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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-00129-00

Fecha
11 de abril de 2025
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-00129-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela presentada por Jesús Libardo Revelo Rosero contra la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por las razones expuestas. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier 7 Al consultar SAMAI, se constató que la notificación se realizó ese día por edicto y envío de mensaje de datos al correo del accionante jlibardorevelo@hotmail.com. 8 de 9 Radicación: 11001-03-15-000-2025-00129-00 Demandante: Jesús Libardo Revelo Rosero Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia Decisión: Declara improcedente _________________________________________________________________________________________________________ recurso y/o solicitud contra esta deberán dirigirlo, dentro del término legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin8. TERCERO: De no ser impugnada esta providencia REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-00129-00

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

11 de abril de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 11 de abril de 2025

Radicación: 11001-03-15-000-2025-00129-00
Demandante: Jesús Libardo Revelo Rosero
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Inmediatez

Síntesis del caso: La parte actora enjuició la sentencia de única instancia por medio de la
cual se negaron las pretensiones de una demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho contra los actos administrativos que le impusieron una sanción disciplinaria.

De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala2 a resolver, en
primera instancia, la acción de tutela presentada por Jesús Libardo Revelo
Rosero contra la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Posición de la parte accionada y demás
vinculados. 1.3. Trámite posterior a la admisión de la acción de tutela.

1.1. Posición de la parte actora

1. El 15 de enero de 2025, Jesús Libardo Revelo Rosero presentó una
acción de tutela contra la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, por la presunta vulneración de su derecho fundamental al
debido proceso, así como del principio de legalidad, con ocasión de la
Sentencia de 8 de febrero de 2024, proferida por la autoridad judicial
accionada dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
No. 11001-03-25-000-2011-00031-00.

2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se trascribe):

1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de

2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
2 De manera preliminar, se pone de presente que, en el auto admisorio de la presente tutela, proferido el 24 de

enero de 2025, el magistrado ponente declaró fundado el impedimento que manifestó el consejero de Estado
Fredy Ibarra Martínez, el 17 de enero de 2025, y, en consecuencia, decidió separarlo de su conocimiento.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2025-00129-00
Demandante: Jesús Libardo Revelo Rosero
Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
_________________________________________________________________________________________________________

“PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales AL DEBIDO PROCESO, Y AL
PRINCIPIO DE LEGALIDAD, toda vez que mediante sentencia proferida el ocho
(8) de febrero de dos mil veinticuatro (2024), por la sección segunda,
Subsección B, de la Sala de lo contencioso administrativo del Honorable
Consejo de Estado, con ponencia del H. Consejero JORGE EDISON
PORTOCARRERO, con radicado No : 11001-03-25-000-2011-00031-00, Nº Interno:
109-2011;, incurrió en un defecto fáctico pues se observa que de manera
errada, en su decisión pasaron por alto, no la vieron o no valoraron
debidamente la resolución sin número del fecha 30 de marzo de 2006, mediante
la cual los Asesores del Despacho del Procurador General de la Nación, dentro
del radicado No. 154-12888 de 2005, MARIA MARGARITA ESCOBAR RUEDA Y
RICARDO GUZMÁN ARROYO , con fecha treinta (30) de marzo de dos mil seis
(2006),

SEGUNDO: TUTELAR los derechos fundamentales AL DEBIDO PROCESO, Y AL
PRINCIPIO DE LEGALIDAD, toda vez que mediante la misma sentencia el Juez
Colegiado también incurrió en fáctico, porque al tomar la decisión no tuvieron
el suficiente apoyo probatorio que permitiera la aplicación del supuesto legal,
pues tampoco revisaron y analizaron el decreto No. 0088 del Primero de Abril de
2005, mediante el cual el gobernador titular, mucho tiempo antes de la firma
de los contratos cuestionados, había ordenado la creación de los proyectos y
subproyectos, que dieron origen a los contratos, prueba con la cual
necesariamente los debía llevar a concluir que las sanciones impuestas estaban
viciadas de nulidad.

