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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2024-00343-00

Fecha
17 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2024-00343-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Jairo Larrahondo Viveros en contra de la sentencia proferida el 10 de agosto de 2023 por el Tribunal Administrativo del Cauca, Sala Uno de Decisión, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado 19001-33-33-001-2018-00042-01. Segundo: No condenar en costas. Tercero: Archivar el expediente del recurso extraordinario de revisión, previas las anotaciones pertinentes en el sistema de información de gestión de procesos Samai. Cuarto: Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión. Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR Aclara voto Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 20 Radicado: 11001-03-25-000-2024-00343-00 (4560-2024) Demandante: Jairo Larrahondo Viveros Firmado electrónicamente JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. LAVM Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2024-00343-00

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

17 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Radicado: 11001-03-25-000-2024-00343-00 (4560-2024)
Demandante: Jairo Larrahondo Viveros
Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones1
Providencia Sentencia del 10 de agosto de 2023 proferida por el Tribunal
recurrida: Administrativo del Cauca, Sala Uno de Decisión

Tema: Causales 1 y 5 de revisión del artículo 250 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo2

Sentencia de revisión

Asunto

La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Jairo
Larrahondo Viveros contra la sentencia proferida el 10 de agosto de 2023 por el
Tribunal Administrativo del Cauca, Sala Uno de Decisión, en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho que promovió en contra de Colpensiones.

1. Antecedentes

1.1. Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho

1. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
previsto en el artículo 138 del CPACA, Jairo Larrahondo Viveros presentó una
demanda en orden a que se declarara la nulidad parcial de la Resolución DIR
16832 del 29 de septiembre de 2017, por medio de la cual Colpensiones le
reconoció la pensión de jubilación3.

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó: (i) la reliquidación de la pensión a partir del 1 de febrero de 2017, con la
inclusión de todos los factores salariales devengados en el último año de servicio;
(ii) la indexación de las sumas que resultaran; (iii) el cumplimiento de la sentencia

1 En lo que sigue Colpensiones.
2 En adelante CPACA.
3 Samai, índice 23, actuación «RECIBE MEMORIALES ONLINE», documento
«26RECIBEMEMORIAL_19001333300120180000(.zip) NroActua 23», carpeta
«26_RECIBEMEMORIAL_19001333300120180000_0_20260226101459926», subcarpeta
«190013333001201800004200», archivo «001DEMANDA Y ANEXOS.pdf», folios 1 a 10.

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Demandante: Jairo Larrahondo Viveros

en los términos previstos en los artículos «176 a 178 del CCA»; y (iv) la condena
en costas a la entidad demandada.

1.1.1. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:

3.1. JairoLarrahondo Viveros prestó sus servicios al Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario4, como miembro del Cuerpo de Custodia y Vigilancia
Penitenciaria y Carcelaria Nacional.

3.2. Mediante la Resolución SUB 135405 del 25 de julio de 2017, Colpensiones
le negó el reconocimiento de la pensión de jubilación porque no acreditó los
requisitos exigidos para ello. Contra esta decisión interpuso recurso de apelación.

3.3. Por medio de la Resolución DIR 16832 del 29 de septiembre de 2017,
Colpensiones revocó el acto recurrido y le reconoció una pensión de vejez de alto
riesgo, a partir del 1 de febrero de 2017, en cuantía inicial de $1.423.908.

3.4. Para determinar el ingreso base de liquidación5, Colpensiones aplicó el
artículo 21 de la Ley 100 de 1993 y liquidó la prestación con el promedio de los
salarios o rentas sobre los cuales se efectuaron cotizaciones durante los últimos
10 años anteriores al reconocimiento.

3.5. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
interpuso demanda en contra de Colpensiones, con el fin de cuestionar la
legalidad de la Resolución DIR 16832 del 29 de septiembre de 2017, toda vez
que la prestación debía liquidarse con el 75% de todos los factores salariales
devengados durante el último año de servicio.

1.2. Sentencia de primera instancia

4. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Popayán, en
sentencia del 23 de julio de 2020 negó las pretensiones de la demanda6. Para el
efecto, consideró:

4.1. El régimen pensional aplicable al personal del Cuerpo de Custodia y
Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria vinculado al INPEC antes del 28 de julio de
2003 era el previsto en el artículo 96 de la Ley 32 de 1986, en virtud de la garantía
establecida en el parágrafo 5 del artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2005, y no
al régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

4.2. Aunque la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010 sostuvo que, para
determinar la cuantía de las pensiones sometidas al régimen de transición,

4 En adelante INPEC.
5 En lo sucesivo IBL.
6 Samai, índice 23, actuación «RECIBE MEMORIALES ONLINE», documento
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«190013333001201800004200», archivo «004AUDIENCIAINICIAL VIRTUAL
CONCENTRADA.mp4».

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Demandante: Jairo Larrahondo Viveros

debían incluirse todos los factores salariales percibidos habitual y
periódicamente, dicha postura fue modificada por la sentencia de unificación del
28 de agosto de 2018 de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

4.3. Conforme con este último criterio jurisprudencial, para las prestaciones
pensionales no exceptuadas de la aplicación de la Ley 100 de 1993, el IBL debía
determinarse con arreglo al artículo 21 ibidem y con los factores salariales
enlistados en el Decreto 1158 de 1994.

4.4. Así, los parámetros empleados por Colpensiones para liquidar la pensión
cuestionada se ajustaron a la Ley 100 de 1993, a su reglamentación y a la
jurisprudencia de unificación vigente, por lo que no se acreditó la ilegalidad del
acto acusado.

1.3. El recurso de apelación

5. El demandante solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia y, en
su lugar, se le reliquidara la pensión en cuantía equivalente al 75% de todos los
factores salariales percibidos durante el último año de servicio, con fundamento
en lo siguiente7:

5.1. No le era aplicable la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, pues
estaba sometido al régimen pensional especial del Cuerpo de Custodia y
Vigilancia del INPEC y no a las reglas generales relativas al IBL previstas en la
Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994.

5.2. La jurisprudencia del Consejo de Estado reconoció que, ante la ausencia de
una disposición expresa sobre los factores salariales aplicables al régimen
pensional especial de los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia
Penitenciaria y Carcelaria Nacional previsto en la Ley 32 de 1986, debía acudirse
al artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, de manera que su pensión se tenía que
liquidar con los factores salariales devengados durante el último año de servicio.

5.3. Se desconocieron los principios de igualdad y favorabilidad, ante la existencia
de decisiones judiciales posteriores a la sentencia de unificación del 28 de agosto
de 2018 que ordenaron reliquidar la pensión a miembros del Cuerpo de Custodia
y Vigilancia del INPEC con fundamento en su régimen especial y en el artículo
45 del Decreto 1045 de 1978.

