Por otra parte, en cuanto al elemento subjetivo de responsabilidad, la Sala Especial de
Decisión consideró que la congresista, Luz Adriana Moreno Marmolejo, defraudó la
confianza pública, no solo de sus electores, sino también de la propia bancada, dado
que dirigió su voluntad libre y consciente a dejar de asistir en un mismo periodo a seis
(6) sesiones plenarias en las que se votaron proyectos de ley y acto legislativo, por lo
cual se apartó deliberadamente de sus deberes constitucionales. Así entonces, su
conducta fue calificada como dolosa, toda vez que, a juicio del fallador de instancia,
pretendió disfrazar intencionalmente el ausentismo parlamentario a través de la
ilegítima práctica de contestar el llamado a lista y abandonar el recinto.
En suma, la Sala consideró que, de acuerdo con lo probado, la congresista dejó de
asistir, sin justificación alguna, en el primer período de sesiones de la legislatura 2015-
2016, a seis (6) reuniones plenarias correspondientes a los días 4, 11, 18 y 25 de
agosto, 15 de septiembre y 6 de octubre de 2015, en las cuales se votaron proyectos
de ley y de acto legislativo y con base en ello, decretó la pérdida de investidura con
fundamento en la causal prevista en el numeral 2.º del artículo 183 de la Constitución
Política. En lo relacionado con las inasistencias del segundo período de sesiones de la
7 Folios 274 a 330 del cuaderno núm. 2 del expediente físico. [Índice 15 de SAMAI. Documentos:
«11_RECIBE-PRUEBAS […]», págs. 71 a 147 y «12_RECIBE-PRUEBAS […]», págs. 1 a 18].
8 «Por la cual se expide el Reglamento del Congreso; el Senado y la Cámara de Representantes», en
adelante –LOC–.
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legislatura 2015-2016 y los correspondientes a la legislatura 2016-2017, el a quo no
encontró configurada la causal invocada.
1.4. El recurso de apelación
La representante a la Cámara interpuso recurso de apelación contra la sentencia de 5
de marzo de 20189. Las razones de inconformidad estuvieron dirigidas contra la
motivación y valoración probatoria efectuada por el juez de instancia. Además, discrepó
de la interpretación y alcance que fijó el a quo a la causal prevista en el artículo 183.2
de la Constitución Política. A su juicio, la Sala Especial de Decisión transgredió los
principios pro homine y de confianza legítima al decretar la pérdida de la investidura sin
que se hubiere probado la inasistencia alegada por la parte actora.
1.5. La sentencia de segunda instancia en el proceso de pérdida de investidura
Mediante sentencia del 13 de junio de 201810, la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo confirmó la decisión de la Sala Novena Especial de Pérdida de
Investidura. En el proveído de segunda instancia se argumentó que la respuesta al
llamado a lista no constituye plena prueba de la presencia del parlamentario en la sesión
plenaria correspondiente, porque este llamado es anterior al inicio de la sesión, tal como
se desprende del artículo 91 de la Ley 5.ª de 1992. En otras palabras, esta circunstancia
que, en sentir de la demandada, podría derivar su asistencia, es un hecho que admite
prueba en contrario, dado que, con otros medios probatorios, como ocurrió en el
presente caso, puede acreditarse que efectivamente la congresista solo asistió al inicio
de las sesiones, registró su nombre y luego se retiró del recinto.
Bajo esta línea de pensamiento precisó que, aunque el elemento determinante de la
causal de desinvestidura es la inasistencia al momento de las votaciones, lo que implica
que la congresista debió permanecer a lo largo de la sesión, en todo caso, la falta de
votación, por sí misma, no apareja la desinvestidura, pero sí constituye un hecho
indicador de la ausencia de la congresista. Por lo tanto, constituye un deber del
congresista asistir a toda la sesión y no solamente a parte de ella, pues, si se prueba
que solamente atiende el llamado a lista y luego se retira de la plenaria, sin participar
de las votaciones, incurre en la causal de desinvestidura.
Frente al caso concreto, la Sala Plena Contenciosa señaló que, evaluadas las actas de
las sesiones plenarias de la Cámara de Representantes acaecidas los días 4, 11, 18 y
25 de agosto, 15 de septiembre y 6 de octubre de 2015, está acreditado que la
congresista Moreno Marmolejo solo registró su asistencia en dichas sesiones plenarias
con el llamado a lista. Precisó, además que, particularmente, en las sesiones del 18 de
agosto y del 6 de octubre de 2015, las asistencias quedaron registradas después de su
inicio. Sin embargo, como el llamado a lista no es prueba suficiente de la presencia de
la congresista en la respectiva sesión, se tiene que, al confrontar los registros de
9 Folios 340 a 390 del cuaderno núm. 2 del expediente físico. [Índice 15 de SAMAI. Documento:
«12_RECIBE-PRUEBAS […]», págs. 37 a 87].
10 Folios 495 a 503 del cuaderno núm. 2 del expediente físico. [Índice 15 de SAMAI. Documento
«12_RECIBE-PRUEBAS […]», págs. 266 a 282].
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votación nominal, no se encontró el nombre de la representante, como se indica en el
proveído:
Como está probado el hecho indicador de la falta de votación de la congresista en todas
esas sesiones, aunado a que no consta en las actas autorización del Presidente de la
Cámara de Representantes para excusar a la representante Moreno Marmolejo de votar,
[…], se sigue que la representante no estuvo presente, esto es, que dejó de asistir a las
votaciones o lo que es lo mismo, que se retiró del recinto y con ello se produjo la
inasistencia11.
En punto a la culpabilidad, el ad quem consideró que las inasistencias fueron producto
del obrar deliberado de la congresista, pues a pesar de tener conciencia del deber
constitucional de asistir a las sesiones plenarias de la Cámara de Representantes, al
punto que estuvo en el recinto legislativo para contestar el llamado a lista y registrar su
asistencia, una vez satisfecha esta formalidad, decidió retirarse de la sesión y con ello
evadirse del cumplimiento de su labor congresal. En este orden, se confirmó la decisión
de primer grado.
2. El recurso extraordinario especial de revisión
2.1. Demanda
El 6 de agosto de 202012, a través de apoderado judicial, la señora Luz Adriana Moreno
Marmolejo interpuso recurso extraordinario especial de revisión contra la sentencia de
13 de junio de 2018, proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado que confirmó la decisión de primera instancia que decretó la pérdida
de investidura de la congresista.
La recurrente invocó como causales de revisión, de acuerdo con el artículo 19 de la Ley
1881 de 2018, las previstas en los numerales 1.º y 5.º del artículo 250 del CPACA,
consistentes en: i) haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia
documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente
y que el recurrente no pudo aportarlos en el proceso por fuerza mayor o caso fortuito o
por obra de la parte contraria y ii) existir nulidad originada en la sentencia que puso fin
al proceso y contra la que no procede recurso de apelación, respectivamente.
En síntesis, en relación con la causal 1.ª de revisión indicó que, con posterioridad a la
sentencia que decretó la pérdida de investidura, se recobraron los siguientes
documentos, los cuales podrían cambiar la decisión: a) solicitud de permiso fechada el
11 de agosto de 2015 y su autorización por el presidente de la Cámara de
Representantes; b) copia de una impresión del correo de Gmail, de fecha 4 de agosto
de 2020, extraída del correo electrónico del Dr. Alejandro Franco, apoderado de la
exparlamentaria en este proceso, que da cuenta del reenvío que le hace María Luisa
11 Folio 501 vto. del cuaderno núm. 2 del expediente físico. [Índice 15 de SAMAI. Documento «12_RECIBE-
PRUEBAS […]», pág. 79].
12 Índice 3 de SAMAI. Documento «EXPEDIENTE DIGITAL-1-REER PI […]». [En el archivo en formato Word
se encuentran los enlaces digitales de los archivos .pdf, correspondientes a la demanda de revisión, las
pruebas aportadas y sus anexos].
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González, asesora de la exparlamentaria, a este profesional del derecho, sobre la
trazabilidad de unos correos electrónicos enviados entre la excongresista y una líder
social. En dicho reporte se observa que la señora Luz Mary Murillo, líder social y de
grupos asociativos femeninos del municipio de Neira, Caldas, le remite a la
exparlamentaria Luz Adriana Moreno Marmolejo, un archivo en formato Word
relacionado con el resumen de un proyecto titulado «productos a partir del Raquis o
vástago del plátano», el cual fue reenviado por la excongresista al correo electrónico
de la señora Lorena Velásquez, asesora de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL),
con el siguiente mensaje: «porfa revisa lo para cita con icbf el 11»; y c) certificación
expedida por el secretario general de la Cámara de Representantes de fecha 6 de
octubre de 2018 sobre las votaciones llevadas a cabo en las plenarias de los días 4,
11, 18 y 25 de agosto, 15 de septiembre y 6 de octubre de 2015.
Por otra parte, en punto a la causal 5.ª de revisión, argumentó que existe nulidad
originada en la sentencia dado que se incurrió en violación al debido proceso por las
siguientes consideraciones: i) por configurarse un defecto fáctico relativo a la violación
del principio de necesidad de la prueba en la medida que la sanción de desinvestidura
se impuso sin tener en cuenta que la congresista registró algunas excusas que
justificaban su inasistencia. Además, alegó una indebida apreciación del indicio y las
presunciones, pues el fallador de instancia derivó la inasistencia del hecho de que no
apareció registrado el voto nominal de la parlamentaria; ii) por existir una irregularidad
procesal consistente en que el magistrado sustanciador desconoció el numeral 4.º del
artículo 14 de Ley 1881 de 2018, que dispone que admitido el recurso o vencido el
término probatorio, el magistrado ponente debe registrar el proyecto de sentencia
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes; (iii) por insuficiencia de defensa técnica
dado que, en criterio de la recurrente, la actuación del apoderado en el proceso
sancionatorio fue precario y no garantizó su derecho de defensa; y (iv) por
desconocimiento del precedente judicial, habida cuenta que la sentencia fijó una
postura contraria a la tesis decantada por el pleno de la corporación relacionada con la
prueba para acreditar el ausentismo parlamentario.
Adicionalmente, la recurrente solicitó a esta corporación, como medida cautelar, la
suspensión de los efectos de la sentencia, por cuanto, en su criterio, se vulneró el
ordenamiento jurídico.
2.2. Admisión de la demanda y medida cautelar
El magistrado sustanciador admitió la demanda por encontrar reunidos los
presupuestos de procedencia, oportunidad y legitimación, previstos en el artículo 19 de
la Ley 1881 de 2018, mediante auto de 13 de noviembre de 2020. En consecuencia,
ordenó las notificaciones de rigor a la parte convocante en el proceso primigenio, a la
recurrente y al Ministerio Público. Así mismo, en auto separado de esa misma fecha13,
el ponente rechazó la solicitud de medida cautelar consistente en la suspensión de los
efectos jurídicos de la sentencia por estimar que no era procedente, pues las medidas
cautelares están previstas en el ámbito del proceso ordinario las cuales tienen por
13 Índices 5 y 6 de SAMAI. Documentos núm. 3 y 4.
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finalidad proteger provisionalmente el objeto litigioso y la efectividad de la sentencia,
pero no en el trámite de un recurso extraordinario de revisión, como lo ha señalado, de
forma categórica la jurisprudencia de esta corporación14.
2.3. Traslado del recurso y concepto del Ministerio Público
El señor Johann Wolfgang Patiño Cárdenas, convocante en el proceso de pérdida de
investidura, no acudió a este trámite, como tampoco lo hizo el Ministerio Público, pese
a estar debidamente notificados de la existencia de la presente actuación, según las
constancias obrantes en el expediente digital15.
2.4. Auto de pruebas
Por medio de auto de 1.º de julio de 2021, conforme a lo dispuesto en los artículos 211
y 254 del CPACA; 164 y siguientes del Código General del Proceso16 y 19 de la Ley
1881 de 2018, el magistrado sustanciador se pronunció frente a las solicitudes
probatorias formuladas por la recurrente. Al respecto, recordó, primeramente, que la
oportunidad probatoria señalada en el artículo 253 del CPACA modificado por el artículo
69 de la Ley 2080 de 2021, en el trámite del recurso extraordinario de revisión, no tiene
por objeto corregir, reforzar o reencauzar la carga probatoria que las partes tuvieron en
el proceso primigenio, sino únicamente demostrar la ocurrencia de la causal objeto de
examen.
Bajo esta premisa y en punto a los presupuestos previstos en el artículo 168 del CGP,
sobre pertinencia, conducencia y utilidad17 de la prueba, el despacho proveyó sobre los
medios de prueba allegadas y solicitadas por la recurrente en el presente trámite, así:
i) Frente a las documentales aportadas con el escrito del recurso extraordinario de
revisión, el despacho dispuso incorporar al plenario, conforme el artículo 246 del CGP,
los siguientes documentos: a) oficio del 11 de agosto de 2015, suscrito por
exparlamentaria Luz Adriana Moreno Marmolejo y dirigido al presidente de la Cámara
de Representantes, donde solicita permiso para no asistir a la sesión plenaria del 11 de
agosto de 2015, en cuya margen derecha, obra un visto bueno con la misma fecha del
radicado, sin clara identificación; b) impresión del correo de Gmail de fecha 4 de agosto
de 2020, extraída del correo electrónico del doctor Alejandro Franco, apoderado de la
recurrente, que da cuenta de la trazabilidad de unos correos electrónicos enviados entre
la excongresista y una líder social y c) certificación expedida por el secretario general
de la Cámara de Representantes, de fecha 6 de octubre de 2018, sobre la asistencia a
las sesiones plenarias objeto de examen.
14Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de 14 de agosto de 2018,
radicación: 11001-03-15-000-2017-02078-01 (REV), MP. Ramiro Pazos Guerrero. Sala Veinticinco
Especial de Decisión, auto de 18 de marzo de 2019, radicación: 11001-03-15-000-2018-01979-00 (REV),
MP. Marta Nubia Velásquez Rico y Sala Once Especial de Decisión, auto de 25 de julio de 2019,
radicación: 11001-03-15-000-2017-02457-00 (REV), MP. Stella Jeannette Carvajal Basto.
15 Índices 9 a 13 de SAMAI. Documentos núm. 5 a 9.
16 En adelante – CGP.
17 «Artículo 168. Rechazo de plano. El juez rechazará, mediante providencia motivada, las pruebas ilícitas, las
notoriamente impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente superfluas o inútiles […]».
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De otro lado, el magistrado sustanciador dispuso no tener como prueba para ser
valorada en este proceso, por inútil e impertinente, de conformidad con el artículo 168
del CGP, la hoja de vida de la exparlamentaria Luz Adriana Moreno Marmolejo,
aportada por la recurrente en «FORMATO ÚNICO HOJA DE VIDA Persona Natural»,
del Departamento Administrativo de la Función Pública, por estimar que el contenido
de este documento no tenía relación con el objeto del debate, esto es, la configuración
de las causales de revisión 1ª y 5ª del artículo 250 del CPACA, alegadas en el recurso.
ii) En relación con la solicitud de incorporar otras documentales, el despacho
sustanciador ordenó oficiar a la Secretaría General de la Cámara de Representantes
para que certificara si en los archivos de tal dependencia y en la hoja de vida de la
excongresista LUZ ADRIANA MORENO MARMOLEJO, «reposa el documento de fecha
11 de agosto de 2015 correspondiente al permiso autorizado por el entonces Presidente
de la Cámara de Representantes ALFREDO DELUQUE ZULETA, y se informe la fecha
en que fue radicado tal documento en la Cámara de Representantes».
Ahora bien, con el objeto de asegurar el principio de contradicción de la prueba, se
dispuso, mediante auto de 16 de julio de 202118 el traslado de las documentales que
fueron allegadas al proceso y las que se remitieron por conducto del secretario general
de la Cámara de Representantes, para que el señor Johann Wolfang Patiño, quien
actuó como convocante en el proceso primigenio, se pronunciara al respecto.
iii) En punto de la prueba testimonial solicitada para hacer comparecer a las señoras
Lorena Velásquez Grajales, Luz Mary Murillo, María Luisa González y Cristina Plazas
Michelsen, para que declararan acerca del permiso otorgado y tramitado para el día 11
de agosto de 2015 y su autenticidad, no se accedió a su decreto, pues siendo la causal
de revisión invocada la contenida en el numeral 1.º del artículo 250 del CPACA, la cual
se refiere a un asunto relacionado con documentos encontrados o recobrados con
posterioridad a la sentencia, se estimó que esta situación no se demuestra mediante
declaraciones de terceros, sino con la valoración de los documentos mismos que
dejaron de aportarse por circunstancias ajenas a la recurrente. Por lo tanto, se rechazó
estos testimonios por inconducentes.
iv) Tampoco se decretó la declaración de parte solicitada por la recurrente, en la medida
que, necesariamente, esto implicaba reabrir el debate probatorio en relación con la
controversia que se resolvió en el proceso de pérdida de investidura.
v) De otro lado, el magistrado ponente dispuso tener como prueba trasladada el
expediente completo del proceso de pérdida de investidura que dio origen a este
recurso extraordinario, identificado con el radicado 11001-03-15-000-2018-00318-00,
que obra en el índice 15 del SAMAI.
