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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-02869-00

Fecha
11 de septiembre de 2024
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez
Citada por
10 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-02869-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE Primero: Declárase infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra la sentencia proferida el 8 de febrero de 2024 por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número de radicado 11001-03-25- 000-2011-00031-00. Segundo: Abstenerse de condenar en costas a la parte recurrente, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Tercero: Por Secretaría General, archívese el expediente previas las anotaciones pertinentes.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-02869-00

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

11 de septiembre de 2024

Recurrente: Jesús Libardo Revelo Rosero
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02869-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA ESPECIAL DE DECISIÓN No. 6

MAGISTRADO PONENTE: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá D.C., nueve (9) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-15-000-2024-02869-00
Recurrente: JESÚS LIBARDO REVELO ROSERO

SENTENCIA

Procede la Sala a pronunciarse sobre el recurso extraordinario de revisión
formulado por el señor Jesús Libardo Revelo Rosero, obrando en causa propia,
contra la providencia del 8 de febrero de 2024, a través de la cual la Subsección B
de la Sección Segunda de esta Corporación negó las pretensiones de la demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho promovida en contra de los fallos
disciplinarios del 6 de septiembre de 2006 y el 26 de octubre de 2006, dentro del
expediente con radicado 11001-03-25-000-2011-00031-00.

I. ANTECEDENTES

1. La Demanda ordinaria

1.1. Pretensiones

1. El señor Jesús Libardo Revelo Rosero, a través de apoderado, en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, solicitó la nulidad de los
fallos disciplinarios del 6 de septiembre de 2006 por medio del cual el viceprocurador
general de la Nación lo sancionó disciplinariamente en calidad de secretario
delegatario con funciones de gobernador de Putumayo con destitución e inhabilidad
general por 11 años, y del 26 de octubre de 2006, a través del cual el procurador
general de la Nación confirmó dicha sanción.

2. A título de restablecimiento del derecho pidió: (i) que se ordenara su reintegro a
la carrera docente nacional, en el cargo que ostentaba, y que perdió con ocasión de
la sanción disciplinaria impuesta; (ii) que se condenara a la PGN, como parte
demandada al pago de una indemnización por concepto de perjuicios morales
equivalente a 35 millones de pesos, y al lucro cesante y el daño emergente que
resultaran probados, así como a las costas procesales; (iii) que se dispusiera la
cancelación de la sanción en el registro de antecedentes disciplinarios de la
Procuraduría General de la Nación; y (iv) que se cumpliera la sentencia en los

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términos de los artículos 176 a 178 del CCA.

1.2. Fundamentos fácticos

3. En la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, la parte actora expuso,
en resumen, los siguientes hechos:

4. Luego de recibir una queja, la PGN abrió investigación disciplinaria contra el señor
Revelo Rosero en su calidad de secretario de despacho, delegatario de las
funciones de gobernador de Putumayo, por la suscripción, presuntamente irregular,
de los contratos de obra pública 39, 40 y 41 con el señor Jaime Eduardo
Montenegro; 42, 43 y 44 con el señor Yesid Marín Pedroza y 45 con el señor Henry
Viveros Calderón, todos celebrados el 29 de abril de 2005. El demandante, con su
apoderado, presentó descargos y ejerció su derecho de defensa.

5. Indicó el demandante que, si bien firmó los contratos, pues se encontraba
ejerciendo el cargo de gobernador por tres días, ese lapso era insuficiente para
verificar la legalidad de todas las etapas del procedimiento contractual. Además,
firmó en razón a la buena fe y la confianza en los funcionarios de niveles inferiores
quienes certificaron la legitimidad del procedimiento contractual, razón por la cual
los actos demandados se fundaron en responsabilidad objetiva y su actuar no fue
con dolo.

6. Señaló que la PGN fundó las faltas disciplinarias en un entendimiento «errado e
inconstitucional de los deberes funcionales del secretario delegatario de funciones
del gobernador previstos en los artículos 11.1 y 26.5 de la Ley 80 de 1993». Lo
anterior, pues ignoró que existían responsabilidades de otros funcionarios por
delegación y, por tanto, no realizó un juicio de tipicidad, pertinencia y
proporcionalidad adecuado.

7. Asimismo, al no diferenciar las obligaciones y deberes que efectivamente
emanaban de su competencia, de las otras áreas de la administración o de otros
funcionarios, se desconoció la tipicidad expresada en los términos de la sentencia
C-181 de 2002 de la Corte Constitucional. Esto, pues, en su sentir se le atribuyeron
conductas que le correspondían a la Oficina Jurídica del departamento y al grupo
de asesores externos, aspecto que no se analizó.

8. Reiteró que actuó de buena fe, con la confianza legítima de cumplir los propósitos
constitucionales y legales; por eso, la conducta debió examinarse bajo los
postulados del artículo 28 del CDU, en razón a que los subalternos le aseguraban
que el trámite contractual estaba ajustado a derecho.

9. En el mismo sentido, señaló que la PGN tipificó la conducta sancionada como
«falta gravísima» fundamentada en el desconocimiento de los principios que rigen

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la contratación estatal, sin especificar el comportamiento prohibido. El accionante,
comentó que los principios por sí solos no sirven de descripción de la falta
disciplinaria, dado que tienen una vocación normativa de carácter general y no
especifican la tipicidad de la conducta reprochada, de manera que la PGN en su
tipificación requería de complemento de otra disposición legal que la precisara.

10. Por otra parte, agregó que existe un defecto fáctico de los actos acusados, pues
las pruebas fueron valoradas de manera parcial, sin embargo, no explicó la razón
de tal señalamiento.

1.3. Fundamentos jurídicos

11. Alegó falsa motivación y violación del debido proceso y del principio de legalidad,
indebida apreciación de pruebas y desconocimiento de los principios de la
contratación estatal en virtud de los artículos 29, 121, 123 y 209 de la Constitución
Política; 2 y 35 del CCA; 4, 6, 48 y 128 de la Ley 734 de 2002 y 23.4, 117, 118 y 122
de la Ley 200 de 1993.

1.4. Sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión

12. Mediante providencia del 8 de febrero de 2024, la Sección Segunda, Subsección
B del Consejo de Estado dictó sentencia de única instancia mediante la cual negó
las pretensiones de la demanda. En resumen, por las siguientes razones:

13. Adujo que en atención al artículo 88 del CPACA no se debe desconocer que los
actos de la administración gozan de presunción de legalidad motivo por el cual, no
cualquier defecto procesal tiene el poder de afectar dicha presunción y en sede
judicial, se debe realizar un juicio de validez mas no de corrección de la actuación
disciplinaria.