1.4. Sentencia de segunda instancia objeto de revisión

6. El Tribunal Administrativo del Cauca, Sala Uno de Decisión, en la sentencia
del 10 de agosto de 2023 confirmó la decisión de primera instancia8, con
fundamento en las siguientes consideraciones:

7 Samai, índice 23, actuación «RECIBE MEMORIALES ONLINE», documento
«26RECIBEMEMORIAL_19001333300120180000(.zip) NroActua 23», carpeta
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«190013333001201800004200», archivo «005RecursoApelacion.pdf».
8 Samai, índice 23, actuación «RECIBE MEMORIALES ONLINE», documento
«26RECIBEMEMORIAL_19001333300120180000(.zip) NroActua 23», carpeta

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6.1. El régimen pensional aplicable a los miembros del Cuerpo de Custodia y
Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional vinculados antes de la entrada en
vigencia del Decreto 2090 de 2003 correspondió al establecido en la Ley 32 de
1986, de conformidad con el parágrafo transitorio 5 del artículo 1 del Acto
Legislativo 01 de 2005. Sin embargo, dicha normativa no reguló los factores
salariales que debían integrar el IBL, por lo que, en los aspectos no previstos,
debió acudirse a las disposiciones aplicables a los empleados públicos
nacionales.

6.2. Aunque la jurisprudencia del Consejo de Estado admitió la aplicación del
artículo 45 del Decreto 1045 de 1978 para liquidar las pensiones reconocidas
bajo la Ley 32 de 1986, con inclusión de los factores salariales devengados
durante el último año de servicio, dicho criterio fue modificado a través de la
sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, según la cual el IBL debía
establecerse conforme con los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993 y
únicamente con los factores sobre los cuales se efectuaron aportes o
cotizaciones al sistema pensional.

6.3. El nuevo criterio de unificación también era aplicable a los miembros del
Cuerpo de Custodia y Vigilancia del INPEC cobijados por el régimen especial de
la Ley 32 de 1986, siempre que hubieran consolidado el derecho pensional en
vigencia de la Ley 100 de 1993. Ello, en concordancia con pronunciamientos de
la misma corporación en sede de tutela que avalaron la extensión de la regla
fijada a este tipo de prestaciones9.

6.4. Al demandante se le reconoció la pensión a partir del 1 de febrero de 2017,
con aplicación de la Ley 32 de 1986 en cuanto al tiempo de servicios y la tasa de
reemplazo, mientras que el IBL se determinó con los factores previstos en el
Decreto 1158 de 1994 sobre los cuales cotizó durante los últimos 10 años de
servicio.

6.5. En el petitum no se precisó cuál factor salarial había sido excluido de la
liquidación ni se aportaron o solicitaron pruebas que permitieran establecer una
diferencia respecto del cálculo efectuado por Colpensiones. En consecuencia, no
se acreditaron los cargos de nulidad.

1.5. Recurso extraordinario de revisión

7. Jairo Larrahondo Viveros interpuso recurso extraordinario de revisión en contra
de la sentencia proferida el 10 de agosto de 2023 por el Tribunal Administrativo
del Cauca, Sala Uno de Decisión, con fundamento en las causales establecidas
en los numerales 1 y 5 del artículo 250 del CPACA10. Para tal efecto, consideró

«26_RECIBEMEMORIAL_19001333300120180000_0_20260226101459926», subcarpeta
«190013333001201800004200», archivo «012SentenciaSegundaInstancia-Confirma.pdf».
9 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 25 de octubre de 2018, radicado 11001-03-

15-000-2018-03523-00 (AC); Sección Primera, sentencia del 10 de diciembre de 2018, radicado
11001-03-15-000-2018-03523-01 (AC); Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 24 de
septiembre de 2020, radicado 11001-03-15-000-2020-02915-01 (AC).
10 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«5ED_RECURSOEXTRAORDINARI(.zip) NroActua 2», carpeta

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lo siguiente:

7.1. Respecto de la causal 1, Colpensiones y el INPEC no aportaron
oportunamente al expediente una certificación completa de los factores salariales
sobre los cuales se efectuaron cotizaciones para pensión, pues el documento
utilizado para liquidar su prestación no reflejó la totalidad de aquellos respecto de
los cuales se le realizaron descuentos.

7.2. De acuerdo con una nueva certificación expedida por el INPEC se estableció
que, entre el 1 de julio de 2014 y el 31 de enero de 2017, se le efectuaron
cotizaciones sobre los siguientes factores: sueldo, sobresueldo, bonificación por
servicios, sueldo de vacaciones, auxilio de transporte, subsidio de alimentación y
las primas de servicios, de navidad y de vacaciones. Documento con carácter
decisivo para establecer el IBL de su prestación.

7.3. En relación con la causal 5 alegó la existencia de una nulidad originada en la
sentencia objeto de revisión. El Tribunal Administrativo del Cauca no valoró en
su providencia la referida certificación pese a que fue aportada en la etapa de
alegatos de conclusión de la segunda instancia. Esa omisión vulneró su debido
proceso, en consideración al carácter determinante de la prueba.

7.4. La jurisprudencia del Consejo de Estado reconoció, respecto del régimen
especial de los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia del INPEC, la
aplicación de los factores salariales previstos en el Decreto 446 de 1994 y
descartó, para determinados casos, la aplicación de los artículos 18, 19 y 21 de
la Ley 100 de 1993 y del Decreto 1158 de 199411.

7.5. Así las cosas, era procedente que se invalidaran las decisiones judiciales
cuestionadas y se profiriera una nueva sentencia en la que se ordenara la
reliquidación de la pensión con una tasa del 75% sobre el IBL correspondiente al
último año de servicio, con inclusión de los factores omitidos que se acreditaron
con la nueva certificación.

1.6. Contestación del recurso extraordinario de revisión

8. Colpensiones se opuso a la prosperidad del recurso extraordinario de revisión
con fundamento en las siguientes consideraciones12:

8.1. Las causales invocadas no se configuraron, pues los documentos y hechos
que el recurrente pretendió hacer valer estuvieron a su alcance durante el
proceso ordinario y carecieron de aptitud probatoria suficiente para desvirtuar los
fundamentos de la sentencia cuestionada. El recurso extraordinario de revisión
no constituyó una tercera instancia para reabrir el debate probatorio o jurídico ya
resuelto.

«5_EXPEDIENTEDIGI_RECURSOEXTRAORDINARI_1_20240813125453661», archivo
«ESCRITO ACCION DE REVISION.pdf».
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de febrero de 2023, radicado 23001-23-

33-000-2016-00445-01 (3423-2018).
12 Samai, índice 16, actuación «RECIBE MEMORIALES ONLINE», documento
«16_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-RAD110010325000202(.pdf) NroActua 16», archivo
«16_110010325000202400343002MemorialWeb2025661663».

