Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-00129-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-00129-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-00129-01
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
10 de julio de 2025
Demandante: Jesús Libardo Revelo Rosero
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00129-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Diez (10) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00129-01
Demandante: JESÚS LIBARDO REVELO ROSERO
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN B
Temas: Tutela contra providencia judicial – Confirma improcedencia
por falta de relevancia constitucional.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala resuelve la impugnación presentada por la parte actora contra la
sentencia proferida en primera instancia el 11 de abril de 2025 por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección B. En esa providencia, se declaró la falta
de relevancia constitucional de la acción de tutela.
I. ANTECEDENTES
1.1. Tutela
1. El señor Jesús Libardo Revelo Rosero, actuando en nombre propio,
presentó acción de tutela en contra del Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B. Con la solicitud de amparo pretende que se le protejan sus
derechos fundamentales al debido proceso y «al principio de legalidad».
2. Las anteriores garantías las consideró vulneradas con ocasión de la
sentencia del 8 de febrero de 2024 proferida por Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B y la sentencia del 9 de septiembre de 2024 proferida por
la Sala Especial de Decisión n° 6 del Consejo de Estado. En dichas decisiones,
se negaron las pretensiones de la demanda, al interior del medio de control de
nulidad y restableciendo del derecho identificado con radicado 11001-03-25-000-
2011-00031-00 y se declaró infundado el recurso extraordinario de revisión con
radicado 11001-03-15-000-2024-02869-00, respectivamente.
1.2. Pretensiones
3. La parte actora solicitó lo siguiente:
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Demandante: Jesús Libardo Revelo Rosero
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00129-01
1. TUTELAR los derechos fundamentales AL DEBIDO PROCESO, Y AL
PRINCIPIO DE LEGALIDAD, toda vez que mediante sentencia proferida
el ocho (8) de febrero de dos mil veinticuatro (2024), por la sección
segunda, Subsección B, de la Sala de lo contencioso administrativo del
Honorable Consejo de Estado, con ponencia del H.. Consejero JORGE
EDISON PORTOCARRERO, con radicado No : 11001-03-25-000-2011-
00031-00, Nº Interno: 109-2011;, incurrió en un defecto fáctico pues se
observa que de manera errada, en su decisión pasaron por alto, no la
vieron o no valoraron debidamente la resolución sin número del fecha 30
de marzo de 2006, mediante la cual los Asesores del Despacho del
Procurador General de la Nación, dentro del radicado No. 154-12888 de
2005, MARIA MARGARITA ESCOBAR RUEDA Y RICARDO GUZMÁN
ARROYO , con fecha treinta (30) de marzo de dos mil seis (2006).
2. TUTELAR los derechos fundamentales AL DEBIDO PROCESO, Y AL
PRINCIPIO DE LEGALIDAD, toda vez que mediante la misma sentencia
el Juez Colegiado también incurrió en fáctico, porque al tomar la decisión
no tuvieron el suficiente apoyo probatorio que permitiera la aplicación del
supuesto legal, pues tampoco revisaron y analizaron el decreto No. 0088
del Primero de Abril de 2005, mediante el cual el gobernador titular,
mucho tiempo antes de la firma de los contratos cuestionados, había
ordenado la creación de los proyectos y subproyectos, que dieron origen
a los contratos, prueba con la cual necesariamente los debía llevar a
concluir que las sanciones impuestas estaban viciadas de nulidad.
3. TUTELAR los derechos fundamentales AL DEBIDO PROCESO, Y AL
PRINCIPIO DE GALIDAD, toda vez que mediante la misma sentencia el
Juez Colegiado también incurrió en efecto material o sustantivo, toda
vez que la sentencia presenta una evidente y grosera contradicción entre
los fundamentos y la decisión., pues nunca tomaron en cuenta que la
Procuraduría al imponer la sanción disciplinaria debía haberse regido por
el principio de proporcionalidad determinado por el artículo 18 de ley 734
de 2002, y de igual manera que la Procuraduría al momento de calificar
la falta nunca debió apartarse de lo previsto en al parágrafo del artículo
44 de la ley 734 de 2002: “Habrá culpa gravísima cuando se incurra en
falta disciplinaria por ignorancia supina, desatención elemental o violación
manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento. La culpa será grave
cuando se incurra en falta disciplinaria por inobservancia del cuidado
necesario que cualquier persona del común imprime a sus actuaciones.”