TERCERO: TUTELAR los derechos fundamentales AL DEBIDO PROCESO, Y AL
PRINCIPIO DE GALIDAD, toda vez que mediante la misma sentencia el Juez
Colegiado también incurrió en efecto material o sustantivo, toda vez que la
sentencia presenta una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos
y la decisión., pues nunca tomaron en cuenta que la Procuraduría al imponer
la sanción disciplinaria debía haberse regido por el principio de
proporcionalidad determinado por el artículo 18 de ley 734 de 2002, y de igual
manera que la Procuraduría al momento de calificar la falta nunca debió
apartarse de lo previsto en al parágrafo del artículo 44 de la ley 734 de 2002:
“Habrá culpa gravísima cuando se incurra en falta disciplinaria por ignorancia
supina, desatención elemental o violación manifiesta de reglas de obligatorio
cumplimiento. La culpa será grave cuando se incurra en falta disciplinaria por
inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona del común
imprime a sus actuaciones.”

CUARTO: QUE SE DEJE SIN EFECTOS la sentencia proferida el ocho (8) de febrero
de dos mil veinticuatro (2024), por la sección segunda, sala especial de decisión
No. 6, de lo Contencioso Administrativo del Honorable Consejo de Estado, con
ponencia del H. Consejero JORGE EDISON PORTOCARRERO, con radicado No:
11001-03-25-000-2011-00031-00, Nº Interno: 109-2011.

QUINTO: ORDENAR A LA SECCIÓN SEGUNDA – SALA ESPECIAL DE DECISIÓN No.
6,, DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL H. CONSEJO DE
ESTADO, que en el término de esta providencia, profiera una nueva sentencia
dentro del proceso Nulidad y Restablecimiento del Derecho promovido, con
radicado No : 11001-03-25-000-2011-00031-00, Nº Interno: 109-2011, mediante la
cual declare la Nulidad de las resoluciones del 6 de septiembre de 2006, y del
26 de octubre de 2006, proferidas por el Viceprocurador y el Procurador General
de la Nación respectivamente.

SEXTO: Subsidiariamente ORDENAR a LA SECCIÓN SEGUNDA – SALA ESPECIAL DE
DECISIÓN No. 6,, DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL H.
CONSEJO DE ESTADO, expedir una nueva sentencia después de calificar los
hechos, teniendo en cuenta la parte pertinente, páginas 68 – 74, de la
resolución del 30 de marzo de 2006, proferida por los Asesores del Despacho del
Procurador General de la Nación, MARIA MARGARITA ESCOBAR RUEDA Y

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-00129-00
Demandante: Jesús Libardo Revelo Rosero
Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
_________________________________________________________________________________________________________

RICARDO GUZMÁN ARROYO, así como el decreto No. 0088 del 1° de abril de
2005, los cuales fueron aportados como pruebas en el proceso.”

3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se
identificaron los siguientes:

4. 1) Con ocasión de una queja, la Procuraduría General de la Nación
abrió investigación disciplinaria contra Jesús Libardo Revelo Rosero en su
calidad de secretario de educación, delegatario de las funciones de
gobernador de Putumayo, por la presunta suscripción irregular de los
contratos de obra pública No. 39, 40 y 41 con Jaime Eduardo Montenegro;
los No. 42, 43 y 44 con Yesid Marín Pedroza y el No. 45 con Henry Viveros
Calderón, todos celebrados el 29 de abril de 2005.

5. 2) La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos
contra el señor Revelo Rosero por haber evadido el procedimiento señalado
para celebrar los contratos mencionados y haber desconocido el principio
de publicidad consagrado en el artículo 209 de la Constitución Política,
desarrollado por los artículos 1 y 2 del Decreto 2170 de 2002, al no haber
publicado el pliego de condiciones en la página web de la gobernación.

6. 3) El 30 de marzo de 2006, los asesores del despacho del procurador
general en contratación emitieron evaluación de la investigación
disciplinaria en la que determinaron que el proceso de invitación y
evaluación lo realizaba la unidad ejecutora, que en ese momento
correspondía a la Secretaría de Infraestructura de Putumayo, donde se
definieron los términos de referencia a los cuales debían sujetarse los
oferentes y que el proceso de contratación no trasgredió el principio de
publicidad, ya que los contratos no requerían publicación en página web,
sino solamente en la cartelera o en la gaceta departamental.

