Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2024-00055-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2024-00055-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2024-00055-00
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
30 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá D. C., treinta (30) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Radicado: 11001-03-25-000-2024-00055-00 (0838-2024)
Demandante: Shari Diane Noguera Ruiz
Demandado: ESE Subred Integrada de Servicios de Salud Sur1
Providencia Sentencia del 9 de febrero de 2023, proferida por el Tribunal
recurrida: Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
D
Tema: Causal 1 de revisión del artículo 250 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo2
Sentencia de revisión
Asunto
La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Shari Diane
Noguera Ruiz contra la sentencia del 9 de febrero de 2023 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido en contra de la ESE
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur.
1. Antecedentes
1.1. Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho3
1. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto
en el artículo 138 del CPACA, Shari Diane Noguera Ruiz presentó demanda en orden
a que se declarara la nulidad del Oficio OJU-E-2363-2020 del 23 de septiembre de
2020, por medio del cual la jefe de la oficina jurídica de la ESE demandada le negó
el reconocimiento de una relación laboral y el pago de las prestaciones sociales que
se derivaban de ella por sus servicios como profesional administrativo entre el 3 de
diciembre de 2014 y el 31 de octubre de 2018.
2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó (i) la declaración de la existencia
de una relación laboral entre las partes por el periodo reclamado; (ii) el pago de las
prestaciones laborales que devengaban los empleados de planta de la ESE
demandada que desarrollaban sus funciones, tales como la diferencia salarial, las
cesantías y sus intereses, las vacaciones en dinero y las primas de servicios,
vacaciones y navidad; (iii) la devolución de las sumas pagadas por concepto de
1 Anteriormente ESE Hospital Universitario El Tunal III Nivel.
2 En adelante CPACA.
3 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«5ED_ANEXOS_ANEXOSRECURSODEREVISIONPDF(.pdf) NroActua 2», archivo
«5_EXPEDIENTEDIGI_ANEXOS_ANEXOSRECURSODEREVIS_20240216100400», folios 20 a 55.
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seguridad social (salud, pensión, riesgos laborales y caja de compensación familiar)
(vi) el reconocimiento de la indemnización extralegal por despido injusto, de los
intereses moratorios a los que haya lugar y el cómputo del tiempo trabajado para
efectos pensionales; iv) la actualización de las sumas que resulten de lo que se
resuelva; v) el cumplimiento de la sentencia de conformidad con lo previsto en los
artículos 187 y 192; y vi) la condena en costas a la entidad demandada.
1.1.1. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:
3.1. Shari Diane Noguera Ruiz laboró de manera ininterrumpida como profesional
administrativo al servicio de la ESE Hospital Universitario El Tunal III Nivel,
actualmente ESE Subred Integrada de Servicios de Salud Sur, entre el 3 de
diciembre de 2014 y el 31 de octubre de 2018, vinculada a través de contratos de
prestación de servicios suscritos de forma directa con la entidad, periodo en el que
realizó sus funciones de manera personal en las instalaciones del hospital, dentro de
un horario de trabajo, con una asignación mensual por las labores que desempeñó y
bajo la subordinación de la administración contratante.
3.2. Dentro de las funciones que realizó, de carácter especial y permanente para el
hospital, se encontraban la realización de las suspensiones de los contratos de
bienes y servicios; la administración y gestión de procesos; la elaboración,
supervisión y suspensión de los planes de mantenimiento hospitalario y de
calibración de los equipos biomédicos; la verificación de los contratos del área de
gestión de la tecnología; la representación en las verificaciones periódicas a los
centros de salud y del hospital a nivel distrital en los comités de tecnología; y la
proyección y entrega de los informes que requería la gerencia y su jefe inmediato,
entre otras.
3.3. La ESE Hospital Universitario El Tunal III Nivel le exigía, como condición previa a
la suscripción de los contratos, afiliarse como trabajadora independiente al Sistema
General de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos laborales, así como
adquirir una póliza de cumplimiento y responsabilidad civil. Adicionalmente, le
descontaba mensualmente en cada pago el impuesto de retención en la fuente y el
impuesto de industria y comercio.
3.4. Las prestaciones sociales y laborales a las cuales tenía derecho por ley, propias
de los empleados de planta que ejercían sus funciones, no le fueron reconocidas.
3.5. Durante el tiempo de su vinculación, le fue expedido carné institucional que la
identificaba como empleada, cuyo porte era obligatorio. Asimismo, los contratos y
sus prórrogas eran elaborados por el área jurídica de la entidad en formatos
preestablecidos que no admitían modificaciones en aspectos como la denominación,
las fechas de inicio, el valor o la terminación, y desarrolló sus funciones con las
herramientas, equipos e insumos suministrados por el hospital.
3.6. En desarrollo de sus actividades no le fueron otorgadas ni compensadas en
dinero las vacaciones, recibió llamados de atención y felicitaciones escritas por parte
de sus jefes inmediatos, no podía delegar las funciones asignadas y debía solicitar
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autorización previa para ausentarse del lugar de trabajo, sin contar con autonomía e
independencia en el cumplimiento de sus labores.
3.7. El 27 de julio de 2020, solicitó a la ESE demandada el reconocimiento de la
relación laboral por sus servicios como profesional administrativo entre el 3 de
diciembre de 2013 y el 31 de octubre de 2018 y el pago de las prestaciones que se
derivaban de ella; sin embargo, esta petición fue negada por la jefe de la oficina
jurídica de la entidad a través del Oficio OJU-E-2363-2020 del 23 de septiembre de
2020.
1.2. Sentencia de primera instancia4
4. Mediante sentencia proferida el 22 de septiembre de 2022 el Juzgado 25
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá negó las pretensiones de la demanda
y se abstuvo de condenar en costas a la parte vencida. Para el efecto, consideró:
4.1. Los elementos de juicio allegados al expediente acreditaban la prestación del
servicio por parte de la actora y la remuneración percibida, así como la existencia de
contratos sucesivos de prestación de servicios ejecutados sin solución de
continuidad entre el 2 de enero de 2015 y el 31 de octubre de 2015; no obstante, no
se demostró el elemento de la subordinación necesario para configurar la existencia
de un «contrato realidad».