4. QUE SE DEJE SIN EFECTOS la sentencia proferida el ocho (8) de
febrero de dos mil veinticuatro (2024), por la sección segunda, sala
especial de decisión No. 6, de lo Contencioso Administrativo del
Honorable Consejo de Estado, con ponencia del H.. Consejero JORGE
EDISON PORTOCARRERO, con radicado No : 11001-03-25-000-2011-
00031-00, Nº Interno: 109-2011.
5. ORDENAR A LA SECCIÓN SEGUNDA – SALA ESPECIAL DE
DECISIÓN No. 6,, DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL H. CONSEJO DE ESTADO, que en el término de
esta providencia, profiera una nueva sentencia dentro del proceso Nulidad
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Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00129-01
y Restablecimiento del Derecho promovido, con radicado No : 11001-03-
25-000-2011-00031-00, Nº Interno: 109-2011, mediante la cual declare la
Nulidad de las resoluciones del 6 de septiembre de 2006, y del 26 de
octubre de 2006, proferidas por el Viceprocurador y el Procurador General
de la Nación respectivamente.
6. Subsidiariamente ORDENAR a LA SECCIÓN SEGUNDA – SALA
ESPECIAL DE DECISIÓN No. 6,, DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL H. CONSEJO DE ESTADO, expedir una nueva
sentencia después de calificar los hechos, teniendo en cuenta la parte
pertinente, páginas 68 – 74, de la resolución del 30 de marzo de 2006,
proferida por los Asesores del Despacho del Procurador General de la
Nación, MARIA MARGARITA ESCOBAR RUEDA Y RICARDO GUZMÁN
ARROYO, así como el decreto No. 0088 del 1° de abril de 2005, los cuales
fueron aportados como pruebas en el proceso.
1.3. Hechos
4. La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la
referencia, de la siguiente manera:
5. Por una queja presentada por un ciudadano, la Procuraduría General de
la Nación inició una investigación disciplinaria contra Jesús Libardo Revelo
Rosero, quien actuaba como secretario de despacho, delegatario de las
funciones del gobernador del Putumayo. La investigación se centró en la
supuesta irregularidad en la celebración de varios contratos de obra pública,
todos del 29 de abril de 2005.
6. La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos en contra
del actor por evadir el procedimiento establecido para la celebración de dichos
contratos y por incumplir el principio de transparencia previsto en el artículo 24
de la ley 80 de 1993 numeral 8, en concordancia con el artículo 11 del Decreto
2170 de 2002, ya que no dio a conocer el pliego de condiciones en la página web
de la gobernación, de conformidad con la exigencia prevista en la normativa
referida.
7. Mediante la Resolución n° 154-128887-2005 del 6 de septiembre de 2006,
el Viceprocurador General de la Nación sancionó disciplinariamente al señor
Revelo Rosero con destitución e inhabilidad general por once (11) años, al
considerar que fraccionó de manera indebida un proyecto de obras en varios
contratos menores, a pesar de que se trataba de intervenciones con iguales
características técnicas y ejecución simultánea. Esta conducta desconoció lo
dispuesto en el numeral 8 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, que establece el
deber de adelantar un proceso de selección objetiva, así como en los artículos 1°
y 2° del Decreto 2170 de 2002, que exigen la publicación de los pliegos de
condiciones cuando la cuantía del contrato así lo requiere.
8. En contra de la anterior decisión, el actor interpuso recurso de apelación,
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argumentó que no existieron irregularidades y que los contratos no superaban el
porcentaje que obligara a llevar a cabo una licitación pública. Sin embargo,
mediante Resolución no 154-128887-05 del 20 de octubre de 2006, el procurador
general de la Nación confirmó la sanción, tras constatar el incumplimiento de los
principios de publicidad y transparencia y, por tanto, la omisión de realizar el
proceso licitatorio correspondiente.
9. En consecuencia, el señor Revelo Rosero promovió un proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho en contra de la Procuraduría General de la Nación,
en el cual solicitó que se declarara la nulidad de: (i) la decisión administrativa de
primera instancia de 6 de septiembre de 2006, por la cual el viceprocurador
general de la Nación lo sancionó disciplinariamente con destitución e inhabilidad
general por 11 años; y (ii) el acto administrativo de 26 de octubre de 2006, con el
que el procurador general de la Nación confirmó la sanción.
