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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2024-00168-00

Fecha
22 de mayo de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2024-00168-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Luis Eduardo Martínez Gómez en contra de la sentencia proferida el 14 de septiembre de 2023 por el Tribunal Administrativo del Meta, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado: 50001-23-33-000-2015-00131-00. Segundo: No condenar en costas. Tercero: Archivar el expediente del recurso extraordinario de revisión, previas las anotaciones pertinentes en el sistema de información de gestión de procesos Samai. Cuarto: Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión. ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR Firmada electrónicamente Firmada electrónicamente Aclara voto JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmada electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. LAVM Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2024-00168-00

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

22 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá D. C., veintidós (22) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Radicado: 11001-03-25-000-2024-00168-00 (2755-2024)
Demandante: Luis Eduardo Martínez Gómez
Demandado: Ministerio del Interior, Unidad Nacional de Protección1
Providencia Sentencia del 14 de septiembre de 2023, proferida por el
recurrida: Tribunal Administrativo del Meta

Tema: Causal 1 de revisión del artículo 250 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo2

Sentencia de revisión

Asunto

La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Luis Eduardo
Martínez Gómez contra la sentencia del 14 de septiembre de 2023 proferida por el
Tribunal Administrativo del Meta, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho promovido en contra de la UNP.

1. Antecedentes

1.1. Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho3

1. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
previsto en el artículo 138 del CPACA, Luis Eduardo Martínez Gómez presentó
demanda en orden a que se declarara la nulidad del Oficio 85421 del 29 de mayo
de 2014, por medio del cual la jefe de la Oficina Asesora Jurídica del extinto
Departamento Administrativo de Seguridad4, hoy UNP, le negó la existencia de una
relación laboral y el reconocimiento de las prestaciones sociales que se derivaban
de ella por sus servicios como escolta entre el 13 de octubre de 2004 y el 31 de
diciembre de 2008.

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó (i) la declaración de la existencia
de una relación laboral entre las partes desde la fecha de suscripción del primero

1En lo que sigue UNP.
2 En adelante CPACA.
3 Samai, índice 26, actuación «RECIBE MEMORIALES POR CORREO ELECTRONICO»,
documento «32RECIBEMEMORIAL_50001233300020150013(.zip) NroActua 26», carpeta
«32_RECIBEMEMORIAL_50001233300020150013_0_20250710142030926», subcarpeta
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7ad7d7.pdf».
4 En lo sucesivo DAS.

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Demandante: Luis Eduardo Martínez Gómez

de los contratos hasta la fecha de ejecución del último; (ii) el pago de conceptos
salariales, prestacionales e indemnizatorios producto de ello; (iii) la devolución de
las sumas pagadas por concepto de seguridad social (salud, pensión, riesgos
laborales); (iv) el reconocimiento de la sanción moratoria por la consignación
inoportuna de las cesantías, así como de los perjuicios morales cuantificados en
100 salarios mínimos mensuales legales vigentes; (v) el cumplimiento de la
sentencia de conformidad con lo previsto en los artículos 192 y 195 del CPACA; y
(vi) la condena en costas a la entidad demandada.

1.1.1. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:

3.1. Luis Eduardo Martínez Gómez laboró de manera ininterrumpida como «agente
escolta» al servicio del DAS, actualmente UNP, entre el 13 de octubre de 2004 y el
31 de diciembre de 2008, vinculado a través de contratos de prestación de servicios
suscritos de forma directa con la entidad, periodo en el que realizó sus funciones de
manera personal, dentro de un horario de trabajo, con una asignación mensual por
las labores que desempeñó y bajo la subordinación de la administración contratante.

3.2. Las funciones que desarrolló tenían carácter permanente y eran iguales a las
desempeñadas por los agentes escoltas y detectives de la planta de personal de la
entidad, con quienes integraba esquemas mixtos de protección. En desarrollo de
estas, recibía órdenes del jefe de protección de personalidades e instalaciones y del
coordinador del programa de protección, debía rendir informes y utilizar la dotación,
herramientas y vehículos suministrados por la entidad.

3.3. Asimismo, desempeñó funciones propias del cargo de agente escolta código
205, grado 5, existente en la planta de personal del DAS. Cuando no se encontraba
asignado a labores de protección debía presentarse en las instalaciones de la
entidad para cumplir actividades de apoyo, inteligencia, seguridad y labores
administrativas, bajo disponibilidad y subordinación.

3.4. Recibió carné institucional, percibió pagos mensuales y viáticos de manera
periódica y laboró en jornadas adicionales sin reconocimiento de horas extras,
recargos nocturnos o dominicales. El último lugar en que prestó sus servicios fue en
Villavicencio, como se estableció en la cláusula primera del contrato 019 de 2007.