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8.2. El demandante era beneficiario del régimen de transición previsto en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por lo que el IBL se le determinó conforme con
esa normativa y con los factores salariales previstos en el Decreto 1158 de 1994
sobre los cuales efectuó cotizaciones. Es decir, si bien la tasa de reemplazo
correspondió al 75% establecido en el régimen anterior, el IBL era el regulado por
la Ley 100 de 1993.

8.3. La anterior interpretación encontró respaldo en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, según la cual el IBL no hizo parte de los elementos protegidos por
el régimen de transición, por lo que debía establecerse con las reglas de la Ley
100 de 1993, con independencia del régimen especial aplicable para los demás
requisitos pensionales.

8.4. Así entonces, no era procedente invalidar la sentencia objeto de revisión ni
ordenar la reliquidación de la prestación con la totalidad de los factores salariales
devengados durante el último año de servicio.

1.7. Intervención del Ministerio Público

9. El procurador delegado ante el Consejo de Estado solicitó que se declarara
infundado el recurso extraordinario de revisión, con base en los siguientes
argumentos13:

9.1. Tal recurso no podía utilizarse para corregir o subsanar las deficiencias
probatorias del proceso ordinario, pues correspondía a la parte demandante
acreditar los factores salariales sobre los cuales efectuó cotizaciones.

9.2. La certificación invocada no reunió las condiciones de un documento
recobrado, pues se expidió el 2 de junio de 2021, esto es, antes de la sentencia
objeto de revisión [10 de agosto de 2023], la cual le fue remitida directamente al
recurrente a su correo electrónico. Tampoco se demostró fuerza mayor, caso
fortuito u obra de la parte contraria que le hubiera impedido aportarla
oportunamente.

9.3. La causal prevista en el numeral 1 del artículo 250 del CPACA exige la
preexistencia del documento a la sentencia y que el recurrente solo hubiera
podido obtenerlo con posterioridad por una circunstancia ajena a su voluntad, sin
que el recurso extraordinario pudiera suplir la negligencia o inactividad probatoria
de las partes ni reabrir el debate propio del proceso ordinario.

9.4. Aun si se admitiera la certificación como fundamento del recurso, no tendría
la entidad suficiente para modificar el sentido de la providencia cuestionada, pues
la negativa a reliquidar la pensión se sustentó en la falta de prueba de los factores
cotizados y en la regla jurisprudencial conforme con la cual no procedía calcular
la prestación con la totalidad de los factores devengados durante el último año
de servicio.

13 Samai, índice 15, actuación «RECIBE MEMORIALES ONLINE», documento
«Memorial_FLF_16Concepto(.pdf) NroActua 15», archivo
«16_16_110010325000202400343001YYY06022427».

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2. Consideraciones

2.1. Competencia

10. Esta Sala es competente para decidir el presente recurso extraordinario de
revisión de conformidad con lo regulado en el artículo 249 del CPACA, que
estableció «[d]e los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas
por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo
de Estado según la materia». Asimismo, de acuerdo con el criterio de especialidad,
le corresponde a la Sección Segunda conocer de los asuntos laborales, según el
artículo 13 numeral 3 del Reglamento Interno del Consejo de Estado14 de la Sala
Plena de esta corporación.

2.2. Legitimación en la causa

11. En el asunto objeto de estudio, Jairo Larrahondo Viveros se encuentra
legitimado para actuar como demandante, comoquiera que tuvo igual calidad
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento presentado contra Colpensiones
y en el cual se profirió la sentencia que se recurre.

2.3. Oportunidad para presentar el recurso

12. Se observa que la sentencia proferida el 10 de agosto de 2023 por el Tribunal
Administrativo del Cauca, Sala Uno de Decisión, se notificó el 23 de agosto de
2023 y quedó ejecutoriada el 30 de ese mes y año15. Por su parte, el recurso fue
radicado el 13 de agosto de 202416.

13. De acuerdo con lo anterior, el recurso extraordinario de revisión fue
presentado dentro del año siguiente a la ejecutoria de la sentencia recurrida, tal
y como lo prevé el artículo 251 del CPACA.

2.4. Generalidades del recurso extraordinario de revisión

14. El recurso extraordinario de revisión previsto en el artículo 248 del CPACA es
un medio de impugnación que afecta el principio de la inmutabilidad de las
sentencias ejecutoriadas y, por ende, constituye una excepción al principio de la
cosa juzgada17. Su finalidad es la de invalidar los efectos jurídicos de una
sentencia que se encuentra ejecutoriada18 y persigue el restablecimiento del
criterio de justicia material y la supremacía de las garantías procesales cuando

14 Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019.
15 Así se consideró en el auto proferido el 30 de septiembre de 2024. Samai, índice 4, actuación

«Auto que inadmite recurso extraordinario de revisión», documento
«6Autoqueinadmi_45602024inadmiteRERp(.pdf) NroActua 4», archivo
«6_Autoqueinadmi_45602024inadmiteRERp_0_20241118103127527».
16 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «1ED_Actarepartopdf(.pdf)

NroActua 2», archivo «1_EXPEDIENTEDIGI_Actareparto_0_20240813125428044».
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Catorce Especial de Decisión.

Sentencia 13 de octubre de 2020. Rad. 11001-03-15-000-2019-00119-00.
18 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección A.

Sentencia 15 de marzo de 2018. Rad. 11001-03-25-000-2014-00862-00.

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Demandante: Jairo Larrahondo Viveros

estas han sido lesionadas en aquella, al ocurrir alguna de las causales por las
cuales procede, establecidas en la ley. Tiene dos características principales:

15. La primera se refiere a que su naturaleza es excepcional y, por lo tanto, solo
opera por razón de las causales taxativas señaladas en el artículo 250 del
CPACA, en concordancia con el artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Estas señalan
vicios o errores de naturaleza procedimental que permiten la revisión de la
sentencia proferida dentro del proceso. En ese orden, para que el juez pueda
examinar la controversia materia del recurso, a quien lo ejerce le corresponde
indicar con precisión cuál es la causal que invoca para invalidar la sentencia
recurrida y las razones de hecho y de derecho que la sustentan.

16. La segunda indica que se trata de un nuevo proceso que tiene por objeto
cuestionar la sentencia proferida en el trámite ordinario y no una nueva
oportunidad para reabrir el debate jurídico, probatorio y/o fáctico propio de las
instancias procesales que ya se han surtido en aquel. Tampoco es una vía para
cuestionar la actividad interpretativa del juez o insistir en la discusión de los
problemas debatidos en el proceso original ni para subsanar las falencias de las
actuaciones procesales de las partes, puesto que no constituye una tercera
instancia.