10. Al proceso se le asignó el radicado 11001-03-25-000-2011-00031-00 y fue
repartido al Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, que, mediante
sentencia de única instancia del 8 de febrero de 2024, negó las pretensiones del
medio de control.
11. Para fundamentar su decisión, la autoridad accionada señaló que la
sanción impuesta a Jesús Libardo Revelo Rosero se ajustó a la legalidad y se
respetó en todo momento el debido proceso, reconociendo que los actos
administrativos gozaban de presunción de legalidad, la cual el demandante no
logró desvirtuar. La Sala concluyó que el señor Revelo Rosero incumplió sus
deberes funcionales al suscribir contratos sin observar el procedimiento
legalmente exigido.
12. Asimismo, rechazó los argumentos relacionados con la brevedad del
ejercicio del cargo y la confianza en sus subordinados. Refirió que quien ejercía
funciones públicas, aún de manera temporal o delegada, debía asumir
plenamente todas las responsabilidades inherentes al cargo. Finalmente, destacó
que la Procuraduría General de la Nación valoró de manera integral las pruebas,
efectuó una correcta calificación jurídica de los hechos y aplicó adecuadamente
el régimen disciplinario, sin que existieran vicios que comprometieran la validez
de la sanción.
13. Con posterioridad, el actor interpuso un recurso extraordinario de revisión
contra la decisión proferida por la autoridad accionada, fundamentado en las
causales previstas en los numerales 1 y 5 del artículo 250 de la ley 1437 de 20111.
1 ARTÍCULO 250. CAUSALES DE REVISIÓN. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la
Ley 797 de 2003, son causales de revisión:
1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con
los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos
al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.
(..)
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede
recurso de apelación.
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Sostuvo que la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado
incurrió en un defecto fáctico al omitir la valoración del Decreto No. 88 de 1 de
abril de 2005 y de la «Resolución de Evaluación de Investigación Disciplinaria,
expedida el treinta (30) de marzo de dos mil seis (2006) por los asesores del
despacho del procurador general, MARÍA MARGARITA ESCOBAR RUEDA Y
RICARDO GUZMÁN ARROYO». A su juicio, estos documentos constituían
pruebas fundamentales para demostrar que los contratos se celebraron conforme
al marco legal aplicable.
14. El proceso correspondió a la Sala Especial de Decisión n. ° 62 del Consejo
de Estado3. Dicha sala de decisión, mediante providencia del 9 de septiembre de
2024, declaró infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra
la sentencia proferida el 8 de febrero de 2024 por la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado.
15. Lo anterior, debido a que los documentos que el actor señaló como
omitidos en la valoración probatoria, en realidad sí fueron tenidos en cuenta por
el juez del proceso ordinario al momento de adoptar la decisión. En
consecuencia, no podían ser considerados como prueba nueva ni recobrada,
pues su existencia era conocida y estuvieron a disposición tanto de las partes
como del juzgador durante el trámite del proceso.
16. Finalmente, la Sala Especial de Decisión precisó que el recurso
extraordinario de revisión no constituye un mecanismo para reabrir el debate
probatorio ni para controvertir valoraciones ya efectuadas por el juez natural de
la causa.
1.4. Sustento de la vulneración
17. La parte accionante mencionó que en el debate planteado se acreditan las
causales genéricas y específicas de procedibilidad de la acción de tutela. En
particular, refirió que el asunto goza de relevancia constitucional.
18. El actor sostuvo que sus derechos fundamentales fueron vulnerados al
atribuirle una responsabilidad disciplinaria que, según su posición, no
correspondía, pues no existió conducta que justificara tal sanción, y, en todo
caso, si hubo alguna falta, esta no podía calificarse como gravísima o dolosa,
sino como grave, dada su condición de gobernador delegado.
19. Indicó que tanto la Subsección B de la Sección Segunda como la Sala
Especial de Decisión n. ° 6 del Consejo de Estado, incurrieron en un defecto
fáctico, porque no valoraron adecuadamente el Decreto No. 88 de 1 de abril de
2005 y la «Resolución de Evaluación de Investigación Disciplinaria, expedida el
(..)
