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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00966-00

Fecha
17 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00966-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión, interpuesto por la señora María Ligia Lasso Valor, contra la sentencia proferida el Quince (15) de noviembre de Dos Mil Dieciocho (2018), por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, de conformidad con la causal prevista en el numeral 1º del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. SEGUNDO: SIN CONDENA EN COSTAS en el trámite del recurso extraordinario de revisión. TERCERO: Por Secretaría, una vez ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al despacho de origen, dejando las constancias correspondientes. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2019-00966-00

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

17 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá D. C. Diecisiete (17) de septiembre de Dos Mil Veintiséis (2026)

Radicado : 11001-03-25-000-2019-00966-00 (6677-2019)1
Demandante : María Ligia Lasso Valor
Demandada : Nación – Ministerio de Educación Nacional, Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y
Municipio de Santiago de Cali, Secretaría de Educación
Trámite : Recurso extraordinario de revisión
Tema : Revisión de la sentencia proferida el Quince (15) de
noviembre de Dos Mil Dieciocho (2018) por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca.
Decisión : Sentencia de única instancia

La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la señora María Ligia
Lasso Valor, contra la sentencia de Quince (15) de noviembre de Dos Mil Dieciocho
(2018), proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca 2, que confirmó la
sentencia de primera instancia, mediante la cual, se negaron las pretensiones de la
demanda.

I. ANTECEDENTES

1. Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

1.1 La demanda de nulidad y restablecimiento del derecho3.

1. La señora María Ligia Lasso Valor, por intermedio de apoderado judicial, acudió a la

jurisdicción en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista

1
Proceso hibrido.
2
Sala conformada por los Magistrados Víctor Adolfo Hernández Díaz, Zoranny Castillo Otálora y Ana Margoth Chamorro Benavides.
3
Expediente hibrido – Samai – Índice No. 00061 – ED_C02_01OtrosActuacionesDePrimeraInstanciaProceso2012-01111-01
JuzgadoPrimeroAdministrativoOralEnDescongestionDeCali(.pdf) – folio 32 a 40.

Número Interno: 6677-2019
Accionante: María Ligia Lasso Valor
Accionada: Nación – Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio y Municipio de Santiago de Cali, Secretaría de Educación

en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo (C. C. A.)4, con el fin de obtener
la nulidad parcial de la Resolución No. 4143.0.21.0932 del Veinticuatro (24) de febrero
de Dos Mil Doce (2012), expedida por la Secretaría de Educación del Municipio de
Santiago de Cali, Oficina de Prestaciones Sociales, mediante la cual, se negó el
reconocimiento de la pensión de jubilación.

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó: (i) el reconocimiento y pago de la

pensión de jubilación a partir del Veintiuno (21) de abril de Dos Mil Diez (2010), fecha en
la que, según afirmó, adquirió el estatus de jubilación; (ii) que para su liquidación se
incluyeran todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios;
(iii) la aplicación de los reajustes anuales de la pensión a partir de la fecha de su
reconocimiento, conforme a la Ley 71 de 1988; (iv) la actualización de las sumas
adeudadas con base en el índice de precios al consumidor o al por mayor, de conformidad
con el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo (C. C. A.); (v) el cumplimiento
de la sentencia dentro del término previsto en el artículo 176 ibídem; y (vi) el
reconocimiento y pago de intereses moratorios en caso de incumplimiento del fallo dentro
de dicho término.

1.2 Contestación de la demanda5.

3. El Municipio de Santiago de Cali – Secretaría de Educación, se opuso a las
pretensiones de la demanda, al sostener que la actuación administrativa se adelantó
conforme a la Ley 91 de 1989, la Ley 33 de 1985 y el Decreto 2831 de 2005, y que la
Resolución No. 4143.0.21.0932 del Veinticuatro (24) de febrero de Dos Mil Doce (2012),
fue expedida con fundamento en la Hoja de Revisión No. 1013874 de la Fiduprevisora,
entidad que negó la prestación por considerar que la demandante ya se encontraba
pensionada por el ISS.

4. Asimismo, señaló que la Secretaría de Educación únicamente adelantaba las funciones

administrativas de recepción y trámite de la solicitud, mientras que la Fiduprevisora
efectuaba el estudio y determinaba el reconocimiento o negación de la prestación; que
no era procedente el reconocimiento de dos pensiones ordinarias de jubilación, pues las
normas aplicables únicamente contemplaban su compatibilidad con la pensión de gracia;

4
Según acta individual de reparto, la demanda fue radicada el Once (11) de abril de Dos Mil Doce (2012), en vigencia del Decreto 01
de 1984.
5
Expediente hibrido – Samai – Índice No. 00061 – ED_C02_01OtrosActuacionesDePrimeraInstanciaProceso2012-01111-01
JuzgadoPrimeroAdministrativoOralEnDescongestionDeCali(.pdf) – folio 61 a 68.

2

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Accionante: María Ligia Lasso Valor
Accionada: Nación – Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio y Municipio de Santiago de Cali, Secretaría de Educación

y que, en consecuencia, no existía fundamento jurídico para declarar la nulidad del acto
acusado.

1.3 Sentencia de primera instancia6.

5. El Juzgado Primero (1º) Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Cali,

mediante sentencia del Trece (13) de septiembre de Dos Mil Trece (2013), declaró no
probada la excepción de carencia de derecho sustancial, propuesta por la entidad
demandada y negó las pretensiones de la demanda, al considerar que, no se desvirtuó
la presunción de legalidad de la Resolución No. 4143.0.21.0932 del Veinticuatro (24) de
febrero de Dos Mil Doce (2012), mediante la cual, se negó el reconocimiento de la
pensión de jubilación solicitada por la señora María Ligia Lasso Valor.

6. El Juzgado consideró que, de conformidad con el artículo 128 de la Constitución

Política, no era posible percibir dos pensiones provenientes del Tesoro Público, cuando
para su reconocimiento se computara el mismo tiempo de servicio. En el caso concreto,
advirtió que, la demandante no acreditó que el tiempo cotizado al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, desde el Veintidós (22) de septiembre de Mil
Novecientos Noventa y Tres (1993), fuera distinto del utilizado por el ISS para reconocerle
la pensión de vejez.