7. 4) Mediante acto administrativo de 6 de septiembre de 2006, el
viceprocurador general de la Nación sancionó disciplinariamente con
destitución e inhabilidad general por 11 años a Jesús Libardo Revelo Rosero,
tras encontrar que no desarrolló un procedimiento de selección objetiva de
conformidad con el numeral 8 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, puesto
que los recursos comprometidos en la celebración de los contratos
superaban el 10% de la menor cuantía.

8. 5) El señor Revelo Rosero presentó recurso de apelación contra esa
decisión en el que argumentó que no hubo irregularidades en los contratos
que celebró mientras fue delegatario de las funciones de gobernador de
Putumayo. Agregó que los contratos suscritos no superaban el 10% de la
menor cuantía, por lo que no había necesidad de acudir a un proceso de
licitación pública.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-00129-00
Demandante: Jesús Libardo Revelo Rosero
Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
_________________________________________________________________________________________________________

9. 6) Mediante acto administrativo de 26 de octubre de 2006, el
procurador general de la Nación confirmó la decisión apelada, tras
establecer que, en efecto, el señor Revelo Rosero debió realizar un proceso
licitatorio y cumplir con los parámetros de publicidad y transparencia
previstos en los artículos 1 y 2 de la Ley 2170 de 2002.

10. 7) Jesús Libardo Revelo Rosero presentó, por medio de apoderado
judicial, una demanda, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, con el fin de que se declarara la nulidad de
los actos administrativos disciplinarios de 6 de septiembre de 2006 y 26 de
octubre de 2006.

11. A título de restablecimiento del derecho, pidió que se ordenara su
reintegro a la carrera docente nacional, en el cargo que ostentaba antes
de los hechos y que perdió con ocasión de la sanción disciplinaria impuesta;
se condenara a la Procuraduría General de la Nación al pago de una
indemnización por concepto de perjuicios morales equivalente a 35 millones
de pesos, y al lucro cesante y el daño emergente que resultaran probados,
así como a las costas procesales; se dispusiera la cancelación de la sanción
en el registro de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de
la Nación; y, por último, se diera cumplimiento a la sentencia en los términos
de los artículos 176 a 178 del CCA.

12. 8) La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
mediante Sentencia de única instancia de 8 de febrero de 2024, negó las
pretensiones de la demanda, en razón a que el demandante efectivamente
quebrantó los mandatos establecidos en el numeral 8 del artículo 24 de la
Ley 80 de 1993, en concordancia con el artículo 11 del Decreto 2170 de
2002, porque evadió el procedimiento de contratación establecido en los
artículos 1 y 2 del Decreto 2170 de 2002. Por esa razón, determinó que el
hecho de que el demandante hubiera estado en desacuerdo con el
razonamiento hecho por las autoridades administrativas para sancionarlo,
ello no implicaba que se hubiera configurado un vicio que afectara la
validez de los actos demandados.

13. 9) El 5 de junio de 2024, el señor Revelo Rosero presentó recurso
extraordinario de revisión contra esa decisión3, en el que invocó las causales
previstas en los numerales 1 y 5 del artículo 250 del CPACA y argumentó que
la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado no observó
el Decreto Departamental No. 88 de 1 de abril de 2005, que constituía una
prueba determinante para acreditar que los contratos se celebraron con
fundamento en el ordenamiento jurídico, y que en la sentencia se confundió

3 Rad. 11001-03-15-000-2024-02869-00.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-00129-00
Demandante: Jesús Libardo Revelo Rosero
Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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el sujeto al cual debía imponerse la sanción, que era en realidad el
gobernador titular.

14. 10) La Sala Especial de Decisión No. 6 del Consejo de Estado,
mediante Auto de 9 de septiembre de 2024, declaró infundado el recurso
extraordinario de revisión, luego de señalar que no encontró motivo alguno
para manifestar que con base en el documento que según la parte
demandante se dejó de estudiar, se hubiera podido tomar una decisión
diferente a la recurrida, toda vez que, si bien el decreto contiene la creación
de los subprogramas, proyectos, subproyectos y las distribuciones en el
presupuesto de gastos de inversión dentro del periodo que el recurrente
denomina “precontractual”, el referido documento por sí solo no
desvirtuaba la motivación establecida por el juez de única instancia, con
relación a la responsabilidad en cabeza de quien ostentaba la dignidad de
gobernador, incluso si su ejercicio fue por delegación o mandato.

