República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2026-00083-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
4 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá, D. C., cuatro (4) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00083-01 (3961)
Accionante: Allianz Seguros S.A.
Accionados: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro
Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de reparación directa.
Subtema 2: caducidad. Subtema 3: defectos sustantivo, fáctico y desconocimiento
del precedente.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la impugnación interpuesta por Allianz Seguros S.A. contra la sentencia del 26 de
febrero de 2026, proferida por el Consejo de Estado, Sección Primera.
1. Síntesis del caso
La sociedad Allianz Seguros S.A. presentó acción de tutela con la pretensión de
amparo de su derecho fundamental al debido proceso, que consideró vulnerado con
ocasión de la sentencia del 18 de octubre de 2023, expedida por el Juzgado Quinto
Administrativo de Tunja y las decisiones del 28 de abril de 2025 y del 22 de julio
siguiente, proferidas por el Tribunal Administrativo de Boyacá, dentro del expediente
de controversias contractuales con radicado núm. 15001-33-33-005-2021-00084-
00/01.
2. Antecedentes
2.1. Hechos relevantes
1. A partir del escrito de tutela y los demás elementos aportados por las partes en
el trámite constitucional, la Sala encuentra acreditados los siguientes hechos:
1
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00083-01 (3961)
Accionante: Allianz Seguros S.A.
Accionados: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro
2. La Empresa de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P. y el Consorcio
Alcantarillado Chinavita suscribieron el contrato de obra núm. 003- de 2016, con
acta de inicio firmada el 6 de enero de 2016, cuyo objeto consistió en la ejecución
«a precio unitario» de las obras de «construcción del sistema de alcantarillado
pluvial y sanitario del municipio de Chinavita».
3. El contrato fue asegurado por Allianz Seguros S.A., mediante la póliza de
cumplimiento núm. 021877072, en los estrictos términos del contrato de seguro
celebrado entre las partes.
4. El contrato de obra núm. 003 de 2016 presentó algunas falencias de planeación,
ejecución, inversión, supervisión e interventoría, que derivaron en varias
suspensiones.
5. La Empresa de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., por medio de la
Resolución núm. 064 del 2 de junio de 2020, inició procedimiento administrativo
sancionatorio contra el contratista. Posteriormente, con Resolución núm. 087 del 6
de agosto de 2020, dispuso: (i) declarar el incumplimiento parcial del contrato, (ii)
hacer efectiva la cláusula décima quinta de multas por incumplimiento por valor del
10% del valor del contrato, (iii) tener por constituido el riesgo de incumplimiento, (iv)
hacer efectivo el riesgo asegurado por Allianz Seguros S.A. a través de la póliza
núm. 021877072 por el monto de la multa, (iv) ordenar a Allianz Seguros S.A.
actualizar la vigencia de las pólizas de cumplimiento y responsabilidad civil
extracontractual identificadas con los números 021877072 y 021877084,
respectivamente.
6. La sociedad Allianz Seguros S.A. presentó demanda de controversias
contractuales, con el fin de controvertir la legalidad parcial de las resoluciones núm.
087 del 6 de agosto de 2020 y núm. 095 del 11 de septiembre de 2020 y, en
consecuencia, se declare que no tiene obligación de pago con la Empresa de
Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P.
7.
El Juzgado Quinto Administrativo de Tunja, mediante sentencia del 18 de
octubre de 2023, negó las pretensiones de la demanda, al considerar que para la
fecha en que se profirieron los actos acusados la póliza de cumplimiento núm.
021877072 se encontraba vigente, era procedente adoptar la decisión al ser un
riesgo amparado por ella. Contra dicha decisión, la parte actora interpuso recurso
de apelación.
8. El Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante providencia del 28 de abril de
2025, confirmó en todas sus partes el fallo de primera instancia bajo el argumento
de que el incumplimiento del contrato de obra núm. 003 de 2016 se estructuró dentro
de la vigencia de la póliza núm. 021877072 expedida por Allianz Seguros S.A.
9. La accionante presentó solicitud de adición y aclaración. A su turno, el Tribunal,
con auto del 22 de julio de 2025, negó el requerimiento de la demandante.
2
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00083-01 (3961)
Accionante: Allianz Seguros S.A.
Accionados: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro
2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
10. La parte actora solicitó en el escrito de tutela1 lo siguiente:
1. Que se declare que se ha violado o desconocido o limitado el derecho fundamental
al debido proceso de ALLIANZ, por causa y con ocasión de las providencias proferidas
el 18 de octubre de 2023 por parte del JUZGADO 05 ADMINISTRATIVO DE TUNJA
(Exp. No. 15001333300520210008400), el 28 de abril de 2025 y 22 de julio de 2025
por la SALA DE DECISIÓN No. 6 DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ
(Exp. No. 15001333300520210008401):
2. Que se proceda al amparo y protección del derecho fundamental al debido proceso
de la sociedad demandante.
3. Que, como consecuencia de todo lo anterior, se dejen sin valor ni efecto las aludidas
providencias judiciales; así como toda consecuencia o procedimiento derivado de las
mismas.
4. Que, como medida de protección del derecho fundamental al debido proceso, se
ordene dictar las providencias de reemplazo a las que haya lugar, en las cuales se
omitan los razonamientos y decisiones judiciales violatorios de los derechos
fundamentales de mi representada.
5. Que se adopte cualquier otra medida de protección que el Juez constitucional
estime relevante y pertinente para la garantía de los derechos fundamentales de
ALLIANZ. (Mayúsculas y negrillas originales del escrito tutela) […]2.
11. Como fundamento de sus pretensiones, la parte accionante manifestó que las
providencias cuestionadas «no se pronunciaron de fondo sobre los cargos de
nulidad que fueron expresamente planteados en la demanda y reiterados en el
recurso de apelación, pese a que estos constituían el marco jurídico que sostenía
las pretensiones».
12.
En este sentido, explicó que las autoridades judiciales accionadas no fueron
suficientemente coherentes en sus decisiones, pues omitieron resolver de manera
clara, apropiada y debidamente motivada los siguientes aspectos:
• La vigencia real y efectiva de la póliza de cumplimiento expedida por Allianz,
cuya cobertura del amparo de cumplimiento finalizó el 7 de noviembre de
2016, y la imposibilidad jurídica, so pena de desconocer abiertamente las
normas que regulan el contrato de seguro, de afectar una póliza inexistente
para hechos posteriores a los de su cobertura.
