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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00686-00

Fecha
5 de marzo de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2020-00686-00

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

5 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Radicado: 11001-03-25-000-2020-00686-00 (2071-2020)
Demandante: María Graciela Arias de Amaya
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Tema: recurso extraordinario de revisión. Subtema 1: causales de los numerales
1 y 2 del artículo 250 del CPACA. Subtema 2: prueba encontrada o recobrada
después de la sentencia. Subtema 3: haberse dictado la sentencia con fundamento
en documentos falsos o adulterados. Reiteración de jurisprudencia.

Sentencia que resuelve el recurso extraordinario de revisión

La Sala resuelve el recurso extraordinario de revisión interpuesto por María Graciela
Arias de Amaya contra la sentencia del 19 de septiembre de 2019 proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca1, que revocó la decisión dictada el 12 de
diciembre de 2018 por el Juzgado Segundo Administrativo de Cartago que accedió
al reconocimiento de su pensión gracia, en el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho en el cual fue demandada la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP).

1. Antecedentes

1.1. Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho

1. A partir de las pruebas aportadas por la recurrente, y las recaudadas en el
curso de este trámite, la Sala sintetiza a continuación, los hechos y actuaciones

1 El magistrado Jorge Edison Portocarrero Banguera ha manifestado su impedimento en procesos ordinarios

por el vínculo de amistad con el magistrado Óscar A. Valero Nisimblat. Sin embargo, la Sala lo ha declarado
infundado, como se advierte en el auto del 18 de septiembre de 2024, dentro del expediente con radicado núm.
76001-23-33-000-2014-01033-01 (0264-2023).

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00686-00 (2071-2020)
Demandante: María Graciela Arias de Amaya
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

relevantes del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, identificado con
el número de radicación 76147-33-33-002-2016-00673-00/01:

1.1.1. La demanda

2. María Graciela Arias de Amaya radicó demanda el 15 de diciembre de 20152
en contra de la UGPP, en la que pidió que se declare la nulidad de las resoluciones
núms. 11667 del 14 de marzo de 2008 y ADP 008708 del 14 de agosto de 2015 que
le negaron el reconocimiento y pago de la pensión gracia.

3. En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, solicitó que se le
ordene a la UGPP reconocerla y pagarla, que la mesada pensional se incremente a
partir de los aumentos legales con el promedio base de liquidación de todos los
factores salariales devengados en el año anterior al de la adquisición del estatus
pensional y que se condene a la UGPP a reconocerle y pagarle todas las mesadas
pensionales desde cuando adquirió el estatus y hasta cuando se hiciera efectivo el
pago.

4. En sustento, refirió que laboró en la docencia oficial del 29 de noviembre de
1977 al 30 de junio de 1999 mediante nombramiento realizado por la Secretaría de
Educación del departamento del Valle del Cauca. Que el 1 de agosto de 1992
cumplió cincuenta años y acreditó los requisitos para acceder a la pensión gracia.

5. De este modo, interpone la presente demanda porque la entidad negó su
derecho con fundamento en que era una educadora del orden nacional, pese a que
el Consejo de Estado ha defendido en su amplia jurisprudencia que los docentes de
esta índole son únicamente los nombrados por el Gobierno Nacional mientras que
los nacionalizados son los designados por un acto administrativo proferido por un
ente territorial.

6. Así, los actos demandados hicieron un incorrecto análisis del certificado del
tiempo de servicio según el cual se vinculó a la docencia mediante una resolución
proferida por un ente territorial. En igual sentido, desconocieron el contenido de la
certificación con referencia núm. 2014ER180640 del 4 de noviembre de 2014 según
la cual no se registró que laboró para el Ministerio de Educación Nacional3.

1.1.2. Contestación de la demanda

7. El apoderado de la UGPP se opuso a todas las pretensiones de la demanda
al considerar que el derecho era inexistente, en la medida en que los actos
administrativos demandados se profirieron en el marco de la ley, razón por la cual
debían permanecer incólumes. En este orden, propuso como excepciones de fondo,

2 Samai, índice 28, 76-147-33-40-002-2016-00673-00, 2016-00673-01 DEMANDA ESCANEADA
COMPLETA.pdf, página 47 del archivo digital.
3 Samai, índice 28, 76-147-33-40-002-2016-00673-00, 2016-00673-01 DEMANDA ESCANEADA
COMPLETA.pdf, páginas 25 a 47 del archivo digital.
2

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00686-00 (2071-2020)
Demandante: María Graciela Arias de Amaya
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

además de lo anterior, la ausencia de vicios en los actos, el cobro de lo no debido,
la buena fe en materia de costas, la prescripción y la innominada. Al respecto,
dispuso que la demandante solamente acreditó el ejercicio de la docencia municipal
por doce años, cuando la norma exigía que fueran veinte4.