14. Explicó que, en el ámbito disciplinario, se garantiza el debido proceso con la
participación activa del investigado y su apoderado mediante la defensa técnica y el
ejercicio de contradicción y defensa.

15. Refirió que, para la adecuación de la comisión de la falta disciplinaria, la ilicitud
sustancial de la conducta que motivó la sanción y la responsabilidad del
demandante tomó como punto de partida el pliego de cargos imputado por la PGN
al actor.

16. Comentó que el investigado fue sancionado por quebrantar los mandatos
establecidos en el numeral 8 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, en concordancia
con el artículo 11 del Decreto 2170 de 2002, por cuanto evadió el procedimiento
señalado para la contratación y el principio de publicidad previsto en el artículo 209
de la Constitución Política, desarrollado en los artículos 1 y 2 del Decreto 2170 de

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2002. En consecuencia, la conducta fue sancionada como falta gravísima, a título
de dolo de acuerdo con los criterios establecidos en los artículos 44 (numeral 1) y
46 de la Ley 734 de 2002.

17. Señaló que no evidenció en los actos demandados contradicción fáctica o
jurídica y descartó que existiera incongruencia entre los cargos y la sanción.

18. Mencionó los argumentos expuestos en la demanda y en los alegatos de
conclusión sobre los cuales el accionante edificó los cargos de anulación de los
actos acusados, esto es: (i) que firmó los contratos con ocasión a que ejerció el
cargo de gobernador por solo tres días, y que ese periodo era insuficiente para
verificar la legalidad de todas las etapas del procedimiento contractual; (ii) que
además firmó en atención a la confianza y buena fe de los funcionarios de niveles
inferiores de la administración, quienes certificaron la legitimidad del procedimiento
lo que excluye que haya actuado con dolo; (iii) que, en este contexto, los actos
demandados se fundaron en responsabilidad objetiva; (iv) que se le atribuyeron
conductas que estaban por fuera de sus deberes funcionales y que correspondían
a la Oficina Jurídica del departamento y al grupo de asesores externos contratado
para tal fin; y (v) que no fue delegado o encargado de las funciones de jefe de la
Oficina Jurídica del departamento, ni para conceptuar en esa materia, «sino para
que ejerciera temporalmente el cargo de Gobernador por delegación en los términos
de la Constitución Política y la ley antes expuestos».

19. Destacó que la Ley 80 de 1993, en su artículo 26.5 es diáfana en establecer
que, en virtud del principio de responsabilidad, que gobierna la contratación estatal
«La responsabilidad de la dirección y manejo de la actividad contractual y la de los
procesos de selección será del jefe o representante de la entidad estatal, quien no
podrá trasladarla a las juntas o consejos directivos de la entidad, ni a las
corporaciones de elección popular, a los comités asesores, ni a los organismos de
control y vigilancia de la misma».

20. Explicó que este deber funcional no distingue si el representante legal del ente
estatal lo efectúa como titular o en condición de delegatario, ni que esté exonerado
de cumplir con dicho deber por el hecho de que se desempeñará «por solo unos
días» en el cargo, puesto que, resulta indiscutible para el ordenamiento jurídico que
ninguna persona puede asumir funciones estatales sin responsabilidad, por más
breve que sea el tiempo que lo ejerza.

21. Igualmente, comentó que dicho principio tiene arraigo en el Estado Social de
Derecho de acuerdo con lo señalado en el artículo 122 de la Constitución Política,
así como en el artículo 6° ibidem. Así:

Lo dicho se explica, además, por la relación de sujeción del servidor con el Estado,
quien, al desempeñar sus funciones, no debe olvidar que es con el propósito de
servir a la comunidad, promover la prosperidad general, asegurar el cumplimiento

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de los deberes sociales del Estado (artículo 2 de la Constitución Política) y que la
función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad,
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la
desconcentración de funciones (artículo 209, ejusdem).

22. Indicó que de acuerdo con la Ley 489 de 19981, quien desempeñe el cargo de
gobernador, ya sea en encargo o como delegatorio de las funciones, debe asumirlo
plenamente, con todas las obligaciones constitucionales y legales exigidas, puesto
que, de otro modo, «se emplearía para burlar la ley, evadir responsabilidades y
controles de la actividad de los servidores estatales (en este caso la contractual),
que es lo que, en el fondo, pretende el actor».

23. Agregó que el artículo 51 de la Ley 80 de 1993 dispone que «El servidor público
responderá disciplinaria, civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la
actuación contractual en los términos de la Constitución y de la ley».

24. Concluyó que no encontró ilegalidad, falsa motivación, desviación de poder,
expedición irregular, capricho o arbitrariedad, razón por la cual los cargos
formulados contra los actos demandados no estaban llamados a prosperar.

25. De otra parte, frente al argumento del demandante en relación a que la
tipificación de la conducta por parte de la PGN fue «vaga, deficiente y lesiva de las
garantías del debido proceso», expuso que no se identificaron irregularidades en la
tipificación de la conducta, al contrario pudo constatar que «la conducta irregular
imputada al actor se tradujo en el incumplimiento del deber funcional atribuido en el
pliego de cargos y que en efecto es la descripción típica de carácter gravísimo y
doloso que prevé el régimen disciplinario como lo determinó y sancionó la autoridad
disciplinaria en las dos instancias», en consecuencia, el cargo tampoco estaba
llamado a prosperar.

26. Refirió que la PGN apreció de manera integral el material probatorio y se allanó
a lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 734 de 2002, no obstante, a juicio del
demandado y sin sustento alguno, expuso que las pruebas fueron valoradas de
manera parcial generando un defecto fáctico.

27. Anotó que la PGN cumplió con los presupuestos formales y sustanciales
establecidos en el artículo 170 de la Ley 734 de 2002 durante el proceso
disciplinario, es decir, analizó las pruebas en conjunto, valoró los cargos, descargos
y alegaciones presentadas, relacionó las normas legales y reglamentarias
concernientes al deber funcional desconocido, fundamentó la calificación de la falta
gravísima y dolosa y expuso las razones de la sanción, la ausencia de causal de
exoneración y los criterios de su graduación.

1 «Los organismos, entidades y personas encargadas, de manera permanente o transitoria, del
ejercicio de funciones administrativas deben ejercerlas consultando el interés general»

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28. Finalmente, recordó que la PGN realizó un análisis de todas las piezas
procesales de manera amplia y detallada y, por tal motivo, se despacharon
desfavorablemente las pretensiones de la demanda.