2.5. Problemas jurídicos

17. Se circunscriben a resolver los siguientes interrogantes:

17.1. ¿si el documento allegado por la parte recurrente reúne los presupuestos de
la causal prevista en el numeral 1 del artículo 250 de CPACA, esto es, si tiene el
carácter de prueba encontrada o recobrada, resulta decisivo para la resolución
del litigio y no pudo ser aportado oportunamente por fuerza mayor, caso fortuito
o por obra de la parte contraria?; y

17.2. ¿si se configuró la causal prevista en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA
en la sentencia proferida el 10 de agosto de 2023 por el Tribunal Administrativo
del Cauca, Sala Uno de Decisión, por haberse originado en ella una nulidad
derivada de la presunta vulneración del debido proceso, ante la falta de
valoración de la certificación aportada por el recurrente durante los alegatos de
conclusión en segunda instancia?

2.6. Causal de revisión prevista en el numeral 1 del artículo 250 del CPACA

18. El numeral 1 del artículo 250 del CPACA dispuso como causal de revisión de
las sentencias ejecutoriadas el hecho de «[h]aberse encontrado o recobrado
después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido
proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por
fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria […]».

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19. En relación con la causal, es pertinente señalar que el numeral 219 del artículo
188 del CCA también la establecía en similares términos a la prevista en el
numeral 1 del artículo 250 del CPACA. De tiempo atrás, su sentido y alcance se
desprendió del significado del verbo «recobrar» se entiende como «[…] volver a
tomar o adquirir lo que antes se poseía o se tenía […]»20. Sobre su configuración, la
Sala Plena del Consejo de Estado explicó lo siguiente:

«[…] Ha entendido la jurisprudencia, que prueba recobrada es aquella que existiendo,
no pudo ser aportada oportunamente al proceso, así la prueba recobrada es aquél
elemento probatorio nuevo, por ser recuperado luego de proferida la sentencia, que
pudo ser decisivo en el sentido de la decisión y que no fue tenido en cuenta por el
fallador, porque el interesado no pudo presentarla oportunamente dentro del proceso,
por motivos de fuerza mayor, caso fortuito u obra de la parte contraria […]»21

20. Ciertamente, tanto el Consejo de Estado como la Corte Suprema de Justicia 22
consideraron que la referencia a la prueba recobrada se circunscribió a la prueba
documental preexistente a la sentencia objeto de revisión, en garantía de los
principios de cosa juzgada y seguridad jurídica. Por regla general, se ha
considerado que no se configura la causal cuando se trata de otro tipo de
pruebas, como testimonios, experticias, informes técnicos o exámenes médicos
especializados, o cuando esta es producida u obtenida de manera posterior a la
sentencia que se revisa.

21. Ahora, a pesar de que en esencia el contenido normativo del numeral 2 del
artículo 188 del CCA se mantuvo en el numeral 1 del artículo 250 del CPACA,
este último incluyó el verbo «encontrar». El alcance de la expresión también se ha
interpretado a partir de su sentido gramatical, por lo tanto, se define como «dar
con alguien o algo que se busca o dar con alguien o algo sin buscarlo». Esta
modificación no ha implicado cambios sustanciales en los supuestos para que se
estructure la causal.

22. En efecto, la jurisprudencia ha mantenido la exigencia de que el documento
debe ser preexistente a la sentencia objeto del recurso23. Por lo tanto, la
consecuencia de la introducción del término implica que el documento no
necesariamente tiene que ser recuperado por quien lo aduce. También se
admiten aquellos que se encontraron por primera vez después de proferida la
sentencia recurrida.

23. La Sala Plena de esta corporación analizó el alcance de las expresiones
«prueba recobrada» o «prueba encontrada» para definir el ámbito de aplicación de
la causal aludida. Lo explicó en los siguientes términos:

19 «2. Haberse recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales

se hubiera podido proferir una decisión diferente, y que el recurrente no pudo aportar al proceso
por fuerza mejor o caso fortuito o por obra de la parte contraria»
20 http://dle.rae.es/?id=VShJp3R.
21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 8 de noviembre de

2005, expediente 1999-00218.
22 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 14 de diciembre de 2000.

Expediente núm. 7269
23 Al respecto, se pueden consultar: Consejo de Estado, Sala 6 Especial de Decisión, sentencia

del 9 de septiembre de 2024, radicado: 11001-03-15-000-2024-02869-00; Sección Segunda,
Subsección A, sentencia del 4 de septiembre de 2024, radicado: 11001-03-25-2021-00193-00
(1137-2021).

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«[…] Vista la causal en estudio se tiene que la misma exige de entrada determinar el
alcance del concepto de prueba encontrada o de prueba recobrada. En este punto,
existe una ampliación en el CPACA frente a la norma precedente, en tanto el CCA
sólo refería a las pruebas recobradas.

Semánticamente, el término “encontrar” significa una cosa o persona que se
encuentra, por una actividad consciente dirigida a buscarla o no. Al tiempo que
“recobrar” es una búsqueda consciente de algo que se tuvo, pero que se perdió. En
las dos acepciones, la cosa o la persona no están dentro del dominio o percepción de
quien la busca, pero quien la encuentra puede estar consciente o no de su existencia
y pérdida, a su vez quien recobra siempre es consciente de su existencia y de su
pérdida. Así, la diferencia entre ambos vocablos descansa en la conciencia de la
existencia de la cosa o la persona y de la búsqueda. En consecuencia, son vocablos
complementarios, en tanto encontrar sin conciencia de la existencia de la cosa o la
persona y de su búsqueda nunca supondrá recobrar, mientras que encontrar con
conciencia de la existencia de la cosa o la persona y de su búsqueda siempre
supondrá recobrar.

Una vez verificado que la prueba es encontraba o recobrada es clave establecer si
existía al momento de dictar sentencia y que el hallazgo en cualquiera de sus dos
modalidades (encontrada o recobrada) se produjo después de dictada esa sentencia
[…]»24.

24. En consonancia con lo expuesto, la jurisprudencia determinó los supuestos
por los cuales era procedente el estudio y configuración de la causal de revisión
que se estudia. Los presupuestos son los siguientes:

i) La prueba debe ser documental. Ello descarta que pueda invocarse la causal
con fundamento en otro tipo de medios probatorios, como los testimonios.

ii) La prueba documental debe ser recobrada o encontrada luego de proferida la
sentencia objeto de revisión.

Este requisito implica que la prueba debió existir al tiempo de dictarse el fallo y,
por lo tanto, son inadmisibles los documentos generados después 25. De igual
manera, exige que el documento haya llegado después de la sentencia a manos
del recurrente26. A su vez, descarta que puedan ser considerados los que
estaban en poder de la parte recurrente y no los aportó o solicitó en la debida
etapa probatoria27. Ello, puesto que «[…] el recurso no está previsto para remediar
la inactividad o falta de diligencia de las partes, pues se trata de corregir la causa
insuperable que le impidió al recurrente hacer valer la prueba dentro del proceso […]»28.

iii) La prueba documental no se aporta al proceso por (a) fuerza mayor o caso
fortuito; o (b) obra de la parte contraria. Es decir, el recurrente debe probar que
por causas ajenas a su voluntad no le es posible aportar la prueba29.