• La prescripción extintiva de los derechos derivados del contrato de seguro,
bajo un análisis integral de la ley y la jurisprudencia que regula la materia.
1
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-00083-00, índice 2, certificado núm. 5F27472795493E1A D4274900491BE3AA
943F9FE10B81110F BADFE7F78D70DB4C.
2
Se transcribe incluso con errores
3
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00083-01 (3961)
Accionante: Allianz Seguros S.A.
Accionados: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro
• La ausencia de competencia de la Empresa de Servicios Públicos de Boyacá
para ordenar a la aseguradora la «actualización» de una póliza cuyo plazo
venció.
• La imposibilidad de que la multa cumpliera la finalidad conminatoria en un
contrato suspendido, que desnaturalizó el procedimiento del art. 86 de la Ley
1474 de 2011).
• La extensión indebida de la cobertura del contrato de seguro a obligaciones
no aseguradas.
13. Asimismo, agregó que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte
Constitucional3, «[…] el juez debe tomar su decisión de manera congruente con los
hechos, pretensiones y excepciones probadas dentro del proceso. Por lo tanto, no
podrá proferir una sentencia en la que se pronuncie acerca de algo que no fue
solicitado por las partes (extra petita) o en la que otorgue más de lo pedido (ultra
petita), pero tampoco podrá fallar sin pronunciarse acerca de todas las pretensiones,
pues de lo contrario deberá explicar de manera suficiente las razones por las cuales
omitió referirse a algún pedimento. […]».
14. De este modo, alegó que las autoridades judiciales accionadas vulneraron «el
principio de congruencia en la medida en que: (i) no explicaron por qué consideraron
que la póliza expedida por mi representada se encontraba vigente si fue probado
con creces que esta se encontraba vencida, pues Allianz no prestó su
consentimiento para amparar las modificaciones contractuales; (ii) no se entiende
por qué se ignoró el debate sobre los límites de la cobertura del contrato de seguro,
bajo una falsa premisa de aplicación de las normas del Estatuto General de la
Contratación Pública; (iii) no se encuentra justificación en la desestimación de la
prescripción extintiva de los derechos derivados del contrato de seguro sin examinar
su verdadera base fáctica».
15.
A partir de lo anterior, la parte tutelante afirmó que las decisiones acusadas
incurrieron en defecto sustantivo y fáctico, porque se pronunciaron sobre aspectos
contrarios al debate, en tanto «extendieron la obligación asegurada por mi
representada más allá de los términos expresamente pactados. Atribuyeron
cobertura a hechos ocurridos en 2019 y 2020 sin que existiera prueba alguna de la
modificación, anexo, prórroga o consentimiento de la aseguradora para el efecto».
16. Así pues, explicó que en las decisiones cuestionadas se configuró un defecto
fáctico, debido a que la valoración de los documentos y el testimonio estuvo alejada
de la realidad, pues dieron por válida la comunicación de suspensión al
intermediario de seguro, sin que este tuviera facultad para el efecto. En concreto no
se tuvo en cuenta que Allianz no fue informada directamente por el contratista,
puesto que su comunicación se dirigió al intermediario de seguros, circunstancia
que no equivale a una notificación válida a la compañía.
3
Corte Constitucional, sentencia T-455 de 2016.
4
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Accionante: Allianz Seguros S.A.
Accionados: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro
17.
Por otro lado, mencionó que las providencias acusadas incurrieron en defecto
sustantivo, porque en su criterio, el análisis desarrollado en la actuación judicial no
resulta congruente con el marco normativo que rige a las partes del contrato objeto
de litigio. Sobre el particular, expuso que la referida causa de procedibilidad de la
tutela se configuró por lo siguiente:
• Las autoridades judiciales efectuaron una interpretación sesgada de las
normas que regulan la terminación de la póliza de seguro (artículo 1060 del
Código de Comercio), dado que omitieron por completo pronunciarse sobre
el papel del «ESPB» en la causación del siniestro que se le impuso a la
accionante.
• Las accionadas se pronunciaron erróneamente sobre las normas que rigen
(artículo 1081 del Código de Comercio) la prescripción de los derechos
derivados del contrato de seguro, sin tener en cuenta que el siniestro por el
cual fue afectada la póliza fue la no actualización de la garantía, la cual fue
conocida desde la primera suspensión del contrato.
• Las decisiones cuestionadas omitieron referirse de fondo sobre los eventos
que alteraron el estado del riesgo, y su incidencia sobre la vigencia de una
póliza de cumplimiento que no afianzaba a un contrato estatal regido por el
Estatuto General de Contratación Pública
• Los jueces accionados aplicaron el Estatuto General de Contratación Pública
sin resolver previamente el debate jurídico sobre su aplicabilidad a una
empresa de servicios públicos domiciliarios, toda vez que efectuaron un
análisis que no corresponde, respecto del Decreto 1082 de 2015, el cual le
asigna la obligación de extender la garantía al contratista, lo que no significa
que esto debe hacerse de forma unilateral respecto de la aseguradora.
• Las autoridades accionadas se excedieron sus facultades legales al
imponerle a Allianz una obligación que no está prevista en la ley para el
contrato de seguros, en tanto, se le exigió emitir la actualización o prórroga
de una póliza en contra de su voluntad, lo cual deriva en un desconocimiento
de la libertad contractual, dado que no se examinó el alcance de los arts. 17
de la Ley 1150 de 2007 y 86 de la Ley 1474 de 2011.
2.3. Trámite procesal
18. El despacho ponente de la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante
auto del 19 de enero de 20264, admitió la solicitud de amparo, ordenó la notificación
al Tribunal Administrativo de Boyacá y al Juzgado Quinto Administrativo de Tunja y,
puso en conocimiento del escrito de tutela a la Empresa de Servicios Públicos de
4
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-00083-00, índice 5, certificado 09AE2475476997B7 D367861245709385
F2899EBC2FAE3E72 B391F2BDDED58FF7.
5
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00083-01 (3961)
Accionante: Allianz Seguros S.A.
Accionados: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro
Boyacá (ESPB), y al Consorcio Alcantarillado Chinavita, en su condición de terceros
con interés.