4. El 21 de abril de 2014, solicitó a la entidad el reconocimiento de una relación
laboral y el pago de las prestaciones sociales que se derivaban de ella por sus
servicios como «agente escolta» entre el 13 de octubre de 2004 y el 31 de diciembre
de 2008; sin embargo, fue negada mediante el Oficio 85421 del 29 de mayo de
2014.

1.2. Sentencia objeto de revisión5

5 Samai, índice 26, actuación «RECIBE MEMORIALES POR CORREO ELECTRONICO»,
documento «32RECIBEMEMORIAL_50001233300020150013(.zip) NroActua 26», carpeta
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Demandante: Luis Eduardo Martínez Gómez

5. El Tribunal Administrativo del Meta en sentencia del 14 de septiembre de 2023
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y, en consecuencia, declaró
(i) la nulidad del acto administrativo acusado; (ii) la existencia de una relación laboral
entre las partes desde el 13 de octubre de 2004 al 31 de diciembre de 2008; y (iii)
la excepción de la prescripción de las acreencias laborales frente a los contratos de
prestación de servicios «del No. 15 de 2004 al No. 019 de 2008» (sic). Asimismo, ordenó
a la entidad a efectuar los aportes pensionales correspondientes y se abstuvo de
condenar en costas.

6. Para el efecto, luego de realizar un recuento legal y jurisprudencial aplicable al
asunto, fundamentó su decisión en lo siguiente:

6.1. De conformidad con el material probatorio obrante en el expediente, entre Luis
Eduardo Martínez Gómez y el DAS, hoy UNP, se suscribieron 8 contratos de
prestación de servicios entre el 13 de octubre de 2004 y el 31 de diciembre de 2008,
mediante los cuales el actor prestó servicios de protección y escolta de manera
continua e ininterrumpida.

6.2. A partir de los contratos, las obligaciones pactadas, la prueba testimonial y la
documental allegada al proceso, era posible establecer que se acreditaron los
elementos propios de una relación laboral, esto es, la prestación personal del
servicio, la remuneración y la subordinación o dependencia, toda vez que el
demandante debía cumplir horarios, acatar instrucciones impartidas por superiores,
solicitar permisos para ausentarse, ejecutar funciones misionales de la entidad y
desarrollar sus labores bajo directrices permanentes del DAS, sin autonomía en la
ejecución del servicio.

6.3. Las funciones desempeñadas por el actor correspondían a actividades-
permanentes y misionales de la entidad, relacionadas con la protección y seguridad
de personas vinculadas al programa de protección, las cuales también eran
desarrolladas por personal de planta. En consecuencia, estaba desvirtuada la
naturaleza autónoma y temporal propia de los contratos de prestación de servicios
y procedía la existencia de una relación legal y reglamentaria entre las partes entre
el 13 de octubre de 2004 y el 31 de diciembre de 2008.

6.4. No obstante, las acreencias laborales reclamadas se encontraban prescritas, por
cuanto la reclamación administrativa fue presentada el 21 de abril de 2014, esto es,
después de transcurrido el término trienal contado desde la finalización del último
vínculo contractual el 31 de diciembre de 2008. Sin embargo, el fenómeno jurídico
no operó respecto de los aportes al sistema de seguridad social en pensiones.

1.3. El recurso de apelación

7. Si bien Luis Eduardo Martínez Gómez interpuso recurso de apelación contra la
sentencia del Tribunal Administrativo del Meta6, este fue rechazado por

6 Samai, índice 26, actuación «RECIBE MEMORIALES POR CORREO ELECTRONICO»,
documento «32RECIBEMEMORIAL_50001233300020150013(.zip) NroActua 26», carpeta
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«28_500012333000201500131001RECEPCIONRECUR20231011144322.pdf».

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Demandante: Luis Eduardo Martínez Gómez

extemporáneo por esa corporación a través del auto del 18 de octubre de 2023 7,
decisión que no fue objeto de ningún recurso.

1.4. Recurso extraordinario de revisión8

8. Luis Eduardo Martínez Gómez interpuso recurso extraordinario de revisión en
contra de la sentencia del 14 de septiembre de 2023 proferida por el Tribunal
Administrativo del Meta. Lo anterior con fundamento en la causal establecida en el
numeral 1 del artículo 250 del CPACA, «(h)aberse encontrado o recobrado después de
dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una
decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o
caso fortuito o por obra de la parte contraria».

9. El demandante solicitó que se revocara parcialmente la providencia objeto del
recurso que accedió de forma parcial a las pretensiones de la demanda en el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 50001-23-33-000-
2015-00131-00. Como consecuencia de lo anterior, pidió acceder a la totalidad de
las súplicas de la demanda inicial.