2 Conformada por los magistrados: Omar Joaquín Barreto Suárez, Myriam Stella Gutiérrez
Argüello, Jaime Enrique Rodríguez Navas, Hernando Sánchez y Rafael Francisco Suárez Vargas.
3 Radicado 11001-03-15-000-2024-02869-00.
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treinta (30) de marzo de dos mil seis (2006) por los asesores del despacho del
procurador general, MARÍA MARGARITA ESCOBAR RUEDA Y RICARDO
GUZMÁN ARROYO», pruebas clave, que evidenciaban que la etapa
precontractual estaba bajo la responsabilidad del gobernador titular y no de él,
quien actuó como delegado temporal.
20. Señaló como defecto sustantivo que ni la Procuraduría General de la
Nación ni las autoridades judiciales que conocieron del caso realizaron un
análisis profundo que demostrara que la celebración de los contratos causara un
daño material o patrimonial al erario. Al respecto, sostuvo que las obras
contratadas beneficiaron directamente a las comunidades afectadas al resolver
problemas de alcantarillado, y que en ningún momento se cuestionó la ejecución
efectiva de dichas obras. En su concepto, esta falta de valoración objetiva sobre
el perjuicio real evidenció una «injusticia», ya que la sanción impuesta carecía de
fundamentación en un daño concreto y probado.
1.5. Trámite de primera instancia
21. Por auto del 24 de enero de 2025, el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, admitió la solicitud de amparo. En consecuencia, ordenó la
notificación de la Subsección B, de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
22. Asimismo, dispuso la vinculación en calidad de tercero con interés de la
Procuraduría General de la Nación.
1.6. Intervenciones
1.6.1. Procuraduría General de la Nación
23. Solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela, por cuanto las
pretensiones estaban dirigidas a promover una instancia judicial sobre lo ya
resuelto en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, en el cual se
decidió con estricto apego a las normas aplicables.
24. Asimismo, precisó que, dado que la parte actora no había alegado ni
demostrado una circunstancia excepcional que justificara la procedencia de la
tutela, debía negarse el amparo solicitado.
1.6.2. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
25. El magistrado ponente de la decisión reprochada sostuvo que la acción de
tutela debía declararse improcedente por carecer de relevancia constitucional, ya
que la parte actora se limitó a expresar su desacuerdo con la sentencia
cuestionada, intentando emplear la tutela como un mecanismo adicional para
impugnar lo decidido en el proceso ordinario.
26. Argumentó que la sentencia reprochada analizó detalladamente los cargos
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y las pruebas presentadas, y concluyó que la conducta irregular atribuida al actor
correspondió a un incumplimiento grave y doloso, conforme a lo establecido en
la normativa disciplinaria, tal como lo confirmó la Procuraduría General de la
Nación en ambas instancias.
1.7. Sentencia de primera instancia4
27. Mediante sentencia del 11 de abril de 2025, el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B, declaró la improcedencia mecanismo constitucional de la
referencia por no cumplir con el requisito de inmediatez.
28. La decisión anterior se fundamentó en que, entre la fecha de notificación
de la sentencia enjuiciada, el 5 de abril de 2024, y la presentación de la acción
de tutela, el 15 de enero de 2025, transcurrieron más de nueve meses, plazo que
no es considerado razonable para justificar la demora en el ejercicio del derecho.
1.8. Impugnación5
29. La parte actora reiteró los argumentos expuestos en el escrito de tutela.
30. Manifestó su desacuerdo con la declaración de improcedencia de la acción
de tutela en primera instancia, motivada en el supuesto incumplimiento del
requisito de inmediatez. Sostuvo que, en atención al requisito de subsidiariedad,
interpuso previamente recurso extraordinario de revisión contra la decisión
cuestionada, por lo que, a su juicio, el cómputo del plazo para evaluar la
inmediatez debió contarse a partir de la notificación de la decisión de dicho
recurso y no desde la notificación de la sentencia impugnada.
31. En este sentido, enfatizó en que, desde la sanción impuesta por la
Procuraduría hasta la sentencia y el fallo del recurso de revisión proferido por la
Sala de Decisión n. ° 6 del Consejo de Estado, se vulneró su derecho al debido
proceso, pues dichas decisiones carecieron de fundamento fáctico. Señaló que
esta irregularidad procesal constituyó una violación clara a su derecho
fundamental.
