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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2025-00018-00

Fecha
17 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2025-00018-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Miller Rodríguez Gutiérrez en contra de la sentencia proferida el 28 de mayo de 2024 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-42-049-2020-00162-01. Segundo: No condenar en costas. Tercero: Archivar el expediente del recurso extraordinario de revisión, previas las anotaciones pertinentes en el sistema de información de gestión de procesos Samai. Cuarto: Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión. Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR Aclara voto Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 16 Radicado: 11001-03-25-000-2025-00018-00 (0057-2025) Demandante: Miller Rodríguez Gutiérrez Firmado electrónicamente JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. LAVM Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2025-00018-00

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

17 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Radicado: 11001-03-25-000-2025-00018-00 (0057-2025)
Demandante: Miller Rodríguez Gutiérrez
Demandado: Nación, Ministerio de Educación, Fondo Nacional de
Providencia Prestaciones Sociales del Magisterio1
recurrida: Sentencia proferida el 28 de mayo de 2024 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F

Tema: Causal 1 de revisión del artículo 250 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo2

Sentencia de revisión

Asunto

La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Miller
Rodríguez Gutiérrez contra la sentencia proferida el 28 de mayo de 2024 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, en
el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido en contra del
Fomag.

1. Antecedentes

1.1. Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho

1. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
previsto en el artículo 138 del CPACA, Miller Rodríguez Gutiérrez presentó una
demanda en orden a que se declarara la nulidad parcial de la Resolución 1779
del 6 de marzo de 2020, por medio de la cual se le negó el reconocimiento de la
pensión de jubilación por aportes3.

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó: (i) el reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes equivalente
al 75% de los salarios y primas percibidos con anterioridad a la consolidación del
estatus pensional, «es decir a partir de 16 de junio de 2015, por haber completado las

1 En lo sucesivo Fomag.
2 En adelante CPACA.
3 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«4ED_EXPEDIENTE_OneDrive_2_1612025zi(.zip) NroActua 2», carpeta
«4_EXPEDIENTEDIGI_EXPEDIENTE_OneDrive_2_1612025zi_0_20250116115242812»,
archivo «002Demanda.pdf».

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Demandante: Miller Rodríguez Gutiérrez

1000 semanas de aportes y los 60 años de edad» [sic], sin exigir el retiro definitivo del
servicio y en compatibilidad con el salario devengado como docente oficial; (ii) la
inclusión en nómina de pensionados desde la consolidación del derecho; (iii) el
ajuste de las sumas que resultaran; (iv) el pago de los intereses a los que hubiera
lugar; (v) el cumplimiento de la sentencia en los términos previstos en los artículos
192 y 195 del CPACA; y (vi) la condena en costas a la entidad demandada.

1.1.1. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho, se señalaron los siguientes:

3.1. Miller Rodríguez Gutiérrez nació el 16 de junio de 1955; efectuó aportes al
antiguo Instituto de Seguros Sociales4, hoy Administradora Colombiana de
Pensiones5; y acreditó un total de 1.482.71 semanas de cotización.

3.2. Entre los años 1998 y 2006 prestó sus servicios en el Ministerio de Defensa
Nacional.

3.3. Enel año 2007 se vinculó a la docencia oficial y, para la fecha de
presentación de la demanda, continuaba en servicio como docente.

3.4. El derecho pensional lo consolidó el 16 de junio de 2015, fecha en la que
cumplió 60 años de edad y contaba con más de 1000 semanas de aportes.

3.5. Mediante la Resolución 1779 del 6 de marzo de 2020, se le negó el
reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes. Para adoptar esa decisión
se tuvo en cuenta el cumplimiento de los 60 años de edad y la acreditación de
1300 semanas de cotización.

1.2. Sentencia de primera instancia

4. El Juzgado Cuarenta y Nueve Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá,
en sentencia del 12 de diciembre de 2022 negó las pretensiones de la demanda6.
Para el efecto, consideró:

4.1. El régimen pensional aplicable dependía de la fecha de vinculación al servicio
público educativo oficial. Así entonces, los docentes vinculados antes de la
entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 se encontraban sometidos al régimen
anterior, mientras que quienes ingresaron con posterioridad se regían por el
régimen de prima media previsto en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.

4.2. Miller Rodríguez Gutiérrez se vinculó a la Secretaría de Educación de Bogotá
el 19 de enero de 2007, una vez superado el período de prueba, fue nombrado
en propiedad a partir del 20 de junio de 2008. Por tanto, su ingreso al servicio

4 En lo que sigue ISS.
5 En adelante Colpensiones.
6 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«4ED_EXPEDIENTE_OneDrive_2_1612025zi(.zip) NroActua 2», carpeta
«4_EXPEDIENTEDIGI_EXPEDIENTE_OneDrive_2_1612025zi_0_20250116115242812»,
archivo «009Sentencia de primera instancia.pdf».

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Demandante: Miller Rodríguez Gutiérrez

educativo oficial ocurrió con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812
de 2003.

4.3. No era procedente el reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes
prevista en la Ley 71 de 1988, pues el demandante no acreditó ser beneficiario
del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Para el 1 de abril
de 1994 tenía 39 años de edad y no fue posible establecer que para esa fecha
contara con 15 años o más de servicios cotizados. Además, aun si se admitiera
el cumplimiento de este último requisito, habría alcanzado el estatus pensional el
16 de junio de 2015, esto es, después del límite temporal previsto en el Acto
Legislativo 01 de 2005 para la aplicación del régimen de transición.