10. Las pretensiones se sustentaron en los siguientes argumentos:

10.1. Con posterioridad a la expedición de la sentencia se encontró un documento
decisivo que no se pudo aportar oportunamente al proceso por circunstancias
constitutivas de fuerza mayor. Con ocasión de la pandemia ocasionada por el Covid-
19, se vio obligado a cambiar de residencia y, en ese contexto, se traspapeló el
documento, cuya existencia desconocía hasta que fue hallado aproximadamente 1
mes antes de la interposición del recurso extraordinario.

10.2. El documento encontrado correspondía a un derecho de petición radicado el 11
de julio de 2011 ante el DAS, hoy UNP, mediante el cual solicitó el reconocimiento
y pago de las prestaciones sociales derivadas de la relación laboral. Dicha
reclamación nunca fue resuelta por la entidad, la cual, conforme con lo previsto en
el artículo 6 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, tenía la
virtualidad de suspender el término de prescripción de las acreencias laborales
reclamadas.

10.3. Así las cosas, no operaba la prescripción trienal declarada en la sentencia
objeto de revisión, pues entre la terminación del último contrato el 31 de diciembre
de 2008, la reclamación presentada el 11 de julio de 2011 y la posterior petición
radicada el 21 de abril de 2014, no transcurrió un lapso superior a 3 años entre cada
actuación.

7 Samai, índice 26, actuación «RECIBE MEMORIALES POR CORREO ELECTRONICO»,
documento «32RECIBEMEMORIAL_50001233300020150013(.zip) NroActua 26», carpeta
«32_RECIBEMEMORIAL_50001233300020150013_0_20250710142030926», subcarpeta
«50001233300020150013100», archivo
«30_500012333000201500131001AUTORECHAZAELRECHAZA20231018141256 (1).pdf».
8 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«4ED_RECURSOEXTRAORDINARI(.pdf) NroActua 2», archivo
«4_EXPEDIENTEDIGI_RECURSOEXTRAORDINARI_0_20240621161120573».

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Demandante: Luis Eduardo Martínez Gómez

1.5. Contestación del recurso extraordinario de revisión9

11. La UNP solicitó «ratificar» la providencia recurrida y negar las pretensiones del
recurso extraordinario de revisión. Para el efecto, manifestó que se remitía a los
argumentos expuestos en la contestación de la demanda, las excepciones
propuestas y los alegatos de conclusión presentados dentro del proceso ordinario,
al considerar que a la parte actora no le asistía razón fáctica ni jurídica respecto de
las pretensiones formuladas ni de los argumentos planteados contra la sentencia
objeto de revisión.

1.6. Intervención del Ministerio Público10

12. El procurador delegado ante el Consejo de Estado solicitó declarar infundado el
recurso de revisión con fundamento en lo siguiente:

12.1. El recurso extraordinario de revisión ha contado con un carácter excepcional y
no constituía una tercera instancia, razón por la cual su prosperidad exigía el
cumplimiento estricto de los presupuestos previstos en el numeral 1 del artículo 250
del CPACA. En ese sentido, aunque el derecho de petición del 11 de julio de 2011
allegado por el recurrente constituía un documento preexistente a la sentencia y
potencialmente determinante para modificar la decisión relacionada con la
prescripción de las acreencias laborales, no se acreditó que su falta de aporte al
proceso obedeciera a fuerza mayor, caso fortuito o actuación de la parte contraria.

12.2. El recurrente afirmó haber extraviado el documento con ocasión de un cambio
de residencia derivado de la pandemia por Covid-19; sin embargo, esta
circunstancia no demostraba una imposibilidad real e insuperable para aportarlo
oportunamente al proceso ordinario, sino una omisión atribuible a la propia parte
interesada. Asimismo, la reclamación administrativa de 2011 no había sido objeto
de debate en la demanda inicial ni durante el trámite del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, a diferencia de la reclamación presentada el 21 de
abril de 2014, por lo que su incorporación en sede de revisión implicaría introducir
un hecho nuevo no discutido previamente y afectaría el derecho de contradicción
de la entidad demandada.

12.3. Elrecurso extraordinario de revisión no podía utilizarse para subsanar
deficiencias probatorias o argumentativas de las partes ni para reabrir el debate de
fondo ya decidido, motivo por el cual no se configuraba la causal invocada.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

13. Esta Sala es competente para decidir el presente recurso extraordinario de
revisión de conformidad con lo regulado en los artículos 249 del CPACA y 13

9 Samai, índice 19, actuación «RECIBE MEMORIALES ONLINE», documento
«21_MemorialWeb_Recurso-CONTESTACIONRECURSO(.pdf) NroActua 19», archivo
«21_110010325000202400168004MemorialWeb2025219175755».
10 Samai, índice 16, actuación «RECIBE MEMORIALES ONLINE», documento
«Memorial_CHL_17Concepto(.pdf) NroActua 16», archivo
«17_17_110010325000202400168001YYY02041436».

