Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2022-00363-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2022-00363-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2022-00363-00
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
3 de abril de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., tres (3) de abril de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Radicado: 11001-03-25-000-2022-00363-00 (3100-2022)
Demandante: Pedro Triana
Providencia Sentencia del 15 de febrero de 2019 proferida por el Tribunal
recurrida: Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión, Sala
Tercera de Decisión
Tema: Causal 1 de revisión del artículo 250 del CPACA. Prueba
recobrada o encontrada.
Sentencia de revisión
Asunto
La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Pedro Triana
contra la sentencia del 15 de febrero de 2019 proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión, dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho promovido en contra de la Caja de Retiro
de las Fuerzas Militares1.
1. Antecedentes
1.1. Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho2
1. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo3, Pedro Triana presentó una demanda en orden a que
se declarara la nulidad de los oficios 0032113 del 22 de mayo de 2014, mediante
el cual Cremil le negó el reajuste de la asignación de retiro, y 0036894 del 4 de
junio del mismo año que resolvió los recursos interpuestos contra el anterior acto.
1 En adelante Cremil.
2 Índice 2 Samai. Expediente de nulidad y restablecimiento del derecho 05001-33-33-023-2015-
00659-00 digitalizado.
3 En adelante CPACA.
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Demandante: Pedro Triana
2. A título de restablecimiento del derecho solicitó la reliquidación de su
asignación de retiro, así: i) con el cómputo del 70% del salario indicado en el
numeral 13.2.1. del Decreto 4433 de 2004 incrementado en un 38.50% por
concepto de la prima de antigüedad; ii) con una base de liquidación calculada en
el equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente incrementada en un
60%, de conformidad con el parágrafo 2 del artículo 1 del Decreto 1794 de 2000;
y iii) con inclusión del subsidio familiar, como partida computable. Asimismo, pidió
el reajuste del retroactivo de la asignación de retiro que le fue reconocida, la
indexación de todas las sumas adeudadas, el pago de los intereses de mora y la
condena en costas a la demandada.
1.1.1. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:
3.1. Pedro Triana se vinculó al Ejército Nacional como soldado regular el 3 de julio
de 1987; a partir del 1 de marzo de 1989 se incorporó como soldado voluntario;
y desde el 1 de noviembre de 2003, como soldado profesional, de conformidad
con los decretos 1793 y 1794 de 2000.
3.2. Mediante Resolución 3582 del 28 de diciembre de 2007, Cremil le reconoció
una asignación de retiro por haber permanecido vinculado por más de 20 años,
con efectos a partir del 15 de febrero de 2008.
3.3. La entidad le liquidó la prestación por retiro con la prima de antigüedad
calculada en el 38.50% del salario básico a la cual le aplicó el 70%, con una base
equivalente al salario mínimo incrementado en un 40% y sin incluir el subsidio
familiar como partida computable.
3.4. El 16 de mayo de 2014 le solicitó a la entidad el reajuste de la prestación sin
la afectación de la prima de antigüedad con el 70%, con el ajuste de la base
salarial en el 20% y con inclusión del subsidio familiar como partida computable.
3.5. A través del Oficio 0032113 del 22 de mayo de 2014, Cremil le negó la
petición, decisión contra la cual interpuso los recursos de reposición y apelación,
los cuales fueron resueltos desfavorablemente con el Oficio 0036894 del 4 de
junio del mismo año.
1.2. Sentencia de primera instancia
4. Mediante sentencia proferida el 10 de junio de 2016, el Juzgado 23
Administrativo Oral del Circuito de Medellín accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda y ordenó la reliquidación de la asignación de retiro
del peticionario «teniendo como suma equivalente a la asignación mensual, el salario
mínimo mensual legal vigente incrementado en un 60%, monto al que se le aplicará el
70% y al resultante se le adicionará el […] (38.5%), correspondiente a la prima de
antigüedad» [sic]; negó la inclusión del subsidio familiar como partida computable
y condenó en costas a la entidad. Para el efecto, consideró:
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Demandante: Pedro Triana
4.1. De acuerdo con las pruebas allegadas al expediente, para el 31 de diciembre
de 2000 el demandante se encontraba vinculado como soldado voluntario y fue
incorporado como soldado profesional en virtud del Decreto 1793 de 2000. Este
era el único requisito que exigía el artículo 1 del Decreto 1794 de 2000 para que
tuviera derecho a recibir una remuneración equivalente al salario mínimo legal
mensual vigente incrementada en un 60%. Con base en esa suma, la entidad
debía liquidar su asignación de retiro.
4.2. Sin embargo, el demandante recibió un salario mínimo incrementado en 40%
con base en la cual se liquidó su prestación. Con ello, la entidad desconoció la
prohibición legal de desmejorar los emolumentos de los servidores públicos.
4.3. Según el artículo 16 del Decreto 4433 de 2004, la forma correcta de computar
la prima de actividad era a partir del 70% del salario y a este adicionarle el 38.5%
de la prima de antigüedad, de manera que esta última no se viera afectada con
el 70% previsto en el artículo 70 del Decreto 4433 de 2004.
4.4. El artículo 13 del Decreto 4433 de 2004, en el numeral 13.2 no estableció el
subsidio familiar como partida computable de la asignación de retiro. De
conformidad con los pronunciamientos de la Corte Constitucional, la diferencia
que en esta materia se originaba respecto de los oficiales y suboficiales no tenía
sustento alguno. Por lo tanto, era procedente la inaplicación de la norma, puesto
que una interpretación contraria conllevaba la vulneración del artículo 13 de la
Constitución Política.