2.4. Intervenciones
19. La Empresa de Servicios Públicos de Boyacá, hoy Empresas Públicas de
Boyacá S.A. E.S.P.5, manifestó que la solicitud de amparo es improcedente, porque
la accionante pretende utilizar la tutela como una tercera instancia con el fin de
insistir en argumentos de carácter jurídico y probatorios que ya fueron expuestos y
analizados por los jueces naturales, al interior del proceso ordinario.
20. Indicó que las providencias judiciales cuestionadas fueron expedidas con la
debida motivación y se encuentran ejecutoriadas, por lo que no se observa una
situación que justifique hacer uso de este mecanismo excepcional y subsidiario de
amparo constitucional.
21. Así pues, afirmó que las providencias cuestionadas no incurrieron en los
defectos alegados por la parte accionante, por cuanto se profirieron dentro del
ámbito de competencia de las autoridades judiciales, con una valoración integral del
material probatorio. Además, se efectuó una interpretación razonada del régimen
jurídico aplicable.
22. La Secretaría del Tribunal Administrativo de Boyacá6 indicó que la sentencia del
28 de abril de 2025 se limitó a confirmar la decisión adoptada en primera instancia,
tras considerar que los argumentos expuestos por la parte actora no lograron
desvirtuar las conclusiones establecidas por el a quo.
23. Asimismo, refirió que la providencia cuestionada realizó una valoración
adecuada del material probatorio obrante en el expediente y resolvió el litigio con
fundamento en la normativa aplicable al caso concreto. En consecuencia, pidió que
se niegue la tutela, dado que no se vulneraron los derechos fundamentales
invocados.
24.El Juzgado Quinto Administrativo de Tunja7, remitió, a esta corporación, el
expediente del medio de control de controversias contractuales, sin pronunciarse
sobre los hechos y pretensiones del escrito de tutela.
25. El Consorcio Alcantarillado Chinavita guardó silencio.
5
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-00083-00, índice 11, certificado FA8444F2534A7914 B0EC91EE13785A60
107FA3D1D48AE452 48546676EFC724A6.
6
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-00083-00, índice 14, certificado DFD266B0F90BE0D0 2B5FCAB7125A8B01
0F63D7973021E5E9 B5B4CCC2C97D1373.
7
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-00083-00, índice 9, certificado 1057AEA8E3AC8CDC D73A5B99280E776A
936A5D4DB9673692 18BCE69C4841E615.
6
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00083-01 (3961)
Accionante: Allianz Seguros S.A.
Accionados: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro
2.5. Sentencia de primera instancia
26. El Consejo de Estado, Sección Primera, mediante sentencia del 26 de febrero
de 20268, declaró improcedente la tutela, al considerar que la solicitud de amparo
no cumplía con el requisito de relevancia constitucional.
27.
Al respecto, precisó que la accionante pretende reabrir el debate que fue
desarrollado y resuelto dentro del proceso de controversias contractuales
promovido por Allianz Seguros S.A. contra la Empresa de Servicios Públicos de
Boyacá S.A. E.S.P., en el cual se discutió, entre otros aspectos, la vigencia del
amparo de cumplimiento contenido en la póliza núm. 021877072, la incidencia de
las suspensiones contractuales, la prescripción prevista en el artículo 1081 del
Código de Comercio, la naturaleza conminatoria de la multa impuesta y la
competencia de la entidad contratante para declarar el incumplimiento y hacer
efectivo el siniestro. Distinto es que la parte actora no se encuentra conforme con lo
decidido.
28. En este sentido, afirmó que la inconformidad de la tutelante no se dirige a
evidenciar una actuación arbitraria, sorpresiva o carente de motivación, sino a
cuestionar la interpretación jurídica y la valoración probatoria efectuadas por el juez
natural, con el propósito de obtener un nuevo pronunciamiento favorable sobre
asuntos de legalidad ya definidos dentro del proceso ordinario.
29. Así las cosas, se concluyó que no se advierte la existencia de una cuestión de
verdadera relevancia constitucional que habilite la intervención del juez de tutela,
sino una discrepancia del accionante frente al criterio adoptado por el juez natural,
lo cual resulta insuficiente para la procedencia del amparo solicitado.
2.6. Impugnación
30. La parte actora presentó impugnación9 en contra de la sentencia del Consejo
de Estado, Sección Primera. En su escrito mencionó que la decisión impugnada
ignoró que las providencias cuestionadas desconocieron los principios
constitucionales del debido proceso y la libertad contractual que se regulan por el
ordenamiento jurídico comercial, lo que, en su criterio justificaba el requisito de
relevancia constitucional.
31. Adicionalmente, reiteró los argumentos relacionados con la coherencia de las
decisiones acusadas y la configuración de los defectos sustantivo y fáctico que
inicialmente planteó en la solicitud de amparo. En consecuencia, pidió que se
revoque el fallo de primera instancia y, en su lugar se acceda a las pretensiones de
la solicitud de amparo.
8
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-00083-00, índice 16, certificado F4E077149C15ECB1 96AEB97E3B211DA9
E7E7F2AF95525568 DEB1BFF27D6133B3.
9
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-00083-00, índice 20, certificado B1ABD6358587A899 C91026BCE607793B
9555D6CD5442C46B 4F82A06B92DE9D18.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00083-01 (3961)
Accionante: Allianz Seguros S.A.
Accionados: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro
3. Consideraciones
3.1. Competencia
32. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y
el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer, en
segunda instancia, la impugnación interpuesta contra la sentencia del 26 de febrero
de 2026, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado.
3.2. Legitimación en la causa
33. La legitimación en la causa por activa de la sociedad Allianz S.A. está
acreditada, porque fue la demandante en el proceso de controversias contractuales
en el que fue expedida la providencia que, a su juicio, desconoció sus derechos
fundamentales.
34. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Juzgado Quinto
Administrativo de Tunja y del Tribunal Administrativo de Boyacá, debido a que
fueron las autoridades que profirieron las decisiones objeto de estudio.
3.3. Cuestión preliminar
35. La Sala considera pertinente aclarar que, si bien el escrito de tutela se dirige a
cuestionar las providencias del 18 de octubre de 2023, del 28 de abril de 2025 y del
22 de julio siguiente, proferidas por el Juzgado Quinto Administrativo de Tunja y por
el Tribunal Administrativo de Boyacá, respectivamente, dentro del medio de control
de controversias contractuales, lo cierto es que los argumentos que sustentan las
pretensiones de la parte actora guardan unidad de materia y se dirigen en similares
términos frente a las tres decisiones cuestionadas.