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numeral 3 del Reglamento Interno del Consejo de Estado11, expedido por la Sala
Plena de esta corporación, que estableció «(d)e los recursos de revisión contra las
sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las
secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia».

2.2. Oportunidad

14. En este caso, la sentencia del 14 de septiembre de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo del Meta fue notificada el 22 de septiembre de 202312 y quedó
ejecutoriada el 10 de octubre de ese año13. Por su parte, el recurso extraordinario
de revisión fue radicado el 4 de abril de 202414.

15. De acuerdo con lo anterior, el recurso extraordinario de revisión fue presentado
dentro del año siguiente a la ejecutoria de la sentencia recurrida, tal y como lo prevé
el artículo 251 del CPACA.

2.3. Legitimación en la causa

16. En el asunto objeto de estudio, Luis Eduardo Martínez Gómez y la UNP, están
legitimados para actuar como demandante (el primero) y como demandada (la
última), comoquiera que actuaron con igual calidad dentro del proceso ordinario
cuya decisión de segunda instancia se pretende controvertir en esta oportunidad.

2.4. Generalidades del recurso extraordinario de revisión

17. El recurso extraordinario de revisión previsto en el artículo 248 del CPACA es un
medio de impugnación que afecta el principio de la inmutabilidad de las sentencias
ejecutoriadas y, por ende, constituye una excepción al principio de la cosa
juzgada15. Su finalidad es la de invalidar los efectos jurídicos de una sentencia que
se encuentra ejecutoriada16 y persigue el restablecimiento del criterio de justicia
material y la supremacía de las garantías procesales cuando estas han sido
lesionadas en aquella, al ocurrir alguna de las causales por las cuales procede,
establecidas en la ley. Tiene 2 características principales:

18. La primera se refiere a que su naturaleza es excepcional y, por lo tanto, solo
opera por razón de las causales taxativas señaladas en el artículo 250 del CPACA,
en concordancia con el artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Estas señalan vicios o
errores de naturaleza procedimental que permiten la revisión de la sentencia

11 Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019.
12 Así se estableció en el auto de inadmisión de la demanda del 5 de junio de 2024. Samai, índice 4,

actuación «Auto que inadmite recurso extraordinario de revisión», documento
«6Autoqueinadmi_27552024InadmiteRERR(.pdf) NroActua 4», archivo
«6_Autoqueinadmi_27552024InadmiteRERR_0_20240828164930065».
13 La ejecutoria de la sentencia se contabiliza a partir del vencimiento del término para interponer

oportunamente el recurso de apelación, el cual transcurrió entre el 25 de septiembre y el 6 de octubre
de 2023, por lo que la providencia quedó ejecutoriada el 10 de octubre de igual año.
14 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«5ED_CORREO_CORREOpdf(.pdf) NroActua 2», archivo
«5_EXPEDIENTEDIGI_CORREO_CORREO_0_20240621161212691».
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Catorce Especial de Decisión.

Sentencia 13 de octubre de 2020. Rad. 11001-03-15-000-2019-00119-00.
16 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección A.

Sentencia 15 de marzo de 2018. Rad. 1001-03-25-000-2014-00862-00.

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proferida dentro del proceso. En ese orden, para que el juez pueda examinar la
controversia materia del recurso, a quien lo ejerce le corresponde indicar con
precisión cuál es la causal que invoca para invalidar la sentencia recurrida y las
razones de hecho y de derecho que la sustentan.

19. La segunda indica que se trata de un nuevo proceso que tiene por objeto
cuestionar la sentencia proferida dentro de un proceso ordinario y no una nueva
oportunidad para reabrir el debate jurídico, probatorio y/o fáctico propio de las
instancias procesales que ya se han surtido en aquel. Tampoco es una vía para
cuestionar la actividad interpretativa del juez o insistir en la discusión de los
problemas debatidos en el proceso original ni para subsanar las falencias de las
actuaciones procesales de las partes, puesto que no constituye una tercera
instancia.

2.5. Problema jurídico

20. Se circunscribe a resolver el siguiente interrogante:

¿si el documento allegado por el recurrente es una prueba recobrada o
encontrada en los términos del numeral 1 del artículo 250 del CPACA, en
cuanto no pudo ser aportado oportunamente por causas ajenas a su
voluntad y resultarían decisivos para modificar la decisión adoptada en la
sentencia del 14 de septiembre de 2023 proferida por el Tribunal
Administrativo del Meta?