7. En ese sentido, concluyó que, la demandante pretendía que los mismos tiempos de

servicio y cotizaciones que sirvieron de fundamento para el reconocimiento de la pensión
de vejez por parte del Instituto de Seguros Sociales – ISS, fueran utilizados para obtener,
además, una pensión de jubilación a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, lo cual resultaba improcedente. Precisó que, la excepción a dicha
prohibición correspondía a la pensión de gracia de los docentes, supuesto que no se
configuraba en el presente caso.

8. Finalmente, señaló que, para acreditar el derecho reclamado, la actora debía demostrar

que antes de su vinculación a la docencia oficial había cotizado al Instituto de Seguros
Sociales – ISS, con empleadores del sector privado el tiempo requerido para acceder a
la pensión de vejez que actualmente disfrutaba. Al no haberse acreditado tal

6
Expediente hibrido – Samai – Índice No. 00061 – ED_C02_01OtrosActuacionesDePrimeraInstanciaProceso2012-01111-01
JuzgadoPrimeroAdministrativoOralEnDescongestionDeCali(.pdf) – folio 152 a 164.

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circunstancia, concluyó que no existía vulneración del principio de legalidad, del derecho
de defensa, del debido proceso, ni causal alguna de nulidad del acto acusado.

1.4 Recurso de apelación7.

9. La señora María Ligia Lasso Valor, a través de apoderado judicial, solicitó la revocatoria

de la sentencia de primera instancia y, en su lugar, acceder a las pretensiones de la
demanda. Sostuvo que, no existía incompatibilidad entre la pensión de jubilación a cargo
del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y la pensión de vejez
reconocida por el Instituto de Seguros Sociales – ISS, pues, esta última fue, financiada
exclusivamente con cotizaciones efectuadas por la actora durante el tiempo laborado en
el sector privado y no con recursos del tesoro público.

10. Asimismo, afirmó que, las dos prestaciones tuvieron origen, tiempos de servicio y

fuentes de financiación diferentes, dado que la pensión de jubilación correspondía a los
servicios prestados como docente oficial y la pensión de vejez a las cotizaciones
efectuadas al Instituto de Seguros Sociales – ISS, por servicios en el sector privado. Con
fundamento en ello y en la jurisprudencia citada en el recurso, sostuvo que, ambas
pensiones eran compatibles y que, por tanto, debía reconocerse la prestación solicitada.

1.5 Sentencia de segunda instancia, objeto de revisión8.

11. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia del Quince (15) de

noviembre de Dos Mil Dieciocho (2018), resolvió el recurso de apelación interpuesto por
la parte demandante, contra la sentencia proferida el Trece (13) de septiembre de Dos
Mil Trece (2013), por el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito
de Cali, que negó las pretensiones de la demanda. En consecuencia, dispuso:

« PRIMERO: CONFIRMAR proferida el 13 de septiembre de 2013 por el Juzgado Primero
Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Cali, pero por las razones
expuestas en la presente providencia.

SEGUNDO: SIN COSTAS en esta instancia.

TERCERO: ORDENAR por Secretaría la devolución del proceso al Juzgado de origen para
proceder con su archivo, previa cancelación de su radicación e inscripción del presente
proveído en el sistema Justicia XXI.
[…]»

7
Expediente hibrido – Samai – Índice No. 00061 – ED_C02_01OtrosActuacionesDePrimeraInstanciaProceso2012-01111-01
JuzgadoPrimeroAdministrativoOralEnDescongestionDeCali(.pdf) – folio 165 a 170.
8
Expediente hibrido – Samai – Índice No. 00061 – ED_C01_03AnexosDelRecursoExtraordinarioDeRevisión(.pdf) – folio 3 a 17.

4

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12. El Tribunal planteó como problema jurídico, determinar si la pensión de vejez que

percibía la demandante, era compatible con la pensión de jubilación que pretendía
obtener, en su calidad de docente oficial. Para resolverlo, examinó la prohibición
constitucional de percibir asignaciones provenientes del tesoro público y la jurisprudencia
relativa a la compatibilidad entre la pensión reconocida por el Instituto de Seguros
Sociales y la pensión de jubilación derivada de servicios prestados en el sector público.

13. Con fundamento en dicho análisis, el Tribunal concluyó que, la pensión de vejez

reconocida por el Instituto de Seguros Sociales – ISS, podía ser compatible con la
pensión de jubilación reclamada como docente oficial, siempre que, los aportes que
hubieran dado origen a cada prestación correspondieran a períodos de servicio
diferentes. En el caso concreto, verificó que, la pensión de vejez había sido reconocida
por cotizaciones efectuadas entre el Tres (3) de septiembre de Mil Novecientos Setenta
(1970) y el Treinta (30) de junio de Dos Mil Uno (2001), provenientes de empleadores del
sector privado.

14. No obstante, al examinar el tiempo de servicio como docente oficial, encontró que, la

demandante estuvo vinculada al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, desde el Veintitrés (23) de septiembre de Mil Novecientos Noventa y Tres
(1993) hasta el Once (11) de julio de Dos Mil Doce (2012), fecha en la que fue retirada
por cumplir la edad de retiro forzoso, con un tiempo total de servicio cotizado de
diecinueve (19) años, nueve (9) meses y dieciocho (18) días. Asimismo, estableció que
existió simultaneidad entre los servicios público y privado desde el Veintitrés (23) de
septiembre de Mil Novecientos Noventa y Tres (1993) hasta el Treinta (30) de junio de
Dos Mil Uno (2001).

15. En consecuencia, el Tribunal determinó que, entre el Primero (1º) de julio de Dos Mil

Uno (2001) y el Once (11) de julio de Dos Mil Doce (2012), la demandante solo acreditó
once (11) años de servicio al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
por lo que no cumplía el tiempo de servicio exigido por la Ley 33 de 1985, para acceder
a la pensión de jubilación solicitada. Por esta razón, confirmó la sentencia de primera
instancia, aunque por los argumentos desarrollados en la providencia.