4.4. El derecho pensional pretendido se encontraba regido por la Ley 100 de 1993
y sus modificaciones, de conformidad con el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 y
el Acto Legislativo 01 de 2005, y no por la Ley 71 de 1988.

4.5. Aunque se verificó que el demandante reunía la edad y las semanas de
cotización requeridas para acceder a la pensión bajo el régimen general, fue
improcedente ordenar su reconocimiento en los términos pretendidos, pues
continuaba en servicio activo y pretendía percibir simultáneamente la mesada
pensional y el salario como docente. De conformidad con lo previsto en la Ley
100 de 1993, debía acreditarse el retiro definitivo del servicio para el disfrute de
la prestación.

1.3. El recurso de apelación

5. La parte demandante solicitó la revocatoria de la sentencia de instancia y, en
su lugar, que se declarara la nulidad del acto administrativo demandado y se le
reconociera de una pensión de jubilación por aportes conforme con la Ley 71 de
1988, en cuantía equivalente al 75% del promedio de los salarios que sirvieron
de base para efectuar los aportes durante el año de consolidación del estatus
pensional, sin exigirle el retiro definitivo del cargo docente. Para ello consideró
que7:

5.1. El juzgado examinó el derecho pensional con fundamento en el régimen de
transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pese a que no fue
invocado en la demanda. La controversia se fundó en el régimen previsto en el
artículo 81 de la Ley 812 de 2003 y en la aplicación de las disposiciones
anteriores a su vigencia, en particular, la Ley 71 de 1988.

5.2. Para definir el régimen aplicable debió valorarse integralmente su historia
laboral, pues prestó servicios en el sector público y efectuó cotizaciones a
Colpensiones antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.
Circunstancias que le otorgaron una expectativa pensional amparada por la Ley
71 de 1988, que permitía acumular los tiempos de servicio y las cotizaciones
efectuadas para completar los 20 años de servicios exigidos para acceder a la
pensión de jubilación por aportes.

7 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«4ED_EXPEDIENTE_OneDrive_2_1612025zi(.zip) NroActua 2», carpeta
«4_EXPEDIENTEDIGI_EXPEDIENTE_OneDrive_2_1612025zi_0_20250116115242812»,
archivo «010Recurso apelación dte..pdf».

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Demandante: Miller Rodríguez Gutiérrez

5.3. El reconocimiento de la prestación no estaba condicionado al retiro definitivo
del servicio, porque la pensión de jubilación era compatible con el salario
percibido por el ejercicio de la docencia oficial. Lo anterior, en consideración a lo
previsto, entre otras disposiciones, en el artículo 19 de la Ley 4 de 1992, así como
en la jurisprudencia del Consejo de Estado relativa a la excepción aplicable a los
docentes pensionados.

1.4. Sentencia de segunda instancia objeto de revisión

6. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F,
en la sentencia del 28 de mayo de 2024 revocó la decisión de primera instancia
y, en su lugar, declaró la nulidad parcial del acto administrativo demandado y
ordenó el reconocimiento de la pensión de jubilación a favor de Miller Rodríguez
Gutiérrez, con fundamento en las leyes 100 de 1993, 797 y 812 de 2003, a partir
del 16 de junio de 2012, fecha para la cual adquirió el estatus pensional,
condicionada al retiro definitivo del servicio para su disfrute8.

7. La decisión se fundamentó en las siguientes consideraciones:

7.1. La determinación del régimen pensional de los docentes dependía de la fecha
de ingreso o vinculación al servicio público educativo oficial. De acuerdo con el
artículo 81 de la Ley 812 de 2003, el parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo
01 de 2005 y la sentencia de unificación del Consejo de Estado SUJ-014-CE-S2-
2019 del 25 de abril de 2019, quienes se vincularon antes de la vigencia de
aquella ley estaban sometidos al régimen anterior, mientras que a los vinculados
con posterioridad les resultaba aplicable el régimen de prima media previsto en
las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con excepción de la edad, fijada en 57
años.

7.2. El reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes prevista en la Ley
71 de 1988 no era procedente. Aunque el demandante acreditó 750 semanas de
cotización al 25 de julio de 2005, no consolidó el derecho antes de finalizar el año
2014, como lo exigía el Acto Legislativo 01 de 2005, pues cumplió los 60 años de
edad en junio de 2015.

7.3. La vinculación al servicio público educativo oficial se produjo el 19 de enero
de 2007, esto es, con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de
2003. El desempeño del actor como docente en el Colegio Nuestra Señora de
Fátima de la Policía Nacional, entre 1998 y 2006, n o constituyó una vinculación
como docente nacional en los términos de la Ley 91 de 1989, pues su
nombramiento no fue efectuado por el gobierno nacional, sino por una entidad
adscrita a la institución policial, y los respectivos aportes se realizaron al
Colpensiones y no al Fomag.

7.4. En consecuencia, el régimen pensional aplicable era el previsto en las leyes
100 de 1993, 797 y 812 de 2003. Bajo esas disposiciones, se acreditaron los

8 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«4ED_EXPEDIENTE_OneDrive_2_1612025zi(.zip) NroActua 2», carpeta
«4_EXPEDIENTEDIGI_EXPEDIENTE_OneDrive_2_1612025zi_0_20250116115242812»,
archivo «012SentenciaTribunalRevoca.pdf».