36. En consecuencia, el estudio del presente asunto se centrará en la sentencia
expedida el 25 de abril de 2025 por el Tribunal Administrativo de Boyacá, toda vez
que esta decisión fue la que resolvió las inconformidades planteadas por la sociedad
Allianz S.A. en el recurso de apelación interpuesto contra el fallo de primera
instancia y fue la decisión que dio lugar a la solicitud de adición promovida por la
tutelante.
3.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
37. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado 10, y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela en contra de providencias judiciales procede
de manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos,
10
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado núm.11001-
03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
8
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00083-01 (3961)
Accionante: Allianz Seguros S.A.
Accionados: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro
en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo
de este mecanismo constitucional11.
38.En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:
i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial;
iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado;
iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que
afecte un derecho fundamental;
v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración; y,
vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.
39. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción
de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales12 y, por
tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En
otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que
afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.
40. En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere
que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: (i) orgánico;
(ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico; (iv) material o sustantivo; (v) error inducido a
la autoridad judicial; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del
precedente constitucional; o (viii) violación directa de la Constitución13.
3.5. Problema jurídico
41. Corresponde a la Sala determinar si ¿el Tribunal Administrativo de Boyacá, al
proferir la sentencia del 25 de abril de 2025, mediante la cual confirmó la decisión
adoptada el 18 de octubre de 2023, por el Juzgado Quinto Administrativo de Tunja,
vulneró el derecho fundamental al debido proceso de la parte actora?
42. Previo a resolver lo anterior, es necesario establecer si la solicitud de amparo
supera el requisito de subsidiariedad. En concreto, se deberá verificar si resulta
procedente el recurso extraordinario de revisión para discutir los cargos formulados
en el escrito de tutela.
11
Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
12
Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018.
13
Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
9
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00083-01 (3961)
Accionante: Allianz Seguros S.A.
Accionados: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro
43. Para el efecto, se estudiarán los siguientes aspectos: i) Naturaleza del recurso
extraordinario de revisión; ii) la causal de revisión contenida en el numeral 5 del
artículo 250 del CPACA: nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso;
iii) el principio de congruencia; y ii) el caso concreto.
3.5.1. Naturaleza del recurso extraordinario de revisión
44. El recurso extraordinario de revisión ha sido considerado por la jurisprudencia y
la doctrina nacional como un mecanismo de impugnación y, al mismo tiempo, una
excepción al principio de inmutabilidad de las decisiones judiciales que ponen fin a
una controversia, siempre que estén incursas en alguna de las causales previstas
taxativamente en el artículo 250 del CPACA14.
45.
Es un medio excepcional de impugnación de las decisiones judiciales, regulado
en los artículos 248 y subsiguientes del CPACA 15, para casos en que la decisión
judicial está inmersa en supuestos como «[…] la falsedad, el fraude, el error, la
aparición de documentos decisivos que hubieren modificado el sentido de la
decisión […]», entre otros16.
46.
Por tal motivo, el carácter excepcional del recurso extraordinario de revisión
supone que no puede utilizarse «[…] para cuestionar la actividad interpretativa, ni la
valoración probatoria del juez, ni para que el afectado con la sentencia proponga
cuestiones que no alegó oportunamente en el proceso originario. Es un instrumento
para discutir y ventilar ciertos hechos procesales externos a la labor funcional del
juez, que pueden llegar a afectar el principio de justicia material»17.
47. De ahí deviene la importancia de que los hechos del caso se subsuman en la
causal invocada sin necesidad de recurrir a interpretaciones amplias que reabran la
discusión como si se tratara de una nueva instancia judicial.
48. Para lograr lo anterior, se exige del recurrente «una carga argumentativa precisa
[…], toda vez que debe hacerse de manera técnica, rigurosa y fundamentada
[…]»18. Así pues, la parte que acuda al recurso extraordinario de revisión bajo el
amparo de una de las causales previstas para su procedencia tiene el deber de «[…]
explicar cuáles son los motivos que la soportan y, especialmente, los hechos que
sirven de fundamento para su configuración»19.
14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 22, sentencia del 5 de julio de 2024,
exp. 11001-03-15-000-2022-03940-00.
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 22, sentencia del 5 de abril de 2024,
exp. 11001-03-15-000-2023-04705-00
16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 22, sentencia del 5 de julio de 2024,
exp. 11001-03-15-000-2022-03940-00.
17
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 3, sentencia del 3 de agosto
de 2022, exp. 11001031500020211146300.
18
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 3, sentencia del 3 de agosto
de 2022, exp. 11001031500020211146300.
19
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 14, sentencia del 13 de octubre
de 2020, exp. 11001-03-15-000-2019-00119-00(REV).
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3.5.2. Causal de revisión contenida en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA:
nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso
49. El artículo 250 del CPACA regula las causales del recurso extraordinario de
revisión. En particular, en su numeral 5, establece como causal:
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la
que no procede recurso de apelación.
50. El alcance de esta causal es restrictivo en la medida en que exige «[…] que
concurran dos supuestos: el primero, que la nulidad se origine en la sentencia que
puso fin al proceso y, el segundo, que contra el fallo cuestionado no proceda recurso
de apelación»20.
51. No obstante, como el CPACA no regula expresamente en qué escenarios se
configura una nulidad originada en la sentencia, la jurisprudencia se ha encargado
de dotar de contenido el numeral 5 del artículo 250 ibidem.
52. En estos términos, ha considerado que esta situación se configura por las
causales de nulidad insanables establecidas en el artículo 133 del CGP21. De tal
manera que, no cualquier circunstancia habilita la procedencia del recurso
extraordinario de revisión, sino solo las causales expresamente dispuestas como
vicios de nulidad, siempre que estos concurran en la sentencia que definió la
controversia, y no en etapas procesales anteriores a la decisión.