18 Índice 32 de SAMAI. Documento núm. 33.
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II. CONSIDERACIONES
1. Presupuestos procesales
1.1. Competencia
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 7.º del artículo 111 del CPACA19, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado es competente para
decidir el recurso extraordinario especial de revisión contra la sentencia del 13 de junio
de 2018, por medio de la cual se confirmó el fallo de 5 de marzo de 2018, dictado por
la Sala Novena Especial de Pérdida de Investidura que decretó la desinvestidura de la
congresista Luz Adriana Moreno Marmolejo.
1.2. Oportunidad
El artículo 19 de la Ley 1881 de 201920 establece que el recurso extraordinario de
revisión debe interponerse dentro de los dos (2) años siguientes a la ejecutoria de la
sentencia mediante la cual se decretó la pérdida de investidura del parlamentario. En
el sub judice, se advierte que la decisión de segunda instancia fue proferida el 13 de
junio de 2018 y notificada en anotación por estado de 1º de agosto de 2018 y cobró
ejecutoria el 6 de ese mes y año21. Por lo tanto, como la demanda fue radicada el 6 de
agosto de 202022 mediante correo electrónico enviado al buzón de la Secretaría
General del Consejo de Estado, se concluye que fue presentada oportunamente.23
1.3. Legitimación en la causa
En punto a la legitimación en la causa por activa se observa que la excongresista Luz
Adriana Moreno Marmolejo está legitimada para interponer el presente recurso
extraordinario de revisión, dado que es la persona a quien se le despojó de su condición
19«ARTÍCULO 111. FUNCIONES DE LA SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO . La Sala de
lo Contencioso administrativo en pleno tendrá las siguientes funciones: […]
7. Conocer del recurso extraordinario especial de revisión de las sentencias de pérdida de investidura de
los congresistas. En estos casos, los Magistrados del Consejo de Estado que participaron en la decisión
impugnada no serán recusables ni podrán declararse impedidos por ese solo hecho».
20 «ARTÍCULO 19. Son susceptibles del recurso extraordinario especial de revisión, interpuesto dentro de
los dos (2) años siguientes a su ejecutoria, las sentencias mediante las cuales haya sido levantada la
investidura de un parlamentario, por las causales establecidas en el artículo 250 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo».
21 Folio 547 del cuaderno núm. 2 del expediente físico. [Índice 15 de SAMAI. Documento núm. 12, pág.
347]
22 Índice 3. Documento «EXPEDIENTE DIGITAL-1-REER PI […]», pág. 3, enlace digital de archivo .pdf, pág.
1.
23 En virtud de los Acuerdos PCSJA20-11517, PCSJA20-11518, PCSJA20-11521, PCSJA20-11526,
PCSJA20-11532, PCSJA20-11546, PCSJA20-11549, PCSJA20-11556, y PCSJA20-11567 de 2020 del CS
de la J, en concordancia con lo establecido en el artículo 1.º del Decreto Legislativo 564 de 2020 «[p]or
el cual se adoptan medidas para la garantía de los derechos de los usuarios del sistema de justicia, en
el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica», los términos judiciales fueron
suspendidos en todo el territorio nacional, desde el 16 de marzo de 2020 hasta el momento en que se
determinó su levantamiento, esto es, el 1.º de julio de esa anualidad. No obstante, como se advirtió el
recurso extraordinario especial de revisión se interpuso, pese a las circunstancias de anormalidad, con
antelación a los dos años que dispone el artículo 19 de la Ley 1881 de 2018.
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de congresista, por lo que le asiste interés legítimo para impugnar el fallo sancionatorio,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 19 de la Ley 1881 de 2018.
2. Problema jurídico
Conforme a los planteamientos expuestos en el escrito de revisión, corresponde a esta
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo establecer si, en el presente caso, se
configuran las causales previstas en los numerales 1.º y 5.º del artículo 250 de la Ley
1437 de 2011, a las cuales remite el artículo 19 de la Ley 1881 de 2018, para invalidar
la sentencia de 13 de junio de 2018, dictada por el pleno de la corporación que confirmó
el fallo del 5 de marzo de 2018 proferido por la Sala Novena Especial de Decisión, con
base en los motivos que aduce la recurrente.
En la demanda de revisión se señala que se configura i) la causal 1.ª de revisión, en
razón a que se encontraron o recobraron documentos, después de dictada la sentencia,
que podrían modificar el sentido de la decisión y ii) la causal 5ª, por existir nulidad
originada en la sentencia en razón a las siguientes situaciones: a) la configuración de
un defecto fáctico por violación al principio de necesidad de la prueba y la indebida
valoración de los indicios y presunciones sobre las cuales en que se edificó la sentencia;
b) la ocurrencia de una irregularidad procesal relacionada con el incumplimiento del
término procesal de tres (3) días, para registrar el proyecto de fallo; c) la insuficiencia
de defensa técnica por parte del apoderado de la exrepresentante y d) el
desconocimiento del precedente judicial.
En este orden, para resolver el problema planteado, la Sala de manera preliminar hará
una breve mención, a partir de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo
de Estado, sobre las generalidades del recurso extraordinario especial de revisión de
pérdida de investidura y las causales previstas en los numerales 1.º y 5.º del artículo
250 de la Ley 1437 de 2011, para luego analizar el caso concreto.
2.1. Generalidades sobre el recurso extraordinario especial de revisión de pérdida
de investidura.
En este punto conviene destacar, de manera general, algunos aspectos sustanciales y
procesales que ha decantado la jurisprudencia sobre el recurso extraordinario de
revisión, como medio excepcional de impugnación contra las decisiones ejecutoriadas,
para luego, de manera particular, hacer mención al recurso extraordinario especial de
revisión de las sentencias de pérdida de investidura que surgió como medio procesal
para controvertir los fallos sancionatorios debidamente ejecutoriados que decretan la
desinvestidura de los miembros de corporaciones públicas.
En términos generales, el recurso extraordinario de revisión constituye un medio de
impugnación de naturaleza excepcional cuyo objeto consiste en la defensa de la justicia
material de las decisiones judiciales ejecutoriadas, cuando hayan ocurrido situaciones
extrínsecas a la sentencia, que no pudieron ser ventiladas en el proceso ordinario o que
siendo ubicadas en la sentencia misma, están relacionadas con circunstancias
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extraordinarias, que revisten tal gravedad que se erigen como una excepción al
principio de cosa juzgada24. En tal sentido, este instrumento procesal se opone a la
inmutabilidad de la sentencia, atributo que consiste en que, una vez proferido el fallo
definitivo, bajo ninguna circunstancia, este puede ser modificado por el juez que la
emitió, [res iudicata pro veritate habetur].
Así entonces, por su carácter extraordinario, el recurso de revisión no es un escenario
que sirva para ampliar o mejorar los argumentos esgrimidos en la instancia, respecto
de los cuales, el recurrente no haya quedado conforme25. Tampoco este recurso fue
instituido como una tercera instancia en el proceso judicial, que permita intentar una
nueva valoración de la prueba, replantear el litigio, subsanar conductas procesales
negligentes o provocar una nueva interpretación de las normas aplicables al caso
concreto.
En realidad, es un mecanismo procesal instituido para discutir hechos objetivos que
pueden ser concomitantes al fallo y que incidieron indebidamente en la decisión
mediante la cual se resolvió el litigio, o que, siendo determinantes, no pudieron ser
tenidos en cuenta al momento de emitirse la providencia definitiva, dado que fueron
hechos sobrevinientes a la misma y hacen que esta última carezca de justificación.
Estos hechos o circunstancias especiales se contraen a las precisas causales
señaladas en la ley procesal, que tienen la particularidad de que le restan eficacia al
fallo en firme, por ser contrario a derecho y fundamentalmente por contravenir los
postulados de justicia y verdad material.
El capítulo I del Título VI de la Ley 1437 de 2011, con las modificaciones introducidas
por la Ley 2080 de 2021, se ocupa de las reglas procesales que disciplinan el recurso
extraordinario de revisión contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las
secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos. En tal
sentido, el artículo 248, se refiere a su procedencia; el artículo 249, determina la
competencia para conocer de este mecanismo judicial; el artículo 250, enlista las
causales de revisión; el artículo 251, el término legal para interponer este recurso; el
artículo 252, los requisitos formales del escrito de demanda; el artículo 253 describe el
trámite; el artículo 254, la oportunidad para el decreto de pruebas; y el artículo 255, el
contenido de la sentencia.
Las causales de revisión previstas en el artículo 250 del CPACA, delimitan el ámbito de
este medio de impugnación excepcional y no admiten interpretaciones extensivas dado
que comportan situaciones extraordinarias que, de alguna manera, quebrantan la
institución procesal de la cosa juzgada. En síntesis, se refieren a hechos como la
24 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 20 de octubre de 2009,
radicación: 11001-03-15-000-2003-00133-00(REV), MP. Enrique Gil Botero y Sección Tercera,
Subsección B, sentencia de 29 de agosto de 2014, radicación: 34016, MP. Ramiro Pazos Guerrero.
25 Consejo de Estado Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 22 de mayo de 2018,
radicación: 11001-03-15-000-2006-00281-00(REVPI), MP. Guillermo Sánchez Luque. [En la sentencia
se citó el «[fundamento jurídico II]» de la providencia de 13 de agosto de 2002, radicación: 11001-03-15-
000-2001-00280-01(REVPI-004), MP. Ricardo Hoyos Duque].
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Recurso extraordinario especial de revisión de pérdida de investidura
Radicado: 11001-03-15-000-2020-03585-00
Demandante: Luz Adriana Moreno Marmolejo
falsedad, el fraude, el error, la condena mediante sentencia judicial por la comisión de
ilícitos penales o por cohecho, la aparición de documentos decisivos que pueden
modificar el sentido de la decisión o la nulidad originada en la sentencia, que dan al
traste con la justicia material. Se trata de causales que no comprenden errores
sustanciales que puedan derivarse de la falta de aplicación, la aplicación indebida o la
interpretación errónea de una norma sustantiva, es decir, como lo ha reiterado la
jurisprudencia, «no es un recurso que proceda por violación de la ley» 26.
En otras palabras, «el recurso extraordinario de revisión no da cabida a
cuestionamientos sobre el criterio con que el juez interpretó o aplicó la ley en la
sentencia»27. Esto mismo ha sostenido la Corte Constitucional cuando al referirse a la
naturaleza del recurso extraordinario de revisión, en términos generales, considera que,
«la revisión no pretende corregir errores «in judicando» ni puede fundamentarse en las
mismas pruebas que sirvieron de soporte a la decisión que puso término al proceso» 28.
Ahora bien, en punto a este recurso extraordinario en el ámbito del proceso de pérdida
de investidura, vale precisar que en vigencia de la Ley 144 de 1994, según el artículo
29
17 , en armonía con lo dispuesto en el artículo 188 del Decreto 01 de 1984, Código
Contencioso Administrativo30, modificado por el artículo 57 de la Ley 446 de 199831, la
revisión de las sentencias de pérdida de investidura fue instituida en defensa de la
justicia y la realización del derecho material de la siguiente manera:
[Es] un medio de impugnación cuyo propósito es remover una sentencia estimatoria de
las pretensiones, que haya hecho tránsito a cosa juzgada, pero en la cual se haya
incurrido en ilegalidad por haber sido proferida con violación del debido proceso o del
derecho de defensa, o en injusticia por haberse proferido el fallo con fundamento en
hechos que no corresponden a la realidad, bien porque se basó en documentos falsos o
adulterados, o que no hayan podido ser allegados oportunamente al proceso, o en
dictámenes de peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos en su expedición; o
bien por haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en
26 Consejo de Estado, Sala Tercera Especial de Decisión, sentencia de 4 de agosto de 2021,
radicación:11001031500020210061000, MP. Julio Roberto Piza Rodríguez.
27 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 17 de julio de 2013,
radicación: 11001-03-15-000-2012-00231-00, MP. Alberto Yepes Barreiro.
28 Corte Constitucional, sentencia C-450 de 16 de julio de 2015. [En la providencia se citaron las
sentencias C-004 de 20 de enero de 2003, expediente D-4041, MP. Eduardo Montealegre Lynett y C-
520 de 4 de agosto de 200, expediente D-7485, MP. María Victoria Calle Correa].
29 «ARTÍCULO 17. RECURSO EXTRAORDINARIO ESPECIAL DE REVISIÓN. <Ley derogada por el
artículo 24 de la Ley 1881 de 2018> Son susceptibles del Recurso Extraordinario Especial de Revisión,
interpuesto dentro de los cinco (5) años siguientes a su ejecutoria, las sentencias mediante las cuales
haya sido levantada la investidura de un Parlamentario, por las causales establecidas en el artículo 188
del Código Contencioso Administrativo, y por las siguientes:
a) Falta del debido proceso;
b) Violación del derecho de defensa;
c) <Literal INEXEQUIBLE>».
30 Decreto 01 de 1984. En adelante – CCA.
31 «Por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del Decreto 2651 de 1991, se
modifican algunas del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del Decreto
2279 de 1989, se modifican y expiden normas del Código Contencioso Administrativo y se dictan otras
disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia».
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Recurso extraordinario especial de revisión de pérdida de investidura
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el pronunciamiento de la sentencia; existir nulidad en la sentencia que puso fin al proceso
32
o ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada .
En el mismo sentido, la Corte Constitucional al estudiar la constitucionalidad del artículo
17 de la Ley 144 de 1994, además de reiterar el carácter extraordinario del recurso,
recalcó su relevancia frente a la garantía del derecho de defensa que le asiste al
33
sancionado dentro de los procesos de pérdida de investidura , toda vez que dicho
34
juicio, para aquel entonces, se tramitaba y resolvía en única instancia , eventos en los
que, según la Corte, «aumentan las posibilidades de equivocación del fallador y se hace
indispensable, en guarda de los derechos fundamentales del condenado, brindarle la
35
oportunidad de controvertir la sentencia» .
Así las cosas, el recurso extraordinario especial de revisión de pérdida de investidura
en vigencia de la citada Ley 144 de 1994, i) procedía contra las sentencias que
decretaran la desinvestidura de los congresistas dentro de los 5 años siguientes a su
ejecutoria; ii) se erigió como un medio de defensa idóneo para la protección del derecho
al debido proceso del accionado dentro de un proceso sancionatorio de única
36
instancia ; (iii) su carácter restrictivo sólo permitía invocar las causales taxativamente
enunciadas en la ley; (iv) dada su naturaleza especial, además de las causales de
revisión señaladas en el artículo 188 del CCA, que en esencia corresponden a las
previstas en el artículo 250 del CPACA, la decisión era impugnable por las causales
específicas de: a) falta del debido proceso y b) violación del derecho de defensa, estas
últimas previstas para brindar plena protección a los derechos fundamentales de los
congresistas sancionados, quienes solo contaban con este medio procesal para atacar
la decisión estimatoria de la pretensión de pérdida de investidura, dado que se trataba
de un proceso de única instancia.
Bajo esta línea, el recurso extraordinario especial de revisión de sentencias de pérdida
de investidura previsto en el artículo 17 de la Ley 144 de 1994, además de las
características señaladas, atendía una finalidad superior, en tanto fue estimado como
el «deber constitucional de proporcionar un recurso para impugnar las sentencias
37
condenatorias» .
32 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 13 de agosto de 2002,
radicación: 11001-03-15-000-2001-00280-01(REVPI-004), MP. Ricardo Hoyos Duque.
33 Corte Constitucional, sentencia C-207 de 11 de marzo de 2003, expediente D-4174, MP. Rodrigo
Escobar Gil.
34 Corte Constitucional, sentencia C-254A de 29 de marzo de 2012, expediente D-8676, MP. Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub. [La Corte Constitucional señaló que el establecimiento de la única instancia en
los procesos de pérdida de investidura de congresistas es razonable y proporcional y no vulnera las
garantías fundamentales].
35 Corte Constitucional, sentencia C-247 de 1 de junio de 1995, expediente D-714, MP. José Gregorio
Hernández Galindo.
36 Corte Constitucional, sentencia SU-858 de 15 de agosto de 2001, expediente T-402633, MP. Rodrigo
Escobar Gil.