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Demandante: Miller Rodríguez Gutiérrez

requisitos de 57 años de edad y 1300 semanas de cotización, por lo que el
estatus pensional se consolidó el 16 de junio de 2012. Para efectos del ingreso
base de liquidación9 debían tenerse en cuenta los factores sobre los cuales se
efectuaron o debieron efectuar aportes al Sistema General de Seguridad Social,
previstos en el Decreto 1158 de 1994, bajo los parámetros del artículo 21 de la
Ley 100 de 1993.

7.5. La pensión reconocida era incompatible con el salario percibido como
docente, porque el demandante se encontraba sometido al régimen previsto en
el Decreto Ley 1278 de 2002 y en la Ley 812 de 2003. Por tanto, el disfrute
efectivo de la prestación estaba condicionado al retiro definitivo del servicio.

1.5. Recurso extraordinario de revisión

8. MillerRodríguez Gutiérrez interpuso recurso extraordinario de revisión en
contra de la sentencia proferida el 28 de mayo de 2024 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F. Lo anterior
con fundamento en la causal establecida en el numeral 1 del artículo 250 del
CPACA10. Para tal efecto, consideró lo siguiente:

8.1. La causal invocada se configuró por la existencia de documentos que no
fueron aportados al proceso ordinario y que permitirían acreditar la vinculación
del recurrente como docente estatal con anterioridad a la entrada en vigencia de
la Ley 812 de 2003. Tales elementos resultarían decisivos para determinar el
régimen pensional aplicable y, en particular, la procedencia de la pensión de
jubilación por aportes prevista en la Ley 71 de 1988.

8.2. Como prueba recobrada se aportaron las siguientes certificaciones:

(i) Del 28 de enero de 2001 expedida por la «Fundación para el Desarrollo de la
Educación, la Cultura y el Deporte – FUNDECUD», relativa a su labor como docente
de sistemas en el «Colegio Conaldi J.T.» a partir del 21 de febrero de 2000;

(ii) del 28 de abril de 2006 expedida por la rectora de la Institución Educativa
Departamental Diversificado, según la cual prestó sus servicios como profesor de
tiempo completo en la especialidad de informática durante el año 2000 y entre el
14 de febrero de 2001 y el 30 de noviembre de 2002; y

(iii) del 31 de agosto de 2018 emitida por «FECONAL (Fondo Empleados Colegio
Nacional)», en la que constaba su desempeño como docente de informática en
la institución durante los años 2001 y 2002, mediante convenio con el municipio
de Chía.

8.3. La falta de incorporación de esos documentos al proceso ordinario obedeció
a que no contaba con ellos ni conocía su existencia para esa oportunidad, pese
a haber aportado los elementos probatorios que se encontraban a su alcance.

9
En adelante IBL.
10 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«4ED_EXPEDIENTE_OneDrive_2_1612025zi(.zip) NroActua 2», carpeta
«4_EXPEDIENTEDIGI_EXPEDIENTE_OneDrive_2_1612025zi_0_20250116115242812»,
archivo «017RecursoExtraordinarioRevisiónDte.pdf», folios 1 a 18.

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Por ello, la imposibilidad de allegarlos oportunamente no podía atribuirse a falta
de diligencia, pues se trató de documentos que materialmente no estaba en
condiciones de presentar.

8.4. El carácter decisivo de las certificaciones obedecía a que demostraban el
ejercicio de funciones docentes en instituciones educativas oficiales durante los
años 2000, 2001 y 2002, esto es, antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003.
Bajo el principio de primacía de la realidad sobre las formas, la modalidad
contractual mediante la cual se prestó el servicio no impedía reconocer, para
efectos pensionales, la calidad de docente oficial. Lo anterior, en atención a la
postura del Consejo de Estado relativa al cómputo de servicios docentes
prestados mediante contratos o mecanismos de intermediación.

1.6. Contestación del recurso extraordinario de revisión

9. La parte demandada no se pronunció en la instancia procesal.

1.7. Intervención del Ministerio Público

10. El procurador delegado ante el Consejo de Estado solicitó que se declarara
infundado el recurso extraordinario de revisión, con base en los siguientes
argumentos11:

10.1. Tal recurso no podía utilizarse para corregir o subsanar deficiencias
probatorias del proceso ordinario. En este caso, correspondió a la parte
demandante acreditar que su vinculación al servicio docente oficial ocurrió antes
de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, presupuesto necesario para
examinar el derecho pensional con fundamento en la Ley 71 de 1988.

10.2. La configuración de la causal prevista en el numeral 1 del artículo 250 del
CPACA exige que los documentos hubieran sido encontrados o recobrados
después de la sentencia y que su falta de aportación durante el proceso
obedeciera a fuerza mayor, caso fortuito u obra de la parte contraria,
circunstancias que debían estar debidamente acreditadas. De esta manera, la
revisión no era una oportunidad para suplir la falta de actividad probatoria de las
partes.

10.3. Las certificaciones aportadas con el recurso eran del 28 de enero de 2001 y
31 de agosto de 2018, es decir, fueron expedidas antes de la sentencia objeto de
revisión. Además, ambas se emitieron a solicitud del interesado, por lo que el
recurrente las tuvo en su poder desde antes de que se profiriera la decisión
judicial. Tampoco se acreditó que la imposibilidad de aportarlas al proceso
ordinario obedeciera a fuerza mayor, caso fortuito u obra de la parte contraria.

