Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2023-04705-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2023-04705-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2023-04705-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
5 de abril de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA VEINTIDÓS ESPECIAL DE DECISIÓN
Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá, D. C., cinco (5) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04705-00
Demandante: Riopaila Castilla S.A.
Asunto: Recurso Extraordinario de Revisión contra la sentencia de 25
de agosto de 2022, proferida por el Consejo de Estado,
Sección Cuarta.
Tema: Causal invocada: existir nulidad originada en la sentencia
que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso
de apelación –numeral 5.º del artículo 250 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA)–. Reiteración de jurisprudencia.
SENTENCIA
La Sala Veintidós Especial de Decisión del Consejo de Estado resuelve el recurso
extraordinario de revisión interpuesto, a través de apoderada judicial, por la
sociedad Riopaila Castilla S.A. La recurrente invocó la causal 5.ª del artículo 250
del CPACA y pretende que se infirme la sentencia de 25 de agosto de 2022,
proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado1.
I. ANTECEDENTES
1. Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
El 12 de diciembre de 2016, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho2, por medio de apoderado judicial, la sociedad
Riopaila Castilla S.A. demandó a la UAE3 de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social –UGPP– para que se declarara la nulidad
del Oficio de Liquidación núm. RDO 484 de 12 de junio de 2015 y de la Resolución
RDC 407 de 1.º de agosto de 2016. Por medio de tales actos administrativos la
demandante fue sancionada por mora e inexactitud en las autoliquidaciones y
pagos de los aportes al sistema de protección social, para los periodos
1 Radicado 25000-23-37-000-2017-00124-01, MP. Estella Jeannette Carvajal Basto.
2 Archivo .pdf «01. CUADERNO […]», contenido en el archivo .zip «RECIBEPRUEBAS_ONEDRIVE_1 […]»,
págs. 4 a 39 del índice 12 de SAMAI, que corresponde al expediente digitalizado 25000-23-37-000-2017-
00124-00.
3 Unidad Administrativa Especial.
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Asunto: Recurso extraordinario de revisión
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Demandante: Riopaila Castilla S.A.
Demandada: UGPP
comprendidos entre enero y diciembre de 2011 y 2013. Los supuestos fácticos
se resumen de la siguiente manera:
El 25 de noviembre de 2014, la Subdirección de Determinación de Obligaciones
de la Dirección de Parafiscales de la UGPP expidió el Requerimiento para
Declarar y/o Corregir núm. 892 contra Riopaila Castilla S.A., por mora e
inexactitud en las autoliquidaciones y pagos de los aportes al sistema de la
protección social sobre los periodos de enero a diciembre de 2011 y 20134.
El 12 de junio de 2015, la autoridad mencionada profirió la Liquidación Oficial
núm. RDO 484, contra Riopaila Castilla S.A., por mora e inexactitud en las
autoliquidaciones y pagos de los aportes al sistema de la protección social de los
periodos de enero a diciembre de 2011 y 2013, por la suma de $ 1.528.305.000,
y la sancionó por inexactitud, respecto de la vigencia de 2013, por el valor de $
203.091.720. El 14 de septiembre de 2015, la demandante interpuso recurso de
reconsideración contra la liquidación oficial.
El 1.º de agosto de 2016 la Dirección de Parafiscales de la UGPP resolvió el
recurso de reconsideración mediante la Resolución núm. RDC 407, en el sentido
de modificar el acto recurrido; disminuyó el valor por mora e inexactitud en las
autoliquidaciones y pagos de los aportes al sistema de la protección social por
los periodos de enero a diciembre de 2011 y 2013, en la suma de $
1.415.896.600, así como la sanción por inexactitud, respecto de la vigencia de
2013, en el valor de $ 158.512.260.
Como fundamento de las pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho,
Riopaila Castilla S.A. alegó que los actos administrativos demandados fueron
expedidos: i) con infracción de las normas en que debían fundarse5; ii) sin
competencia; iii) en forma irregular; iv) con falsa motivación y, iv) desviación de
poder. En ese sentido, la sociedad concretó sus reparos bajo los siguientes
puntos:
I. Objeción general al proceso de fiscalización: los actos de liquidación
incluyeron conceptos que no tienen naturaleza salarial, no es claro el
procedimiento con el que se calcularon las inconsistencias y los funcionarios que
participaron en el proceso de fiscalización no tenían competencia.
4 Según se expuso en la demanda, a través de Requerimiento núm. 20146200611651 de 11 de marzo de
2014, la UGPP pidió a la demandante la información y documentación, entre otros, de los balances de
prueba, cuentas contables, nóminas mensuales de salarios, relación de trabajadores y su vinculación, el
Libro Mayor y de Balances, las Planillas Integradas de Liquidación de Aportes [PILA], correspondientes a
los periodos de enero de 2011 a diciembre de 2013. Posteriormente, pese a que la demandante manifestó
que atendió los requerimientos, mediante autos ADO-2206 y ADO 1360 de 30 de mayo y 3 de julio de 2014,
la Subdirección de Determinación de Obligaciones de la Dirección de Parafiscales de la UGPP ordenó visita
de inspección tributaria en el domicilio de la sociedad.
5 La demandante alegó la vulneración de los artículos 2.º, 4.º, 6.º, 13, 15, 29, 58 y 121 de la Constitución
Política, 9.º del Código Sustantivo del Trabajo, 730.2 del Estatuto Tributario, 156 de la Ley 1151 de 2007,
69 y 72 de la Ley 1437 de 2011, 178 y 180 de la Ley 1607 de 2012, 19 y 21 del Decreto 575 de 2013.
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II. Objeciones sobre los fundamentos procedimentales: en este punto se
alegaron los siguientes cargos:
1. Creación de tercera norma para el desarrollo del proceso administrativo. La
sociedad actora sostuvo que la UGPP adelantó el proceso de fiscalización
con base en los procedimientos contenidos en las Leyes 1151 de 2007 y
1607 de 2012, combinó las normas para crear un procedimiento legal,
configurándose así, lo que la doctrina y la jurisprudencia llaman la «tercera
norma y/o Lex Tertia», lo que impidió conocer la disposición aplicable y
ejercer su derecho de defensa.
2. La liquidación oficial no se emitió de forma completa de acuerdo con las
previsiones de la Ley 1151 de 2007. La demandante explicó que no se
calcularon los intereses de mora causados por los conceptos de no pago
e inexactitud de cada uno de los aportes de 2011 a 2013, pese a que el
artículo 156 de la Ley 1151 de 2007 establece que es un aspecto que debe
contener de manera precisa el acto de liquidación. A su juicio, la obligación
no es clara, expresa y exigible, e imposibilita conocer el monto real,
circunstancia que, por contera, vulneró su derecho al debido proceso.
3. Arrogación de competencias propias de los jueces laborales. La sociedad
indicó que la UGPP al establecer qué pagos son o no salariales, se
atribuyó una competencia que es exclusiva de los jueces laborales,
aunado a que entre las partes de la relación laboral no existía controversia
al respecto.
4. Imposibilidad de imponer sanciones ante la falta de competencia de la
UGPP. La demandante precisó que la Resolución núm. 118 de 6 de marzo
de 2013, que sirvió de fundamento para la sanción impuesta en los actos
administrativos acusados, no fue publicada en la página web de la entidad
ni en la Gaceta del Congreso de la República, por lo que carece del
requisito de publicidad para su vigencia, necesario para su obligatoriedad
y oponibilidad. Agregó que la citada resolución no debió aplicarse por ser
inconstitucional.
III. Objeciones sobre los fundamentos sustanciales. En este punto, se
alegaron los siguientes cargos:
1. La sociedad liquidó en debida forma los aportes al sistema de protección
social.
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2. La UGPP vulneró el artículo 70 del Decreto 806 de 1998, al no incluir la
liquidación de vacaciones en la determinación de las obligaciones de
aportes al sistema de protección social.
3. La UGPP no tuvo en cuenta las novedades de ingreso y retiro del personal.
4. La UGPP incurrió en error al fiscalizar los permisos remunerados.
5. La UGPP calculó erradamente los aportes durante la novedad de
suspensión temporal.
6. La UGPP se extralimitó en sus funciones al revisar las bonificaciones no
constitutivas de salario y el excedente del límite del 40 % en períodos
posteriores o anteriores a los que son fiscalizados.
7. La UGPP no tuvo en cuenta las novedades que daban lugar a la
eliminación de ajustes en el Subsistema de Salud que persisten en el de
pensiones.
8. Los actos demandados tuvieron en cuenta las indemnizaciones otorgadas
por retiro voluntario en el cálculo del IBC6, a pesar de que a partir de los
artículos 53 de la Constitución Política (primacía de la realidad sobre las
formalidades) y 128 del Código Sustantivo del Trabajo (pagos que no
constituyen salario), la indemnización por acuerdo transaccional por retiro
voluntario, aplicado por la sociedad, no puede ser considerada como
salarial y, en consecuencia, no integra el IBC.
9. La mora por aportes al SENA e ICBF es improcedente para los
trabajadores que devengan hasta 10 salarios mínimos mensuales legales
vigentes [SMMLV].
10. La UGPP no tuvo en cuenta el tope máximo de la base de cotización [25
SMMLV].
2. Sentencia de primera instancia
En sentencia de 27 de febrero de 20207, la Subsección B de la Sección Cuarta
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la nulidad parcial de los
6 Ingreso Base de Cotización.
7 Por medio de auto de 20 de abril de 2017 la demanda fue admitida, archivo .pdf «01. CUADERNO […]»,
contenido en el archivo .zip «RECIBEPRUEBAS_ONEDRIVE_1 […]», págs. 249 a 251. En providencia de
15 de junio de 2017 se negó la medida cautelar de suspensión provisional de los actos administrativos
demandados, archivo .pdf «02. CUADERNO […]», contenido en el archivo .zip
«RECIBEPRUEBAS_ONEDRIVE_1 […]», págs. 70 a 85. La audiencia inicial fue celebrada el 4 de julio de
2018, archivo .pdf «01. CUADERNO […]», contenido en el archivo .zip «RECIBEPRUEBAS_ONEDRIVE_1
[…]» págs. 356 a 366. Índice 12 de SAMAI.
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actos demandados, al encontrar que la demandante únicamente logró probar la
configuración de los cargos relacionados con el error en el que incurrió la UGPP
al incluir en la liquidación valores diferentes a los registrados en los documentos
de nómina. En ese sentido, se determinó que la demandada (i) tomó valores y
montos diferentes a los registrados en los comprobantes de pagos (liquidaciones
de contrato) y a los reportados en la nómina mensual de salarios, y (ii) incluyó
pagos (bonificaciones) en períodos diferentes a los reportados por la actora.
Sobre el cargo que la demandante denominó «creación de tercera norma» y
aplicación retroactiva de la Ley 1607 de 2012, argumento este último invocado
en el escrito de alegatos de conclusión, la primera instancia determinó que la
UGPP no desconoció el derecho al debido proceso, pues el hecho de que la
entidad citara las normas sobre la creación y competencia funcional de la entidad
en la parte motiva de los actos administrativos acusados, no significaba la
creación de un tercer cuerpo normativo, en términos del Tribunal:
No comparte la Sala el argumento de la sociedad demandante, consistente en que
por el hecho de citarse en los actos acusados las normas que contemplan las
facultades y competencias de la UGPP se conjuguen dos procedimientos, pues
analizadas las resoluciones, se observa que la entidad hace referencia a la Ley
1151 de 2007, con el fin de poner en conocimiento la norma que creó la UGPP; se
relacionan los Decretos Reglamentarios Nos. 169 de 2008 y 575 de 2013 que
contemplan las competencias funcionales de las dependencias de la entidad; el
artículo 178 de la Ley 1607 de 2012 que reitera la competencia de la entidad en
materia de parafiscales; y las normas del Estatuto Tributario que se aplican de
forma residual; con el objeto de que el aportante tenga conocimiento del sustento
legal para la expedición de los actos.
En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, la primera instancia
ordenó a la UGPP: (i) corregir y efectuar los cálculos correspondientes,
considerando los montos registrados en los comprobantes de pago y la nómina
reportada por la empresa aportante; y, (ii) subsanar el yerro respecto de la
inclusión de pagos (bonificaciones) en periodos diferentes a los reportados por la
demandante en su nómina de salarios. Por otra parte, negó las demás
pretensiones y se abstuvo de condenar en costas8.
3. Recursos de apelación
3.1. La sociedad Riopaila Castilla S.A. impugnó la sentencia de primera
instancia y solicitó que se accediera a las pretensiones, esto es, que se declarara
la nulidad total de los actos administrativos demandados. Sostuvo que el Tribunal
no estudió la aplicación retroactiva de la Ley 1607 de 2012. Indicó que, en virtud
del principio de irretroactividad de la ley, a los períodos fiscalizados de 2011 no
les aplicaba la Ley 1607 de 2012, sino el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007,
8 Archivo .pdf «01. CUADERNO […]», contenido en el archivo .zip «RECIBEPRUEBAS_ONEDRIVE_1 […]»,
págs. 446 a 496 del índice 12 de SAMAI.