1.5. El recurso extraordinario de revisión

29. El 4 de junio de 2024, obrando en causa propia, en calidad de abogado, el señor
Jesús Libardo Revelo Rosero formuló recurso extraordinario de revisión contra la
sentencia proferida el 8 de febrero 2024 por la Subsección B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado 11001-03-25-000-2011-00031-00.

30. Como causales de revisión, la parte actora invocó las previstas en los numerales
1 y 5 del artículo 250 del CPACA, esto es, «Haberse encontrado o recobrado
después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera
podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al
proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria» y «existir
nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede
recurso de apelación».

31. Indicó que, a través del medio de control de nulidad y restablecimiento de
derecho demandó el acto administrativo de primera instancia del 6 de septiembre
de 2006 a través del cual el viceprocurador general de la Nación lo sancionó
disciplinariamente con destitución e inhabilidad general por 11 años; y el acto
administrativo de 26 de octubre de 2006, con el que el procurador general de la
Nación confirmó la sanción. Lo anterior, con el fin de que se declarasen nulos ambos
actos.

32. Mediante sentencia del 8 de febrero de 2024, la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, decidió negar las pretensiones de la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho contra la Procuraduría General de la Nación.

33. Por lo anterior, la parte actora señaló que la Subsección incurrió en una
insuficiencia probatoria de acuerdo con lo establecido en la causal del numeral 1 del
artículo 250 del CPACA, pues considera que, con el cambio de ponente, el nuevo
fallador no tuvo el tiempo suficiente o no observó al momento de adoptar la decisión
el Decreto Departamental No. 0088 del 1 de abril de 2005, el cual obraba como
prueba documental decretada de oficio por el magistrado ponente anterior.

34. En ese sentido, indicó que el mencionado decreto era un documento decisivo,
puesto que era la única prueba que demostraba que el gobernador titular incurrió
en el «fraccionamiento de contratos o precios fronterizos» durante la etapa

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precontractual, y que de haberse estudiado adecuadamente, el fallo hubiese sido
dictado de forma diferente y no se hubieran negado las pretensiones de la demanda.

35. Por otra parte, mencionó que en la sentencia recurrida se configuró igualmente
la causal 5 del artículo 250 ibidem , puesto que, en su sentir, la decisión que le puso
fin al proceso fue tomada sin el fundamento fáctico y omitiendo el acervo probatorio
debidamente allegado al proceso, pues además de ignorar el ya citado Decreto
No.0088, también desconoció y pasó por alto, la prueba oportunamente allegada
que aparece titulada como «OTRAS CONSIDERACIONES JURÍDICAS CON
RELACIÓN AL INVESTIGADO JESÚS LIBARDO REVELO».

36. En esta última prueba, se encuentra la evaluación de la investigación
disciplinaria proferida por los asesores del despacho del procurador general de la
Nación, quienes señalaron no haber encontrado elementos de responsabilidad
disciplinaria en la conducta del señor Revelo y, en consecuencia, indicaron que
debía terminar y ordenar el archivo de las diligencias.

37. Igualmente, en la evaluación se señaló que el señor Revelo no era responsable
de la falta imputada, pues, actuó en calidad de secretario delegado con funciones
temporales de gobernador y que, a quien le correspondía efectivamente el deber de
responder por el «fraccionamiento de contratos o precios fronterizos» era al
gobernador titular.

38. Asimismo, señaló que la Subsección B cayó en el mismo error que el
viceprocurador y el procurador general de la Nación, al confundir el sujeto
disciplinado dentro del proceso, al respecto señaló:

De contera, al dictar la sentencia del ocho (8) de febrero de dos mil veinticuatro
(2024), la sección Segunda, Subsección B, de la Sala de lo Contencioso
Administrativo, es evidente que el juzgador incurrió en la causal quinta de revisión
porque confundió el sujeto disciplinado como lo hizo el Viceprocurador y Procurador
General de la Nación, dando por cierta una conducta desplegada por el gobernador
titular frente a unos hechos denominados fraccionamiento de contratos o precios
fronterizos, como si yo como gobernador encargado los hubiera cometido. Y
entonces toda la argumentación jurídica y fáctica giró alrededor de este error, porque
el proceso sancionatorio se adelantó en el mismo expediente y conjuntamente con
el gobernador titular, con lo cual se incurre irremediable y evidentemente en la
causal quinta de nulidad, prevista en el artículo 250 de la ley 1437 de 2011, dado
que con ello, la sentencia condenatoria se profirió en la práctica contra un tercero
que nunca debió vincularse al proceso sancionatorio.

39. Finalmente, indicó que de acuerdo con el artículo 29 Superior, tanto el
viceprocurador, como el procurador general de la Nación y la Sección Segunda,
Subsección B del Consejo de Estado, incurrieron en causal de nulidad de todo lo
actuado en el presente caso, pues aplicaron ilegalmente una prueba a quien no

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debían, para dar apariencia de legalidad a sus decisiones, puesto que el Decreto
Departamental No. 088 de 2005, fue expedido por el gobernador titular y no por
quien dicen cometió la falta.

1.6. Contestación

40. El Ministerio Público mediante escrito del 4 de julio de 2024 informó «que
efectuado el reparto el día hoy, le correspondió la intervención del Ministerio Público
en el recurso extraordinario de revisión de la referencia a la Procuraduría Segunda
Delegada ante esa Corporación». Sin embargo, dentro de la oportunidad procesal
no rindió concepto alguno.

41. Por su parte, la Procuraduría General de la Nación y la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado, guardaron silencio en esta oportunidad.

1.7. Trámite procesal

42. Por auto del 12 de junio de 2024, se inadmitió el recurso extraordinario de
revisión de la referencia y se le concedió al recurrente el término de 5 días para que
subsanara la demanda2.

43. A través de memoriales recibidos el 17 de junio de 2024, el actor presentó escrito
de subsanación del recurso de revisión, el cual acompañó con piezas procesales de
la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001-03-25-
000-2011-00031-00 y la constancia del envío electrónico del escrito de subsanación
junto con sus anexos a la entidad demandada, asimismo indicó el correo electrónico
donde recibirá notificaciones3.

44. Mediante providencia del 2 de julio de 2024, se admitió el recurso extraordinario
de revisión y ordenó notificar a la Procuraduría General de la Nación, quien fungió
como demandada dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, así
como al Ministerio Público. También se ordenó comunicar la decisión a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado4.