4.2. En efecto, el material probatorio no permitió establecer con claridad las
condiciones de tiempo, modo y lugar en el que se desarrollaron las funciones, ni
evidenció el cumplimiento de órdenes permanentes, la sujeción a horarios, ni el
ejercicio de labores en condición equiparable a las de los empleados de planta.
4.3. Los testimonios y demás pruebas no acreditaban que la actora estuviera sometida
a dependencia jerárquica, sino que, por el contrario, se evidenciaba cierto grado de
autonomía e incluso funciones de coordinación sobre otros profesionales, sin que la
rendición de informes o la supervisión contractual constituyeran, por sí solas,
manifestaciones de subordinación laboral.
4.4. Asíentonces, al no haberse cumplido la carga probatoria respecto de ese
elemento esencial, no era posible desvirtuar la naturaleza de los contratos de
prestación de servicios ni debatir la existencia de una relación laboral, por lo que las
súplicas de la demanda debían ser negadas.
1.3. El recurso de apelación5
5. Shari Diane Noguera Ruiz interpuso recurso de apelación, en el cual solicitó que
se revocara la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se accediera a las
4 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«5ED_ANEXOS_ANEXOSRECURSODEREVISIONPDF(.pdf) NroActua 2», archivo
«5_EXPEDIENTEDIGI_ANEXOS_ANEXOSRECURSODEREVIS_20240216100400», folios 56 a 71.
5 Samai, índice 22, actuación «RECIBE MEMORIALES POR CORREO ELECTRONICO», documento
«27RECIBEMEMORIAL_31_RECIBEMEMORIAL_RV(.pdf) NroActua 22», archivo
«27_RECIBEMEMORIAL_31_RECIBEMEMORIAL_RV_0_20250507122755652», link
«110013335025-2020-00393-00», carpeta «001CuadernoPrimeraInstancia», archivo
«033MemorialApelacion2020-00393Oct3-2022.pdf».
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súplicas de la demanda, con sustento en los argumentos que se sintetizan a
continuación:
5.1. En aplicación del principio de primacía de la realidad sobre las formalidades,
previsto en el artículo 53 de la Constitución Política, en el caso concreto se configuró
una relación laboral entre las partes, toda vez que se acreditaron los elementos para
ello, esto es, la prestación personal del servicio, la remuneración percibida y la
subordinación en el ejercicio de las funciones, pues los testimonios y demás pruebas
daban cuenta de la sujeción a órdenes, horarios, controles y autorizaciones por parte
de superiores.
5.2. La ESE demandada utilizó de manera indebida la figura del contrato de prestación
de servicios para encubrir una relación laboral, en contravía de la Constitución, la ley
y la jurisprudencia reiterada que ha señalado que esta modalidad contractual no
podía emplearse para el desarrollo de funciones permanentes ni propias del objeto
misional de la entidad.
5.3. La continuidad en la prestación del servicio y la naturaleza de las funciones
desempeñadas por la actora evidenciaban que se trataba de una necesidad
permanente de la entidad, por lo que debía crearse el respectivo empleo en la planta
de personal.
5.4. Lavaloración probatoria efectuada por el juzgado de primera instancia fue
indebida, toda vez que no se otorgó el debido alcance a los testimonios y demás
elementos probatorios, con los cuales se encontraba acreditaba la subordinación.
1.4. Sentencia de segunda instancia objeto de revisión6
6. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, en
sentencia del 9 de febrero de 2023 confirmó la decisión de primera instancia y se
abstuvo de condenar en costas.
7. Para el efecto, luego de realizar un recuento legal y jurisprudencial aplicable al
asunto, fundamentó su decisión en lo siguiente:
7.1. En el caso concreto, se encontraba acreditado que la demandante estuvo
vinculada con la ESE Hospital Universitario El Tunal III Nivel, actualmente ESE
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur, mediante sucesivos contratos de
prestación de servicios entre los años 2014 y 2018 y percibió una remuneración a
título de honorarios, lo que permitía dar por demostrados los elementos de prestación
personal del servicio y contraprestación económica.
7.2. No obstante, en relación con la subordinación, a partir del análisis conjunto del
material probatorio (documentos, testimonios e interrogatorio de parte) no se
evidenció su configuración. Si bien se constató la continuidad en la prestación del
servicio y la coincidencia de algunas actividades con las desarrolladas por el personal
6 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«5ED_ANEXOS_ANEXOSRECURSODEREVISIONPDF(.pdf) NroActua 2», archivo
«5_EXPEDIENTEDIGI_ANEXOS_ANEXOSRECURSODEREVIS_20240216100400», folios 74 a
102.
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de planta, estas circunstancias, por sí solas, no desvirtuaban la naturaleza
contractual del vínculo.
7.3. Las declaraciones testimoniales no daban cuenta de la existencia de órdenes
permanentes, controles disciplinarios o manifestaciones propias de una relación
laboral, sino de dinámicas de coordinación necesarias para la ejecución del objeto
contractual. Asimismo, el cumplimiento de horarios, la asistencia a reuniones, y la
presentación de informes o la sujeción a directrices generales se enmarcaron en
condiciones de articulación con la entidad, sin que ello constituyera subordinación.
7.4. Lasactividades desempeñadas relacionadas con la gestión de equipos
biomédicos y funciones administrativas de apoyo correspondieron al ejercicio
autónomo de conocimientos técnicos y profesionales, sin que se advirtiera una
dependencia jerárquica en los términos propios del contrato de trabajo.
7.5. Aunque la vinculación se extendió por un período prolongado, lo cual constituyó
un indicio relevante, este elemento no resultó suficiente para configurar una relación
laboral entre las partes en ausencia de prueba del elemento de la subordinación.
7.6. La carga de acreditar los supuestos fácticos de la relación laboral recayó en la
parte actora, especialmente en lo relativo a la subordinación, sin que se aportaran
los elementos que evidenciaran la imposición de órdenes, llamados de atención o el
ejercicio de la potestad disciplinaria.