10.4. Aun si las certificaciones fueran valoradas como prueba recobrada, carecían
de la entidad suficiente para modificar el sentido de la sentencia, pues el
demandante no consolidó el derecho a la pensión de jubilación por aportes antes
del 31 de diciembre de 2014. Aunque acreditó 750 semanas de cotización al 25

11 Samai, índice 15, actuación «RECIBE MEMORIALES ONLINE», documento
«Memorial_FLF_18Concepto(.pdf) NroActua 15», archivo
«18_18_110010325000202500018001YYY07235136».

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Demandante: Miller Rodríguez Gutiérrez

de julio de 2005, cumplió los 60 años de edad exigidos por la Ley 71 de 1988 en
junio de 2015.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

11. Esta Sala es competente para decidir el presente recurso extraordinario de
revisión de conformidad con lo regulado en el artículo 249 del CPACA, que
estableció «[d]e los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas
por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo
de Estado según la materia». Asimismo, de acuerdo con el criterio de especialidad,
le corresponde a la Sección Segunda conocer de los asuntos laborales, según el
artículo 13 numeral 3 del Reglamento Interno del Consejo de Estado12 de la Sala
Plena de esta corporación.

2.2. Legitimación en la causa

12. En el asunto objeto de estudio, Miller Rodríguez Gutiérrez se encuentra
legitimado para actuar como demandante, comoquiera que tuvo igual calidad
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento presentado contra el Fomag y
en el cual se profirió la sentencia que se recurre en esta oportunidad.

2.3. Oportunidad para presentar el recurso

13. En este caso, se observa que la sentencia proferida el 28 de mayo de 2024
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
F, se notificó el 11 de junio de 2024 y quedó ejecutoriada el 18 de ese mes y
año13. Por su parte, el recurso fue radicado el 8 de noviembre de 202414.

14. De acuerdo con lo anterior, el recurso extraordinario de revisión fue
presentado dentro del año siguiente a la ejecutoria de la sentencia recurrida, tal
y como lo prevé el artículo 251 del CPACA.

2.4. Generalidades del recurso extraordinario de revisión

15. El recurso extraordinario de revisión previsto en el artículo 248 del CPACA es
un medio de impugnación que afecta el principio de la inmutabilidad de las
sentencias ejecutoriadas y, por ende, constituye una excepción al principio de la
cosa juzgada15. Su finalidad es la de invalidar los efectos jurídicos de una
sentencia que se encuentra ejecutoriada16 y persigue el restablecimiento del

12 Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019.
13 Así se estableció en el auto proferido el 10 de marzo de 2025. Samai, índice 4, actuación «Auto

que inadmite recurso extraordinario de revisión», documento
«6Autoqueinadmi_00572025InadmiteRERC(.pdf) NroActua 4», archivo
«6_Autoqueinadmi_00572025InadmiteRERC_0_20250318142950128».
14 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«4ED_EXPEDIENTE_OneDrive_2_1612025zi(.zip) NroActua 2», carpeta
«4_EXPEDIENTEDIGI_EXPEDIENTE_OneDrive_2_1612025zi_0_20250116115242812»,
archivo «017RecursoExtraordinarioRevisiónDte.pdf», folio 22.
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Catorce Especial de Decisión.

Sentencia 13 de octubre de 2020. Rad. 11001-03-15-000-2019-00119-00.
16 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección A.

Sentencia 15 de marzo de 2018. Rad. 11001-03-25-000-2014-00862-00.

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Demandante: Miller Rodríguez Gutiérrez

criterio de justicia material y la supremacía de las garantías procesales cuando
estas han sido lesionadas en aquella, al ocurrir alguna de las causales por las
cuales procede, establecidas en la ley. Tiene dos características principales:

16. La primera se refiere a que su naturaleza es excepcional y, por lo tanto, solo
opera por razón de las causales taxativas señaladas en el artículo 250 del
CPACA, en concordancia con el artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Estas señalan
vicios o errores de naturaleza procedimental que permiten la revisión de la
sentencia proferida dentro del proceso. En ese orden, para que el juez pueda
examinar la controversia materia del recurso, a quien lo ejerce le corresponde
indicar con precisión cuál es la causal que invoca para invalidar la sentencia
recurrida y las razones de hecho y de derecho que la sustentan.

17. La segunda indica que se trata de un nuevo proceso que tiene por objeto
cuestionar la sentencia proferida en el trámite ordinario y no una nueva
oportunidad para reabrir el debate jurídico, probatorio y/o fáctico propio de las
instancias procesales que ya se han surtido en aquel. Tampoco es una vía para
cuestionar la actividad interpretativa del juez o insistir en la discusión de los
problemas debatidos en el proceso original ni para subsanar las falencias de las
actuaciones procesales de las partes, puesto que no constituye una tercera
instancia.

2.5. Problema jurídico

18. Se circunscribe a resolver ¿si las certificaciones allegadas por la parte
recurrente reúnen los presupuestos de la causal prevista en el numeral 1 del
artículo 250 del CPACA, esto es, constituyen pruebas documentales encontradas
o recobradas después de dictada la sentencia, no pudieron ser aportadas
oportunamente por fuerza mayor, caso fortuito u obra de la parte contraria y
tienen el carácter decisivo para proferir una decisión diferente?

2.6. Causal de revisión prevista en el numeral 1 del artículo 250 del CPACA

19. El numeral 1 del artículo 250 del CPACA dispuso como causal de revisión de
las sentencias ejecutoriadas el hecho de «[h]aberse encontrado o recobrado
después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido
proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por
fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria […]».