45. Por auto del 29 de julio de 2024, se dispuso decretar como prueba los
documentos aportados al proceso por cumplir con los requisitos de conducencia,
pertinencia, utilidad y licitud5.

46. El 9 de agosto de 2024, el proceso ingresó al Despacho para continuar con el
trámite procesal correspondiente6.

2 Samai, índice No. 05.
3 Samai, índice No. 09.
4 Samai, índice No 011.
5
Samai, índice No 022.
6 Samai, índice No 028.

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II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

47. De acuerdo con los artículos 111 y 249 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado tiene competencia para conocer de los
recursos extraordinarios de revisión contra las sentencias dictadas por las
Secciones y Subsecciones de esta Corporación7.

48. Ahora bien, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 107 del
referido estatuto procesal8, mediante el Acuerdo 80 de 20199, que compiló, entre
otros, el Acuerdo 321 de 2014, emanado de la Sala Plena del Consejo de Estado,
se reglamentó la creación de salas especiales de decisión, encargadas de resolver
los recursos extraordinarios de revisión interpuestos contra las sentencias de las
Secciones o Subsecciones de esta Corporación10.

49. En tales condiciones, corresponde a esta Sala Especial de Decisión, en los
términos del artículo 248 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, resolver el recurso extraordinario de revisión
presentado contra la sentencia del 8 de febrero de 2024, a través de la cual la
Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación negó las pretensiones
de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por señor

7 Artículo 111 CPACA. Funciones de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. La Sala de

lo Contencioso administrativo en pleno tendrá las siguientes funciones: “(…).2. Resolver los recursos
extraordinarios de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o subsecciones y los
demás que sean de su competencia.
Artículo 248 CPACA. Procedencia. El recurso extraordinario de revisión procede contra las
sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces
administrativos.
Artículo 249 CPACA. Competencia. De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por
las secciones o subsecciones del Consejo de Estado conocerá la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo sin exclusión de la sección que profirió la decisión.
8 Artículo 107 C.P.A.C.A. Integración y composición. (…).

Créanse en el Consejo de Estado las salas especiales de decisión, además de las reguladas en este
Código, encargadas de decidir los procesos sometidos a la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, que esta les encomiende, salvo de los procesos de pérdida de investidura y de
nulidad por inconstitucionalidad. Estas Salas estarán integradas por cuatro (4) Magistrados, uno
por cada una de las secciones que la conforman, con exclusión de la que hubiere conocido del
asunto, si fuere el caso.
La integración y funcionamiento de dichas salas especiales, se hará de conformidad con lo que
al respecto establezca el reglamento interno.
9 Publicado en el diario oficial, edición 50.913 de 1º de abril de 2019.
10 Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019. Artículo 29.- Las Salas Especiales de Decisión decidirán los

siguientes asuntos de competencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo: 1. Los
recursos extraordinarios de revisión interpuestos contra las sentencias de las Secciones o
Subsecciones del Consejo de Estado.

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Jesús Libardo Revelo Rosero contra los fallos disciplinarios del 6 de septiembre de
2006 por la cual el viceprocurador general de la Nación lo sancionó
disciplinariamente con destitución e inhabilidad general por 11 años, y del 26 de
octubre de 2006, por medio del cual el procurador general de la Nación confirmó la
sanción, dentro del expediente con radicado 11001-03-25-000-2011-00031-00.

2.2. Oportunidad

50. El señor Jesús Libardo Revelo Rosero presentó recurso extraordinario de
revisión contra la providencia del 8 de febrero de 2024 proferida por la Subsección
B de la Sección Segunda de esta Corporación, con fundamento en las causales 1 y
5 del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo esto es:

«1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos
decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el
recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra
de la parte contraria.

(…)

5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que
no procede recurso de apelación».

51. De conformidad con el artículo 251 de la Ley 1437 de 2011, la oportunidad para
presentar el recurso extraordinario de revisión varía de acuerdo con la causal que
se proponga.

52. Comoquiera que en este asunto se invocaron las causales 1 y 5 del artículo 250
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el
término para presentar el recurso es de 1 año contado a partir de la ejecutoria de la
providencia.

53. Según se tiene, la sentencia objeto del recurso, fue notificada el 5 de abril de
2024, en consecuencia, es claro que para el momento en que se radicó el recurso
extraordinario de revisión, esto es, el 4 de junio de 2024, no había vencido la
oportunidad legal y, por tanto, el recurso fue presentado en forma oportuna.

2.3. Problema jurídico

54. Le corresponde a la Sala Especial de Decisión No. 6 establecer si la sentencia
proferida el 8 de febrero de 2024 por la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
11001-03-25-000-2011-00031-00, se encuentra incursa en las causales de revisión

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contempladas en los numerales 1 y 5 del artículo 250 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

2.4. Generalidades del recurso extraordinario de revisión

55. El recurso extraordinario de revisión es una herramienta prevista en las
diferentes jurisdicciones que tiene como propósito despojar del carácter inmutable
y de cosa juzgada que, por regla general, tienen las decisiones judiciales, ante el
acaecimiento de circunstancias excepcionales que permiten sostener que
determinada sentencia es contraria a derecho. Así lo definió la Corte Constitucional
en sentencia C-090 de 1998 al concluir que se trata de un mecanismo para evitar
«que persistan dentro del ordenamiento jurídico sentencias que vulneren el debido
proceso, o que no se ajusten al derecho y a la Constitución».

56. En la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, el recurso extraordinario de
revisión se consagró en el artículo 185 del Decreto 01 de 1984 y se mantuvo en la
Ley 1437 de 2011; su propósito es el de permitir a los jueces reexaminar
determinadas sentencias a efectos de establecer si estas son contrarias al
ordenamiento jurídico11, siempre que se configure alguna de las causales
taxativamente previstas en la ley12.

57. Se trata, además, de un proceso independiente y autónomo del que dio origen
a la sentencia cuya revisión se estudia, de forma que no puede entenderse como
una instancia adicional. En consecuencia, este recurso no es la vía para corregir los
yerros probatorios de las partes, ni para reconducir el proceso en hechos, pruebas
o argumentos, revivir términos o reabrir el debate surtido en el trámite ordinario.