4.5. No obstante, el documento denominado «[l]iquidación de Servicios No. 3-
00010173073 en el acápite de HABERES ULTIMA NÓMINA» [sic] indica que el
solicitante no devengó el subsidio familiar al momento del retiro. En esas
condiciones, no era posible acceder a la inclusión del factor en la liquidación de
la asignación de retiro.
1.3. El recurso de apelación
5. La parte demandada interpuso el recurso de apelación y solicitó que se
revocara la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se negaran las súplicas
del escrito inicial, con sustento en lo siguiente:
5.1. En relación con el incremento salarial en un 60% era preciso aclarar que, el
artículo 13 del Decreto 4433 de 2004 remitió al artículo 1 del Decreto 1794 de
2000, para efectos de establecer el salario computable en la asignación de retiro.
El inciso primero de esta última norma solamente se refiere al incremento del
40%.
5.2. En ese orden, era necesario hacer una interpretación íntegra de la normativa
y tener en cuenta que con la expedición del Decreto 1794 de 2000, se mejoraron
las condiciones salariales y prestacionales de los soldados profesionales. Por lo
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tanto, no podía admitirse que existió una disminución salarial del 20%, como lo
aseguró el demandante.
5.3. Cremil reconoció la asignación de retiro con sustento en la hoja de servicios
que le fue remitida. Por esa razón, la inconformidad respecto del incremento
ordenado por el artículo 1 del Decreto 1794 de 2000 debió exponerla ante la
correspondiente fuerza y no ante Cremil.
5.4. Respecto del cómputo de la prima de antigüedad, el artículo 16 del Decreto
4433 de 2004 era suficientemente claro al señalar que la asignación de retiro de
los soldados profesionales se debía liquidar así:
«Salario Básico =SMLMV (100%) + (Incremento en un 40%) =140%
Prima de Antigüedad = 38.5%
Asignación de retiro:
70%= (Sueldo Básico+38.5% de Prima de Antigüedad)»
5.5. Deahí que, la prestación debía liquidarse en el 70% del salario básico
incrementado en el 38.5% de la prima de antigüedad, tal y como lo calculó la
entidad.
5.6. Aunqueal actor tuviera algún derecho frente a las pretensiones de la
demanda aquel no se le podía conceder, toda vez que el artículo 43 del Decreto
4433 de 2004 estableció un término trienal de prescripción.
5.7. La Ley 923 de 2004 y el Decreto 4433 del mismo año establecieron el régimen
aplicable en materia de asignación de retiro de los soldados profesionales.
Aquella normativa no incluyó el subsidio familiar como partida computable de la
asignación de retiro. Esta razón era suficiente para mantener la presunción de
legalidad de los actos demandados, por cuanto la entidad debía ajustarse a las
disposiciones que regían la materia.
5.8. De acuerdo con el artículo 365 del CGP, cuando «[…] prospere parcialmente
la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena
parcial, expresando los fundamentos de su decisión», además de que solo había
lugar a ellas si se encontraba probada su causación. De ahí que, aunque la
entidad resultara condenada se debía tener en cuenta que propuso la excepción
de prescripción desde el inicio del proceso.
1.4. Sentencia de segunda instancia objeto de revisión
6. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión en sentencia
del 15 de febrero de 2019 confirmó la sentencia de primera instancia, excepto la
condena costas, la cual revocó. Lo anterior, con fundamento en las siguientes
consideraciones:
6.1. De conformidad con el artículo 16 del Decreto 4433 de 2004, la asignación de
retiro del actor debió liquidarse con base en un salario mínimo legal mensual
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Demandante: Pedro Triana
vigente incrementado en un 60%, en los términos del artículo 1 del Decreto 1794
de 2000, tal y como lo consideró la sentencia de unificación del 25 de abril de
20194.
6.2. El artículo 16 del Decreto 4433 de 2004 determinó que la asignación de retiro
de los soldados profesionales debía liquidarse con el 70% del salario mensual
indicado en el numeral 13.2.1, adicionado con un 38.5% de la prima de
antigüedad. En este sentido, «[s]e aclara, primero se determina el 70% del sueldo
básico y el 38.5% de la prima de antigüedad frente a la totalidad del sueldo básico y la
sumatoria de esas dos cifras da como resultado el valor de la asignación» [sic].
6.3. En lo relativo al subsidio familiar, el Consejo de Estado valoró la desigualdad
que surgía, en consideración a que solamente en las asignaciones de retiro de
los grados más altos del escalafón militar se incluía como partida computable.
Aquella corporación concluyó que no existía justificación alguna excluir dicho
factor para la liquidación de las prestaciones del personal con rango inferior.
6.4. Sin embargo, como en la liquidación de servicios que allegó al expediente no
se acreditó que hubiera devengado el subsidio familiar, era procedente confirmar
la decisión de abstenerse de ordenar su inclusión.
6.5. Según los numerales 5 y 8 del artículo 365 del CGP, el juez podía optar por
no condenar en costas en determinadas ocasiones. En el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, su imposición no exigía el análisis sobre la
existencia de conductas dilatorias o temerarias de las partes. Como en este caso
el asunto debatido fue de puro derecho, no exigió «un mayor grado de
controversia», el trámite fue corto y se podía agotar en la primera etapa del
proceso, era viable acoger el planteamiento de la apelante para no disponer su
condena por este aspecto en ambas instancias.
1.3. Recurso extraordinario de revisión
7. Pedro Triana interpuso el recurso extraordinario de revisión en contra de la
sentencia del 15 de febrero de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Tercera de Decisión. Lo anterior con fundamento en la causal
establecida en el numeral 1 del artículo 250 del CPACA, «prueba recobrada o
encontrada».