1.1.3. Sentencia de primera instancia

8. El Juzgado Segundo Administrativo Oral de Cartago (Valle del Cauca) profirió
sentencia el 12 de diciembre de 2018 en la que se propuso resolver el problema
jurídico de si estaban viciados de nulidad los actos administrativos demandados que
le negaron a la demandante el reconocimiento y pago de una pensión gracia. Al
respecto, realizó un recuento de que al plenario se aportaron, entre otras, las
siguientes pruebas:

i. Resolución 181 de 1977
ii. Acta de posesión de la actora
iii. Certificado de tiempo de servicio
iv. Certificado laboral
v. Certificado del Ministerio de Educación Nacional, según el cual no se
encontró registro de la demandante en la entidad.

9. De las enunciadas destacó que la certificación expedida por la Secretaría de
Educación departamental del Valle del Cauca daba cuenta que la demandante
laboró como maestra alfabetizadora nacionalizada del 29 de noviembre de 1977 al
30 de junio de 1999, por un total de 21 años y 7 meses. De ahí se deducía que tuvo
una vinculación antes de 1980. Además, de conformidad con el certificado expedido
por el Ministerio de Educación Nacional la actora no laboró en la entidad.

10. Por tanto, consideró que no tenía vocación de prosperar lo propuesto por la
entidad demandada, aunado a que la Resolución núm. 11667 del 14 de marzo de
2008 consignó que la demandante no tenía derecho a la pensión gracia porque
pertenecía al Ministerio de Educación Nacional. En consecuencia, se acreditó con
suficiencia la vinculación docente nacionalizada bajo la dirección del departamento
del Valle del Cauca, antes de 1980, así como la prestación del servicio en planteles
municipales por veinte años. Igualmente se demostró que cumplió con cincuenta
años y que observó una buena conducta.

11. Por consiguiente, se declaró la nulidad de los actos administrativos
demandados y se condenó a la UGPP al reconocimiento y pago de la pensión gracia
a la demandante en cuantía del 75% del promedio de todos los factores salariales
que esta hubiere devengado en el año inmediatamente anterior a la consolidación
de su estatus pensional, esto es, desde el 4 de enero de 1996 al 10 de enero de
1997. Se declaró la prescripción únicamente respecto de las sumas adeudadas y

4 Samai, índice 28, 76-147-33-40-002-2016-00673-00, 2016-00673-01 DEMANDA ESCANEADA
COMPLETA.pdf, páginas 118 a 121 del archivo digital.
3

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causadas con antelación al 8 de abril de 2012, porque ese día y mes de 2015 la
demandante radicó petición, sin que se configurara la excepción a la fecha de la
presentación de la demanda5.

1.1.4. Recurso de apelación de la parte demandada

12. El abogado de la UGPP interpuso recurso de apelación contra la sentencia
de primera instancia al considerar que se inobservaron las leyes aplicables al caso.
En particular, de la normativa y los tiempos de servicio se extraía que la demandante
no cumplió con los veinte años en la docencia departamental, distrital, municipal o
nacionalizada. Por tanto, al no ser posible computar períodos laborados al servicio
nacional ni los desempeñados total o parcialmente en cargos administrativos, no
procedía el reconocimiento de la pensión reclamada.

13. Puntualmente, el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 prevé que todos los
nombramientos efectuados a partir del 1 de enero de 1990 son del orden nacional,
fundamento a partir del cual se podían valorar los documentos y concluir que la
demandante se desempeñó en calidad de docente nacional de enero de 1995 a
febrero de 20106.

1.1.5. Sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión

14. La Sala de Oralidad del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca profirió
sentencia el 19 de septiembre de 20197 en la que revocó el fallo del 12 de diciembre
de 2018 y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda.