2.5. El caso en concreto

2.5.1. La causal de revisión contenida en el numeral 1 del artículo 250 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

58. El numeral 1 del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo contempla como causal de revisión la de «haberse
encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con

11 Sobre el punto la Corte Constitucional en sentencia C-871 de 2003 señaló que «Con todo, el

principio de la cosa juzgada no tiene carácter absoluto pues puede llegar a colisionar con la justicia
material del caso concreto. Para enfrentar tal situación se ha consagrado la acción de revisión, la
cual permite en casos excepcionales dejar sin valor una sentencia ejecutoriada en aquellos casos
en que hechos o circunstancias posteriores a la decisión judicial revelan que ésta es injusta. En este
sentido puede afirmarse que la revisión se opone al principio «res iudicata pro veritate habertur»
para evitar que prevalezca una injusticia, pues busca aniquilar los efectos de la cosa juzgada de una
sentencia injusta y reabrir un proceso ya fenecido. Su fin último es, entonces, buscar el imperio de
la justicia y verdad material, como fines esenciales del Estado».
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 17 de julio de

2013, Radicado 11001031500020120023100.

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los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no
pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte
contraria».

59. De la lectura de la norma se desprende que la configuración de la causal se
requieren varios elementos que la jurisprudencia de la Corporación ha decantado
así13:

i) Que los documentos sean encontrados o recobrados después de proferida la
sentencia, lo cual implica que hayan existido al momento de proferirse el fallo objeto
de revisión, pero que llegaron a conocimiento o poder del impugnante con
posterioridad.

ii) Que estos sean decisivos para resolver la controversia, en cuanto, de haber
obrado en el proceso, el sentido del fallo sería distinto.

iii) Que el recurrente no haya podido aportarlos al proceso por «fuerza mayor o caso
fortuito o por obra de la parte contraria», hipótesis que implica que, a través del
recurso extraordinario de revisión no es posible remediar la inactividad probatoria o
la negligencia de las partes en el aporte de la prueba al proceso.

60. Frente al primer presupuesto, se advierte que debe tratarse de documentos y
no de otros elementos o medios probatorios. Además, en criterio del Consejo de
Estado «no son admisibles aquellos que tengan fecha posterior a la sentencia objeto
del recurso, y tampoco los que existiendo con anterioridad a ella pudieron haber
sido allegados o solicitados oportunamente, pues este recurso extraordinario no es
una oportunidad para subsanar la negligencia de las partes frente a la carga
probatoria que les corresponde.»14

61. Ello, precisamente porque se ha entendido que el propósito de la causal es
«remediar la injusticia que se derivó para la parte afectada de verse en la
imposibilidad de aportar una prueba que, preexistiendo a la providencia objeto de
revisión, podía determinar que la decisión aportada fuera diferente y, sin embargo,
no pudo ser apreciada por el juzgador; situación distinta a aquella en la cual la
prueba no existía al momento de la sentencia pues, en este caso, las partes
desarrollaron su actividad probatoria sin limitaciones…»15

13 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala 23 Especial de Decisión.

Sentencia del 3 de abril de 2018, M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, expediente
11001031500020160205700.
14 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 26 de febrero de

2013. Expediente: 110010315000200800063800 M.P. Dr. Alberto Yepes Barreiro.
15 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección B.

Sentencia del 29 de abril de 2015. Expediente 2500023060001999003191. M.P. Dr. Danilo Rojas
Betancourth.

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62. Respecto del segundo, se ha insistido en que el documento encontrado o
recobrado debe tener tal entidad, que de haber sido aportado al proceso en la
oportunidad debida hubiera sustentado una decisión distinta a la recurrida, por lo
tanto «no se puede tratar de cualquier prueba, sino que debe tener la capacidad de
influir en el sentido de la decisión.»16

63. Finalmente, en lo que tiene que ver con el tercer elemento, se ha dicho que debe
haber una verdadera imposibilidad objetiva para aportar el documento al proceso
ordinario la cual debe estar debidamente sustentada en razones de fuerza mayor,
caso fortuito u obra de la parte contraria, sin que baste alegar una simple dificultad.

64. En otras palabras, «es indispensable entonces que los documentos aportados
con la demanda de revisión existieran antes del pronunciamiento judicial objeto del
recurso, pero que sólo hayan podido recobrarse, recuperarse o rescatarse después
de la sentencia, es decir, que antes de esta se encontraran extraviados, ocultos,
escondidos, perdidos o refundidos y que no hayan podido ser aportados durante el
trámite del proceso por razones de fuerza mayor, caso fortuito u obra de la parte
contraria.»17

65. Al respecto, debe precisarse que la presencia de todos y cada uno de estos
elementos debe ser concurrente, es decir, para que la causal de revisión se
configure se debe acreditar que el documento existía al momento de proferirse el
fallo, pero que fue encontrado o recobrado por el recurrente con posterioridad a
aquel, que sea decisivo para resolver y que no haya sido aportado por las razones
de la que habla la norma; si uno sólo de estos requisitos no se acredita, la causal
en comento, no está llamada a prosperar.

66. En este caso concreto, el recurrente fundamenta la primera causal de revisión
en que con ocasión al cambio de ponente en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho «el juez colegiado pasó por alto, no la vio o nunca la
tuvo en cuenta (sic) la prueba debidamente solicitada para fundamentar su fallo».
La referida prueba, es el Decreto Departamental No. 0088 del 1 de abril de 2005,
expedido por el gobernador de Putumayo, el cual fue decretado de oficio por el
magistrado ponente en su momento18.

67. A juicio del recurrente, el decreto en mención fue solicitado a la Gobernación del
Putumayo y sus funcionarios fueron «renuentes y negligentes» para su envío, hecho
que demuestra una resistencia constitutiva de fuerza mayor en su contra. Sin
embargo, este argumento no es de recibo en tanto no corresponde a una situación

16 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 26 de febrero de

2013. Expediente: 110010315000200800063800 M.P. Dr. Alberto Yepes Barreiro.
17 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección B.

Sentencia del 29 de abril de 2015. Expediente 2500023060001999003191. M.P. Dr. Danilo Rojas
Betancourth.
18 Samai, índice No. 075, radicado 11001-03-25-000-2011-00031-00.

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de fuerza mayor como lo exige la norma y tampoco a un obrar de la parte contraria,
en este caso, la Procuraduría General de la Nación.

68. No obstante, de acuerdo con las pruebas que obran en el expediente se
demuestra que el documento fue incorporado como acervo probatorio y fue recibido
con antelación a que se dictara sentencia de única instancia, de manera que el
decreto hace parte integral de este.