20. En relación con la causal, es pertinente señalar que el numeral 217 del artículo
188 del CCA también la establecía en similares términos a la prevista en el
numeral 1 del artículo 250 del CPACA. De tiempo atrás, su sentido y alcance se
desprendió del significado del verbo «recobrar» se entiende como «[…] volver a
tomar o adquirir lo que antes se poseía o se tenía […]»18. Sobre su configuración, la
Sala Plena del Consejo de Estado explicó lo siguiente:

«[…] Ha entendido la jurisprudencia, que prueba recobrada es aquella que existiendo,
no pudo ser aportada oportunamente al proceso, así la prueba recobrada es aquél

17 «2. Haberse recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales

se hubiera podido proferir una decisión diferente, y que el recurrente no pudo aportar al proceso
por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria».
18 http://dle.rae.es/?id=VShJp3R.

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elemento probatorio nuevo, por ser recuperado luego de proferida la sentencia, que
pudo ser decisivo en el sentido de la decisión y que no fue tenido en cuenta por el
fallador, porque el interesado no pudo presentarla oportunamente dentro del proceso,
por motivos de fuerza mayor, caso fortuito u obra de la parte contraria […]»19.

21. Ciertamente, tanto el Consejo de Estado como la Corte Suprema de Justicia 20
consideraron que la referencia a la prueba recobrada se circunscribió a la prueba
documental preexistente a la sentencia objeto de revisión, en garantía de los
principios de cosa juzgada y seguridad jurídica. Por regla general, se ha
considerado que no se configura la causal cuando se trata de otro tipo de
pruebas, como testimonios, experticias, informes técnicos o exámenes médicos
especializados, o cuando esta es producida u obtenida de manera posterior a la
sentencia que se revisa.

22. Ahora, a pesar de que en esencia el contenido normativo del numeral 2 del
artículo 188 del CCA se mantuvo en el numeral 1 del artículo 250 del CPACA,
este último incluyó el verbo «encontrar». El alcance de la expresión también se ha
interpretado a partir de su sentido gramatical, por lo tanto, se define como «dar
con alguien o algo que se busca o dar con alguien o algo sin buscarlo». Esta
modificación no ha implicado cambios sustanciales en los supuestos para que se
estructure la causal.

23. En efecto, la jurisprudencia ha mantenido la exigencia de que el documento
debe ser preexistente a la sentencia objeto del recurso21. Por lo tanto, la
consecuencia de la introducción del término implica que el documento no
necesariamente tiene que ser recuperado por quien lo aduce. También se
admiten aquellos que se encontraron por primera vez después de proferida la
sentencia recurrida.

24. La Sala Plena de esta corporación analizó el alcance de las expresiones
«prueba recobrada» o «prueba encontrada» para definir el ámbito de aplicación de
la causal aludida. Lo explicó en los siguientes términos:

«[…] Vista la causal en estudio se tiene que la misma exige de entrada determinar el
alcance del concepto de prueba encontrada o de prueba recobrada. En este punto,
existe una ampliación en el CPACA frente a la norma precedente, en tanto el CCA
sólo refería a las pruebas recobradas.

Semánticamente, el término “encontrar” significa una cosa o persona que se
encuentra, por una actividad consciente dirigida a buscarla o no. Al tiempo que
“recobrar” es una búsqueda consciente de algo que se tuvo, pero que se perdió. En
las dos acepciones, la cosa o la persona no están dentro del dominio o percepción de
quien la busca, pero quien la encuentra puede estar consciente o no de su existencia
y pérdida, a su vez quien recobra siempre es consciente de su existencia y de su
pérdida. Así, la diferencia entre ambos vocablos descansa en la conciencia de la
existencia de la cosa o la persona y de la búsqueda. En consecuencia, son vocablos
complementarios, en tanto encontrar sin conciencia de la existencia de la cosa o la
persona y de su búsqueda nunca supondrá recobrar, mientras que encontrar con

19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 8 de noviembre de

2005, expediente 1999-00218.
20 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 14 de diciembre de 2000.

Expediente núm. 7269
21 Al respecto, se pueden consultar: Consejo de Estado, Sala 6 Especial de Decisión, sentencia

del 9 de septiembre de 2024, radicado: 11001-03-15-000-2024-02869-00; Sección Segunda,
Subsección A, sentencia del 4 de septiembre de 2024, radicado: 11001-03-25-2021-00193-00
(1137-2021).

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conciencia de la existencia de la cosa o la persona y de su búsqueda siempre
supondrá recobrar.

Una vez verificado que la prueba es encontraba o recobrada es clave establecer si
existía al momento de dictar sentencia y que el hallazgo en cualquiera de sus dos
modalidades (encontrada o recobrada) se produjo después de dictada esa sentencia
[…]»22.

25. En consonancia con lo expuesto, la jurisprudencia determinó los supuestos
por los cuales era procedente el estudio y configuración de la causal de revisión
que se estudia. Los presupuestos son los siguientes:

i) La prueba debe ser documental. Ello descarta que pueda invocarse la causal
con fundamento en otro tipo de medios probatorios, como los testimonios.

ii) La prueba documental debe ser recobrada o encontrada luego de proferida la
sentencia objeto de revisión.