24 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 3 de abril de

2018, radicación: 11001-03-15-000-2014-00783-00 (REV).
25 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 19 de

septiembre de 2023, radicación: 11001-03-15-000-2020-03585-00 (REV).
26 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección

A, sentencia del 16 de agosto de 2022 con radicado 52001-33-31-005-2008-00248-01 (56.297)
(REV).
27 Ibidem.
28 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 12 de julio de

2005, radicación: 11001-03-15-000-2000-00236-01 (REV).
29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,

sentencia de 8 de noviembre de 2021, radicado 76111-33-31-701-2010-00201-01(51617).

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En lo que respecta al primer supuesto, la jurisprudencia ha señalado que ocurre
cuando un hecho tiene las características de imprevisible e irresistible; o sea,
«[…] de un acontecimiento súbito, sorpresivo, excepcional, de rara ocurrencia” –
imprevisibilidad– y que resultara imposible evitarlo -irresistibilidad-. […]»30. En cuanto
al segundo, se refiere a que la parte que ganó el pleito con su actuar impidió que
el documento que lograría cambiar la decisión no se pudiera aportar al
expediente, «precisamente con el propósito de que no sirviera como prueba»31.

iv) La prueba encontrada o recobrada debe tener tal importancia que genere el
cambio de la decisión recurrida. Desde esa óptica, debe ser tan decisiva que al
ser valorada con los demás medios de prueba cambie el sentido del fallo32.

2.7. La nulidad originada en la sentencia como causal del recurso
extraordinario de revisión

25. El numeral 5 del artículo 250 del CPACA dispuso que la «nulidad originada en
la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación
[…]» es causal de revisión de las sentencias ejecutoriadas. Sobre los eventos en
los que se estructura la nulidad de la sentencia, la jurisprudencia del Consejo de
Estado ha señalado los siguientes:

i) cuando se configura alguna de las situaciones previstas de manera taxativa en
el artículo 133 del Código General del Proceso33 que solo pudieron ser advertidas
en la sentencia. Este criterio adoptó la tesis basada en el respeto a la taxatividad
y legalidad de las nulidades34; y

ii) cuando se vulnera el debido proceso a partir del artículo 29 de la Constitución
Política. La transgresión debe ser de naturaleza procesal, por lo que no es posible
que el recurrente cuestione la motivación de la providencia, la valoración
probatoria o la aplicación de las normas35. Dentro de este tipo de nulidades la
jurisprudencia ha precisado, a modo enunciativo, que pueden ser las siguientes:

«[…] 66.1. Cuando sin ninguna otra actuación, se profiere una nueva sentencia en
proceso terminado normalmente por sentencia en firme.

66.2. Cuando sin más actuación se profiere sentencia después de ejecutoriado el auto
por el cual hubiera sido aceptado el desistimiento, aprobada la transacción o
declarada la perención del proceso, porque así se revive un proceso legalmente
concluido.

66.3. Cuando se profiere sentencia, como única actuación, sin el previo trámite
correspondiente, porque así se pretermite íntegramente la instancia.

30 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección

A, sentencia del 16 de agosto de 2022 con radicado 52001-33-31-005-2008-00248-01 (56.297)
(REV).
31 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 8 de diciembre

de 2005, radicación: 11001-03-15-000-1999-00218-01 (REV). Dicha sala reiteró la postura en la
sentencia del 19 de septiembre de 2023, radicación: 11001-03-15-000-2020-03585-00 (REV).
32 Ibidem.
33 En adelante CGP.
34 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintiséis Especial de

Decisión. Sentencia del 3 de febrero de 2015. Rad. 11001-03-15-000-1998-00157-01.
35 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Dieciséis Especial de

Decisión, sentencia del 5 de mayo de 2020, Radicado: 11001-03-15-000-2017-02519-00.

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66.4. Cuando se condena al demandado por cantidad superior o por objeto distinto
del pretendido en la demanda o por causa diferente de la invocada en esta.

[…]

66.6. Cuando, sin más actuación, se profiere sentencia después de ocurrida
cualquiera de las causas legales de interrupción o de suspensión o, en estos casos,
antes de la oportunidad debida.

66.7. Cuando el juez provee sobre aspectos respecto de los cuales carece de
jurisdicción o competencia.

[…]

66.9. Cuando la sentencia aparece suscrita por un número mayor o menor de los
magistrados que debieron haberlo hecho; o cuando fue adoptada con un número de
votos diferente del previsto en la ley […]».36

26. Asimismo, el Consejo de Estado ha considerado otros eventos en los que se
vulnera el debido proceso y, por lo tanto, generan la nulidad de la sentencia, que
se presentan cuando:

• Se dicta con sustento, únicamente, en una prueba obtenida con violación del
debido proceso37.
• Se condena a una persona que no fue vinculada al proceso38.
• Se profiere sin motivación39.
• Se emite una sentencia inhibitoria injustificadamente40.
• Se desconoce el principio de congruencia41.
• Se dicta con vulneración del principio de la «non reformatio in pejus»42.

27. De igual manera, se ha establecido, como una regla general, que no es
procedente invocar como sustento del recurso de revisión la configuración de una
nulidad ocurrida en una etapa anterior a la sentencia ejecutoriada que puso fin al
proceso. En este caso, su alegación debió presentarse dentro de la oportunidad
procesal prevista en el artículo 134 del CGP43. Sin embargo, la jurisprudencia ha
aceptado la formulación de una nulidad sucedida antes del fallo referido siempre

36Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintiséis Especial de

Decisión. Sentencia del 3 de febrero de 2015. Rad. 11001-03-15-000-1998-00157-01.
37 Consejo de Estado, Sala Veintisiete Especial de Decisión, sentencia del 3 de abril de 2018,

radicación: 11001-03-26-000-2019-00071-00 (63.893).
38 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 4 de mayo de 2022,

radicación: 11001-03-15-000-2017-02091-00 (REV).
39 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 1 de junio de

2005, radicación: REV-062.
40 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 8 de mayo de

2018, radicación: 11001-03-15-000-1998-00153-01.
41 Consejo de Estado, Sala Veinticinco Especial de Decisión, sentencia del 28 de junio de 2021,

radicación: 11001-03-15-000-2020-03697-00; sentencia del 20 de agosto de 2021, radicación:
11001-03-15-000-2020-02925-00; sentencia del 31 de enero de 2022, radicación: 11001-03-15-
000-2020-03065-00.
42 Consejo de Estado, Sala Octava Especial de Decisión, sentencia del 14 de diciembre de 2021,

radicación: 11001-03-15-000-2017-00512-00; Sala Diecinueve Especial de Decisión, sentencia
del 16 de marzo de 2022, radicación: 11001-03-15-000-2021-00921-00.
43 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala segunda Especial de

Decisión. Sentencia del 14 de agosto de 2023. Radicado: 110010315000 2015 00545 00.