15. Señaló, además, que le asistió razón al juez de única instancia al
determinar que la conducta irregular imputada al actor se tradujo en el
incumplimiento de su deber funcional atribuido en el pliego de cargos, la
cual correspondió a la descripción típica de carácter gravísimo y doloso
establecida en la normatividad disciplinaria y con base en la cual sancionó
la autoridad disciplinaria en las dos instancias.

16. Como fundamento de la vulneración, la parte actora alegó que la
autoridad judicial accionada incurrió en un defecto fáctico porque omitió
realizar una valoración adecuada de la evaluación de la investigación
disciplinaria donde se estableció que las irregularidades en relación con la
celebración de los contratos se dieron en la etapa precontractual, la cual
se encontraba a cargo de la Secretaría de Infraestructura por delegación
del gobernador del departamento de Putumayo y cuya dirección, manejo
y control correspondían a él directamente.

17. Sostuvo que tampoco valoró el Decreto Departamental No. 88 de 1
de abril de 2005 donde estaba prevista la forma en que debían ejecutarse
los proyectos en el departamento para la época de los hechos y añadió
que la sentencia enjuiciada incurrió en un defecto sustantivo porque nada
dijo respecto a que no se probó una afectación concreta al patrimonio
público.

1.2. Posición de la parte accionada y demás vinculados4

4 Mediante Auto de 24 de enero de 2025, el despacho ponente dispuso (1) admitir la acción de tutela de la

referencia, (2) tener como demandada a la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado y (3)
vincular a la Procuraduría General de la Nación, como tercera con interés en el asunto.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-00129-00
Demandante: Jesús Libardo Revelo Rosero
Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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18. El magistrado Jorge Edison Portocarrero de la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado presentó memorial en el que
manifestó que la acción de tutela debía declararse improcedente por la
evidente carencia de relevancia constitucional, habida cuenta de que la
discusión planteada contra la sentencia enjuiciada se limitó a describir un
desacuerdo con lo decidido, por lo que la parte actora pretendía utilizar la
acción de tutela como una instancia adicional a lo que ya se había resuelto
en el proceso ordinario.

19. Solicitó que, en caso de declarar la procedencia de la acción de
tutela, se negara el amparo solicitado porque en la sentencia enjuiciada se
analizaron cada uno de los cargos formulados contra los actos
administrativos demandados y las pruebas aportadas al proceso, con base
en los cuales se determinó que la conducta irregular imputada a la parte
actora se debió verdaderamente al incumplimiento de un deber funcional
atribuido en el pliego de cargos y el cual correspondió a la descripción
típica de carácter gravísimo y doloso prevista en la normatividad
disciplinaria, tal como lo estableció la autoridad disciplinaria en las dos
instancias.

20. La Secretaría de la Sección Segunda del Consejo de Estado remitió un
informe mediante el cual allegó el enlace para acceder al expediente
digital.

21. La Procuraduría General de la Nación solicitó que se declarara
improcedente la acción de tutela en razón a que las pretensiones estaban
encauzadas a propiciar una instancia judicial a lo que se resolvió en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, donde se falló con
estricto respeto de las normas que regulan la materia. Precisó que, como la
parte actora no había alegado ni demostrado una circunstancia
excepcional que hiciera procedente la acción de tutela, debía negarse el
amparo solicitado.

1.3. Trámite posterior a la admisión de la acción de tutela

22. Dado el impedimento del magistrado Fredy Ibarra Martínez, el
ponente, en Auto de 18 de marzo de 2025, ordenó a la Secretaría General
de esta Corporación el sorteo de 2 conjueces para integrar la Sala de
Decisión en la acción de tutela de la referencia. Dicha diligencia se llevó a
cabo el 25 de marzo de 2025 y, en ella, resultaron designados los consejeros
Adriana Polidura Castillo y William Edgardo Barrera Muñoz.

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Demandante: Jesús Libardo Revelo Rosero
Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido: 2.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. 2.2.
Conclusión.