7.7. Así las cosas, la relación se desarrolló bajo un esquema de coordinación propio
del contrato de prestación de servicios, sin que se configuraran los elementos de la
relación laboral, de manera particular la subordinación, motivo por el cual se debía
confirmar la decisión de primera instancia.
1.5. Recurso extraordinario de revisión7
8. Shari Diane Noguera Ruiz interpuso recurso extraordinario de revisión en contra
de la sentencia del 9 de febrero de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D. Lo anterior con fundamento en la
causal establecida en el numeral 1 del artículo 250 del CPACA, «(h)aberse encontrado
o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se
hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al
proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria».
9. La demandante solicitó que se revocara la providencia objeto del recurso, que
confirmó la sentencia del 22 de septiembre de 2022 del Juzgado 25 Administrativo
del Circuito Judicial de Bogotá, que negó las pretensiones de la demanda en el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-35-025-
2020-00393-00 (01). Como consecuencia de lo anterior, pidió acceder a la totalidad
de las súplicas de la demanda inicial.
10. Las pretensiones se sustentaron en los siguientes argumentos:
7 Samai, índices 2 y 8, actuaciones «EXPEDIENTE DIGITAL» y «RECIBE MEMORIALES ONLINE»,
documentos «5ED_ANEXOS_ANEXOSRECURSODEREVISIONPDF(.pdf) NroActua 2» y
«9_MemorialWeb_Otro-RECURSODEREVISION(.pdf) NroActua 8», archivos
«5_EXPEDIENTEDIGI_ANEXOS_ANEXOSRECURSODEREVIS_20240216100400» y «».
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10.1. Los documentos allegados con el recurso no fueron aportados en su
oportunidad, por encontrarse en poder de la entidad demandada, en tanto
correspondían los registros internos relacionados con órdenes, instrucciones y
directrices impartidas a la demandante en el desarrollo de sus actividades. Durante
el trámite del proceso se adelantaron actuaciones encaminadas a su obtención, sin
que estos fueran allegados de manera íntegra. Estos documentos fueron obtenidos
con posterioridad a la expedición de la sentencia y aportados con el recurso de
revisión.
10.2. Su contenido era relevante para el análisis de la subordinación, toda vez que
daría cuenta de la sujeción a instrucciones y de la dinámica real de la prestación del
servicio, aspecto que no habría sido debidamente valorado a partir del material
probatorio obrante en el expediente.
10.3. La valoración probatoria fue defectuosa, toda vez que la decisión cuestionada
partió de un entendimiento restrictivo de los medios idóneos para acreditar la
subordinación, al circunscribir su demostración a la prueba testimonial. En
consecuencia, no se otorgó el debido mérito a los otros elementos de convicción
obrantes en el expediente, como certificaciones expedidas por la entidad,
documentos contractuales, constancias de cumplimiento, registros de horario,
comunicaciones y demás soportes relacionados con la ejecución del servicio.
10.4. En este contexto, se presentó la ausencia de una valoración integral de las
pruebas, en la medida en que los distintos medios allegados no fueron analizados en
conjunto, pese a su aptitud para demostrar las circunstancias de tiempo, modo y
lugar en que se desarrolló la actividad, así como la continuidad en la prestación del
servicio y la sujeción a directrices propias de una relación subordinada.
10.5. Se configuró un desconocimiento del deber de motivación de las decisiones
judiciales, pues no se expuso de manera razonada el mérito asignado a los medios
de prueba, conforme con lo dispuesto en el artículo 176 del Código General del
Proceso8, particularmente frente a los elementos documentales y testimoniales
allegados al proceso.
10.6. Se presentó una omisión en el ejercicio de las facultades oficiosas del juez, toda
vez que, ante eventuales vacíos probatorios, no se dispuso la práctica de las pruebas
necesarias para el esclarecimiento de los hechos, lo que incidía en la adopción de
una decisión basada en insuficiencia probatoria.
10.7. La valoración probatoria efectuada se apartaba de las reglas de la sana crítica y
de los criterios fijados por la jurisprudencia constitucional en materia de apreciación
integral de los medios de convicción, lo que derivó en una conclusión que no reflejaba
de manera adecuada a la realidad acreditada en el proceso.
10.8. El análisis conjunto de las pruebas allegadas permitía establecer la acreditación
de los elementos de una relación laboral entre las partes, tales como la prestación
personal del servicio, la remuneración y la continuidad en la vinculación, así como la
8 En lo que sigue CGP.
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sujeción a directrices institucionales, los cuales, apreciados de manera armónica,
permitían establecer la configuración de la subordinación.
10.9. Con el recurso se allegaron como documentos recobrados: (i) acta de reunión
del 4 de septiembre de 2018; y (ii) correos electrónicos del 3, 15, 17, 28 y 29 de
agosto y 1, 4, 6, 10, 17 y 18 de septiembre de 2018, así como algunos sin fecha
determinada.
1.6. Contestación del recurso extraordinario de revisión
11. La ESE Subred Integrada de Servicios de Salud Sur no se pronunció en la
instancia procesal9.
1.7. Intervención del Ministerio Público10
12. El procurador delegado ante el Consejo de Estado solicitó declarar infundado el
recurso de revisión con fundamento en lo siguiente:
12.1. Los documentos allegados, consistentes en un acta de reunión y varios correos
electrónicos de agosto y septiembre de 2018, correspondían a comunicaciones o
actuaciones propias del desarrollo ordinario de las actividades contractuales, sin que
su contenido se desprendieran elementos distintos de los ya conocidos en el
proceso.
12.2. Nose acreditó que dichos documentos no hubieran podido ser aportados
oportunamente por circunstancias ajenas a la voluntad de la recurrente, pues se
trataba de comunicaciones dirigidas a ella o en las que participó, sin que se
demostrara la existencia de reserva legal o imposibilidad material para su obtención.
12.3. Los documentos allegados no tenían la entidad suficiente para incidir en la
decisión adoptada, en la medida en que se referían a hechos ocurridos en un periodo
limitado, sin incidencia determinante en el análisis del elemento de la subordinación
durante la relación contractual objeto de controversia.