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que remite al Estatuto Tributario para los aspectos no regulados: como el término
de firmeza de las declaraciones. En ese sentido, señaló que para la fecha en la
que se notificó el requerimiento para declarar y/o corregir, las declaraciones de
2011 contenidas en las Planillas Integradas de Liquidación de Aportes estaban
en firme, porque habían transcurrido los 2 años que prevé el artículo 714
ejusdem; por tanto, la potestad sancionatoria de la administración había
caducado.
Por otra parte, la demandante reiteró que la Subdirección de Determinación de
Obligaciones Parafiscales no tenía competencia para proferir la liquidación oficial.
En ese sentido indicó que los Decretos 5021 de 2009 y 575 de 2013, que
contemplan las funciones de la entidad y sus dependencias, fueron proferidos por
el presidente de la República por fuera del plazo concedido de seis (6) meses por
el legislador en el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007. Por tanto, solicitó su
inaplicación vía excepción de inconstitucionalidad, además, alegó que con dichos
decretos no se podían asignar competencias y funciones al interior de la UGPP,
por carecer de fuerza de ley. Igualmente, insistió en que la demandada se
atribuyó las funciones de los jueces laborales cuando constató los pagos
percibidos por los trabajadores y determinó cuáles constituían o no salario.
A su vez, la apelante alegó que el Tribunal no valoró las pruebas decretadas en
el proceso y no estudió la totalidad de las relaciones de trabajo sobre los cuales
solicitó su revisión en la demanda, en cuanto a las novedades de las licencias y/o
permisos no remunerados, y vacaciones, así como los montos a cotizar por estos
aspectos.
Finalmente, la sociedad actora explicó que para los trabajadores que percibieron
salario integral, el límite de 10 SMMLV para la exoneración de los aportes al ICBF
y SENA se debía determinar con el IBC en salud, es decir, sobre lo que
corresponde a la parte salarial (70 %)9.
3.2. La UGPP solicitó revocar la sentencia de primera instancia y que se
mantuvieran incólumes los actos administrativos demandados. En cuanto a los
cargos que para el Tribunal se configuraron, alegó lo siguiente:
1. En lo relacionado con los mayores valores que tomó para determinar la
liquidación, la UGPP precisó que la sociedad demandante solo tuvo en cuenta
los días laborados, por lo que incurrió en la conducta de inexactitud al haber
pagado sobre un IBC inferior al que correspondía. Adicionalmente, sostuvo que
es obligación del empleador cancelar los días de incapacidad y, por ende,
tenerlos en cuenta para el cálculo del IBC, de acuerdo con el parágrafo 1.º del
artículo 40 del Decreto 1406 de 1999.
9 Archivo .pdf «34_RECIBEMEMORIAL […]», índice 10 de SAMAI del radicado 25000-23-37-000-2017-
00124-01.
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2. Respecto del cargo atinente a los pagos por bonificaciones que no fueron
reportadas en la nómina de la mensualidad fiscalizada, la UGPP explicó que las
bonificaciones se registraron en la contabilidad de la demandante, motivo por el
cual, la entidad incluyó los valores y las calificó como no constitutivas de salario,
por tanto, los ajustes debían mantenerse. Además, indicó que en los casos en
que el pago de las bonificaciones no se realizó en el período fiscalizado, los
ajustes fueron eliminados o modificados10.
4. Sentencia de segunda instancia
En sentencia de 25 de agosto de 202211, la Sección Cuarta de esta corporación
resolvió lo siguiente:
1. DECLARAR fundado el impedimento manifestado por el magistrado Milton
Chaves García. En consecuencia, queda separado del conocimiento de este
proceso.
2. MODIFICAR el ordinal segundo de la sentencia del 27 de febrero de 2020,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta,
Subsección “B”, el cual queda así:
SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, ORDENAR a la UGPP realizar
una nueva liquidación en la que: (i) corrija y efectúe los cálculos correspondientes,
considerando los montos registrados en los comprobantes de pago (liquidaciones de
contrato) y la nómina reportada por la empresa aportante, (ii) subsane el yerro respecto
de la inclusión de pagos (bonificaciones) en periodos diferentes a los reportados por la
demandante en su nómina de salarios, (iii) reliquide los aportes al ICBF y SENA en los
casos de los trabajadores que devengaron salario integral en los periodos de mayo a
diciembre de 2013, sobre un IBC del 70% de la remuneración, atendiendo el límite de
10 SMMLV, (iv) realice el ajuste en relación con Cesar Ignacio Garay (salud, pensión,
FSP y ARL - diciembre 2011), teniendo en cuenta como IBC la suma de $5.797.500 y
(v) disminuya la sanción por inexactitud de forma proporcional a los aportes.
La UGPP deberá proceder a la devolución de los valores que resulten de la reliquidación
ordenada en esta providencia, siguiendo para el efecto el procedimiento establecido en
el artículo 311 de la Ley 1819 de 2016, previa verificación de los pagos realizados por
la aportante.
3. CONFIRMAR en lo demás, la sentencia apelada.
4. Sin condena en costas en esta instancia.
En primer lugar, como cuestión previa12, frente al cargo propuesto por la sociedad
demandante relacionado con la creación de una tercera norma para aplicar en el
10 Archivo .pdf «33_RECIBEMEMORIAL […]», índice 10 de SAMAI del radicado 25000-23-37-000-2017-
00124-01.
11 Índice 34 de SAMAI del radicado 25000-23-37-000-2017-00124-01.
12 Asimismo, como cuestión previa en la providencia de segunda instancia se resolvió el impedimento
manifestado por el magistrado Milton Chaves García, el cual se declaró fundado al encontrar configurada la
causal prevista en el numeral 1.º del artículo 141 del CGP. Por tanto, el consejero de Estado no participó en
la decisión objeto del recurso extraordinario de revisión.
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proceso de fiscalización, la Sección Cuarta del Consejo de Estado explicó que
en la apelación ese cargo fue desarrollado a partir de la firmeza de las
declaraciones PILA del año 2011, pero así no fue propuesto en la demanda. Por
tanto, como la UGPP no tuvo oportunidad de contradecirlo y el Tribunal de
analizarlo de esa forma, el ad quem se abstuvo de abordar su estudio con
fundamento en los artículos 320 y 328 del Código General del Proceso.
En segundo lugar, en un acápite que se denominó «[e]l fondo del asunto»,
respecto de (i) la alegada excepción de inconstitucionalidad de los Decretos 5021
de 2009 y 575 de 2013, y (ii) la falta de competencia para proferir los actos
demandados, la segunda instancia desestimó los argumentos de la demandante.
En ese sentido, frente al primer punto, la Sala explicó que el término de los 6
meses concedidos al presidente de la República para expedir normas con fuerza
de ley que determinen las funciones y el sistema específico de carrera para los
empleados de la UGPP, previsto en el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, se
predica respecto de los Decretos 168 y 169 de 2008, por medio de los cuales el
Gobierno nacional estableció el sistema específico de carrera de la UGPP y
reglamentó el ejercicio de las funciones de la entidad13, pero ese plazo no se
podía hacer extensivo a los Decretos 5021 de 2009 y 575 de 2013, porque fueron
dictados por el primer mandatario en ejercicio de las facultades conferidas por el
numeral 16 del artículo 189 de la Constitución Política. Por tanto, se concluyó que
no existía contrariedad con normas de rango superior que condujera a la
inaplicación alegada por la demandante por vía de la excepción de
inconstitucionalidad.
En cuanto al segundo punto, conforme al estudio de los artículos 156 de la Ley
1151 de 2007, 1.º del Decreto 169 de 2008, 7.º, 19.8 y 21.10 del Decreto 575 de
2013, derogatorio del Decreto 5021 de 2009, el ad quem explicó que la
Subdirección de Determinación de Obligaciones Parafiscales de la UGPP tiene
asignada la competencia de fiscalización y determinación de las contribuciones
al sistema de la protección social, en virtud de la cual: puede adelantar las
acciones e investigaciones con el objeto de verificar el cumplimiento de las
obligaciones con el sistema, comprobar la exactitud de las declaraciones de
autoliquidación y, determinar la liquidación de aportes, lo que comprende tanto la
aplicación de las normas laborales para efectos de establecer el IBC así como
realizar la valoración probatoria que estime pertinente. Por tanto, los actos
demandados fueron proferidos por la autoridad competente en uso de las
facultades que le confieren la ley y los reglamentos.
A su vez, sobre las novedades de licencias no remuneradas que alegó la
sociedad actora, el ad quem verificó las pruebas del proceso e indicó que el a
quo las valoró. Advirtió que, contrario a lo alegado por Riopaila Castilla S.A., el
13 En este punto, la Sección Cuarta del consejo de Estado reiteró la postura expuesta en la sentencia de 15
de octubre de 2021, radicado 25000-23-37-000-2014-01020-01, MP. Stella Jeannette Carvajal Basto.
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cargo no se demostró en la primera instancia. En todo caso, a partir de las
pruebas allegadas al plenario, se evidenció que no existían las novedades de
suspensiones o de licencias no remuneradas alegadas por la demandante y se
precisó que en la apelación no fue desvirtuada esa situación, razón por la cual,
el cargo no prosperó.
Seguidamente, en cuanto al argumento de Riopaila Castilla S.A. respecto del IBC
de aportes al sistema de la protección social en los eventos de vacaciones, la
segunda instancia analizó los casos indicados por la apelante sobre los que se
calcularon los aportes con destino a los sistemas de salud y pensión por el
periodo abril de 2011, y concluyó que la entidad lo liquidó como lo ordena el
artículo 70 del Decreto 806 de 1998, esto es, teniendo en cuenta la base de
cotización reportada con anterioridad al inicio del disfrute del descanso, por tanto,
el cargo no prosperó; no obstante, en uno de los casos alegados en la alzada14,
se advirtió que la UGPP incluyó bonificaciones que no se encontraban en la
nómina de salarios de la actora, por lo que debía subsanarse dicho error
excluyéndolas del IBC.
A su vez, en cuanto al cargo atinente a la exoneración de los aportes a
trabajadores que devenguen menos de 10 SMMLV a favor del ICBF y del SENA,
a partir de las previsiones de los artículos 25 y 31 de la Ley 1607 de 2012, la
Sección Cuarta de esta corporación explicó que la exoneración del pago de los
aportes parafiscales (ICBF y SENA) es para los trabajadores que devenguen
hasta 10 SMMLV, entendido dicho límite, en función de los pagos que
naturalmente integrarían el IBC, es decir, aquellos calificados según las normas
laborales como salariales, por lo que tratándose de los trabajadores vinculados
bajo la modalidad de salario integral, el referido límite se calculará a partir del
porcentaje salarial (70 %), que es el que integra la base gravable, no sobre el
prestacional (30 %), igualmente, precisó que la exoneración aplicaba a partir del
1.º de mayo de 2013. En ese contexto, los períodos fiscalizados en el caso
concreto fueron los de enero a diciembre de 2011 y 2013, por lo tanto, se analizó
el cargo en cuanto a los ajustes que se generaron por los meses de mayo a
diciembre de 2013 y que identificó la demandante en su apelación, para concluir
que prosperaba el cargo, pero solo frente a tres trabajadores15 porque el factor
salarial era inferior a 10 SMMLV; en consecuencia, se determinó que la UGPP
debió aplicar la exoneración, teniendo en cuenta el porcentaje salarial (70 %).
Por otra parte, en cuanto a los argumentos de la apelación de la UGPP, el ad
quem consideró que le asistía razón a la entidad en cuanto a que los ajustes con
novedades de retiro e incapacidad en el mismo período, a partir de las
previsiones de los artículos 704 del Decreto 806 de 1998 y 40 del Decreto 1406
de 1999, el IBC debe calcularse sobre el valor diario por los días laborados y de
14 Trabajador: César Ignacio Garay
15 Trabajadores: Yovanny Hue Sola, Juan Carlos Montes de Oca Victoria y Antonio José Lozano.
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Demandante: Riopaila Castilla S.A.
Demandada: UGPP
incapacidad, motivo por el cual, se confirmaron los ajustes realizados en los actos
administrativos demandados. Sin embargo, en cuanto a la integración al IBC de
bonificaciones reportadas en la contabilidad y no en la nómina, la segunda
instancia no le halló la razón a la demandada, por cuanto, al momento de liquidar
tuvo en consideración, además de los conceptos de sueldo y auxilio –cálculo cuyo
límite previó el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010–, una bonificación que no
aparecía reportada en la información de nómina ni en la contable16, en
consecuencia; no se podía computar en el IBC, pues se corroboró lo concluido
por el Tribunal en tal sentido, esto es, que la UGPP tomó valores no registrados
en la nómina de salarios.
II. RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
1. Escrito contentivo del recurso
El 28 de agosto de 2023, por medio de apoderada judicial, la sociedad Riopaila
Castilla S.A. presentó recurso extraordinario de revisión17 contra la sentencia
que, en segunda instancia, la Sección Cuarta del Consejo de Estado profirió el
25 de agosto de 2022, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho con radicado 25000-23-37-000-2017-00124-01. La recurrente
formuló las siguientes solicitudes (se transcriben in extenso inclusive con errores
en el texto):
1. Se declare fundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto en contra
de la Sentencia del 25 de agosto de 2022, proferida por la Sección Cuarta del
Consejo de Estado, Consejera Ponente: Doctora Stella Jeannette Carvajal Basto.
2. Como consecuencia de lo anterior, ordenar:
2.1. Devolver el proceso a la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Despacho de
la Doctora Stella Jeannette Carvajal Basto, o quien haga sus veces.
2.2. Dictar sentencia guardando congruencia entre lo solicitado por mi
representada en el recurso de la apelación presentado contra la sentencia del 27
de febrero de 2020 proferida por la Sección Cuarta – Subsección B del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y la sentencia de segunda instancia[18].
En el escrito contentivo del recurso se invocó la causal 5.ª del artículo 250 del
CPACA, por cuanto se considera que la decisión de 25 de agosto de 2022 es nula
porque desconoce la garantía al debido proceso constitucional, por falta de
congruencia entre lo pedido y lo fallado19 «minuspetita», según los artículos 281
y 328 del CGP.
16 Trabajadora: Gloria Elcy Gómez Gómez.
17 Índice 2 de SAMAI.
18 Archivo .pdf «ED_SFADOC […]», pág. 10 y 11, índice 2 de SAMAI.
19 Sobre la falta de congruencia en el escrito se citaron apartes de las siguientes sentencias: «Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Catorce Especial de Decisión, sentencia del 13 de
octubre de 2020, número único de radicación 11001-03-15-000-2019-00119-00-(REV), C.P. Alberto
Montaña Plata. […] Consejo de Estado - Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 3 de
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Asunto: Recurso extraordinario de revisión
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Demandante: Riopaila Castilla S.A.
Demandada: UGPP
La recurrente sustentó la configuración de la causal en el hecho de que la
sentencia cuya revisión se solicita modificó el ordinal segundo de la decisión
apelada y negó las demás pretensiones de la demanda, a pesar de haberse
presentado como argumento de la demanda y de la apelación el cargo
«CREACIÓN DE TERCERA NORMA – IRRETROACTIVIDAD DE LA NORMA-
CADUCIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA – FIRMEZA DE LAS
DECLARACIONES – FALSA MOTIVACIÓN, en relación con la Lex Tercia». Explicó
que el fallo de segunda instancia, a pesar de «declarar la firmeza de los actos
administrativos» demandados, no estudió el cargo mencionado que «es, sin duda
alguna, uno de los principales pilares jurídicos sobre los cuales se planteó la
demanda». Explicó que la primera instancia lo resolvió de manera desfavorable,
razón por la cual, fue objeto del recurso de apelación por parte de la recurrente,
reiterado al alegar de conclusión en segunda instancia, sin embargo, no se emitió
pronunciamiento judicial sobre el mismo. Igualmente, sostuvo lo siguiente:
[E]n la sentencia de segunda instancia, de manera errada, se decidió analizar
únicamente uno de los supuestos del cargo (el relacionado con la firmeza de los
actos administrativos) pretermitiendo estudiar la totalidad del cargo planteado, en
particular, el argumento relacionado con la Creación de la Tercera Norma, pese a
que (i) dicho silogismo fue planteado desde la demanda, (ii) la UGPP tuvo la
oportunidad de contradecirlo, y (iii) el Tribunal de primera instancia lo analizó.
Finalmente señaló que el vicio alegado se configuró en el momento procesal en
que se profirió la sentencia y corresponde a un desconocimiento grave o
insanable de una ritualidad sustancial propia de esa actuación, como lo es, «la
falta de consonancia entre lo pedido en el recurso de apelación y lo resuelto,
omisión del Consejo de Estado que vulnera el derecho a la defensa y el debido
proceso [y, por tanto,] torna nula la decisión».
2. Auto admisorio
Por medio de auto dictado el 12 de septiembre de 202320, se admitió el recurso
extraordinario de revisión y se ordenó notificar a la recurrente, a la UGPP, al
Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
Igualmente, en la providencia se solicitó a la Secretaría del Tribunal
marzo de 2020, radicado 11001-03-15-000-2019- 03970-00, Consejera Ponente: Rocío Araujo Oñate […]
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 15 Especial de Decisión, Sentencia
de 7 de abril de 2015, Radicado 2013-02724-00(REV) 28 6 (Consejo de Estado) Consejo de Estado – Sala
de lo Contencioso Administrativo – Sección Cuarta. Sentencia de 16 de agosto de 2002. Expediente:
760012324000199704345-01 (12668). Actor: Productora de Papeles Propal S.A. Demandado: Municipio de
Yumbo – Valle del Cauca. C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié».
20 Índice 6 de SAMAI, en la admisión de la demanda se solicitó «a la sociedad recurrente que en el término
de cinco (5) días, aporte copia de la «Escritura Pública No. 0461 del 27 de marzo de 2023 Notaria Doce de
Cali, inscrit[a] en esta Cámara de Comercio el 04 de mayo de 2023 con el No. 54 del Libro V», con el fin de
que dicho documento obre en el presente trámite», dicho requerimiento fue atendido por la parte recurrente
tal y como consta en el índice13 de SAMAI.
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Administrativo de Cundinamarca que remitiera el expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicación: 25000-23-37-000-2017-00124-0021.
3. Contestación
A través de apoderada judicial, la UGPP presentó, el 2 de octubre de 2023,
escrito de oposición22. Sostuvo que no es cierto que la sentencia objeto del
recurso extraordinario de revisión no se pronunciara sobre el punto de oposición
titulado «CREACIÓN DE TERCERA NORMA – IRRETROACTIVIDAD DE LA NORMA-
CADUCIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA – FIRMEZA DE LAS
DECLARACIONES – FALSA MOTIVACIÓN», pues la Sección Cuarta del Consejo
de Estado motivó suficientemente la razón para no abordar el fondo de ese
reparo, esto es, porque la firmeza de las declaraciones no se interpuso como
cargo desde la demanda.
Para sustentar lo anterior, transcribió los argumentos del cargo «CREACIÓN DE
TERCERA NORMA», formulado por la recurrente en el escrito de apelación, y
alegó que, «es claro que sólo se sustenta el argumento de la firmeza de la
declaración, como también lo entendió el Consejo de Estado»; en ese sentido,
explicó que, bajo ese contexto, el cargo no fue planteado en la demanda inicial y
que la recurrente pretendió subsanar su omisión en la segunda instancia al
corregirlo, pero «su maniobra» busca «hoy mediante [el] recurso extraordinario
de revisión revivir la discusión, invocando una nulidad inexistente», la cual sí se
hubiera configurado por falta de congruencia de haberse resuelto como se
planteó en el escrito de alzada.
Finalmente, la entidad manifestó que no existe incongruencia de la sentencia ni
nulidad originada en ella, y, que la demandante tuvo la oportunidad de pedir la
adición o aclaración del fallo, por lo que estima que la nulidad alegada quedó
saneada por no ser alegada en su oportunidad.
4. Concepto del Ministerio Público
El procurador quinto delegado ante el Consejo de Estado rindió concepto en el
presente asunto y solicitó que se declarara infundado el recurso extraordinario de
revisión23. En primer lugar, relató las actuaciones del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho que culminó con la sentencia de 22 de agosto de
2021 y recapituló el trámite del recurso extraordinario de revisión. Seguidamente,
se refirió a los criterios generales fijados por esta corporación respecto del
21 El expediente fue remitido de forma digital por la Secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
como consta en el índice 12 de SAMAI.
22 Índice 17 de SAMAI.
23 Índice 14 de SAMAI.
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recurso extraordinario de revisión, así como a la causal 5.ª del artículo 250 del
CPACA y los casos en que se configura24.
En relación con el caso concreto, el Ministerio Público manifestó que no advertía
vulneración al debido proceso por falta de congruencia, toda vez que, la Sección
Cuarta del Consejo de Estado aclaró que no se pronunciaría sobre el cargo de la
«Creación de tercera norma», ya que la recurrente propuso nuevos argumentos
al momento de estructurarlo, pues se pretendió en el recurso de apelación la
declaratoria de la firmeza de las declaraciones PILA del año 2011. En ese
sentido, señaló que sí hubo un pronunciamiento por parte del ad quem, que el
principio de congruencia no puede considerarse desconocido por el hecho de que
no se accediera al cargo y, que el recurso de apelación no es la oportunidad para
plantear nuevos argumentos que no fueron expuestos en la demanda.
5. Auto de pruebas
Por medio de auto de 18 de octubre de 202325, el ponente dispuso tener como
prueba trasladada la obrante en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho que se tramitó con la radicación n.º 25000-23-37-000-2017-00124-00. A
su vez, se reconoció personería a la apoderada de la UGPP26.
6. Impedimento
Una vez vencido el periodo probatorio, el expediente pasó al Despacho
sustanciador el 8 de febrero de 2024, para dictar sentencia. El día 13 de ese mes
y año se registró proyecto de fallo para ser discutido por la Sala Veintidós
Especial de Decisión el 19 de febrero de 2023. El doctor Milton Chaves García
24 Entre otras, citó: «(i) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 26 de mayo de 2010,
radicado 20001-23-31-000-2001-01504-01(35221); (ii) Consejo de Estado, sentencia de 2 de marzo
de 2017, exp. 35392; (iii) sentencia de 29 de agosto de 2014, exp. 34016; (iv) Consejo de Estado,
sentencia de 20 de octubre de 2009, radicado 11001-03-15-000-2003-00133-00 (REV); (v) Consejo
de Estado, sentencia de 2 de marzo de 2017, exp. 35392 y de 1.° de diciembre de 2010, radicado
11001-03-15-000-2008-00480-00 (REV); (vi) Consejo de Estado, sentencia de 12 de febrero de
2014, exp. 41859, (vii) Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 16, sentencia de 5 de mayo
de 2020, radicado 11001-03-15-000-2017-02519-00; (viii) Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, sentencia del 7 de octubre de 2019, radicado 11001 -33-31-035-2008-00180-01; (ix)
Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 26, sentencia del 14 de agosto de 2018, radicado
11001-03-15-000-2014-03093-00; (x) Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 18 de noviembre de 2018, radicado 11001-03-25-000-2015-00996-00 y; (xi) Consejo
de Estado, Sala Especial de Decisión 13, sentencia del 7 de junio de 2016, radicado
11001031500020150249300».
25 Índice 19 de SAMAI.
26El 25 de enero de 2024, con fundamento en el artículo 76 del CGP, la apoderada de la UGPP presentó
renuncia al poder conferido por la UGPP. En consecuencia, en providencia de 29 de enero de 2024, el
ponente requirió al extremo pasivo del proceso ordinario para que, se sirviera allegar el poder debidamente
conferido a un nuevo abogado para que continuara con su representación judicial en el presente trámite
[índices 28 a 30 de SAMAI]. El 7 de febrero de esta anualidad, el abogado John Fredy Abril Pinzón allegó
poder especial otorgado por la Subdirección Jurídica de Parafiscales de la Dirección Jurídica de la UGPP,
para que continúe con la representación judicial de la entidad en este trámite [índice 34 de SAMAI]. Por
tanto, se reconocerá al profesional del derecho mencionado como representante de la UGPP en la parte
resolutiva de esta providencia.
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manifestó impedimento, con fundamento en el numeral 1.º del artículo 141 del
CGP.
En auto de 29 de febrero de esta anualidad, sin la participación del mencionado
magistrado, esta Sala Especial de Decisión declaró infundado el impedimento
manifestado al no encontrar que se configurara la causal invocada y al no advertir
circunstancia alguna que afecte el principio de imparcialidad judicial con la
participación del doctor Milton Chaves García para resolver este medio
excepcional de impugnación27.
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Presupuestos procesales
1.1. Competencia
De acuerdo con el inciso 1.º del artículo 249 del CPACA, la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo sin exclusión de la sección que profirió la decisión,
conoce de los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las
secciones o subsecciones del Consejo de Estado.
Asimismo, corresponde precisar que el artículo 107 del CPACA creó las Salas
Especiales de Decisión de esta Corporación y que el Acuerdo 321 del 2 de
diciembre de 2014, expedido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, reglamentó su integración y funcionamiento.