Este requisito implica que la prueba debió existir al tiempo de dictarse el fallo y,
por lo tanto, son inadmisibles los documentos generados después 23. De igual
manera, exige que el documento haya llegado después de la sentencia a manos
del recurrente24. A su vez, descarta que puedan ser considerados los que
estaban en poder de la parte recurrente y no los aportó o solicitó en la debida
etapa probatoria25. Ello, puesto que «[…] el recurso no está previsto para remediar
la inactividad o falta de diligencia de las partes, pues se trata de corregir la causa
insuperable que le impidió al recurrente hacer valer la prueba dentro del proceso […]»26.

iii) La prueba documental no se aporta al proceso por (a) fuerza mayor o caso
fortuito; o (b) obra de la parte contraria. Es decir, el recurrente debe probar que
por causas ajenas a su voluntad no le es posible aportar la prueba27.

En lo que respecta al primer supuesto, la jurisprudencia ha señalado que ocurre
cuando un hecho tiene las características de imprevisible e irresistible; o sea,
«[…] de un acontecimiento súbito, sorpresivo, excepcional, de rara ocurrencia” –
imprevisibilidad– y que resultara imposible evitarlo -irresistibilidad-. […]»28. En cuanto
al segundo, se refiere a que la parte que ganó el pleito con su actuar impidió que
el documento que lograría cambiar la decisión no se pudiera aportar al
expediente, «precisamente con el propósito de que no sirviera como prueba»29.

22 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 3 de abril de

2018, radicación: 11001-03-15-000-2014-00783-00 (REV).
23 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 19 de

septiembre de 2023, radicación: 11001-03-15-000-2020-03585-00 (REV).
24 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección

A, sentencia del 16 de agosto de 2022 con radicado 52001-33-31-005-2008-00248-01 (56.297)
(REV).
25 Ibidem.
26 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 12 de julio de

2005, radicación: 11001-03-15-000-2000-00236-01 (REV).
27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,

sentencia de 8 de noviembre de 2021, radicado 76111-33-31-701-2010-00201-01(51617).
28 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección

A, sentencia del 16 de agosto de 2022 con radicado 52001-33-31-005-2008-00248-01 (56.297)
(REV).
29 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 8 de diciembre

de 2005, radicación: 11001-03-15-000-1999-00218-01 (REV). Dicha sala reiteró la postura en la
sentencia del 19 de septiembre de 2023, radicación: 11001-03-15-000-2020-03585-00 (REV).

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iv) La prueba encontrada o recobrada debe tener tal importancia que genere el
cambio de la decisión recurrida. Desde esa óptica, debe ser tan decisiva que al
ser valorada con los demás medios de prueba cambie el sentido del fallo30.

2.7. La configuración de la causal en el caso concreto

26. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

26.1. Miller Rodríguez Gutiérrez nació el 16 de junio de 1955, según registro civil
de nacimiento y cédula de ciudadanía31.

26.2. De conformidad con la constancia laboral del 16 de octubre de 201832
suscrita por la rectora y la secretaria académica del Colegio Nuestra Señora de
Fátima de la Dirección de Bienestar Social de la Policía Nacional, laboró en ese
establecimiento educativo entre los años 1998 y 2006, como licenciado en
electromecánica.

26.3. Conforme con el reporte de semanas cotizadas en pensiones, actualizado al
13 de enero de 2020, acreditó 1.482.71 semanas de cotización33.

26.4. Según el formato único para la expedición de certificado de historia laboral
del 8 de enero de 202034 expedido por la Secretaría de Educación del Distrito,
se vinculó como docente distrital en período de prueba a partir del 19 de enero
de 2007 y posteriormente fue nombrado en propiedad desde el 20 de junio de
2008.

26.5. A través de la Resolución 1779 del 6 de marzo de 202035, la directora de
Talento Humano de la Secretaría de Educación del Distrito le negó el
reconocimiento de la pensión de jubilación. La decisión se sustentó en que su
vinculación como docente distrital se produjo con posterioridad a la entrada en
vigencia de la Ley 812 de 2003, por lo que su situación pensional se regía por el
régimen de prima media previsto en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003 y no
por la Ley 71 de 1988.

30 Ibidem.
31 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«4ED_EXPEDIENTE_OneDrive_2_1612025zi(.zip) NroActua 2», carpeta
«4_EXPEDIENTEDIGI_EXPEDIENTE_OneDrive_2_1612025zi_0_20250116115242812»,
archivo «003Anexos de la demanda.pdf», folios 7 y 22, respectivamente.
32 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«4ED_EXPEDIENTE_OneDrive_2_1612025zi(.zip) NroActua 2», carpeta
«4_EXPEDIENTEDIGI_EXPEDIENTE_OneDrive_2_1612025zi_0_20250116115242812»,
archivo «003Anexos de la demanda.pdf», folio 18.
33
Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«4ED_EXPEDIENTE_OneDrive_2_1612025zi(.zip) NroActua 2», carpeta
«4_EXPEDIENTEDIGI_EXPEDIENTE_OneDrive_2_1612025zi_0_20250116115242812»,
archivo «003Anexos de la demanda.pdf», folios 8 a 17.
34 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«4ED_EXPEDIENTE_OneDrive_2_1612025zi(.zip) NroActua 2», carpeta
«4_EXPEDIENTEDIGI_EXPEDIENTE_OneDrive_2_1612025zi_0_20250116115242812»,
archivo «003Anexos de la demanda.pdf», folio 19.
35 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«4ED_EXPEDIENTE_OneDrive_2_1612025zi(.zip) NroActua 2», carpeta
«4_EXPEDIENTEDIGI_EXPEDIENTE_OneDrive_2_1612025zi_0_20250116115242812»,
archivo «003Anexos de la demanda.pdf», folios 24 y 25.