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1.6 Recurso extraordinario de revisión9.

16. La señora María Ligia Lasso Valor, por intermedio de apoderada judicial, interpuso

recurso extraordinario de revisión, contra la sentencia proferida el Quince (15) de
noviembre de Dos Mil Dieciocho (2018), por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, promovido contra
la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio y el Municipio de Santiago de Cali – Secretaría de Educación, con
fundamento en la causal prevista en el numeral 1º del artículo 250 de la Ley 1437 de
2011.

17. Como sustento fáctico del recurso, señaló que, la sentencia objeto de revisión

confirmó la decisión de primera instancia, aunque por razones diferentes, al considerar
que, si bien la pensión de vejez reconocida por el Instituto de Seguros Sociales – ISS,
era compatible con la pensión de jubilación, pretendida como docente oficial, no se
encontraba acreditado que los períodos de servicio cotizados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, fueran diferentes de aquellos que sirvieron de
fundamento para el reconocimiento de la pensión de vejez.

18. Indicó que, durante el trámite de la segunda instancia, el Tribunal había decretado de

oficio la práctica de una prueba encaminada a establecer el tiempo de servicio y los
horarios laborales cumplidos por la demandante tanto en el establecimiento educativo
privado como en la institución educativa oficial; sin embargo, la Secretaría de Educación
Municipal, allegó únicamente el formato de historia laboral, sin especificar los horarios de
trabajo requeridos.

19. Manifestó que, después de ejecutoriada la sentencia, adelantó diversas gestiones

ante la Institución Educativa Manuel María Mallarino y la Secretaría de Educación
Municipal de Cali, para obtener la certificación completa solicitada por el Tribunal. Explicó
que, como resultado de dichas actuaciones, los Veinte (20) y Veinticinco (25) de
noviembre de Dos Mil Diecinueve (2019), se expidieron certificaciones que precisaron los
horarios y la intensidad horaria de los servicios prestados por la demandante entre Mil
Novecientos Ochenta y Nueve (1989) y Dos Mil Doce (2012). Sostuvo que, estos
documentos demostraban que los períodos de servicio en el sector público y privado no

9
Expediente hibrido – Samai – Índice No. 00061 – ED_C01_01EscritoDeRecursoExtraordinarioDeRevision(.pdf) – folio 4 a 18.

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fueron simultáneos, pues la jornada cumplida en la institución educativa oficial se
desarrollaba en horas diferentes de aquella correspondiente al Colegio Ciudadela
Educativa La Presentación.

20. En consecuencia, sostuvo que, las certificaciones recobradas constituían documentos

decisivos que, de haber sido incorporados oportunamente al proceso, habrían conducido
a una decisión diferente, pues permitían establecer que la demandante acreditaba más
de Veinte (20) años de servicio exigidos por la Ley 33 de 1985. Afirmó que, no pudo
aportarlos antes de la sentencia, por obra de la parte contraria, toda vez que la Secretaría
de Educación Municipal, no atendió integralmente la prueba de oficio decretada por el
Tribunal y posteriormente dilató la expedición de las certificaciones requeridas. Por ello,
solicitó dejar sin efectos la sentencia objeto de revisión, declarar la nulidad del acto
administrativo que negó el reconocimiento pensional y, como consecuencia, reconocer a
la demandante la pensión de jubilación reclamada.

1.6.1 Causal de revisión invocada.

21. La demandante invocó la causal de revisión establecida en el numeral 1º del artículo

250 de la Ley 1437 de 2011, conforme a la cual:

«Artículo. 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley
797 de 2003, son causales de revisión:

1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos,
con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo
aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria. […]»

22. Como fundamento de la causal invocada, sostuvo que, después de proferida la

sentencia del Quince (15) de noviembre de Dos Mil Dieciocho (2018), fueron recobradas
las certificaciones de tiempo de servicio y horario laboral expedidas por la Institución
Educativa Manuel María Mallarino los Veinte (20) y Veinticinco (25) de noviembre de Dos
Mil Diecinueve (2019), documentos que, a su juicio, resultaban decisivos para demostrar
que los períodos de servicio docente público y privado no fueron simultáneos.

23. Indicó que, tales documentos no pudieron aportarse oportunamente, por obra de la
parte contraria, pues la Secretaría de Educación Municipal de Santiago de Cali, no dio
cumplimiento integral a la prueba de oficio decretada por el Tribunal, al omitir certificar
los horarios laborales de la demandante. Señaló que, las certificaciones posteriormente

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obtenidas permitían establecer que, entre Mil Novecientos Ochenta y Nueve (1989) y Dos
Mil Uno (2001), la actora prestó servicios en la institución educativa oficial en horarios
diferentes de los cumplidos en el establecimiento privado y que, al computar dichos
períodos, acreditaba un total de veintidós (22) años, un (1) mes y dieciocho (18) días de
servicio. En consecuencia, afirmó que, la prueba recobrada habría conducido a una
decisión diferente, pues demostraba el cumplimiento del requisito de tiempo de servicio
exigido por la Ley 33 de 1985 para acceder a la pensión de jubilación.

1.6.2. Trámite del recurso extraordinario de revisión.

24. El recurso extraordinario de revisión fue presentado el Veintinueve (29) de noviembre

de Dos Mil Diecinueve (2019), contra la sentencia proferida el Quince (15) de noviembre
de Dos Mil Dieciocho (2018) por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Previo a
decidir sobre su admisión, mediante auto del Ocho (8) de septiembre de Dos Mil Veinte
(2020)10, se solicitó al Juzgado Diecinueve (19) Administrativo de Cali, el expediente
correspondiente al proceso ordinario, en calidad de préstamo, y se reconoció personería
a la apoderada de la recurrente.