Por su parte, el numeral 1.º del artículo 29 del Acuerdo 080 de 2019, asignó la
competencia a las Salas Especiales de Decisión sobre los recursos
extraordinarios de revisión interpuestos contra las sentencias de las Secciones o
Subsecciones del Consejo de Estado.
De acuerdo con lo anterior, la Sala Veintidós Especial de Decisión del Consejo
de Estado es competente para conocer la demanda de revisión contra la
sentencia proferida el 25 de agosto de 2022, proferida en segunda instancia por
la Sección Cuarta del Consejo de Estado, en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho que la sociedad Riopaila Castilla S.A. promovió
contra la UAE de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social –UGPP– con el fin de que, entre otras, se declarara la nulidad
del Oficio de Liquidación núm. RDO 484 de 12 de junio de 2015 y de la Resolución
RDC 407 de 1.º de agosto de 2016, actos administrativos por medio de los cuales
la recurrente fue sancionada por mora e inexactitud en las autoliquidaciones y
27 Asimismo, en el citado auto se reconoció personería al abogado John Fredy Abril Pinzón para que actúe
en este trámite como apoderado de la Nación – Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP–.
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pagos de los aportes al sistema de protección social, para los periodos
comprendidos entre enero y diciembre de 2011 y 2013.
1.2. Oportunidad
El recurso extraordinario de revisión fue presentado dentro del término
establecido en el artículo 251 del CPACA, toda vez que, la sentencia que se
pretende infirmar fue dictada el 25 de agosto 2022, por la Sección Cuarta del
Consejo de Estado, notificada electrónicamente, por medio de estado, de
conformidad con las previsiones del artículo 203 del CPACA, el día 5 de
septiembre de 2022, de tal manera que cobró ejecutoria el 8 de septiembre de
202228 y la demanda de revisión fue interpuesta el 28 de agosto de 2023, por
ende, se presentó dentro del término previsto en la precitada norma.
1.3. Legitimación en la causa
En punto a este presupuesto procesal, considera la Sala que la sociedad Riopaila
Castilla S.A. está legitimada en la causa por activa, toda vez que tuvo la calidad
de parte activa en el proceso en el que se dictó la sentencia objeto del recurso
extraordinario de revisión. A su vez, la UGPP tiene legitimación ad prosesum por
pasiva por cuanto fue el extremo demandado en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 25000-23-37-000-2017-00124-01.
2. Problema jurídico
Conforme con los planteamientos expuestos en el recurso extraordinario de
revisión, corresponde a la Sala determinar si es procedente infirmar la sentencia
dictada, el 25 de agosto de 2022, por la Sección Cuarta del Consejo de Estado,
que modificó la providencia de 27 de febrero de 2020 de la Subsección B de la
Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca a través de la cual
se declaró la nulidad parcial de los actos administrativos demandados.
Para el efecto se deberá establecer si en el caso concreto se configura la causal
de revisión referida a existir nulidad originada en la sentencia (art. 250.5
CPACA) por la presunta vulneración del debido proceso por falta de congruencia
entre los argumentos expuestos por la apelante y lo fallado para lo cual se deberá
establecer si el juez de segunda instancia dejó de resolver un punto objeto del
recurso de alzada, concretamente lo referente al cargo que la sociedad Riopaila
Castilla S.A. denominó «Creación de tercera norma».
En este orden de ideas, la Sala abordará el estudio de los siguientes ejes
temáticos: i) generalidades del recurso extraordinario de revisión; ii) la causal
28 Según la constancia de la Secretaría de la Sección Cuarta de esta corporación, aportada por la recurrente
pág. 286 del documento .pdf «ED_PRUEBAS […]» del índice 2 de SAMAI.
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quinta de revisión, consistente en existir nulidad originada en la sentencia que
puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación, y iii) con
base en lo anterior, se resolverá el caso concreto.
2.1. Generalidades del recurso extraordinario de revisión29
El recurso extraordinario de revisión constituye un medio de impugnación
excepcional contra la sentencia, el cual, permite el rompimiento del principio de
cosa juzgada y su finalidad se contrae a restablecer tanto el imperio de la justicia,
como la vigencia del ordenamiento jurídico, que pueden resultar quebrantados
por decisiones injustas.
Este recurso, está regulado en los artículos 248 y siguientes del CPACA30, y su
ámbito de acción está restringido a las causales previstas por el legislador, las
cuales no admiten interpretaciones extensivas dado que comportan situaciones
excepcionales a la institución jurídico procesal de la cosa juzgada.
Las causales de revisión están previstas en el artículo 250 del CPACA, y en
síntesis se refieren a hechos como la falsedad, el fraude, el error, la aparición de
documentos decisivos que hubieren modificado el sentido de la decisión o incluso
la violación al debido proceso, y se trata de causales que no aluden a errores
sustanciales que puedan derivarse de la falta de aplicación, la aplicación
indebida o la interpretación errónea de una norma sustancial, es decir, como
lo ha precisado esta corporación, «no es un recurso que proceda por violación
de la ley»31. En otras palabras, «el recurso extraordinario de revisión no da cabida
a cuestionamientos sobre el criterio con que el juez interpretó o aplicó la ley en
la sentencia.»32.
Las sentencias susceptibles del recurso a voces del artículo 248 del CPACA
son «las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de
la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los
Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos».
29 Sobre las generalidades del recurso extraordinario de revisión pueden consultarse, entre otras sentencias:
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 2 de marzo de 2010, Rad.
REV-2001-00091, 6 de abril de 2010, Rad. REV-2003-00678, 12 de julio de 2005, Rad. REV-1997-00143-
02, 14 de marzo de 1995, Rad. REV-078, 16 de febrero de 1995, Rad. REV-070, 20 de abril de 1993, Rad.
REV-045 y 11 de febrero de 1993, Rad. REV-037; Sección Tercera, sentencia de 22 de abril de 2009, Rad.
35995 y Sección Quinta, sentencia de 15 de julio de 2010, Rad. 2007-00267. Cita original: Consejo de
Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 17 de julio de 2013, radicado 11001-03-
15-000-2012-00231-00, MP. Alberto Yepes Barreiro.
30 Con las modificaciones introducidas por la Ley 2080 de 2021, arts. 68, 69 y 70.
31 Cfr., Consejo de Estado, Sala Tres Especial de Decisión, sentencia de 4 de agosto de 2021, radicado
11001031500020210061000, MP. Julio Roberto Piza Rodríguez.
32 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 17 de julio de 2013,
radicado 11001-03-15-000-2012-00231-00.
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Demandada: UGPP
En suma, este medio de impugnación excepcional no está previsto para corregir
los yerros cometidos por las partes en el litigio que dio origen a la sentencia
recurrida, ni para mejorar el acervo probatorio, o para alegar hechos no
expuestos ante el juez natural del proceso, sino para garantizar el derecho al
debido proceso y el restablecimiento de la justicia material.
De manera que, como lo ha indicado esta corporación, el recurso extraordinario
de revisión no constituye una tercera instancia dentro del proceso, en la que se
puede intentar una nueva valoración de la prueba para replantear el litigio o
provocar una interpretación adicional de las normas aplicables al caso concreto.
En efecto, sobre el particular, la Corte Constitucional, en sentencia SU-026 de
202133, a partir de la jurisprudencia de esta corporación, explicó lo siguiente:
5.5. Respecto de la tipología y comprensión particular de estas causales, el
Consejo de Estado precisó que, a excepción del numeral 4°, ninguno de los
numerales que posibilitan la revisión extraordinaria apuntan a reabrir el debate
jurídico ni refutan el criterio con que el juez interpretó o aplicó la ley. Por el
contrario, las causales cuestionan puntualmente las irregularidades procesales y
probatorias que afectaron la integridad de la decisión y vulneraron los derechos de
las partes. Al respecto, dicha autoridad judicial expuso que “las causales de los
numerales 5 y 8 son de índole procesal, mientras que las causales de los
numerales 1, 2, 3, 6 y 7 recaen sobre aspectos que atañen a la validez o
insuficiencia de los elementos de prueba que determinaron el sentido de la
decisión34.
5.6. Lo anterior erige al recurso extraordinario de revisión en materia contencioso-
administrativa como un medio de defensa idóneo y eficaz cuando la vulneración
del derecho al debido proceso tiene origen en un fallo judicial que se encuentra
ejecutoriado. De hecho, la jurisprudencia constitucional ha reconocido la innegable
semejanza entre la acción de tutela y el recurso de revisión cuando se busca
proteger este derecho […].
2.2. La causal de revisión consistente en la nulidad originada en la
sentencia que puso fin al proceso
De conformidad con el numeral 5.º del artículo 250 del CPACA, «[s]on causales
de revisión: 5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y
contra la que no procede recurso de apelación».
Como se desprende claramente de la norma, para configurar esta causal es
necesario que concurran dos supuestos: el primero, que la nulidad se origine en
la sentencia que puso fin al proceso y, el segundo, que contra el fallo cuestionado
no proceda recurso de apelación. Lo anterior, por cuanto los posibles vicios que
33 Corte Constitucional, referencia: Expediente T-7.826.947, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
34 Consejo de Estado, Sala Cuarta Especial de Decisión, sentencia del 7 de febrero de 2017, rad. 11001-03-
15-000-2013-02042-00(REV), MP. Lucy Jeannette Bermúdez.
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pudieran invalidar la decisión deben ser alegados por la parte interesada, a través
del recurso de alzada, ante el juzgador de segunda instancia 35.
En cuanto al primer supuesto, es importante recordar que el legislador no definió
los eventos constitutivos de la nulidad originada en la sentencia36, es decir, se
trata de un texto en blanco37, por lo que, la jurisprudencia de esta corporación,
con el fin de establecer su alcance, a partir de los supuestos legales de la nulidad
procesal y el artículo 29 de la Constitución Política, ha dotado de contenido el
enunciado normativo, sin que se desfigure la naturaleza extraordinaria del
recurso de revisión. De esta manera, se han identificado dos grupos de nulidades
que configuran la causal38, a saber:
El primer grupo está conformado por las irregularidades que constituyen las
causales taxativas de nulidad procesal previstas en el artículo 133 del CGP, pero
examinadas como vicios que tengan origen en la sentencia, toda vez que no se
trata de figuras idénticas, por cuanto solo interesa a este medio extraordinario los
vicios graves e insaneables que surgen al momento de la expedición del fallo y
no los acaecidos en etapas anteriores, habida cuenta que los defectos procesales
que ocurran con anterioridad a la expedición, deben seguir la regla de
oportunidad para ser alegados en el proceso ordinario39.
Es así como se ha sostenido que este límite temporal y material impide que
emerja una confusión entre el instrumento de corrección y/o saneamiento del
proceso o de ser un hecho constitutivo de nulidad insaneable, con el de
realización de la justicia material que subyace al recurso extraordinario de
revisión que tiene por objeto la decisión judicial que puso fin a la litis40; sin
embargo, también se ha aceptado que es posible alegar la nulidad originada en
la sentencia, cuando, pese a configurarse el vicio antes de proferirse el fallo, «no
pudo ser advertida por el recurrente durante el curso del proceso»41, evento en
el cual, al afectado le asiste la carga de probar que no tuvo la oportunidad de
proponer la nulidad procesal, pues de lo contrario, la causal se convertiría en una
excusa para subsanar las omisiones cometidas en el trámite de instancia.
35 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 26 de julio de 2005,
radicación: 11001-03-15-000-1998-00177-01(REV), MP. Héctor Romero Díaz.
36 Causal prevista en el numeral 6.º del artículo 188 del CCA, hoy, numeral 5.º del artículo 250 del CPACA.
37 Consejo de Estado, Sala Veintidós Especial de Decisión, sentencia de 7 de febrero de 2017, radicación:
11001-03-15-000-2016-02260-00(REV), MP. Lucy Jeannette Bermúdez.
38 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 19 de septiembre de
2023. Radicación 11001-03-15-000-2020-03585-00. MP. Luis Alberto Álvarez Parra.
39 Artículo 134 del CGP.
40 Consejo de Estado, Sala Quince Especial de Decisión, sentencia de 3 de marzo de 2020, radicación:
11001-03-15-000-2016-02343-00(REV), MP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
41 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 6 de agosto de 2013,
radicación: 11001-03-15-000-2009-00687-00 (REV), MP. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. [En la decisión
referida se citaron las siguientes providencias, también dictadas por el pleno de esta corporación, sentencia
de 20 de abril de 2004, radicación: 11001-03-15-000-1996-0132-01 (REV), MP. María Inés Ortiz Barbosa y
sentencia de 2 de marzo de 2010, radicación: 11001-03-15-000-2001-00091-01 (REV), MP. Mauricio Torres
Cuervo].