37 Corte Constitucional, sentencia C-450 de 16 de julio de 2015, expediente D-10539, MP. Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub [En la citada providencia se declaró exequible «por los cargos analizados, las expresiones
“en estos casos, los Magistrados del Consejo de Estado que participaron en la decisión impugnada no
serán recusables ni podrán declararse impedidos por ese solo hecho”, contenida en el numeral 7.º del
artículo 111 de la Ley 1437 de 2011 y “sin exclusión de la sección que profirió la decisión” del artículo
249 de la Ley 1437 de 2011»].
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Ahora bien, dada la necesidad de acompasar la normativa interna con los instrumentos
internacionales de derechos humanos y los pronunciamientos de la Corte
Constitucional, el legislador introdujo algunas reformas al procedimiento de pérdida de
investidura mediante la Ley 1881 de 2018, fundamentalmente en lo que tiene que ver
con el principio de la doble instancia y la naturaleza sancionatoria de este proceso al
incorporar el elemento subjetivo de culpabilidad como factor determinante para decretar
la «muerte política» de los congresistas. A su vez, de acuerdo con el enunciado del
artículo 19 ejusdem, eliminó las causales especiales de revisión relacionadas con la
violación al debido proceso y el derecho de defensa, según se lee a continuación:
ARTÍCULO 19. Son susceptibles del recurso extraordinario especial de revisión,
interpuesto dentro de los dos (2) años siguientes a su ejecutoria, las sentencias
mediante las cuales haya sido levantada la investidura de un parlamentario, por las
causales establecidas en el artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.
PARÁGRAFO. En los casos contemplados en los numerales 3 y 4 del artículo 250 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, deberá
interponerse el recurso dentro de los dos (2) años siguientes a la ejecutoria de la
sentencia penal que así lo declare.
En este orden, para destacar este cambio relacionado con las causales de revisión,
resulta pertinente acudir a los antecedentes legislativos de la Ley 1881 de 2018, en
particular, al informe de ponencia para primer debate en la Cámara de Representantes,
del proyecto de ley número 263 de 2017 Cámara38, en el que, de acuerdo con el pliego
de modificaciones propuesto al proyecto de ley, el objeto del recurso debía quedar
circunscrito a las causales señaladas en el artículo 250 del CPACA, sin incluir, las de
«falta al debido proceso» y «violación del derecho de defensa», previstas por el
legislador en el artículo 17 de la Ley 144 de 1994, pues, al establecerse la doble
instancia para esta clase de juicios sancionatorios, el recurso de apelación se concebía
como el instrumento idóneo a favor del inculpado para asegurar su defensa y
resguardar el debido proceso. Al respecto, se transcribe el aparte pertinente:
En tercer lugar, el Consejo de Estado propone que no se excluyan de las causales del
recurso extraordinario de revisión la violación al debido proceso y al derecho de defensa
que hoy consagra la Ley 144 de 1994, pues ello sería restrictivo de esta garantía
constitucional. Al respecto consideramos que la exclusión de estas causales está
justificada en el hecho mismo del establecimiento de una segunda instancia. El recurso
de apelación será la oportunidad para plantear inconformidades relativas a la violación
del debido proceso o derecho de defensa, que son objeciones propias del debate de
instancias. Se busca dejar el recurso de revisión únicamente para las causales que le
son propias, por eso se hace la remisión al artículo 250 del CPACA, y no que se convierta
en una tercera instancia donde las partes, so pretexto de la violación del debido proceso,
pretendan reabrir el debate jurídico y probatorio de las instancias.
De este modo, el recurso extraordinario especial de revisión de pérdida de investidura
mantiene su carácter excepcional; procede contra las sentencias ejecutoriadas que
38 «Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los congresistas, se consagra
la doble instancia, el término de caducidad, entre otras disposiciones», proyecto de ley ordinaria de origen
gubernamental. Gaceta del Congreso de la República núm. 478, año XXVI, martes 13 de junio de 2017.
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decretan la desinvestidura de un congresista; debe presentarse dentro de los dos (2)
años siguientes a la ejecutoria del fallo impugnado y sólo procede por las causales
establecidas en el artículo 250 del CPACA, de manera que, se excluyen las causales
específicas que adicionó el legislador de 1994, esto es, la «falta del debido proceso» y
la «violación del derecho de defensa», con lo cual se reafirmó el carácter excepcional
de este medio de impugnación que no permite reabrir el debate jurídico y probatorio de
las instancias.
En suma, se trata de un nuevo proceso en el que los cargos formulados en la demanda,
contra la sentencia cuestionada, están limitadas a las causales taxativas señaladas en
la ley procesal, por lo que le está vedado al juez resolver los argumentos que pretendan
reabrir el debate litigioso con el que concluyó el proceso original, así como subsanar
errores sustanciales en los que, las partes o sus apoderados hayan podido incurrir en
el curso del proceso. Aunado a lo anterior, la técnica del recurso exige la sustentación
de la causal bajo una carga argumentativa razonable y suficiente, lo que implica que no
se admiten censuras imprecisas, generales y confusas, que no guarden
correspondencia con las causales de ley, y menos aún, aquellas que estén dirigidas a
atacar las razones jurídicas o los juicios de valor que soportaron la sentencia recurrida.
2.2. Causales de revisión previstas en los numerales 1.º y 5.º del artículo 250 del
CPACA, Reiteración de jurisprudencia.
2.2.1. La causal primera por documentos encontrados o recobrados
Esta causal consiste en «haberse encontrado o recobrado después de dictada la
sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión
diferente, y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso
fortuito o por obra de la parte contraria». La jurisprudencia de la corporación ha
precisado el alcance de esta causal de revisión, en los siguientes términos:
Vista la causal en estudio se tiene que la misma exige de entrada determinar el alcance
del concepto de prueba encontrada o de prueba recobrada. En este punto, existe una
ampliación en el CPACA frente a la norma precedente, en tanto el CCA sólo refería a las
pruebas recobradas.
Semánticamente, el término “encontrar” significa una cosa o persona que se encuentra,
por una actividad consciente dirigida a buscarla o no [39]. Al tiempo que “recobrar” es una
búsqueda consciente de algo que se tuvo, pero que se perdió [40]. En las dos acepciones,
39 En la providencia se citó «El Diccionario de la Real Academia Española define ese vocablo, así: “1. tr.
Dar con alguien o algo que se busca. || 2. tr. Dar con alguien o algo sin buscarlo. U. t. c. prnl. || 3. intr.
Dicho de una persona: Tropezar con otra. U. t. c. prnl. || 4. prnl. Oponerse a alguien, enemistarse con él.
|| 5. prnl. Dicho de dos o más personas o cosas: Hallarse y concurrir juntas a un mismo lugar. || 6. prnl.
Hallarse en cierto estado. Encontrarse enfermo. || 7. prnl. Opinar diferentemente, discordar de otros. || 8.
prnl. Conformar, convenir, coincidir. || 9. prnl. Hallar algo que causa sorpresa».
40 La cita en la decisión fue la siguiente: «Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 18 de
junio de 1993, expediente 5614, MP. Álvaro Lecompte Luna. En esa oportunidad, se precisó sobre el
término recobrar lo siguiente: “En cuanto a la causal segunda de revisión invocada, es viable hablar de
prueba recobrada cuando ésta inicialmente se encuentra extraviada o refundida y luego se recupera y,
por ello, el demandante no estuvo en condiciones de aportarla al proceso. El verbo “recobrar” implica
que se hubiere perdido algo que más tarde se recupera. Así las cosas, es indispensable para la
prosperidad del recurso, entre otros requisitos, invocarse esta causal, que el recurrente hubiere estado
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la cosa o la persona no están dentro del dominio o percepción de quien la busca, pero
quien la encuentra puede estar consciente o no de su existencia y pérdida, a su vez
quien recobra siempre es consciente de su existencia y de su pérdida. Así, la diferencia
entre ambos vocablos descansa en la conciencia de la existencia de la cosa o la persona
y de la búsqueda. En consecuencia, son vocablos complementarios, en tanto encontrar
sin conciencia de la existencia de la cosa o la persona y de su búsqueda nunca supondrá
recobrar, mientras que encontrar con conciencia de la existencia de la cosa o la persona
y de su búsqueda siempre supondrá recobrar.
Una vez verificado que la prueba es encontraba o recobrada es clave establecer si
existía al momento de dictar sentencia y que el hallazgo en cualquiera de sus dos
modalidades (encontrada o recobrada) se produjo después de dictada esa sentencia.
En línea con lo expuesto, la jurisprudencia había estructurado unos requisitos para la
procedencia de la causal, que actualmente resultan plenamente aplicables y que
adecuadas a la actual normatividad, quedarían así: (i) que se encuentren o recobren
pruebas decisivas después de dictada la sentencia; (ii) que las pruebas encontradas o
recobradas preexistan antes de la sentencia del proceso que originó la revisión. Esta es
una exigencia apenas natural, en tanto revisar una sentencia por pruebas que no
existían sería desproporcionado; (iii) que las mismas no se hubieren podido aportar por
fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria, y (iv) que sean
trascendentes, es decir, que de obrar en el proceso hubieran cambiado la decisión[41].42
Bajo la línea que antecede, a la luz de la jurisprudencia decantada por esta corporación,
los presupuestos necesarios para que se configure esta causal de revisión, siempre y
cuando se verifiquen de manera concurrente, se pueden resumir como sigue:
1. El medio de prueba debe ser documental, pues así lo señaló el legislador, lo que
significa que la causal es restrictiva, por ende, se excluyen otros medios probatorios
como, por ejemplo, los testimonios43.
2. La prueba debe haberse encontrado o recobrado después de proferida la sentencia
objeto de revisión44. Lo cual quiere decir, que no se admiten documentos generados
con posterioridad al fallo, y tampoco aquellos que, aun cuando tengan preexistencia
material al tiempo de dictarse la sentencia, estaban en poder del impugnante y no
fueron aportados o, en su defecto, solicitados en las respectivas oportunidades
procesales, pues, se itera, el recurso no está previsto para remediar la inactividad o
durante todo el proceso en imposibilidad de aportar la prueba respectiva por fuerza mayor o caso fortuito
o por obra de la parte contraria”.
41 En la providencia se citó «Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia
del 2 de abril de 2013, expediente 11001-03-15-000-1997-00142-00(REV), MP. Bertha Lucia Ramírez de
Páez. Igualmente, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 7 de marzo de
2012, expediente 32086, MP. Mauricio Fajardo Gómez».
42 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 3 de abril de 2018,
radicación: 11001-03-15-000-2014-00783-00 (REV), MP. Ramiro Pazos Guerrero.
43 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 26 de febrero de 2013,
radicación: 11001-03-15-000-2008-00638-00 (REV), MP. Alberto Yepes Barreiro. [En la providencia se
citó: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 20 de septiembre de 2007,
radicación: 15001-23-31-000-1995-05132-01 (1987-02) (REV), MP. Alfonso Vargas Rincón y Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 2 de octubre de 2008, 27001-23-31-000-2002-
01446-01 (1716-06) (REV) MP. Gerardo Arenas Monsalve].
44 Ibidem. Además, puede consultarse: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia
de 11 de noviembre de 2016, radicación: 25000-23-26-000-1996-13158-01 (34697), MP. Stella Conto
Díaz del Castillo.
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falta de diligencia de las partes45, pues se trata de corregir la causa insuperable que le
impidió al recurrente hacer valer la prueba dentro del proceso.
3. Adicionalmente, debe estar plenamente demostrado que los documentos
preexistentes no pudieron ser aportados al proceso por circunstancias ajenas a la
voluntad del recurrente, es decir, por motivos de fuerza mayor, caso fortuito46 u obra de
la parte contraria. Al respecto, se recuerda, que «no basta con una dificultad por grave
que pueda parecer, por cuanto la ley exige una verdadera «imposibilidad» apreciada
objetivamente»47. A su vez, se ha dicho, que el obrar de la parte contraria debe
entenderse «como la conducta de la parte que ganó el proceso, quien con su actuar
intencional logró que el documento que le daría el triunfo a su contraparte no se pudiera
aportar al expediente en razón de que lo retuvo u ocultó, precisamente con el propósito
de que no sirviera como prueba»48.
También se ha precisado por la jurisprudencia, y así se reitera, que es carga del
accionante acreditar la configuración de alguno de los motivos calificados en la ley para
que prospere la causal, «pues no existe presunción legal de su acaecimiento ni podría
el juez interpretar en su favor la ocurrencia de los mismos, en el escrito del recurso
debe obrar justificación clara y convincente de que le fue imposible aportar los
documentos en el momento indicado, únicamente por la ocurrencia de fuerza mayor,
caso fortuito u obra de la contraparte»49.
4. El documento encontrado o recobrado debe ser un elemento probatorio nuevo y
decisivo que incida de tal forma en el caso, que pueda sustentar una decisión distinta
a la impugnada. En otras palabras, una prueba cuyo valor persuasivo sea suficiente
para influir en el sentido de la decisión50 o que arroje convicción distinta al juzgador
sobre hechos que tuvo por acreditados dentro del proceso.
45 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 12 de julio de 2005,
radicación: 11001-03-15-000-2000-00236-01 (REV), MP. María Inés Ortiz Barbosa y sentencia de 8 de
abril de 1994, radicación «12-CE-SP-EXP1994-NREV043» - (REV-043), MP. Dolly Pedraza de Arenas.
46 Código Civil, art. 64, subrogado por el artículo 1.º de la Ley 95 de 1890, según el cual se llama fuerza
mayor o caso fortuito «el imprevisto al que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el
apresamiento de enemigos, los autos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.».
47 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 18 de octubre de 2005,
radicación 11001-03-15-000-1998-00173-00 (REV-173), MP. María Elena Giraldo Gómez. [La referida
providencia fue citada por la Sala Doce Especial de Decisión de esta corporación, en la sentencia de 3
de febrero de 2015, radicación: 11001-03-15-000-2001-00117-01 (REV) MP. Ramiro Pazos Guerrero].
48 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 8 de diciembre de 2005,
radicación: 11001-03-15-000-1999-00218-01 (REV), MP. Héctor Romero Díaz.
49 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia
de 8 de noviembre de 2021, radicación: 76111-33-31-701-2010-00201-018(51617), MP. María Adriana
Marín. En el mismo sentido puede verse Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 18 de noviembre de 2021, radicación: 44001-33-33-001-
2013-00212-01(AG) (REV), MP. Fredy Ibarra Martínez.
50 Consejo de Estado Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 26 de febrero de 2013,
radicación: 11001-03-15-000-2008-00638-00 (REV), MP. Alberto Yepes Barreiro. En este mismo sentido
ver, entre otras, Consejo de Estado Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 17 de julio
de 2013, radicación: 11001-03-15-000-2009-00062-00 (REV), MP. Alfonso Vargas Rincón.
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2.2.2. La causal quinta consistente en nulidad originada en la sentencia
La parte recurrente también solicita la revisión de la sentencia impugnada con
fundamento en la causal 5.ª del artículo 250 del CPACA, por «existir nulidad originada
en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación».
Como se desprende claramente de la norma, para configurar esta causal es necesario
que concurran dos supuestos: el primero, que la nulidad se origine en la sentencia que
puso fin al proceso y, el segundo, que contra el fallo cuestionado no proceda recurso
de apelación. Lo anterior, por cuanto los posibles vicios que pudieran invalidar la
decisión deben ser alegados por la parte interesada, a través del recurso de alzada,
ante el juzgador de segunda instancia 51.
En cuanto al primer supuesto, es importante recordar que el legislador no definió los
eventos constitutivos de la nulidad originada en la sentencia, es decir, se trata de un
texto en blanco52, por lo que, la jurisprudencia de esta corporación, con el fin de
establecer su alcance, a partir de los supuestos legales de la nulidad procesal y el
artículo 29 de la Constitución Política, ha dotado de contenido el enunciado normativo,
sin que se desfigure la naturaleza extraordinaria del recurso de revisión. De esta
manera, se han identificado dos grupos de nulidades que configuran la causal 53, a
saber:
El primer grupo está conformado por las irregularidades que constituyen las causales
taxativas de nulidad procesal previstas en el artículo 133 del CGP, pero examinadas
como vicios que tengan origen en la sentencia, toda vez que no se trata de figuras
idénticas, por cuanto solo interesa a este medio extraordinario los vicios graves e
insaneables que surgen al momento de la expedición del fallo y no los acaecidos en
etapas anteriores, habida cuenta que los defectos procesales que ocurran con
anterioridad a la expedición, deben seguir la regla de oportunidad para ser alegados en
el proceso ordinario54.
Es así como se ha sostenido que este límite temporal y material impide que emerja una
confusión entre el instrumento de corrección y/o saneamiento del proceso o de ser un
hecho constitutivo de nulidad insaneable, con el de realización de la justicia material
que subyace al recurso extraordinario de revisión que tiene por objeto la decisión
judicial que puso fin a la litis55; sin embargo, también se ha aceptado que es posible
alegar la nulidad originada en la sentencia, cuando, pese a configurarse el vicio antes
de proferirse el fallo, «no pudo ser advertida por el recurrente durante el curso del
51 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 26 de julio de 2005,
radicación: 11001-03-15-000-1998-00177-01(REV), MP. Héctor Romero Díaz.