53. Así se pronunció la Sala Especial de Decisión 3 del Consejo de Estado en
decisión del 29 de junio de 2022, en la que advirtió que habilitar la procedencia del
recurso extraordinario de revisión frente a situaciones ocurridas con anterioridad a
la sentencia «[…] se convertiría en una anormal oportunidad para que las partes
subsanen las omisiones del proceso ordinario y aleguen nulidades o errores
procesales que debieron proponer en la oportunidad prevista en el artículo 134 CGP
(antes el artículo 142 CPC) o para proponer nulidades que quedaron saneadas en
los términos del artículo 136 ib. (antes 144 CPC)» 22.
54. Por lo anterior, a través de la causal 5 del recurso extraordinario de revisión, no
puede invocarse una nulidad que haya ocurrido con antelación a la sentencia, salvo
el caso de aquellas que, aunque acontecieron de forma previa a la decisión, «[…]
no pudieron ser advertidas por el recurrente durante el curso del proceso. Sin
embargo, el afectado deberá demostrar que no tuvo la oportunidad de manifestar la
nulidad, para evitar que este medio de impugnación extraordinario se convierta en
una tercera instancia, en la que las partes pueden subsanar sus omisiones»23.
20
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 19 de septiembre de 2023, exp. 11001-03-
15-000-2020-03585-00.
21
Antes el artículo 140 del CPC.
22
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 3, sentencia del 3 de agosto
de 2022, exp. 11001031500020211146300.
23
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 14, sentencia del 13 de octubre
de 2020, exp. 11001-03-15-000-2019-00119-00(REV).
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55.
Adicionalmente, la Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo del Consejo de
Estado ha avalado la procedencia del recurso extraordinario de revisión, sustentado
en la causal de nulidad originada en la sentencia, en determinados eventos
supralegales que comportan una lesión grave del derecho fundamental al debido
proceso.
56.
Sin embargo, no cualquier violación del debido proceso previsto genéricamente
en el artículo 29 de la Constitución Política da lugar a la configuración de la causal
de nulidad originada en la sentencia, sino solo en los escenarios que expresamente
ha reconocido la jurisprudencia, lo cual puede ocurrir, entre otras, por las siguientes
circunstancias excepcionales24:
• Cuando la decisión se haya fundado exclusivamente en una prueba
recaudada con violación al debido proceso25.
• Cuando la decisión haya sido firmada por un número mayor o menor de
magistrados o se adoptó con un número de votos distinto a que prevé la ley.
• Cuando la providencia carezca por completo de motivación26.
• Cuando la decisión transgreda el principio de la non reformatio in pejus27.
• Cuando la providencia pase por alto el principio de congruencia28.
• Cuando se profiera un fallo de carácter condenatorio en contra de una
persona que no fue vinculada al proceso29.
• Cuando la decisión haya consistido en un fallo inhibitorio injustificado30.
57.
En conclusión, esta corporación ha reconocido que «[…] no cualquier
irregularidad resulta subsumible en la causal quinta de revisión derivada del artículo
29 constitucional, sino solo aquel vicio de carácter sustancial que incida en la
decisión por afectar el núcleo esencial del derecho fundamental al debido proceso
[…]. Esto implica, que le corresponde al juez analizar, en cada caso en particular, si
el vicio que se alega impacta el debido proceso y la correcta aplicación de la justicia
24
Consejo de Estado, Sala Plena delo Contencioso-Administrativo, sentencia del 19 de septiembre de 2023, exp. 11001-03-
15-000-2020-03585-00.
25
Consejo de Estado, Sala Trece Especial de Decisión, sentencia de 7 de junio de 2016, radicación: 11001-03-15-000-2015-
02493-00 (REV).
26
Consejo de Estado, Sala Cinco Especial de Decisión, sentencia de 3 de febrero de 2015, radicación: 11001-03-15-000-
2009-00494-00 (REV).
27
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 2 de marzo de 2010, radicación: 11001-03-
15-000-2001-00091-01 (REV).
28
Consejo de Estado, Sala Veintidós Especial de Decisión, sentencia de 2 de febrero de 2016, radicación: 11001-03-15-000-
2015-02342-00 (REV).
29
Consejo de Estado, Sala Veintiuno Especial de Decisión, sentencia de 17 de junio de 2022, radicación: 11001-03-15-000-
2014-04059-00 (REV).
30
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 8 de mayo de 2018, exp. 11001-03-15-000-
1998-00153-01.
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material de manera que tenga la entidad suficiente para permear la inmutabilidad
de la cosa juzgada»31.
58. De tal manera que, como «[…] no puede haber nulidad sin texto legal que la
consagre»32, el recurso extraordinario de revisión por la causal 5 del artículo 250 del
CPACA procede por los supuestos previstos en las disposiciones adjetivas y la
jurisprudencia vigente.
3.5.3. Principio de congruencia
59. El artículo 281 del CGP, que regula el principio de congruencia, establece que:
La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos
en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla y con las
excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.
No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del
pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta.
Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocerá solamente lo
último.
En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho
sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la
demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegad por la parte
interesada a más tardar en su alegato de conclusión o que la ley permita considerarlo
de oficio.
60. Bajo este postulado, la jurisprudencia ha desarrollado como motivos de
incongruencia que el juez emita un pronunciamiento por fuera de lo pedido (extra
petita), que se exceda en cuanto al reconocimiento de lo solicitado (ultra petita) o
que omita referirse a las pretensiones o a los hechos planteados por las partes (infra
petita). Todos estos escenarios constituyen una lesión al debido proceso en
términos de la jurisprudencia de la Corte Constitucional33.
61.
Ahora bien, esta Subsección del Consejo de Estado ha identificado que el
principio de congruencia se concreta en dos escenarios, a saber:
Una externa, que se refiere a la armonía que debe existir entre lo pedido y alegado por
las partes; y otra interna, relacionado (sic) con la coherencia entre lo dispuesto en la
parte resolutiva y los argumentos o razonamientos expuestos en la parte motiva de la
providencia […]. Al respecto, es importante destacar que, en caso de existir
incongruencia en cualquiera de ellas, para que pueda generar la invalidez de la
sentencia, esta debe ser de tal magnitud que no proceda solución diferente a su
nulidad34.
31
Consejo de Estado, Sala Plena delo Contencioso-Administrativo, sentencia del 19 de septiembre de 2023, exp. 11001-03-
15-000-2020-03585-00.
32
Ibidem.
33
Corte Constitucional, sentencia T-455 de 2016.
