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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00850-00

Fecha
9 de marzo de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-00850-00

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

9 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., nueve (9) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00850-00 (1350)
Accionante: Jorge Iván Martínez Roldán
Accionados: Tribunal Administrativo de Casanare y otro

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Subtema 2: nulidad del acto administrativo que
reconforma la lista de elegibles. Subtema 3: defecto sustantivo, desconocimiento
del precedente y decisión sin motivación.

Sentencia de primera instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la solicitud de amparo interpuesta por Jorge Iván Martínez Roldán contra el Tribunal
Administrativo de Casanare y el Juzgado Tercero Administrativo de Yopal.

1. Síntesis del caso

El señor Jorge Iván Martínez Roldán, a través de apoderado, presentó acción de
tutela con la pretensión de amparo de sus derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia, que consideró vulnerados con
ocasión de la sentencia del 10 de octubre de 2024, proferida por el Juzgado Tercero
Administrativo de Yopal y las providencias del 6 de noviembre de 2025 y 22 de enero
de 2026, dictadas por el Tribunal Administrativo de Casanare, dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado núm.
85001-33-33-003-2022-00024-00/01.

2. Antecedentes

2.1. Hechos relevantes

1. A partir del escrito de tutela1 y de los demás elementos aportados por las partes
al trámite constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:

1
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-00850-00, índice 2, certificado F5ADFD6E3F3D40B1 234DD9BD63F33D32
1FA17FC369BEA563 008A68C6156ABDCF.

1

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00850-00 (1350)
Accionante: Jorge Iván Martínez Roldán
Accionados: Tribunal Administrativo de Casanare y otro

2. La Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), mediante Acuerdo núm.
2019000000606 del 4 de marzo de 2019 convocó a concurso abierto de méritos
para proveer las vacantes definitivas de los empleos de carrera administrativa
pertenecientes a la planta de personal del departamento de Casanare, la cual se
identificó como Convocatoria núm. 1068 de 2019.

3. Una vez agotadas todas las etapas y pruebas del proceso de selección, la
CNSC, mediante Resolución núm. 15117 del 6 de diciembre de 2021, conformó la
lista de elegibles para proveer el cargo de Profesional Especializado, código 222,
grado 8, en el cual se estableció que el señor Jorge Iván Martínez Roldán ocupó la
posición número uno por haber obtenido un resultado de 72.46 puntos y el señor
Haison Omar Carrillo Lemus le correspondió el puesto número 2, con un ponderado
de 72.41 puntos.

4. El señor Haison Omar Carrillo Lemus presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de la CNSC, con el fin de que se dejara
parcialmente sin efecto la lista de elegibles y, en su lugar, se ordenara la
reconformación de esta para que se determinara que el demandante debía ocupar
el primer puesto y, por ende, debía ser nombrado en el cargo ofertado.

5. El Juzgado Tercero Administrativo de Yopal, mediante sentencia del 10 de
octubre de 2024, accedió a las pretensiones de la demanda. En contra de dicha
decisión, la CNSC y el señor Jorge Iván Martínez Roldán presentaron recurso de
apelación.

6. El Tribunal Administrativo de Casanare, a través de providencia del 6 de
noviembre de 2025, confirmó en todas sus partes el fallo de primera instancia, al
considerar que el acto administrativo demandado fue expedido con infracción del
derecho al debido proceso del señor Carrillo Lemus, pues no tuvo en cuenta que la
CNSC modificó las condiciones planteadas al inicio de la convocatoria y los cambios
en los ítems de calificación de la educación informal se dieron basados en un acta
expedida con posterioridad al cierre de la convocatoria, contrariando lo dispuesto
en el artículo 9 de esta e impidió cualquier tipo de subsanación por el participante.

7. El señor Jorge Iván Martínez Roldán presentó solicitud de adición de la
sentencia, con el fin de que el Tribunal Administrativo de Casanare se pronunciara
sobre la vulneración de los derechos del recurrente, en atención a los efectos de la
decisión favorable para el señor Haison Omar Carrillo Lemus y las excepciones
planteadas en el curso del proceso, cuyos aspectos se expresaron en el escrito del
recurso de apelación.

8. El Tribunal Administrativo del Casanare, mediante auto del 22 de enero de 2026,
negó la solicitud de adición de la sentencia del 6 de noviembre de 2025.

2

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00850-00 (1350)
Accionante: Jorge Iván Martínez Roldán
Accionados: Tribunal Administrativo de Casanare y otro

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

9. La parte actora solicitó, en el escrito de tutela, lo siguiente:

PRIMERA: Tutelar a favor de JORGE IVAN MARTINEZ ROLDÁN, los derechos
fundamentales constitucionales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, vulnerados por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE y el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE.

SEGUNDA: DEJAR SIN EFECTOS las providencias que a continuación se describen,
proferidas por los accionados:

• Auto del 22 de enero de 2026, proferido por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CASANARE, dentro del Radicado No. 850013333003-2022-00024-01

• Sentencia de Segunda Instancia, fechada 6 de noviembre de 2025, proferido por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE, dentro del Radicado No.
850013333003-2022-00024-00

• Sentencia de primera Instancia, fechada 10 de octubre de 2024, proferido por el
JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE YOPAL, dentro del
Radicado No. 850013333003-2022-00024-00

TERCERA: ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE que en el
término de cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del fallo de tutela, dicte una
nueva decisión como en derecho corresponda y con atención a las consideraciones
expuestas en esta demanda.

CUARTA: Las demás que considere su despacho para la plena satisfacción de los
derechos constitucionales conculcados. […]. [sic]

10. Como fundamento de sus pretensiones, la parte accionante consideró que las
providencias proferidas por el Juzgado Tercero Administrativo de Yopal y por el
Tribunal Administrativo de Casanare incurrieron en defecto sustantivo porque
desconocieron las «reglas sustanciales y procedimentales» en las que debían
fundamentarse, pues no tuvieron en cuenta el contenido y alcance de los artículos
187 del CPACA, 280 y 281 del CGP, toda vez que omitieron hacer un análisis crítico
de la demanda, sus pretensiones y las excepciones planteadas por la parte contraria
en el curso del proceso ordinario.

11. Afirmó que las providencias cuestionadas no cumplen con el principio de
congruencia, toda vez que no guardan consonancia entre lo pedido y lo decidido,
en tanto no se pronunciaron adecuadamente frente a los hechos, las pretensiones
aducidas en la demanda y las excepciones alegadas por las partes en el trámite
judicial.