25. Mediante auto del Primero (1º) de agosto de Dos Mil Veinticuatro (2024)11, el consejo

de ponente admitió el recurso extraordinario de revisión, al considerar que había sido
presentado oportunamente y que cumplía los requisitos formales previstos en los
artículos 251 y 252 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo. En dicha providencia, además, ordenó notificar a las entidades
demandadas y al Ministerio Público para que contestaran el recurso y solicitaran las
pruebas que estimaran pertinentes.

26. Posteriormente, mediante auto del Seis (6) de agosto de Dos Mil Veintiséis (2026) 12,

el Despacho tuvo por contestado el recurso por parte del Municipio de Santiago de Cali
– Secretaría de Educación, decretó como pruebas los documentos allegados con la
demanda y, de oficio, el expediente del proceso ordinario; asimismo, corrió traslado de
las pruebas decretadas y dispuso que, una vez ejecutoriada la providencia, el expediente
ingresara al Despacho para fallo.

10
Samai, índice 00005.
11
Samai, índice 00023.
12
Samai, índice 00055.

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1.6.3 Contestación del recurso extraordinario de revisión13.

27. El Municipio de Santiago de Cali – Secretaría de Educación, solicitó negar el recurso

extraordinario de revisión, al considerar que no se configuró la causal prevista en el
numeral 1º del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo. Sostuvo que, los documentos invocados por la recurrente no
tenían el carácter de «prueba recobrada», pues, no se acreditó que hubieran estado ocultos
o fuera de su alcance, ni que su falta de incorporación al proceso obedeciera a fuerza
mayor, caso fortuito u obra de la parte contraria.

28. En ese sentido, afirmó que la sentencia del Tribunal se fundamentó en las pruebas

oportunamente allegadas al proceso y que la falta de incorporación de nuevos
documentos, obedeció a la negligencia de la demandante, por lo que no podía utilizarse
el recurso extraordinario de revisión para reabrir el debate probatorio, ni controvertir la
valoración efectuada en la sentencia.

1.6.3 Concepto del Ministerio Público14.

29. La Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado, solicitó declarar

fundado el recurso extraordinario de revisión y, en consecuencia, ordenar al Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, proferir una nueva sentencia en la que se valoraran
las pruebas aportadas en el trámite extraordinario. Consideró configurada la causal
prevista en el numeral 1º del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo, pues, las certificaciones del Veinte (20) y Veinticinco
(25) de noviembre de Dos Mil Diecinueve (2019), permitían establecer los horarios en los
que la recurrente prestó sus servicios docentes en los sectores público y privado y, por
tanto, determinar que no existió simultaneidad entre dichos períodos.

30. Señaló que, la información inicialmente aportada no permitía establecer
adecuadamente los horarios de trabajo de la demandante, pese a que el Tribunal había
decretado de oficio la prueba correspondiente mediante auto del Treinta (30) de agosto
de Dos Mil Dieciocho (2018). A su juicio, las certificaciones posteriormente obtenidas
permitían adicionar los períodos laborados como docente oficial, en horas cátedra a los
servicios prestados en propiedad y, de esta manera, acreditar más de veinte (20) años

13
Samai, índice 00031.
14
Samai, índice 00029.

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de servicio, requisito exigido por la Ley 33 de 1985, para acceder a la pensión de
jubilación. En consecuencia, consideró que las pruebas recobradas tenían carácter
decisivo y podían conducir a una decisión diferente de la adoptada en la sentencia objeto
de revisión.

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia.

31. La Subsección es competente para conocer y decidir del presente recurso, según lo

previsto en los artículos 249 del CPACA15 y 20 de la Ley 797 de 200316, en concordancia
con lo previsto en el artículo 13 del reglamento de esta Corporación, contenido en el
Acuerdo 80 de Doce (12) de marzo de Dos Mil Diecinueve (2019)17.

2.2 Oportunidad.

32. El recurso del epígrafe resulta oportuna, toda vez que, la sentencia revisada fue

proferida el Quince (15) de noviembre de Dos Mil Dieciocho (2018), se notificó por edicto
entre el Veintidós (22) de noviembre de Dos Mil Dieciocho (2018) y el Veintiséis (26) de
noviembre de Dos Mil Dieciocho (2018)18 y quedó ejecutoriada el Veintinueve (29) del
mismo mes y año19. Así las cosas, como el recurso extraordinario de revisión se interpuso
el Veintinueve (29) de noviembre de Dos Mil Diecinueve (2019)20, se presentó dentro del
término dispuesto por el artículo 251 del CPACA.

2.3 Problema jurídico.

33. Corresponde a la Sala, establecer lo siguiente:

34. ¿La sentencia del Quince (15) de noviembre de Dos Mil Dieciocho (2018), proferida

por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, está incursa en la causal de revisión

15
«[…] De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las
secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. […]»
16
«Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público
o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser
revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias […]»
17
«Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».
18
Expediente hibrido – Samai – Índice No. 00061 – ED_C01_01EscritoDeRecursoExtraordinarioDeRevision(.pdf) – folio 19.
19
Samai, índice 3, archivo: 4_DemandaWeb_Demanda-ANEXOS(.pdf) NroActua 3, página 43.
20
Folio 1 a 8 del cuaderno principal.

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prevista en el numeral 1º del artículo 250 del CPACA, consistente en haberse encontrado
o recobrado, después de dictada la sentencia, documentos decisivos con los cuales se
hubiera podido proferir una decisión diferente y que la recurrente no pudo aportar al
proceso por fuerza mayor, caso fortuito o por obra de la parte contraria, al haberse
obtenido las certificaciones del Veinte (20) y Veinticinco (25) de noviembre de Dos Mil
Diecinueve (2019), que permitirían establecer que los períodos de servicio docente
público y privado no fueron simultáneos y que la recurrente acreditaba el tiempo de
servicio exigido para acceder a la pensión de jubilación?

2.4 Marco normativo del recurso extraordinario de revisión.

35. El recurso extraordinario de revisión es un mecanismo de impugnación y la excepción

al principio de inmutabilidad de las sentencias que hacen tránsito a cosa juzgada, por
cuanto, abre la posibilidad de discutir los fallos ejecutoriados conforme la lista taxativa
que establece el artículo 250 de la Ley 1437 de 2011 que se enlistan a continuación:

ARTÍCULO 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley
797 de 2003, son causales de revisión:

1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos,
con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo
aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.