12.4. En el trámite del proceso ordinario la parte actora centró su argumentación en la
suficiencia de la prueba testimonial para acreditar la subordinación, por lo que
resultaba incongruente que, en sede de revisión, se pretendiera fundamentar el
recurso en la falta de valoración de documentos que no fueron oportunamente
aportados.
12.5. La parte demandante no hizo uso de los mecanismos procesales disponibles
para insistir en la práctica de pruebas o controvertir su no incorporación al proceso,
ni se opuso al cierre de la etapa probatoria, por lo que incumplió la carga probatoria
que le correspondía.
9 Así se consideró en el auto de pruebas del 28 de febrero de 2025. Samai, índice 17, actuación «Auto
que decreta pruebas», documento «22Autoquedecret_08382024seabreaprueb(.pdf) NroActua 17»,
archivo «22_Autoquedecret_08382024seabreaprueb_0_20250409123858166».
10 Samai, índice 14, actuación «RECIBE MEMORIALES ONLINE», documento
«Memorial_CHL_18Concepto(.pdf) NroActua 14», archivo
«18_18_110010325000202400055001YYY10281919».
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12.6. El recurso extraordinario de revisión no podía ser utilizado como una oportunidad
para reabrir el debate probatorio ni para subsanar omisiones en la actividad procesal
de las partes, por lo que, al no cumplirse con los requisitos exigidos para la
configuración de la causal invocada, debía declararse infundado.
2. Consideraciones
2.1. Competencia
13. Esta Sala es competente para decidir el presente recurso extraordinario de
revisión de conformidad con lo regulado en los artículos 249 del CPACA y 13 numeral
3 del Reglamento Interno del Consejo de Estado11, expedido por la Sala Plena de
esta corporación, que estableció «(d)e los recursos de revisión contra las sentencias
ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y
subsecciones del Consejo de Estado según la materia».
2.2. Oportunidad
14. En este caso, la sentencia del 9 de febrero de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, fue notificada el
17 de febrero de 2023 y quedó ejecutoriada el 24 de igual mes y año12. Por su parte,
el recurso extraordinario de revisión fue radicado el 31 de enero de 202413.
15. De acuerdo con lo anterior, el recurso extraordinario de revisión fue presentado
dentro del año siguiente a la ejecutoria de la sentencia recurrida, tal y como lo prevé
el artículo 251 del CPACA.
2.3. Legitimación en la causa
16. En el asunto objeto de estudio, Shari Diane Noguera Ruiz y la ESE Subred
Integrada de Servicios de Salud Sur, están legitimadas para actuar como
demandante (la primera) y como demandada (la última), comoquiera que actuaron
con igual calidad dentro del proceso ordinario cuya decisión de segunda instancia se
pretende controvertir en esta oportunidad.
2.4. Generalidades del recurso extraordinario de revisión
17. El recurso extraordinario de revisión previsto en el artículo 248 del CPACA es un
medio de impugnación que afecta el principio de la inmutabilidad de las sentencias
ejecutoriadas y, por ende, constituye una excepción al principio de la cosa juzgada14.
Su finalidad es la de invalidar los efectos jurídicos de una sentencia que se encuentra
11 Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019.
12 Así se estableció en el auto de inadmisión de la demanda del 15 de marzo de 2024. Samai, índice
4, actuación «Auto que inadmite recurso extraordinario de revisión», documento
«7AUTOQUEINADMI_08382024INADMITERERC(.pdf) NroActua 4», archivo
«7_AUTOQUEINADMI_08382024INADMITERERC_20240319163350».
13 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«6ED_CORREO_CORREOPDF(.pdf) NroActua 2», archivo
«6_EXPEDIENTEDIGI_CORREO_CORREOPDF_20240216100431».
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Catorce Especial de Decisión.
Sentencia 13 de octubre de 2020. Rad. 11001-03-15-000-2019-00119-00.
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ejecutoriada15 y persigue el restablecimiento del criterio de justicia material y la
supremacía de las garantías procesales cuando estas han sido lesionadas en
aquella, al ocurrir alguna de las causales por las cuales procede, establecidas en la
ley. Tiene 2 características principales:
18. La primera se refiere a que su naturaleza es excepcional y, por lo tanto, solo opera
por razón de las causales taxativas señaladas en el artículo 250 del CPACA, en
concordancia con el artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Estas señalan vicios o errores
de naturaleza procedimental que permiten la revisión de la sentencia proferida
dentro del proceso. En ese orden, para que el juez pueda examinar la controversia
materia del recurso, a quien lo ejerce le corresponde indicar con precisión cuál es la
causal que invoca para invalidar la sentencia recurrida y las razones de hecho y de
derecho que la sustentan.
19. La segunda indica que se trata de un nuevo proceso que tiene por objeto
cuestionar la sentencia proferida dentro de un proceso ordinario y no una nueva
oportunidad para reabrir el debate jurídico, probatorio y/o fáctico propio de las
instancias procesales que ya se han surtido en aquel. Tampoco es una vía para
cuestionar la actividad interpretativa del juez o insistir en la discusión de los
problemas debatidos en el proceso original ni para subsanar las falencias de las
actuaciones procesales de las partes, puesto que no constituye una tercera
instancia.
2.5. Problema jurídico
20. Se circunscribe a resolver el siguiente interrogante:
¿Si los documentos allegados por la recurrente son pruebas recobradas o
encontradas en los términos del numeral 1 del artículo 250 del CPACA, en
cuanto no pudieron ser aportados oportunamente por causas ajenas a su
voluntad y resultarían decisivos para modificar la decisión adoptada?
2.6. Causal de revisión prevista en el numeral 1 del artículo 250 del CPACA
21. El numeral 1 del artículo 250 del CPACA dispuso que «(h)aberse encontrado o
recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera
podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por
fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria (…)» es causal de revisión de
las sentencias ejecutoriadas.
22. En relación con la causal, es pertinente señalar que el numeral 2 16 del artículo 188
del CCA también la establecía en similares términos a la prevista en el numeral 1 del
artículo 250 del CPACA. De tiempo atrás, su sentido y alcance se desprendió del
significado del verbo «recobrar» se entiende como «(…) volver a tomar o adquirir lo que
15 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección A.