52 Consejo de Estado, Sala Veintidós Especial de Decisión, sentencia de 7 de febrero de 2017, radicación:
11001-03-15-000-2016-02260-00(REV), MP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
53 Causal prevista en el numeral 6.º del artículo 188 del CCA, hoy, numeral 5.º del artículo 250 del CPACA.
54 Artículo 134 del CGP.
55 Consejo de Estado, Sala Quince Especial de Decisión, sentencia de 3 de marzo de 2020, radicación:
11001-03-15-000-2016-02343-00(REV), MP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
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proceso»56, evento en el cual, al afectado le asiste la carga de probar que no tuvo la
oportunidad de proponer la nulidad procesal, pues de lo contrario, la causal se
convertiría en una excusa para subsanar las omisiones cometidas en el trámite de
instancia.
El segundo grupo está conformado por vicios que afectan de manera grave y sustancial
la legalidad de la decisión que se origina en el desconocimiento del artículo 29 de la
Constitución Política. Al respecto, es importante señalar que la jurisprudencia ha
decantado algunos de los supuestos que pueden constituir la causal supralegal de
violación al debido proceso que da lugar a la nulidad originada en la sentencia. Para
comenzar, impera precisar que, en un primer momento, la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, solo tuvo como causal de revisión fundada en la nulidad originada en la
sentencia, los supuestos previstos en el artículo 140 del CPC57, y que pudieran
configurarse al momento de la expedición de la sentencia, sin mencionar la violación
del debido proceso previsto de forma genérica en el artículo 29 superior. En efecto, en
providencia del 11 de mayo de 199858, señaló los siguientes eventos:
[L]a nulidad que tiene origen en la sentencia puede ocurrir, en conformidad con la
disposición referida, cuando se provee sobre aspectos para los que no tiene el juez
jurisdicción o competencia (numerales 1 y 2); cuando, sin ninguna otra actuación, se dicta
nueva sentencia en proceso terminado normalmente por sentencia firme, o sin más
actuación se dicta sentencia después de ejecutoriado el auto por el cual hubiera sido
aceptado el desistimiento, aprobada la transacción o declarada la perención del proceso,
porque así se revive un proceso legalmente concluido, o cuando se dicta sentencia como
única actuación, sin el previo trámite correspondiente, porque así se pretermite
íntegramente la instancia; o cuando se condena al demandado por cantidad superior o
por objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente de la invocada en
ésta, o se condena a quien no ha sido parte en el proceso, porque con ello, en lo
concerniente, también se pretermite íntegramente la instancia (numeral 3); o cuando, sin
más actuación, se profiere sentencia después de ocurrida cualquiera de las causas
legales de interrupción o de suspensión o, en éstos casos, antes de la oportunidad debida
(numeral 5), entre otros eventos.
Con posterioridad, la Sala Plena Contenciosa de esta corporación aceptó el supuesto
contenido en el artículo 29 de la Constitución Política, como causal de nulidad originada
en la sentencia, en atención a los alcances que la Corte Constitucional fijó al estudiar
la constitucionalidad del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, (sentencias C-
56 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 6 de agosto de 2013,
radicación: 11001-03-15-000-2009-00687-00 (REV), MP. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. [En la
decisión referida se citaron las siguientes providencias, también dictadas por el pleno de esta
corporación, sentencia de 20 de abril de 2004, radicación: 11001-03-15-000-1996-0132-01 (REV), MP.
María Inés Ortiz Barbosa y sentencia de 2 de marzo de 2010, radicación: 11001-03-15-000-2001-00091-
01 (REV), MP. Mauricio Torres Cuervo].
57 Hoy artículo 133 del CGP.
58 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 11 de mayo de 1998,
radicación: «167-CE-SP-EXP1998-NREV0932» (REV-093), MP. Mario Alario Méndez. [La anterior
providencia se citó por el pleno de esta corporación en sentencia de 18 de octubre de 2005, radicación:
11001-03-15-000-2000-00239-00 (REV), MP. Jaime Moreno García].
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491 de 199559, C-217 de 199660), en donde precisó que existe una causal supralegal de
nulidad restringida a la invalidez procesal por la obtención de pruebas con
desconocimiento del debido proceso.
Así mismo, mediante sentencia de 7 de febrero de 200661, siguiendo la jurisprudencia de
la Corte Suprema de Justicia sobre la materia, esta corporación explicó que ese Tribunal:
[H]a admitido que no se trata de nulidad del proceso nacida antes de dictar la sentencia
que decide el litigio, dado que ésta podía y debía alegarse antes de dicha
oportunidad, so pena de considerarse saneada, sino de irregularidades que al
momento de dictar sentencia pudiera incurrir el fallador y que fueren capaces de constituir
nulidad, entendidas éstas únicamente como las enlistadas taxativamente en el artículo
140 del CPC y la prevista constitucionalmente en el artículo 29 de la Carta Política con
los alcances dados por la Corte Constitucional en sentencias C-491/95 y C-217/96,
teniendo en cuenta que no puede haber nulidad sin texto que la consagre 62, y que en ese
orden de ideas y con sujeción a ese principio cualquier ataque que pretendiera hacer el
recurrente en sede de revisión, bajo la causal de existencia nulidad originada en la
sentencia, imponía al recurrente la carga de demostrar la ocurrencia de algunas de las
situaciones que exclusivamente bajo las normas citadas, fueran constitutivas de nulidad.
(negrillas del texto original).
En este orden, mediante sentencia de 31 de mayo de 201163, atendiendo la evolución
del alcance de la causal de nulidad originada en la sentencia, la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo sintetizó los supuestos que la configuran de la siguiente
manera:
En síntesis, la nulidad que tiene origen en la sentencia se presenta por i) falta de jurisdicción
o competencia, ii) cuando se dicta nueva sentencia en proceso terminado normalmente por
sentencia firme, iii) cuando sin más actuación se dicta sentencia después de ejecutoriado el
auto por el cual hubiera sido aceptado el desistimiento, aprobada la transacción o declarada
la perención del proceso, iv) cuando se dicta sentencia como única actuación, sin el previo
trámite correspondiente, v) cuando se condena al demandado por cantidad superior o por
objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente de la invocada en ésta,
vi) cuando se condena a quien no ha sido parte en el proceso, vii) o cuando, sin más
actuación, se profiere sentencia después de ocurrida cualquiera de las causas legales de
59 Corte Constitucional, sentencia C-491 de 2 de noviembre de 1995, expediente: D-884, MP. Antonio
Barrera Carbonell. [En la providencia se declaró exequible «la expresión [solamente] acusada del inciso
1° del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, subrogado por el art. 1, numeral 80, del decreto
2282 de 1989, con la advertencia expresa de que dicho artículo reguló las causales de nulidad legales
en los procesos civiles. En consecuencia, además de dichas causales, es viable y puede invocarse la
prevista en el art. 29 de la Constitución, según el cual, "es nula de pleno derecho, la prueba obtenida con
violación del debido proceso", que es aplicable en toda clase de procesos»].
60 Corte Constitucional, sentencia C-217 de 16 de mayo de 1996, expediente: D-1122, MP. José Gregorio
Hernández Galindo. [En la providencia se dispuso «[p]rimero.- En cuanto a la expresión "solamente",
contenida en el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, ESTÉSE A LO RESUELTO en la sentencia
C-491 del 2 de noviembre de 1995. Segundo. Declarar EXEQUIBLE el parágrafo del artículo 140 del
Código de Procedimiento Civil, en el entendido de que se refiere únicamente a causas o motivos de
nulidad de orden legal»].
61 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 7 de febrero de 2006,
radicación: 11001-03-15-000-1997-00150-00 (REV), MP. María Elena Giraldo Gómez.
62 En la providencia se citó «Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Magistrado Ponente: Dr.
Jorge Antonio Castillo, sentencia de 5 de diciembre de 2000, exp. No. 7732, actor: Sociedad Acevedo
Martínez Limitada».
63 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de mayo de 2011,
radicación: 11001-03-15-000-2008-00294-00 (REV), MP. Mauricio Torres Cuervo. [En la providencia se
citó la sentencia de 7 de febrero de 2006, radicación: 11001-03-15-000-1997-00150-00 (REV), MP. María
Elena Giraldo Gómez].
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interrupción o de suspensión o, en éstos casos, antes de la oportunidad debida, viii) cuando
la sentencia aparece firmada con mayor o menor número de magistrados, o adoptada con
un número de votos diverso al previsto en la ley, ix) cuando la providencia carece
completamente de motivación.
Con posterioridad, en sentencia de 8 de mayo de 201864, con fines de unificación
jurisprudencial65 y a partir del artículo 29 superior, la Sala Plena Contenciosa fijó un
nuevo alcance de la causal de nulidad originada en la sentencia, agregando otro
supuesto, esto es, el fallo inhibitorio injustificado, que también configura causal de
revisión por desconocer el debido proceso, la tutela judicial efectiva y el derecho al
acceso a la administración de justicia. En este sentido se indicó:
Así, por ejemplo, con esta providencia queda claro que, en aras de hacer efectivos los
derechos a la tutela judicial efectiva, al acceso a la administración de justicia y al debido
proceso, es deber del juez decidir de fondo los litigios cuando las circunstancias así se lo
permitan, lo que significa que la violación a tales preceptos cuando se expide un
fallo inhibitorio injustificado también configura la causal de revisión alegada.
La subregla jurisprudencial, así definida, deberá aplicarse por parte de los jueces de esta
Jurisdicción, con mesura, ponderación, proporcionalidad y adecuación a cada caso.
Un criterio a tener en cuenta para efectos de lo anterior es el cumplimiento, o no, de los
fines funcionales del derecho66, por parte de la providencia revisada.
Por lo tanto, la causal de nulidad originada en la sentencia, de naturaleza supralegal,
fundada en la violación del derecho al debido proceso, conforme al artículo 29 de la
Carta, debe entenderse, igualmente, con carácter excepcional, en tanto se configura
cuando concurre alguno de los supuestos que jurisprudencialmente se han definido
como vicios que pueden afectar la legalidad y justicia de la decisión, siempre y cuando
se originen en el mismo fallo o que habiendo acontecido esta circunstancia en el
transcurso del proceso, no pudieron alegarse por la parte recurrente. Lo anterior, por
cuanto es necesario impedir que a través de esta causal se revivan los términos y las
oportunidades procesales que tuvieron las partes para debatir el vicio correspondiente
y con ello, reabrir la instancia, lo cual es ajeno a la naturaleza y finalidad de este recurso
extraordinario.
Dentro de los vicios o irregularidades procesales constitutivos de la nulidad originada
en la sentencia, distintos de los previstos en el artículo 133 del Código General del
Proceso, que ha venido reconociendo la jurisprudencia de esta corporación, por virtud
del artículo 29 superior, se pueden mencionar, entre otros:
64 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, radicado radicado 11001-03-15-000-
1998-00153-01 (REV), MP. Alberto Yepes Barreiro. [En la providencia se citaron, la sentencia C-739 de
2001, MP. Álvaro Tafur Galvis, que dispuso, entre otras, «ESTARSE A LO RESUELTO en las
sentencias C-491 de 1995 […] y C-217 de 1996», y la providencia sentencia de 7 de febrero de 2006,
radicación: 11001-03-15-000-1997-00150-00 (REV), MP. María Elena Giraldo Gómez.]
65 Por auto de 7 de julio de 2015, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta corporación
decidió asumir la competencia para decidir el caso con el propósito de unificar criterio en cuanto: «[ i) En
qué casos una sentencia inhibitoria puede dar origen a la procedencia del recurso extraordinario de
revisión por la causal de nulidad originada en la sentencia por violación al debido proceso».
66 En la providencia se citó «Cfr. Recasens Siches, Luis. Introducción al Estudio del Derecho. Editorial
Porrúa. México. 2003».
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• Haberse dictado la sentencia con sustento, únicamente, en una prueba obtenida
con violación al debido proceso67;
• Cuando la sentencia aparece firmada con mayor o menor número de magistrados,
o adoptada con un número de votos diverso al previsto en la ley;
• En el caso de que la providencia carezca completamente de motivación68;
• Cuando la sentencia se dicta con violación al principio de la non reformatio in
pejus69;
• Cuando la decisión desconozca el principio de congruencia70;
• Haberse dictado fallo condenatorio contra una persona que no fue vinculada al
proceso71;
• Haberse producido fallo inhibitorio injustificado72
A su vez, esta corporación ha indicado que los eventos señalados por ella, «no son
taxativos»73 y que no cualquier irregularidad resulta subsumible en la casual quinta de
revisión derivada del artículo 29 constitucional, sino solo aquel vicio de carácter
sustancial que incida en la decisión por afectar el núcleo esencial del derecho
fundamental al debido proceso, sin perder de vista, que por razones de seguridad
jurídica, el recurso no es una instancia para replantear los asuntos ya resueltos e
intentar una nueva valoración probatoria o una interpretación normativa diferente para
corregir los yerros que hayan cometido las partes en el litigio precedente74. Esto implica,
que le corresponde al juez analizar, en cada caso en particular, si el vicio que se alega
impacta el debido proceso y la correcta aplicación de la justicia material de manera que
tenga la entidad suficiente para permear la inmutabilidad de la cosa juzgada.
En suma, el Consejo de Estado, por vía de interpretación, teniendo en cuenta que no
puede haber nulidad sin texto legal que la consagre, ha dado contenido a la institución
67 Consejo de Estado, Sala Trece Especial de Decisión, sentencia de 7 de junio de 2016, radicación:
11001-03-15-000-2015-02493-00 (REV), MP. Jorge Octavio Ramírez Ramírez y Consejo de Estado, Sala
Veinticinco Especial de Decisión, sentencia de 20 de agosto de 2022, radicación: 11001-03-15-000-2020-
02925-00 (REV), MP. Martha Nubia Velásquez Rico.
68 Consejo de Estado, Sala Cinco Especial de Decisión, sentencia de 3 de febrero de 2015, radicación:
11001-03-15-000-2009-00494-00 (REV), MP. Martha Teresa Briceño de Valencia.
69 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 2 de marzo de 2010,
radicación: 11001-03-15-000-2001-00091-01 (REV), MP. Mauricio Torres Cuervo.
70 Consejo de Estado, Sala Veintidós Especial de Decisión, sentencia de 2 de febrero de 2016, radicación:
11001-03-15-000-2015-02342-00 (REV), MP. Alberto Yepes Barreiro.
71 Consejo de Estado, Sala Veintiuno Especial de Decisión, sentencia de 17 de junio de 2022, radicación:
11001-03-15-000-2014-04059-00 (REV), MP. Luis Alberto Álvarez Parra.
72 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 11 de octubre de 2021, radicación:
76001-23-31-000-2004-02181-01 (REV), MP. Alberto Montaña Plata.
73 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 8 de mayo de 2018,
radicación: 11001-03-15-000-1998-00153-01(REV), MP. Alberto Yepes Barreiro.
74 Consejo de Estado, Sala Primera Especial de Decisión, sentencia de 13 de octubre de 2020,
radicación: 11001-03-15-000-2018-00216-00 (REV), MP. María Adriana Marín.
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procesal de la «nulidad originada en la sentencia», bajo una perspectiva dual; en primer
lugar, haciendo alusión a los vicios enlistados en el artículo 133 del CGP, (antes artículo
140 del CPC), que pueden ubicarse al momento de emitirse el fallo o que si bien
pudieron presentarse durante el trámite procesal, en todo caso, no pudo ser advertida
por el recurrente, evento en el cual, al afectado le asiste la carga de probar que no tuvo
la oportunidad de proponer la nulidad procesal; en segundo lugar, refiriéndose a
algunas situaciones distintas que podrían enmarcarse en el artículo 29 superior, esto
es, la invalidez procesal originada en la sentencia por la violación del derecho al debido
proceso, con la misma excepcionalidad propia del recurso extraordinario, como la
señalada en el inciso final de la norma mencionada, esto es, aquella derivada de la
prueba obtenida con violación del derecho al debido proceso75.
2.3. El caso concreto
Seguidamente, procede la Sala a resolver cada uno de los cargos propuestos por la
recurrente en la presente demanda.
2.3.1. Causal 1.ª del artículo 250 del CPACA:
La causal invocada se fundamenta en que la excongresista, con posterioridad a la
sentencia que decretó su desinvestidura, encontró o recobró tres (3) documentos
decisivos para cambiar el sentido de la decisión que le permitirían recuperar sus
derechos políticos, en tanto son demostrativos de hechos que justifican su inasistencia
a las sesiones plenarias del congreso, que fueron objeto de censura en los fallos de
instancia y por ende permitirían concluir que no se configuró la causal de pérdida de
investidura de que trata el artículo 183.2 de la Constitución Política.