2.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

23. La Sala declarará la improcedencia de la solicitud de amparo por no
superar el requisito de inmediatez, por los motivos que pasan a explicarse:

24. La Corte Constitucional5 ha sostenido que, aunque la acción de tutela
no tiene un término de caducidad, la misma debe presentarse dentro de un
“término razonable y proporcionado”, contado a partir del hecho u omisión
generadora de la vulneración o amenaza de derechos fundamentales,
pues, de no ser así, se afectaría la seguridad jurídica, los derechos de
terceros, e incluso, se desnaturalizaría la acción misma. Aunado a ello, en
relación con la acción de tutela contra providencias judiciales, se
comprometería la cosa juzgada y la firmeza de las decisiones judiciales, por
lo cual, según la Corte, aquí, el examen de inmediatez debe ser más estricto.

25. En ese orden, la Corte Constitucional ha señalado que el estudio y
análisis de la inmediatez se debe efectuar a partir del concepto de
razonabilidad, (se trascribe) “teniendo en cuenta las particularidades de
cada caso concreto”.

26. Por su parte, la Sala Plena de esta Corporación, mediante Sentencia
de unificación de 5 de agosto de 20146, estableció, como regla general, que
el mecanismo de amparo debe promoverse en un plazo máximo de 6 meses
contados a partir de la notificación o ejecutoria de la providencia objeto de
reproche constitucional. No obstante, al igual que la Corte Constitucional,
sostuvo que (se trascribe) “en cada caso concreto deberá evaluarse este
requisito a fin de que no se desvirtúe la razón de ser de la acción de tutela”.

27. Para estudiar o valorar la inmediatez en concreto y establecer si la
acción es procedente, se ha considerado que el plazo oportuno es de 6
meses, salvo que, según la Corte Constitucional, se configuren alguna de
estas circunstancias, que no son taxativas, en el caso sometido a revisión: (1)
el accionante presente razones válidas para su tardanza en presentar la
acción constitucional, (2) que a pesar del paso del tiempo, la vulneración o
amenaza de los derechos fundamentales continúe y sea actual o (3) que la
exigencia de la interposición de la acción en un término razonable resulte

5 Sentencia SU-018 de 2018.
6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de unificación por importancia
jurídica de 5 de agosto de 2014. Exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).

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Demandante: Jesús Libardo Revelo Rosero
Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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desproporcionada, dadas las circunstancias de debilidad manifiesta en la
que se encuentra el demandante.

28. En el presente caso, la solicitud de amparo está orientada a que se
dejen sin efectos la Sentencia de 8 de febrero de 2024, proferida por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro del
proceso de dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
No. 11001-03-25-000-2011-00031-00.

29. Ahora bien, se tiene que entre la fecha de notificación de la sentencia
enjuiciada (5 de abril de 20247) y la presentación de la acción de tutela (15
de enero de 2025) transcurrieron más de 9 meses, por lo que el plazo que
trascurrió no resultó ser razonable

30. Por último, es preciso poner de presente que la parte actora no
demostró estar en una situación de debilidad manifiesta o que le impidiera
acudir oportunamente ante el juez de tutela con el fin de cuestionar la
providencia por medio de la cual la autoridad judicial accionada negó las
pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.

2.2. Conclusión

31. Tras corroborar que no se superó el requisito de inmediatez, la Sala se
abstendrá de pronunciarse sobre los demás requisitos de procedibilidad y
declarará la improcedencia de la acción de tutela.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela presentada
por Jesús Libardo Revelo Rosero contra la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, por las razones expuestas.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier

7 Al consultar SAMAI, se constató que la notificación se realizó ese día por edicto y envío de mensaje de datos al

correo del accionante jlibardorevelo@hotmail.com.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-00129-00
Demandante: Jesús Libardo Revelo Rosero
Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
_________________________________________________________________________________________________________

recurso y/o solicitud contra esta deberán dirigirlo, dentro del término legal,
al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin8.

TERCERO: De no ser impugnada esta providencia REMITIR a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.

ADRIANA POLIDURA CASTILLO WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

ALBERTO MONTAÑA PLATA
Firmado electrónicamente

8 secgeneral@consejodeestado.gov.co.

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