12. En este sentido explicó que el demandante en el escrito inicial dejó claro que el
alcance de su demanda se dirigía a obtener la nulidad de un acto administrativo
complejo, conformado por los siguientes documentos:

i) El acta núm. 21 del 10 de marzo de 2020, proferida por la CNSC, el anexo
técnico y la prueba de valoración de antecedentes.

3

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00850-00 (1350)
Accionante: Jorge Iván Martínez Roldán
Accionados: Tribunal Administrativo de Casanare y otro

ii) El acto mediante el cual se publicaron los resultados individuales obtenidos
de la ponderación final de los participantes.

iii) La comunicación de radicado RECVA-TI-2946 del 17 septiembre de 2021.

iv) La Resolución núm. 15117 del 6 de diciembre de 2021.

v) La Resolución núm. 0312 del 27 de diciembre de 2021, por medio de la cual
se efectuó el nombramiento del señor Jorge Iván Martínez Roldán en el cargo
ofertado.

vi) El acta núm. 0051 del 17 de enero de 2022, el señor Jorge Iván Martínez
Roldán, tomo posesión del empleo de PROFESIONAL ESPECIALIZADO,
Código 222, grado 8 en la planta de personal del departamento del Casanare.

13. Expuso que las accionadas solo se pronunciaron sobre la nulidad de los
siguientes documentos: i) La Resolución núm. 15117 del 6 de diciembre de 2021; ii)
la Resolución núm. 0312 del 27 de diciembre de 2021 y iii) el acta núm. 0051 del 17
de enero de 2022. Sin embargo, guardaron silencio sobre la legalidad del acta núm.
21 del 10 de marzo de 2020, proferida por la CNSC, el anexo técnico y la prueba de
valoración de antecedentes, pues estos últimos no fueron anulados por los jueces
accionados, en tanto la parte resolutiva de las sentencias acusadas no hicieron
mención de ello, por lo que respecto de aquellos se mantiene su presunción de
legalidad.

14. Adicionalmente, refirió que se configuró una incongruencia entre el problema
jurídico definido en el auto del 12 de octubre de 2023, proferido por el Juzgado
Tercero Administrativo de Yopal y lo decidido. En dicha providencia se fijó el litigio
en determinar la legalidad de los actos administrativos cuestionados por el señor
Haison Omar Carrillo Lemus, particularmente, el Acta núm. 21 del 10 de marzo de
2020 y el anexo técnico aprobado el 18 de febrero de 2021; sin embargo, este no
fue resuelto en la parte considerativa de la decisión de primera instancia ni se
analizó en la sentencia del Tribunal accionado, pese que esta inconformidad fue
expuesta en el recurso de apelación.

15. De igual manera, expuso que el señor Haison Omar Carrillo Lemus en su
demanda se limitó a solicitar la nulidad del acta de posición núm. 051 del 17 de
enero de 2022 y la Resolución No. 0312 del 27 de diciembre de 2021. No obstante,
la sentencia del 10 de octubre de 2024, confirmada por Tribunal accionado en el
fallo del 6 de noviembre de 2025, en su numeral cuarto, dejó sin efecto la referida
acta y el registro en carrera del señor Jorge Iván Martínez Roldán, sin tener en
cuenta que este último no fue demandado y, por el contrario, le permitió gozar de
unos derechos adquiridos al tutelante.

16. Asimismo, expresó que en la demanda y en el escrito de reforma de esta no
existe una pretensión encaminada a obtener el nombramiento del demandante en

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00850-00 (1350)
Accionante: Jorge Iván Martínez Roldán
Accionados: Tribunal Administrativo de Casanare y otro

el cargo de Profesional Especializado, código 222, grado 08, pues las peticiones de
restablecimiento del derecho estaban dirigidas a obtener el pago de los salarios y
prestaciones sociales dejados de percibir «[…]desde el día veintisiete (27) de
diciembre del año 2021 fecha en que se nombró en periodo de prueba al señor
Jorge Iván Martínez Roldán, hasta la fecha de la presentación de la demanda […]»,
pero no a que se le nombrara al demandante en dicho cargo.

17. En concreto, advirtió que los despachos judiciales accionados desconocieron
de manera manifiesta el principio de congruencia previsto en los artículos 187 del
CPACA y, 280 y 281 del CGP, al proferir una decisión cuya parte resolutiva no
guarda la debida correspondencia con las pretensiones formuladas en la demanda,
su reforma y los argumentos expuestos en la contestación, por lo que incurrieron en
fallos ultra petita y extra petita, proscritos en el ordenamiento jurídico colombiano.

18. Por otro lado, el accionante afirmó que las providencias cuestionadas
incurrieron en desconocimiento del precedente porque no tuvieron en cuenta que la
Corte Constitucional, en la sentencia SU-061 de 2018, precisó que la jurisdicción de
lo contencioso-administrativo funciona bajo el principio de justicia rogada. De modo,
que, por regla general, el juez no puede actuar de manera oficiosa, sino que su
actividad se desarrolla respecto de los cargos que los ciudadanos plantean en el
ejercicio de sus demandas.

19. Añadió que la decisión del Tribunal desconoció el criterio fijado por la
jurisprudencia constitucional en la sentencia SU-913 de 2009, sobre la naturaleza
de los actos administrativos expedidos en un concurso de méritos, al considerar que
el acta núm. 21 del 10 de marzo de 2020, el anexo técnico del 18 de febrero de
2021, el acto de publicación de resultados individuales y la comunicación RECVA-
TI-2946 del 17 de septiembre de 2021 tenía la condición de actos de carácter
general y no de contenido particular.

20. Al respecto dijo que tales actos, si bien sus destinatarios son un número plural
de personas, ellos solamente producían efectos vinculantes para aquellos
ciudadanos que se encontraban inscritos en la convocatoria núm. 1068 de 2019 —
Territorial 2019, por lo que son actos administrativos de carácter particular y
concreto que, si son susceptibles de control judicial, como lo pretendía el
demandante.