1. Permiso para retiro de la sesión plenaria del 11 de agosto de 2015
A este respecto, el apoderado de la sancionada indicó que, la exrepresentante Moreno
Marmolejo hizo una solicitud documental dirigida al secretario general de la Cámara de
Representantes, sin precisar la fecha, sobre los permisos solicitados por ella
«encontrándose» en tal dependencia un permiso que le fue otorgado por el presidente
de la Cámara para ausentarse de la sesión plenaria de 11 de agosto de 2015. Este
documento, según se aduce, resulta ser «esencial» para modificar el sentido de la
decisión recurrida; sin embargo, no fue aportado al proceso de pérdida de investidura,
pese a que el magistrado sustanciador, en el trámite de primera instancia, ofició a la
Secretaría General de la Cámara de Representantes para que se allegara certificación
sobre la asistencia de la exparlamentaria a las sesiones plenarias celebradas entre el
20 de julio de 2015 y el 20 de junio de 2016. En criterio de la actora esta prueba
documental «se recobró» con posterioridad al decreto de su desinvestidura y de manera
expresa al referirse al contenido de este documento lo describió así:
[L]a solicitud de autorización de permiso para asistir a una reunión enmarcada dentro de
las actividades congresuales debidamente justificada radicada ante el presidente de la
75 Consejo de Estado, Sala Doce Especial de Decisión, sentencia de 6 de marzo de 2018, radicación:
11001-03-15-000-2012-01027-00 (REV), MP. Ramiro Pazos Guerrero.
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Honorable corporación el día once (11) de agosto de dos mil quince (2015), permiso que
fue debidamente otorgado por el presidente de la Cámara de Representantes Dr.
ALFREDO DELUQUE ZULETA, desvirtuando la inasistencia o no presencia injustificada
[…] en la totalidad del desarrollo de la sesión, y por tanto, el censurado incumplimiento
de sus deberes congresuales.
Adicionalmente precisó que el permiso tenía por finalidad asistir a una reunión con la
directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y los representantes de los
cultivadores de plátano del municipio de Neira, Caldas, la cual había sido concertada
desde la UTL de la exrepresentante, según consta en los mensajes de datos
intercambiados el 5 y 6 de agosto de 2015, por lo que quedó agendada para el día 11
de ese mismo mes y año. El texto del permiso otorgado, que la excongresista allegó
como documento encontrado o recobrado, es del siguiente tenor76 :
2. Mensajes de datos intercambiados por la exparlamentaria
En la demanda se trae otro documento encontrado o recobrado para dar certeza al
permiso anterior, consistente en una copia impresa del correo de Gmail, de fecha 4 de
agosto de 2020, extraída del correo electrónico del Dr. Alejandro Franco, apoderado de
la recurrente, que da cuenta del reenvío que le hace María Luisa González, asesora de
76 Índice 3 de SAMAI. Documento «EXPEDIENTE DIGITAL-1-REER PI […]», pág. 3, enlace digital del archivo
.pdf, pág. 1.
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la exrepresentante a este profesional del derecho, sobre la trazabilidad de unos correos
electrónicos enviados entre la excongresista y una líder social. En dicho reporte se
observa que la señora Luz Mary Murillo –líder social y de grupos asociativos femeninos
del municipio de Neira, Caldas- le remite a la exparlamentaria Luz Adriana Moreno
Marmolejo, un archivo adjunto denominado «Productos a partir del Raquis o vástago
del plátano». Este correo a su vez, fue reenviado por la excongresista a la señora
Lorena Velásquez, quien, según la demanda, fungía como asesora de su UTL, con el
siguiente mensaje «porfa revisa lo para cita con icbf el 11». El intercambio de
comunicaciones se produjo los días 5 y 6 de agosto de 2015, como se ilustra en los
correos de la siguiente manera77:
De: LUZ MARY MURILLO [dirección electrónica]
Fecha: 05/08/2015 - 03:55 p.m.
Para: [se indican dos direcciones electrónicas de la señora Luz Adriana Marmolejo]
Asunto: «Resumen proyecto Vástago del Plátano»
[Con archivo adjunto: «Productos a partir del Raquis o vástago del plátano. .docx
16K»”].
«Buenas Tardes / Doctora Adriana / Adjunto a la presente el resumen del proyecto, cualquier ampliación de
información con gusto atenderé».
De: Luz Adriana Moreno Marmolejo [se indica una dirección electrónica de
la exrepresentante]
Fecha: 06/08/2015 - 08:16 p.m. Copia mensaje:
Para: LUZ MARY MURILLO Lorena Velásquez -UTL
Con copia: Lorena Velásquez [dirección electrónica]
Asunto: «RE: Resumen proyecto Vástago del Plátano».
«porfa revisa lo para cita con icbf el 11»
3. Certificación expedida por la Secretaría General de la Cámara de
Representantes
Por último, la parte actora acompañó, además de los documentos que anteceden,
«como prueba sobreviniente» la certificación SG-CERTI 0483/2018 expedida por el
secretario general de la Cámara de Representantes del 6 de octubre de 2018, es decir
con posterioridad al fallo, en la que constan, conforme a las gacetas, las votaciones
ordinarias y nominales llevadas a cabo en las sesiones plenarias durante los días 4, 11,
18 y 25 de agosto, 15 de septiembre y 6 de octubre de 201578.
Así las cosas, con estos tres (3) documentos, la excongresista sancionada señala que
se configura la causal de revisión prevista en el numeral 1.º del artículo 250 del CPACA,
relacionada con la prueba encontrada o recobrada después de dictada la sentencia.
Afirma que, aunque estos documentos no se dejaron de aportar por obra de la parte
contraria, lo cierto es que el magistrado sustanciador, en primera instancia, no desplegó
toda la actividad probatoria tendiente al recaudo íntegro de la prueba, pues en la
77 Se transcribe tal cual consta en los correos electrónicos incluso con posibles errores en las redacciones
originales.
78 Índice 3. de SAMAI. Documento «EXPEDIENTE DIGITAL-1-REER PI […]», pág. 3, enlace digital del archivo
.pdf, pág. 2 a 4.
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respuesta enviada por la Secretaría General de la Cámara de Representantes, no se
registraron los permisos concedidos a la excongresista.
Explica, además, que solo tuvo en sus manos estos documentos con posterioridad a la
sentencia cuestionada, pese a que reposaban en la entidad oficial, por lo que se omitió
por cuestiones «ajenas o exógenas», de manera que, de haberse decretado, valorado
y practicado, el resultado de la decisión hubiera sido distinto. Agrega la «imposibilidad»
que tuvo de aportar estos documentos en razón a que no es abogada, pero estima que,
con la certificación aportada por quien la representó judicialmente, en el escrito de
oposición, era prueba suficiente para no tener por acreditada la causal de ausentismo
parlamentario. Al respecto, explicó:
[A]l no percatarse de la importancia del permiso solicitado para ausentarse de la sesión del
11 de agosto de 2015, la imposibilitó para ejercer un buen pleito en pro de sus intereses en
el momento procesal oportuno. A su vez, afirmó que la prueba sobreviniente había podido
cambiar el «rumbo» de la decisión, más aún cuando «arbitrariamente» no fue aportada al
proceso.
Análisis de la Sala
Precisado lo anterior y en orden a resolver los cargos propuestos, debe indicar la Sala
que en el presente caso no concurren los supuestos necesarios para que se configure
la causal de revisión alegada, en tanto se ha sostenido, de manera consistente, que la
causal 1.ª del artículo 250 del CPACA, procede cuando se trata de documentos que no
hicieron parte del expediente, sino que aparecieron con posterioridad al fallo, pese a
que existían con anterioridad. Así mismo, debe tratarse de documentos decisivos, que
no pudieron ser aportados al proceso por causas ajenas a la voluntad del recurrente,
esto es, fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria, eventos que deben
estar plenamente acreditados en el trámite del recurso extraordinario. Veamos,
seguidamente, cada uno de estos requisitos, de cara al caso planteado:
1. Que la nueva prueba encontrada o recobrada sea de carácter documental.
Al respecto, se observa que el permiso autorizado por el presidente de la Cámara de
Representantes el 11 de agosto de 2015, los mensajes de datos contenidos en las
copias de los correos electrónicos, así como la certificación expedida por el secretario
general de la Cámara de Representantes el 6 de octubre de 2018, son documentos de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 243 del Código General del Proceso, norma que
establece que «los escritos, impresos, planos, dibujos, cuadros, mensajes de datos»,
en otros, son documentos que constituyen uno de los medios de prueba que se puede
hacer valer en el proceso. A su vez, el artículo 10.º de la Ley 527 de 1999, por medio
del cual se reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio
electrónico y de las firmas digitales, establece que los mensajes de datos son
admisibles como medios de prueba y su fuerza probatoria está regulada por las normas
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Recurso extraordinario especial de revisión de pérdida de investidura
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del CPC, hoy CGP79. En este orden, se cumple el requisito, según el cual, la prueba
encontrada o recobrada debe tratarse de documentos y no de otro medio de prueba.
2. Que la prueba encontrada o recobrada exista con anterioridad a la emisión de
la sentencia.
En este punto, no existe discusión, en cuanto a que el permiso autorizado por el
presidente de la Cámara de Representantes, con fecha de radicado 11 de agosto de
2015, y las copias de los correos electrónicos, que en criterio de la demandante
evidencian el intercambio de comunicaciones entre la señora Luz Mary Murillo –líder
social y de grupos asociativos femeninos del municipio de Neira, Caldas- y la
exparlamentaria, para concertar una reunión con el ICBF para el día 11 de agosto del
mismo año, dan cuenta de unos documentos que preexistían al momento de la
sentencia censurada.
En efecto, al plenario se allegó el permiso radicado el día 11 de agosto de 2015, en el
cual, obra un visto bueno de la misma fecha en su margen derecha que, aunque no
puede identificarse claramente su autoría, se pudo constatar que correspondía al
presidente de la Cámara de Representantes, Alfredo Deluque. Lo anterior, habida
cuenta que el secretario general de la Cámara de Representantes, al responder el oficio
dirigido por la Secretaría General de esta corporación, certificó que este documento
reposaba en la hoja de vida de la excongresista y que la firma allí estampada
correspondía al presidente de la Cámara de Representantes, quien fungía por aquella
época. Lo propio acontece con los correos electrónicos dirigidos por la excongresista
Luz Adriana Marmolejo a su asesora de la UTL, Lorena Velásquez, de fecha 4 y 5 de
agosto de 2015, los cuales, como se advierte por la imagen que se allega, corresponden
a estas fechas, por lo que son anteriores a los proveídos de primera y segunda
instancia.
No ocurre lo mismo, con la certificación SG-CERTI 0483/2018 expedida por el secretario
general de la Cámara de Representantes de fecha 6 de octubre de 2018, en la que
constan las votaciones ordinarias y nominales llevadas a cabo en las sesiones plenarias
durante los días 4, 11, 18 y 25 de agosto, 15 de septiembre y 6 de octubre de 201580,
en tanto este documento, como se advierte, data del 6 de octubre de 2018, es decir,
fue creado con posterioridad a los fallos mencionados, los cuales fueron emitidos por
la Sala Novena Especial de Decisión, el 5 de marzo de 2018 y por la Sala Plena el 13
de junio de 2018, que confirmó el anterior proveído. Por lo tanto, no se cumple el
requisito de preexistencia.
3. Que el hallazgo se produzca después de dictada la sentencia
En relación con este elemento, que también hace parte del componente temporal de la
causal, en tanto se refiere al hallazgo de los documentos en cualquiera de sus dos
79 Arts. 243, 244 y 247. Conc. artículo 216 del CPACA.
80 Índice 3. de SAMAI. Documento «EXPEDIENTE DIGITAL-1-REER PI […]», pág. 3, enlace digital del archivo
.pdf, pág. 2 a 4.
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Recurso extraordinario especial de revisión de pérdida de investidura
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modalidades, esto es, recobrados o encontrados, se impone señalar las siguientes
precisiones, en relación con cada uno de los documentos, así:
Sobre el permiso otorgado para el retiro de la sesión plenaria del 11 de agosto de 2015,
se tiene que, en el escrito contentivo del recurso extraordinario, la recurrente manifestó,
de manera expresa, que ante la convicción de no haber incurrido en la conducta
endilgada que la despojó de su investidura, decidió «indagar sobre las posibles pruebas
que permitieran dilucidar el camino para salvaguardar sus derechos políticos
fundamentales». Por tal razón solicitó, mediante escrito dirigido al secretario general de
la Cámara de Representantes, sin especificar la fecha, algunos documentos tendientes
a demostrar lo contrario a lo resuelto en la sentencia, esto es, que su conducta se
adecuó a lo previsto en la constitución y en la ley frente a sus deberes congresuales.
Así fue que, en virtud a dicha solicitud, encontró en esa dependencia administrativa el
mencionado permiso que justificaba su ausencia a la plenaria del 11 de agosto de 2015.
En este orden, la Sala Plena concluye, sin dubitación alguna, que el permiso del 11 de
agosto de 2015, es un documento que fue «encontrado» con posterioridad a la
sentencia que dejó en firme la sanción de pérdida de investidura, pues, según narra la
misma recurrente, su hallazgo se produjo con ocasión de la inconformidad de la
exparlamentaria con la decisión que le declaró su muerte política, dado que estaba
convencida de haber cumplido sus deberes congresuales, por lo que, ante la sanción
impuesta decidió reivindicar «sus derechos políticos fundamentales».
Ahora bien, en punto a los mensajes de correo electrónico intercambiados por la
exparlamentaria con su asesora de la UTL, debe decirse, de igual manera, que se trata
de unos documentos hallados luego de emitida la sentencia que se recurre. Esto se
puede corroborar al revisar la copia del correo de Gmail, impreso el 4 de agosto de
2020, extraída del correo electrónico del abogado Alejandro Franco Castaño,
apoderado de la exparlamentaria Luz Adriana Moreno Marmolejo, el cual da cuenta del
reenvío de unos mensajes encontrados, que le hace María Luisa González, asesora de
la exrepresentante a este profesional del derecho, el 20 de diciembre de 2018. En este
orden, el archivo que muestra la trazabilidad de unos mensajes de correos electrónicos
enviados entre la excongresista y una líder social el 5 y 6 de agosto de 2015,
relacionados con la necesidad de acordar una reunión con la directora del ICBF, para
el día 11 de agosto de 2015, cuyo objeto era socializar un proyecto denominado
«Productos a partir del Raquis o vástago del plátano», es un documento encontrado el
20 de diciembre de 2018, cuando la asistente de la parlamentaria se lo remite al
apoderado, Dr. Alejandro Franco Castaño, es decir, su hallazgo se produjo con
posterioridad al fallo de pérdida de investidura.
Finalmente, frente a la certificación expedida por el secretario general de la Cámara de
Representantes de fecha 6 de octubre de 2018, que, como ya se dijo, es un documento
creado con posterioridad a la sentencia censurada, es lógico concluir que el hallazgo,
se ubica en dicha data. No obstante, se reitera que, como la causal de revisión alegada,
parte de la premisa de que no cabe admitir documentos producidos con posterioridad
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al fallo, en este caso, no se cumple el requisito de preexistencia, razón suficiente para
no acogerlo, como se indicó en el punto anterior.
4. El documento encontrado o recobrado debe ser determinante o decisivo
Es un hecho indiscutible que el permiso concedido a la exparlamentaria el 11 de agosto
de 2015, para ausentarse de la sesión plenaria, es un documento que tiene el mérito
persuasivo suficiente para cambiar el sentido de la decisión, pues en la medida en que
esté demostrado que, para dicha fecha, la parlamentaria tenía permiso concedido por
el presidente de la Cámara de Representantes, se eliminaría del total de las seis (6)
sesiones plenarias correspondiente al primer periodo de la legislatura 2015-2016, una
(1) sesión y, en consecuencia, no se configuraría la causal del numeral 2º del artículo
183 de la Constitución Política.
De igual manera, en relación con los mensajes digitales, en los cuales se observa que
la señora Luz Mary Murillo –líder social y de grupos asociativos femeninos del municipio
de Neira, Caldas- le remite a la exparlamentaria Luz Adriana Moreno Marmolejo, un
archivo adjunto denominado «Productos a partir del Raquis o vástago del plátano…» y
que, a su vez, la excongresista se lo envía la señora Lorena Velásquez, asesora de su
UTL, con el siguiente mensaje «porfa revisa lo para cita con icbf el 11», se tiene que
estos documentos, también resultan decisivos para darle fuerza y credibilidad
probatoria al permiso anteriormente aludido. Lo anterior, por cuanto estas
conversaciones permiten demostrar que la congresista, en realidad tenía como
propósito propiciar una reunión con el ICBF para socializar este proyecto productivo, y
que el permiso concedido tenía por objeto cumplir con esta finalidad, luego entonces,
es claro que los dos tipos de documentos anteriormente descritos, son piezas
procesales que tienen la importancia y la entidad suficientes para cambiar el sentido
del fallo.