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que el recurrente no hubiese tenido la oportunidad de advertirlo dentro del
proceso, circunstancia que le corresponde probar44.

28. Así las cosas, para que proceda la causal de que trata el numeral 5 del artículo
250 del CPACA, deberá acreditarse:

i) La existencia de una sentencia ejecutoriada que ponga fin al proceso contra la
cual no proceda el recurso de apelación, pues de ser así este sería el medio
idóneo para debatir cualquier vicio en que hubiera incurrido la providencia.

ii) Que la nulidad se estructuró en el momento en que se profirió la decisión
judicial, salvo que de haberse producido antes el afectado no pudo advertirla, lo
que deberá probar.

iii) Que tal nulidad sea una de las taxativamente regladas en el CGP o por la
vulneración del debido proceso previsto en el artículo 29 superior.

2.8. La configuración de las causales en el caso concreto

29. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

29.1. Jairo Larrahondo Viveros nació el 22 de diciembre de 1971, según su cédula
de ciudadanía45.

29.2. De conformidad con la certificación del 12 de febrero de 201846, suscrita por
la directora del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad
de Santander de Quilichao [Cauca], laboró «en este Centro Carcelario en el Cargo
de Dragoneante, Código 41co14, Grado 11, desde el mes de Abril de 2003 hasta el 31
de Enero de 2017».

29.3. A través de la Resolución DIR 16832 del 29 de septiembre de 2017 47, el
director de prestaciones económicas de Colpensiones le reconoció la pensión de
jubilación, efectiva a partir del 1 de febrero de 2017. Para determinar el IBL se
aplicó el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 y se tuvieron en cuenta los factores
salariales previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los cuales se efectuaron
aportes al Sistema General de Pensiones. El IBL se fijó en $1.898.544, al que se
le aplicó una tasa de reemplazo del 75%, para una mesada inicial de $1.423.908.

29.4. Según el Oficio 85109-SUTAH-GOSOC- elaborado el 2 de junio de 2021

44 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Cuarta Especial de

Decisión. Sentencia del 12 de julio de 2023. Radicado: 110010315000 2023 0075900.
45 Samai, índice 23, actuación «RECIBE MEMORIALES ONLINE», documento
«26RECIBEMEMORIAL_19001333300120180000(.zip) NroActua 23», carpeta
«26_RECIBEMEMORIAL_19001333300120180000_0_20260226101459926», subcarpeta
«190013333001201800004200», archivo «001DEMANDA Y ANEXOS.pdf», folio 13.
46 Samai, índice 23, actuación «RECIBE MEMORIALES ONLINE», documento
«26RECIBEMEMORIAL_19001333300120180000(.zip) NroActua 23», carpeta
«26_RECIBEMEMORIAL_19001333300120180000_0_20260226101459926», subcarpeta
«190013333001201800004200», archivo «001DEMANDA Y ANEXOS.pdf», folio 34.
47 Samai, índice 23, actuación «RECIBE MEMORIALES ONLINE», documento
«26RECIBEMEMORIAL_19001333300120180000(.zip) NroActua 23», carpeta
«26_RECIBEMEMORIAL_19001333300120180000_0_20260226101459926», subcarpeta
«190013333001201800004200», archivo «001DEMANDA Y ANEXOS.pdf», folios 17 a 24.

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por el Grupo de Seguridad Social del INPEC, se le informó que «ingresó al Instituto
el 25 de Julio 1996 y perteneció al Cuerpo de Custodia y Vigilancia» y se discriminaron
los factores salariales sobre los cuales se liquidaron aportes al Sistema de
Seguridad Social durante su vinculación con esa entidad48.

29.5. Además, se hizo constar que entre el 25 de julio de 1996 y el 30 de junio de
2003 se cotizó sobre el sueldo, el sobresueldo, la bonificación por servicios y el
sueldo de vacaciones; entre el 1 de julio de 2003 y el 30 de junio de 2014, sobre
iguales conceptos, además de un 10% adicional asumido por el INPEC; y entre
el 1 de julio de 2014 y el 31 de enero de 2017, además de aquellos, sobre el
auxilio de transporte, el subsidio de alimentación y primas de servicios, de
navidad y de vacaciones.

29.6. Eloficio le fue dirigido a la dirección de correo electrónico
joseomarmartinez@hotmail.com.

2.8.1. Análisis de la causal de revisión del numeral 1 del artículo 250 del
CPACA

30. El recurrente invocó la causal establecida en el numeral 1 del artículo 250 del
CPACA, por considerar que Colpensiones y el INPEC no aportaron
oportunamente una certificación completa de los factores salariales sobre los
cuales se efectuaron las cotizaciones para pensión. Sostuvo que el documento
utilizado para liquidar la prestación no reflejó la totalidad de aquellos respecto de
los cuales se realizaron descuentos y que posteriormente obtuvo un oficio del
INPEC en el que se discriminaron los factores salariales cotizados, cuya
valoración pudo permitir adoptar una decisión diferente.

31. Conforme con lo expuesto, se analizará si el oficio aportado por el recurrente
cumple con los presupuestos exigidos para la configuración de la causal
invocada.

32. Primer requisito de procedencia: se cumple, porque el Oficio 85109-
SUTAH-GOSOC- constituye prueba documental, pues contiene información
suministrada por el Grupo de Seguridad Social del INPEC acerca de los factores
salariales sobre los cuales se liquidaron los aportes al Sistema General de
Seguridad Social durante la vinculación de Jairo Larrahondo Viveros con esa
entidad.

33. Segundo requisito de procedencia: que la prueba documental hubiera sido
encontrada o recobrada después de dictada la sentencia objeto de revisión.

33.1. Este presupuesto no se configura. El oficio fue elaborado el 2 de junio de
2021, mientras que la sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión fue
proferida el 10 de agosto de 2023. Por tanto, el documento preexistía a la

48 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«5ED_RECURSOEXTRAORDINARI(.zip) NroActua 2», carpeta
«5_EXPEDIENTEDIGI_RECURSOEXTRAORDINARI_1_20240813125453661», archivo
«PRUEBA (CERTIFICACION SALARIAL NUEVA) - SGSS JAIRO LARRAHONDO VIVEROS
(1).pdf».

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decisión cuestionada.

33.2. Sin embargo, la sola preexistencia del documento no permite atribuirle el
carácter de prueba encontrada o recobrada. Como se explicó, la causal exige,
además, que el documento hubiera llegado a conocimiento o poder del
recurrente con posterioridad a la sentencia. En este caso ocurrió lo contrario. En
el oficio, dirigido a Jairo Larrahondo Viveros, se registró la dirección electrónica
joseomarmartinez@hotmail.com, la cual coincide con aquella suministrada por
su apoderado en la demanda ordinaria y en el recurso extraordinario de revisión.