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El segundo grupo está conformado por vicios que afectan de manera grave y
sustancial la legalidad de la decisión que se originan en el desconocimiento del
artículo 29 de la Constitución Política. Al respecto, es importante señalar que la
jurisprudencia ha decantado algunos de los supuestos que pueden constituir la
causal supralegal de violación al debido proceso que da lugar a la nulidad
originada en la sentencia. Para comenzar, impera precisar que, en un primer
momento, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, solo tuvo como causal
de revisión fundada en la nulidad originada en la sentencia, los supuestos
previstos en el artículo 140 del CPC42, y que pudieran configurarse al momento
de la expedición de la sentencia, sin mencionar la violación del debido proceso
previsto de forma genérica en el artículo 29 superior. En efecto, en providencia
del 11 de mayo de 199843, señaló los siguientes eventos:
[L]a nulidad que tiene origen en la sentencia puede ocurrir, en conformidad con
la disposición referida, cuando se provee sobre aspectos para los que no tiene el
juez jurisdicción o competencia (numerales 1 y 2); cuando, sin ninguna otra
actuación, se dicta nueva sentencia en proceso terminado normalmente por
sentencia firme, o sin más actuación se dicta sentencia después de ejecutoriado
el auto por el cual hubiera sido aceptado el desistimiento, aprobada la transacción
o declarada la perención del proceso, porque así se revive un proceso legalmente
concluido, o cuando se dicta sentencia como única actuación, sin el previo trámite
correspondiente, porque así se pretermite íntegramente la instancia; o cuando se
condena al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido
en la demanda o por causa diferente de la invocada en ésta, o se condena a
quien no ha sido parte en el proceso, porque con ello, en lo concerniente, también
se pretermite íntegramente la instancia (numeral 3); o cuando, sin más actuación,
se profiere sentencia después de ocurrida cualquiera de las causas legales de
interrupción o de suspensión o, en éstos casos, antes de la oportunidad debida
(numeral 5), entre otros eventos.
Con posterioridad, la Sala Plena Contenciosa de esta corporación aceptó el
supuesto contenido en el artículo 29 de la Constitución Política, como causal de
nulidad originada en la sentencia, en atención a los alcances que la Corte
Constitucional fijó al estudiar la constitucionalidad del artículo 140 del Código de
Procedimiento Civil, –sentencias C-491 de 199544 y C-217 de 199645–, en donde
42 Hoy artículo 133 del CGP.
43 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 11 de mayo de 1998,
radicación: «167-CE-SP-EXP1998-NREV0932» (REV-093), MP. Mario Alario Méndez. [La anterior
providencia se citó por el pleno de esta corporación en sentencia de 18 de octubre de 2005, radicación:
11001-03-15-000-2000-00239-00 (REV), MP. Jaime Moreno García].
44 Corte Constitucional, sentencia C-491 de 2 de noviembre de 1995, expediente: D-884, MP. Antonio Barrera
Carbonell. [En la providencia se declaró exequible «la expresión [solamente] acusada del inciso 1° del
artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, subrogado por el art. 1, numeral 80, del decreto 2282 de
1989, con la advertencia expresa de que dicho artículo reguló las causales de nulidad legales en los
procesos civiles. En consecuencia, además de dichas causales, es viable y puede invocarse la prevista en
el art. 29 de la Constitución, según el cual, "es nula de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del
debido proceso", que es aplicable en toda clase de procesos»].
45 Corte Constitucional, sentencia C-217 de 16 de mayo de 1996, expediente: D-1122, MP. José Gregorio
Hernández Galindo. [En la providencia se dispuso «Primero.- En cuanto a la expresión "solamente",
contenida en el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, ESTÉSE A LO RESUELTO en la sentencia
C-491 del 2 de noviembre de 1995. Segundo. Declarar EXEQUIBLE el parágrafo del artículo 140 del Código
de Procedimiento Civil, en el entendido de que se refiere únicamente a causas o motivos de nulidad de
orden legal»].
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precisó que existe una causal supralegal de nulidad restringida a la invalidez
procesal por la obtención de pruebas con desconocimiento del debido proceso.
Así mismo, mediante sentencia de 7 de febrero de 200646, siguiendo la
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia sobre la materia, esta corporación
explicó que ese Tribunal:
[H]a admitido que no se trata de nulidad del proceso nacida antes de dictar la
sentencia que decide el litigio, dado que ésta podía y debía alegarse antes de
dicha oportunidad, so pena de considerarse saneada, sino de irregularidades
que al momento de dictar sentencia pudiera incurrir el fallador y que fueren
capaces de constituir nulidad, entendidas éstas únicamente como las enlistadas
taxativamente en el artículo 140 del CPC y la prevista constitucionalmente en el
artículo 29 de la Carta Política con los alcances dados por la Corte Constitucional
en sentencias C-491/95 y C-217/96, teniendo en cuenta que no puede haber
nulidad sin texto que la consagre 47, y que en ese orden de ideas y con sujeción
a ese principio cualquier ataque que pretendiera hacer el recurrente en sede de
revisión, bajo la causal de existencia nulidad originada en la sentencia, imponía
al recurrente la carga de demostrar la ocurrencia de algunas de las situaciones
que exclusivamente bajo las normas citadas, fueran constitutivas de nulidad.
(negrillas del texto original).
En este orden, mediante sentencia de 31 de mayo de 201148, atendiendo la
evolución del alcance de la causal de nulidad originada en la sentencia, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo resumió los supuestos que la configuran
de la siguiente manera:
En síntesis, la nulidad que tiene origen en la sentencia se presenta por i) falta de
jurisdicción o competencia, ii) cuando se dicta nueva sentencia en proceso
terminado normalmente por sentencia firme, iii) cuando sin más actuación se dicta
sentencia después de ejecutoriado el auto por el cual hubiera sido aceptado el
desistimiento, aprobada la transacción o declarada la perención del proceso, iv)
cuando se dicta sentencia como única actuación, sin el previo trámite
correspondiente, v) cuando se condena al demandado por cantidad superior o por
objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente de la invocada
en ésta, vi) cuando se condena a quien no ha sido parte en el proceso, vii) o cuando,
sin más actuación, se profiere sentencia después de ocurrida cualquiera de las
causas legales de interrupción o de suspensión o, en éstos casos, antes de la
oportunidad debida, viii) cuando la sentencia aparece firmada con mayor o menor
número de magistrados, o adoptada con un número de votos diverso al previsto en
la ley, ix) cuando la providencia carece completamente de motivación.
46 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 7 de febrero de 2006,
radicación: 11001-03-15-000-1997-00150-00 (REV), MP. María Elena Giraldo Gómez.
47 En la providencia se citó «Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Magistrado Ponente: Dr.
Jorge Antonio Castillo, sentencia de 5 de diciembre de 2000, exp. No. 7732, actor: Sociedad Acevedo
Martínez Limitada».
48 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de mayo de 2011,
radicación: 11001-03-15-000-2008-00294-00 (REV), MP. Mauricio Torres Cuervo. [En la providencia se citó
la sentencia de 7 de febrero de 2006, radicación: 11001-03-15-000-1997-00150-00 (REV), MP. María Elena
Giraldo Gómez].
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Con posterioridad, en sentencia de 8 de mayo de 201849, con fines de unificación
jurisprudencial50 y a partir del artículo 29 superior, la Sala Plena Contenciosa fijó
un nuevo alcance de la causal de nulidad originada en la sentencia, agregando
otro supuesto, esto es, el fallo inhibitorio injustificado, que también configura
causal de revisión por desconocer el debido proceso, la tutela judicial efectiva y
el derecho al acceso a la administración de justicia. En este sentido se indicó:
Así, por ejemplo, con esta providencia queda claro que, en aras de hacer
efectivos los derechos a la tutela judicial efectiva, al acceso a la administración
de justicia y al debido proceso, es deber del juez decidir de fondo los litigios
cuando las circunstancias así se lo permitan, lo que significa que la violación
a tales preceptos cuando se expide un fallo inhibitorio injustificado también
configura la causal de revisión alegada.
La subregla jurisprudencial, así definida, deberá aplicarse por parte de los jueces
de esta Jurisdicción, con mesura, ponderación, proporcionalidad y adecuación a
cada caso.
Un criterio a tener en cuenta para efectos de lo anterior es el cumplimiento, o no,
de los fines funcionales del derecho51, por parte de la providencia revisada.
Por lo tanto, la causal de nulidad originada en la sentencia, de naturaleza
supralegal, fundada en la violación del derecho al debido proceso, conforme al
artículo 29 de la Carta, debe entenderse, igualmente, con carácter excepcional,
en tanto se configura cuando concurre alguno de los supuestos que
jurisprudencialmente se han definido como vicios que pueden afectar la legalidad
y justicia de la decisión, siempre y cuando se originen en el mismo fallo o que
habiendo acontecido esta circunstancia en el transcurso del proceso, no pudieron
alegarse por la parte recurrente. Lo anterior, por cuanto es necesario impedir que
a través de esta causal se revivan los términos y las oportunidades procesales
que tuvieron las partes para debatir el vicio correspondiente y con ello, reabrir la
instancia, lo cual es ajeno a la naturaleza y finalidad de este recurso
extraordinario.
Así las cosas, dentro de los vicios o irregularidades procesales constitutivos de
la nulidad originada en la sentencia, distintos de los previstos en el artículo 133
del Código General del Proceso, que ha venido reconociendo la jurisprudencia
49 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, radicado radicado 11001-03-15-000-
1998-00153-01 (REV), MP. Alberto Yepes Barreiro. [En la providencia se citaron, la sentencia C-739 de
2001, MP. Álvaro Tafur Galvis, que dispuso, entre otras, «ESTARSE A LO RESUELTO en las sentencias C-
491 de 1995 […] y C-217 de 1996», y la providencia sentencia de 7 de febrero de 2006, radicación: 11001-
03-15-000-1997-00150-00 (REV), MP. María Elena Giraldo Gómez.]
50 Por auto de 7 de julio de 2015, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta corporación decidió
asumir la competencia para decidir el caso con el propósito de unificar criterio en cuanto: «[ i) En qué casos
una sentencia inhibitoria puede dar origen a la procedencia del recurso extraordinario de revisión por la
causal de nulidad originada en la sentencia por violación al debido proceso».
51 En la providencia se citó «Cfr. Recasens Siches, Luis. Introducción al Estudio del Derecho. Editorial
Porrúa. México. 2003».
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de esta corporación, por virtud del artículo 29 superior, se pueden mencionar,
entre otros:
• Haberse dictado la sentencia con sustento, únicamente, en una prueba obtenida
con violación al debido proceso52;
• Cuando la sentencia aparece firmada con mayor o menor número de magistrados,
o adoptada con un número de votos diverso al previsto en la ley;
• En el caso de que la providencia carezca completamente de motivación53;
• Cuando la sentencia se dicta con violación al principio de la non reformatio in
pejus54;
• Cuando la decisión desconozca el principio de congruencia55;
• Haberse dictado fallo condenatorio contra una persona que no fue vinculada al
proceso56;
• Haberse producido fallo inhibitorio injustificado57
A su vez, esta corporación ha indicado que los eventos señalados por ella, «no
son taxativos»58 y que no cualquier irregularidad resulta subsumible en la casual
quinta de revisión derivada del artículo 29 constitucional, sino solo aquel vicio de
carácter sustancial que incida en la decisión por afectar el núcleo esencial del
derecho fundamental al debido proceso, sin perder de vista, que por razones de
seguridad jurídica, el recurso no es una instancia para replantear los asuntos ya
resueltos e intentar una nueva valoración probatoria o una interpretación
normativa diferente para corregir los yerros que hayan cometido las partes en el
litigio precedente59. Esto implica, que le corresponde al juez analizar, en cada
caso en particular, si el vicio que se alega impacta el debido proceso y la correcta
52 Consejo de Estado, Sala Trece Especial de Decisión, sentencia de 7 de junio de 2016, radicación: 11001-
03-15-000-2015-02493-00 (REV), MP. Jorge Octavio Ramírez Ramírez y Consejo de Estado, Sala
Veinticinco Especial de Decisión, sentencia de 20 de agosto de 2022, radicación: 11001-03-15-000-2020-
02925-00 (REV), MP. Martha Nubia Velásquez Rico.
53 Consejo de Estado, Sala Cinco Especial de Decisión, sentencia de 3 de febrero de 2015, radicación:
11001-03-15-000-2009-00494-00 (REV), MP. Martha Teresa Briceño de Valencia.
54 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 2 de marzo de 2010,
radicación: 11001-03-15-000-2001-00091-01 (REV), MP. Mauricio Torres Cuervo.
55 Consejo de Estado, Sala Veintidós Especial de Decisión, sentencia de 2 de febrero de 2016, radicación:
11001-03-15-000-2015-02342-00 (REV), MP. Alberto Yepes Barreiro.
56 Consejo de Estado, Sala Veintiuno Especial de Decisión, sentencia de 17 de junio de 2022, radicación:
11001-03-15-000-2014-04059-00 (REV), MP. Luis Alberto Álvarez Parra.