2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.

3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por
ilícitos cometidos en su expedición.

4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el
pronunciamiento de la sentencia.

5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede
recurso de apelación.

6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor derecho
para reclamar.

7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del
reconocimiento, la aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia
o sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida.

8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del
proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo
proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada.

36. Este recurso reviste connotación especial, no solo porque con su ejercicio se
pretenden desvirtuar las presunciones de legalidad y certeza que amparan una sentencia,
sino por las causales de procedencia que consagró de manera taxativa el legislador en

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el artículo 250 del CPACA, lo cual implica que las facultades del juez que conoce de él
se sujetan al estudio de los argumentos planteados por el recurrente, los que, a su turno,
deben estar dirigidos a demostrar la causal alegada como sustento de la pretensión de
revisión, sin que sea dable incluir afirmaciones distintas ni revivir la controversia jurídica
y fáctica propia del proceso en el que se profirió la decisión objeto del recurso
extraordinario21.

37. Se interpone contra sentencias ejecutoriadas por causales excepcionales para
restablecer el imperio de la justicia, como supremo fin del derecho, cuando ellas son
proferidas con violación del derecho de defensa, desconocimiento de la cosa juzgada o
por circunstancias específicamente señaladas por la ley como delito, como lo dispone el
artículo 250 del CPACA; lo anterior significa que, no constituye una nueva oportunidad
que conceda la ley a las partes para reabrir el debate propio de las instancias ni para
suplir la incuria o negligencia de ellas en materia probatoria, puesto que, se fundamenta
en hechos externos que no tuvieron oportunidad de ser planteados dentro del proceso;
de modo que es un medio de impugnación excepcional de las sentencias, que permite el
rompimiento del principio de cosa juzgada para restablecer el ordenamiento jurídico, que
resulta lesionado por hechos externos al proceso judicial22.

38. Por consiguiente, para que este recurso prospere no solo resulta imperativo que se

demuestre la existencia de un motivo o causal de revisión que, de manera inequívoca,
tenga la aptitud suficiente para variar los resultados del fallo por las causales establecidas

21
El Consejo de Estado, sala plena de lo contencioso-administrativo, en fallo de 2 de abril de 2013, expediente 1997-00142-00, indicó:
«el recurso extraordinario de revisión establecido por el Código Contencioso Administrativo tanto por el artículo 164 de la Ley 167 de
1941, como el Decreto 01 de 1984, posteriormente modificado por la Ley 446 de 1998, tiene como característica que le es propia que
se interpone contra sentencias ejecutoriadas por causales excepcionales para restablecer el imperio de la justicia como supremo fin
del derecho cuando ellas son obtenidas con violación del derecho de defensa, con vulneración de la cosa juzgada o por circunstancias
específicamente señaladas por la ley como delito, tal como puede observarse por lo dispuesto en el artículo 188 del Código
Contencioso Administrativo vigente. Conforme a lo acabado de expresar este recurso no es una nueva oportunidad que se conceda
por la Ley a las partes para reabrir el debate propio de las instancias, ni tampoco para suplir la incuria o negligencia de las mismas
en materia probatoria, sino que se fundamenta en hechos externos que no tuvieron oportunidad de ser planteados dentro del proceso,
como ocurre por ejemplo cuando la sentencia fue dictada con fundamento en documentos cuya falsedad fue declarada por la justicia
ordinaria, o con apoyo en testimonios en virtud de los cuales los declarantes fueron condenados por haber incurrido en el delito de
falsedad testimonial, o cuando los peritos en virtud de cuyo dictamen se dictó el fallo hubieren sido condenados penalmente por haber
cometido un delito en la rendición del mismo, o cuando el fallo se obtuvo en virtud de violencia o cohecho en el pronunciamiento de
la sentencia, o cuando se demuestra con posterioridad al fallo que este fue dictado con violación de la existencia de cosa juzgada
anterior entre las mismas partes, salvo que se hubiere alegado durante las instancias la excepción de cosa juzgada y hubiere sido
rechazada.
Es decir, como lo ha precisado la sala plena en anteriores oportunidades, el recurso extraordinario de revisión es un medio de
impugnación excepcional de las sentencias que permite el rompimiento del principio de cosa juzgada para restablecer tanto el imperio
de la justicia como del ordenamiento jurídico que resultan lesionados por hechos externos al proceso judicial. Tales hechos externos
están descritos en el artículo 188 C.C.A. y tienen que ver con la falsedad, el error, el dolo o la aparición de documentos decisivos que
hubieran alterado la decisión judicial.
Así mismo procede la causal de revisión cuando la sentencia fue proferida pese a la existencia de una nulidad originada en la misma
y cuando respecto de ese fallo no hubiere sido procedente el recurso de apelación.
Ha de anotarse que conforme a la jurisprudencia vigente de acuerdo con la sentencia C-520 de 2009 de la Corte Constitucional, el
recurso extraordinario de revisión se extiende también a las dictadas por los jueces administrativos en primera o segunda instancia
cuya naturaleza permita la interposición del recurso, pues en ella se declaró la inexequibilidad de la expresión "dictadas por las
secciones y subsecciones de la sala de lo contenciosos administrativo del Consejo de Estado y por los Tribunales Administrativos, en
única o segunda instancia».
22
Ibidem.

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en el mencionado artículo 250 del CPACA, sino que tal demostración debe corresponder
a las circunstancias fácticas señaladas taxativamente en la ley y la jurisprudencia de esta
Corporación.

2.4.1 Sobre la causal prevista en el numeral 1° del artículo 250 del CPACA.

39. El numeral 1° del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo

Contencioso Administrativo – CPACA, regula la causal del recurso extraordinario de
revisión referida a «Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos
decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo
aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.»