33.3. En efecto, al sustentar el recurso extraordinario, el actor manifestó que la
referida prueba había sido «entregad[a] en alegatos de conclusión» y reprochó al
tribunal su no valoración en la sentencia. Esta afirmación evidencia que el
documento ya era conocido y se encontraba a disposición del recurrente antes
de que se profiriera la providencia objeto de revisión. Aun cuando el Oficio
85109-SUTAH-GOSOC- fue elaborado por el INPEC el 2 de junio de 2021 y la
sentencia objeto de este medio de impugnación fue proferida el 10 de agosto de
2023, el recurrente solo pretendió hacerlo valer durante la etapa de alegatos de
conclusión, lo que confirma que no se trató de un documento encontrado o
recobrado después de dictada la sentencia.

33.4. En consecuencia, este presupuesto no se configura. Ahora, si bien esta
circunstancia sería suficiente para descartar la prosperidad de la causal, pues
los requisitos previstos en el numeral 1 del artículo 250 del CPACA son
concurrentes. No obstante, en aras de resolver íntegramente los argumentos
formulados por el recurrente, la Sala examinará los demás presupuestos
invocados.

34. Tercer requisito de procedencia: que la prueba documental no hubiera
podido ser aportada al proceso por (a) fuerza mayor o caso fortuito; o (b) obra de
la parte contraria.

34.1. Este presupuesto no se cumple. El recurrente atribuyó a Colpensiones y al
INPEC el no aportar de forma oportuna la información completa sobre los
factores salariales cotizados. Sin embargo, no acreditó que alguna de dichas
entidades hubiera desplegado una conducta dirigida a ocultar o retener el
documento con el propósito de impedir su incorporación al proceso.

34.2. Por el contrario, el Oficio 85109-SUTAH-GOSOC- fue elaborado el 2 de
junio de 2021 y dirigido a Jairo Larrahondo Viveros, con indicación de la dirección
de correo electrónico allí registrada y, según lo expuesto por él al sustentar el
recurso extraordinario, fue aportado durante la etapa de alegatos de conclusión
de la segunda instancia. Estas circunstancias descartan que durante el proceso
existiera una imposibilidad objetiva, derivada de fuerza mayor, caso fortuito u
obra de la parte contraria, para allegarlo en la oportunidad procesal
correspondiente.

34.3. En consecuencia, tampoco se acreditó el tercer presupuesto de la causal,
pues la imposibilidad de aportar oportunamente el documento debe provenir de
circunstancias ajenas a la voluntad del recurrente y no de la forma en que este

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desplegó su actividad probatoria dentro del proceso ordinario.

35. Cuarto requisito de procedencia: que el documento encontrado o recobrado
tenga tal importancia que hubiera permitido proferir una decisión diferente.

35.1. Este requisito no se satisface. Si bien el oficio discriminó los factores
salariales sobre los cuales se efectuaron cotizaciones durante distintos períodos
de la vinculación del actor con el INPEC, la sentencia objeto de revisión no negó
las pretensiones exclusivamente por la ausencia de prueba acerca de esos
conceptos.

35.2. En efecto, el tribunal también fundó la negativa de las pretensiones en una
razón jurídica autónoma, relacionada con la regla que estimó aplicable para
determinar el IBL y que, a su juicio, impedía reliquidar la prestación con la
totalidad de los factores devengados durante el último año de servicio.

35.3. Así las cosas, aun si el oficio hubiera sido valorado, este únicamente
aportaba información acerca de los factores sobre los cuales se efectuaron
cotizaciones, pero no tenía, por sí mismo, aptitud para remover el fundamento
jurídico autónomo en el que también se sustentó la decisión.

36. En este sentido, aunque el documento aportado tiene naturaleza documental,
no fue encontrado o recobrado después de dictada la sentencia, pues ya era
conocido y se encontraba a disposición del recurrente antes de que se profiriera
la providencia objeto de revisión, quien solo pretendió hacerlo valer durante la
etapa de alegatos de conclusión de la segunda instancia. Tampoco se acreditó
que hubiera sido imposible aportarlo oportunamente por fuerza mayor, caso
fortuito u obra de la parte contraria; y el documento carecía de la entidad
suficiente para modificar, por sí solo, el sentido de la decisión. Por lo tanto, no
se configura la causal de revisión prevista en el numeral 1 del artículo 250 del
CPACA, al no cumplirse con los presupuestos exigidos por la norma.

2.8.2. Análisis de la configuración de la causal de revisión del numeral 5 del
artículo 250 del CPACA

37. En primer lugar, se advierte que la sentencia objeto del recurso extraordinario
puso fin al proceso y no era susceptible del recurso de apelación, pues resolvió
en segunda instancia el juicio promovido por el recurrente. Este presupuesto
habilita el análisis del defecto alegado en la demanda de revisión.

38. En relación con la causal prevista en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA,
como se expuso en el marco normativo, la jurisprudencia del Consejo de Estado
ha precisado que la nulidad originada en la sentencia corresponde a vicios de
carácter estrictamente procesal que afectan su validez, ya sea por la
configuración de alguna de las causales taxativas de nulidad previstas en el
ordenamiento o por la vulneración del debido proceso.

39. En este último evento, ha señalado que no cualquier inconformidad con la
decisión configura la causal, pues esta no habilita un nuevo examen de la
motivación, la valoración probatoria o la interpretación jurídica efectuada por el

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juez, sino que exige la acreditación de un defecto de carácter procesal que afecte
la sentencia, como ocurre, entre otros casos, cuando se desconoce el principio
de congruencia, carece de motivación o se dicta con vulneración del principio de
la non reformatio in pejus.

40. De los argumentos expuestos por el recurrente, se observa que el recurso
extraordinario de revisión se fundamentó en que la sentencia objeto de revisión
incurrió en nulidad por vulneración del debido proceso, porque el Tribunal
Administrativo del Cauca no valoró el oficio expedido por el INPEC que fue
aportado durante la etapa de los alegatos de conclusión de la segunda instancia.
En concreto, sostuvo que la prueba había sido «entregad[a] en alegatos de
conclusión» y que el tribunal «no [la] tuvo en cuenta» ni la mencionó en la
providencia, pese a que resultaba determinante para resolver el litigio.

41. En efecto, la afirmación del recurrente acerca de que allegó el oficio con los
alegatos de conclusión no permite establecer, por sí sola, que aquel hubiera sido
incorporado al proceso como prueba y que, por tanto, el tribunal estuviera
obligado a valorarlo con ese carácter. Al respecto, no se acreditó que el
documento fuera decretado o incorporado al acervo probatorio durante la
segunda instancia, en los términos del artículo 212 del CPACA49. Por el contrario,
su valoración como prueba, pese a haberse aportado por fuera de las
oportunidades previstas en esa disposición, habría desconocido las reglas de
incorporación de la prueba y los derechos de defensa y contradicción de la
contraparte.