21. Finalmente indicó que la sentencia del Tribunal Administrativo de Casanare
incurrió en el defecto de decisión sin motivación, toda vez que omitió pronunciarse
sobre los argumentos que propuso el señor Jorge Iván Martínez Roldán en el
recurso de apelación interpuesto contra el fallo de primera instancia, los cuales
consistían en: i) la vulneración del derecho al debido proceso del recurrente y los
demás participantes de la convocatoria 1068 de 2019, por la forma en que la
autoridad judicial valoró los certificados de educación informal aportados por Haison
Omar Carrillo y, ii) la falta de resolución respecto de las excepciones de fondo que
planteó para oponerse a las pretensiones del demandante en el proceso ordinario.

5

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00850-00 (1350)
Accionante: Jorge Iván Martínez Roldán
Accionados: Tribunal Administrativo de Casanare y otro

2.3. Trámite procesal

22. El despacho ponente, mediante auto del 12 de febrero de 20262, i) admitió la
demanda, ordenó la notificación al Juzgado Tercero Administrativo de Yopal y al
Tribunal Administrativo de Casanare, ii) puso en conocimiento el escrito de tutela a
la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), a la Fundación Universitaria del
Área Andina, el departamento de Casanare y al señor Haison Ormar Carrillo Lemus,
en su condición de terceros con interés y iii) negó la solicitud de medida provisional
invocada.

2.4. Intervenciones

23. El Tribunal Administrativo de Casanare3 manifestó que la providencia del 6 de
noviembre de 2025 efectuó un estudio integral de los argumentos plantados por los
recurrentes y constató que la providencia apelada abordó todos los cargos
propuestos en la demanda y sus contestaciones. Así pues, en cuanto a la valoración
de los documentos aportados por el señor Martínez Roldán, se concluyó que
carecían de la fuerza suficiente para revocar el fallo de primera instancia, pues se
partió de un análisis errado del articulado de la convocatoria demandada.

24. Asimismo, explicó que la CNSC debía asumir los efectos de la condena, puesto
que fue a través de sus propias actuaciones que se originó la nulidad de la
Resolución núm. 15117 del 6 de diciembre de 2021 con la que conformó la lista de
elegibles para proveer la vacante definitiva del empleo denominado Profesional
Especializado código 222 grado 8 del departamento de Casanare.

25. De igual manera, resaltó que en el fallo cuestionado se evidenció la infracción
del debido proceso al señor Haison Omar Carrillo Lemus, pues se modificaron las
condiciones planteadas al inicio de la aludida convocatoria, porque los cambios en
los ítems de calificación de la educación informal se dieron basados en un acta
expedida con posterioridad al cierre de la convocatoria, contrariando lo dispuesto
en el artículo 9 de esta e impidió cualquier tipo de subsanación por el participante.

26. Resaltó que la corporación dio respuesta clara y de fondo a los requerimientos
expresados por el tutelante en el escrito de adición, mediante auto del 22 de enero
de 2026.

27.Con base en lo dicho, afirmó que la acción de tutela no puede convertirse en
una tercera instancia para revivir el debate jurídico que se surtió ante el juez natural.

28. Por lo expuesto, solicitó que se declare improcedente la solicitud de amparo, en
la medida en que la decisión cuestionada no incurrió en ninguno de los defectos
alegados por el accionante ni se vulneraron sus derechos.

2
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-00850-00 índice 4, certificado 87828D4F9D8F1D07 B42DE1355D476B5B
E1B6DF0CAFDD0940 3E020D2FC6BB2E0A.
3
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-00850-00 Incide 10, certificado BDB482FA839E891A 3CDEB49237B489BA
FEBAAF61DD9DCCE7 262D6E71AE5D75C1
.

6

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Accionante: Jorge Iván Martínez Roldán
Accionados: Tribunal Administrativo de Casanare y otro

29. El Juzgado Tercero Administrativo de Yopal4 manifestó que las decisiones
adoptadas por las autoridades judiciales accionadas en primera y segunda instancia
efectuaron una valoración adecuada de los hechos, los argumentos y las pruebas
aportadas por las partes al proceso ordinario, por lo que se encuentran ajustadas a
derecho con sujeción a los principios de independencia y autonomía.

30. Indicó que las razones expuestas por el accionante lejos de mostrar una
irregularidad de carácter constitucional en las decisiones acusadas, lo que revelan
es una inconformidad con el sentido de la decisión. De manera que resulta evidente
que el asunto no cumple con el requisito de relevancia constitucional. En
consecuencia, solicitó que se declare improcedente la tutela.

31. La Fundación Universitaria del Área Andina5 dijo que carecía de legitimación en
la causa por pasiva, toda vez que no fue la entidad que expidió los actos
administrativos cuestionados al interior del proceso ordinario, esto es, el acuerdo
rector (convocatoria), el anexo técnico y el acto administrativo de lista de elegibles,
pues actuó como operador del concurso de méritos bajo la figura de la delegación
por contrato y sobre la cual debió atender la fase de valoración de antecedentes
conforme a las directrices impartidas por la CNSC. En consecuencia, solicitó que se
le desvincule del presente trámite constitucional.

32. El departamento del Casanare6 expresó que la entidad no es responsable de la
vulneración alegada por el señor Jorge Iván Martínez Roldán, puesto que las
entidades encargadas de la elaboración y aplicación de la convocatoria núm. 1068
de 2019 — Territorial 2019, fueron la CNSC y la Fundación Universitaria del Área
Andina, razón por la cual las inconformidades con relación a los puntajes obtenidos
por los participantes dentro de esta debían ser resueltas por la CNSC. Aclaró que
la entidad territorial no participó en el desarrollo del proceso de selección,
calificación, ponderación de resultados, ni conformación de la lista de elegibles.

33. Adicionalmente, expuso que no está llamado a responder por las pretensiones
del tutelante, en la medida en que no tiene competencia alguna para definir la
validez de una decisión judicial.

34. Por lo dicho, pidió que se le desvincule del presente trámite constitucional o, en
su defecto se nieguen las pretensiones de la tutela, dado que no vulneró los
derechos del accionante.

35. La Comisión Nacional del Servicio Civil, (CNSC)7, afirmó que, con ocasión de
las sentencias proferidas 10 de octubre de 2024 y el 6 de noviembre de 2025 el

4
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-00850-00, índice 11, certificado D37D842F5292B0C9 048846AC6F2F876E
0C586A3C5E572376 DB4EA02F65FBB83B.
5
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-00850-00, índice 13, certificado 7A7FEA365AD0C7D0 1433A3C1215672ED
64DF75AA4DECB689 14A97E2905774713.
6
Samai, exp, 11001-03-15-000-2026-00850-00, índice 14, certificado 86BC8EC17A1117F3 EA0B74B1B6210C7A
44E4FD0D7205B96D 81D5AFB4ECFCFCDD
7
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-00850-00, índice 17, certificado CF123FFD3FA9B898 D3C549E4ACCBE97D
A3C338D825B69964 FBC6E33320583718.