40. La jurisprudencia de esta Corporación, ha precisado que, esta causal exige establecer

el alcance de las expresiones «prueba encontrada» y «prueba recobrada». Al respecto, ha
señalado:

«Semánticamente, el término “encontrar” significa una cosa o persona que se encuentra, por una
actividad consciente dirigida a buscarla o no […]. Al tiempo que “recobrar” es una búsqueda
consciente de algo que se tuvo, pero que se perdió […]. En las dos acepciones, la cosa o la persona
no están dentro del dominio o percepción de quien la busca, pero quien la encuentra puede estar
consciente o no de su existencia y pérdida, a su vez quien recobra siempre es consciente de su
existencia y de su pérdida. Así, la diferencia entre ambos vocablos descansa en la conciencia de
la existencia de la cosa o la persona y de la búsqueda. En consecuencia, son vocablos
complementarios, en tanto encontrar sin conciencia de la existencia de la cosa o la persona y de
su búsqueda nunca supondrá recobrar, mientras que encontrar con conciencia de la existencia de
la cosa o la persona y de su búsqueda siempre supondrá recobrar» 23

41. De igual manera, la jurisprudencia ha indicado que, una vez establecido que la prueba

fue encontrada o recobrada, debe verificarse que esta existiera al momento en que se
profirió la sentencia y que su hallazgo o recuperación se hubiera producido con
posterioridad a dicho pronunciamiento. En ese sentido, se han identificado los siguientes
presupuestos para la configuración de la causal:

«(i) que se encuentren o recobren pruebas decisivas después de dictada la sentencia; (ii) que las
pruebas encontradas o recobradas preexistan antes de la sentencia del proceso que originó la
revisión. Esta es una exigencia apenas natural, en tanto revisar una sentencia por pruebas que no
existían sería desproporcionado; (iii) que las mismas no se hubieren podido aportar por fuerza
mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria, y (iv) que sean trascendentes, es decir, que
de obrar en el proceso hubieran cambiado la decisión» 24

42. En particular, la Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo del Consejo de Estado,

23
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 14, sentencia del Trece (13) de octubre
de Dos Mil Veinte (2020), expediente 11001-03-15-000-2019-00119-00 (REV).
24
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del Tres (3) de abril de Dos Mil Dieciocho (2018),
radicación 11001-03-15-000-2014-00783-00 (REV), magistrado ponente Ramiro Pazos Guerrero.

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sistematizó los requisitos de procedencia de esta causal, así:

«1. Que el medio de prueba sea documental, lo cual está determinado por el carácter restrictivo de
la causal que excluye a otros medios de prueba» 25

43. El segundo presupuesto, consiste en que la prueba haya sido encontrada o recobrada

después de proferida la sentencia objeto del recurso. Sobre este aspecto, se ha precisado
que:

«no se admiten documentos generados con posterioridad al fallo, y tampoco aquellos que, aun
cuando tengan preexistencia material al tiempo de dictarse la sentencia, estaban en poder del
impugnante y no fueron aportados o, en su defecto, solicitados en las respectivas oportunidades
procesales, pues, se itera, el recurso no está previsto para remediar la inactividad o falta de diligencia
de las partes […], pues se trata de corregir la causa insuperable que le impidió al recurrente hacer
valer la prueba dentro del proceso»26

44. El tercer requisito, exige demostrar que, los documentos preexistentes no pudieron

aportarse al proceso por razones de imposibilidad objetiva y externas al recurrente, esto
es, por fuerza mayor, caso fortuito o por obra de la parte contraria. Esta última hipótesis
se presenta, entre otros eventos, cuando existe retención u ocultamiento del documento
con el propósito de impedir que sea valorado como prueba.

45. Sobre la carga de acreditar esta circunstancia, la jurisprudencia ha señalado, « es carga
del accionante acreditar la configuración de alguno de los motivos calificados en la ley para que prospere
la causal, pues no existe presunción legal de su acaecimiento ni podría el juez interpretar en su favor la
ocurrencia de los mismos, en el escrito del recurso debe obrar justificación clara y convincente de que le
fue imposible aportar los documentos en el momento indicado, únicamente por la ocurrencia de fuerza
mayor, caso fortuito u obra de la contraparte».27

46. Finalmente, el documento debe tener carácter decisivo o trascendente, de manera

que, su incorporación al proceso, tenga la capacidad de modificar el sentido de la decisión
cuestionada. En palabras de la Corporación, debe tratarse de: «una prueba cuyo valor
persuasivo sea suficiente para influir en el sentido de la decisión […] o que arroje convicción distinta al
juzgador sobre hechos que tuvo por acreditados dentro del proceso» 28

47. En consecuencia, la prosperidad de la causal, no depende únicamente que el

recurrente aporte documentos, que no fueron valorados en el proceso original. Es
necesario que, se trate de pruebas documentales preexistentes a la sentencia,

25 25
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del Diecinueve (19) de septiembre de Dos Mil
Veintitrés (2023), expediente 11001-03-15-000-2020-03585-00.
26
Ibidem.
27
Ibidem.
28
Ibidem.

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encontradas o recobradas después de esta, cuya falta de incorporación obedezca a una
circunstancia objetiva, irresistible y ajena a la diligencia del interesado, y que, además,
tengan la entidad suficiente para conducir a una decisión diferente.

2.5. Caso concreto

48. Precisado el alcance de la causal invocada, corresponde a la Sala establecer, si en el

presente asunto, se reúnen los presupuestos exigidos para su configuración. Para tal
efecto, debe determinarse: (i) si los documentos aportados con el recurso tienen
naturaleza documental y fueron encontrados o recobrados con posterioridad a la
sentencia objeto de revisión; (ii) si se refieren a hechos preexistentes al fallo; (iii) si la
recurrente no pudo aportarlos oportunamente por una circunstancia ajena a su diligencia,
atribuible a la fuerza mayor, al caso fortuito o a la obra de la parte contraria; y (iv) si tales
documentos tienen carácter decisivo, en cuanto su valoración habría podido conducir a
una decisión diferente.