8. El demandante solicitó la revisión de la providencia objeto del recurso y « como
consecuencia se ordene la inclusión del subsidio familiar en la asignación de retiro del
señor PEDRO TRIANA» [sic]. Las pretensiones se sustentaron en los siguientes
argumentos:
8.1. En la sentencia de primera instancia, el juzgado consideró que el demandante
tenía derecho a la inclusión del subsidio familiar en la liquidación de la asignación
de retiro. Sin embargo, como en la hoja de servicios no se informó que hubiera
4 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 25 de abril de 2019,
radicado: 850013333002201300237 01 (1701-2016).
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Demandante: Pedro Triana
devengado este factor en el último año de servicio activo, negó su cómputo.
8.2. Por lo anterior, le solicitó al comandante del Ejército Nacional que dispusiera
la modificación de la hoja de servicios con el pago de tal partida en la cuantía
establecida en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000. Lo anterior, comoquiera
que la expedida en octubre de 2007 no incluyó los datos correctos de su situación
salarial y prestacional.
8.3. Mediante oficios 20183111399421 del 26 de julio y 20183111471561 del 8 de
agosto de 2018, la entidad negó de plano el reconocimiento del subsidio familiar,
puesto que aquel se le había pagado en actividad, mediante orden administrativa
de personal 1451 del 30 de noviembre de 2007, en razón a su unión marital de
hecho con Luz Amparo Gil Zuleta. Además, manifestó que «para la fecha no existe
norma que establezca claramente las partidas computables de la asignación de retiro,
por lo que el subsidio familiar no fue previsto como partida dentro de la asignación de
retiro de los Soldados Profesionales».
8.4. El
16 de noviembre de 2018, el demandante puso en conocimiento del
Tribunal Administrativo de Antioquia la situación descrita y solicitó que se
decretaran como prueba las respuestas del Ministerio de Defensa. Sin embargo,
el expediente ya había ingresado al despacho para fallo.
8.5. Fue así como la sentencia del 15 de febrero de 2019 confirmó la decisión de
primera instancia, en el sentido de negar la inclusión de la partida en la liquidación
de la asignación de retiro «omitiendo que de los documentos allegados se lograba
concluir que tal partida si fue devengada por el actor y que por lo tanto en atención a la
posición que tenía la autoridad judicial resultaría favorable despachar la pretensión de la
inclusión del subsidio familiar» [sic].
8.6. La decisión de negar la inclusión del subsidio familiar en la liquidación de su
prestación se desprendió de la hoja de servicios. Sin embargo, la respuesta que
recibió del Ministerio de Defensa permitió deducir que en realidad sí devengó
dicho factor cuando se encontraba en servicio activo.
1.4. Contestación del recurso extraordinario de revisión5
9. Cremil contestó el recurso extraordinario de revisión, para solicitar que no se
infirmara la sentencia del 15 de febrero de 2019 proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión, con sustento en el
siguiente razonamiento:
9.1. Mediante Resolución 3582 del 28 de diciembre de 2007 le reconoció la
asignación de retiro al demandante. Para el efecto, tuvo en cuenta la hoja de
servicios 79998 del 28 de noviembre de 2007 emitida por el Ejército Nacional.
Como en aquel documento no se incluyó dentro de los emolumentos devengados
ni se especificaron cuáles eran las prestaciones que él recibía en actividad,
Cremil no podía «disponer a liquidar lo que desee».
5 Índice 20 de Samai. Expediente del recurso extraordinario de revisión.
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9.2. Aunque la apoderada de la parte actora tuvo conocimiento de la
documentación que tenía el demandante desde el año 2014, no presentó ninguna
petición en favor de su representado y decidió radicar una solicitud solo hasta el
17 de julio de 2018. Lo anterior «se presenta como un caso de negligencia» por parte
de aquella profesional.
9.3. El
recurso extraordinario de revisión no se instituyó como una instancia
adicional para corregir los yerros probatorios de las partes, reabrir el debate sobre
los hechos, pruebas o argumentos ni para revivir los términos propios del trámite
ordinario.
9.4. En el presente asunto no se acreditaron los supuestos para la configuración
de la causal de revisión invocada. En efecto, si llegó a existir un error en la hoja
de servicios expedida por el Ejército Nacional, la parte interesada debió solicitar
su corrección oportunamente. De ahí que no se allegó algún documento que se
encontrara extraviado ni mucho menos se presentó un evento de caso fortuito o
fuerza mayor. El hecho de que la parte no los hubiera conocido para el momento
en el que presentó la demanda ni durante el período probatorio, en manera
alguna implicó que se hubieran encontrado porque se hallaban perdidos.
9.5. Tampoco podía admitirse que los documentos aducidos fueran decisivos.
Sobre el subsidio familiar, la sentencia de unificación del 25 de abril de 20196
consideró que existía una justificación jurídicamente válida para el trato
diferenciado entre los soldados profesionales y los oficiales y suboficiales. Los
derechos que aquellos [los soldados profesionales] han adquirido se enmarcan
en el principio de progresividad.
9.6. Deesta forma era comprensible que algunos soldados consolidaran su
derecho prestacional de forma distinta, antes de la expedición de los decretos
1161 y 1162 de 2014, sin que por ello se desmejoraran las garantías que les
fueron concedidas. Según el citado pronunciamiento, el recurrente no tenía
derecho a que se le incluyera el subsidio familiar en la asignación de retiro, en
atención a que su retiro se hizo efectivo en el año 2007.