2.6. Causal de revisión prevista en el numeral 1 del artículo 250 del CPACA

21. El numeral 1 del artículo 250 del CPACA dispuso que «(h)aberse encontrado o
recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se
hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al
proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria (…)» es causal
de revisión de las sentencias ejecutoriadas.

22. En relación con la causal, es pertinente señalar que el numeral 2 17 del artículo
188 del CCA también la establecía en similares términos a la prevista en el numeral
1 del artículo 250 del CPACA. De tiempo atrás, su sentido y alcance se desprendió
del significado del verbo «recobrar» se entiende como «(…) volver a tomar o adquirir lo
que antes se poseía o se tenía (…)»18. Sobre su configuración, la Sala Plena del
Consejo de Estado explicó lo siguiente:

«(…) Ha entendido la jurisprudencia, que prueba recobrada es aquella que
existiendo, no pudo ser aportada oportunamente al proceso, así la prueba
recobrada es aquél elemento probatorio nuevo, por ser recuperado luego de
proferida la sentencia, que pudo ser decisivo en el sentido de la decisión y que
no fue tenido en cuenta por el fallador, porque el interesado no pudo presentarla

17 «2. Haberse recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera

podido proferir una decisión diferente, y que el recurrente no pudo aportar al proceso por fuerza mayor o
caso fortuito o por obra de la parte contraria»
18 http://dle.rae.es/?id=VShJp3R.

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oportunamente dentro del proceso, por motivos de fuerza mayor, caso fortuito u
obra de la parte contraria (…)»19.

23. Ciertamente, tanto el Consejo de Estado como la Corte Suprema de Justicia 20
consideraron que la referencia a la prueba recobrada se circunscribió a la prueba
documental preexistente a la sentencia objeto de revisión, en garantía de los
principios de cosa juzgada y seguridad jurídica. Por regla general, se ha
considerado que no se configura la causal cuando se trata de otro tipo de pruebas,
como testimonios, experticias, informes técnicos o exámenes médicos
especializados, o cuando esta es producida u obtenida de manera posterior a la
sentencia que se revisa.

24. Ahora, a pesar de que en esencia el contenido normativo del numeral 2 del
artículo 188 del CCA se mantuvo en el numeral 1 del artículo 250 del CPACA, este
último incluyó el verbo «encontrar». El alcance de la expresión también se ha
interpretado a partir de su sentido gramatical, por lo tanto, se define como «dar con
alguien o algo que se busca o dar con alguien o algo sin buscarlo». Esta modificación no
ha implicado cambios sustanciales en los supuestos para que se estructure la
causal.

25. En efecto, la jurisprudencia ha mantenido la exigencia de que el documento debe
ser preexistente a la sentencia objeto del recurso21. Por lo tanto, la consecuencia
de la introducción del término implica que el documento no necesariamente tiene
que ser recuperado por quien lo aduce. También se admiten aquellos que se
encontraron por primera vez después de proferida la sentencia recurrida.

26. La Sala Plena de esta corporación analizó el alcance de las expresiones «prueba
recobrada» o «prueba encontrada» para definir el ámbito de aplicación de la causal
aludida. Lo explicó en los siguientes términos:

«(…) Vista la causal en estudio se tiene que la misma exige de entrada
determinar el alcance del concepto de prueba encontrada o de prueba
recobrada. En este punto, existe una ampliación en el CPACA frente a la norma
precedente, en tanto el CCA sólo refería a las pruebas recobradas.

Semánticamente, el término “encontrar” significa una cosa o persona que se
encuentra, por una actividad consciente dirigida a buscarla o no. Al tiempo que
“recobrar” es una búsqueda consciente de algo que se tuvo, pero que se perdió.
En las dos acepciones, la cosa o la persona no están dentro del dominio o
percepción de quien la busca, pero quien la encuentra puede estar consciente o
no de su existencia y pérdida, a su vez quien recobra siempre es consciente de
su existencia y de su pérdida. Así, la diferencia entre ambos vocablos descansa
en la conciencia de la existencia de la cosa o la persona y de la búsqueda. En
consecuencia, son vocablos complementarios, en tanto encontrar sin conciencia
de la existencia de la cosa o la persona y de su búsqueda nunca supondrá
recobrar, mientras que encontrar con conciencia de la existencia de la cosa o la
persona y de su búsqueda siempre supondrá recobrar.

19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 8 de noviembre de 2005,

expediente 1999-00218.
20 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 14 de diciembre de 2000. Expediente

núm. 7269
21 Al respecto, se pueden consultar: Consejo de Estado, Sala 6 Especial de Decisión, sentencia del 9 de

septiembre de 2024, radicado: 11001-03-15-000-2024-02869-00; Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 4 de septiembre de 2014, radicado: 11001-03-25-2021-00193-00 (1137-2021)

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Una vez verificado que la prueba es encontraba o recobrada es clave establecer
si existía al momento de dictar sentencia y que el hallazgo en cualquiera de sus
dos modalidades (encontrada o recobrada) se produjo después de dictada esa
sentencia (…)» (sic)22.