Sentencia 15 de marzo de 2018. Rad. 1001-03-25-000-2014-00862-00.
16 «2. Haberse recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera
podido proferir una decisión diferente, y que el recurrente no pudo aportar al proceso por fuerza mejor o caso
fortuito o por obra de la parte contraria»
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antes se poseía o se tenía (…)»17. Sobre su configuración, la Sala Plena del Consejo
de Estado explicó lo siguiente:
«(…) Ha entendido la jurisprudencia, que prueba recobrada es aquella que
existiendo, no pudo ser aportada oportunamente al proceso, así la prueba
recobrada es aquél elemento probatorio nuevo, por ser recuperado luego de
proferida la sentencia, que pudo ser decisivo en el sentido de la decisión y que no
fue tenido en cuenta por el fallador, porque el interesado no pudo presentarla
oportunamente dentro del proceso, por motivos de fuerza mayor, caso fortuito u
obra de la parte contraria (…)»18.
23. Ciertamente, tanto el Consejo de Estado como la Corte Suprema de Justicia 19
consideraron que la referencia a la prueba recobrada se circunscribió a la prueba
documental preexistente a la sentencia objeto de revisión, en garantía de los
principios de cosa juzgada y seguridad jurídica. Por regla general, se ha considerado
que no se configura la causal cuando se trata de otro tipo de pruebas, como
testimonios, experticias, informes técnicos o exámenes médicos especializados, o
cuando esta es producida u obtenida de manera posterior a la sentencia que se
revisa.
24. Ahora, a pesar de que en esencia el contenido normativo del numeral 2 del artículo
188 del CCA se mantuvo en el numeral 1 del artículo 250 del CPACA, este último
incluyó el verbo «encontrar». El alcance de la expresión también se ha interpretado a
partir de su sentido gramatical, por lo tanto, se define como «dar con alguien o algo que
se busca o dar con alguien o algo sin buscarlo». Esta modificación no ha implicado
cambios sustanciales en los supuestos para que se estructure la causal.
25. En efecto, la jurisprudencia ha mantenido la exigencia de que el documento debe
ser preexistente a la sentencia objeto del recurso20. Por lo tanto, la consecuencia de
la introducción del término implica que el documento no necesariamente tiene que
ser recuperado por quien lo aduce. También se admiten aquellos que se encontraron
por primera vez después de proferida la sentencia recurrida.
26. La Sala Plena de esta corporación analizó el alcance de las expresiones «prueba
recobrada» o «prueba encontrada» para definir el ámbito de aplicación de la causal
aludida. Lo explicó en los siguientes términos:
«(…) Vista la causal en estudio se tiene que la misma exige de entrada determinar
el alcance del concepto de prueba encontrada o de prueba recobrada. En este
punto, existe una ampliación en el CPACA frente a la norma precedente, en tanto
el CCA sólo refería a las pruebas recobradas.
Semánticamente, el término “encontrar” significa una cosa o persona que se
encuentra, por una actividad consciente dirigida a buscarla o no. Al tiempo que
“recobrar” es una búsqueda consciente de algo que se tuvo, pero que se perdió.
En las dos acepciones, la cosa o la persona no están dentro del dominio o
percepción de quien la busca, pero quien la encuentra puede estar consciente o
17 http://dle.rae.es/?id=VShJp3R.
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 8 de noviembre de 2005,
expediente 1999-00218.
19 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 14 de diciembre de 2000. Expediente
núm. 7269
20 Al respecto, se pueden consultar: Consejo de Estado, Sala 6 Especial de Decisión, sentencia del 9 de
septiembre de 2024, radicado: 11001-03-15-000-2024-02869-00; Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 4 de septiembre de 2014, radicado: 11001-03-25-2021-00193-00 (1137-2021)
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no de su existencia y pérdida, a su vez quien recobra siempre es consciente de
su existencia y de su pérdida. Así, la diferencia entre ambos vocablos descansa
en la conciencia de la existencia de la cosa o la persona y de la búsqueda. En
consecuencia, son vocablos complementarios, en tanto encontrar sin conciencia
de la existencia de la cosa o la persona y de su búsqueda nunca supondrá
recobrar, mientras que encontrar con conciencia de la existencia de la cosa o la
persona y de su búsqueda siempre supondrá recobrar.
Una vez verificado que la prueba es encontraba o recobrada es clave establecer
si existía al momento de dictar sentencia y que el hallazgo en cualquiera de sus
dos modalidades (encontrada o recobrada) se produjo después de dictada esa
sentencia (…)»21.
27. En consonancia con lo expuesto, la jurisprudencia determinó los supuestos por
los cuales era procedente el estudio y configuración de la causal de revisión que se
estudia. Los presupuestos son los siguientes:
i) La prueba debe ser documental. Ello descarta que pueda invocarse la causal con
fundamento en otro tipo de medios probatorios, como los testimonios.
ii) La prueba documental debió ser recobrada o encontrada luego de proferida la
sentencia objeto de revisión.
Este requisito implica que la prueba debió existir al tiempo de dictarse el fallo y, por
lo tanto, son inadmisibles los documentos generados después22. De igual manera,
exige que el documento haya llegado después de la sentencia a manos del
recurrente23. A su vez, descarta que puedan ser considerados los que estaban en
poder de la parte recurrente y no los aportó o solicitó en la debida etapa probatoria 24.
Ello, puesto que «(…) el recurso no está previsto para remediar la inactividad o falta de
diligencia de las partes, pues se trata de corregir la causa insuperable que le impidió al
recurrente hacer valer la prueba dentro del proceso (…)»25.
iii) La prueba documental no pudo ser aportada al proceso por (a) fuerza mayor o
caso fortuito; o (b) obra de la parte contraria. Es decir, el recurrente debe probar que
por causas ajenas a su voluntad no le fue posible aportar la prueba26.