15. En sustento, se amparó en el contenido de la sentencia de unificación SUJ-
SII-11-2018 que profirió la Sección Segunda del Consejo de Estado el 21 de junio
de 20188, que unificó varios temas. Así, en este contexto, analizó el caso concreto
y determinó que la Secretaría de Educación del Valle del Cauca nombró a la señora
María Graciela Arias de Amaya como maestra alfabetizadora en el Centro de
Adultos Hogar Nazaret del distrito educativo de Sevilla, cargo en el cual se
posesionó el 9 de diciembre de 1977. No obstante, según el certificado emitido por
el profesional universitario de la Secretaría, el 6 de junio de 2007, la plaza era
nacional. En estos términos se le informó a la actora su nombramiento.

16. Al respecto, aunque la asesora de la Secretaría General de la Unidad de
Atención al Ciudadano del Ministerio de Educación Nacional le informó a la señora
María Graciela Arias de Amaya que no se encontró historia laboral a su nombre en

5 Samai, índice 28, 76-147-33-40-002-2016-00673-00, 2016-00673-01 DEMANDA ESCANEADA
COMPLETA.pdf, páginas 134 a 145 del archivo digital.
6 Samai, índice 28, 76-147-33-40-002-2016-00673-00, 2016-00673-01 DEMANDA ESCANEADA
COMPLETA.pdf, páginas 155 a 156 del archivo digital.
7 Integrada por los magistrados Patricia Feuillet Palomares, Luz Elena Sierra Valencia y Óscar Alonso Valero

Nisimblat.
8 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación SUJ-SII-11-2018 del 21 de junio de 2018,

dentro del exp. 25000-23-42-000-2013-04683-01.
4

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Demandante: María Graciela Arias de Amaya
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los archivos de la entidad, el subsecretario de educación del Área de Desarrollo
Pedagógico de la Secretaría de Educación del departamento del Valle del Cauca,
en certificación del 5 de agosto de 2006, dio cuenta de que a la demandante se le
nombró a través de la Resolución núm. 181 del 29 de noviembre de 1977 en una
plaza nacional.

17. Por ende, quedó demostrado que era docente nacional como lo certificó en
varias oportunidades la Secretaría de Educación del Valle del Cauca y se le
comunicó a la propia actora. Por tanto, no acreditó los veinte años de servicio en un
establecimiento de carácter territorial para acceder al reconocimiento de la pensión
gracia.

18. En este orden, no encontró en el expediente alguna prueba que le permitiera
establecer que fue nacionalizada, en los términos de la sentencia de primera
instancia. De suerte que los actos administrativos no estaban viciados de nulidad y
procedía revocar el fallo de primera instancia que accedió a las pretensiones de la
demanda9.

1.2. Recurso extraordinario de revisión

19. La señora María Graciela Arias de Amaya interpuso recurso de revisión el 3
de julio de 202010 en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca el 19 de septiembre de 2019, al considerar que se configuraron
las causales previstas en los numerales 1 y 2 del artículo 250 del CPACA.

20. Frente a la causal del numeral 1 del artículo 250 del CPACA relató que la
sentencia del Tribunal se profirió el 19 de septiembre de 2019 y la unificación CE-
SUJ-SII-11-2018, frente al reconocimiento de la pensión gracia, el 21 de junio de
2018. De modo que, la decisión judicial enjuiciada contrarió los postulados del
precedente, pese a que este se dictó con anterioridad y fue ampliamente divulgado.

21. Así, el presente mecanismo exigía demostrar como requisito de procedibilidad
que después de las sentencias se obtuvo un elemento de derecho que hubiera
variado la decisión, en los términos del artículo 114 de la Ley 1395 del 2010 que les
ordena a las autoridades acatar los precedentes judiciales.

22. Por lo anterior, el precedente judicial se debe tener en cuenta como fuente de
derecho y su acatamiento es obligatorio tanto para las autoridades administrativas
como judiciales. De igual forma el mecanismo de extensión de jurisprudencia está
regulado en el artículo 102 del CPACA. En razón a esto, le solicitó al Consejo de
Estado que al momento de decidir tuviera en cuenta lo dispuesto en la sentencia de

9 Samai, índice 28, 76-147-33-40-002-2016-00673-00, 2016-00673-01 DEMANDA ESCANEADA
COMPLETA.pdf, páginas 185 a 193 del archivo digital.
10 Samai, índice 2, AL DESPACHO POR REPARTO - CORREORADICACION-1-01CorreoRadicacion.pdf(.pdf)

NroActua 2.
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Demandante: María Graciela Arias de Amaya
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unificación CE-SUJ-SII-11-2018 que definió qué clase de docentes tienen derecho al
reconocimiento de la pensión gracia a partir de las normas aplicables.