27. En consonancia con lo expuesto, la jurisprudencia determinó los supuestos por
los cuales era procedente el estudio y configuración de la causal de revisión que se
estudia. Los presupuestos son los siguientes:

i) La prueba debe ser documental. Ello descarta que pueda invocarse la causal con
fundamento en otro tipo de medios probatorios, como los testimonios.

ii) La prueba documental debió ser recobrada o encontrada luego de proferida la
sentencia objeto de revisión.

Este requisito implica que la prueba debió existir al tiempo de dictarse el fallo y, por
lo tanto, son inadmisibles los documentos generados después23. De igual manera,
exige que el documento haya llegado después de la sentencia a manos del
recurrente24. A su vez, descarta que puedan ser considerados los que estaban en
poder de la parte recurrente y no los aportó o solicitó en la debida etapa probatoria 25.
Ello, puesto que «(…) el recurso no está previsto para remediar la inactividad o falta de
diligencia de las partes, pues se trata de corregir la causa insuperable que le impidió al
recurrente hacer valer la prueba dentro del proceso (…)»26.

iii) La prueba documental no pudo ser aportada al proceso por (a) fuerza mayor o
caso fortuito; o (b) obra de la parte contraria. Es decir, el recurrente debe probar que
por causas ajenas a su voluntad no le fue posible aportar la prueba27.

En lo que respecta al primer supuesto, la jurisprudencia ha señalado que ocurre
cuando un hecho tiene las características de imprevisible e irresistible; o sea, «(…)
de un acontecimiento súbito, sorpresivo, excepcional, de rara ocurrencia” –imprevisibilidad–
y que resultara imposible evitarlo -irresistibilidad-. (…)»28. En cuanto al segundo, se
refiere a que la parte que ganó el pleito con su actuar impidió que el documento que
lograría cambiar la decisión no se pudiera aportar al expediente, «precisamente con
el propósito de que no sirviera como prueba»29.

22 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 3 de abril de 2018,

radicación: 11001-03-15-000-2014-00783-00 (REV).
23 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 19 de septiembre de

2023, radicación: 11001-03-15-000-2020-03585-00 (REV).
24 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,

sentencia del 16 de agosto de 2022 con radicado 52001-33-31-005-2008-00248-01 (56.297) (REV).
25 Ibidem.
26 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 12 de julio de 2005,

radicación: 11001-03-15-000-2000-00236-01 (REV).
27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de

8 de noviembre de 2021, radicado 76111-33-31-701-2010-00201-01(51617).
28 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,

sentencia del 16 de agosto de 2022 con radicado 52001-33-31-005-2008-00248-01 (56.297) (REV).
29 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 8 de diciembre de 2005,

radicación: 11001-03-15-000-1999-00218-01 (REV). Dicha sala reiteró la postura en la sentencia del 19 de
septiembre de 2023, radicación: 11001-03-15-000-2020-03585-00 (REV).

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iv) La prueba encontrada o recobrada debe tener tal importancia que genere el
cambio de la decisión recurrida. Desde esa óptica, debe ser tan decisiva que al ser
valorada con los demás medios de prueba cambie el sentido del fallo30.

2.7. La configuración de la causal 1 de revisión en el caso concreto

28. En el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que culminó con la
providencia objeto de revisión, se desplegaron las siguientes actuaciones
relevantes:

28.1. ElTribunal Administrativo del Meta, a través de la sentencia del 14 de
septiembre de 2023, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda al
declarar la nulidad del acto administrativo acusado, la existencia de una relación
laboral entre el demandante y el DAS, hoy UNP, entre el 13 de octubre de 2004 y el
31 de diciembre de 2008, y la prescripción de las acreencias laborales derivadas de
ese vínculo.

28.2. Para el efecto, consideró acreditados los elementos de la relación laboral,
prestación personal del servicio, remuneración y subordinación, con fundamento en
los contratos suscritos, la prueba testimonial y la documental allegada al expediente.
Asimismo, concluyó que las funciones desarrolladas por el actor correspondían a
actividades permanentes y misionales de la entidad.

28.3. No obstante, las acreencias laborales estaban prescritas, debido a que la-
reclamación administrativa solo fue presentada el 21 de abril de 2014, esto es, luego
de vencido el término trienal contado desde la finalización del último contrato el 31
de diciembre de 2008. Sin embargo, ese fenómeno jurídico no operaba respecto de
los aportes al sistema de seguridad social en pensiones.