En lo que respecta al primer supuesto, la jurisprudencia ha señalado que ocurre
cuando un hecho tiene las características de imprevisible e irresistible; o sea, «(…)
de un acontecimiento súbito, sorpresivo, excepcional, de rara ocurrencia” –imprevisibilidad–
y que resultara imposible evitarlo -irresistibilidad-. (…)»27. En cuanto al segundo, se
refiere a que la parte que ganó el pleito con su actuar impidió que el documento que
21 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 3 de abril de 2018,
radicación: 11001-03-15-000-2014-00783-00 (REV).
22 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 19 de septiembre de 2023,
radicación: 11001-03-15-000-2020-03585-00 (REV).
23 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 16 de agosto de 2022 con radicado 52001-33-31-005-2008-00248-01 (56.297) (REV).
24 Ibidem.
25 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 12 de julio de 2005,
radicación: 11001-03-15-000-2000-00236-01 (REV).
26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de
8 de noviembre de 2021, radicado 76111-33-31-701-2010-00201-01(51617).
27 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 16 de agosto de 2022 con radicado 52001-33-31-005-2008-00248-01 (56.297) (REV).
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lograría cambiar la decisión no se pudiera aportar al expediente, «precisamente con el
propósito de que no sirviera como prueba»28.
iv) La prueba encontrada o recobrada debe tener tal importancia que genere el
cambio de la decisión recurrida. Desde esa óptica, debe ser tan decisiva que al ser
valorada con los demás medios de prueba cambie el sentido del fallo29.
2.7. La configuración de la causal 1 de revisión en el caso concreto
28. En el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que culminó con la
providencia objeto de revisión, se desplegaron las siguientes actuaciones relevantes:
28.1. La demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia proferida el
22 de septiembre de 2022 por el Juzgado 25 Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá, que le negó las pretensiones de la demanda presentada contra la ESE
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur, en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.
28.2. En su escrito manifestó inconformidad con la decisión, al considerar que en el
caso concreto se acreditaban los elementos de una relación laboral entre las partes,
en aplicación del principio de primacía de la realidad sobre las formalidades, pues
las pruebas allegadas daban cuenta de la prestación personal del servicio, la
remuneración percibida y la sujeción a órdenes, horarios y controles propios de una
relación subordinada.
28.3. Asimismo, la entidad demandada utilizó la figura del contrato de prestación de
servicios para encubrir un vínculo laboral, pese a que las actividades desarrolladas
correspondían a necesidades permanentes y propias de su objeto misional, lo que,
sumado a la continuidad en la prestación del servicio, permitía evidenciar la
existencia de una relación laboral.
28.4. Existió una indebida valoración del material probatorio, en la medida en que no
se otorgó el alcance correspondiente a los testimonios y demás elementos de
convicción que daban cuenta de la subordinación.
28.5. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D,
en la sentencia del 9 de febrero de 2023 confirmó la decisión de primera instancia al
considerar que, si bien se acreditaron la prestación personal del servicio y la
remuneración percibida en el marco de los contratos de prestación de servicios
suscritos entre las partes, no se demostró el elemento de la subordinación.
28.6. Las pruebas allegadas no evidenciaban la imposición de órdenes, controles o
manifestaciones propias de una relación laboral, sino dinámicas de coordinación
necesarias para la ejecución del objeto contractual, sin que la continuidad en la
prestación del servicio o la coincidencia en funciones con el personal de planta
resultaran suficientes para desvirtuar la naturaleza del vínculo.
28 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 8 de diciembre de 2005,
radicación: 11001-03-15-000-1999-00218-01 (REV). Dicha sala reiteró la postura en la sentencia del 19 de
septiembre de 2023, radicación: 11001-03-15-000-2020-03585-00 (REV).
29 Ibidem.
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28.7. Así las cosas, la relación se desarrolló bajo un esquema propio del contrato de
prestación de servicios, sin que se configuraran los elementos de una relación
laboral.
28.8. Para sustentar la decisión el ad quem tuvo en cuenta y valoró las siguientes
pruebas documentales:
• Certificación laboral del 27 de noviembre de 2018, expedida por la ESE Subred
Integrada de Servicios de Salud Sur, en la cual se relacionaron los contratos
suscritos con la demandante, las actividades desarrolladas y el periodo de
vinculación comprendido entre el 3 de diciembre de 2014 y el 31 de octubre de
2018.
• Constancia del 4 de agosto de 2020, suscrita por la tesorera de dicha entidad,
en la que se registraron los pagos efectuados a favor de la demandante durante
los años 2015 y 2016.
• Copia de las órdenes de prestación de servicios, contratos y prórrogas suscritos
por la demandante correspondientes a los años 2014 a 2018, junto con sus
respectivos objetos, valores y periodos de ejecución.
• Reporte de semanas cotizadas en las administradoras de pensiones, así como
los documentos relacionados con aportes al sistema de Seguridad Social
respecto de la actora.
• Copia del expediente contractual, que contenía la hoja de vida de la
demandante, soportes académicos y de experiencia, antecedentes,
certificaciones de cumplimiento, informes de actividades y demás documentos
asociados a la ejecución de los contratos.
• Certificaciones expedidas por la dirección de contratación de la ESE Subred
Integrada de Servicios de Salud Sur, en la que se detallaron diversos contratos
suscritos en los años 2016, 2017 y 2018, con indicación de su objeto, valor y
fechas de ejecución.
28.9. Asimismo, se valoraron los testimonios rendidos por Margie Cristina Salazar
Medina y Luz Miriam Díaz Londoño, así como el interrogatorio de parte practicado a
la demandante.
2.8. Análisis de la Sala
29. En el presente asunto, Shari Diane Noguera Ruiz invocó la causal prevista en el
numeral 1 del artículo 250 del CPACA, relativa a la existencia de documentos
recobrados o encontrados con posterioridad a la sentencia, que no fueron aportados
oportunamente al proceso por fuerza mayor, caso fortuito o por obra de la parte
contraria.
30. En este contexto, se allegaron como documentos recobrados el Acta de la reunión
desarrollada el 4 de septiembre de 2018, cuyo objeto era la «(r)evisión de los
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pendientes documentales por cada uno de los subprocesos del proceso de gestión
administrativa y acuerdo de ajuste de la caracterización del proceso», en la que constaba
firma de la recurrente como asistente30.