23. De ahí que el desconocimiento de la citada providencia conllevó a una
vulneración de sus derechos fundamentales de aplicación inmediata a la seguridad
social y al mínimo vital, al no contar con la posibilidad de disfrutar de una pensión
que garantizara su subsistencia, lo que materializaba un perjuicio irremediable que
debía repararse a través de «esta demanda de tutela».

24. Por su parte, en lo que respecta a la causal del numeral 2 del artículo 250 del
CPACA, en el proceso obran las copias del acto de nombramiento y las
certificaciones laborales que dan cuenta de las condiciones de la vinculación. En
concreto, la Resolución núm. 181 es el acto de nombramiento, suscrito por el
secretario de educación. Por tanto, su nominador es el departamento del Valle del
Cauca y las constancias del tiempo de servicio son prueba idónea, legal y suficiente
de que laboró en una plaza docente nacionalizada. No obstante, la sentencia de
segunda instancia erró y la calificó como nacional.

25. Al respecto, aclaró que se vinculó a la docencia oficial el 29 de noviembre de
1977, por lo que demostró su vinculación antes de 1980. Además, nunca ha sido
sancionada disciplinariamente y sus nombramientos, como quedó visto, fueron
efectuados por autoridades del ente territorial. Así pues, la calificación de docente
nacional nació a partir de la sentencia de segunda instancia, ante la equivocación en
la valoración del acto de nombramiento y con sustento en certificaciones emitidas
por la Secretaría de Educación del Valle del Cauca.

26. En este contexto, el Tribunal desconoció varios pronunciamientos de esta alta
corte relacionados con la falta de competencia de los entes territoriales para efectuar
nombramientos del orden nacional, la relevancia del ente nominador para establecer
el tipo de vinculación y la regla según la cual el docente nacional es el nombrado por
el Gobierno Nacional mientras que el nacionalizado es designado por una autoridad
del orden territorial de conformidad con el artículo 1 de la Ley 91 de 1989.

27. Por tanto, el documento idóneo para determinar el tiempo de servicio era la
Resolución núm. 181 del 29 de noviembre de 1977, mediante la cual se acreditó el
período nacionalizado. Lo anterior, porque fue emitida por la Secretaría de Educación
del departamento del Valle del Cauca y en esos términos lo reconoció el juez
segundo administrativo de Cartago en la sentencia de primera instancia.

28. Igualmente, la recurrente destacó que el Tribunal guardó silencio frente al
valor probatorio de la certificación de referencia núm. 2014-ER180640 del 4 de
noviembre de 2014 según la cual en los archivos de la Nación, Ministerio de
Educación Nacional no se encontró registro que indicara que laboró en la entidad.
Por tanto, se extinguía toda posibilidad de que hubiera pertenecido al orden nacional.

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29. Por ende, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, al proferir la
sentencia de segunda instancia, no analizó correctamente el certificado de tiempo
de servicios, documento que especificaba que se vinculó a la docencia mediante una
resolución proferida por la Secretaría de Educación del departamento del Valle del
Cauca. Igualmente, desestimó el valor probatorio de la certificación emitida por la
Nación, Ministerio de Educación Nacional, según la cual se le debía otorgar el
tratamiento de docente nacionalizada.

30. En este contexto, a juicio de la demandante el Tribunal incurrió en defectos
fácticos y sustantivos porque contrarió sentencias de unificación del Consejo de
Estado que han definido la naturaleza de la vinculación docente y se apartó de las
leyes que regulan la pensión gracia y sus principios. Puntualmente, adujo que sus
vinculaciones fueron nacionales cuando el certificado del tiempo de servicios del 29
de noviembre de 1977 al 30 de junio de 1999 acredita que es nacionalizada y que se
debió aplicar el principio de favorabilidad.

31. Por estos motivos le pidió a la corporación revocar la sentencia del 19 de
septiembre de 2019 y proferir decisión de reemplazo en la que se le reconozca la
pensión gracia a partir de las súplicas de la demanda11.

1.3. Trámite del recurso extraordinario de revisión

32. El magistrado ponente profirió auto el 30 de septiembre de 2021 12 en el que,
previo a admitir el recurso extraordinario de revisión, requirió al Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca para que allegara constancia de ejecutoria y copia
de la sentencia del 19 de septiembre de 2019.