34
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 20 de junio de
2024, exp. 1001-03-25-000-2020-00930-00 (2784-2020).
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62.
De forma complementaria, en lo que respecta al recurso de apelación, los
artículos 320 y 328 del CGP regulan la limitación del superior para estudiar los
reparos puntuales propuestos por el apelante con el fin de que la providencia de
primera instancia sea revocada o reformada. De ahí que, el recurso de apelación se
propondrá en lo desfavorable a la parte, por lo cual en caso de que solo una de
estas haya apelado no podrá afectarse el principio de la non reformatio in pejus.
63. Aunque existe una limitación de la competencia del superior para estudiar la
apelación, ello debe ser entendido en el sentido de que «[…] la competencia del
juez de segunda instancia abarca los temas implícitos en aquellos aspectos
propuestos por el recurrente, aunque no hayan sido expresamente mencionados en
el recurso, que estén íntimamente ligados con el aspecto materia de
impugnación»35.
3.6. Caso concreto
64. En el asunto bajo estudio, Allianz Seguros S.A. adelantó proceso de
controversias contractuales contra la Empresa de Servicios Públicos de Boyacá S.A.
E.S.P, y otros, con el fin de que se dejara parcialmente sin efectos las resoluciones
núm. 087 del 6 de agosto de 2020 y núm. 095 del 11 de septiembre de 2020 y, en
consecuencia, se declarara que no tiene obligación de pago con la entidad
demandada.
65. En primera instancia, el Juzgado Quinto Administrativo de Tunja, mediante
sentencia del 18 de octubre de 2023, negó las pretensiones de la demanda. Apelada
esta decisión por la parte demandante, el Tribunal Administrativo de Boyacá
confirmó el fallo del a quo en todas sus partes.
66. Ahora bien, en el escrito de tutela manifestó que la providencia del Tribunal
accionado incurrió en los defectos sustantivo y fáctico, porque desconoció el
principio de congruencia previsto en los artículos 187 del CPACA, 280 y 281 del
CGP, toda vez que omitió hacer un análisis crítico de los argumentos planteados en
la demanda y en el recurso de apelación, al interior del proceso ordinario.
67. Explicó que el Tribunal Administrativo de Boyacá no se pronunció de fondo
sobre los cargos de nulidad que fueron expresamente planteados en la demanda y
reiterados en el recurso de apelación contra las actuaciones de la entidad
demandada, pese a que estos constituían el marco jurídico que sostenía las
pretensiones.
68. En este sentido, explicó que la autoridad accionada no fue coherente, pues
omitieron resolver de manera clara y apropiada los siguientes aspectos:
35
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 1, exp. 11001-03-15-000-2016-
02271-00. 11001-03-15-000-2016-02306-00 (ACUMULADO).
14
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• La vigencia real y efectiva de la póliza de cumplimiento expedida por Allianz,
cuya cobertura del amparo de cumplimiento finalizó el 7 de noviembre de
2016, y la imposibilidad jurídica, so pena de desconocer abiertamente las
normas que regulan el contrato de seguro, de afectar una póliza inexistente
para hechos posteriores a los de su cobertura.
• La prescripción extintiva de los derechos derivados del contrato de seguro,
bajo un análisis integral de la ley y la jurisprudencia que regula la materia.
• La ausencia de competencia de la Empresa de Servicios Públicos de Boyacá
para ordenar a la aseguradora la «actualización» de una póliza cuyo plazo
venció.
• La imposibilidad de que la multa cumpliera la finalidad conminatoria en un
contrato suspendido, bajo el riesgo de desnaturalizar el procedimiento del art.
86 de la Ley 1474 de 2011).
• La extensión indebida de la cobertura del contrato de seguro a obligaciones
no aseguradas.
69. Resaltó que se vulneró «el principio de congruencia en la medida en que: (i) no
explicaron por qué consideraron que la póliza expedida por mi representada se
encontraba vigente si fue probado con creces que esta se encontraba vencida, pues
Allianz no prestó su consentimiento para amparar las modificaciones contractuales;
(ii) no se entiende por qué se ignoró el debate sobre los límites de la cobertura del
contrato de seguro, bajo una falsa premisa de aplicación de las normas del Estatuto
General de la Contratación Pública; (iii) no se encuentra justificación en la
desestimación de la prescripción extintiva de los derechos derivados del contrato de
seguro sin examinar su verdadera base fáctica».
70. Adicionalmente, explicó que en la decisión cuestionada se configuró un defecto
fáctico, debido a que la valoración de los documentos y el testimonio estuvo alejada
de la realidad, pues dio por válida la comunicación de suspensión al intermediario
de seguro, sin que este tuviera facultad para el efecto. En concreto no se tuvo en
cuenta que Allianz no fue informada directamente por el contratista, puesto que su
comunicación se dirigió al intermediario de seguros, circunstancia que no equivale
a una notificación válida a la compañía.
71. Por otro lado, mencionó que la providencia acusada incurrió en defecto
sustantivo, porque en su criterio, el análisis desarrollado en la actuación judicial no
resulta congruente con el marco normativo que rige a las partes del contrato objeto
de litigio. Al respecto expuso lo siguiente:
• Se realizó una interpretación sesgada de las normas que regulan la
terminación de la póliza de seguro (artículo 1060 del código de comercio),
15
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dado que omitió pronunciarse, por completo, sobre el papel del «ESPB» en
la causación del siniestro que se le impuso a la accionante.
• Se pronunció erróneamente sobre las normas que rigen (artículo 1081 del
código de comercio) la prescripción de los derechos derivados del contrato
de seguro, sin tener en cuenta que el siniestro por el cual fue afectada la
póliza fue la no actualización de la garantía, la cual fue conocida desde la
primera suspensión del contrato, esto, en su criterio, resulta contrario a lo
planteado en la demanda.
• Se omitió referirse de fondo sobre los eventos que alteraron el estado del
riesgo, y su incidencia sobre la vigencia de una póliza de cumplimiento que
no afianzaba a un contrato estatal regido por el Estatuto General de
Contratación Pública
• Se aplicó el Estatuto General de Contratación Pública sin resolver
previamente el debate jurídico sobre su aplicabilidad a una empresa de
servicios públicos domiciliarios, toda vez que efectuó un análisis que no
corresponde, respecto del Decreto 1082 de 2015, el cual le asigna la
obligación de extender la garantía al contratista, lo que no significa que esto
debe hacerse de forma unilateral respecto de la Aseguradora.