32. En consecuencia, solicitó revocar la sentencia de primera instancia y, en
su lugar, conceder el amparo solicitado, el cual, a su juicio, está llamado a
prosperar.
1.9. Trámite en segunda instancia
33. Mediante auto del 26 de junio de 2025, el despacho sustanciador ordenó
vincular a Sala Especial de Decisión n. ° 6 del Consejo de Estado, por tener
interés en el proceso, en tanto las pretensiones del actor también estaban
4 Notificada el 12 de mayo de 2025.
5 Mediante escrito radicado pro el accionante el 14 de mayo de 2025.
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Demandante: Jesús Libardo Revelo Rosero
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00129-01
dirigidas en contra de la providencia que resolvió el mencionado recurso
extraordinario.
34. El 1 de julio de 2025, el magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez, quien
preside la respectiva sala de decisión, manifestó que la acción de tutela
promovida por el señor Jesús Libardo Revelo Rosero resultaba improcedente,
toda vez que los presuntos defectos alegados recaían sobre una sentencia
notificada el 5 de abril de 2024, mientras que la tutela fue presentada el 15 de
enero de 2025, superando ampliamente el requisito de inmediatez.
35. Asimismo, precisó que el recurso extraordinario de revisión interpuesto por
el actor fue desestimado mediante decisión del 9 de septiembre de 2024, al no
acreditarse la configuración de las causales alegadas. En particular, indicó que
el documento aportado como prueba no era nuevo ni decisivo, pues ya obraba
en el expediente y no tenía la entidad para modificar el sentido del fallo; además,
los planteamientos relativos a una supuesta nulidad correspondían en realidad a
una inconformidad con la valoración probatoria efectuada por el juez.
36. Finalmente, solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela
o en su lugar, se nieguen las pretensiones.
1.10 Manifestación de impedimento del magistrado Omar Joaquín Barreto
Suárez
37. Mediante escrito enviado el 9 de julio de 2025, el magistrado Omar Joaquín
Barreto Suárez manifestó su impedimento para conocer y decidir el presente
mecanismo constitucional, con fundamento en las causales contempladas en los
numerales 4 y 6 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal.
38. Lo anterior, por cuanto hizo parte de la Sala Especial de Decisión n° 6 del
Consejo de Estado que profirió la sentencia del 9 de septiembre de 2024, una de
las providencias que se cuestionan en esta acción de tutela.
39. Por medio del auto del 10 de julio de 2025, la sala conformada por los
magistrados Gloria María Gómez Montoya, Luis Alberto Álvarez Parra, y el
ponente de esta decisión declararon fundado el impedimento manifestado por el
referido consejero de Estado.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
40. Esta Sala es competente para resolver la impugnación presentada por el
accionante contra la sentencia de primera instancia proferida el 11 de abril de
2025 por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Lo anterior, de
conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015,
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Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00129-01
modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de
la Sala Plena del Consejo de Estado.
2.2. Legitimación en la causa
41. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento
de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea
el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).
42. La Sala advierte que el señor Jesús Libardo Revelo Rosero, está
legitimado en la causa por activa por ser quien promovió el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001-03-25-000-2011-
00031-00 y el recurso extraordinario de revisión con radicado 11001-03-15-000-
2024-02869-00, procesos en los que se dictaron las providencias que se
reprochan por esta vía.
43. Por otro lado, se evidencia que la Subsección B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado y la Sala Especial de Decisión n. ° 6 se encuentran
legitimadas en la causa por pasiva, por ser las autoridades judiciales que dictaron
la providencia objeto de reproche.
2.3. Problemas jurídicos
44. Le corresponde a la Sala determinar si revoca, modifica o confirma la
decisión de primera instancia proferida el 11 de abril de 2025, por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección B.
45. Para ello, se deberá analizar si concurren los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela. De encontrarse superados, se procederá a
dar respuesta los siguientes interrogantes:
● ¿El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B vulneró los
derechos fundamentales invocados por la parte actora, con la expedición de la
providencia del 8 de agosto de 2024 que negó las pretensiones del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001-03-25-000-2011-
00031-00?