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Accionados: Tribunal Administrativo de Casanare y otro

Juzgado Tercero Administrativo de Yopal y el Tribunal Administrativo de Casanare,
procedió a expedir la Resolución núm. 11914 del 20 de noviembre de 2025,
mediante la cual se recompuso la lista de elegibles para el empleo denominado
Profesional Especializado, código 222, grado 8 (Procesos de Selección Territorial
2019 – gobernación de Casanare).

36. Así pues, resaltó que el referido acto administrativo fue expedido en estricto
cumplimiento de una orden judicial. Razón por la cual se modificó la puntuación
asignada al señor Haison Omar Carrillo Lemus en la prueba de Valoración de
Antecedentes y, por ende, al puntaje total ponderado, lo que le permitió ocupar un
mejor lugar en la lista de elegibles.

37. Por otro lado, aclaró que dentro de las funciones de la CNSC no se encuentra
el desarrollo de la actividad judicial, la cual es exclusiva de las autoridades que
integran la Rama Judicial, por lo tanto, es claro que lo pretendido por el accionante
recae directamente en las decisiones adoptadas por el Juzgado Tercero
Administrativo de Yopal y el Tribunal Administrativo de Casanare.

38.Por lo mencionado, solicitó que se le desvincule del presente trámite de tutela,
debido a que carece de legitimación en la causa por pasiva.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

39. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, y el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de la
presente solicitud de amparo interpuesta por Jorge Iván Martínez Roldán contra el
Juzgado Tercero Administrativo de Yopal y el Tribunal Administrativo de Casanare.

3.2. Legitimación en la causa

40. La legitimación en la causa por activa del señor Jorge Iván Martínez Roldán está
acreditada porque fue un tercero con interés vinculado al proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho en el que fueron expedidas las providencias que, a su
juicio, desconocieron sus derechos fundamentales.

41. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Juzgado
Tercero Administrativo de Yopal y del Tribunal Administrativo de Casanare, debido a
que fueron las autoridades que profirieron las providencias, objeto de tutela.

42. Por otro lado, se advierte que la Fundación Universitaria del Área Andina, el
departamento del Casanare y la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC),
solicitaron su desvinculación, al considerar que no estaban llamadas a responder
por la vulneración de los derechos fundamentales de la parte accionante.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00850-00 (1350)
Accionante: Jorge Iván Martínez Roldán
Accionados: Tribunal Administrativo de Casanare y otro

43. Al respecto, la Sala aclara que su vinculación al presente asunto fue en calidad
de terceros, en aras de garantizar sus derechos de defensa y contradicción, toda
vez que dichas entidades actuaron como parte demandada dentro del proceso
ordinario en el que fueron expedidas las providencias objeto de reparos y, en
consecuencia, la decisión que resuelva la tutela podría afectar sus intereses. Por
los motivos expuestos, se negará la solicitud.

3.3. Cuestión preliminar

44. La Sala considera pertinente aclarar que, si bien el escrito de tutela se dirige a
cuestionar la sentencia del 10 de octubre de 2024, proferida por el Juzgado Tercero
Administrativo de Yopal y las providencias del 6 de noviembre de 2025 y 22 de enero
de 2026, dictadas por el Tribunal Administrativo de Casanare, dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, lo cierto es que los argumentos
que sustentan las pretensiones de la parte actora guardan unidad de materia y se
dirigen en similares términos frente a las tres decisiones cuestionadas.

45. En consecuencia, el estudio del presente asunto se centrará en la sentencia
expedida el 6 de noviembre de 2025 por el Tribunal Administrativo de Casanare,
toda vez que esta decisión fue la que resolvió las inconformidades planteadas por
el señor Jorge Iván Martínez Roldán en el recurso de apelación interpuesto contra
el fallo de primera instancia y fue la decisión que dio lugar a la solicitud de adición
promovida por el tutelante.

3.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

46. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado8 y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela en contra de providencias judiciales procede
de manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos,
en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo
de este mecanismo constitucional9.

47.En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:

i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial;
iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado;
iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que
afecte un derecho fundamental;

8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado núm.11001-
03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
9
Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.

9

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00850-00 (1350)
Accionante: Jorge Iván Martínez Roldán
Accionados: Tribunal Administrativo de Casanare y otro

v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración; y,
vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

48. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción
de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales10 y, por
tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En
otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que
afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.

49. De esta manera, para que prospere una tutela contra providencia judicial se
requiere que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: i)
orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error
inducido a la autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del
precedente constitucional; o viii) violación directa de la Constitución11.

3.5. Problema jurídico

50. Corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo de Casanare, al
proferir la sentencia del 6 de noviembre de 2025, mediante la cual confirmó la
decisión adoptada el 10 de octubre de 2024, por el Juzgado Tercero Administrativo
de Yopal, vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia del accionante.

51. Previo a resolver lo anterior, es necesario establecer si la solicitud de amparo
supera el requisito de subsidiariedad. En concreto, se deberá verificar si resulta
procedente el recurso extraordinario de revisión para discutir los cargos formulados
en el escrito de tutela.

52. Para el efecto, se estudiarán los siguientes aspectos: i) Naturaleza del recurso
extraordinario de revisión; ii) la causal de revisión contenida en el numeral 5 del
artículo 250 del CPACA: nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso;
iii) el principio de congruencia; y ii) el caso concreto.

3.5.1. Naturaleza del recurso extraordinario de revisión

53. El recurso extraordinario de revisión ha sido considerado por la jurisprudencia y
la doctrina nacional como un mecanismo de impugnación y, al mismo tiempo, una
excepción al principio de inmutabilidad de las decisiones judiciales que ponen fin a

10
Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018.
11
Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.

10

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Accionante: Jorge Iván Martínez Roldán
Accionados: Tribunal Administrativo de Casanare y otro

una controversia, siempre que estén incursas en alguna de las causales previstas
taxativamente en el artículo 250 del CPACA12.