• Se excedió al imponerle a Allianz una obligación que no está prevista en la
ley para el contrato de seguros, en tanto, se le exigió emitir la actualización
o prórroga de una póliza en contra de su voluntad, lo cual deriva en un
desconocimiento de la libertad contractual, dado que no se examinó el
alcance de los arts. 17 de la Ley 1150 de 2007 y 86 de la Ley 1474 de 2011.
72. Bajo ese contexto, es preciso tener en cuenta que el requisito de subsidiariedad
exige, en los términos del artículo 86 constitucional y del artículo 6 del Decreto 2591
de 199136 que el juez constitucional, por un lado, verifique que el accionante no
cuente con otros mecanismos judiciales de protección de sus derechos
fundamentales; y, por otro lado, valore si dichos mecanismos resultan idóneos y
eficaces para garantizar de forma oportuna el amparo solicitado, de acuerdo con las
particularidades de cada caso37.
73. En el evento de que existan otros medios de defensa judicial, pero que estos no
sean idóneos o eficaces, procede la tutela como mecanismo de protección de
derechos fundamentales, así como en los eventos en que se configura un perjuicio
irremediable, el cual debe ser inminente y grave, y sus medidas de protección
impostergables38.
36
Artículo 6o. causales de improcedencia de la tutela
«La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
[…]».
37
Corte Constitucional, sentencia T-397 de 2017.
38
Corte Constitucional, sentencia T-471 de 2017.
16
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74.
Cuando se trata de una tutela interpuesta en contra de providencia judicial, la
Corte Constitucional ha indicado que los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios constituyen vías legítimas de defensa y reconocimiento de los
derechos fundamentales39. De manera específica, el alto tribunal expresó lo
siguiente:
La acción de tutela no fue diseñada para desplazar a los jueces del ejercicio de sus
competencias naturales, motivo por el cual, en principio, no es procedente acudir ante
un juez para impugnar las decisiones judiciales si previamente no se han empleado los
medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial. El agotamiento de estas
herramientas constituye, entonces, un requisito indispensable para que el juez de tutela
pueda entrar a estudiar la vulneración invocada por el accionante.
75. A partir de lo anterior, es preciso indicar que, de acuerdo con el artículo 248 40
de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), el recurso extraordinario de revisión procede en
contra de los fallos dictados, entre otras autoridades, por los tribunales
administrativos; y que el artículo 25041 ibidem prevé como causal del recurso, en su
numeral 5, la nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y que no es
susceptible de apelación, la cual puede ser invocada dentro del año siguiente a la
ejecutoria de la providencia controvertida.
76. En relación con la mencionada causal, la Sala Quince Especial de Decisión de
esta corporación ha sido enfática en establecer que el vicio alegado como nulidad,
por un lado, se debió configurar en el momento en que se profirió la sentencia, y,
por otro lado, debió ser el resultado del desconocimiento grave e insanable de
alguna ritualidad sustancial42. Además, la Sala Catorce Especial de Decisión
indicó43 que esta causal ocurre en los siguientes eventos:
[…] la carencia absoluta de motivación de la sentencia, la violación al principio de la
non reformatio in pejus, la prueba obtenida con violación del debido proceso, la
expedición de una sentencia condenatoria contra un tercero que no estuvo vinculado
en el proceso, la falta de congruencia, la falta de votos necesarios para la aprobación
de una sentencia y la expedición de un fallo inhibitorio injustificado.
77. Sobre el particular, la Sala Veintidós Especial de Decisión44, con fundamento en
la jurisprudencia de la Sala Plena de la corporación, indicó que la incongruencia
interna y/o externa de la sentencia da lugar a la nulidad de la decisión por violación
39
Corte Constitucional, sentencia T-373 de 2021.
40
ARTÍCULO 248. Procedencia. El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas
por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales
Administrativos y por los jueces administrativos.
41
ARTÍCULO 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de
revisión:
[…]
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.
42
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Quince Especial de Decisión, sentencia del 7 de
abril de 2015, radicado núm. 2013-02724-00.
43
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Catorce Especial de Decisión, sentencia del 13 de
octubre de 2020, radicado núm. 11001-03-15-000-2019-00119-00.
44
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Veintidós Especial de Decisión, sentencia de 5 de
abril de 2024, radicado núm. 11001-03-15-000-2023-04705-00.
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al debido proceso. Al respecto expresó lo siguiente:
El artículo 250 del CPACA consagra en su numeral 5º, como causal de procedencia
del recurso extraordinario de revisión “existir nulidad originada en la sentencia que puso
fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación”.
[…] Dentro del contexto expuesto en el acápite anterior, la jurisprudencia de la Sala
Plena Contenciosa ha indicado que debe aceptarse que la causal 6ª del artículo 188
del C.C.A., hoy 5 del artículo 250 del CPACA, por nulidad originada en la sentencia, se
configura, entre otras razones, cuando al demandado se le condena por cantidad
superior, o por objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente a la
invocada en la misma.
[…] En el primer caso, se trata de la congruencia externa de la sentencia. Se puede
identificar porque en líneas generales es lo que preceptuaba el artículo 170 del C.C.A.,
y las normas del procesal civil, según los cuales el fallo debe estar en armonía co n lo
pedido y alegado tanto por la parte demandante como por la parte demandada. Y, en
el segundo evento, corresponde a la congruencia interna, que es la coherencia que ha
de existir entre lo dispuesto en la parte resolutiva y lo argüido en la parte motiva de la
providencia. […]
En este orden de ideas, esta Sala Especial advierte, conforme a lo expuesto, que la
causal de revisión contenida en el numeral 5º del artículo 250 del CPACA -antes 6 del
artículo 188 del C.C.A.-, es decir, nulidad originada en la sentencia, se puede configurar
cuando el fallo objeto de revisión ha desatendido la congruencia interna y/o la externa,
pues, en uno y otro caso, el fallador incurre en una clara violación del debido proceso,
artículo 29 constitucional, dado que la providencia proferida en esos términos resulta
contraria a las formas propias de cada juicio, en específico, la falta de competencia del
juez para abordar asuntos frente a los cuales no se podía pronunciar […] 45
78.