42. Sobre este aspecto, la sentencia recurrida dejó constancia de que, durante
los alegatos de conclusión, las partes «intervinieron para reiterar los argumentos
expuestos ante la primera instancia», sin hacer referencia a la incorporación de un
nuevo elemento probatorio. Por su parte, en el escrito de revisión el actor se limitó

49 Artículo 212. Oportunidades probatorias. Para que sean apreciadas por el juez las pruebas

deberán solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de los términos y oportunidades
señalados en este Código.
En primera instancia, son oportunidades para aportar o solicitar la práctica de pruebas: la
demanda y su contestación; la reforma de la misma y su respuesta; la demanda de reconvención
y su contestación; las excepciones y la oposición a las mismas; y los incidentes y su respuesta,
en este último evento circunscritas a la cuestión planteada.
Las partes podrán presentar los dictámenes periciales necesarios para probar su derecho, o
podrán solicitar la designación de perito, en las oportunidades probatorias anteriormente
señaladas.
En segunda instancia, cuando se trate de apelación de sentencia, en el término de ejecutoria del
auto que admite el recurso, las partes podrán pedir pruebas, que se decretarán únicamente en
los siguientes casos:
1. Cuando las partes las pidan de común acuerdo. En caso de que existan terceros diferentes al
simple coadyuvante o impugnante se requerirá su anuencia.
2. <Numeral modificado por el artículo 53 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:>
Cuando fuere negado su decreto en primera instancia o no obstante haberse decretado se
dejaron de practicar sin culpa de la parte que las pidió. En este último caso, solo con el fin de
practicarlas o de cumplir requisitos que les falten para su perfeccionamiento. 3. Cuando versen
sobre hechos acaecidos después de transcurrida la oportunidad para pedir pruebas en primera
instancia, pero solamente para demostrar o desvirtuar estos hechos.
4. Cuando se trate de pruebas que no pudieron solicitarse en la primera instancia por fuerza
mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.
5. Cuando con ellas se trate de desvirtuar las pruebas de que tratan los numerales 3 y 4, las
cuales deberán solicitarse dentro del término de ejecutoria del auto que las decreta.
Parágrafo. Si las pruebas pedidas en segunda instancia fueren procedentes se decretará un
término para practicarlas que no podrá exceder de diez (10) días hábiles.

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a manifestar que presentó el oficio en esa oportunidad procesal y anexó dicho
documento al recurso extraordinario.

43. Ahora bien, aun si se admitiera que el oficio había sido incorporado al
expediente y que el tribunal omitió analizarlo, tal circunstancia no permite concluir
que la sentencia estuviera afectada por un vicio procesal que generara su
nulidad. El cuestionamiento formulado se dirige, en esencia, a la falta de
valoración de un elemento probatorio, aspecto que, por sí solo, no configura la
nulidad originada en la sentencia.

44. En efecto, la omisión alegada no recayó sobre una prueba cuya incorporación
regular al proceso estuviera acreditada, pues, como se expuso, el recurrente
manifestó que aportó el documento durante la etapa de alegatos de conclusión
de la segunda instancia, sin que se demostrara su decreto o incorporación en
alguna de las oportunidades previstas en el artículo 212 del CPACA.

45. En esas condiciones, la inconformidad del recurrente se dirige a que, en sede
de revisión, se examine el valor probatorio del oficio y las consecuencias jurídicas
que, a su juicio, debieron derivarse de este.

46. Sin embargo, la causal prevista en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA
no habilita a la Sala para efectuar un nuevo examen del material probatorio ni
para establecer si el referido documento debía conducir a una decisión distinta,
pues su objeto se circunscribe a determinar la existencia de un vicio procesal
originado en la sentencia.

47. Por lo tanto, la falta de valoración alegada no evidencia, en las circunstancias
expuestas, una irregularidad procesal originada en la providencia, sino una
discrepancia respecto del tratamiento de un elemento probatorio dentro del
proceso ordinario.

48. Asílas cosas, no se acredita la existencia de un defecto procesal que
comprometa la validez de la sentencia ni una afectación al debido proceso en los
términos exigidos por la causal invocada.

49. En efecto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia del Consejo
de Estado50, el recurso extraordinario de revisión no constituye una tercera
instancia ni un mecanismo para reexaminar el criterio jurídico del juez, sino un
instrumento excepcional orientado a restablecer la justicia material frente a
situaciones específicas de irregularidad procesal o desconocimiento de garantías
esenciales, en los precisos términos del artículo 250 del CPACA.

50. Admitir que este recurso sirva para controvertir la interpretación del juez o la
valoración probatoria implicaría desnaturalizar su carácter excepcional y
convertirlo en una instancia adicional del proceso, lo que contraría su finalidad
restringida y su función de salvaguardar la cosa juzgada.

50 En este sentido se pueden consultar, entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso

Administrativo, Sala 10 Especial de Decisión, sentencia del 28 de junio de 2024, radicado: 11001-
03-15-000-2020-04861-00 y de la Sala 14 Especial de decisión, sentencia del 13 de octubre de
2020, radicado: 11001-03-15-000-2019-00119-00.

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51. En consecuencia, no se configuró una vulneración del debido proceso que
genere la nulidad de la sentencia del 10 de agosto de 2023 y, por lo tanto, no
prospera la causal de revisión prevista en el numeral 5 del artículo 250 del
CPACA.

2.9. Costas

52. La Sala se abstendrá de condenar en costas a la parte recurrente, de
conformidad con el artículo 255 del CPACA, por cuanto no se evidenció que
actuase con temeridad o mala fe ni se advirtió conducta o circunstancia irregular
en el transcurso del trámite procesal.

3. Conclusión

53. Con fundamento en lo expuesto, se concluye que no se configuraron las
causales previstas en los numerales 1 y 5 del artículo 250 del CPACA, en la
providencia proferida el 10 de agosto de 2023 por el Tribunal Administrativo del
Cauca, Sala Uno de Decisión. Lo anterior, toda vez que el documento identificado
como prueba recobrada no se enmarca en los supuestos del numeral 1 del
artículo 250 del CPACA. Tampoco se configuró una vulneración del debido
proceso que genere la nulidad de la providencia y, por lo tanto, no prospera la
causal de revisión prevista en el numeral 5 ibidem.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

Primero: Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por
Jairo Larrahondo Viveros en contra de la sentencia proferida el 10 de agosto de
2023 por el Tribunal Administrativo del Cauca, Sala Uno de Decisión, en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado
19001-33-33-001-2018-00042-01.

Segundo: No condenar en costas.

Tercero: Archivar el expediente del recurso extraordinario de revisión, previas
las anotaciones pertinentes en el sistema de información de gestión de procesos
Samai.

Cuarto: Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Aclara voto

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20

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Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del
CPACA.

LAVM

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