69. Asimismo, del contenido de la providencia que se cuestiona a través del
presente recurso extraordinario de revisión, se encuentra que el decreto que echa
de menos la parte actora, fue mencionado dentro de los alegatos de conclusión de
la parte demandante, lo que permite evidenciar que fue tenido en cuenta, en su
oportunidad, para adoptar la decisión.

70. Cuestión distinta, es el hecho de que la parte actora esté en desacuerdo con el
resultado de tal razonamiento. De esta forma, es importante para esta Sala recordar,
que este medio judicial no es la vía para corregir los yerros probatorios de las partes,
ni para reconducir el proceso en hechos, pruebas o argumentos, revivir términos o
reabrir el debate surtido en el trámite ordinario, pues se escapa de la naturaleza del
recurso extraordinario de revisión.

71. Por otra parte, si bien el accionante indicó que «el decreto No.0088 de 2005, era
esencial y decisiva para dictar la sentencia, porque precisamente es la única que
prueba la responsabilidad del gobernador titular de la conducta denominada por los
investigadores de la Procuraduría como Precios Fronterizos o también conocida
como fraccionamiento de Contratos, la cual ocurrió en la etapa pre contractual,,
como bien lo reconocen en las razones de la decisión del pliego de cargos,
resolución del Treinta (30) de Marzo de Dos Mil Seis (2006), proferida por los
asesores del despacho del Procurador General de la nación, doctores MARIA
MARGARITA ESCOBAR RUEDA Y RICARDO GUSMÁN ARROYO.» (Sic para toda
la cita), dicha afirmación no comprueba que, con base en este documento, se
hubiera proferido una decisión diferente a la dictada dentro del presente asunto,
dado que no expresó motivos adicionales que sustentaran tal alegación.

72. Con todo, el Decreto No. 0088 de 2005, documento con base en el cual se
pretendió sustentar la configuración de la primera causal de revisión no cumple con
ninguno de los requisitos legales para el efecto, por cuanto:

i) El documento no fue encontrado o recobrado después de dictada la sentencia
recurrida, de hecho, el documento fue allegado oportunamente y anexado al
expediente digital, luego de que fuese decretado como prueba de oficio dentro de
la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, incluso como se aludió
anteriormente, el decreto fue mencionado dentro de la sentencia recurrida.

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ii) No se observa motivo alguno por el cual, con base en dicho documento se habría
podido adoptar una decisión diferente en el proceso ordinario que culminó con la
sentencia ahora recurrida, toda vez que, si bien el decreto contiene la creación de
los subprogramas, proyectos, subproyectos y las distribuciones en el presupuesto
de gastos de inversión dentro del periodo que el recurrente denomina
«precontractual», el referido documento por sí solo no desvirtúa la motivación
establecida por el juez de única instancia, con relación a la responsabilidad en
cabeza de quien ostentaba la dignidad de gobernador, incluso si su ejercicio fue por
delegación o mandato.

iii) Tampoco se demostró que el documento no se haya podido aportar por fuerza
mayor, caso fortuito o por obra de la parte contraria.

73. Así las cosas, al no reunirse ninguno de los requisitos exigidos para que la
causal se configure, este cargo no está llamado a prosperar.

2.5.2. La causal de nulidad contenida en el numeral 5 del artículo 250 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

74. El numeral 5 del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo contempla como causal de revisión la de «existir
nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede
recurso de apelación».

75. De la lectura de la norma se desprende que la configuración de la causal
necesita, de un lado, que haya tenido lugar una nulidad originada en la sentencia y,
del otro, que contra ella no proceda el recurso de apelación. Sin embargo, debido a
que el legislador no determinó cuáles son los eventos en los que se considera que
se ha configurado una «nulidad originada en la sentencia», ha sido la jurisprudencia
del Consejo de Estado la que ha dotado de contenido esta disposición19.

76. Así, esta Corporación ha señalado que esa condición se refiere a situaciones
«originadas en la misma sentencia recurrida o en circunstancias sobrevinientes con
influencia en la decisión, por desconocimiento grave o insaneable de alguna
ritualidad sustantiva propia de la actuación»20.

19 Sobre el punto la Corte Constitucional en sentencia C-871 de 2003 señaló que «Con todo, el
principio de la cosa juzgada no tiene carácter absoluto pues puede llegar a colisionar con la justicia
material del caso concreto. Para enfrentar tal situación se ha consagrado la acción de revisión, la
cual permite en casos excepcionales dejar sin valor una sentencia ejecutoriada en aquellos casos
en que hechos o circunstancias posteriores a la decisión judicial revelan que ésta es injusta. En este
sentido puede afirmarse que la revisión se opone al principio «res iudicata pro veritate habertur»
para evitar que prevalezca una injusticia, pues busca aniquilar los efectos de la cosa juzgada de una
sentencia injusta y reabrir un proceso ya fenecido. Su fin último es, entonces, buscar el imperio de
la justicia y verdad material, como fines esenciales del Estado».
20 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 7 de octubre de 2019, Radicado

11001333103520080018001.

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77. En ese sentido, de acuerdo con la posición pacífica del Consejo de Estado, esto
implica corroborar que: i) el vicio alegado se originó en la sentencia, es decir, que
se materializó con la adopción misma del fallo y no antes, y ii) la anomalía es de tal
magnitud que configura un defecto insaneable de la actuación, al punto que, de no
presentarse ese yerro, la decisión adoptada hubiese sido distinta21.

78. Sobre lo primero, la jurisprudencia de esta Corporación ha establecido que, por
regla general, no es posible «alegar como fundamento del recurso, alguna causa de
nulidad acaecida en una etapa previa a la sentencia, ya que la proposición de
nulidades procesales se encuentra sometida a las reglas de oportunidad y
legitimación previstas en el artículo 142 del Código de Procedimiento Civil [hoy,
artículo 134 del Código General del Proceso], sin perjuicio del deber que el artículo
145 ibidem, impone al juez de declarar de oficio las nulidades insaneables que
observe antes de dictar sentencia»22. Sin embargo, en algunos casos se ha
aceptado la proposición de la nulidad procesal ocurrida antes de la expedición de la
sentencia, siempre y cuando esta no haya podido ser advertida por el recurrente,
evento en el que la parte actora debe probar que efectivamente no tuvo la posibilidad
de proponer la nulidad en el curso del proceso.

79. En cuanto a la segunda exigencia, esta Corporación ha señalado que son dos
los grupos de anomalías que pueden dar lugar a un defecto insaneable derivado de
la sentencia23: El primero, relacionado con irregularidades que constituyen causal
de nulidad del proceso y que solo pudieron ser advertidas en la sentencia, y, el
segundo, relativo a los vicios que contiene la propia sentencia y que pueden derivar
en la vulneración del artículo 29 Superior24.