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26.6. Con el recurso extraordinario de revisión se allegaron las siguientes
certificaciones laborales expedidas36:

(i) El 28 de abril de 2006 por la rectora de la Institución Educativa Departamental
Diversificado, en la que consta que prestó sus servicios como profesor de tiempo
completo en la especialidad de informática durante el año lectivo de 2000 y
desde el 14 de febrero de 2001 hasta el 30 de noviembre de 2002, mediante
convenios con el municipio de Chía;

(ii) el 31 de agosto de 2018 por la gerente del Fondo de Empleados del Colegio
Nacional [FECONAL], según la cual estuvo vinculado mediante contratos de
trabajo a término fijo, en virtud de convenios celebrados con la Alcaldía Municipal
de Chía, y se desempeñó como docente de informática en la Institución
Diversificado de Chía durante los años 2001 y 2002.

(iii) el 28 de enero de 2001 por el director de la Fundación para el Desarrollo de
la Educación, la Cultura y el Deporte [FUNDECUD], en la que consta que laboró
a través de esa entidad como docente del área de sistemas en el Colegio Conaldi
J.T., de tiempo completo, desde el 21 de febrero de 2000.

2.7.1. Análisis de la causal de revisión del numeral 1 del artículo 250 del
CPACA

27. El recurrente invocó la causal establecida en el numeral 1 del artículo 250 del
CPACA, porque las certificaciones aportadas con el recurso, expedidas el 28 de
enero de 2001, 28 de abril de 2006 y 31 de agosto de 2018, acreditan que prestó
servicios como docente durante los años 2000, 2001 y 2002 y, con ello, su
vinculación en esa calidad con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812
de 2003. Circunstancia que permitiría examinar su derecho pensional conforme
con la Ley 71 de 1988. La imposibilidad de allegarlas al proceso ordinario
obedeció a que, para la fecha de la presentación de la demanda, no contó con
ellas ni conoció de su existencia.

28. Conforme con lo expuesto, se analizará si las certificaciones aportadas por el
recurrente cumplen con los presupuestos exigidos para la configuración de la
causal invocada, esto es: (i) que tengan naturaleza documental; (ii) que fueran
encontradas o recobradas después de dictada la sentencia; (iii) que no se
pudieron aportar oportunamente por fuerza mayor, caso fortuito u obra de la parte
contraria; y (iv) que tengan carácter decisivo, en el sentido de que con ellas
hubiera podido proferirse una decisión diferente.

29. Primer requisito de procedencia: se cumple, porque las certificaciones
aportadas con el recurso extraordinario constituyen pruebas documentales, pues
contienen información relacionada con los servicios docentes prestados por Miller
Rodríguez Gutiérrez durante los años 2000, 2001 y 2002, las entidades a través

36
Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«4ED_EXPEDIENTE_OneDrive_2_1612025zi(.zip) NroActua 2», carpeta
«4_EXPEDIENTEDIGI_EXPEDIENTE_OneDrive_2_1612025zi_0_20250116115242812»,
archivo «017RecursoExtraordinarioRevisiónDte.pdf», folios 19 a 21.

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de las cuales estuvo vinculado y, en algunos casos, la modalidad mediante la
cual desempeñó esas labores.

30. Segundo requisito de procedencia: que la prueba documental fuera
encontrada o recobrada después de dictada la sentencia objeto de revisión.

30.1. Este presupuesto no se configura en el presente asunto. Las certificaciones
fueron expedidas el 28 de enero de 2001, 28 de abril de 2006 y 31 de agosto de
2018, mientras que la sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión se
profirió el 28 de mayo de 2024. Por tanto, los documentos preexistían a la
decisión cuestionada.

30.2. Sin embargo, esa situación no permite atribuirles el carácter de pruebas
encontradas o recobradas. Como se explicó, la causal exige, además, que
hubieran llegado a conocimiento o poder del recurrente con posterioridad a la
sentencia. En este caso no se acreditó esa circunstancia.

30.3. En efecto, las certificaciones expedidas por la Fundación para el Desarrollo
de la Educación, la Cultura y el Deporte [FUNDECUD] el 28 de enero de 2001 y
por el Fondo de Empleados del Colegio Nacional [FECONAL] el 31 de agosto de
2018 dejaron constancia expresa de que fueron emitidas «a solicitud del
interesado». Esta circunstancia contradice la manifestación efectuada en el
recurso extraordinario acerca de que no contó con dichos documentos ni conoció
acerca de su existencia durante el proceso ordinario.

30.4. Respecto de la certificación expedida el 28 de abril de 2006 por la institución
Educativa Departamental Diversificado, tampoco se acreditó que se hubiera
encontrado o recobrado después de la sentencia. El recurrente se limitó a
manifestar que no contó con ella ni conoció de su existencia, sin precisar cuándo,
cómo o en qué circunstancias llegó posteriormente a su poder.

30.5. En consecuencia, este presupuesto no se configura. Esta circunstancia
sería suficiente para descartar la prosperidad de la causal, pues los requisitos
previstos en el numeral 1 del artículo 250 del CPACA son concurrentes. No
obstante, en aras de resolver íntegramente los argumentos formulados por el
recurrente, la Sala examinará los demás presupuestos invocados.