49. En el presente caso, la señora María Ligia Lasso Valor, cuestiona la sentencia

proferida el Quince (15) de noviembre de Dos Mil Dieciocho (2018), por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual, se confirmó la decisión del Juzgado
Primero Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Cali, que negó las
pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho.

50. Como se expuso en los antecedentes, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,

consideró que, aunque la pensión de vejez reconocida por el Instituto de Seguros
Sociales – ISS, podía ser compatible con la pensión de jubilación, solicitada como
docente oficial, era necesario acreditar que los tiempos de servicio utilizados para el
reconocimiento de cada prestación fueran diferentes. No obstante, concluyó que, existía
simultaneidad entre los períodos comprendidos entre el Veintitrés (23) de septiembre de
Mil Novecientos Noventa y Tres (1993) y el Treinta (30) de junio de Dos Mil Uno (2001),
razón por la cual, únicamente podía contabilizarse el tiempo posterior al Primero (1º) de
julio de Dos Mil Uno (2001), equivalente a once (11) años de servicio, insuficiente para
acceder a la pensión prevista en la Ley 33 de 1985.

51. La recurrente sostiene que, después de proferida la sentencia, obtuvo las
certificaciones expedidas los Veinte (20) y Veinticinco (25) de noviembre de Dos Mil
Diecinueve (2019), relacionadas con el tiempo de servicio y los horarios laborales

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cumplidos en la Institución Educativa Manuel María Mallarino. A su juicio, dichos
documentos permiten establecer que, durante los períodos en los que también prestó
servicios en el Colegio Ciudadela Educativa La Presentación, las jornadas laborales no
se desarrollaban simultáneamente, de manera que los tiempos de servicio oficial podían
ser contabilizados para efectos del reconocimiento de la pensión de jubilación.

52. En el presente asunto, la señora María Ligia Lasso Valor, invoca como documentos

recobrados las certificaciones expedidas los Veinte (20) y Veinticinco (25) de noviembre
de Dos Mil Diecinueve (2019), relacionadas con los horarios y la intensidad horaria de los
servicios docentes que prestó en los sectores público y privado. A su juicio, tales
documentos permiten establecer que no existió simultaneidad material entre las
vinculaciones y que, por tanto, acreditaba el tiempo de servicio requerido para acceder a
la pensión de jubilación.

53. No existe discusión, en cuanto a que las certificaciones tienen naturaleza documental

y fueron obtenidas con posterioridad a la sentencia objeto de revisión, proferida el Quince
(15) de noviembre de Dos Mil Dieciocho (2018). Sin embargo, para efectos de la causal
invocada, no basta con que el documento haya sido expedido después del fallo, ni con
que se refiera a hechos ocurridos con anterioridad a este. En efecto, la jurisprudencia de
esta Corporación ha precisado que29, la prueba encontrada o recobrada debe haber
existido al momento en que se profirió la sentencia, de manera que no es admisible
invocar documentos que fueron elaborados con posterioridad al fallo, aunque su
contenido se refiera a circunstancias fácticas anteriores. La exigencia de preexistencia
recae, entonces, sobre el documento como elemento probatorio y no exclusivamente
sobre los hechos que mediante este se pretenden acreditar.

54. En el caso concreto, las certificaciones aportadas por la recurrente, fueron expedidas

los Veinte (20) y Veinticinco (25) de noviembre de Dos Mil Diecinueve (2019), esto es,
más de un año después de la sentencia cuya revisión se solicita. Por consiguiente, no se
trata de documentos que hubieran existido antes del pronunciamiento judicial y que
posteriormente hubieran sido encontrados o recobrados, sino de documentos elaborados
con posterioridad a aquel. La circunstancia que las certificaciones, hagan referencia a
períodos laborales anteriores a la sentencia, no permite tener por satisfecho el requisito
de preexistencia documental. Una conclusión diferente implicaría equiparar la existencia

29
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del Once (11) de marzo de Dos Mil Veintiuno (2021), expediente
11001-03-25-000-2014-00510-00, número interno 1597-2014, consejera ponente Sandra Lisset Ibarra Vélez

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previa de los hechos, con la existencia previa del medio de prueba, mediante el cual, se
pretende demostrarlos, desconociendo uno de los presupuestos autónomos de la causal
prevista en el numeral 1º del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.

55. Si bien, durante el trámite de la segunda instancia, el Tribunal Administrativo del Valle

del Cauca, mediante auto del Treinta (30) de agosto de Dos Mil Dieciocho (2018), decretó
de oficio la práctica de pruebas dirigidas a establecer los tiempos de servicio y los horarios
laborales de la recurrente, tal circunstancia no modifica la conclusión anterior. Pues en
efecto, el decreto oficioso de la prueba, demuestra que el Tribunal consideró relevante
establecer las jornadas laborales desarrolladas en los establecimientos público y privado,
pero no acredita que las certificaciones posteriormente expedidas, ya existieran al
momento de proferirse la sentencia. Tampoco permite concluir que, la recurrente hubiera
contado, antes del fallo, con documentos equivalentes a los que posteriormente fueron
emitidos en noviembre de Dos Mil Diecinueve (2019).

56. De igual manera, no se encuentra demostrado que, la recurrente hubiera solicitado

previamente a las entidades correspondientes la expedición de esas certificaciones y que
estas se hubieran negado a suministrarlas. Si bien, obra en el expediente una respuesta
de la Secretaría de Educación Municipal, al requerimiento efectuado por el juez de
instancia, cuyo contenido no comprende la totalidad de la información que posteriormente
se pretende hacer valer, dicha circunstancia, por sí sola, no permite establecer que los
documentos allegados con posterioridad ya existieran para ese momento, ni que hubieran
sido indebidamente retenidos u ocultados por la parte contraria.

57. Tampoco se acreditó que, durante el trámite de la segunda instancia y antes de que

se profiriera la sentencia, la recurrente hubiera adelantado actuaciones adicionales
encaminadas a obtener la información faltante, insistido en su recaudo o puesto de
presente al Tribunal, la necesidad de requerir nuevamente a las entidades para que
completaran la respuesta inicialmente suministrada. En ese sentido, no puede tenerse
por demostrada la imposibilidad objetiva y externa exigida por la jurisprudencia, para la
configuración de la causal. La sola circunstancia que una prueba decretada de oficio, no
hubiera sido recaudada en los términos esperados, no permite concluir automáticamente
que su posterior obtención obedeció a fuerza mayor, caso fortuito u obra de la parte
contraria.

