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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-04297-01

Fecha
3 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-04297-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA Primero. CONFIRMAR la sentencia del 3 de julio de 2026 proferida por el Consejo de Estado, Sección Primera. Segundo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2026-04297-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

3 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., tres (3) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04297-01
Accionante: Caja de Compensación Familiar del Casanare
(COMFACASANARE)
Accionado: Consejo de Estado, Sección Cuarta

Tema: Derechos al debido proceso, acceso a la administración de justicia
y tutela judicial efectiva. Nulidad y restablecimiento del derecho-
contra actos proferidos en proceso de responsabilidad fiscal y cobro
coactivo. CONFIRMA PARCIALMENTE.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la Caja de Compensación Familiar
del Casanare (COMFACASANARE), en contra de la sentencia del 3 de julio de 2026
proferida por el Consejo de Estado, Sección Primera, mediante la cual se declaró
improcedente la tutela por no satisfacer el requisito de subsidiariedad.

ANTECEDENTES

La accionante pretende que se protejan los derechos fundamentales al debido
proceso, a la tutela judicial efectiva y al acceso a la administración de justicia, que
considera vulnerados con la sentencia del 5 de febrero de 2026, proferida dentro
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado núm.
25000-23-37-000-2018-00717-00/01.

HECHOS

La solicitud de tutela se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

Que la Contraloría General de la República adelantó un proceso de responsabilidad
fiscal en contra de COMFACASANARE y dos (2) exfuncionarios de la Gobernación
de Casanare.

1

Ra d ic a d o: 11001-03-15-000-2026-04297-01

Que únicamente se vinculó a la Previsora S.A. como garante de una póliza de
cumplimiento contractual y no por la póliza de manejo que amparaba a los
funcionarios investigados frente a eventuales fallos con responsabilidad fiscal.

Que mediante Auto núm. 0094 del 16 de octubre de 2014 se ordenó embargar el
bien inmueble donde funciona la sede principal de la Caja de Compensación
Familiar COMFACASANARE, el cual garantiza el 100% de la obligación.

Que el 9 de abril de 2015, la Contraloría General de la República declaró
responsables fiscales a la Caja de Compensación Familiar COMFACASANARE y
otros; y, llamó como tercero civilmente responsable a la Previsora S.A.; y, en
segunda instancia, mediante Auto ORD-80112-209 del 20 de noviembre de 2015
revocó parcialmente la decisión de primera instancia, en el sentido de absolver a la
Previsora S.A.

Que dentro del proceso de cobro coactivo solicitó vincular a la Previsora S.A., para
que esta cancelara la obligación, que en su sentir, estaba garantizada con la Póliza
de Manejo 1003386/2012. El director de cobro coactivo negó la solicitud.

Que se profirió mandamiento de pago en su contra, interpuso recurso de reposición
y formuló como excepción previa «[n]o haberse ordenado la citación de otras
personas que la Ley (sic) dispone»

Que mediante Resolución núm. 0017 del 22 de mayo de 2018 se ordenó seguir
adelante con la ejecución; y, el 14 de julio de ese año, se suspendió el proceso
coactivo por prejudicialidad, al estar pendiente por resolver dos (2) procesos de
nulidad y restablecimiento del derecho.

Que interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la
Contraloría General de la República, para que se declarara la nulidad: i) Auto núm.
0125 del 4 de mayo de 2018, que resolvió recurso de reposición y excepciones
previas dentro del proceso fiscal de cobro coactivo; y, ii) Resolución núm. 0017 del
22 de mayo de 2018 que ordenó continuar adelante con la ejecución.

Que el 9 de marzo de 2023, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Cuarta, Subsección B negó las pretensiones de la demanda.

Dijo que «desde el 20 de noviembre de 2015 (fecha en que quedó ejecutoriado el
fallo con responsabilidad fiscal dentro del proceso PRF-079-2013) al 20 de
noviembre de 2020, transcurrieron cinco (5) años, por tanto, la PÓLIZA DE MANEJO
1003386/2012 PERDIÓ VIGENCIA frustrándose la oportunidad de que se ordenara
su vinculación en el Proceso de Cobro Coactivo J-1645 por VÍA JUDICIAL».

Que el 5 de febrero de 2026, el Consejo de Estado, Sección Cuarta revocó la
decisión de primera instancia y, en su lugar, declaró probada i) la excepción de
inepta demanda frente a la pretensión de nulidad del Auto 0125 del 4 de mayo de
2018, por no ser un acto susceptible de control judicial; ii) las excepciones de falta
de legitimación en la causa por activa y de inepta demanda con relación a la
pretensión de nulidad del Auto 0017 del 22 de mayo de 2018.

2

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Considera que la Subsección accionada incurrió en los defectos: i) indebida
motivación e incongruencia por omisión, al no resolver de fondo los cargos
planteados en la demanda y en el recurso de apelación; ii) fáctico, por falta de
valoración de las pruebas relacionadas con la póliza de manejo y la vinculación de
la aseguradora; iii) procedimental por exceso ritual manifiesto, por proferir una
decisión inhibitoria fundada en la inepta demanda y la falta de legitimación en la
causa, sin efectuar el control de legalidad solicitado; y, iv) violación directa de la
Constitución, del principio de buena fe procesal, de la protección reforzada de los
afiliados de COMFACASANARE, así como omisión del deber de saneamiento
procesal e indebida integración del contradictorio.