28.4. Si bien el actor interpuso recurso de apelación contra la sentencia del 14 de
septiembre de 2023, el tribunal lo rechazó por extemporáneo mediante auto del 18
de octubre de 2023, decisión que no fue recurrida.

2.8. Análisis de la Sala

29. En el presente asunto, Luis Eduardo Martínez Gómez invocó la causal prevista
en el numeral 1 del artículo 250 del CPACA, relativa a la existencia de documentos
recobrados o encontrados con posterioridad a la sentencia, que no fueron aportados
oportunamente al proceso por fuerza mayor, caso fortuito o por obra de la parte
contraria.

30. En este contexto, se allegó como documento recobrado una petición radicada el
11 de julio de 2011 en el DAS, hoy UNP, a través de la cual el demandante solicitó
el pago de «liquidación de cesantías, primas legales, viáticos, subsidio familiar,
vacaciones y seguridad social», al considerar que había prestado sus servicios a la
entidad de manera personal, en cumplimiento de un horario y a cambio de una
remuneración

30 Ibidem.

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31. El contenido del documento es el siguiente31:

32. Según el recurrente, dicho documento fue encontrado con posterioridad a que se
profiriera la sentencia y no pudo ser aportado oportunamente al proceso porque se
traspapeló con ocasión del cambio de residencia que realizó durante la pandemia
por el Covid-19. La petición del 11 de julio de 2011 suspendió el término de
prescripción de las acreencias laborales reclamadas y, por lo tanto, tenía la
virtualidad de modificar la decisión adoptada respecto de ese fenómeno jurídico
declarado en la sentencia objeto de revisión.

33. Conforme con lo expuesto, se analizará si el recurso extraordinario de revisión
interpuesto contra la sentencia proferida el 14 de septiembre de 2023 por el Tribunal
Administrativo del Meta se enmarca en los supuestos establecidos en el numeral 1
del artículo 250 del CPACA.

34. Valga señalar, que esta causal procede cuando después de dictada la sentencia
se han encontrado o recobrado documentos con los cuales se hubiera podido
proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por
fuerza mayor, caso fortuito o por obra de la parte contraria.

35. Así, corresponde determinar si el documento aportado por el recurrente cumple
con los supuestos exigidos por la norma que invoca, esto es: (i) que se trate de
prueba documental; (ii) que haya sido encontrada o recobrada con posterioridad a
la sentencia; (iii) que no hubiera podido ser aportada oportunamente por causas
ajenas a la voluntad de la parte; y (iv) que tenga la entidad suficiente para modificar
la decisión.

36. En cuanto al primer requisito, se observa que la prueba allegada por el recurrente
tiene naturaleza documental, pues corresponde a una petición escrita radicada el

31 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«4ED_RECURSOEXTRAORDINARI(.pdf) NroActua 2», archivo
«4_EXPEDIENTEDIGI_RECURSOEXTRAORDINARI_0_20240621161120573».

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11 de julio de 2011 ante el DAS, hoy UNP, mediante la cual solicitó el
reconocimiento y pago de prestaciones sociales y demás acreencias laborales
derivadas de la relación contractual que sostuvo con la entidad.

37. Asimismo, se advierte que dicho documento existía con anterioridad a la
sentencia objeto de revisión, toda vez que fue elaborado y presentado varios años
antes de que el Tribunal Administrativo del Meta profiriera la decisión del 14 de
septiembre de 2023.

38. Igualmente, se encuentra acreditado que el documento fue allegado por el
recurrente con posterioridad a la expedición de la sentencia recurrida, bajo el
entendido de que, según afirmó, solo fue hallado nuevamente tiempo después de
concluido el proceso ordinario.

39. No obstante, para que el documento pueda ser considerado como prueba
recobrada o encontrada en los términos del numeral 1 del artículo 250 del CPACA,
no basta con que tenga naturaleza documental y haya sido aportado después de la
sentencia, sino que además es necesario acreditar que no pudo ser allegado
oportunamente al proceso por circunstancias ajenas a la voluntad de la parte, esto
es, por fuerza mayor, caso fortuito o por obra de la contraparte.

40. En el caso concreto, no se demostró la existencia de un impedimento real,
objetivo e insuperable que hubiera imposibilitado al recurrente aportar la petición del
11 de julio de 2011 dentro del trámite ordinario del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Por el contrario, el documento correspondía a una
reclamación elaborada y presentada por el propio demandante ante la entidad
demandada, relacionada directamente con las prestaciones laborales cuya
reclamación constituyó el objeto del litigio, circunstancia que evidencia que el
recurrente conocía de su existencia desde el momento de su radicación y que el
documento se encontraba bajo su esfera de disponibilidad y control.