54. Es un medio excepcional de impugnación de las decisiones judiciales, regulado
en los artículos 248 y subsiguientes del CPACA13, para casos en que la decisión
judicial está inmersa en supuestos como «[…] la falsedad, el fraude, el error, la
aparición de documentos decisivos que hubieren modificado el sentido de la
decisión […]», entre otros14.

55. Por tal motivo, el carácter excepcional del recurso extraordinario de revisión
supone que no puede utilizarse «[…] para cuestionar la actividad interpretativa, ni la
valoración probatoria del juez, ni para que el afectado con la sentencia proponga
cuestiones que no alegó oportunamente en el proceso originario. Es un instrumento
para discutir y ventilar ciertos hechos procesales externos a la labor funcional del
juez, que pueden llegar a afectar el principio de justicia material»15.

56. De ahí deviene la importancia de que los hechos del caso se subsuman en la
causal invocada sin necesidad de recurrir a interpretaciones amplias que reabran la
discusión como si se tratara de una nueva instancia judicial.

57. Para lograr lo anterior, se exige del recurrente «una carga argumentativa precisa
[…], toda vez que debe hacerse de manera técnica, rigurosa y fundamentada
[…]»16. Así pues, la parte que acuda al recurso extraordinario de revisión bajo el
amparo de una de las causales previstas para su procedencia tiene el deber de «[…]
explicar cuáles son los motivos que la soportan y, especialmente, los hechos que
sirven de fundamento para su configuración»17.

3.5.2. Causal de revisión contenida en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA:
nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso

58. El artículo 250 del CPACA regula las causales del recurso extraordinario de
revisión. En particular, en su numeral 5, establece como causal:

5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la
que no procede recurso de apelación.

59.El alcance de esta causal es restrictivo en la medida en que exige «[…] que
concurran dos supuestos: el primero, que la nulidad se origine en la sentencia que

12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 22, sentencia del 5 de julio de 2024,
exp. 11001-03-15-000-2022-03940-00.
13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 22, sentencia del 5 de abril de 2024,
exp. 11001-03-15-000-2023-04705-00
14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 22, sentencia del 5 de julio de 2024,
exp. 11001-03-15-000-2022-03940-00.
15
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 3, sentencia del 3 de agosto
de 2022, exp. 11001031500020211146300.
16
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 3, sentencia del 3 de agosto
de 2022, exp. 11001031500020211146300.
17
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 14, sentencia del 13 de octubre
de 2020, exp. 11001-03-15-000-2019-00119-00(REV).

11

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00850-00 (1350)
Accionante: Jorge Iván Martínez Roldán
Accionados: Tribunal Administrativo de Casanare y otro

puso fin al proceso y, el segundo, que contra el fallo cuestionado no proceda recurso
de apelación»18.

60. No obstante, como el CPACA no regula expresamente en qué escenarios se
configura una nulidad originada en la sentencia, la jurisprudencia se ha encargado
de dotar de contenido el numeral 5 del artículo 250 ibidem.

61. En estos términos, ha considerado que esta situación se configura por las
causales de nulidad insanables establecidas en el artículo 133 del CGP 19. De tal
manera que, no cualquier circunstancia habilita la procedencia del recurso
extraordinario de revisión, sino solo las causales expresamente dispuestas como
vicios de nulidad, siempre que estos concurran en la sentencia que definió la
controversia, y no en etapas procesales anteriores a la decisión.

62. Así se pronunció la Sala Especial de Decisión 3 del Consejo de Estado en
decisión del 29 de junio de 2022, en la que advirtió que habilitar la procedencia del
recurso extraordinario de revisión frente a situaciones ocurridas con anterioridad a
la sentencia «[…] se convertiría en una anormal oportunidad para que las partes
subsanen las omisiones del proceso ordinario y aleguen nulidades o errores
procesales que debieron proponer en la oportunidad prevista en el artículo 134 CGP
(antes el artículo 142 CPC) o para proponer nulidades que quedaron saneadas en
los términos del artículo 136 ib. (antes 144 CPC)»20.

63. Por lo anterior, a través de la causal 5 del recurso extraordinario de revisión, no
puede invocarse una nulidad que haya ocurrido con antelación a la sentencia, salvo
el caso de aquellas que, aunque acontecieron de forma previa a la decisión, «[…]
no pudieron ser advertidas por el recurrente durante el curso del proceso. Sin
embargo, el afectado deberá demostrar que no tuvo la oportunidad de manifestar la
nulidad, para evitar que este medio de impugnación extraordinario se convierta en
una tercera instancia, en la que las partes pueden subsanar sus omisiones»21.

64. Adicionalmente, la Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo del Consejo de
Estado ha avalado la procedencia del recurso extraordinario de revisión, sustentado
en la causal de nulidad originada en la sentencia, en determinados eventos
supralegales que comportan una lesión grave del derecho fundamental al debido
proceso.

65. Sin embargo, no cualquier violación del debido proceso previsto genéricamente
en el artículo 29 de la Constitución Política da lugar a la configuración de la causal
de nulidad originada en la sentencia, sino solo en los escenarios que expresamente

18
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 19 de septiembre de 2023, exp. 11001-03-
15-000-2020-03585-00.
19
Antes el artículo 140 del CPC.
20
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 3, sentencia del 3 de agosto
de 2022, exp. 11001031500020211146300.
21
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 14, sentencia del 13 de octubre
de 2020, exp. 11001-03-15-000-2019-00119-00(REV).

12

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00850-00 (1350)
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Accionados: Tribunal Administrativo de Casanare y otro

ha reconocido la jurisprudencia, lo cual puede ocurrir, entre otras, por las siguientes
circunstancias excepcionales22:

• Cuando la decisión se haya fundado exclusivamente en una prueba
recaudada con violación al debido proceso23.

• Cuando la decisión haya sido firmada por un número mayor o menor de
magistrados o se adoptó con un número de votos distinto a que prevé la ley.

• Cuando la providencia carezca por completo de motivación24.

• Cuando la decisión transgreda el principio de la non reformatio in pejus25.

• Cuando la providencia pase por alto el principio de congruencia26.

• Cuando se profiera un fallo de carácter condenatorio en contra de una
persona que no fue vinculada al proceso27.

• Cuando la decisión haya consistido en un fallo inhibitorio injustificado 28.