● ¿La Sala Especial de Decisión n. ° 6 vulneró los derechos fundamentales
invocados por la parte actora, con la expedición de la providencia 9 de septiembre
de 2024, declaró infundado el recurso extraordinario de revisión con radicado
11001-03-15-000-2024-02869-00?
46. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales, (ii) los requisitos generales de procedibilidad, y de superarse los
anteriores supuestos, (iii) el caso concreto.
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2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial
47. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias
judiciales, en fallo de 31 de julio de 20126. Lo anterior, porque hasta ese
momento, las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes
posturas sobre este tema7. En la referida sentencia se estableció que la tutela
contra providencias judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos
especiales y excepcionales8.
48. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de
esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 20149. En esta sentencia se
establecieron seis requisitos generales de procedencia10 y ocho defectos
especiales en los que puede incurrir una providencia judicial11.
6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de
2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
7 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
8 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia”.
9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto
de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
10 Los seis requisitos generales de procedibilidad establecidos en la sentencia de unificación del
05 de agosto del 2014 son: i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación
de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es
decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del
hecho que originó la vulneración. iv); Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que
hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi)
Que no se trate de sentencias de tutela.
11 Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando
el funcionario judicial que profirió́ la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó́
completamente al margen del procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando el
juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se
sustenta la decisión; iv) Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con
base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión; v) Error inducido, que se presenta cuando el
juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma
de una decisión que afecta derechos fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que implica el
incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos
de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de
su órbita funcional; vii). Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario
aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerad y viii) Violación directa de la Constitución.
10
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49. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y establecer si se configura
los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los siguientes
requisitos generales de procedencia:
i) que la tutela no se dirija contra un fallo de tutela,
ii) inmediatez,
iii) subsidiariedad,
iv) relevancia constitucional,
v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho,
vi) efecto decisivo de la irregularidad procesal.
50. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice
el fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
estudiar si se configura uno o más de los defectos materiales o especiales de
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo
sentido, la Sala ha establecido que, para la prosperidad o negación del amparo
impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la
transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la
decisión y ii) que con la acción no se intente reabrir el debate de instancia.
51. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada
como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
52. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar si en el caso concreto
concurren los requisitos de procedibilidad. En caso de encontrarlos superados,
se resolverá si la sentencia censurada incurrió en los defectos aludidos
2.5. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad
2.5.1 Inmediatez
53. Esta Sección advierte que, si bien el a quo concluyó que en este caso no
se cumple con el requisito de inmediatez, al no haber sido presentada la tutela
dentro de los seis meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia de única
instancia proferida el 8 de febrero de 2024, en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, para esta Sala dicho requisito debe computarse a
partir del día siguiente a la notificación de la providencia que resolvió el recurso
extraordinario de revisión (13 de septiembre de 2024), interpuesto por el
accionante contra la sentencia ordinaria aquí cuestionada.
54. Por lo tanto, dado que la acción de tutela fue interpuesta por el accionante
el 15 de enero de 2025, se tiene por satisfecho el requisito de inmediatez. En
consecuencia, se procederá a analizar si el asunto cumple con los otros requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
11
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en particular, se estudiará si reviste relevancia constitucional, conforme a los
criterios establecidos por la Corte Constitucional y esta corporación.
2.5.2 Relevancia Constitucional
55. Al respecto, esta Sección en sentencia del 29 de septiembre de 2022
modificó la postura que venía manejando sobre el estudio del requisito de
relevancia constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales se hace
evidente que los temas se limitan a aspectos de índole legal o económico, sin
que se pueda advertir la necesidad de desarrollar un estudio de fondo sobre una
posible vulneración de una garantía constitucional12.
56. De esta manera, en esa oportunidad, se planteó que el estudio de la
relevancia constitucional debía estar acompasado con los criterios establecidos
por la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022, los cuales fueron
acogidos por esta Corporación. En concreto, estos presupuestos se refieren a:
i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;
ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo sólo está instituido para proteger derechos fundamentales y no para
discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende,
no debe ser un debate exclusivamente legal; y
iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
advierta la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración
ostensible de un derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias
corresponde definirlas a los jueces ordinarios y la tutela no puede convertirse
en una tercera instancia.
57. Adicionalmente, en el fallo de unificación referenciado la Corte explicó que,
dado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se
interponga un mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial
«el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada».
58. Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una
alta corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta
que la decisión fue proferida por un órgano de cierre y «no solo tienen relevancia
en términos de seguridad jurídica, sino que también son fundamentales en la
búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor jerarquía y,
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29
de septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
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por esta vía, en la materialización del principio de igualdad ».
59. Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la
acción de tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no
una corrección del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este
instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o
formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo
anterior como un eje fundamental para «lograr un correcto entendimiento de los
hechos y del problema jurídico, pues así se previene la irrupción del juez de tutela
en asuntos que no son de su competencia y se garantiza que la cuestión sea
analizada a la luz de la Constitución».
2.6. Estudio de procedencia en el caso concreto
60. La Sala anticipa que confirmará la sentencia de primera instancia, dictada
el 11 de abril de 2025 por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B,
en la cual se declaró improcedente la acción de tutela, pero por cuanto no se
satisface el requisito de relevancia constitucional.
61. Como quedó expuesto en los antecedentes de este proveído, la parte
actora cuestiona la providencia del 8 de febrero de 2024 proferida por el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección B13. En dicha providencia se negaron
las pretensiones de la demanda, al considerar que la sanción disciplinaria
impuesta fue legal, se ajustó al debido proceso y se basó en la comisión de una
falta gravísima con dolo, al haberse suscrito contratos sin seguir el procedimiento
previsto en la Ley. Además, se concluyó que los actos administrativos gozan de
presunción de legalidad, pues no se evidenció ninguna irregularidad sustancial
que justificara su anulación.
62. La parte tutelante señaló que la autoridad accionada incurrió en un defecto
fáctico porque no se valoraron debidamente dos pruebas fundamentales para su
defensa. La primera, una resolución de fecha 30 de marzo de 2006, en la cual
los asesores del procurador general de la Nación ordenaron archivar las
diligencias en su contra, señalando que la responsabilidad recaía sobre el
gobernador titular, pues él actuaba como secretario delegado. La segunda, el
Decreto n. ° 0088 de 2005, que regulaba la distribución y ejecución de los
contratos cuestionados, los cuales fueron suscritos bajo la delegación de
funciones, y que el señor Revelo Rosero desconocía por su cargo.
63. A su juicio, la indebida valoración de estas pruebas produjo un error
evidente en la interpretación de los hechos, afectando la correcta determinación
de su responsabilidad disciplinaria.
13 En la impugnación, el actor aclaró que sus reproches de dirigían, a su vez, contra la decisión
del 9 de septiembre de 2024, mediante la cual la Sala Especial de Decisión n. ° 6 declaró
infundado el recurso extraordinario de revisión con radicado 11001-03-15-000-2024-02869-00.
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64. En relación con el defecto sustantivo, el señor Revelo Rosero sostuvo que
la autoridad accionada no realizó un análisis adecuado para acreditar el daño
material o patrimonial al erario. Indicó que ni el órgano sancionador ni el juez
colegiado lograron demostrar la existencia de perjuicio, ya que las obras
beneficiaron directamente a las comunidades y fueron ejecutadas efectivamente.
Asimismo, señaló que esta falta de valoración objetiva sobre el perjuicio real
evidenció una injusticia, pues la sanción impuesta carecía de fundamentación en
un daño concreto y probado.
65. De lo expuesto anteriormente, esta Sección considera que la solicitud de
amparo no acredita el requisito de relevancia constitucional, pues lo que
realmente pretende el accionante es que se realice un nuevo estudio del caso
concreto para que se ordene emitir una nueva providencia en la cual se declare
la nulidad de los actos administrativos demandados dentro del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho, esto es: (i) la decisión administrativa de primera
instancia de 6 de septiembre de 2006, por la cual el viceprocurador general de la
Nación lo sancionó disciplinariamente con destitución e inhabilidad general por
11 años; y (ii) el acto administrativo de 26 de octubre de 2006, con el que el
Procurador General de la Nación confirmó la sanción.
66. Lo anterior, debido a que el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, consideró que los actos administrativos en cuestión gozaban de
presunción de legalidad y que no existía irregularidad que justificara su anulación.
Se determinó que el demandante incumplió un deber funcional esencial, tipificado
como falta gravísima y dolosa, sin que se demostrara contradicción fáctica o
jurídica en los cargos ni incongruencia entre la sanción y la conducta imputada.