2. Consideraciones
2.1. Competencia
10. Esta Sala es competente para decidir el presente recurso extraordinario de
revisión de conformidad con lo regulado en los artículos 249 del CPACA y 13
numeral 3 del Reglamento Interno del Consejo de Estado7, expedido por la Sala
Plena de esta corporación, que estableció «[d]e los recursos de revisión contra las
sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las
secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia».
6 Radicado: 85001-33-33-002-2013-00237-01 (1701-2016)
7 Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019.
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2.2. Oportunidad
11. El recurso extraordinario de revisión fue presentado dentro del año siguiente
a la ejecutoria de la sentencia recurrida, tal y como lo prevé el artículo 251 del
CPACA. En efecto, la sentencia del 15 de febrero de 2019 proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión se notificó por
correo electrónico el 21 de febrero de 2019, quedó ejecutoriada el 26 de febrero
del mismo año8 y el recurso fue radicado el 10 de febrero de 20209.
2.3. Legitimación en la causa
12. En el asunto objeto de estudio, Pedro Triana y la Caja de Retiro de las Fuerzas
Militares están legitimadas para actuar como demandante [el primero] y como
demandada [la última], comoquiera que actuaron con esa misma calidad dentro
del proceso ordinario cuya decisión de segunda instancia pretende controvertir
en esta oportunidad.
2.4. Generalidades del recurso extraordinario de revisión
13. El recurso extraordinario de revisión previsto en el artículo 248 del CPACA es
un medio de impugnación que afecta el principio de la inmutabilidad de las
sentencias ejecutoriadas y, por ende, constituye una excepción al principio de la
cosa juzgada10. Su finalidad es la de invalidar los efectos jurídicos de una
sentencia que se encuentra ejecutoriada11 y persigue el restablecimiento del
criterio de justicia material y la supremacía de las garantías procesales cuando
estas han sido lesionadas en aquella, al ocurrir alguna de las causales por las
cuales procede, establecidas en la ley. Tiene dos características principales:
14. La primera se refiere a que su naturaleza es excepcional y, por lo tanto, solo
opera por razón de las causales taxativas señaladas en el artículo 250 del
CPACA, en concordancia con el artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Estas señalan
vicios o errores de naturaleza procedimental que permiten la revisión de la
sentencia proferida dentro del proceso. En ese orden, para que el juez pueda
examinar la controversia materia del recurso, a quien lo ejerce le corresponde
indicar con precisión cuál es la causal que invoca para invalidar la sentencia
recurrida y las razones de hecho y de derecho que la sustentan.
15. La segunda indica que se trata de un nuevo proceso que tiene por objeto
cuestionar la sentencia proferida dentro de un proceso ordinario y no una nueva
oportunidad para reabrir el debate jurídico, probatorio y/o fáctico propio de las
8 Índice 2 de Samai. Expediente digitalizado de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado: 05001-33-33-023-2015-00659-01.
9 Índice 2 de Samai. Expediente digitalizado de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado: 05001-33-33-023-2015-00659-01. Se precisa que el recurso inicialmente fue
interpuesto ante el Tribunal Administrativo de Antioquia. Mediante auto del 17 de noviembre de
2021, el tribunal ordenó remitir el asunto al Consejo de Estado por competencia, lo cual se cumplió
con el Oficio 260 de 2021. El expediente fue radicado en esta corporación el 17 de junio de 2022,
según el índice 2 de Samai.
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Catorce Especial de Decisión.
Sentencia 13 de octubre de 2020. Rad. 11001-03-15-000-2019-00119-00.
11 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección A.
Sentencia 15 de marzo de 2018. Rad. 1001-03-25-000-2014-00862-00.
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Radicado: 11001-03-25-000-2022-00363-00 (3100-2022)
Demandante: Pedro Triana
instancias procesales que ya se han surtido en aquel. Tampoco es una vía para
cuestionar la actividad interpretativa del juez o insistir en la discusión de los
problemas debatidos en el proceso original ni para subsanar las falencias de las
actuaciones procesales de las partes, puesto que no constituye una tercera
instancia.
2.5. Problema jurídico
16. Se circunscribe a resolver el siguiente interrogante:
¿Los documentos allegados por la parte recurrente tienen el carácter de
pruebas encontradas o recobradas en los términos del numeral 1 del
artículo 250 del CPACA?
2.6. La prueba recobrada como causal del recurso extraordinario de
revisión
17. El numeral 1 del artículo 250 del CPACA dispuso que «[h]aberse encontrado o
recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se
hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al
proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria […]» es causal
de revisión de las sentencias ejecutoriadas.
18. En relación con la causal, es pertinente señalar que el numeral 212 del artículo
188 del CCA también la establecía en similares términos a la prevista en el
numeral 1 del artículo 250 del CPACA. De tiempo atrás, su sentido y alcance se
desprendió del significado del verbo «recobrar» se entiende como «[…] volver a
tomar o adquirir lo que antes se poseía o se tenía […]»13. Sobre su configuración, la
Sala Plena del Consejo de Estado explicó lo siguiente:
«[…] Ha entendido la jurisprudencia, que prueba recobrada es aquella que
existiendo, no pudo ser aportada oportunamente al proceso, así la prueba
recobrada es aquél elemento probatorio nuevo, por ser recuperado luego de
proferida la sentencia, que pudo ser decisivo en el sentido de la decisión y
que no fue tenido en cuenta por el fallador, porque el interesado no pudo
presentarla oportunamente dentro del proceso, por motivos de fuerza mayor,
caso fortuito u obra de la parte contraria […]»14
19. Ciertamente, tanto el Consejo de Estado como la Corte Suprema de Justicia15
consideraron que la referencia a la prueba recobrada se circunscribió a la prueba
documental preexistente a la sentencia objeto de revisión, en garantía de los
principios de cosa juzgada y seguridad jurídica. Por regla general, se ha
12 «2. Haberse recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales
se hubiera podido proferir una decisión diferente, y que el recurrente no pudo aportar al proceso
por fuerza mejor o caso fortuito o por obra de la parte contraria»
13 http://dle.rae.es/?id=VShJp3R.