PRETENSIONES

Solicita que se amparen los derechos invocados; se deje sin efectos la sentencia
del 5 de febrero de 2026, proferida dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado núm. 25000-23-37-000-2018-00717-
00/01; y, en consecuencia, se ordene a la autoridad judicial accionada que emita
una nueva decisión donde resuelva de fondo los argumentos planteados.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

El 10 de junio de 2026, el despacho sustanciador admitió la acción; vinculó al
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B y a la
Contraloría General de la República; negó la medida provisional solicitada1 y ordenó
notificar a las partes y vinculados.

POSICIÓN DEL ACCIONADO

El Consejo de Estado, Sección Cuarta adujo que la acción de tutela no satisface
el requisito de subsidiariedad, pues el actor cuenta con el recurso extraordinario de
revisión, donde puede alegar la violación que plantea en este mecanismo; además,
indicó que el proceso de cobro coactivo está suspendido hasta que se resuelvan los
procesos 25000-23-41-000-2016-01020-01 y 25000-23-41-000-2016-00952-01,
donde se estudia la legalidad del fallo de responsabilidad fiscal del 9 de abril de
2015.

Aunado a lo dicho, manifestó que los argumentos aquí planteados son los mismos
que se sustentaron en el recurso de apelación, situación que denota que la intención
de la accionante es convertir este mecanismo en una tercera instancia del proceso
ordinario, motivo por el cual la acción carece de la relevancia constitucional.

POSICIÓN DE LOS VINCULADOS

1 Pidió suspender los efectos de la sentencia cuestionada y ordenarle a la Contraloría General de la República

que suspendiera todas las actuaciones dirigidas a rematar, adjudicar o materializar cualquier acto de disposición
del bien embargado. El juez de tutela negó la primera medida, con fundamento en que era necesario realizar
un estudio de fondo, el cual se realizaría en el fallo; y la segunda, porque la tutela no se interpuso en contra del
proceso de cobro coactivo J-1645 y, además, dicho proceso está suspendido.

3

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El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B y
la Contraloría General de la República guardaron silencio.

SENTENCIA IMPUGNADA

El Consejo de Estado, Sección Primera, mediante sentencia del 3 de julio de 2026,
declaró improcedente la tutela por no satisfacer el requisito de subsidiariedad, dado
que la accionante puede controvertir la decisión judicial, a través del recurso
extraordinario de revisión; bajo el entendido que los cuestionamientos que realiza la
accionante encajan en la causal relacionada con la nulidad de la sentencia.

En relación con el defecto decisión sin motivación, indicó que la Sección Quinta2 de
la Corporación ha declarado improcedente la acción de tutela en estos casos, pues
la ausencia de motivación del fallo bien sea total o parcial se enmarca en la causal
de nulidad originada en la sentencia, que da lugar a la procedencia del recurso ya
citado.

IMPUGNACIÓN

La accionante impugnó la decisión por considerar que el juez de primera instancia
no tuvo en cuenta que la acción de tutela se instauró como mecanismo transitorio,
en los folios 33, 34, 35 y 36 del escrito de tutela se sustentó por qué el recurso
extraordinario de revisión no es idóneo y eficaz y cuál es el perjuicio irremediable
que se pretende evitar para la Caja de Compensación y «su población afiliada de
169.000 personas en condición de vulnerabilidad manifiesta».

En consecuencia, pidió que se revoque el fallo de tutela de primera instancia y, en
su lugar, se conceda el amparo solicitado.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

A la Sala le corresponde decidir sobre la presunta vulneración de los derechos
fundamentales del accionante, para lo cual abordará los siguientes temas: I)
generalidades de la acción de tutela; II) procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales y III) análisis del caso concreto.

Generalidades de la acción de tutela

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales; cuando
éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro

2 Sentencia del 12 de agosto de 2021, Expediente núm. 11001 0315 000 2021 00354 01, consejero ponente

Carlos Enrique Moreno Rubio.

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Ra d ic a d o: 11001-03-15-000-2026-04297-01

medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.

Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales

La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales3, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos
generales y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia
C590/054. Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia
SU128/21, se enlistaron así:

«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.
El juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional, so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones. (…)

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar
la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable. (…)

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción de tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del
hecho que originó la vulneración. (…)

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse que esta
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales de la parte actora.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado
tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido posible.

f. Que no se trate de sentencias de tutela. (…)»

Ahora, para que proceda la tutela contra una decisión judicial esta tiene que haber
incurrido en al menos una de las siguientes causales:

«a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió
la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
(…)

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

3 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
4 M.P. Jaime Córdoba Triviño

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f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional. (…)

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental
y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En
estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución.»5

En la misma línea, el alto tribunal constitucional, en Sentencia SU-0215 de 2022,
enfatizó en el respeto que debe tenerse por los principios de autonomía e
independencia judicial, la cosa juzgada y la seguridad jurídica y expresó:

«(…) Basada en lo anterior, esta Corporación ha indicado que cuando la tutela
se dirige en contra de las providencias de las altas cortes, como órganos de
cierre, su examen sobre la procedencia de la tutela debe ser especialmente
exigente pues la sustentación de tales requisitos requiere de una argumentación
cualificada6.