57 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 11 de octubre de 2021, radicación:
76001-23-31-000-2004-02181-01 (REV), MP. Alberto Montaña Plata.
58 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 8 de mayo de 2018,
radicación: 11001-03-15-000-1998-00153-01(REV), MP. Alberto Yepes Barreiro.
59 Consejo de Estado, Sala Primera Especial de Decisión, sentencia de 13 de octubre de 2020, radicación:
11001-03-15-000-2018-00216-00 (REV), MP. María Adriana Marín.
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aplicación de la justicia material de manera que tenga la entidad suficiente para
permear la inmutabilidad de la cosa juzgada.
En suma, el Consejo de Estado60, por vía de interpretación, teniendo en cuenta
que no puede haber nulidad sin texto legal que la consagre, ha dado contenido a
la institución procesal de la «nulidad originada en la sentencia», bajo una
perspectiva dual; en primer lugar, haciendo alusión a los vicios enlistados en el
artículo 133 del CGP, (antes artículo 140 del CPC), que pueden ubicarse al
momento de emitirse el fallo o que si bien pudieron presentarse durante el trámite
procesal, en todo caso, no pudo ser advertida por el recurrente, evento en el cual,
al afectado le asiste la carga de probar que no tuvo la oportunidad de proponer
la nulidad procesal; en segundo lugar, refiriéndose a algunas situaciones distintas
que podrían enmarcarse en el artículo 29 superior, esto es, la invalidez procesal
originada en la sentencia por la violación del derecho al debido proceso, con la
misma excepcionalidad propia del recurso extraordinario, como la señalada en el
inciso final de la norma mencionada, esto es, aquella derivada de la prueba
obtenida con violación del derecho al debido proceso.
2.3. El caso concreto
La parte recurrente solicita que se infirme la sentencia que la Sección Cuarta del
Consejo de Estado profirió el 25 de agosto de 2022, porque se desconoció el
principio de congruencia61. El reparo formulado se contrae a la presunta
transgresión del principio de congruencia externa en la sentencia dado que,
según lo indicó, se configuró una decisión minuspetita, porque no se emitió un
pronunciamiento en cuanto al cargo «CREACIÓN DE TERCERA NORMA –
IRRETROACTIVIDAD DE LA NORMA- CADUCIDAD DE LA POTESTAD
SANCIONATORIA – FIRMEZA DE LAS DECLARACIONES – FALSA MOTIVACIÓN, en
relación con la Lex Tercia» que fue invocado en la demanda, objeto de
pronunciamiento por el a quo, propuesto en el recurso de apelación y, reiterado
en los alegatos de conclusión en el trámite de segunda instancia.
60 Consejo de Estado, Sala Doce Especial de Decisión, sentencia de 6 de marzo de 2018, radicación: 11001-
03-15-000-2012-01027-00 (REV), MP. Ramiro Pazos Guerrero.
61 Sobre el principio de congruencia se puede consultar: (i) sentencia de 3 de mayo de 2022, Consejo de
Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Sexta Especial de Decisión, radicación n.º 11001-
03-15-000-2022-00580-00, MP. Carlos Enrique Moreno Rubio, (ii) sentencia 31 de mayo de 2022, Consejo
de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Octava Especial de Decisión, radicación n.º
11001-03-15-000-2021-11310-00, MP. Nubia Margoth Peña Garzón, (iii) sentencias de 29 de junio de 2022,
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Tercera Especial de Decisión,
radicación n.º 11001-03-15-000-2022-00721-00 y 11001-03-15-000-2022-00725-00, MP. Julio Roberto Piza
Rodríguez, (iv) sentencia de 14 de septiembre de 2022, Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sala Novena Especial de Decisión, radicación n.º 11001-03-15-000-2022-00939-00, MP.
Marta Nubia Velásquez Rico y (v) sentencias de 21 y 26 de octubre y 21 de noviembre de 2022, Consejo de
Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintidós Especial de Decisión, radicación n.º
11001-03-15-000-2022-00691-00, 11001-03-15-000-2022-00916-00, 11001-03-15-000-2022-00365-00 y
11001-03-15-000-2022-04424-00, MP. Luis Alberto Álvarez Parra.
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Para abordar el análisis de los argumentos del recurso, debe recordarse que esta
Sala Especial de Decisión, a partir de la jurisprudencia de la Sala Plena de la
corporación, ha señalado que la incongruencia interna y/o externa de la sentencia
da lugar a la nulidad de la decisión por violación al debido proceso. La tesis que
se ha sostenido es la siguiente:
El artículo 250 del CPACA consagra en su numeral 5º, como causal de
procedencia del recurso extraordinario de revisión “existir nulidad originada en la
sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación”.
[…] Dentro del contexto expuesto en el acápite anterior, la jurisprudencia de la
Sala Plena Contenciosa ha indicado que debe aceptarse que la causal 6ª del
artículo 188 del C.C.A., hoy 5 del artículo 250 del CPACA, por nulidad originada
en la sentencia, se configura, entre otras razones, cuando al demandado se le
condena por cantidad superior, o por objeto distinto del pretendido en la demanda
o por causa diferente a la invocada en la misma.
[…] En el primer caso, se trata de la congruencia externa de la sentencia. Se puede
identificar porque en líneas generales es lo que preceptuaba el artículo 170 del
C.C.A., y las normas del procesal civil, según los cuales el fallo debe estar en
armonía con lo pedido y alegado tanto por la parte demandante como por la parte
demandada. Y, en el segundo evento, corresponde a la congruencia interna, que
es la coherencia que ha de existir entre lo dispuesto en la parte resolutiva y lo
argüido en la parte motiva de la providencia. […]
En este orden de ideas, esta Sala Especial advierte, conforme a lo expuesto, que
la causal de revisión contenida en el numeral 5º del artículo 250 del CPACA -antes
6 del artículo 188 del C.C.A.-, es decir, nulidad originada en la sentencia, se puede
configurar cuando el fallo objeto de revisión ha desatendido la congruencia interna
y/o la externa, pues, en uno y otro caso, el fallador incurre en una clara violación
del debido proceso, artículo 29 constitucional, dado que la providencia proferida
en esos términos resulta contraria a las formas propias de cada juicio, en
específico, la falta de competencia del juez para abordar asuntos frente a los
cuales no se podía pronunciar […] [62].
Al hilo de lo anterior, se tiene que, el principio de congruencia es una garantía
procesal instituida en favor de las partes para exigir del juez una decisión que
resuelva la controversia formulada, no solo frente a las pretensiones que
proponga la parte actora, sino frente a la defensa de la demandada. Este principio
se encuentra regulado en el artículo 281 del CGP aplicable a los procesos que se
adelantan ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo por remisión del
artículo 306 del CPACA.
En este orden, la congruencia de la sentencia es tanto externa como interna. La
primera implica la coherencia entre la decisión y lo pedido por las partes en la
demanda, la contestación y excepciones propuestas. De lo anterior se
desprende, que la sentencia, no puede reconocer lo que no se ha solicitado en
62 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintidós Especial de Decisión,
sentencia de 2 de febrero de 2016, radicación n.º 11001-03-15-000-2015-02342-00, MP. Alberto Yepes
Barreiro.
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Demandante: Riopaila Castilla S.A.
Demandada: UGPP
la demanda (extra petita) ni más de lo pedido (ultra petita); tampoco puede dejar
de pronunciarse sobre la totalidad de los extremos planteados en la litis, esto es,
sobre alguna de las pretensiones de la demanda o las excepciones propuestas
por la parte accionada (sentencia minuspetita/citra petita). La segunda, esto es,
la interna, se refiere a la necesaria armonía que debe existir en la estructura
interna de la decisión, es decir, la consonancia entre la parte motiva y la resolutiva
del fallo, con el fin de evitar una decisión manifiestamente contradictoria e
ininteligible.
Asimismo, debe precisarse, que la congruencia en la decisión de segunda
instancia está sujeta a la competencia del superior funcional. Igualmente, al
examen que le corresponde realizar como consecuencia de la revisión de la
providencia de primera instancia y los argumentos de los apelantes, para que el
fallador, según su juicio, la revoque, la modifique o la confirme, conforme las
previsiones de los artículos 281, 320 y 328 del CGP63. De cara al caso concreto,
es importante resaltar, frente al recurso de revisión, lo siguiente:
La recurrente alegó que el objeto del cargo contenido en la demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho, denominado «CREACIÓN DE TERCERA NORMA»,
giró en torno a la indebida aplicación retroactiva de la Ley 1607 de 2012 y la
firmeza de las declaraciones de 2011 contenidas en las Planillas Integradas de
Liquidación de Aportes, de acuerdo con las previsiones del artículo 714 del
Estatuto Tributario [aplicable en virtud del artículo 156 de la Ley 1151 de 2007].
Es decir, que los actos administrativos demandados eran nulos porque la
potestad sancionatoria de la UGPP había caducado.
63 «Artículo 281. Congruencias. La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las
pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla y con las
excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.
No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda
ni por causa diferente a la invocada en esta.
Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocerá solamente lo último.
En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el
cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y
que haya sido alegado por la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión o que la ley permita
considerarlo de oficio.
[…]
Artículo 320. Fines de la apelación. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la
cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que
el superior revoque o reforme la decisión.
Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia: respecto del
coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 71.
[,,,]
Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio,
en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al
recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar
en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia».
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Demandada: UGPP
Manifestó que la sentencia es incongruente en la medida en que «de manera
errada, se decidió analizar únicamente uno de los supuestos del cargo (el
relacionado con la firmeza de los actos administrativos) pretermitiendo estudiar
la totalidad del cargo planteado, en particular, el argumento relacionado con la
Creación de la Tercera Norma, pese a que (i) dicho silogismo fue planteado
desde la demanda, (ii) la UGPP tuvo la oportunidad de contradecirlo, y (iii) el
Tribunal de primera instancia lo analizó».
Pues bien, según lo expuesto, la Sala advierte que a lo largo de la actuación, la
autoridad judicial de segunda instancia mantuvo la identidad temática entre lo
pretendido y lo decidido. En efecto, a partir de las pretensiones y argumentos que
la sociedad Riopaila Castilla S.A. formuló en la demanda, la Subsección B de la
Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca fijó el litigio en la
audiencia inicial, llevada a cabo el 4 de julio de 201864, de la siguiente manera:
[S]e centra en establecer la legalidad de los actos administrativos demandados
resolviendo los siguientes problemas jurídicos: 1) ¿Carecen de competencia los
funcionarios de la UGPP que profirieron los actos administrativos demandados, por
falta de publicación de la Resolución No. 118 de 6 de marzo de 2013 que le sirve
de fundamento a la Liquidación Oficial objeto de la demanda?, 2) ¿Carecen de los
requisitos establecidos en el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007 los actos
administrativos demandados?, 3) ¿Adolece de nulidad la Liquidación Oficial por
haber conjugado o combinado la UGPP dos procedimientos contenidos en dos
normas diferentes, inobservando el principio de integralidad de la norma? (aquí se
estudiará si la UGPP creó una "tercera norma" durante el proceso de fiscalización
adelantado contra RIOPAILA CASTILLA S.A. como lo alega la censura), 4)
¿Incurrió RIOPAILA CASTILLA S.A. en omisión, mora e inexactitud en las
autoliquidaciones y pagos al Sistema de Protección Social durante los periodos
comprendidos entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2011 y de 2013, de
conformidad con los cargos expuestos en la demanda y en la contestación a la
demanda? [Destaca la Sala Especial de Decisión].
Para negar dicho cargo, el a quo expuso lo siguiente:
La liquidación oficial de revisión demandada se fundamentó en los procedimientos
dictados en la Ley 1151 de 2007 y Ley 1607 de 2012, dando lugar a una
combinación de normas para crear un procedimiento mixto (lex tertia) que
quebranta el derecho de defensa y contradicción del demandante. En efecto,
precisa que hubo una aplicación retroactiva de la norma.
Al respecto, esta Sala ha precisado que la sociedad RIOPAILA CASTILLA S.A.
indica que la UGPP desconoció su derecho al debido proceso al conjugar dos
procedimientos contenidos en dos normas diferentes para expedir los actos
acusados, pues en la liquidación oficial señaló que "EL SUBDIRECTOR DE
DETERMINACIÓN DE OBLIGACIONES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES
DE LA PROTECCIÓN SOCIAL UGPP. En uso de sus facultades legales en
especial las establecidas en el numeral 10 del artículo 21 del Decreto 575 de 2013,
64 Archivo .pdf «01. CUADERNO […]», contenido en el archivo .zip «RECIBEPRUEBAS_ONEDRIVE_1 […]»
págs. 356 a 366. Índice 12 de SAMAI.