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 8 de noviembre de
2005, expediente 1999-00218.
15 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 14 de diciembre de 2000.
Expediente núm. 7269
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considerado que no se configura la causal cuando se trata de otro tipo de
pruebas, como testimonios, experticias, informes técnicos o exámenes médicos
especializados, o cuando esta es producida u obtenida de manera posterior a la
sentencia que se revisa.
20. Ahora, a pesar de que en esencia el contenido normativo del numeral 2 del
artículo 188 del CCA se mantuvo el numeral 1 del artículo 250 del CPACA
mantuvo, este último incluyó el verbo «encontrar». El alcance de la expresión
también se ha interpretado a partir de su sentido gramatical, por lo tanto, se define
como «dar con alguien o algo que se busca o dar con alguien o algo sin buscarlo». Esta
modificación no ha implicado cambios sustanciales en los supuestos para que se
estructure la causal.
21. En efecto, la jurisprudencia ha mantenido la exigencia de que el documento
debe ser preexistente a la sentencia objeto del recurso16. Por lo tanto, la
consecuencia de la introducción del término implica que el documento no
necesariamente tiene que ser recuperado por quien lo aduce. También se
admiten aquellos que se encontraron por primera vez después de proferida la
sentencia recurrida.
22. Otro aspecto por destacar en cuanto a la causal 1 de revisión consiste en que
la prueba que se allega como encontrada o recobrada debe ser decisiva.
Además, el recurrente tiene la carga de acreditar las razones por las que le fue
imposible aportarla al proceso, que deben estar sustentadas en fuerza mayor,
caso fortuito o por obra de la parte contraria.
23. Para que se estructure la causal de que trata el numeral 1 del artículo 250 del
CPACA, deberá acreditarse que el documento que se aduce como prueba
recobrada cumpla con las siguientes exigencias:
i) Que se trate de una prueba documental. No se admiten medios probatorios
distintos tales como testimonios o inspecciones judiciales, entre otros.
ii) El documento debe ser encontrado o recobrado. Es decir, que existiera en
la época en la que se tramitó el proceso pero que hubiera estado refundido
o extraviado.
iii) Que no hubieran podido ser aportados oportunamente por circunstancias
ajenas a la voluntad del recurrente, es decir, por fuerza mayor, caso fortuito
o por obra de la parte contraria, eventos que deben encontrarse debidamente
sustentados y probados.
iv) Que el documento o documentos que se afirman decisivos, en efecto,
hubieran podido conducir a una decisión diferente.
16
Al respecto, se pueden consultar: Consejo de Estado, Sala 6 Especial de Decisión, sentencia del 9 de
septiembre de 2024, radicado: 11001-03-15-000-2024-02869-00; Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 4 de septiembre de 2014, radicado: 11001-03-25-2021-00193-00 (1137-2021)
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2.7. La configuración de la causal 1 de revisión en el caso concreto
24. Al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que culminó con la
providencia objeto de revisión, se allegaron las siguientes pruebas:
24.1. Declaración suscrita por Pedro Triana ante notario el 16 de octubre de 2007,
con el objeto de «solicitar un Subsidio familiar en el Ejército».
24.2. Hoja de servicios 3-00010173072 del 13 de noviembre de 2007, en la que se
describieron los emolumentos recibidos por el demandante en el mes de octubre
de 2007, así:
HABERES ULTIMA NOMINA OCTUBRE/2007 DIAS: 30 GRADO: PF
Descripción Porc. Valor
SUELDO BÁSICO 607.180.00
PRIMA DE ANTIGÜEDAD SOLDADO PROFESIONAL 58.50 355.200.30
BONIFICACIÓN ORDEN PÚBLICO SOLDADO PF 10.00 60.716.00
SEGURO DE VIDA SUBSIDIADO .00 8.389.00
1.031.487.30
24.3. Aunque el mismo documento contenía la información sobre la integración de
su grupo familiar, no indicó que le hubiera sido reconocido el subsidio familiar.
24.4. No se allegaron otros medios de prueba que acreditaran que el demandante
devengó el subsidio familiar mientras estuvo en actividad.
25. En la sentencia del 10 de junio de 2016, el Juzgado 23 Administrativo Oral de
Medellín expuso el criterio según el cual no era constitucional la diferencia de
trato de los soldados profesionales respecto de los oficiales y suboficiales frente
al subsidio familiar como partida computable y concluyó que «[…] se trata de una
medida restrictiva de un derecho a un subsector perteneciente a un grupo, que se
encuentra en las mismas condiciones de riesgo y labor de sus pares y que ocasiona que
el operador jurídico deba inaplicar en razón de la expresa disposición del artículo 13 de
la Constitución Política […]».
26. Sin embargo, el juez de primera instancia negó la pretensión de inclusión del
emolumento en la liquidación de la asignación de retiro, por cuanto no encontró
demostrado que lo hubiera devengado para la época en la que se retiró del
servicio activo.
27. Contra la anterior decisión, la parte actora no presentó recurso de apelación
ni asistió a la audiencia de conciliación convocada para el 8 de agosto de 2016,
al tiempo que la entidad demandada sí lo hizo.
28. El
Tribunal Administrativo de Antioquia admitió el recurso de apelación
mediante auto del 7 de septiembre de 2016 y el 26 de los mismos mes y año
ordenó que se corriera traslado a las partes para alegar de conclusión.