33. Seguidamente, se dictó auto el 23 de mayo de 202413 que inadmitió el recurso
extraordinario de revisión y le concedió a la demandante 10 días para que allegara
el poder conferido al abogado en los términos del artículo 252 del CPACA. En
cumplimiento, la demandante radicó memorial de subsanación14.

34. La magistrada admitió el recurso extraordinario de revisión en auto del 1 de
septiembre de 202515, ordenó notificar personalmente a la UGPP y al procurador
delegado ante la corporación, quienes contaban con un término de 10 días para
contestar el recurso y solicitar las pruebas. Además, le reconoció personería al
abogado Oscar Gerardo Torres Trujillo y requirió al Juzgado Segundo Administrativo
del Circuito de Cartago y al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca para que
remitieran en medio digital el expediente ordinario. La Secretaria del Juzgado remitió
enlace de consulta al OneDrive16.

11 Samai, índice 2, AL DESPACHO POR REPARTO - DEMANDA-1-
02RecursoExtraordinarioRevisionMariaGracielaAriasDeAmaya.pdf(.pdf) NroActua 2.
12 Samai, índice 3.
13 Samai, índice 13.
14 Samai, índice 17.
15 Samai, índice 21.
16 Samai, índice 28.

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Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

35. El procurador delegado de intervención octavo tercero ante el Consejo de
Estado rindió el concepto núm. 549-2025 en el que puso de presente que en el caso
concreto no concurrían los supuestos de las causales invocadas, ya que no se aportó
alguna prueba en torno a la plaza ocupada que diera plena certeza sobre su
naturaleza. En este orden, esta situación no se demostraba con una sentencia de
unificación ni a partir de una certificación emitida por la entidad territorial.

36. Que tampoco estaba acreditada la causal de documentos falsos o adulterados
porque no bastaba con la afirmación, sino que se requería precisar cómo la
certificación emitida por la Secretaría de Educación del Valle del Cauca estaba
afectada por estos vicios. Por consiguiente, no había otra conclusión razonable
distinta a que la plaza ocupada por la demandante fue nacional y los tiempos
demostrados no le permitían acceder al reconocimiento de la pensión gracia.
Finalmente, resaltó que se utilizó este mecanismo como una tercera instancia judicial
a partir de la cual se pretendía una interpretación diferente. Por estos motivos se
pidió declarar infundado el recurso de revisión17.

37. La apoderada de la UGPP en su contestación manifestó que su representada
no allegó documentos falsos ni adulterados, lo cual tampoco logró demostrar la parte
demandante. En lo que respecta a la causal primera de revisión, tampoco se acreditó
cuáles serían los documentos decisivos ni que hubiera existido fuerza mayor, caso
fortuito o maniobra de la parte contraria, requisitos que resultan indispensables para
que esta se configure en los términos del artículo 250 del CPACA. Adicionalmente,
las certificaciones laborales y las constancias del tiempo de servicio debieron
aportarse al proceso oportunamente y el recurso extraordinario de revisión no es una
instancia adicional para reabrir la discusión probatoria.

38. Bajo este entendido, consideró que no se configuran los supuestos fácticos y
jurídicos que habilitan la procedencia de este mecanismo extraordinario. Planteó
como excepciones la falta de configuración de las causales invocadas, la
improcedencia del recurso por ser una tercera instancia judicial, la cosa juzgada y la
seguridad jurídica, porque el fallo del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca está
ejecutoriado. Además, la ausencia de prueba idónea y el incumplimiento de la carga
procesal, la falta de incidencia sustancial sobre el fallo revisado y la buena fe y lealtad
procesal. Pidió que se negara el recurso, se mantuviera en firme la sentencia del 19
de septiembre de 2019 y se condenara en costas a la recurrente18.

39. Seguidamente, se profirió auto el 15 de diciembre de 2025 19 en el que se
decretaron y tuvieron como pruebas los documentos aportados con el recurso, se
incorporó al proceso el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho y se
negó la solicitud probatoria de la recurrente consistente en oficiar a la UGPP para
que remitiera copia de las actuaciones. Asimismo, se le reconoció personería a la

17 Samai, índice 31.
18 Samai, índice 36, 47_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-CONTESTACIONDELAD(.pdf) NroActua 36.
19 Samai, índice 37.

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Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

abogada sustituta de la UGPP y se dispuso que ejecutoriada esta providencia se
entendería cerrada la etapa probatoria y el expediente ingresaría al despacho para
proferir sentencia.