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en concordancia con lo previsto en el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, el
artículo 178 de la Ley 1607 de 2012, el artículo I literal b) del Decreto Ley 169 de
2008, y en lo no previsto en estas disposiciones, las normas contempladas en el
Libro V, Títulos I, IV, V y VI del Estatuto Tributario Nacional”
No comparte la Sala el argumento de la sociedad demandante, consistente en que
por el hecho de citarse en los actos acusados las normas que contemplan las
facultades y competencias de la UGPP se conjuguen dos procedimientos, pues
analizadas las resoluciones, se observa que la entidad hace referencia a la Ley
1151 de 2007, con el fin de poner en conocimiento la norma que creó la UGPP; se
relacionan los Decretos Reglamentarios Nos. 169 de 2008 y 575 de 2013 que
contemplan las competencias funcionales de las dependencias de la entidad; el
artículo 178 de la Ley 1607 de 2012 que reitera la competencia de la entidad en
materia de parafiscales; y las normas del Estatuto Tributario que se aplican de
forma residual; con el objeto de que el aportante tenga conocimiento del sustento
legal para la expedición de los actos.
Inconforme con lo anterior, en la apelación, la sociedad recurrente insistió en sus
pretensiones, para lo cual, considera que reiteró el cargo «CREACIÓN DE
TERCERA NORMA». Sin embargo, a partir del siguiente cuadro comparativo
esta Sala Especial de Decisión observa que, como lo concluyó la Sección Cuarta
de esta corporación, en la apelación, la demandante del proceso ordinario varió
sustancialmente la argumentación inicialmente expuesta en la demanda, pese a
que denominó con similar titulación el cargo:
Cargo formulado en la
demanda de nulidad y Cargo formulado en la apelación de la demandante
restablecimiento del contra la sentencia de primera instancia65
derecho
SEGUNDO CARGO: «CARGO PRIMERO DE APELACIÓN: CREACIÓN DE
CREACIÓN DE TERCERA NORMA - IRRETROACTIVIDAD DE LA
TERCERA NORMA NORMA - CADUCIDAD DE LA POTESTAD
PARA DESARROLLO SANCIONATORIA - FIRMEZA DE LAS DECLARACIÓN -
DEL PROCESO FALSA MOTIVACIÓN.
ADMINISTRATIVO –
VIOLACIÓN DE Frente al presente cargo incluido en la fijación del litigio y
NORMAS JURÍDICAS resuelto por H. Tribunal de folios 17 y 18 de la sentencia de
primera instancia, consideramos la existencia de una
Este cargo imputado, indebida apreciación de las normas procesales y
solo demuestra la sustanciales dentro del fallo de primera instancia producido
improvisación con la por el Honorable Tribunal y además consideramos que el
que se generó el acto fallo presenta vicios propios de las providencias judiciales
administrativo tales como; I) Defecto Sustantivo, II) Decisión sin
denominado motivación, III) Desconocimiento del precedente Horizontal
Liquidación Oficial No. y IV) Violación directa a la constitución, al no haber sido
RDO 484 del estudiado de manera profunda la apelación retroactiva de
12/06/2015, atendiendo la Ley 1607 de 2012 como entraremos a explicar a
a los procedimientos continuación.
para realizar los
65 Se transcriben los cargos incluso con errores de la recurrente.
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procesos de Tanto el cargo planteado en el escrito de demanda, como
fiscalización contenidos los alegatos de conclusión presentados en el curso del
en la Ley 1151 de 2007 proceso, la parte demandante planteo el problema de la
y en la Ley 1607 de doble aplicación de dos normas; la ley 1607 de 2012 y la
2012, es decir, Ley 1151 de 2007 sin discriminación a todos los periodos
“realizaron una fiscalizados por la UGPP es decir del 01/01/2011 al
combinación de normas 31/12/2011 y del 01/10/2013 al 31/12/2013, desconociendo
para crear un que la Ley 1607 de 2012 no podía ser aplicada a los
procedimiento legal que periodos fiscalizados correspondientes a la anualidad
no se encontraba en 2012, está situación no es desconocida por el despacho ni
ninguna disposición, por el Consejo de Estado, la aplicación retroactiva de la
esta situación es lo que norma de forma sistemática ha conllevado a la nulidad de
la doctrina y la cientos de actos administrativos proferidos por la UGPP,
jurisprudencia ha sentencias falladas con anterioridad por el despacho que
llamado la “ Tercera profirió al sentencia, por la Sala que conforma y por el H.
Norma y/o Lex Tertia”, Consejo de Estado, es por esta razón que consideramos la
situación que genera configuración de los vicios propios de las providencias
nulidad debido a que judiciales, en especial el desconocimiento del precedente
impide que las judicial.
personas sujetos de
investigaciones De hecho, al observar la parte final del párrafo primero de
administrativas la página 18 de la sentencia, el despacho tenía
conozcan la norma conocimiento de la solicitud elevada por la parte
procedimental que demandante la indicar que: “En efecto, precisa que hubo
garantiza su[s] una aplicación retroactiva de la norma", haciendo
derechos a la defensa, referencia a la solicitud misma y la finalidad del cargo, sin
contradicción y al embargo, en el desarrollo del cargo el despacho no hace
debido proceso. énfasis alguno a dicha situación, que configura a la nulidad
de los actos administrativos demandados.
Esto se puede
evidenciar dado que la En relación con la vulneración, es preciso indicar al
competencia de los despacho que la UGPP fue creada por medio del artículo
funcionarios y los actos 156 de la Ley 1151 de 2007, según el cual se estableció la
administrativos se competencia de la entidad administrativa y en relación con
adelantaron con el procedimiento el artículo señala:
fundamento en la Ley
1607 de 2012 y el "En lo previsto en este artículo, los procedimientos de
Decreto 575 de 2013, liquidación oficial se ajustarán a lo establecido en el Estatuto
en concordancia con lo Tributario, Libro V, Títulos I, IV, V y VI. Igualmente, adelantará
dispuesto en la el cobro coactivo de acuerdo con lo previsto en la Ley 1066
Liquidación Oficial No. de 2006."
RDO 484 del
12/06/2015, que señala: Con posterioridad, el legislador estableció un
“(…) EL procedimiento especifico en el artículo 178 de la Ley 1607
SUBDIRECTOR DE de 2012, procedimiento aplicado de forma indistinta por la
DETERMINACIÓN DE UGPP, a los periodos fiscalizados de las anualidades 2011
OBLIGACIONES DE LA y 2013, descociendo que la Ley 1607 pro principio de
UNIDAD irretroactividad no podía ser aplicado a los periodos 2011,
ADMINISTRATIVA por el contrario, debía dar aplicación al artículo 714 del
ESPECIAL DE Estatuto Tributario, por remisión expresa del Artículo 156
GESTIÓN PENSIONAL de la Ley 1151 de 2007.
Y CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES DE LA En ese orden, como el legislador para los periodos
PROTECCIÓN SOCIAL fiscalizados no había indicado de forma expresa en cuanto
UGPP. En uso de sus tiempo concurre la firmeza de las liquidaciones privadas, en
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facultades legales en concreto para el presente asunto la firmeza de las Planillas
especial las Integradas de Liquidación de Aportes, se debe hacer
establecidas en el remisión expresa del artículo 714 del Estatuto Tributario, el
numeral 10 del artículo cual establece lo siguiente:
21 del Decreto 575 de
2013, en concordancia "ARTÍCULO 714. FIRMEZA DE LA LIQUIDACIÓN. La
con lo previsto en el declaración tributaria quedará en firme, si dentro de los dos (02)
artículo 156 de la Ley años siguientes a la fecha del vencimiento del plazo para
1151 de 2007, el declarar, no se ha notificado requerimiento especial. Cuando la
declaración inicial se haya presentado en forma extemporánea,
artículo 178 de la Ley
los dos años se contarán a partir de la fecha de presentación de
1607 de 2012, el la misma. (...)"
artículo 1 literal b) del
Decreto Ley 169 de En concordancia con lo anterior, como el Requerimiento
2008, y en lo no previsto para Declarar y/o Corregir No. 892 del 25 de noviembre de
en estas disposiciones, 2014, fue notificado en debida forma por correo certificado
las normas contenidas hasta el 18 de diciembre de 2014, es decir TRES (3) AÑOS,
en el Libro V, Títulos I, desde la fecha en que el aportante debió declarar y
IV, V y VI del Estatuto presuntamente no declaró los periodos desde el enero a
Tributario Nacional diciembre del 2011, y UN (01) AÑO después de la
(…)”, es decir, La oportunidad legal que tenía la entidad para adelantar su
Subdirección de proceso de determinación de obligaciones, de conformidad
Determinación de con el artículo 714 del Estatuto Tributario, la consecuencia
Obligaciones de lo anterior es la firmeza de las declaraciones privadas,
Parafiscales de la así lo ha manifestado la Jurisdicción Contencioso
Dirección de Administrativa en reiteradas providencias, como las
Parafiscales de la siguientes:
UGPP conjugó dos
procedimientos Sentencia Consejo de Estado - Sección Cuarta.
contenidos en dos Consejero ponente: JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ
normas diferentes para Sentencia del 24 de octubre de 2019. Radicación 25000-
expedir la denominada 23-37-000-2014-00900- 01(23599)
Liquidación Oficial No. […]
RDO 484 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sentencia
12/06/2015. del 31/08/2018, dentro del proceso No. 250002327000-
2015-00266-00-COLVANES S.A.S. vs UGPP.
Lo anterior, nos permite […]
concluir que tanto el Juzgado 44 Administrativo del Circuito de Bogotá D.C,
procedimiento como la sentencia del 26/10/2018, dentro del proceso No.
competencia de los 110013337044 2016 00292 00 -COMERCIAL PAPELERA
funcionarios se S.A.S. vs UGPP.
realizaron bajo la […]
inobservancia del Juzgado 41 Administrativo del Circuito de Bogotá D.C,
principio de la sentencia del 26/10/2018, dentro del proceso No.
integralidad de la 1100133370412015 00234 00 - VIGILANCIA YSEGUIRDAD
norma, en ESPLENDOR vs UGPP.
[consecuencia,] […]
solicitamos la nulidad Para concluir y en virtud de las concurrentes vulneraciones
de los actos a derechos fundamentales como el debido proceso y la
demandados. igualdad, por parte de la Subdirección de Determinación de
Obligaciones de la UGPP, de manera muy respetuosa
solicitamos a los Magistrados de segunda instancia, se
sirvan declarar la nulidad de los actos administrativos
demandados y como restablecimiento del derecho se
sirvan declarar la firmeza de las declaraciones y en forma
subsidiaria la caducidad de la potestad sancionatoria».
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Como se evidencia la formulación del cargo «CREACIÓN DE TERCERA
NORMA» fue variado sustancialmente por la sociedad Riopaila Castilla S.A. al
momento de recurrir en apelación la sentencia de primera instancia, pues, desde
la demanda, la fijación del litigio y, por ende, como la primera instancia lo resolvió,
el reparo estaba dirigido a cuestionar la legalidad de los actos administrativos
demandados por la supuesta conjugación de dos procedimientos previstos en
dos normas diferentes y la posible transgresión del principio invocado por la
recurrente, es decir, realmente se alegó una expedición irregular por la presunta
existencia de una anomalía sustancial en el proceso de formación de los actos
administrativos demandados, mientras que, en la apelación, la demandante alegó
la falsa motivación, a partir de la supuesta caducidad de la facultad sancionatoria
de la UGPP, como consecuencia de la firmeza de las declaraciones de los
aportes del año 2011, contenidas en las planillas PILA, y la aplicación retroactiva
de la Ley 1607 de 2012.
En otras palabras, la apelante varió el argumento del cargo propuesto en la
demanda bajo la titulación «CREACIÓN DE TERCERA NORMA» y, por ende, la
Sección Cuarta de esta corporación no lo resolvió de fondo en la decisión objeto
del recurso extraordinario de revisión, con fundamento en las previsiones de los
artículos en 320 y 328 del CGP, para evitar la vulneración del derecho a la
defensa y de contradicción de la UGPP, tal y como dan cuenta las
consideraciones que la autoridad judicial expuso en el acápite denominado «1.2
Alcance del recurso de apelación» del título «cuestión previa»:
La parte demandante, en el recurso de apelación, se refirió al cargo propuesto en
la demanda y al análisis realizado por el tribunal en relación con la creación de una
tercera norma, sin embargo, en el desarrollo de dicho cargo alegó la firmeza de las
declaraciones PILA del año 2011, en los siguientes términos:
«Tanto el cargo planteado en el escrito de demanda, como los alegatos de conclusión
presentados en el curso del proceso, la parte demandante planteó el problema de la doble
aplicación de dos normas; la ley 1607 de 2012 y la Ley 1151 de 2007 sin discriminación
a todos los periodos fiscalizados por la UGPP es decir del 01/01/2011 al 31/12/2011 y del
01/10/2013 (sic) al 31/12/2013, desconociendo que la Ley 1607 de 2012 no podía ser
aplicada a los periodos fiscalizados correspondientes a la anualidad 2012, esta situación
no es desconocida por el despacho ni por el Consejo de Estado, la aplicación retroactiva
de la norma de forma sistemática ha conllevado a la nulidad de cientos de actos
administrativos proferidos por la UGPP. […].