66. En conclusión, esta corporación ha reconocido que «[…] no cualquier
irregularidad resulta subsumible en la causal quinta de revisión derivada del artículo
29 constitucional, sino solo aquel vicio de carácter sustancial que incida en la
decisión por afectar el núcleo esencial del derecho fundamental al debido proceso
[…]. Esto implica, que le corresponde al juez analizar, en cada caso en particular, si
el vicio que se alega impacta el debido proceso y la correcta aplicación de la justicia
material de manera que tenga la entidad suficiente para permear la inmutabilidad
de la cosa juzgada»29.

67. De tal manera que, como «[…] no puede haber nulidad sin texto legal que la
consagre»30, el recurso extraordinario de revisión por la causal 5 del artículo 250 del
CPACA procede por los supuestos previstos en las disposiciones adjetivas y la
jurisprudencia vigente.

22
Consejo de Estado, Sala Plena delo Contencioso-Administrativo, sentencia del 19 de septiembre de 2023, exp. 11001-03-
15-000-2020-03585-00.
23
Consejo de Estado, Sala Trece Especial de Decisión, sentencia de 7 de junio de 2016, radicación: 11001-03-15-000-2015-
02493-00 (REV).
24
Consejo de Estado, Sala Cinco Especial de Decisión, sentencia de 3 de febrero de 2015, radicación: 11001-03-15-000-
2009-00494-00 (REV).
25
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 2 de marzo de 2010, radicación: 11001-03-
15-000-2001-00091-01 (REV).
26
Consejo de Estado, Sala Veintidós Especial de Decisión, sentencia de 2 de febrero de 2016, radicación: 11001-03-15-000-
2015-02342-00 (REV).
27
Consejo de Estado, Sala Veintiuno Especial de Decisión, sentencia de 17 de junio de 2022, radicación: 11001-03-15-000-
2014-04059-00 (REV).
28
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 8 de mayo de 2018, exp. 11001-03-15-000-
1998-00153-01.
29
Consejo de Estado, Sala Plena delo Contencioso-Administrativo, sentencia del 19 de septiembre de 2023, exp. 11001-03-
15-000-2020-03585-00.
30
Ibidem.

13

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3.5.3. Principio de congruencia

68. El artículo 281 del CGP, que regula el principio de congruencia, establece que:

La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos
en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla y con las
excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.
No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del
pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta.

Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocerá solamente lo
último.

En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del
derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse
propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegad por la
parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión o que la ley permita
considerarlo de oficio.

69. Bajo este postulado, la jurisprudencia ha desarrollado como motivos de
incongruencia que el juez emita un pronunciamiento por fuera de lo pedido (extra
petita), que se exceda en cuanto al reconocimiento de lo solicitado (ultra petita) o
que omita referirse a las pretensiones o a los hechos planteados por las partes (infra
petita). Todos estos escenarios constituyen una lesión al debido proceso en
términos de la jurisprudencia de la Corte Constitucional31.

70. Ahora bien, esta Subsección del Consejo de Estado ha identificado que el
principio de congruencia se concreta en dos escenarios, a saber:

Una externa, que se refiere a la armonía que debe existir entre lo pedido y alegado
por las partes; y otra interna, relacionado (sic) con la coherencia entre lo dispuesto en
la parte resolutiva y los argumentos o razonamientos expuestos en la parte motiva de
la providencia […]. Al respecto, es importante destacar que, en caso de existir
incongruencia en cualquiera de ellas, para que pueda generar la invalidez de la
sentencia, esta debe ser de tal magnitud que no proceda solución diferente a su
nulidad32.

71. De forma complementaria, en lo que respecta al recurso de apelación, los
artículos 320 y 328 del CGP regulan la limitación del superior para estudiar los
reparos puntuales propuestos por el apelante con el fin de que la providencia de
primera instancia sea modifica, revocada o reformada. De ahí que, el recurso de
apelación se propondrá en lo desfavorable a la parte, por lo cual en caso de que
solo una de estas haya apelado no podrá afectarse el principio de la non reformatio
in pejus.

72. Aunque existe una limitación de la competencia del superior para estudiar la

31
Corte Constitucional, sentencia T-455 de 2016.
32
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 20 de junio de
2024, exp. 1001-03-25-000-2020-00930-00 (2784-2020).

14

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apelación, ello debe ser entendido en el sentido de que «[…] la competencia del
juez de segunda instancia abarca los temas implícitos en aquellos aspectos
propuestos por el recurrente, aunque no hayan sido expresamente mencionados en
el recurso, que estén íntimamente ligados con el aspecto materia de
impugnación»33.

3.6. Caso concreto

73. En el asunto bajo estudio, Haison Omar Carrillo Lemus adelantó proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Comisión Nacional del
Servicio Civil (CNSC), y otros con el fin de que se dejara sin efectos la Resolución
No. 15117 del 6 de diciembre de 2021 y otros actos administrativos que sirvieron de
fundamento para conformar la lista de elegibles para proveer el cargo de Profesional
Especializado, código 222, grado 8 de la planta de personal del departamento de
Casanare, dentro de la convocatoria núm. 1068 de 2019 — Territorial 2019.

74. En primera instancia, el Juzgado Tercero Administrativo de Yopal, mediante
auto del 18 de mayo de 2023, ordenó la vinculación del señor Jorge Iván Martínez
Roldán, dado el interés que le asistía en el proceso al ocupar el primer lugar en la
lista de elegibles. Posteriormente, en sentencia del 10 de octubre de 2024, accedió
a las pretensiones de la demanda.

75. Apelada esta decisión por la parte demandada y el señor Martínez Roldán, el
Tribunal Administrativo de Casanare confirmó el fallo de primera instancia en todas
sus partes.

76. Jorge Iván Martínez Roldán, en el escrito de tutela, manifestó que la providencia
del Tribunal accionado incurrió en los defectos sustantivo y decisión sin motivación
porque desconoció el principio de congruencia previsto en los artículos 187 del
CPACA, 280 y 281 del CGP, toda vez que omitió hacer un análisis crítico de la
demanda, sus pretensiones y las excepciones planteadas por la parte contraria en
el curso del proceso ordinario.