40. El expediente ingresó al despacho para fallo el 16 de enero de 2026 20 y el
apoderado de la UGPP allegó renuncia al poder21.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

41. La Sala tiene competencia para conocer del recurso extraordinario de revisión
interpuesto por la señora María Graciela Arias de Amaya contra la sentencia del 19
de septiembre de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
de acuerdo con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 249 del CPACA22.

2.2. Oportunidad

42. La sentencia objeto del recurso fue proferida el 19 de septiembre de 2019, se
notificó el 7 de octubre siguiente y quedó ejecutoriada el 11 de octubre de ese mismo
año. Así las cosas, como la señora María Graciela Arias de Amaya interpuso el
recurso extraordinario de revisión el 3 de julio de 2020, su radicación fue oportuna,
esto es, dentro del término dispuesto por el artículo 251 del CPACA23, de la forma
en que se definió en el auto admisorio proferido al interior de este trámite.

2.3. Legitimación en la causa

43. La señora María Graciela Arias de Amaya y la UGPP están legitimadas en la
causa para ser partes en este trámite, toda vez que fueron respectivamente
demandante y demandada en el proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del
derecho.

2.4. Problemas jurídicos

44. En los términos del recurso extraordinario de revisión, corresponde a la Sala
definir si es procedente infirmar la sentencia proferida el 19 de septiembre de 2019
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Para ello, deberá dar respuesta a
los siguientes problemas jurídicos:

20 Samai, índice 41.
21 Samai, índices 42 a 43.
22 «De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos

conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia».
23 «El recurso podrá interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia».

9

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00686-00 (2071-2020)
Demandante: María Graciela Arias de Amaya
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

45. ¿La inaplicación de una sentencia de unificación del Consejo de Estado es un
supuesto que encuadra en la causal de revisión prevista en el numeral 1 del artículo
250 del CPACA?

46. ¿La indebida valoración probatoria y el desconocimiento del precedente, esto
es, los defectos fáctico y sustantivo, constituyen causales de revisión en los términos
del numeral 2 del artículo 250 del CPACA?

47. Para resolver estos problemas jurídicos, la Sala se referirá, en primer lugar, a
la naturaleza del recurso extraordinario de revisión; en segundo lugar, abordará el
alcance de la causal prevista en el numeral 1 del artículo 250 del CPACA atinente a
la prueba encontrada o recobrada después de la sentencia; en tercer lugar, se
pronunciará sobre la causal de revisión establecida en el numeral 2 del artículo
ibidem; y, finalmente, en cuarto lugar, resolverá el caso concreto.

2.5. Naturaleza del recurso extraordinario de revisión

48. El recurso extraordinario de revisión ha sido considerado por la jurisprudencia
y la doctrina nacional como un mecanismo de impugnación y, al mismo tiempo, una
excepción al principio de inmutabilidad de las decisiones judiciales que ponen fin a
una controversia, siempre que estén incursas en alguna de las causales previstas
taxativamente en el artículo 250 del CPACA24.

49. Es un medio excepcional de impugnación de las decisiones judiciales,
regulado en los artículos 248 y subsiguientes del CPACA 25, para casos en que la
decisión judicial está inmersa en supuestos como «[…] la falsedad, el fraude, el error,
la aparición de documentos decisivos que hubieren modificado el sentido de la
decisión […]», entre otros26.

50. Por tal motivo, el carácter excepcional del recurso extraordinario de revisión
supone que no puede utilizarse «[…] para cuestionar la actividad interpretativa, ni la
valoración probatoria del juez, ni para que el afectado con la sentencia proponga
cuestiones que no alegó oportunamente en el proceso originario. Es un instrumento
para discutir y ventilar ciertos hechos procesales externos a la labor funcional del
juez, que pueden llegar a afectar el principio de justicia material»27.

51. De ahí deviene la importancia de que los hechos del caso se subsuman en la
causal invocada sin necesidad de recurrir a interpretaciones amplias que reabran la
discusión como si se tratara de una nueva instancia judicial.