Conforme con lo expuesto, la Corte Constitucional ha referido que el recurso
extraordinario de revisión en materia contencioso-administrativa es un medio de
defensa idóneo y eficaz cuando la vulneración del derecho al debido proceso tiene
origen en un fallo judicial que se encuentra ejecutoriado46.
79. Adicionalmente, la Corte refirió que la acción de tutela podrá desplazar este
mecanismo judicial siempre que (i) el derecho fundamental cuya protección se
solicita no sea susceptible de ser protegido de manera integral dentro del trámite
del recurso; y (ii) las causales de revisión no se encuadren dentro de los hechos
denunciados por el accionante. Al respecto, la Corte expuso lo siguiente:
El recurso de revisión constituye un mecanismo idóneo y eficaz de defensa judicial
dependiendo de la naturaleza de los derechos invocados por el peticionario, y la
cobertura brindada por las causales aplicables al proceso específico. Así, el recurso
será eficaz cuando a) la única violación alegada sea el derecho al debido proceso y,
eventualmente, la de otros derechos que no tienen carácter fundamental, o b) cuando
el derecho fundamental cuya protección se solicita sea susceptible de ser protegido de
manera integral dentro del trámite del recurso, porque concurren en él (i) causales de
revisión evidentemente dirigidas a salvaguardar dicho derecho, y (ii) en caso de
45
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Veintidós Especial de Decisión, sentencia de 2 de
febrero de 2016, radicado núm. 11001-03-15-000-2015-02342-00.
46
Corte Constitucional, sentencia SU-026 de 2021.
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prosperar el recurso, decisiones que restauran de forma suficiente y oportuna el
derecho47
80. En el caso bajo estudio, se observa que la situación planteada por la parte
actora en el escrito de tutela corresponde a aquellos asuntos que pueden ser
decididos a través del recurso extraordinario de revisión. Esto por cuanto, según
criterio del accionante, la sentencia objeto de reparo se apartó del criterio de
congruencia, que debe regir las actuaciones judiciales, al desestimar las
pretensiones de la demanda sin pronunciarse de fondo sobre los cargos de nulidad
propuestos en el libelo inicial y en el recurso de apelación, con relación a las
contradicciones que, en su criterio, ocurrieron al interior de la actuación
administrativa en la que se le impuso cumplir unas obligaciones del contrato de
seguro que había expedido dentro del contrato de obra núm. 003- de 2016.
81. En concreto, advirtió que lo decidió por el Tribunal Administrativo de Boyacá se
apartó de la coherencia jurídica con la que se debía definir el asunto, por cuanto
efectuó un análisis sesgado del contexto normativo y probatorio con el que se debió
examinar las obligaciones contenidas en la póliza de cumplimiento núm.
021877072, expedida por la demandante, por lo que se extralimitó en el marco de
sus funciones en detrimento de su derecho al debido proceso.
82. Así pues, la accionante resaltó que el Tribunal Administrativo de Boyacá omitió
pronunciarse de fondo sobre los argumentos que propuso en el recurso de
apelación en los que puso de presente las irregularidades ocurridas en el fallo del
18 de octubre de 2023, por lo que en su criterio se configura una falta de
congruencia de la providencia, al confirmar una decisión emitida por fuera de los
límites jurídicos definidos en el proceso ordinario.
83. En consecuencia, en atención a lo dispuesto en la jurisprudencia del Consejo
de Estado emitida a través de sus salas especiales, es necesario advertir que, si la
tutelante consideraba que la sentencia del 25 de abril de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo de Boyacá, desconoció el principio de congruencia, debió
discutir ese asunto por conducto del recurso extraordinario de revisión, con
fundamento en la causal contenida en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA,
«existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no
procede recurso alguno».
84. De esta manera, la Sala advierte que la sociedad Allianz Seguros S.A. dispone
de otro instrumento idóneo, eficaz y efectivo, a través del recurso extraordinario de
revisión, para solicitar la protección de sus derechos fundamentales, sin embargo,
no ha hecho uso de este, por lo que no resulta procedente analizar las razones
propuestas por la parte actora en su escrito de tutela, toda vez que estas debieron
ser expuestas dentro de los escenarios judiciales previstos por el legislador y no
dentro de esta acción constitucional.
47
Corte Constitucional, Sentencia T-649 de 2011. Dicho criterio ha sido reiterado en las sentencias T-553 de 2012, T-553 de
2012; T-713 de 2013, SU-263 de 2015, SU-210 de 2017 y SU-026 de 2021. recientemente en la T-106 de 2024.
19
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00083-01 (3961)
Accionante: Allianz Seguros S.A.
Accionados: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro
85.
Conviene destacar que el principio de subsidiariedad de la acción de tutela exige
que los conflictos jurídicos relacionados con los derechos fundamentales deben
resolverse por las vías jurisdiccionales correspondientes, y solo ante la ausencia de
dichos mecanismos o cuando estos no sean idóneos para evitar un perjuicio
irremediable, resulta admisible acudir al amparo constitucional.
86.
Por lo anterior, se considera que la acción objeto de estudio es improcedente
en el entendido de que el agotamiento efectivo de los medios de defensa judicial no
solo es un acto de diligencia exigible a los ciudadanos frente a sus propios asuntos
procesales, sino un requisito necesario para la procedencia de la acción de tutela
como instrumento de defensa.
4. Conclusión
87. La Sala encuentra que el escrito de tutela no superó el requisito de
subsidiariedad, en la medida en que Allianz Seguros S.A. tiene a su alcance el
mecanismo del recurso extraordinario de revisión para reclamar la protección de los
derechos fundamentales que, en su criterio, fueron vulnerados por el Tribunal
Administrativo de Boyacá.
88. Por lo expuesto, se confirmará la sentencia del 26 de febrero de 2026 proferida
por la Sección Primera del Consejo de Estado, en el entendido que no se reconoce
la improcedencia por falta de relevancia constitucional, sino la falta de cumplimiento
del presupuesto de la subsidiariedad.
5. Decisión
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero: Confirmar la sentencia del 26 de febrero de 2026, proferida por la Sección
Primera del Consejo de Estado, por los motivos contenidos en esta providencia.
Segundo: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00083-01 (3961)
Accionante: Allianz Seguros S.A.
Accionados: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro
Notifíquese y Cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Jorge Édison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.
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