77. Explicó que el Tribunal Administrativo de Casanare no desarrolló los
argumentos expuestos en el recurso de apelación, en la medida en que omitió
pronunciarse sobre lo siguiente:

i) La incongruencia existente entre las pretensiones de la demanda y lo decidido
en el fallo de primera instancia.

ii) La incoherencia entre el problema jurídico definido en el auto del 12 de
octubre de 2023, proferido por el Juzgado Tercero Administrativo de Yopal y lo
efectivamente decidido por las autoridades accionadas.

iii) La vulneración del derecho al debido proceso del recurrente y los demás
33
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 1, exp. 11001-03-15-000-2016-
02271-00. 11001-03-15-000-2016-02306-00 (ACUMULADO).

15

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Accionados: Tribunal Administrativo de Casanare y otro

participantes de la convocatoria 1068 de 2019, por la forma en que la autoridad
judicial valoró los certificados de educación informal aportados por Haison
Ormar Carrillo.

iv) La falta de resolución respeto de las excepciones de fondo que planteó para
oponerse a las pretensiones del demandante en el proceso ordinario.

78. Adicionalmente, expuso que la decisión cuestionada incurrió en
desconocimiento del precedente, toda vez que no tuvo en cuenta i) los alcances y
límites del principio de congruencia en los asuntos conocidos por la jurisdicción de
lo contencioso-administrativo, conforme la sentencia SU-061 de 2018 y, ii) la
naturaleza de los actos administrativos expedidos en el desarrollo de un concurso
de méritos, de acuerdo con lo expuesto en la providencia SU-913 de 2009.

79. Bajo ese contexto, es preciso tener en cuenta que el requisito de subsidiariedad
exige, en los términos del artículo 86 constitucional y del artículo 6 del Decreto 2591
de 199134 que el juez constitucional, por un lado, verifique que el accionante no
cuente con otros mecanismos judiciales de protección de sus derechos
fundamentales; y, por otro lado, valore si dichos mecanismos resultan idóneos y
eficaces para garantizar de forma oportuna el amparo solicitado, de acuerdo con las
particularidades de cada caso35.

80. En el evento de que existan otros medios de defensa judicial, pero que estos no
sean idóneos o eficaces, procede la tutela como mecanismo de protección de
derechos fundamentales, así como en los eventos en que se configura un perjuicio
irremediable, el cual debe ser inminente y grave, y sus medidas de protección
impostergables36.

81. Cuando se trata de una tutela interpuesta en contra de providencia judicial, la
Corte Constitucional ha indicado que los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios constituyen vías legítimas de defensa y reconocimiento de los
derechos fundamentales37. De manera específica, el alto tribunal expresó lo
siguiente:

La acción de tutela no fue diseñada para desplazar a los jueces del ejercicio de sus
competencias naturales, motivo por el cual, en principio, no es procedente acudir ante
un juez para impugnar las decisiones judiciales si previamente no se han empleado los
medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial. El agotamiento de estas
herramientas constituye, entonces, un requisito indispensable para que el juez de tutela
pueda entrar a estudiar la vulneración invocada por el accionante.

34
Artículo 6o. causales de improcedencia de la tutela
«La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
[…]».
35
Corte Constitucional, sentencia T-397 de 2017.
36
Corte Constitucional, sentencia T-471 de 2017.
37
Corte Constitucional, sentencia T-373 de 2021.

16

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82. A partir de lo anterior, es preciso indicar que, de acuerdo con el artículo 24838
de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), el recurso extraordinario de revisión procede en
contra de los fallos dictados, entre otras autoridades, por los tribunales
administrativos; y que el artículo 25039 ibidem prevé como causal del recurso, en su
numeral 5, la nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y que no es
susceptible de apelación, la cual puede ser invocada dentro del año siguiente a la
ejecutoria de la providencia controvertida.

83. En relación con la mencionada causal, la Sala Quince Especial de Decisión de
esta corporación ha sido enfática en establecer que el vicio alegado como nulidad,
por un lado, se debió configurar en el momento en que se profirió la sentencia, y,
por otro lado, debió ser el resultado del desconocimiento grave e insanable de
alguna ritualidad sustancial40. Además, la Sala Catorce Especial de Decisión
indicó41 que esta causal ocurre en los siguientes eventos:

[…] la carencia absoluta de motivación de la sentencia, la violación al principio de la
non reformatio in pejus, la prueba obtenida con violación del debido proceso, la
expedición de una sentencia condenatoria contra un tercero que no estuvo vinculado
en el proceso, la falta de congruencia, la falta de votos necesarios para la aprobación
de una sentencia y la expedición de un fallo inhibitorio injustificado.

84. Sobre el particular, la Sala Veintidós Especial de Decisión42, con fundamento en
la jurisprudencia de la Sala Plena de la corporación, indicó que la incongruencia
interna y/o externa de la sentencia da lugar a la nulidad de la decisión por violación
al debido proceso. Al respecto expresó lo siguiente:

El artículo 250 del CPACA consagra en su numeral 5º, como causal de procedencia
del recurso extraordinario de revisión “existir nulidad originada en la sentencia que puso
fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación”.

[…] Dentro del contexto expuesto en el acápite anterior, la jurisprudencia de la Sala
Plena Contenciosa ha indicado que debe aceptarse que la causal 6ª del artículo 188
del C.C.A., hoy 5 del artículo 250 del CPACA, por nulidad originada en la sentencia, se
configura, entre otras razones, cuando al demandado se le condena por cantidad
superior, o por objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente a la
invocada en la misma.

[…] En el primer caso, se trata de la congruencia externa de la sentencia. Se puede
identificar porque en líneas generales es lo que preceptuaba el artículo 170 del C.C.A.,
y las normas del procesal civil, según los cuales el fallo debe estar en armonía con lo
pedido y alegado tanto por la parte demandante como por la parte demandada. Y, en
el segundo evento, corresponde a la congruencia interna, que es la coherencia que ha

38
ARTÍCULO 248. Procedencia. El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas
por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales
Administrativos y por los jueces administrativos.
39
ARTÍCULO 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de
revisión:
[…]
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.
40
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Quince Especial de Decisión, sentencia del 7 de
abril de 2015, radicado núm. 2013-02724-00.
41
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Catorce Especial de Decisión, sentencia del 13 de
octubre de 2020, radicado núm. 11001-03-15-000-2019-00119-00.
42
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Veintidós Especial de Decisión, sentencia de 5 de
abril de 2024, radicado núm. 11001-03-15-000-2023-04705-00.