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29. La parte demandante presentó sus alegatos de conclusión. En lo relevante al
particular, manifestó: «[…] [s]e encuentra probado dentro del plenario, y además no
fue objeto de discusión, […] que devengó subsidio familiar en actividad […]». Además,
reiteró los argumentos que sustentaban la vulneración del derecho a la igualdad
de los soldados profesionales y aportó como prueba 2 providencias judiciales
para apoyar su planteamiento.
30. El 20 de octubre de 2016, el expediente ingresó al despacho para fallo.
31. No se observan memoriales allegados a partir de ese momento hasta que se
profirió la sentencia del 15 de febrero de 2019. Sin embargo, verificado el sistema
Samai, se observa que el 16 de noviembre de 2018, el demandante allegó unos
documentos17.
32. El fallo confirmó la decisión de primera instancia y, en cuanto al subsidio
familiar, también sostuvo que, pese a que consideraba que la partida era
computable en la asignación de retiro del solicitante, lo cierto era que no se había
probado que la hubiera devengado.
33. Con
el recurso extraordinario de revisión, se allegaron los siguientes
documentos como pruebas recobradas:
33.1. Oficio 20183111399421 del 26 de julio de 2018 suscrito por el oficial
Sección Ejecución Presupuestal DIPER, por el cual respondió la petición que
radicó la apoderada del demandante el 17 de julio de 2018 con el fin de obtener
el reconocimiento y pago del subsidio familiar del Decreto 1794 de 2000. El acto
indicó lo siguiente:
«[…] AL PUNTO NUMERO UNO: Una vez verificado el Sistema de
Administración de Talento Humano SIATH, se evidencio que a su poderdante
se le reconoció el 4% del subsidio familiar de acuerdo al Decreto 1794 del
200[0], mediante Orden Administrativa de personal N° 1451 del 30 de
noviembre de 2007 con novedad fiscal 26 de octubre de 2007, discriminado
así:
• 4% correspondiente a unión marital de hecho con la señora LUZ AMPARO
GIL ZULETA.
En tal consideración, no es viable jurídicamente su solicitud como quiera que
usted ya goza del mismo.
Es de aclarar que el personal de Soldados Profesionales que les fue reconocido
el subsidio familiar que trataba el artículo 11 del Decreto Ley 1794 de 2000, y
que su fecha de retiro es anterior al 1 de julio de 2014, dicho beneficio no hace
parte de las partidas computables para efectos del reconocimiento de pensión
de acuerdo a lo establecido en el Artículo 13, numeral 2, del Decreto 4433 de
2004 por el cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los
miembros de la Fuerza Pública, […]
DEL PUNTO NUMERO DOS Y TRES: En cuanto a la solicitud de pago,
intereses e indexación, atendiendo a los fundamentos de hecho y de derecho
expuestos, se niega de plano, al no ser procedentes legamente […]» [sic]
17 Índice 11 Samai. Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado: 05001-33-
33-023-2015-00659-01.
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33.2. Oficio 20183111471561 del 8 de agosto de 2018, suscrito por el mismo
funcionario, en el cual resolvió otra petición presentada por la parte actora, en los
siguientes términos:
«AL PUNTO NUMERO UNO: Una vez verificado el Sistema de Administración
de Talento Humano SIATH, se evidencio que a su poderdante se le reconoció
el 4% del subsidio familiar mediante Orden Administrativa de personal N° 1451
del 30 de noviembre de 2007, con novedad fiscal 26 de octubre de 2007, de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1794 de 2000 y lo percibido hasta
la novedad fiscal de su retiro, discriminado así:
• 4% correspondiente a unión marital de hecho con la señora LUZ AMPARO
GIL ZULETA.
Así mismo, se establece que el señor TRIANA, fue retirado del servicio activo
con novedad fiscal 15 de noviembre de 2007.
AL PUNTO NUMERO DOS Y TRES: Respecto al pago de la acreencia, se
establece que a su poderdante le fue presupuestado en nómina adicional, del
mes de agosto de 2008 y septiembre de 2012 los valores correspondientes por
concepto de subsidio familiar.
En cuanto a la solicitud de pago, intereses e indexación, atendiendo a los
fundamentos de hecho y de derecho expuestos, se niega de plano, al no ser
procedentes legamente» [sic]
33.3. Oficio 20193110654261 del 8 de abril de 2019, por el cual el mismo servidor
que suscribió los anteriores resolvió la petición de modificación de la hoja de
servicios en relación con el subsidio familiar, así:
«[…] Una vez verificado el sistema de Administración de Talento Humano
(SIATH), se puede evidenciar que su poderdante se encuentra en condición de
retirado según Orden Administrativa 1445 del 28 de octubre de 2007 con
novedad fiscal 15 de noviembre de 2007.
Ahora bien, en cuanto a su solicitud de modificación de la hoja de servicios para
que se indique el subsidio familiar al señor SLP ® PEDRO TRIANA, me permito
informar que NO ES VIABLE JURIDICAMENTE, toda vez que la normatividad
del subsidio familiar para la época establecía claramente las partidas
computables para su asignación de retiro, no previendo el porcentaje del
subsidio familiar como parte de ellas para la asignación de retiro, pensiones y
sustituciones pensionales.
[…]
Es de aclarar que si bien es cierto que el Departamento Administrativo de la
Función Pública a través del Decreto N° 1161 de 2014 en su artículo 5° dispone:
“A partir de julio de 2014, se tendrá en cuenta como partida computable para
liquidar la asignación de retiro y pensión de invalidez del personal de soldados
Profesionales e Infantes de Marina Profesionales de las Fuerzas Militares el
setenta por ciento (70%) del valor que devengue en actividad, por concepto de
subsidio familiar establecido en el Decreto 1161 de 2014, …”, no es menos
cierto que rige a partir del 1 de julio del año en curso.