5. Que los documentos no se hayan podido aportar al proceso de pérdida de
investidura por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria
Como ya se indicó, para que se configure la causal de revisión alegada, es necesario
demostrar que la parte recurrente no pudo allegar oportunamente los documentos al
proceso, por dos (2) causas, a saber: (i) fuerza mayor o caso fortuito o (ii) por obra de
la parte contraria. Ahora bien, como quiera que la demandante en su escrito de
impugnación expresó lo siguiente:
[S]obre el encuadramiento de la causal, si bien, no se podría afirmar que el no aporte
del documento en las instancias precedentes, fue una obra de la parte contraria, esto
es, del demandante, pues la actividad probatoria del demandante para demostrar los
presupuestos de hecho de la causal se limitó a invocar y aportar las actas de las
sesiones y las gacetas de los períodos acusados y además no tendría el manejo
documental de la secretaria general de la cámara de representantes.
La Sala concluye que el no acompañamiento de la prueba en el trámite del proceso de
pérdida de investidura, entonces no se debió a obra de la parte contraria que hubiese
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impedido aportar dichos documentos, razón por la cual, el análisis se contraerá a
establecer si, en el presente caso, se configuró el fenómeno de la fuerza mayor o el
caso fortuito.
En punto a esta figura jurídica, la jurisprudencia ha precisado los presupuestos
necesarios para su configuración, cuando se alega la causal de revisión relacionada
con los documentos encontrados o recobrados, así81:
Cuando la causal aquí invocada para sustentar la petición revisoria exige que al
recurrente le haya sido imposible aportar el documento recuperado o recobrado por fuerza
mayor o caso fortuito, con mucha más razón se requiere que no haya habido culpa,
negligencia o error de conducta alguno por quien invoca el motivo de revisión. Si esto
ocurre, así el documento que no se allegó pueda tener una influencia suficiente para
cambiar el sentido del fallo, no tiene la naturaleza de “recobrado” y, por ende, no es idóneo
para estimar la pretensión revisoria, pues, como lo sostiene el profesor Hernando
Morales, refiriéndose a la causal que aquí se analiza, con ella no se pretende consagrar
para el recurrente una ocasión “para mejorar una prueba o producir otra con posterioridad
a la sentencia revisada, pues no habría nunca cosa juzgada, ya que bastaría que el
vencido mejorara la prueba o la produjera posteriormente a la sentencia[82].
A su turno, es preciso recordar que el evento de la fuerza mayor o el caso fortuito se
encuentra definido en el artículo 1º de la Ley 95 de 1890, que subrogó el artículo 64 del
Código Civil, así:
ARTICULO 1. Se llama fuerza mayor o caso fortuito, el imprevisto a que no es posible
resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los autos de
autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.
A pesar de que esta norma legal asimila las nociones de fuerza mayor y caso fortuito,
la doctrina y la jurisprudencia han venido distinguiendo estas dos figuras jurídicas. La
fuerza mayor se atribuye a hechos o acontecimientos imprevisibles, los cuales no son
imputables a las personas, como un terremoto, un tsunami o cualquier otro hecho de la
naturaleza; en sentido contrario, el caso fortuito es un evento no previsible o que siendo
previsible no podría haberse evitado, cabe mencionar que este, a diferencia de la fuerza
mayor, si es atribuible a un hecho humano. En este orden, la fuerza mayor es causa
extraña y externa a quien la alega, mientras que, el caso fortuito es un suceso interno
que ocurre dentro del campo de actividad del que causa el daño83. Así mismo, debemos
tener presente que las figuras anteriormente mencionadas deben contener implícito los
elementos de imprevisibilidad e irresistibilidad, esta última entendida como aquellas
circunstancias en que el agente no puede evitar su acontecimiento.
81 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 26 de julio de 2018,
radicación: 11001-03-15-000-1998-00177-01(REV), MP. Héctor Romero Díaz.
82 En la providencia se citó «Hernando Morales Molina, Curso de Derecho Procesal Civil, Parte General,
Bogotá, Ed. ABD, 19733, pág.625».
83 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 29 de enero de 1993, exp. 7365, radicado CE-
SEC3-EXP1993-N7365, MP. Juan de Dios Montes Hernández.
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La jurisprudencia de esta corporación también ha hecho esta distinción. Así, por
ejemplo, en la sentencia del 26 de febrero de 2004, Sección Tercera,84 cuyas líneas
generales se han reiterado en varias providencias, se precisó lo siguiente:
Para efectos de la distinción, y de acuerdo con la doctrina[85] se entiende que la fuerza
mayor debe ser:
1) Exterior: esto es que “está dotado de una fuerza destructora abstracta, cuya
realización no es determinada, ni aun indirectamente por la actividad del ofensor”.
2) Irresistible: esto es que ocurrido el hecho el ofensor se encuentra en tal situación
que no puede actuar sino del modo que lo ha hecho”
3) imprevisible: cuando el suceso escapa a las previsiones normales, esto es, que
ante la conducta prudente adoptada por quien lo alega, era imposible pronosticarlo o
predecirlo[86].
A su vez, el caso fortuito debe ser interior, no porque nazca del fuero interno de la
persona, sino porque proviene de la propia estructura de la actividad riesgosa, puede
ser desconocido y permanecer oculto, En tales condiciones, según la doctrina se
confunde con el riesgo profesional y por tanto no constituye una causa de exención
de responsabilidad.
Así las cosas, más allá de la concepción monista o la concepción dual acerca de estas
figuras jurídicas, lo cierto es que en el presente caso no se configuran los elementos
que la componen, pues la razón que aduce la peticionaria en su escrito de revisión para
justificar la imposibilidad de haber aportado oportunamente estos documentos, consiste
en que no es abogada y no advirtió la importancia del permiso en las resultas del
proceso adelantado en su contra, así como la falta de diligencia de su apoderado al
ejercer la defensa, lo cual no son circunstancias constitutivas de la fuerza mayor o el
caso fortuito.
En el presente caso, se tiene que el permiso autorizado por el presidente de la Cámara
de Representantes, Alfredo Deluque Zuleta, radicado el 11 de agosto de 2015,
reposaba en la hoja de vida de la excongresista Luz Adriana Moreno Marmolejo, tal
como lo certificó el secretario general de la Cámara de Representantes, mediante Oficio
S.G. 2-0895.21 de 14 de julio de 2021, obrante en el proceso87, por lo que bien pudo
haberlo allegado o solicitado dentro del proceso de pérdida de investidura, en la
oportunidad procesal respectiva, para que integrara el acervo probatorio, a fin de que
fuera valorado por el juez de instancia. Igual ocurre con los mensajes de datos, algunos
reenviados desde la dirección electrónica de la propia exparlamentaria, como se afirma
84 Radicado 52001-23-31-000-1996-07506-01, MP. German Rodríguez Villamizar [La anterior providencia
fue citada por la Subsección A de la Sección Tercera de esta corporación en la sentencia de 7 de mayo de
2021, MP. José Roberto Sáchica, radicado 68001-23-33-000-2012-00281-01(AG), pp. núm. 104].
85 PEIRANO FACIO. Jorge. Responsabilidad Extracontractual. 3ª ed. Temis. Bogotá. 1981. Págs. 451 a
459.
86 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 13 de noviembre de 1962.
87 Índice 30 de SAMAI. Documento núm. 31, que corresponde al archivo .zip, que contiene el
documento.pdf «Oficio SG 2-0895.21 Consejo de Estado.pdf».
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en la demanda88, lo cual denota que los mismos se encontraban en su poder y, por
tanto, nada impedía que los hubiera aportado para darle consistencia y credibilidad al
objeto del permiso que, según la recurrente, fue concedido para asistir a una cita con
la directora del ICBF.
Bajo este hilo argumentativo, se concluye que las pruebas que pretende hacer valer la
recurrente, esto es, el permiso y los mensajes enviados por correo electrónico, no
estaban por fuera del dominio de la accionada, en tanto las conocía ex ante y tampoco
se adujo una razón suficiente y válida que impidiera aportarlos en el trámite de instancia
y que constituyera una circunstancia irresistible e imprevisible que imposibilitara su
aducción al proceso. Por el contrario, lo que se advierte es una negligencia inexcusable
de la parte impugnante en el cumplimiento de las cargas procesales que impone aplicar
el principio, nemo propriam turpitudinem allegans potest, esto es, que a nadie le es
dable alegar su propia torpeza.
A este respecto, valga reiterar, como se indicó ampliamente en el acápite
correspondiente, que el recurso extraordinario de revisión no es una alternativa que
permita a las partes reabrir una nueva oportunidad probatoria para aportar documentos,
ni una forma de subsanar deficiencias probatorias atribuibles a las partes, sino un
mecanismo excepcional que, en tratándose de la causal atinente a la prueba
encontrada o recobrada, exige que los documentos se hayan dejado de aportar al
proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria, lo cual no ha
ocurrido en el presente caso.
Ahora bien, frente a la certificación SG.CERTI. 0483/2018, expedida por el secretario
general de la Cámara de Representantes el 6 de octubre de 2018, en la que hace
constar, según las gacetas del Congreso, las votaciones ordinaria y nominal,
discriminadas y llevadas a cabo en las sesiones plenarias de la Cámara de
Representantes los días 4, 11, 18, 25 de agosto, 15, «29»89 de septiembre y 6 de
octubre de 2015, se advierte que dicho documento fue creado con posterioridad a la
sentencia definitiva, razón suficiente para desestimarlo en tanto, como se indicó, no
estamos frente a una prueba encontrada o recobrada preexistente al momento del fallo.
Adicionalmente, nada de lo allí consignado referido a lo que consta en las gacetas de
las sesiones plenarias correspondientes al período legislativo 2015-201690, es un hecho
88 Índice 3. Documento «EXPEDIENTE DIGITAL-1-REER PI […]», pág. 2, enlace digital del archivo .pdf,
pág. 26. [Información que también se puede constatar en el diagrama que antecede sobre el intercambio
de comunicaciones].
89 Debe precisarse que en el inicio del documento se indica que se certifica la sesión de «29» de
septiembre de 2015, pero solo se especifican las votaciones ordinarias y nominales de las sesiones
plenarias: (i) «de 4 de agosto de 2015 – Gaceta Nº. 861de 2015», (ii) «11 de agosto de 2015- Gaceta Nº
1066 de 2015», (iii) «18 de agosto de 2015- Gaceta Nº 952 de 2015», (iv) «11 de agosto de 2015- Gaceta
Nº 910 de 2015», (v) «15 de septiembre de 2015- Gaceta Nº 1067 de 2015», (v) «15 de septiembre de
2015- Gaceta Nº 1067 de 2015», y (vi) «06 de septiembre de 2015- Gaceta Nº 32 de 2016». [índice 3.
de SAMAI. Documento «EXPEDIENTE DIGITAL-1-REER PI […]», pág. 3, enlace digital del archivo .pdf, pág.
2 a 4].
90 Folios 121 a 126 [disco compacto] del cuaderno núm. 1 del expediente físico. [Índice 15 de SAMAI.
Documento «14_RECIBE PRUEBAS […]», págs. 136 a 135. Las gacetas que se señalan en la certificación
obran en el expediente físico en el disco compacto (folio 126). Igualmente, el referido medio magnético
puede consultarse en el índice 15 de SAMAI en el documento.zip «15_RECIBE PRUEBAS_CD-FOLIO-
126_CD […]»].
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nuevo que no obrara en el proceso de proceso de pérdida de investidura. En este orden,
este documento no cumple con los requisitos exigidos para tenerlo como una prueba
encontrada o recobrada.
Por otra parte, no resulta de recibo el argumento propuesto por la parte recurrente, en
cuanto pretende trasladar la carga de la prueba al magistrado sustanciador, pues afirma
que en el proceso de pérdida de investidura no se requirieron los permisos concedidos
a la exparlamentaria para ausentarse de las plenarias en el período de sesiones objeto
de examen. A este respecto debe señalarse que, en amparo del debido proceso, el juez
debe sujetarse a las solicitudes probatorias emanadas de las partes y ejercer el poder
oficioso con racionalidad y proporcionalidad, sin que ello suponga sustituir las cargas
probatorias que a las partes les corresponde. Así las cosas, era a la congresista a quien,
por razones lógicas, correspondía conocer los permisos solicitados y concedidos a ella,
y no al juez de la pérdida de la investidura, por lo que estando en su entendimiento
dicha circunstancia justificativa de su ausencia de las sesiones plenarias, debió
acreditarlos para ser tenidos en cuenta en el trámite judicial correspondiente.
A su turno, el juez de primera instancia, mediante proveído del 30 de octubre de 2017,
además de incorporar las documentales allegadas por las partes, dispuso, como prueba
de oficio, ordenar a la Subsecretaria General de la Cámara de Representantes certificar
la asistencia de la exparlamentaria a las sesiones plenarias objeto de estudio,
aportando copia de las gacetas o registros electrónicos que justificaran la información
brindada, lo cual se allegó por dicha dependencia. Por lo tanto, la no incorporación de
los documentos referidos, es un hecho atribuible única y exclusivamente a la parte
sancionada.
En suma, no encuentra la Sala que se hubieren acreditado los presupuestos legales,
para estimar la pretensión de revisión bajo la causal invocada del numeral 1º del artículo
250 de la Ley 1437 de 2011, por lo que no tiene vocación de prosperidad.
2.3.2. Causal 5.ª del artículo 250 del CPACA:
Esta causal de revisión prevista en el numeral 5º del artículo 250 de la Ley 1437 de
2011, consistente en existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso,
se sustentó sobre cuatro supuestos que, en criterio de la demandante, configuran una
vulneración del derecho al debido proceso, así:
1. Desconocimiento del debido proceso probatorio
Lo anterior por cuanto se afirma que, en el juicio de pérdida de investidura, el juez de
instancia incurrió en un «defecto fáctico» por violación i) del principio de necesidad de
la prueba e ii) indebida apreciación de los indicios y presunciones.
En punto a la violación del principio de necesidad de la prueba, señala que no se
observa que la actuación probatoria de los jueces de investigación fuese de un todo
integral, pues, dentro del trámite sancionatorio nunca se indagó sobre posibles hechos
que justificaran la inasistencia de la congresista convocada, esto es, «si la Congresista
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presentaba permisos previos o concomitantes dentro del desarrollo de las sesiones o
en general justificaciones demostrativas de la ausencia». Además, argumenta, que las
certificaciones que hacen parte del acervo probatorio suscritas por la Subsecretaría
General de la Cámara de Representantes, contrario a lo afirmado en la decisión que se
recurre, informan sobre la asistencia de la excongresista Moreno Marmolejo a las
sesiones plenarias señaladas en la solicitud de pérdida de investidura, y registran
algunas excusas y solo reportan la inasistencia injustificada a cuatro (4) sesiones
plenarias que no alcanzan a configurar la causal del artículo 183.2 constitucional.
Por lo tanto, concluye que los medios de prueba, concretamente los contenidos en las
gacetas y las actas de las sesiones plenarias, al tenor del artículo 164 del CGP, relativo
a la necesidad de la prueba, no son suficientes para aplicar tan drástica sanción, que
afectan los derechos políticos de la actora. Así mismo, indica que, de cara a la
necesidad de la prueba en esta clase de procesos sancionatorios, como garantía
inescindible del derecho al debido proceso, la sentencia no puede sustentarse en «un
defecto fáctico».
En cuanto a la indebida apreciación de indicios y presunciones de la actividad
congresional, que en el caso concreto determinaron la sanción de desinvestidura, se
alega por la recurrente, que el juez de instancia se sustentó en indicios y presunciones
de hecho, en virtud de los cuales, ante la inexistencia de pruebas directas se dio por
acreditada la inasistencia parlamentaria en tanto no apareció registrado el voto nominal
de la accionada. En este sentido, agrega, que la pérdida de investidura por inasistencia
parlamentaria solo puede ser decretada por medios de prueba directos que arrojen
certeza en cada caso concreto. Por lo tanto, la decisión impugnada no obedece a la
verdad real y material, sino a una interpretación errada, carente de contenido y análisis
del acervo probatorio.