17

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Accionados: Tribunal Administrativo de Casanare y otro

de existir entre lo dispuesto en la parte resolutiva y lo argüido en la parte motiva de la
providencia. […]

En este orden de ideas, esta Sala Especial advierte, conforme a lo expuesto, que la
causal de revisión contenida en el numeral 5º del artículo 250 del CPACA -antes 6 del
artículo 188 del C.C.A.-, es decir, nulidad originada en la sentencia, se puede configurar
cuando el fallo objeto de revisión ha desatendido la congruencia interna y/o la externa,
pues, en uno y otro caso, el fallador incurre en una clara violación del debido proceso,
artículo 29 constitucional, dado que la providencia proferida en esos términos resulta
contraria a las formas propias de cada juicio, en específico, la falta de competencia del
juez para abordar asuntos frente a los cuales no se podía pronunciar […]43

85. Conforme con lo expuesto, la Corte Constitucional ha referido que el recurso
extraordinario de revisión en materia contencioso-administrativa es un medio de
defensa idóneo y eficaz cuando la vulneración del derecho al debido proceso tiene
origen en un fallo judicial que se encuentra ejecutoriado44.

86. Adicionalmente, la Corte refirió que la acción de tutela podrá desplazar este
mecanismo judicial siempre que (i) el derecho fundamental cuya protección se
solicita no sea susceptible de ser protegido de manera integral dentro del trámite
del recurso; y (ii) las causales de revisión no se encuadren dentro de los hechos
denunciados por el accionante. Al respecto, la Corte expuso lo siguiente:

El recurso de revisión constituye un mecanismo idóneo y eficaz de defensa judicial
dependiendo de la naturaleza de los derechos invocados por el peticionario, y la
cobertura brindada por las causales aplicables al proceso específico. Así, el recurso
será eficaz cuando a) la única violación alegada sea el derecho al debido proceso y,
eventualmente, la de otros derechos que no tienen carácter fundamental, o b) cuando
el derecho fundamental cuya protección se solicita sea susceptible de ser protegido de
manera integral dentro del trámite del recurso, porque concurren en él (i) causales de
revisión evidentemente dirigidas a salvaguardar dicho derecho, y (ii) en caso de
prosperar el recurso, decisiones que restauran de forma suficiente y oportuna el
derecho45

87. En el caso bajo estudio, se observa que la situación planteada por la parte
actora en el escrito de tutela corresponde a aquellos asuntos que pueden ser
decididos a través del recurso extraordinario de revisión. Esto por cuanto, según
criterio del accionante, la sentencia objeto de reparo se apartó del criterio de
congruencia, que debe regir las actuaciones judiciales, al confirmar la decisión de
primera instancia sin tener en cuenta que lo decidido por el Juzgado Tercero
Administrativo de Yopal no corresponde a lo que pretendió la parte actora en la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ni a lo que definió el juez al fijar
el litigio, por lo que se extralimitó en el marco de sus funciones en detrimento de sus
derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.

88. En este punto, el accionante resaltó que el Tribunal Administrativo de Casanare

43
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Veintidós Especial de Decisión, sentencia de 2 de
febrero de 2016, radicado núm. 11001-03-15-000-2015-02342-00.
44
Corte Constitucional, sentencia SU-026 de 2021.
45
Corte Constitucional, Sentencia T-649 de 2011. Dicho criterio ha sido reiterado en las sentencias T-553 de 2012, T-553 de
2012; T-713 de 2013, SU-263 de 2015, SU-210 de 2017 y SU-026 de 2021. recientemente en la T-106 de 2024.

18

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00850-00 (1350)
Accionante: Jorge Iván Martínez Roldán
Accionados: Tribunal Administrativo de Casanare y otro

omitió pronunciarse de fondo sobre los argumentos que propuso en el recurso de
apelación en los que puso de presente las irregularidades ocurridas en el fallo del
10 de octubre de 2024, por lo que en su criterio se configura una falta de
congruencia de la providencia, al confirmar una decisión emitida por fuera de los
límites jurídicos definidos en el proceso ordinario.

89. En consecuencia, en atención a lo dispuesto en la jurisprudencia del Consejo
de Estado emitida a través de sus salas especiales, es necesario advertir que, si el
tutelante consideraba que la sentencia del 6 de noviembre de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo de Casanare, desconoció el principio de congruencia, debió
discutir ese asunto a través del recurso extraordinario de revisión, con fundamento
en la causal contenida en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA, «existir nulidad
originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso
alguno».

90. La Sala advierte que el señor Jorge Iván Martínez Roldán dispone de otro
instrumento idóneo, eficaz y efectivo, para solicitar la protección de sus derechos
fundamentales, sin embargo, no ha hecho uso de este, por lo que no resulta
procedente analizar las razones propuestas en su escrito de tutela.

91. Conviene destacar que el principio de subsidiariedad de la acción de tutela exige
que los conflictos jurídicos relacionados con los derechos fundamentales deben
resolverse por las vías jurisdiccionales correspondientes, y solo ante la ausencia de
dichos mecanismos o cuando estos no sean idóneos para evitar un perjuicio
irremediable, resulta admisible acudir al amparo constitucional.

92. Por lo anterior, la acción objeto de estudio es improcedente en el entendido de
que el agotamiento efectivo de los medios de defensa judicial no solo es un acto de
diligencia exigible a los ciudadanos frente a sus propios asuntos procesales, sino
un requisito necesario para la procedencia de la acción de tutela como instrumento
de defensa.

4. Conclusión

93. La Sala encuentra que la acción constitucional no superó el requisito de
subsidiariedad, en la medida en que el señor Jorge Iván Martínez Roldán tiene a su
alcance el mecanismo del recurso extraordinario de revisión para reclamar la
protección de los derechos fundamentales que, en su criterio, fueron vulnerados por
el Tribunal Administrativo de Casanare. Por tal motivo, se declarará improcedente
la solicitud de amparo.

19

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00850-00 (1350)
Accionante: Jorge Iván Martínez Roldán
Accionados: Tribunal Administrativo de Casanare y otro

5. Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero: Negar la solicitud de desvinculación propuesta por el departamento de
Casanare, la Fundación Universitaria del Área Andina y por la Comisión Nacional
del Servicio Civil (CNSC), conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta
sentencia.

Segundo: Declarar improcedente la acción de tutela presentada por Jorge Iván
Martíonez Roldán en contra del Tribunal Administrativo de Casanare, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia

Segundo: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
si no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.

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