En ese orden, como el legislador para los periodos fiscalizados no había indicado de
forma expresa en cuánto tiempo concurre la firmeza de las liquidaciones privadas, en
concreto para el presente asunto la firmeza de las Planillas Integradas de Liquidación de
Aportes, se debe hacer remisión expresa del artículo 714 del Estatuto Tributario, […].
[…] solicitamos a los Magistrados de segunda instancia, se sirvan declarar la nulidad de
los actos administrativos demandados y como restablecimiento del derecho se sirvan
declarar la firmeza de las declaraciones en forma subsidiaria la caducidad de la potestad
sancionatoria».
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La Sala pone de presente que en la demanda Riopaila Castilla S.A. propuso el
cargo que tituló: «SEGUNDO CARGO: CREACIÓN DE TERCERA NORMA PARA
DESARROLLO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO – VIOLACIÓN DE NORMAS
JURÍDICAS. Este cargo imputado, solo demuestra la improvisación con la que se
generó el acto administrativo denominado Liquidación Oficial No. RDO 484 del
12/06/15, atendiendo los procedimientos para realizar los procesos de fiscalización
contenidos en la Ley 1151 de 2007 y en la Ley 1607 de 2012, es decir “realizaron
una combinación de normas para crear un procedimiento legal que no se
encontraba en ninguna disposición, esta situación es lo que la doctrina y la
jurisprudencia ha llamado la “Tercera Norma y/o Lex Tertia”, situación que genera
doctrina nulidad (sic) debido a que impide que las personas sujetos de
investigaciones administrativas conozcan las normas procedimentales que
garantizan sus derechos, contradicción y al debido proceso» y, frente al mismo, en
la audiencia inicial el tribunal fijó el litigio en los siguientes términos: «3) ¿Adolece
de nulidad la Liquidación Oficial por haber conjugado o combinado la UGPP dos
procedimientos contenidos en dos normas diferentes, inobservando el principio de
integralidad de la norma? (aquí se estudiará si la UGPP creó una “tercera norma”
durante el proceso de fiscalización adelantado contra RIOPAILA CASTILLA S.A.
como lo alega la censura», sin que la parte actora haya presentado manifestación
alguna al respecto[66].
Como se observa, el cargo de firmeza de las liquidaciones es un argumento que
no fue propuesto en la demanda, razón por la cual, frente al mismo, la contraparte
no tuvo oportunidad de contradecirlo y el tribunal de analizarlo.
Así las cosas, la Sala se abstendrá de abordar su estudio, en tanto que, si bien,
conforme al artículo 328 del CGP, el juez de segunda instancia debe pronunciarse
sobre los argumentos expuestos por el apelante, no se puede obviar que estos
deben ser consonantes con lo planteado en la demanda, pues de lo contrario se
vulneraría el derecho de defensa y contradicción de la contraparte y se
desatendería el objeto del recurso de apelación, que no es otro que el superior
examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos
formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión
tomada por el a quo (art. 320 CGP)[67] .
De acuerdo con lo anterior, para esta Sala Especial de Decisión la sentencia de
segunda instancia no desatendió la congruencia externa del asunto, comoquiera
que la Sección Cuarta del Consejo de Estado resolvió el objeto de debate, esto
es, el cargo formulado en la apelación, otra cosa es que no abordara el estudio
de fondo del reparo propuesto en esos términos por cuanto el apelante no podía
modificarlo con ocasión del recurso de alzada, pues de lo contrario, hubiera
incurrido en una decisión extrapetita en perjuicio del derecho al debido proceso
de la UGPP.
No sobra precisar que, con la entrada de la vigencia del CPACA, la «fijación del
litigio» es un elemento trascendental presente a lo largo de las decisiones
judiciales, en tanto constituye el marco que los sujetos procesales dan al
66 Cita de la sentencia: «Índice 2 de SAMAI. Archivo: “3ED_CUADERNOPRINCIPAL_CUADERNO
PRINCIPAL1(.pdf) NroActua 2”».
67 Cita de la sentencia: «En el mismo sentido, cfr. la sentencia del 9 de septiembre de 2021, Exp. 22652,
C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto».
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operador y sobre el cual este abordará el análisis de la causa judicializada y
adoptará la decisión correspondiente. Tal figura adquirió una expresa
preponderancia con la imposición del legislador en el artículo 180 ibidem, cuya
estructura está dada por las pretensiones, los hechos en los que las partes no
coinciden y los argumentos en los que soportan los sujetos procesales su papel
dentro del proceso. En esa línea, resulta importante destacar que, si bien la
fijación del litigio realizada en la audiencia inicial, excepcionalmente, puede ser
ampliada por el juzgador, en aras de garantizar el derecho de acceso a la
administración de justicia, cuando se hace un examen preliminar del asunto que
no resulte congruente con el debate planteado por las partes o por resultar
necesario para proteger derechos fundamentales, lo cierto es que en este caso,
esta Sala observa que la autoridad judicial de segunda instancia mantuvo la
fijación del debate conforme se planteó inicialmente para proteger el principio de
congruencia y los derechos al debido proceso y de defensa de la UGPP, con el
fin de afianzar la seguridad jurídica dentro del asunto bajo conocimiento, tal como
se observa que se motivó en la decisión de segunda instancia censurada.
Dicho lo anterior, la Sala considera que la sentencia objeto de revisión no
desconoce el principio de congruencia, toda vez que, con ocasión del recurso de
apelación, la segunda instancia no podía resolver las nuevas censuras que
advirtió, por cuanto no es la oportunidad procesal para que la demandante las
propusiera, así como tampoco lo es el momento de alegar de conclusión en las
respectivas instancias judiciales.
En este orden de ideas, la sentencia recurrida no está viciada de nulidad por
desconocimiento del principio de congruencia procesal. Si bien la decisión
desestimó la argumentación del apelante al confirmar la sentencia del a quo, la
Sala recuerda que este medio excepcional de revisión no es una instancia
adicional del proceso ordinario en la que la parte inconforme pueda debatir y/o
cuestionar el criterio de los jueces de instancia, toda vez que al juez de la revisión
le está vedado pronunciarse sobre eventuales errores in judicando, escenario
que realmente es el propuesto bajo la argumentación del recurso para discutir la
tesis del juzgador de instancia, quien, como se expuso, explicó las razones por
las cuales no podía resolver argumentos nuevos que no fueron propuestos por la
actora, y resolvió sobre la legalidad de los actos administrativos demandados, la
competencia de la UGPP para adoptar ese tipo de decisiones y los demás
reparos que correspondían a la tesis central de la alzada, que sí guardaban
consonancia con los argumentos formulados desde la demanda, aspectos que
fueron debidamente zanjados y fundamentados en la sentencia recurrida, pero
en contra de los intereses de la sociedad recurrente. Sin embargo, tal
circunstancia no implica la configuración del vicio de nulidad alegado. Por tanto,
se declarará infundado el medio excepcional propuesto.
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Asunto: Recurso extraordinario de revisión
Radicación n.º 11001-03-15-000-2023-04705-00
Demandante: Riopaila Castilla S.A.
Demandada: UGPP
2.4. Conclusión
La Sala no encuentra acreditada la causal 5.ª de revisión prevista en el artículo
250 del CPACA, referida a la nulidad originada en la sentencia, toda vez que, en
el caso concreto no concurren los requisitos necesarios para su configuración.
En consecuencia, se declarará infundado el recurso extraordinario.
2.5. Costas
El artículo 255 del CPACA, modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de 2021,
establece que «si se declara infundado el recurso, se condenará en costas y
perjuicios al recurrente». Así las cosas, bajo una interpretación armónica que
permita determinar el alcance de la condena en costas dentro del recurso
extraordinario de revisión, se tiene que, de acuerdo con lo previsto en el artículo
361 del CGP, las costas están integradas por la totalidad de las expensas y
gastos procesales, así como por las agencias en derecho. A su vez, según el
numeral 8.º del artículo 365 ibidem, solo habrá lugar a su imposición «cuando en
el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación».
En el caso concreto, la Sala advierte que no procede la condena en costas por
concepto de expensas y gastos procesales porque no aparece demostrado en el
expediente que la parte demandada hubiere incurrido en dichos pagos. En cuanto
al componente de agencias en derecho, debe señalarse que, aunado a que el
recurso se declarará infundado, el extremo pasivo del proceso ordinario, esto es,
la UGPP compareció al proceso dentro de la oportunidad legal con el fin de
oponerse y ejerció su derecho de defensa68. Por tanto, la Sala estima que la
gestión de la UGPP en este proceso resulta suficiente para que se disponga la
fijación de agencias en derecho a su favor, a título compensatorio69 frente a los
esfuerzos en el tiempo, dedicación, vigilancia y diligencia que le demandó, en su
calidad de extremo pasivo, el hecho de contestar el presente recurso, sumado a
la naturaleza y duración de esta causa procesal.
Realizadas las precisiones anteriores, conviene indicar que, al ser un proceso de
única instancia ante esta corporación, la liquidación de las costas será realizada
por la Secretaría General, de acuerdo con los parámetros señalados en el artículo
36670 del CGP. Asimismo, según el numeral 4.º del mismo artículo, para la fijación
68 Índice 17 de SAMAI.
69 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintisiete Especial de Decisión,
sentencia de 6 de agosto de 2019 en donde se precisó que «… la función de las agencias en derecho es la
de otorgar a la parte vencedora una razonable compensación económica por la gestión procesal que realizó
…», radicación n.º 15001-33-33-007-2017-00036-01, revisión eventual, M.P. Rocío Araújo Oñate.
70 «Artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada
en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede
ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto
por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: 1. El secretario hará la liquidación y corresponderá al
juez aprobarla o rehacerla. [...]. 4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que
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Asunto: Recurso extraordinario de revisión
Radicación n.º 11001-03-15-000-2023-04705-00
Demandante: Riopaila Castilla S.A.
Demandada: UGPP
de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo
Superior de la Judicatura. Al respecto, el Acuerdo n.º PSAA16-10554 de 2016,
dispuso lo siguiente:
[...] Artículo 2. Criterios. Para la fijación de agencias en derecho el funcionario
judicial tendrá en cuenta, dentro del rango de las tarifas mínimas y máximas
establecidas por este acuerdo, la naturaleza, la calidad y la duración de la gestión
realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del
proceso y demás circunstancias especiales directamente relacionadas con dicha
actividad, que permitan valorar la labor jurídica desarrollada, sin que en ningún
caso se puedan desconocer los referidos límites.
[…]. Artículo 5º. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son:
[...] 9. RECURSOS EXTRAORDINARIOS.
Entre 1 y 20 S.M.M.L.V. [...] (énfasis añadido por la Sala).
En consecuencia, se fijarán las agencias en derecho en favor de la UGPP y a
cargo de la recurrente: en un (1) salario mínimo legal mensual vigente –SMMLV–
a la fecha de ejecutoria de la presente providencia.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sala Veintidós Especial de Decisión, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
V. FALLA
Primero: Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto
por la sociedad Riopaila Castilla S.A., por la causal 5.ª del artículo 250 del CPACA,
contra la sentencia de 25 de agosto de 2022 de la Sección Cuarta del Consejo
de Estado, de acuerdo con lo expresado en la parte motiva de esta providencia.
Segundo: Condenar en costas, por el componente de agencias en derecho, a
la sociedad Riopaila Castilla S.A. y en favor de la UAE de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP–, de acuerdo con lo
expuesto en esta sentencia.
Tercero: Fijar como agencias en derecho la suma equivalente a un (1) salario
mínimo legal mensual vigente a la fecha de ejecutoria de esta decisión, la cual
establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un
máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el
apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin
que pueda exceder el máximo de dichas tarifas. […].
6. Cuando la condena se imponga en la sentencia que resuelva los recursos de casación y revisión o se
haga a favor o en contra de un tercero, la liquidación se hará inmediatamente quede ejecutoriada la
respectiva providencia o la notificación del auto de obedecimiento al superior, según el caso».
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Asunto: Recurso extraordinario de revisión
Radicación n.º 11001-03-15-000-2023-04705-00
Demandante: Riopaila Castilla S.A.
Demandada: UGPP
deberá incluirse en la liquidación de costas a cargo de la recurrente.
Cuarto: En firme esta providencia, el expediente deberá regresar al despacho
del magistrado ponente para la aprobación de las costas liquidadas por la
Secretaría General del Consejo de Estado.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, Y CÚMPLASE.
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente de la Sala
MILTON CHAVES GARCÍA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Magistrado Magistrado
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Magistrado Magistrado
Con salvamento parcial de voto
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx
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