En orden a resolver este cargo, debe señalarse, que la causal de nulidad originada en
la sentencia no se estructura bajo la figura del «defecto fáctico» que se aduce en la
demanda, por dos razones fundamentales, a saber: a) porque desde una perspectiva
procesal, el vicio que se alega, más bien encuadra dentro de lo que la doctrina
constitucional denomina causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales91 en el marco del sistema de garantías de los derechos
fundamentales y no precisamente en el ámbito de las causales del recurso
extraordinario revisión y b) porque desde un enfoque material o sustancial, el contenido
argumentativo en que se soporta el defecto fáctico, sin duda, constituye un alegato de
instancia que demuestra la inconformidad de la accionante frente a la valoración
probatoria efectuada por el juzgador de la pérdida de investidura, lo cual, como ya se
ha reiterado, no tiene cabida en este medio extraordinario de impugnación.
En punto al defecto fáctico, se ha entendido que este se produce cuando el juez toma
una decisión sin que los hechos del caso se subsuman adecuadamente en el supuesto
de hecho que legalmente lo determinan, como consecuencia de una omisión en el
91 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, expediente D-5428, MP. Jaime Córdoba
Triviño.
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decreto o valoración de las pruebas; de una valoración irrazonable de las mismas; de
la suposición de una prueba o del otorgamiento de un alcance contraevidente92. En este
sentido, resulta importante recordar la definición que sobre el defecto fáctico ha
desarrollado la Corte Constitucional, en el ámbito de la acción de tutela, de la siguiente
manera:
Defecto fáctico. Se erige sobre la malinterpretación de los hechos expuestos en un
proceso, la cual deviene de una inapropiada valoración probatoria, bien porque el juez no
contaba con pruebas para sustentar sus afirmaciones, ora porque al estimar su valor
demostrativo fue arbitrario[93]. La Corte ha dicho que tal arbitrariedad debe ser “de tal
magnitud que pueda advertirse de manera evidente y flagrante, sin que quepa margen de
objetividad alguno que permita explicar razonablemente la conclusión a la cual llegó el
juez94. En igual sentido, es imprescindible que tal yerro tenga una trascendencia
fundamental en el sentido del fallo, de manera que si no se hubiera incurrido en él, el
funcionario judicial hubiera adoptado una decisión completamente opuesta[95]”.
Para que proceda el amparo, el juez de tutela “debe indagar si el defecto alegado tiene
incidencia en el respeto, vigencia y eficacia de los derechos fundamentales. De no ser
así, la posibilidad de controlar errores fácticos debe mantenerse en el marco de los
recursos de la legalidad, (…) precisándose que: “las diferencias de valoración en la
apreciación de las pruebas no constituyen defecto fáctico pues, si ante un evento
determinado se presentan al juez dos interpretaciones de los hechos, diversas pero
razonables, le corresponde determinar al funcionario, en el ámbito su especialidad, cuál
resulta más convincente después de un análisis individual y conjunto de los elementos
probatorios.”[96].97
A su vez, se ha señalado que el defecto fáctico, puede presentarse de dos formas, esto
es, en una dimensión positiva y negativa:
[L]a primera tiene ocurrencia en los eventos en que se decide acudiendo a argumentos
irrazonables, que hacen que la valoración probatoria sea por completo deficiente. La
segunda obedece a las omisiones del juzgador en la etapa probatoria. Puede
presentarse cuando no se decretan o no se practican pruebas relevantes para llegar al
conocimiento de los hechos, teniendo el deber de hacerlo[98]-99.
En el presente caso, las inconformidades que expresa la parte recurrente se enmarcan,
de un lado, en la dimensión negativa en tanto se argumentó que «nunca se investigó
dentro del trámite sancionatorio si la Congresista presentaba permisos previos o
concomitantes dentro del desarrollo de las sesiones o en general justificaciones
demostrativas de la ausencia»; de otro, en la dimensión positiva, por la «apreciación de
indicios y presunciones de la actividad congresional que, en el caso concreto,
determinaron la conclusión de inasistencia parlamentaria».
92 Corte Constitucional, Sentencia SU-198 de 2013, expediente T-3258107, MP. Luis Ernesto Vargas
Silva.
93 Cita original «SU-632 de 2017 basándose en las SU-195 de 2012, T-143 de 2011, T-456 de 2010 y T-
567 de 1998».
94 En la providencia se citó «[s]entencia T-456 de 2010. Recapitulada en la SU-632 de 2017».
95 Cita original «[s]entencia T-311 de 2009. Recapitulada en la SU-632 de 2017».
96 En la sentencia se citó «[s]entencia SU-222 de 2016».
97 Corte Constitucional, sentencia SU-072 de 5 de julio de 2018, expediente T-6.304.188 y T-6.390.556,
MP. José Fernando Reyes Cuartas.
98 Cita original «Cfr., Sentencias SU-337 de 2017 y T-074 de 2018».
99 Corte Constitucional, sentencia SU-129 de 6 de mayo de 2021, expediente T-7.975.759, MP. Jorge
Enrique Ibáñez Najar.
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Ahora bien, es importante recordar, que la misma jurisprudencia ha reconocido la
«innegable semejanza» entre la acción de tutela y el recurso extraordinario de revisión
cuando se busca proteger el derecho fundamental al debido proceso. El primer
instrumento lo hace de manera autónoma y residual y el segundo bajo el amparo de la
causal de nulidad originada en la sentencia, en tanto, «guardan identidad de causa
petendi y de petitum»100. Sin embargo, como sobre una misma causa no pueden existir
pronunciamientos judiciales concurrentes, la Corte, en garantía de la seguridad jurídica,
perfiló la subregla de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
de la siguiente manera:
5.8. Dicho de otro modo, la acción de tutela desplazará el recurso extraordinario de
revisión siempre que (i) el derecho fundamental cuya protección se solicita no sea
susceptible de ser protegido de manera integral dentro del trámite del recurso; y (ii) las
causales de revisión no se encuadren dentro de los hechos denunciados por el
accionante. En síntesis, para la Sala Plena “la acción de tutela se torna improcedente
cuando al interior de un proceso contencioso-administrativo se alega la vulneración al
debido proceso y este derecho fundamental es susceptible de ser protegido mediante el
trámite del recurso extraordinario de revisión”[101].
Bajo esta perspectiva, si bien la acción constitucional y el recurso extraordinario de
revisión comparten rasgos comunes en cuanto al restablecimiento de la justicia material
y la salvaguarda al debido proceso – este último, en materia de revisión, condicionado
a los supuestos que ha introducido la jurisprudencia del Consejo de Estado en el
alcance de la causal de nulidad originada en la sentencia –, ello no significa que estos
mecanismos excepcionales se instrumentalicen de manera indiscriminada provocando
una colisión innecesaria de medios de control que desquiciaría el sistema judicial, por
lo que, le corresponderá al juez realizar un minucioso examen que permita definir la
procedibilidad de cada mecanismo ante la circunstancia que se estime como violatoria
del debido proceso.
Precisado lo anterior, se impone concluir que, en el presente caso, al alegarse errores
en la actividad probatoria del juez que pudieran vulnerar el debido proceso, bajo la figura
del defecto fáctico, por i) violación del principio de necesidad de la prueba, en tanto, se
afirma que nunca se investigó dentro del trámite sancionatorio si la congresista obtuvo
permisos o justificaciones demostrativas de la ausencia en las sesiones y por haberse
incurrido en una ii) indebida apreciación de los indicios y presunciones que
determinaron la sanción, es que claro que el recurso extraordinario especial de revisión
resulta improcedente, por cuanto estas circunstancias no se enmarcan dentro de la
citada causal 5.ª de revisión, alusiva a la nulidad originada en la sentencia, pues, la
jurisprudencia ha venido dotando de contenido esta causal y en ninguno de los hechos
configurativos se inscribe lo narrado por la congresista.
De otro lado, desde un enfoque material o sustancial, el contenido argumentativo en el
que se soporta la demanda, constituye un alegato de instancia que demuestra la
100 Corte Constitucional, sentencia SU-073 de 20 de febrero de 2020, expediente T-6.728.155, MP.
Cristina Pardo Schlesinger.
101 En la providencia se citó «Corte Constitucional, Sentencia SU-263 de 2015, MP. Jorge Iván Palacio».
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inconformidad de la accionante frente a la valoración probatoria que efectuó el juzgador
al decretar la pérdida de investidura. En este orden, el recurso extraordinario de revisión
no puede confundirse con una instancia judicial que permita cuestionar la
fundamentación jurídica o probatoria para reabrir los problemas de fondo debatidos en
el proceso y resueltos en un fallo definitivo dotado del valor de cosa juzgada. Ello, dado
el carácter especial y excepcional del recurso extraordinario de revisión que, como lo
ha indicado la jurisprudencia de esta corporación, es un medio de control autónomo
cuya procedencia está condicionada a que se demuestre cualquiera de las causales
taxativamente fijadas en la ley, sin que sea admisible controvertir las razones fácticas,
jurídicas o probatorias que soportaron la decisión objeto de revisión, por cuanto las
instancias ordinarias del proceso fueron agotadas102.
En el presente caso, se observa que la congresista sancionada apeló la sentencia de
primera instancia y controvirtió no solo los fundamentos jurídicos de la decisión frente
al entendimiento de la causal prevista en el numeral 2.º del artículo 183 superior, relativa
al ausentismo parlamentario, sino la valoración probatoria que realizó el juez sobre los
distintos medios de prueba que arrojaron certeza sobre la inasistencia constitutiva de
la causal103. Ahora, mediante su escrito impugnatorio de revisión, replica los mismos
argumentos, por lo que se insiste, este remedio procesal extraordinario no sirve para
efectuar un nuevo examen probatorio. En suma, no se estructura la causal invocada,
pues claramente, lo que existe es un desacuerdo en la valoración probatoria que
condujo a un razonamiento distinto al que predica la parte accionante. En este orden,
las consideraciones que anteceden constituyen razón suficiente para desestimar el
cargo propuesto.
2. Irregularidad procesal al desconocerse los términos en el trámite de la segunda
instancia.
En la demanda de revisión se aduce que el trámite de pérdida de investidura, fue
iniciado bajo la vigencia de la Ley 144 de 1994 y se adecuó a las previsiones de la Ley
1881 de 2018, que desarrolló, entre otros aspectos, la garantía constitucional de la
doble instancia para esta clase de juicios sancionatorios. Al hilo de lo anterior, se señaló
que, en el trámite de la segunda instancia, se omitió lo dispuesto en el numeral 4.º del
artículo 14 ejusdem104, que establece que una vez admitido el recurso de apelación o
vencido el término probatorio, si a ello hubiere lugar, el magistrado ponente «deberá
registrar el proyecto de sentencia, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes» y citará
a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo para estudiar, discutir y decidir la
ponencia. A este respecto explica que, en el presente caso, una vez quedó notificada
la providencia que negó las pruebas en segunda instancia, el expediente ingresó al
102 Consejo de Estado, Sala Veintiuno Especial de Decisión, sentencia de 3 de abril de 2018, radicación:
11001-03-15-000-2014-00251-00, MP. Rafael Francisco Suárez Vargas.
103 Folios 340 a 390 del cuaderno núm. 2 del expediente físico. [Índice 15 de SAMAI. Documento:
«12_RECIBE-PRUEBAS […]», págs. 37 a 87].
104«ARTÍCULO 14. El recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia se sujetará a las
siguientes reglas: […] 4. Admitido el recurso o vencido el término probatorio, si a él hubiere lugar, el
magistrado ponente deberá registrar el proyecto de sentencia, dentro de los tres (3) días hábiles
siguientes y citará a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo para estudiar, discutir y decidir la
ponencia presentada. […]».
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despacho del magistrado sustanciador el 30 de mayo de 2018 y la ponencia fue
registrada el 7 de junio siguiente, es decir, seis (6) días después del ingreso para
fallo105, por lo tanto, estima que la inobservancia de esta regla, genera una nulidad de
la sentencia, de acuerdo con la causal 5.ª del artículo 250 del CPACA, por violación al
debido proceso.
Precisado lo anterior, debe decirse que el fundamento de la acusación no es una
situación que origine la nulidad de la sentencia que decretó la pérdida de investidura de
la congresista, al amparo de la causal 5.ª de revisión que se invoca. En primer lugar,
porque este hecho no se adecúa a ninguno de los supuestos previstos en el artículo
133 del CGP, constitutivos de nulidad procesal, ni tampoco a aquellos casos que la
jurisprudencia ha reconocido con fundamento en el artículo 29 superior, y que fueron
explicados precedentemente en esta providencia. Recuérdese que las irregularidades
procesales que tienen la virtualidad de afectar la validez del trámite, son solo aquellas
calificadas expresamente por la ley procesal en tanto se entienden sustanciales para
salvaguardar el debido proceso y la justicia material.
En este orden, el registro del fallo efectuado después de los tres (3) días hábiles
siguientes de haberse admitido el recurso o vencido el término probatorio, a que se
refiere el artículo 14 de la Ley 1881 de 2018, no puede entenderse como una
irregularidad sustancial que afecte el debido proceso, pues, habiéndose agotado todas
las etapas procesales y faltando solo el registro del fallo, sin que haya una actuación
posterior que implique la presencia de las partes o intervinientes, resulta
desproporcionado predicar dicha consecuencia jurídica.
No sobra precisar, a este respecto, que los términos procesales deben cumplirse con
la mayor diligencia, pero no todo desconocimiento de los mismos genera una nulidad
procesal, pues, es necesario que con el incumplimiento vaya aparejado un
desconocimiento grave de un valor fundante, un principio medular o un derecho
fundamental de las partes para que se configure la violación al debido proceso; de lo
contrario, se estaría dando prevalencia al derecho procesal o adjetivo sobre el
sustancial o material, lo cual pugna con el mandato contenido en el artículo 228 de la
Carta.
Además, el registro del fallo es un acto procesal que antecede a la sentencia, luego, el
hecho que aduce la recurrente no ocurre al momento de emitirse la decisión, ni hace
parte de su contenido, en consecuencia, no se inscribe en las previsiones del numeral
5.º del artículo 250 del CPACA. Por tanto, el cargo tampoco está llamado a prosperar.
3. Insuficiente defensa técnica.
En criterio de la recurrente, la actuación de su apoderado judicial dentro del proceso de
pérdida de investidura, estuvo marcada por la falta de técnica, en particular, al momento
105 Según las anotaciones en el SAMAI del trámite de pérdida de investidura con radicado 11001-03-15-
000-2018-00318-01, el asunto ingresó al despacho del ponente, Dr. Guillermo Sánchez Luque, para fallo
de segunda instancia el 30 de mayo de 2018 [índice 29], y la actuación de registro de proyecto de
sentencia data de 7 de junio de 2018 [índice 30].
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de presentar el escrito de oposición, pues, según alega, (i) no se dio respuesta por
separado y de manera explicativa a los catorce (14) hechos de la demanda, y (ii) no se
hizo solicitud de pruebas tendientes a demostrar la justificación de las inasistencias.
Por lo tanto, afirma que su representante judicial incurrió en una omisión o defecto
procesal en el escrito de oposición, lo cual es indicativo de una insuficiente defensa
técnica, que se tradujo en un detrimento de la garantía constitucional del debido
proceso, en el marco de un proceso sancionatorio, como lo es el de pérdida de
investidura.
En relación con esta censura, la Sala recuerda que el artículo 29 superior, en punto al
derecho de defensa, dispone:
Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado
escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido
proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que
se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos
veces por el mismo hecho.
A este respecto, particularmente en lo que respecta a la defensa técnica, que hace
parte de la garantía del debido proceso, la jurisprudencia la ha circunscrito
fundamentalmente al ámbito del debido proceso en materia penal, dado los bienes
jurídicos tutelados y las consecuencias jurídicas severas que comporta en relación con
la libertad de las personas. Sin embargo, también se ha dicho que nada se opone a que
el legislador, en ejercicio de su potestad de configuración, pueda extenderla a otros
tipos de procesos106.
En el juicio de pérdida de investidura, que es un proceso sancionatorio, el cual hace
parte del ius puniendi del Estado, las garantías del debido proceso tienen una clara
manifestación en relación con el derecho de defensa, en tanto, la Ley 1881 de 2018,
prevé que el congresista tiene derecho a ser convocado al proceso y ser oído antes de
ser vencido en juicio, así como a ser asistido por abogado o actuar en nombre propio,
si lo prefiere (art. 9.º); a presentar sus propias razones y argumentos de defensa y
solicitar y aportar pruebas, (art. 10.º); a controvertir las pruebas que se practiquen o que
se presenten en su contra y presentar alegaciones finales (art.12); a interponer los
recursos que le confiere la ley (art. 14 y 19) y que no sea juzgado dos veces por el
mismo hecho, esto es, a la garantía del non bis in idem (parágrafo, art. 1.º).
En el caso concreto se advierte que, la exrepresentante acudió al proceso en defensa
de sus derechos, por conducto de apoderado, tal y como consta en el escrito de
oposición107. De igual manera, intervino en la audiencia pública108 de que tratan los
artículos 11 y 12 de la Ley 1881 de 2018, por lo que tuvo oportunidad de controvertir la
106 Corte Constitucional, C-328 de 29 de abril de 2003, expediente D-4224, MP. Manuel José Cepeda
Espinosa [Citada en la sentencia C-064 de 18 de marzo de 2021, expediente D-13.802, MP. Cristina
Pardo Schlesinger].