80. El primer grupo estaría referido entonces a las causales de nulidad procesal
previstas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo o en el Código General del Proceso, siempre y cuando solo hayan
podido advertirse en la sentencia. El segundo, a la inobservancia de aspectos
procesales de tal transcendencia que tengan impacto en la garantía del debido

21 Cfr. Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 26. Sentencia del 14 de agosto de 2018,

Radicado 11001031500020140309300; Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N°22.
Sentencia del 3 de diciembre de 2019, Radicado 11001031500020140309300; Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 18 de noviembre de 2018, Radicado
11001032500020150099600.
22 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 13. Sentencia del 7 de junio de 2016. Radicado

11001031500020150249300.
23 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 26. Sentencia del 3 de febrero de 2015, Rad.:

11001031500019980015701; Consejo de Estado, Sala Especial No. 26. Sentencia del 3 de febrero
de 2015 Rad.: 11001031500020110163900; Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 22.
Sentencia del 2 de febrero de 2016, Rad.: 11001031500020150234200 y Consejo de Estado, Sala
Especial de Decisión N°2. Sentencia del 1° de octubre de 2019, Rad.: 11001031500020130221600
24 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 16 de julio de 2007, Rad.:

11001031500020070065300. Se toma el resumen de la causal contenido en el radicado No
110010315000201300702-00 y reiterado en la sentencia del 1° de noviembre de 2016 proferida por
la Sala Especial de Decisión N° 10, Rad.: 11001031500020120023000.

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proceso25, lo cual excluye la posibilidad de formular, por esta vía, cuestionamientos
que conciernan al contenido de la motivación, a la valoración probatoria o a la forma
de aplicación de una determinada norma.

81. Así, según la jurisprudencia de esta Corporación26 y a modo enunciativo, una
nulidad originada en la sentencia por circunstancias distintas a las causales de
nulidad procesal previstas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo o en el Código General del Proceso puede acaecer en
los siguientes eventos: i) cuando se dicta sentencia en un proceso que terminó por
desistimiento, transacción, perención o estando legalmente suspendido o
interrumpido y antes de la oportunidad para reanudarlo; ii) cuando el fallo aparece
firmado por menor o mayor número de magistrados o cuando es adoptado con un
número de votos diferente al previsto en la ley; iii) cuando la sentencia carece
totalmente de motivación; iv) cuando el fallo viola el principio de non reformatio in
pejus; v) cuando la sentencia condena a quien no es parte dentro del proceso; vi)
cuando el fallo se profiere con falta de competencia o de jurisdicción; vii) cuando se
dicta sentencia con pretermisión de las instancias procesales previas; viii) cuando
el demandado es condenado por cantidad superior o por objeto distinto del
pretendido en la demanda o por causa diferente de la invocada en ésta; o ix) cuando
la sentencia carece de congruencia interna o externa.

82. La congruencia interna se refiere a la correspondencia que debe existir entre la
parte motiva y la resolutiva de la sentencia, mientras que la externa propende
porque la decisión contenida en parte resolutiva se encuentre en concordancia con
lo pedido en la demanda y en su contestación27, es decir, que haya identidad jurídica
entre lo resuelto y las pretensiones y excepciones oportunamente presentadas,
salvo por las competencias oficiosas que la ley otorga al juzgador 28. Lo anterior

25 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N°15. Sentencia del 5 de noviembre de 2019.

Radicado 11001031500020180141500.
26 Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 3 de febrero

de 2015, Rad.: 11001031500020090049400; Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 26.
Sentencia del 14 de agosto de 2018, Rad.: 11001031500020140309300; Consejo de Estado, Sala
Plena, Sala Especial de Decisión N° 22. Sentencia del 3 de diciembre de 2019, Rad.:
11001031500020140309300; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia de 29
de abril de 2015, Rad.: 20083531900; Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A.
Sentencia del 24 de octubre de 2019, Rad.: 11001032500020130023300; Consejo de Estado, Sala
Especial de Decisión N°15, Sentencia del 5 de noviembre de 2019, Rad.:
11001031500020180141500; Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del
24 de octubre de 2019, Rad.: 11001032500020140032500; Consejo de Estado, Sala Especial de
Decisión N° 22. Sentencia del 2 de febrero de 2016, Rad.: 110010315000201502342; Consejo de
Estado, Sala Especial de Decisión N° 4. Sentencia del 23 de julio de 2019, Rad.:
11001031500020180434500.
27 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia de 1 de marzo de 2018. Radicado

11001-03-25-000-2013-00838-00.
28 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia de 13 de agosto de 2021. Radiado

11001-03-26-000-2019-00100-00(64246).

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encuentra fundamento en el artículo 281 del Código General del Proceso 29 ꟷque
reformó el artículo 305 del CPCꟷ, aplicable por remisión normativa del artículo 306
de la Ley 1437 de 2011.

83. Cuando falta esa congruencia externa, se habla de decisiones ultrapetita, que
tienen lugar cuando se reconoce un mayor derecho al pretendido, extrapetita
cuando se reconoce un derecho no reclamado o que siendo reclamado se concede
por una causa distinta al supuesto fáctico y jurídico de la demanda, o infrapetita
cuando no se resuelve algún asunto debidamente planteado 30. De fondo, la razón
por la cual procede la nulidad originada en la sentencia cuando se desconoce el
principio de congruencia, es porque el fallador excede su competencia, la que, como
se ha dicho, está determinada por las pretensiones y los fundamentos de la
demanda, y por la contestación y las excepciones propuestas31.

84. En conclusión, la procedencia de la causal de nulidad originada en la sentencia
de que trata el numeral 5 del artículo 250 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo impone acreditar, de un lado, que
el recurso se interpone contra una sentencia respecto de la cual no procede el
recurso de apelación y, del otro, que el fallo a infirmar dio origen a una nulidad
procesal de las que tratan las codificaciones procesales o a un defecto con
implicaciones graves en la garantía del debido proceso.

85. En este punto y descendiendo al caso concreto, el actor fundamentó la causal
en las falencias que en materia probatoria incurrió la providencia recurrida, que en
su criterio constituyen un defecto fáctico.