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58. La causal de revisión, no está prevista para incorporar documentos elaborados con

posterioridad a la sentencia, ni para suplir, mediante actuaciones posteriores, las
deficiencias probatorias que pudieron ser advertidas y gestionadas durante el trámite
ordinario. Para que pueda predicarse la existencia de una imposibilidad objetiva, era
necesario demostrar de manera clara, que la recurrente desplegó oportunamente las
actuaciones a su alcance y que, pese a ello, una circunstancia irresistible y ajena a su
voluntad le impidió obtener o incorporar un documento que ya existía antes del fallo.

59. En el presente caso, la Sala considera que, esa demostración no se encuentra

satisfecha. Las certificaciones invocadas fueron elaboradas con posterioridad a la
sentencia, y no se acreditó que, correspondieran a documentos preexistentes que
hubieran sido retenidos, ocultados o indebidamente sustraídos de la posibilidad de
conocimiento y aportación de la recurrente.

60. Así las cosas, la Sala concluye que no se encuentra acreditado el segundo
presupuesto de la causal, relativo a que los documentos hubieran preexistido a la
sentencia objeto de revisión. Esta deficiencia resulta suficiente para descartar la
configuración del numeral 1º del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo.

61. Aunado a lo anterior, la Sala tampoco encuentra demostrado, el presupuesto relativo

a la imposibilidad objetiva y externa de aportar oportunamente la prueba. Si bien el
Tribunal decretó una prueba de oficio y la respuesta inicialmente allegada no contenía
toda la información requerida, no se acreditó que la recurrente hubiera solicitado
previamente las certificaciones posteriormente expedidas, que la entidad se hubiera
negado a suministrarlas o que hubiera adelantado, durante el trámite de la segunda
instancia, actuaciones dirigidas a obtener de manera oportuna la información faltante.

62. En consecuencia, no resulta procedente afirmar que, la falta de incorporación de los

documentos obedeció a una circunstancia atribuible a la parte contraria, pues, la omisión
advertida en la respuesta administrativa no equivale, por sí misma, a una conducta de
retención u ocultamiento documental en los términos exigidos por la jurisprudencia.

63. Finalmente, aunque la recurrente sostiene que, las certificaciones permitirían
demostrar que las jornadas laborales no se superpusieron materialmente y que, además,
acreditarían períodos de servicio mediante horas cátedra, la Sala considera que, no es

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necesario efectuar un análisis exhaustivo sobre su eventual carácter decisivo, dado que
no se encuentran satisfechos los presupuestos previos de preexistencia documental e
imposibilidad objetiva y externa.

64. En efecto, los requisitos de la causal son concurrentes, por lo que la ausencia de

cualquiera de ellos impide su prosperidad. Por tanto, aun si se admitiera que las
certificaciones podrían tener alguna incidencia en la reconstrucción de los tiempos de
servicio de la recurrente, tal circunstancia no subsana el hecho que, se trata de
documentos elaborados después de la sentencia y respecto de los cuales no se acreditó
la imposibilidad objetiva de aportarlos oportunamente.

65. De otra parte, la prueba aportada tampoco puede utilizarse para reabrir el debate

probatorio y jurídico agotado en el proceso ordinario, pues, el recurso extraordinario de
revisión no constituye una instancia adicional destinada a permitir que las partes
incorporen nuevos documentos con posterioridad al fallo para controvertir la valoración
efectuada por el juez natural.

66. Siendo así las cosas, la Sala concluye que las certificaciones de los Veinte (20) y

Veinticinco (25) de noviembre de Dos Mil Diecinueve (2019), no reúnen las condiciones
exigidas para ser consideradas documentos encontrados o recobrados en los términos
del numeral 1º del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo. En consecuencia, no se configura la causal invocada y el
recurso extraordinario de revisión deberá declararse infundado.

2.6. Condena en costas

67. En relación con la condena en costas, el inciso final del artículo 255 del Código de

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece que «[ s]i se
declara infundado el recurso, se condenará en costas y perjuicios al recurrente ». A su vez, el numeral

8º del artículo 365 del Código General del Proceso dispone que «[…] solo habrá lugar a costas
cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación ».

68. En el presente asunto, aunque el recurso será declarado infundado, no se advierte

que se hayan causado costas cuya comprobación permita ordenar su reconocimiento. En
consecuencia, la Sala se abstendrá de imponer condena por dicho concepto.

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2.7. Conclusión

69. La Sala concluye que, no se encuentra configurada la causal de revisión, prevista en

el numeral 1º del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, toda vez que, las certificaciones expedidas los Veinte (20) y
Veinticinco (25) de noviembre de Dos Mil Diecinueve (2019), si bien fueron aportadas con
posterioridad a la sentencia objeto de revisión y se refieren a hechos anteriores a esta,
no constituyen documentos preexistentes al fallo, ni se acreditó que su ausencia en el
proceso obedeciera a una circunstancia objetiva, irresistible y externa a la recurrente,
atribuible a la fuerza mayor, al caso fortuito o a la obra de la parte contraria. Por
consiguiente, el recurso extraordinario de revisión será declarado infundado.

III. DECISION

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión, interpuesto
por la señora María Ligia Lasso Valor, contra la sentencia proferida el Quince (15) de
noviembre de Dos Mil Dieciocho (2018), por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, de conformidad con la causal prevista en el numeral 1º del artículo 250 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

SEGUNDO: SIN CONDENA EN COSTAS en el trámite del recurso extraordinario de
revisión.

TERCERO: Por Secretaría, una vez ejecutoriada esta providencia, devuélvase el
expediente al despacho de origen, dejando las constancias correspondientes.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

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Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Con aclaración de voto

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

21

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