Por lo anterior, no es posible dar trámite favorable a su solicitud.» [sic]
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33.4. Con el recurso extraordinario, también allegó un escrito dirigido al Tribunal
Administrativo de Antioquia, con el cual adjuntó la petición radicada el 18 de
diciembre de 2017, en el cual solicitó el reconocimiento y pago del subsidio
familiar en favor del demandante, así como los oficios 20183111399421 del 26
de julio de 2018 y 20183111471561 del 8 de agosto de 2018, antes relacionados.
Igualmente, manifestó:
«[…] Si se revisa la hoja de servicios del demandante, se observa que el señor
[…] fue dado de baja con novedad fiscal 15 de Noviembre de 2007, es decir
que la Orden Administrativa de Personal mediante la cual se ordenó el
reconocimiento y pago del Subsidio Familiar fue proferida con posterioridad a
su retiro, y según afirma el demandante nunca recibió ningún pago por este
concepto, razón por la cual nunca se enteró que efectivamente le hubiera sido
reconocido.
Como se puede observar, solo con ocasión de la reclamación presentada con
posterioridad a la Sentencia de primera instancia y a través de las respuestas
brindadas por la Dirección de Personal del Ejército Nacional, se tuvo
conocimiento del reconocimiento y pago del Subsidio Familiar en actividad.
Este hecho impidió que la parte que represento interpusiera en tiempo el
recurso de apelación contra la Sentencia de primer grado, sin embargo con los
documentos aportados y que constituyen hechos nuevos para el proceso, se
demuestra que el demandante si adquirió el derecho a devengar el subsidio
familiar tanto en actividad como en su asignación de retiro.
[…]» [sic]
2.8. Análisis de la Sala
34. En el presente asunto, Pedro Triana invocó la causal establecida en el numeral
1 del artículo 250 del CPACA, por considerar que los oficios del 26 de julio y 8 de
abril de 2018 y del 8 de abril de 2019, por los cuales el oficial Sección Ejecución
Presupuestal DIPER resolvió sus peticiones relativas al subsidio familiar, tenían
el carácter de pruebas recobradas o encontradas, con las cuales el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión, habría proferido una
decisión distinta respecto de la inclusión del subsidio familiar como partida
computable de la asignación de retiro.
35. Conforme con lo expuesto, se analizará si los documentos aportados por el
recurrente cumplen con los supuestos exigidos por la norma que invocó. De ser
así, se examinarán las razones que no le permitieron aportarlas en la etapa
procesal oportuna.
35.1. Que se trate de documentos. Este requisito se cumple, por cuanto los oficios
presentados por el demandante ostentan esa condición.
35.2. El documento debe ser recobrado o encontrado. Al respecto, se observa
que la razón por la que la parte recurrente dejó de allegar tales oficios en las
oportunidades probatorias del proceso fue porque no existían. En efecto, Cremil
expidió los oficios del 26 de julio y 8 de agosto de 2018 y del 8 de abril de 2019
como consecuencia de las peticiones que radicó el solicitante. Incluso, el último
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de los mencionados oficios no existía para el 15 de febrero de 2019, fecha en la
que se profirió la sentencia recurrida, pues el acto se emitió el siguiente 8 de abril.
35.2.1. Por lo tanto, no se trataba de documentos que existían y llegaron al poder
del recurrente, sino que fueron producto de la actividad que desplegó ante la
administración, cuando ya habían fenecido las etapas procesales en las cuales
podía solicitar o aportar pruebas. En consecuencia, los documentos con
fundamento en los cuales se invocó la causal 1 del artículo 250 no cumplen con
este supuesto.
35.3. Que no hubiera podido ser aportado oportunamente por circunstancias
ajenas a la voluntad del recurrente. Las pruebas allegadas con el recurso
extraordinario tampoco satisfacen esta exigencia. Tal y como antes se precisó,
las razones por las que no se allegaron con la demanda, su contestación ni aún
con el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia no son
atribuibles a circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito ni a la parte contraria,
en este caso, Cremil.
35.3.1. Por el contrario, la ausencia de estos elementos probatorios obedeció a la
inactividad de la parte interesada para su producción. En efecto, la primera
petición que presentó la apoderada de Pedro Triana fue radicada el 17 de julio
de 201818, después de que el expediente ingresara al despacho para fallo en el
Tribunal Administrativo de Antioquia [20 de octubre de 2016]. En este punto, se
pone de presente que fue solo hasta el 16 de noviembre de 2018 que el
demandante radicó el memorial con el cual pretendía dar a conocer el contenido
de los oficios del 26 de julio y del 8 de agosto de ese mismo año que habían
negado el reconocimiento del subsidio familiar, por cuanto aquel ya se había
concedido.
35.3.2. De hecho, la apoderada del demandante presentó los alegatos de segunda
instancia en los que aseguró: «[…] [s]e encuentra probado dentro del plenario, y
además no fue objeto de discusión, […] que devengó subsidio familiar en actividad
[…]» y luego, en el memorial que allegó con el recurso extraordinario manifestó:
«[…]
3. Notificada la Sentencia referida [de primera instancia], me comuniqué con
el señor PETRO TRIANA quien me informó que unos meses antes de su
retiro, él había presentado todos los documentos ante la Dirección de
personal del Ejército Nacional acreditando su derecho al reconocimiento y
pago del Subsidio Familiar, pero que esta prestación nunca le fue
reconocida.