41. Así entonces, la circunstancia alegada por el recurrente, consistente en que el
documento se traspapeló con ocasión del cambio de residencia efectuado durante
la pandemia por COVID-19, no configura un supuesto de fuerza mayor o caso
fortuito que justificara su no aportación oportuna al proceso, pues no se acreditó un
hecho imprevisible e irresistible, ni una circunstancia ajena a su voluntad, que le
hubiera impedido allegarlo en las oportunidades procesales correspondientes.

42. Sumado a lo anterior, la discusión planteada en el proceso ordinario se estructuró
a partir de la reclamación administrativa radicada el 21 de abril de 2014 y del acto
administrativo que la resolvió negativamente, esto es, el Oficio 85421 del 29 de
mayo de 2014, el cual constituyó el acto acusado dentro del medio de control. En
contraste, la petición del 11 de julio de 2011 no fue incluida dentro de los hechos de
la demanda ni hizo parte de la proposición jurídica definida por la parte actora.

43. Así las cosas, el documento que ahora se pretende hacer valer no fue objeto de
controversia ni de debate probatorio durante el trámite ordinario, de manera que
admitirlo en esta etapa extraordinaria implicaría alterar el marco fáctico y jurídico
sobre el cual se desarrolló el litigio, con afectación del principio de contradicción y
del derecho de defensa de la entidad demandada.

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44. Tampoco se advierte una actuación diligente de la parte actora encaminada a
obtener o reconstruir el documento durante las oportunidades probatorias
ordinarias, ni el uso de los mecanismos procesales previstos para complementar o
controvertir el material probatorio obrante en el expediente.

45. En este sentido, el documento allegado del 11 de julio de 2011 no cumple con
los presupuestos exigidos por el numeral 1 del artículo 250 del CPACA para ser
considerado una prueba recobrada o encontrada, pues no se acreditó que su falta
de aportación obedeciera a fuerza mayor, caso fortuito o a una conducta atribuible
a la contraparte.

46. De esta manera, el recurso extraordinario de revisión no puede emplearse para
reformular el debate procesal originalmente planteado ni para introducir, de manera
tardía, supuestos fácticos y probatorios que no fueron alegados ni discutidos
durante el trámite ordinario, máxime cuando el documento aportado no satisface el
presupuesto esencial relativo a la imposibilidad de haber sido allegado
oportunamente por causas ajenas a la voluntad de la parte.

47. En consecuencia, la omisión en el aporte oportuno de la petición del 11 de julio
de 2011 no puede ser subsanada a través del recurso extraordinario de revisión,
pues, se recuerda, que este mecanismo no constituye una nueva instancia ni una
oportunidad adicional para subsanar deficiencias probatorias ni para reabrir el
debate propio de las instancias, sino como una vía excepcional y restrictiva, sujeta
al cumplimiento estricto de las causales previstas por el legislador. En esa medida,
la falta de diligencia en la actividad probatoria no puede ser corregida a través de
este medio extraordinario, pues ello desnaturalizaría su finalidad.

48. En últimas, lo que se advierte es la intención de incorporar de manera tardía un
elemento probatorio y obtener una nueva valoración de los elementos de convicción
ya analizados en la instancia ordinaria, a partir de un documento que no cumple con
los requisitos para ser considerado como prueba recobrada o encontrada, lo cual
resulta ajeno a la naturaleza excepcional del recurso extraordinario de revisión, que
no constituye una tercera instancia.

49. En consecuencia, se declarará infundado el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por Luis Eduardo Martínez Gómez en contra de la sentencia proferida
por el Tribunal Administrativo del Meta el 14 de septiembre de 2023.

2.9. Costas

50. La Sala se abstendrá de condenar en costas a la parte recurrente, de
conformidad con el artículo 255 del CPACA, por cuanto no se evidenció que actuase
con temeridad o mala fe ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el
transcurso del trámite procesal.

3. Conclusión

51. Con fundamento en lo expuesto, se concluye que, en la providencia del 14 de
septiembre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, no se

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configuró la causal prevista en el numeral 1 del artículo 250 del CPACA, por cuanto
el documento allegado como supuesta prueba recobrada o encontrada no se
enmarca en los presupuestos exigidos por la norma.

52. En virtud de lo anterior, se declarará infundado el recurso extraordinario de
revisión.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

Primero: Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por
Luis Eduardo Martínez Gómez en contra de la sentencia proferida el 14 de
septiembre de 2023 por el Tribunal Administrativo del Meta, en el proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho radicado: 50001-23-33-000-2015-00131-00.

Segundo: No condenar en costas.

Tercero: Archivar el expediente del recurso extraordinario de revisión, previas las
anotaciones pertinentes en el sistema de información de gestión de procesos
Samai.

Cuarto: Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmada electrónicamente Firmada electrónicamente
Aclara voto

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmada electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

LAVM

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