechos que las sustentan, pues es la causa petendi la que
delimita el objeto de la controversia.
44. Ese entendimiento se encuentra corroborado por los hechos que sustentan la
demanda. En particular, en el hecho décimo sexto, citado para el efecto en la
providencia, la demandante afirmó:
«DÉCIMO SEXTO: las actividades o funciones eran tan indispensables para la
institución, que a partir del 1 de julio de 2014 fue vinculado (a) al Hospital
General de Medellín, en el cargo de auxiliar área de la salud (enfermería), con
nombramiento en temporalidad. Sin embargo, los salarios y prestaciones
sociales siguen siendo inferiores a los devengados por un funcionario de planta
de dicha entidad, por lo tanto también tiene derecho al reajuste de los salarios
y prestaciones sociales»21.
45. Esta conclusión no solo se desprende de la demanda, sino que encuentra razón
de ser en la actuación surtida en sede administrativa, la cual evidencia que el
alcance de la reclamación era plenamente conocido por la entidad antes de
iniciarse el proceso judicial. En efecto, la actora allí solicitó expresamente:
«2.1. Sírvase reconocer y pagar la nivelación salarial y prestacional entre lo
percibido por la actora, mes a mes, desde el 1 de julio de 2014 y hacia el futuro,
en las mismas condiciones en que se le está reconociendo a los demás
funcionarios de planta del Hospital General de Medellín»22.
46. Aunque la respuesta administrativa se sustentó en la inexistencia de un vínculo
como servidora pública antes del 30 de junio de 2014, ello no desvirtúa que la
solicitud de nivelación salarial desde el 1.º de julio de 2014 fue expresamente
presentada y conocida por la administración23. En esas condiciones, no resulta
acertado afirmar que el Tribunal hubiera decidido sobre una cuestión sorpresiva o
ajena al contradictorio, pues desde la actuación administrativa la entidad tuvo
conocimiento del alcance de la reclamación y la oportunidad de pronunciarse sobre
ella, garantizándose la decisión previa.
47. Con fundamento en lo anterior, la Sala considera que la interpretación acogida
20 Ibid.
21 Fls. 8 - 9 del archivo «01ExpedienteDigital», sub-archivo
«18RECIBEMEMORIAL_CORREO_05001333301120160046(.zip)» disponible en el índice 00014 de SAMAI.
22 Fl. 32 del archivo «01ExpedienteDigital», sub-archivo
«18RECIBEMEMORIAL_CORREO_05001333301120160046(.zip) NroActua 14» disponible en el índice 00014
de SAMAI- principal.
23 Frente a esa petición, la entidad respondió: «...revisada nuestra base de datos a junio 30 de 2014, no se
observa que la señora Beatriz Elena haya prestado sus servicios al Hospital General de Medellín en calidad de
servidora pública, razón por la cual no procede ninguna de las reclamaciones de carácter económico que
peticionan». Véase folio 31 del archivo «01ExpedienteDigital», sub-archivo
«18RECIBEMEMORIAL_CORREO_05001333301120160046(.zip) NroActua 14» disponible en el índice 00014
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por el Tribunal resulta ajustada al contenido integral de la demanda y con el alcance
objetivo del litigio. En efecto, no es posible concluir que la controversia se
circunscribiera al reconocimiento de la existencia de una relación laboral encubierta
y de las diferencias salariales causadas hasta el 30 de junio de 2014.
48. Por el contrario, de una lectura sistemática de las pretensiones, de los hechos
de la demanda y de la reclamación formulada en sede administrativa se desprende
que la actora pretendía también el reconocimiento de las consecuencias
económicas derivadas de la persistencia de la desigualdad salarial con
posterioridad a su vinculación directa al Hospital. En ese contexto, el Tribunal
razonablemente entendió que el objeto del litigio comprendía tanto el período
anterior al 1.º de julio de 2014, durante el cual se alegó la existencia de una relación
laboral encubierta, como el posterior a esa fecha, respecto del cual se afirmó que,
pese a la vinculación formal de la demandante, subsistía una diferencia salarial
injustificada frente a los servidores de planta.
49. En esas condiciones, la decisión cuestionada no incorporó una pretensión nueva
ni resolvió un asunto extraño al proceso. La condena se mantuvo dentro del marco
fáctico y jurídico definido por la parte demandante desde la reclamación
administrativa, desarrollado en los hechos de la demanda y reiterado en la apelación
adhesiva, razón por la cual no puede afirmarse que el Tribunal hubiera desconocido
el principio de congruencia.
50. Precisado que la controversia ya comprendía la nivelación salarial posterior al
1.º de julio de 2014, corresponde analizar si la apelación adhesiva alteró el objeto
del litigio o, como lo sostiene la recurrente, impedía al Tribunal pronunciarse sobre
ese aspecto.
51. La Sala comparte que la apelación adhesiva no constituye un mecanismo para
introducir pretensiones nuevas ni para modificar el objeto del litigio, pues su finalidad
consiste en permitir que la parte que no interpuso la apelación principal solicite la
revisión de aquellos aspectos de la sentencia que le resultaron desfavorables.