4. Como esta información resulta acorde con los últimos haberes
devengados y certificados en la Hoja de Servicios correspondiente, no se
interpuso recurso de apelación contra la decisión de negar la inclusión del
Subsidio Familiar en la asignación de retiro del demandante, por considerar
que la misma se encontraba ajustada a la situación fáctica del señor
TRIANA.
5. Estando demostrado que el aquí demandante había adquirido y
acreditado el derecho a devengar subsidio familiar, con fecha 18 de
18 Según lo indicado por el Oficio 20183111399421 del 26 de julio de 2018.
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Diciembre de 2017, se radicó derecho de petición ante el señor Comandante
del Ejército Nacional, en virtud del cual se solicitó el reconocimiento y pago
del Subsidio Familiar, para lo cual nuevamente se acompañaron todos los
documentos requeridos para este fin.
[…]» [sic] [se destaca]
35.3.3. Las anteriores manifestaciones permiten deducir razonablemente que la
apoderada del demandante tenía conocimiento de que él no había recibido la
partida cuya inclusión reclamaba. Fue esta precisamente la razón por la cual no
interpuso el recurso de apelación. No obstante, en sus actuaciones procesales
posteriores insistió en lo contrario con el fin de lograr el éxito de aquella
pretensión, en la cual insistió al interponer el presente recurso extraordinario de
revisión.
35.3.4. Frente a la situación advertida, es importante recordar el deber que tienen
las partes de proceder con lealtad y sin temeridad en todos sus actos procesales,
según lo disponen los numerales 1 y 2 del artículo 78 del CGP19. Así las cosas,
en este caso es importante reiterar que el recurso extraordinario de revisión no
se instituyó como una nueva oportunidad para reabrir el debate jurídico y
probatorio propio de las instancias del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho.
35.3.5. Tampoco se puede pretender la utilización de este medio de control como
una oportunidad adicional para desplegar la actividad probatoria propia de las
instancias del proceso ordinario, que las partes dejaron de realizar al adoptar
una conducta pasiva y negligente para la obtención de las pruebas que sustentan
sus pretensiones.
35.4. Que el documento hubiera podido conducir a una decisión diferente.
Aunque lo anterior es suficiente para concluir que no se estructura la causal de
revisión invocada, es pertinente agregar que tampoco se cumple con este
requisito. Ello en atención a que la sentencia de primera instancia proferida el 10
de junio de 2016 por el Juzgado 23 Administrativo Oral del Circuito de Medellín
solamente fue apelada por la parte demandada [Cremil].
35.5. En consecuencia, si se admitiera que la decisión del tribunal de segundo
grado pudo ser contraria en relación con la inclusión del subsidio familiar como
partida computable de la liquidación de retiro, pasaría por alto la condición de
apelante única de la demandada y la garantía de que no se le podía desmejorar
la situación generada por la sentencia de primera instancia [non reformatio in
peius]. Por lo anterior, los documentos aportados no eran decisivos.
36. Todo lo expuesto lleva a concluir que en el presente asunto no se configuró la
causal de que trata el numeral 1 del artículo 250 del CPACA. Por lo tanto, el
recurso extraordinario de revisión no prospera.
19 «Artículo 78. Deberes de las partes y sus apoderados. Son deberes de las partes y sus
apoderados:
1. Proceder con lealtad y buena fe en todos sus actos.
2. Obrar sin temeridad en sus pretensiones o defensas y en el ejercicio de sus derechos
procesales. […]»
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Costas
37. De conformidad con el artículo 255 del CPACA, en concordancia con el
artículo 188 del mismo código, se condenará en costas a la parte recurrente por
cuanto con el recurso extraordinario de revisión insistió en la pretensión de
inclusión del subsidio familiar como partida computable de la asignación de retiro
del demandante con manifiesta carencia de fundamento legal.
38. Por su parte, el artículo 366, ordinal 4, del Código General del Proceso dispone
que «[p]ara la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que
establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un
mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y
duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la
cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo
de dichas tarifas».
39. Según los parámetros establecidos en el Acuerdo PSAA16-10554 de 2016 del
Consejo Superior de la Judicatura, se condenará en costas a Pedro Triana y en
favor de la Caja de Retiro de la Fuerzas Militares, las cuales se fijan en un (1)
salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de ejecutoria de esta sentencia.
Conclusión
40. Con fundamento en lo expuesto, se concluye que, en la providencia del 15 de
febrero de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Tercera de Decisión no se configuró la causal prevista en el numeral 1 del artículo
250 del CPACA. Lo anterior por cuanto quedó acreditado que los documentos
aducidos por la parte recurrente no tienen el carácter de prueba recobrada o
encontrada ni dejaron de ser aportados por fuerza mayor, caso fortuito o por obra
de la parte contraria. Además, su contenido no resultaba decisivo en la
providencia recurrida. En consecuencia, se declarará infundado el recurso
extraordinario de revisión.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
FALLA
Primero: Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por
Pedro Triana en contra de la sentencia proferida el 15 de febrero de 2019 por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho radicado: 05001-33-33-023-2015-00659-
01.
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Demandante: Pedro Triana
Segundo: Condenar en costas a Pedro Triana y a favor de la Caja de Retiro de
las Fuerzas Militares, las cuales se fijan en la suma equivalente a un (1) salario
mínimo legal mensual vigente a la fecha de ejecutoria de esta sentencia.
Tercero: Archivar el expediente del recurso extraordinario de revisión, previas
las anotaciones pertinentes en el sistema de información de gestión de procesos
Samai y devolver el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho al
despacho de origen.
Cuarto: Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
LMMO
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del
CPACA.
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