(…) “el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”7. Esto
implica que el juez de tutela debe restringir su análisis únicamente a los
argumentos propuestos por el accionante, (…) Si el juez constata alguna
irregularidad debe comprobar que sea grave y de una entidad tal que amerite la
intervención urgente del juez de tutela8.»

En ese orden de ideas, al juez constitucional le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad cuando se discuten providencias judiciales y, de
encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto de los señalados, si
este es determinante en la decisión y si su gravedad es tal que habilite la
intervención del juez constitucional.

Análisis del caso concreto

La accionante considera que en la providencia del 5 de febrero de 2026 no se
efectuó un estudio de fondo de los argumentos expuestos en el recurso de apelación
interpuesto en contra de la sentencia del 9 de marzo de 2023, proferida por la
Subsección B, Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca; lo que,
a su juicio, implica un fallo inhibitorio, la transgresión del principio de congruencia y
la falta de motivación suficiente de la decisión.

5 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
6 Sentencia SU-074 de 2022.
7 Sentencia SU-074 de 2022.
8 Sentencia SU-072 de 2018.

6

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Frente a tales reparos, la Sala advierte que la Caja de Compensación Familiar
cuenta con el recurso extraordinario de revisión, mecanismo a través del cual puede
plantear las inconformidades aquí señaladas, las cuales podrían encajar en la
causal de revisión relacionada con la nulidad de la sentencia.

Al respecto, esta corporación ha señalado que la nulidad originada en la sentencia
como causal para la procedencia del recurso extraordinario de revisión se configura,
entre otros eventos:

«(i) es inhibitorio; (ii) se profiere sin motivación alguna; (iii) transgrede el
principio de la no reformatio in pejus; (iv) condena a un tercero que no ha sido
vinculado como parte al proceso; (v) se pronuncia sobre aspectos que no le
corresponden, esto es, sin competencia o jurisdicción, según el caso; (vi) se
profiere en un proceso que había terminado por desistimiento, transacción o
perención; (v) no cuenta con el número de votos requerido para su aprobación
y (vi) desconoce el principio de congruencia bien sea por una condena extra,
ultra o infra petita»9. (negrilla fuera de texto original)

Igualmente, se ha aceptado que la vulneración del derecho al debido proceso
constituye una variable de la causal establecida en el numeral 5º antes mencionado,
al indicar que:

«(…) la violación al debido proceso constitucional en la sentencia puede ser
causal de revisión. En este último evento, corresponderá al juez determinar si
el hecho que se dice contrario a este derecho, puede configurar la causal de
revisión en comento»10

La accionante alega que el recurso no es idóneo y eficaz, en la medida en que, no
evita «a tiempo» la consumación de un perjuicio irremediable, esto es, el remate del
bien inmueble, donde funciona la sede principal de la Caja de Compensación;
adicionalmente, afirma que la pérdida del bien paralizaría la continuidad de la
prestación de servicios sociales que se desarrollan a diario y sin interrupción en
dicho lugar.

Sobre el particular, la Sala evidencia que el proceso de cobro coactivo está
suspendido desde el año 2018, debido a que hay dos (2) procesos de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicados 25000-23-41-000-2016-01020-01 y
25000-23-41-000-2016-00952-01, en trámite ante la Sección Primera del Consejo
de Estado, donde se estudia la legalidad del fallo de responsabilidad fiscal 385 del
9 de abril de 2015.

En ese orden, el eventual remate del bien al que alude la accionante no constituye
un perjuicio inminente que exija la adopción de medidas urgentes por parte del juez
constitucional para evitar un daño cierto e irreparable. Por el contrario, se trata de
una hipótesis futura e incierta, que está supeditada al resultado de los procesos
citados.

9 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Diecinueve Especial de Decisión. Sentencia

del 16 de marzo de 2022. Exp. 11001-03-15-000-2021-00921-00. C.P. William Hernández Gómez.
10 Consejo de Estado. Sala Veintiséis Especial de Decisión. Sentencia del 6 de noviembre de 2014. Exp. 11001-

03-15-000-2011-01639-00. C.P. Olga Mélida Valle

7

Ra d ic a d o: 11001-03-15-000-2026-04297-01

En consecuencia, se confirmará la sentencia del 3 de julio de 2026, proferida por el
Consejo de Estado, Sección Primera que declaró improcedente la acción de tutela,
por no satisfacer el presupuesto de la subsidiariedad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. CONFIRMAR la sentencia del 3 de julio de 2026 proferida por el Consejo
de Estado, Sección Primera.

Segundo. Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

8

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