24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 22, sentencia del 5 de

julio de 2024, exp. 11001-03-15-000-2022-03940-00.
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 22, sentencia del 5 de

abril de 2024, exp. 11001-03-15-000-2023-04705-00.
26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 22, sentencia del 5 de

julio de 2024, exp. 11001-03-15-000-2022-03940-00.
27 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 3, sentencia del

3 de agosto de 2022, exp. 11001031500020211146300.
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Radicado: 11001-03-25-000-2020-00686-00 (2071-2020)
Demandante: María Graciela Arias de Amaya
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

52. Para lograr lo anterior, se exige del recurrente «una carga argumentativa
precisa […], toda vez que debe hacerse de manera técnica, rigurosa y fundamentada
[…]»28. Así pues, la parte que acuda al recurso extraordinario de revisión bajo el
amparo de una de las causales previstas para su procedencia tiene el deber de «[…]
explicar cuáles son los motivos que la soportan y, especialmente, los hechos que
sirven de fundamento para su configuración»29.

2.6. Causal de revisión contenida en el numeral 1 del artículo 250 del CPACA:
Prueba encontrada o recobrada después de la sentencia

53. El artículo 250 del CPACA regula las causales del recurso extraordinario de
revisión. En particular, en su numeral 1, establece como causal:
1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos
decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el
recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra
de la parte contraria.

54. El alcance de esta causal ha sido desarrollado por la jurisprudencia de esta
corporación, en los siguientes términos:

Vista la causal en estudio se tiene que la misma exige de entrada determinar el
alcance del concepto de prueba encontrada o de prueba recobrada. En este punto,
existe una ampliación en el CPACA frente a la norma precedente, en tanto el CCA sólo
refería a las pruebas recobradas.

Semánticamente, el término “encontrar” significa una cosa o persona que se
encuentra, por una actividad consciente dirigida a buscarla o no […]. Al tiempo que
“recobrar” es una búsqueda consciente de algo que se tuvo, pero que se perdió […].
En las dos acepciones, la cosa o la persona no están dentro del dominio o percepción
de quien la busca, pero quien la encuentra puede estar consciente o no de su
existencia y pérdida, a su vez quien recobra siempre es consciente de su existencia
y de su pérdida. Así, la diferencia entre ambos vocablos descansa en la conciencia
de la existencia de la cosa o la persona y de la búsqueda. En consecuencia, son
vocablos complementarios, en tanto encontrar sin conciencia de la existencia de la
cosa o la persona y de su búsqueda nunca supondrá recobrar, mientras que encontrar
con conciencia de la existencia de la cosa o la persona y de su búsqueda siempre
supondrá recobrar.

Una vez verificado que la prueba es encontraba o recobrada es clave establecer si
existía al momento de dictar sentencia y que el hallazgo en cualquiera de sus dos
modalidades (encontrada o recobrada) se produjo después de dictada esa sentencia.

En línea con lo expuesto, la jurisprudencia había estructurado unos requisitos para la
procedencia de la causal, que actualmente resultan plenamente aplicables y que

28 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 14, sentencia

del 13 de octubre de 2020, exp. 11001-03-15-000-2019-00119-00(REV).
29 Ibidem.

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Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

adecuadas a la actual normatividad, quedarían así: (i) que se encuentren o recobren
pruebas decisivas después de dictada la sentencia; (ii) que las pruebas encontradas
o recobradas preexistan antes de la sentencia del proceso que originó la revisión.
Esta es una exigencia apenas natural, en tanto revisar una sentencia por pruebas
que no existían sería desproporcionado; (iii) que las mismas no se hubieren podido
aportar por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria, y (iv) que
sean trascendentes, es decir, que de obrar en el proceso hubieran cambiado la
decisión […]30.

55. A partir de lo anterior, la Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo del
Consejo de Estado31 sistematizó los presupuestos que deben concurrir para la
configuración de la causal de revisión, los cuales resumió de la siguiente manera:

1. Que el medio de prueba sea documental, lo cual está determinado por el carácter
restrictivo de la causal que excluye a otros medios de prueba32.

2. Que la prueba se haya encontrado o recobrado luego de que se profirió la
sentencia objeto del recurso de revisión, de manera que «no se admiten documentos
generados con posterioridad al fallo, y tampoco aquellos que, aun cuando tengan
preexistencia material al tiempo de dictarse la sentencia, estaban en poder del
impugnante y no fueron aportados o, en su defecto, solicitados en las respectivas
oportunidades procesales, pues, se itera, el recurso no está previsto para remediar
la inactividad o falta de diligencia de las partes […], pues se trata de corregir la causa
insuperable que le impidió al recurrente hacer valer la prueba dentro del proceso33».