67. Igualmente, sostuvo que la responsabilidad por la gestión contractual
recae plenamente en quien ejerce el cargo, independientemente del tiempo que
dure en el mismo, y que el demandante no estaba exento de cumplir con ese
deber. Refirió que la Procuraduría General de la Nación valoró integralmente las
pruebas y fundamentó adecuadamente la calificación de la falta y la sanción
impuesta.
68. Por otra parte, en relación con el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por el tutelante contra la decisión aquí cuestionada, la Sala de
Decisión n. º 6 del Consejo de Estado resolvió declararlo infundado, al considerar
que no se configuraron las causales de revisión invocadas por el recurrente,
numerales 1 y 5 del artículo 250 de la ley 1437 de 2011, toda vez que los
documentos señalados como decisivos ya obraban en el expediente, fueron
debidamente valorados y no se demostró que su omisión o supuesta falta de
análisis hubiese conducido a una decisión distinta.
69. Adicionalmente, señaló que en el recurso extraordinario de revisión el
actor reiteró los mismos planteamientos ya expuestos en el proceso ordinario.
Por tanto, se concluyó que dicho recurso fue utilizado como un mecanismo
adicional para reabrir un debate jurídico y probatorio que ya había sido resuelto,
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sin que se demostrara la configuración de alguna de las causales previstas en el
artículo 250 de la Ley 1437 de 2011 que permitiera cuestionar la validez de la
sentencia objeto de reproche.
70. Asimismo, dicha Sala Especial de Decisión recordó que el recurso
extraordinario de revisión no es una tercera instancia para reabrir debates
probatorios, por el contrario, se trata de un mecanismo excepcional, de carácter
restringido, cuya procedencia se encuentra sujeta a las causales taxativamente
establecidas por la ley.
71. En este sentido, para la Sala no es posible inferir una interpretación
irracional o caprichosa por parte del Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B y de la Sala Especial de Decisión n. ° 6, al proferir las sentencias
del 8 de febrero de 2024 y del 9 de septiembre de 2024, respectivamente, pues
al revisar las providencias cuestionadas, se advierte que las autoridades
mencionadas, después de analizar el material probatorio, resolvieron cada uno
de los reproches propuestos por el accionante en tanto en el proceso ordinario
como en el recurso extraordinario de revisión y explicaron por qué no le asistía
razón a partir del estudio de las normas y la jurisprudencia aplicable para cada
caso, tal y como se estableció tanto en la sentencia del medio de control como
en el recurso extraordinario de revisión.
72. En consecuencia, se advierte que el actor reiteró los mismos argumentos
a lo largo de las distintas etapas procesales, tanto en el proceso ordinario de
nulidad y restablecimiento del derecho como en el recurso extraordinario de
revisión. Las razones expuestas en la acción de tutela coinciden sustancialmente
con las ya planteadas en dichos escenarios, centrándose su inconformidad en
una presunta indebida valoración de pruebas documentales, aspecto que fue
debidamente analizado y descartado tanto por el juez natural como por la Sala
que resolvió el recurso extraordinario.
73. Así las cosas, se observa que lo perseguido por la parte actora con este
instrumento judicial es insistir en una controversia resuelta por el juez natural de
la causa. Esto, ante la evidente manifestación de inconformidad con el criterio
adoptado por la autoridad accionada y la reiteración de argumentos que fueron
resueltos en el trámite ordinario como en el recurso extraordinario de revisión.
74. Lo anterior evidencia que el verdadero propósito del accionante al
interponer esta acción constitucional no es la protección de derechos
fundamentales, sino cuestionar los fundamentos de las providencias judiciales
que resultón adversas a sus intereses. Cuestionamientos que giran en torno
aspectos de interpretación legal, buscando obtener decisiones favorables a sus
pretensiones, sin plantear un debate con relevancia constitucional que justifique
la intervención del juez de tutela.
75. Por consiguiente, se confirmará la sentencia de primera instancia proferida
el 11 de abril de 2025 por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B,
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que declaró la improcedencia del amparo constitucional, pero por las razones
expuestas en esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 11 de abril de 2025 proferida por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, que declaró la
improcedencia de la acción constitucional, pero por las razones indicadas en esta
providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx»
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