52. Sin embargo, ese no fue el fundamento de la competencia del Tribunal en este
asunto. La habilitación para decidir sobre la nivelación salarial no provino solo de la
apelación adhesiva, sino de que dicho aspecto ya integraba el objeto de la
controversia desde la demanda.
53. El recurso, para la Sala, no modificó la causa petendi ni reformuló las
pretensiones de la demanda; simplemente insistió en que el juez de primera
instancia había resuelto de manera incompleta un aspecto que ya integraba el litigio,
pues el juzgado únicamente había reconocido las diferencias salariales hasta el 30
de junio de 2014, pese a que, en su criterio, la desigualdad persistía con
posterioridad a esa fecha24.
24 Así lo expresó al sostener que «(…) queda demostrado que la parte demandante tiene derecho a la nivelación
salarial a partir del 01 de julio de 2014, teniendo en cuenta el salario devengado por las auxiliares área de salud
(enfermería) de planta del Hospital General de Medellín. Ello en aplicación del principio constitucional de trabajo
igual, salario igual».
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54. En efecto, mediante dicho recurso la demandante solicitó:
«Igualmente, la nivelación salarial y prestacional desde el 01 de julio de 2014,
fecha en que el demandante se encuentra vinculado directamente con la
institución. Todo lo anterior, en forma equivalente a lo percibido por una auxiliar
de enfermería de planta de personal del Hospital General Medellín (...)».
55. Aunado a lo anterior, la procedencia de la nivelación salarial también fue objeto
de controversia en la apelación principal interpuesta por el Hospital. En efecto, la
entidad cuestionó expresamente la condena por diferencias salariales impuesta por
el juzgado al sostener que la decisión incumplía lo previsto en el artículo 280 del
Código General del Proceso, por cuanto reconoció a la señora Beatriz Elena Diez
Calle el derecho a devengar una asignación salarial equivalente a la de un auxiliar
de enfermería de planta sin exponer una motivación suficiente ni contar, en su
criterio, con respaldo probatorio que acreditara una diferencia entre la
compensación percibida por la demandante y la remuneración de los servidores de
planta25.
56. Lo anterior demuestra que el alcance de la nivelación salarial no solo fue objeto
de inconformidad por parte de la demandante, sino también de contradicción
expresa por la entidad demandada, de manera que el Tribunal estaba llamado a
resolver integralmente ese punto de la controversia.
57. En consecuencia, al no advertirse la configuración de la causal de revisión y
dado que la intención de la recurrente es obtener una modificación del fallo con base
en su desacuerdo con la decisión judicial, se declarará infundado el recurso
extraordinario de revisión.
Condena en costas
58. Con la Ley 2080 de 2021 se modificó el artículo 255 del CPACA respecto de la
condena en costas en el recurso extraordinario de revisión, en los siguientes
términos:
«ARTÍCULO 255. Vencido el período probatorio se dictará sentencia. […] Si se
declara infundado el recurso, se condenará en costas y perjuicios al
recurrente».
59. Según lo estipulado en el artículo 361 del CGP, las costas están integradas por
la totalidad de las expensas y gastos procesales, así como por las agencias en
derecho, y solo habrá lugar a su imposición de acuerdo con el artículo 365, numeral
8.º ibidem «cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de
su comprobación».
25 Sobre el particular indicó: «(…) Respecto del punto desfavorable la entidad demandada dijo que sobre la
nivelación salarial reconocida, el juzgado de primer grado incumplió lo dispuesto en el artículo 280 del Código
General del Proceso, al determinar que la señora BEATRIZ ELENA DIEZ CALLE le asiste el derecho “a
devengar una asignación salarial igual a la que recibía un auxiliar de enfermería vinculado laboralmente a la
entidad.”, sin dar explicaciones puntuales de su consideración, y que por demás, estuvo ausente de un soporte
probatoria que determinara que la demandante percibiera una contraprestación o compensación como afiliada
participe del sindicato DARSER, inferior a lo devengado por un funcionario del Hospital General de Medellín».
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60. En este contexto, no procede la imposición de costas ni agencias en derecho,
toda vez que la parte demandada, pese a haber sido debidamente notificada del
auto admisorio del recurso no intervino en este proceso y ni siquiera constituyó
apoderado judicial que permitiera considerar, cuando menos, que habría ejercido
la vigilancia del proceso, lo que da cuenta de que no se incurrió en ningún costo o
gasto procesal para el ejercicio del derecho de contradicción y defensa de dicho
extremo de la litis. Además, no se evidencia la existencia de gasto procesal alguno.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por el Hospital General de Medellín «Luz Castro de Gutiérrez» E.S.E.
en contra la sentencia del primero (1.°) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Segundo. Sin condena en costas.
Tercero. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho al despacho de origen y HÁGANSE las anotaciones
pertinentes en el sistema informático SAMAI.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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