86. Lo anterior, al considerar que la decisión se profirió sin fundamento fáctico y
probatorio suficiente, no solo porque «nunca tuvo en cuenta la decreto No.0088 del
1º de abril de 2005, sino también porque al fallar desconoció y pasó por alto la
prueba evidente e incontrovertible que aparece titulada como “OTRAS
CONSIDERACIONES JURÍDICAS CON RELACIÓN AL INVESTIGADO JESÚS
LIBARDO REVELO”».

29 «ARTÍCULO 281. CONGRUENCIAS. La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y

las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla
y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.
No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la
demanda ni por causa diferente a la invocada en esta.
Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocerá solamente lo último.
En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial
sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la demanda, siempre que
aparezca probado y que haya sido alegado por la parte interesada a más tardar en su alegato de
conclusión o que la ley permita considerarlo de oficio. (…)».
30 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia de 16 de

agosto de 2002. Radicado 760012324000199704345-01(12668).
31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Subsección A.

Sentencia de 13 de agosto de 2021. Radiado 11001-03-26-000-2019-00100-00(64246).

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Recurrente: Jesús Libardo Revelo Rosero
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87. De este modo, es del caso precisar que dichos argumentos resultan ajenos a la
causal de nulidad originada en la sentencia y, por ende, no es viable emitir
pronunciamiento alguno de fondo frente a aquellos, pues lo que advierten es la
inconformidad del recurrente frente al estudio efectuado por el juez de instancia que
resultó adverso a sus intereses.

88. Al respecto, vale la pena resaltar que en el escrito del recurso no se encuentra
argumentación alguna diferente a los cuestionamientos que fueron esbozados en la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho a través del proceso ordinario,
que culminó con la providencia ahora recurrida o al sentir de la parte actora frente
a la forma en la que el juez de única instancia analizó el material probatorio obrante
en el expediente.

89. Por otra parte, el recurrente también alega la configuración de la causal 5 por
considerar que el fallo demandado incurre en nulidad «por proferir sentencia
condenatoria contra un tercero que no fue vinculado al proceso», es decir, una de
las circunstancias expuestas de forma previa que la jurisprudencia de esta
Corporación ha reconocido como causal, distintas de aquellas previstas en el
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo o en el
Código General del Proceso.

90. A juicio del actor, por cuanto en la resolución de evaluación de investigación
disciplinaria expedida por asesores del despacho del procurador general de la
Nación, se ordenó la terminación y el cierre de las diligencias en su contra.

91. No obstante, para la Sala este argumento no es de recibo en tanto el fallo objeto
de revisión fue claro en indicar que el estudio realizado tomó como punto de partida
el pliego de cargos imputado al actor por la PGN, el 30 de abril de 2004, que dio
como resultado la sanción definitiva, trámite en el que no evidenció incongruencia
alguna y que demuestra que estuvo vinculado en la investigación. Por el contrario,
al revisar los actos demandados, la Sección Segunda, Subsección B del Consejo
de Estado, identificó que la PGN en las dos instancias, efectuó amplias y razonadas
precisiones acerca del contenido objetivo y subjetivo de la imputación y la
responsabilidad del actor.

92. Por lo tanto, el juez de instancia concluyó que «la conducta irregular imputada
al actor se demostró, que se tradujo en incumplimiento del deber funcional atribuido
en el pliego de cargos y corresponde, en efecto, a la descripción típica de carácter
gravísimo y doloso que prevé el régimen disciplinario, como lo determinó y sancionó
la autoridad disciplinaria en las dos instancias».

93. Así las cosas, la Sala insiste en que el recurso extraordinario de revisión no
constituye una tercera instancia en la que sea viable debatir los asuntos propios del
proceso ordinario, se trata de una excepción al principio de cosa juzgada y, por

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ende, procede por la configuración de casuales taxativas señaladas en la ley, sin
que sea viable utilizarlo para cuestionar la decisión de los jueces naturales de la
causa, ni manifestar desacuerdos con la conclusión en que aquel se haya arribado.

94. En este orden de ideas, esta causal tampoco tiene vocación de prosperidad.

95. De este modo, al no encontrarse configuradas ninguna de las causales
alegadas, la Sala Especial de Decisión No. 6, declarará infundado el presente
recurso extraordinario de revisión.

2.6. Costas

96. De acuerdo con lo previsto en el artículo 255 de la Ley 1437 de 201132, en
concordancia con el numeral 8 del artículo 365 del CGP, se condenará en costas a
quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de revisión, siempre que, «en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación».

97. Por su parte, el artículo 361 del CGP establece que las costas están integradas
por la expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias
en derecho. Asimismo, dispone que las costas serán tasadas y liquidadas con
criterios objetivos y verificables en el expediente.

98. En el caso objeto de estudio, no se demuestra que se hayan causado y
comprobado dado que la Procuraduría General de la Nación, entidad demandada
en este trámite no se pronunció en la oportunidad procesal a pesar de haber sido
notificada en debida forma.

99. En tales condiciones, no se condenará en costas procesales a la parte vencida.

100. En mérito de lo expuesto, la Sala Especial de Decisión No. 6, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

32 ARTÍCULO 255. SENTENCIA. Vencido el período probatorio se dictará sentencia.

Si el competente encuentra fundada alguna de las causales de los numerales 1 a 4 y 6 a 8 del artículo
250 de este código, o la del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, invalidará la sentencia
revisada y dictará la que en derecho corresponde.
En la sentencia que invalide la decisión revisada se resolverá sobre las restituciones, cancelaciones,
perjuicios, frutos, mejoras, deterioros y demás consecuencias de dicha invalidación. Si en el
expediente no existiere prueba para imponer la condena en concreto, esta se hará en abstracto y se
dará cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 193 de este código.
Si halla fundada la causal del numeral 5 del señalado artículo 250, o la del literal a) del artículo 20
de la Ley 797 de 2003, declarará la nulidad de la sentencia o de la actuación afectada con la causal
que dio lugar a la revisión, y devolverá el proceso a la autoridad judicial de origen para que rehaga
lo actuado o dicte sentencia de nuevo, según corresponda.
Si se declara infundado el recurso, se condenará en costas y perjuicios al recurrente. «Artículo
modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de 2021».

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RESUELVE

Primero: Declárase infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto
contra la sentencia proferida el 8 de febrero de 2024 por la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número de radicado 11001-03-25-
000-2011-00031-00.

Segundo: Abstenerse de condenar en costas a la parte recurrente, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Tercero: Por Secretaría General, archívese el expediente previas las anotaciones
pertinentes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Magistrado Magistrada

JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Magistrado Magistrado

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Magistrado

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”

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