107 Folios 93 a 112 del cuaderno núm. 1 del expediente físico. [Índice 15 de SAMAI. Documento
«14_RECIBE PRUEBAS […]», págs. 103 a 122].
108 Folios 219 a 239 del cuaderno núm. 1 del expediente físico. [Índice 15 de SAMAI. Documento
«14_RECIBE PRUEBAS […]», págs. 280 a 300].
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acusación. Aportó las documentales que consideró pertinentes para integrar el acervo
probatorio. Así mismo, formuló recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia109, e incluso interpuso recurso de súplica contra el auto de 23 de abril de 2018
que negó pruebas solicitadas en segunda instancia110, todo lo cual, evidencia que la
sanción se impuso con apego a la garantía constitucional del debido proceso de la
accionada.
Ahora bien, la labor de defensa del apoderado, como acto procesal, es un ejercicio
autónomo que no puede afectar la validez de la sentencia, pues conviene recordar, que
la causal de revisión prevista en el numeral 5.º del artículo 250 del CPACA, exige que
el vicio no tenga su génesis en el devenir litigioso, sino que emerja del mismo fallo111.
Nótese que la recurrente sustenta la causal de nulidad originada en la sentencia a partir
de la inconformidad con la actuación de su representante judicial, esto es, sobre
aspectos inmanentes al proceso que no estructuran la causal invocada, pues, se
lamenta de que su abogado no dio respuesta por separado y de manera explicativa a
los catorce (14) hechos de la demanda, y no hizo solicitud de pruebas tendientes a
demostrar la justificación de las inasistencias. En este orden, las anteriores
circunstancias, no pueden alterar la cosa juzgada que acompaña al fallo de pérdida de
investidura, en tanto no se originan al momento de su emisión, ni constituyen un hecho
excepcional que no pudo alegarse en su oportunidad durante el trámite del proceso. En
consecuencia, esta alegación tampoco está llamada a prosperar.
4. Desconocimiento del precedente judicial
La parte recurrente considera que la decisión impugnada desconoce el precedente
jurisprudencial en materia de ausentismo parlamentario. Para ello, se refiere, de
manera particular, a la sentencia proferida por la Sala Trece Especial de Decisión de
Pérdida de Investidura el 26 de abril de 2018112, para señalar de manera expresa que
los jueces de instancia en su afán de sentar un precedente inconstitucional, en relación
con este caso, consideraron que una asistencia parcial a la sesión plenaria, esto es, el
ingreso al recinto y el retiro transitorio, incluso en el momento de una votación nominal,
es suficiente para acreditar el ausentismo parlamentario o «turismo legislativo», lo cual
va en contravía de la tesis fijada por esta corporación y desconoce de tajo la presunción
de asistencia en las votaciones ordinarias que tuvieron lugar en el desarrollo de las
plenarias, en tanto no existe prueba que demuestre el retiro o ausencia durante las
sesiones.
En punto a esta censura, se impone precisar que el recurso extraordinario de revisión
no está previsto para revisar una sentencia por el desconocimiento del precedente, esto
es, el desconocimiento de un pronunciamiento emitido con anterioridad, por el mismo
109 Folios 340 a 390 del cuaderno núm. 2 del expediente físico. [Índice 15 de SAMAI. Documento:
«12_RECIBE-PRUEBAS […]», págs. 37 y 87].
110 Folios 472 a 477 del cuaderno núm. 2 del expediente físico. [Índice 15 de SAMAI. Documento:
«12_RECIBE-PRUEBAS […]», págs. 232 y 237].
111 Consejo de Estado, Sala Veintitrés Especial de Decisión, sentencia de 1.º de octubre de 2019,
radicación: 11001-03-15-000-2015-01130-00 (REV), MP. Carlos Alberto Zambrano Barrera.
112 Radicación: 11001-03-15-000-2018-00780-00, MP. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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juez, (precedente horizontal) o su superior jerárquico, (precedente vertical), sobre un
caso que comparte perfiles fácticos y jurídicos similares al que se estudia. La
inobservancia de la fuerza vinculante del precedente por el juzgador de instancia, tiene
previsto en el ordenamiento jurídico colombiano y especialmente en la Ley 1437 de
2011, otro tipo de instrumentos de corrección, como el recurso extraordinario de
unificación de jurisprudencia, cuando el precedente que se desconoce es una sentencia
de unificación del Consejo de Estado (art. 258); el mecanismo de revisión eventual, en
tratándose de procesos promovidos para la protección de derechos e intereses
colectivos y la reparación de daños causados a un grupo, cuando la providencia objeto
de la solicitud de revisión se oponga a una sentencia de unificación del Consejo de
Estado o a jurisprudencia reiterada de esta corporación (art. 273); o, como ultima ratio,
la acción de tutela contra providencia judicial, por violación del precedente para
garantizar no solo la vigencia de la igualdad y seguridad jurídica.
Así se ha pronunciado esta corporación, indicado, de manera consistente, que el
desconocimiento del precedente no constituye una causal de revisión, en tanto no
configura un vicio de aquellos previstos en la ley, ni constituye una hipótesis que
configure la causal de nulidad originada en la sentencia, conforme el numeral 5.º del
artículo 250 del CPACA.
5.2.3.- En ese sentido, en los términos en que fue propuesto el cargo, es evidente que la
causal de revisión no tiene vocación de prosperar, toda vez que el defecto que se predica
de la sentencia objeto de revisión –violación del derecho a la igualdad por el
desconocimiento del precedente jurisprudencial del Consejo de Estado-, no corresponde
a alguno de los presupuestos que podrían viciarla de nulidad.
Lo cierto es que la violación al precedente alegada, aun si fuera cierta, no constituye vicio
formal de la sentencia, ni violación del debido proceso, ni, mucho menos, alguna de las
causales taxativas previstas por el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil o 133
del Código General del Proceso, por lo que no es competencia del juez revisor analizar,
por esta vía judicial, los argumentos expuestos por Audifarma al respecto[113].
5.2.4.- El recurso extraordinario de revisión no procede para revisar una sentencia por el
desconocimiento del precedente judicial, pues esta no es una causal prevista por el
legislador para el efecto.
Debe advertirse que cuando se trate del desconocimiento del precedente judicial –esto
es, la sub regla jurídica fijada en la respectiva sentencia o sentencias que tengan la
entidad de precedente-, la legislación prevé el denominado recurso extraordinario de
unificación de jurisprudencia, procedente, sí, contra las sentencias de única y segunda
instancia proferidas por los tribunales administrativos, cuando contraríen o se opongan a
una sentencia de unificación del Consejo de Estado, en los términos de los artículos 256
a 268 del CPACA.
De no proceder el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, tendría cabida
la acción de tutela contra providencia judicial para garantizar la aplicación de una
sentencia de unificación o de un precedente judicial, en los términos expuestos por la
Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005, con el fin de proteger el derecho
fundamental de igualdad.
113 En la providencia se citó «Cfr. Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 19 de julio de 2012.
Radicado: 13001-23-31-000-2007-00173-01(REV). Consejero ponente: Mauricio Torres Cuervo».
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Téngase en cuenta que la misma Corte ha aceptado el estudio de la acción de tutela
contra providencias judiciales impugnadas por el desconocimiento del precedente y, por
ende, por la violación del derecho a la igualdad, al considerar que el recurso extraordinario
de revisión no es el mecanismo judicial idóneo para atacar dicho vicio o defecto de la
sentencia, ya que no fue previsto por el legislador como una causal de dicho recurso.[114].
Sea lo que fuere, lo cierto es que su alegación no opera por la vía del recurso
extraordinario de revisión115.
Por lo demás, no se advierte que, en el presente caso, la sentencia censurada vaya en
contravía de los desarrollos jurisprudenciales que esta corporación ha venido
señalando; por el contrario, guarda coherencia con la línea jurisprudencial de la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo fijada en la sentencia del 1.º de agosto de
2017116, en punto al alcance de la causal de pérdida de investidura del numeral 2.º del
artículo 183 de la Constitución Política117.
En suma, conforme al análisis que antecede, se impone concluir que el recurso
extraordinario especial de revisión contra la sentencia que decretó la pérdida de
investidura de la exrepresentante Luz Adriana Moreno Marmolejo, no está llamado a
prosperar toda vez que lo alegado por la recurrente no se adecúa a las causales
previstas en los numerales 1.º y 5.º del artículo 250 del CPACA, por lo que se declarará
infundado.
2.3.3. Condena en costas
En relación con este aspecto, cabe señalar que la Ley 1437 de 2011, en punto al
recurso extraordinario de revisión, no estableció ninguna disposición en materia de
costas procesales, razón por la cual se acudía a la regulación general contenida en el
artículo 188 de este estatuto procesal, que adoptaba el criterio objetivo-valorativo118, en
114 Cita original «Cfr. Corte Constitucional. Sentencias T-100 de 2010, T-918 de 2010 y T-830 de 2012».
115 Entre otras sentencias, se pueden ver: (i) Consejo de Estado, Sala Trece Especial de Decisión,
sentencia de 7 de abril de 2015, expediente 11001-03-15-000-2013-02724-00 (REV), MP. Jorge Octavio
Ramírez Ramírez; (ii) Consejo de Estado, Sala Veintidós Especial de Decisión, sentencia de 18 de
febrero de 2022, radicación: 11001-03-15-000-2019-05088-00 (REV), MP. Luis Alberto Álvarez Parra;
(iii) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 17 de junio de 2022, radicación:
11001-03-26-000-2021-00204-00 (REV), MP. Martha Nubia Velásquez Rico, entre otras.
116 Según el índice 119 de SAMAI del proceso de pérdida de investidura, radicación: 11001-03-15-000-
2014-00529-00 (PI), MP. Danilo Rojas Betancourth, en el que se dictó la sentencia de 1.º de agosto de
2017, fue notificada por estado el día 30 de ese mes y año, por lo que cobró ejecutoria a los tres días
siguientes, conforme el artículo 302 del CGP, por tanto, quedó en firme el 4 de septiembre de 2017. Por
otra parte, y como se anotó en los antecedentes de esta providencia, la solicitud de pérdida de investidura
contra Luz Adriana Moreno Marmolejo fue formulada el 21 de septiembre de 2017.
117 Tesis reiterada con posterioridad al fallo censurado por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,
entre otras decisiones: (i) sentencia de 5 de febrero de 2019, radicación: 11001-03-15-000-2018-02035-
01(PI), MP. Stella Jeannette Carvajal Basto; (ii) sentencia de 27 de marzo de 2019, radicación: 11001-
03-15-000-2018-02151-01(PI), MP. Roberto Augusto Serrato Valdés; (iii) sentencia de 7 de mayo de
2019, radicación:11001-03-15-000-2018-02332-01(PI), MP. Julio Roberto Piza Rodríguez; (iv) sentencia
de 19 de noviembre de 2019, radicación: 11001-03-15-000-2018-02405-01 (PI), MP. Rocío Araújo Oñate.
118 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia de 7 de abril de 2016, radicación: 15001-23-33-000-2012-00162-01, MP. William Hernández
Gómez; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, providencia de 13
de diciembre de 2018, número único de radicación 11001-03-24-000-2016-00162-01, MP. Oswaldo
Giraldo López; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de
12 de diciembre de 2018, radicación 25000233700020140111501, MP. Milton Chaves García.
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Recurso extraordinario especial de revisión de pérdida de investidura
Radicado: 11001-03-15-000-2020-03585-00
Demandante: Luz Adriana Moreno Marmolejo
virtud de la remisión ordenada por la misma disposición al Código General del Proceso
(artículos 365 y 366); sin embargo, con la expedición de la Ley 2080 de 2021, artículo
70, se introdujo una modificación al artículo 255 del CPACA, al cual se incorporó un
inciso del siguiente tenor:
Si se declara infundado el recurso, se condenará en costas y perjuicios al recurrente.
Así las cosas, a partir de la vigencia de la Ley 2080 de 2021, se acogió un criterio
meramente objetivo para la condena en costas en el recurso extraordinario de revisión,
aplicable al proceso de pérdida de investidura por remisión del artículo 21 de la Ley
1881 de 2018, cuando dicho recurso sea declarado infundado.
La razón de esta reforma se explica por el carácter excepcional del recurso
extraordinario de revisión, el cual procede contra sentencias debidamente
ejecutoriadas, lo que impone una carga adicional para quien recurre a través de este
mecanismo de impugnación, en procura de romper el atributo de la cosa juzgada, en
cuanto dicho recurso debe interponerse con estricta sujeción a las causales
taxativamente señaladas en la ley, atendiendo su naturaleza restringida que impide
convertirlo en un juicio de instancia, en desmedro de la seguridad jurídica, la certeza y
estabilidad de los fallos judiciales. Por lo tanto, se buscó con este ajuste normativo
hacer más exigente la evaluación por parte de quien acude a este medio excepcional
de impugnación, para impedir que se active, por segunda vez, el aparato jurisdiccional
del Estado, sin fundamento alguno.
Ahora bien, en el presente caso no se condenará en costas a la parte recurrente, pese
a haberse desestimado el recurso extraordinario de revisión, dado que dicho recurso
se radicó el 6 de agosto de 2020119, esto es, con anterioridad a la entrada en vigencia
de la Ley 2080 de 2021, por lo que debe acudirse a las normas generales sobre
condenas en costas previstas en el artículo 188 en su texto original. De acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 86 de Ley 2080 de 2021, en armonía con el artículo 40 de la
Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 del CGP, las disposiciones de la Ley
2080 se aplican a los trámites iniciados a partir de su vigencia, por lo que los recursos
interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las
diligencias y los términos que hubieren comenzado a correr, se rigen «por las leyes
vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron
las audiencias o diligencias […]».
En este orden de ideas, bajo el marco normativo anterior, se impone aplicar el criterio
objetivo-valorativo de la condena en costas; según el cual, es objetivo porque implica
que no resulta de un obrar temerario o de mala fe, o siquiera culpable de la parte
condenada, sino que es el resultado de su derrota en el proceso o de la desestimación
del recurso propuesto y, a la vez valorativo, porque se requiere que el juez revise si las
mismas se causaron y, en la medida de su comprobación, bien sea, por los gastos
119 Índice 3. Documento «EXPEDIENTE DIGITAL-1-REER PI […]», pág. 3, enlace digital de archivo .pdf,
pág. 1.
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Radicado: 11001-03-15-000-2020-03585-00
Demandante: Luz Adriana Moreno Marmolejo
ordinarios del proceso en que hubiere incurrido la parte que salió avante en el proceso
o por la actividad del abogado realizada efectivamente dentro del proceso.
Por consiguiente, en el caso concreto no procede la condena en costas, dado que no
se advierte que las mismas se hubieren causado y estuvieren acreditados gastos del
proceso, como tampoco agencias en derecho, pues la contraparte ni siquiera contestó
el recurso extraordinario, según constancia que obra en el índice 12 de SAMAI, ni tuvo
actuación alguna en el trámite procesal, razón por la cual no se cumplen las exigencias
del artículo 365 numeral 8.º del CGP, según el cual, «[s]ólo habrá lugar a costas cuando
en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación».
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
Ley,
FALLA:
PRIMERO: Declarar infundado el recurso extraordinario especial de revisión
presentado contra la sentencia de 13 de junio de 2018, dictada por la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, que confirmó el fallo de 5 de marzo
de 2018, a través del cual se decretó la pérdida de investidura de Luz Adriana Moreno
Marmolejo.
SEGUNDO: No hay lugar a condenar en costas a la parte recurrente.
TERCERO: En firme esta providencia, archivar el expediente.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo en sesión celebrada en la fecha.
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Presidente
Ausente con excusa
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrado Magistrada
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Magistrado Magistrada
Aclara el voto
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Recurso extraordinario especial de revisión de pérdida de investidura
Radicado: 11001-03-15-000-2020-03585-00
Demandante: Luz Adriana Moreno Marmolejo
MILTON CHAVES GARCÍA JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Magistrado Magistrado
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Magistrado Magistrada
Aclara el voto
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
Aclara el voto Aclara el voto
MARÍA ADRIANA MARÍN ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrada Magistrado
Aclara el voto
CÉSAR PALOMINO CORTÉS NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Magistrado Magistrada
Aclara el voto
WILSON RAMOS GIRÓN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Magistrado Magistrado
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Magistrado Magistrado
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado Magistrado
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Radicado: 11001-03-15-000-2020-03585-00
Demandante: Luz Adriana Moreno Marmolejo
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrada Magistrado
Aclara y salva parcialmente el voto Ausente con excusa
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx
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