31. Asimismo, diferentes correos electrónicos que daban cuenta de solicitudes,
instrucciones, requerimientos, coordinaciones operativas y reportes relacionados con
la gestión administrativa y técnica de equipos biomédicos en la ESE, dirigidos a o en
los que participó Shari Diane Noguera Ruiz, dentro de los cuales se encuentran los
siguientes31:
• Del 3 de agosto de 2018, por el cual la directora administrativa de la entidad
ESE demandada le remitió a aquella y a otros una «matriz con la relación de tareas
que quedan asignadas por subproceso durante mi periodo de vacaciones y que son
conocidas por cada uno de ustedes».
• Del 15 de agosto de 2018, a través del cual la Subgerencia de la ESE la convocó
a ella y otras personas a una mesa de trabajo con el fin de realizar la
autoevaluación de los estándares de gerencia del ambiente físico.
• Del 27 de agosto de 2018, mediante el cual el subgerente administrativo de la
ESE le solicitó dar respuesta a un requerimiento de la Dirección Administrativa
de la entidad, relacionado con el avance de las acciones ejecutadas durante el
mes de agosto en el marco del Plan de Mejoramiento Distrital de Urgencias, el
cual debía ser remitido a más tardar el 5 de septiembre siguiente para efectos de
su consolidación.
• Del 27 de agosto de 2018, por medio del cual la Oficina de Contratación de la
entidad le informó que, en relación con su solicitud de adición y prórroga del
contrato 83 de 2018, el valor inicialmente requerido no podía ser atendido en su
totalidad por limitaciones presupuestales, por lo que debía ajustarse la petición
o, en su defecto, esperar la definición de recursos en una nueva reunión
financiera programada.
• Del 28 y 29 de agosto de 2018, a través de los cuales distintas dependencias
de la entidad le solicitaron información, gestión y atención frente a equipos
biomédicos, el reporte de fallas en «autoclaves» y unidades ontológicas,
requerimientos de mantenimiento en equipos de cuidado intensivo y neonatal,
así como la remisión de cronograma de mantenimiento y el estado de los equipos
que afectaban la prestación de los servicios de salud.
• Del 1 de septiembre de 2018, mediante el cual el Área de Acreditación requirió
de su colaboración y otras personas en la ejecución de rondas de seguridad en
las distintas unidades de la subred, a partir del 5 de septiembre, conforme con el
30
Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«5ED_ANEXOS_ANEXOSRECURSODEREVISIONPDF(.pdf) NroActua 2», archivo
«5_EXPEDIENTEDIGI_ANEXOS_ANEXOSRECURSODEREVIS_20240216100400», folios 104 a
110.
31 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«5ED_ANEXOS_ANEXOSRECURSODEREVISIONPDF(.pdf) NroActua 2», archivo
«5_EXPEDIENTEDIGI_ANEXOS_ANEXOSRECURSODEREVIS_20240216100400», folios 112 a
121.
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cronograma establecido. Además, se indicó que se realizaría una capacitación
previa dentro del horario programado.
• Del 4 de septiembre de 2018, por el cual la dirección administrativa solicitó a la
recurrente informar a la «ingeniera Natalia» que debía asistir a una reunión.
• Sin fecha determinada, enviado por «Recepción Solicitud Documentos
Proveedores» a las direcciones Administrativa y Contratación de la ESE, en el
cual se informó que el proceso de invitación a cotizar 97 de 2018, relacionado
con el mantenimiento y suministro de repuestos para equipos médicos y
odontológicos, fue declarado desierto por incumplimiento técnico por el único
proponente.
• Del 6 de septiembre de 2018, por el cual la directora administrativa de la ESE
demandada le pidió una explicación sobre una comunicación recibida, según la
cual los ventiladores arrendados por la UCI pediátrica no podían ser utilizados.
• Sin fecha y remitente determinados, dirigido a las áreas de Neonatos y
Dirección Administrativa de la entidad, así como a la jefe de enfermería, mediante
el cual se les comunicó la programación de labores de mantenimiento «de la
Unidad Neonatal del Carmen» a partir del 10 de septiembre en horario nocturno,
junto con la definición de actividades relacionadas con el traslado de pacientes,
la reubicación del personal médico y de enfermería, la socialización de la
intervención y la eventual revisión y traslado de equipos biomédicos.
• Del 10 de septiembre de 2018, a través del cual la directora administrativa de
la ESE le solicitó coordinar el manejo de equipos con el biomédico de la Unidad
de Neonatos «de USS El Carmen» (sic).
• Del 17 de septiembre de 2018, mediante el cual el Área de Calidad de la ESE
le solicitó agilizar el trámite de reparación y/o, mantenimiento y suministro de
agua desionizada de los «autoclaves» ubicados en el servicio de esterilización «de
la USS Vista Hermosa» (sic).
• Del 17 de septiembre de 2018, a través del cual contestó la anterior petición en
el sentido de indicar que el sistema de suministro de agua desionizada del
servicio de esterilización de la USS Vista Hermosa no hacía parte del
funcionamiento del «autoclave», por lo que su revisión correspondía al área de
mantenimiento.
• Del 18 de septiembre de 2018, por el cual la Dirección Administrativa de la ESE
Subred Integral de Salud Sur le pidió un informe en consideración a una
comunicación del Área de calidad en la que se advertía que «uno de los autoclaves
ubicado en la USS Vista Hermosa» se encontraba fuera de servicio por problemas
en el suministro de agua desionizada, situación que afectaba el proceso de
esterilización y obligaba al traslado del instrumental a otras unidades.
32. Asimismo, se plantearon reparos relacionados con la valoración del material
probatorio, la ausencia de un análisis integral de las pruebas, el desconocimiento del
deber de motivación y la omisión en el ejercicio de las facultades oficiosas del juez.
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33. Conforme con lo expuesto, se analizará si el recurso extraordinario de revisión
interpuesto contra la sentencia proferida el 9 de febrero de 2023 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, se enmarca en
los supuestos establecidos en el numeral 1 del artículo 250 del CPACA.