31. Tercer requisito de procedencia: que la prueba documental no hubiera
podido ser aportada al proceso por (a) fuerza mayor o caso fortuito; o (b) obra de
la parte contraria.

31.1. Este presupuesto tampoco se cumple. La imposibilidad de aportar las
certificaciones al proceso ordinario se sustentó únicamente en que el recurrente
no contó con estas ni conoció de su existencia. Sin embargo, no se acreditó que
esa circunstancia hubiera obedecido a fuerza mayor, caso fortuito u obra de la
parte contraria. Sin prueba alguna sobre el particular.

31.2. Por el contrario, dos de las certificaciones fueron expedidas a solicitud del
propio interesado con anterioridad, incluso, a la presentación de la demanda
ordinaria. Frente a la restante tampoco se demostró la existencia de una
circunstancia objetiva y ajena a su voluntad que impidiera obtenerla y allegarla

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durante el trámite del proceso.

32. Cuarto requisito de procedencia: que el documento encontrado o
recobrado tenga tal importancia que hubiera permitido proferir una decisión
diferente.

32.1. Este requisito tampoco se satisface. Aunque las certificaciones aportadas
con el recurso dieron cuenta de servicios docentes prestados durante los años
2000, 2001 y 2002, esa circunstancia no tendría la entidad suficiente para
modificar el sentido de la sentencia objeto de revisión.

32.2. En efecto, el tribunal determinó que la pensión de jubilación por aportes
prevista en la Ley 71 de 1988 no resultaba aplicable, porque, aunque el actor
acreditó 750 semanas de cotización al 25 de julio de 2005, no consolidó el
derecho pensional antes del límite temporal previsto en el Acto Legislativo 01 de
2005. Los 60 años de edad exigidos por aquella ley los cumplió en junio de 2015,
esto es, con posterioridad al 31 de diciembre de 2014.

32.3. Por tanto, aun si las certificaciones se valoraran y permitieran tener por
acreditado el ejercicio de labores docentes con anterioridad a la entrada en
vigencia de la Ley 812 de 2003, no desvirtuarían el fundamento de la decisión,
relacionado con la falta de consolidación del derecho pensional en el término
previsto en el Acto Legislativo 01 de 2005.

32.4. En consecuencia, los documentos tampoco tenían, por sí solos, aptitud para
conducir a una decisión diferente y, por ello, no cumplen el carácter decisivo
exigido por el numeral 1 del artículo 250 del CPACA.

33. En este sentido, aunque las certificaciones aportadas tienen naturaleza
documental, no se acreditó que hubieran sido encontradas o recobradas después
de dictada la sentencia ni que hubiera sido imposible aportarlas oportunamente
por fuerza mayor, caso fortuito u obra de la parte contraria. Además, carecían de
entidad suficiente para modificar el sentido de la decisión, pues no desvirtuaban
que el actor consolidó el requisito de edad para acceder a la pensión prevista en
la Ley 71 de 1988 con posterioridad al límite temporal establecido en el Acto
Legislativo 01 de 2005.

34. En efecto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia del Consejo
de Estado37, el recurso extraordinario de revisión no constituye una tercera
instancia ni un mecanismo para reexaminar el criterio jurídico del juez, sino un
instrumento excepcional orientado a restablecer la justicia material frente a
situaciones específicas de irregularidad procesal o desconocimiento de garantías
esenciales, en los precisos términos del artículo 250 del CPACA.

35. Admitir que este recurso sirve para subsanar la falta de aportación oportuna
de pruebas, reabrir el debate probatorio o controvertir la interpretación del juez
implicaría desnaturalizar su carácter excepcional y convertirlo en una instancia

37 En este sentido se pueden consultar, entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso

Administrativo, Sala 10 Especial de Decisión, sentencia del 28 de junio de 2024, radicado: 11001-
03-15-000-2020-04861-00 y de la Sala 14 Especial de decisión, sentencia del 13 de octubre de
2020, radicado: 11001-03-15-000-2019-00119-00.

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adicional del proceso, lo que contraría su finalidad restringida y su función de
salvaguardar la cosa juzgada.

36. En consecuencia, no se configura la causal de revisión prevista en el numeral
1 del artículo 250 del CPACA, al no cumplirse de manera concurrente los
presupuestos exigidos por la norma.

2.8. Costas

37. La Sala se abstendrá de condenar en costas a la parte recurrente, de
conformidad con el artículo 255 del CPACA, por cuanto no se evidenció que
actuase con temeridad o mala fe ni se advirtió conducta o circunstancia irregular
en el transcurso del trámite procesal.

3. Conclusión

38. Con fundamento en lo expuesto, se concluye que no se configuró la causal
prevista en el numeral 1 del artículo 250 del CPACA en la providencia proferida
el 28 de mayo de 2024 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección F. Lo anterior, toda vez que los documentos aportados
como prueba recobrada no se enmarcan en los supuestos del numeral 1 del
artículo 250 del CPACA.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

Primero: Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por
Miller Rodríguez Gutiérrez en contra de la sentencia proferida el 28 de mayo de
2024 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 11001-33-42-049-2020-00162-01.

Segundo: No condenar en costas.

Tercero: Archivar el expediente del recurso extraordinario de revisión, previas
las anotaciones pertinentes en el sistema de información de gestión de procesos
Samai.

Cuarto: Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Aclara voto

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Demandante: Miller Rodríguez Gutiérrez

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del
CPACA.

LAVM

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