34. Valga señalar, que esta causal procede cuando después de dictada la sentencia
se han encontrado o recobrado documentos con los cuales se hubiera podido proferir
una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza
mayor, caso fortuito o por obra de la parte contraria.
35. Así, corresponde determinar si los documentos aportados por la recurrente
cumplen con los supuestos exigidos por la norma que invoca, esto es: (i) que se trate
de prueba documental; (ii) que haya sido encontrada o recobrada con posterioridad
a la sentencia; (iii) que no hubiera podido ser aportada oportunamente por causas
ajenas a la voluntad de la parte; y (iv) que tenga la entidad suficiente para modificar
la decisión.
36. En cuanto al primer requisito, los documentos allegados tienen naturaleza
documental y dan cuenta de hechos relacionados con la ejecución contractual, pues
contienen solicitudes, instrucciones, requerimientos, coordinaciones operativas y
reportes propios de la gestión y técnica de equipos biomédicos al interior de la
entidad.
37. En particular, el acta de la reunión del 4 de septiembre de 2018 corresponde a
una sesión de revisión de pendientes y caracterización de procesos de gestión
administrativa, en la que la recurrente figura como asistente y firmante, lo que
evidencia su participación directa en ese escenario institucional.
38. Por su parte, los correos electrónicos allegados reflejan intercambios de
información, solicitudes de gestión, reportes de fallas y requerimientos operativos
dirigidos a la demandante o en los que participó, en el marco de las actividades
desarrolladas durante la ejecución contractual para el año 2018.
39. Sin embargo, para que esos documentos puedan ser considerados como pruebas
recobradas o encontradas, es necesario acreditar que no pudieron ser aportados
oportunamente por circunstancias ajenas a la voluntad de la parte, esto es, por fuerza
mayor, caso fortuito o por obra de la contraparte, lo cual debe ser acreditado de
manera suficiente y no puede presumirse.
40. En el caso concreto no se demostró la existencia de un impedimento real, objetivo
e insuperable que hubiera hecho imposible la incorporación de los documentos en
las oportunidades procesales ordinarias.
41. Por el contrario, los documentos allegados corresponden, en su mayoría, a
comunicaciones dirigidas a la propia demandante o en las que esta participó
directamente, así como el acta de la reunión del 4 de septiembre de 2018 en la que
figura como asistente y firmante, lo que evidencia su conocimiento directo desde el
momento de su elaboración. Así las cosas, estos elementos eran accesibles para la
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parte y de su conocimiento, lo que descarta una imposibilidad material de acceso o
de aportación en el trámite del proceso ordinario.
42. Así entonces, no se acredita la configuración de fuerza mayor, caso fortuito o
actuación atribuible a la contraparte que hubiera impedido su oportuna incorporación
al proceso, toda vez que no se evidenció un impedimento real, objetivo e insuperable
ajeno a la voluntad de la parte, que justificara la imposibilidad de aportar dichos
documentos en las oportunidades procesales ordinarias.
43. A ello se suma que no se advierte una actuación diligente de la parte actora
encaminada a insistir en la incorporación de dichos elementos probatorios durante el
proceso ordinario, ni el uso de los mecanismos procesales previstos para controvertir
las decisiones sobre las pruebas.
44. Adicionalmente, los documentos aportados se circunscriben a hechos puntuales
ocurridos entre agosto y septiembre de 2018, mientras que el debate en el proceso
ordinario versó sobre un periodo más amplio, lo que evidencia su restringido alcance
dentro del debate fáctico del proceso.
45. En este sentido, no se advierte que los documentos allegados tengan la aptitud
de conducir, por sí solos, a una decisión diferente, lo cual constituye un presupuesto
indispensable para su configuración como prueba recobrada o encontrada conforme
con el numeral 1 del artículo 250 del CPACA.
46. Conviene reiterar que el recurso extraordinario de revisión no fue concebido como
un mecanismo para subsanar deficiencias probatorias ni para reabrir el debate propio
de las instancias, sino como una vía excepcional y restrictiva, sujeta al cumplimiento
estricto de las causales previstas por el legislador. En esa medida, la falta de
diligencia en la actividad probatoria no puede ser corregida a través de este medio
extraordinario, pues ello desnaturalizaría su finalidad.
47. En últimas, lo que se advierte es la intención de reabrir el debate probatorio y
obtener una nueva valoración de los elementos de convicción ya analizados en las
instancias, a partir de documentos que no cumplen con los requisitos para ser
considerados como pruebas recobradas o encontradas, lo cual resulta ajeno a la
naturaleza excepcional del recurso extraordinario de revisión, que no constituye una
tercera instancia.
48. En consecuencia, se declarará infundado el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por Shari Diane Noguera Ruiz en contra de la sentencia del 9 de febrero
de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D.
2.9. Costas
49. La Sala se abstendrá de condenar en costas a la parte recurrente, de conformidad
con el artículo 255 del CPACA, por cuanto no se evidenció que actuase con
temeridad o mala fe ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal.
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3. Conclusión
50. Con fundamento en lo expuesto, se concluye que, en la providencia del 9 de
febrero de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección D, no se configuró la causal prevista en el numeral 1 del
artículo 250 del CPACA, por cuanto los documentos allegados como supuesta
prueba recobrada o encontrada no se enmarcan en los presupuestos exigidos por la
norma.
51. En virtud de lo anterior, se declarará infundado el recurso extraordinario de
revisión.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
Primero: Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por
Shari Diane Noguera Ruiz en contra de la sentencia proferida el 9 de febrero de 2023
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D,
en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado: 11001-33-35-025-
2020-00393-00 (01).
Segundo: No condenar en costas.
Tercero: Archivar el expediente del recurso extraordinario de revisión, previas las
anotaciones pertinentes en el sistema de información de gestión de procesos Samai
y devolver el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho al despacho de
origen.
Cuarto: Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmada electrónicamente Firmada electrónicamente
Aclara voto
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmada electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del
Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
LAVM
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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