3. Que esté demostrado que los documentos que revisten del calificativo de ser
preexistentes no hayan podido aportarse al proceso por razones de imposibilidad
objetiva y externas al recurrente, esto es, por caso fortuito, por fuerza mayor o por
obra de la contraparte, esto último que ocurre en el escenario de retención u
ocultamiento del documento con el fin de que este no pudiera ser considerado como
prueba. Al respecto, la Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo expresamente
desarrolló, al punto de este requisito lo que sigue:

También se ha precisado por la jurisprudencia, y así se reitera, que es carga del
accionante acreditar la configuración de alguno de los motivos calificados en la ley
para que prospere la causal, «pues no existe presunción legal de su acaecimiento ni
podría el juez interpretar en su favor la ocurrencia de los mismos, en el escrito del
recurso debe obrar justificación clara y convincente de que le fue imposible aportar
los documentos en el momento indicado, únicamente por la ocurrencia de fuerza
mayor, caso fortuito u obra de la contraparte»[…]34.

30 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso- Administrativo, sentencia de 3 de abril de 2018, radicación:

11001-03-15-000-2014-00783-00 (REV).
31 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 19 de septiembre de 2023,

exp. 11001-03-15-000-2020-03585-00.
32 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia de 26 de febrero de 2013,

radicación: 11001-03-15-000-2008-00638-00 (REV).
33 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 19 de septiembre de 2023,

exp. 11001-03-15-000-2020-03585-00.
34 Ibidem.

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Demandante: María Graciela Arias de Amaya
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Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

4. Que el documento recobrado o encontrado sea decisivo de forma tal que con este
se pueda adoptar una decisión contraria a la recurrida. «En otras palabras, una
prueba cuyo valor persuasivo sea suficiente para influir en el sentido de la decisión
[…] o que arroje convicción distinta al juzgador sobre hechos que tuvo por
acreditados dentro del proceso»35.

2.7. Causal del numeral 2 del artículo 250 del CPACA: haberse dictado la
sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados

56. El numeral 2 del artículo 250 del CPACA establece como causal de revisión:

Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o
adulterados.

57. Al respecto, esta corporación ha considerado que la prueba documental a la
que se le atribuye el calificativo de falsa o adulterada debe tener un carácter decisivo
en la definición de la controversia y no depende de la definición por parte de la justicia
penal. Así lo desarrolló la jurisprudencia del Consejo de Estado:

Es necesario que la prueba documental que alega como falsa o adulterada, haya
tenido carácter decisivo en el sentido de la sentencia recurrida, lo que significa que
no puede admitirse que el vicio recaiga sobre cualquier documento o medio de
convicción obrante en el proceso, sino que se requiere que se trate de aquel o
aquellos que sirvieron de sustento directo de la decisión adoptada en la providencia
cuestionada.

Igualmente, tanto la doctrina como la jurisprudencia han coincidido en que esta
condición de falsedad o adulteración del documento no depende de que la justicia
penal así lo haya definido, contrario a como sucede en materia civil, donde la causal
de revisión sí exige un pronunciamiento en tal sentido. En consecuencia, el juez
administrativo tiene la potestad de efectuar un pronunciamiento objetivo respecto de
la falsedad que se aduce en el recurso de revisión, independientemente de la
decisión que se tome en materia penal36.

2.8. Caso concreto

58. La señora María Graciela Arias de Amaya interpuso recurso extraordinario de
revisión en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca el 19 de septiembre de 2019, al considerar que se configuraron las
causales previstas en los numerales 1 y 2 del artículo 250 del CPACA.

59. Respectivamente, la demandante se amparó en dos de las causales de
revisión previstas taxativamente en la ley. Sin embargo, la Sala deberá verificar si,

35 Ibidem.
36Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Novena Especial de Decisión,
sentencia del 18 de diciembre de 2020, exp. 11001-03-15-000-2018-00164-00(REV).
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Radicado: 11001-03-25-000-2020-00686-00 (2071-2020)
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Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

como lo propuso en los problemas jurídicos, la inaplicación de una sentencia de
unificación, la indebida valoración probatoria y los defectos fáctico y sustantivo
constituyen causales de revisión al amparo de la normativa invocada. En virtud de
esto, resolverá separadamente cada uno de los planteamientos propuestos y al final
adoptará las conclusiones que estime pertinentes en los aspectos en que confluyan
ambas causales.

1. Inaplicación de una sentencia de unificación como fundamento de la
causal prevista en el numeral 1 del artículo 250 del CPACA

60. La demandante sustentó que la sentencia del Tribunal incurrió en la causal
de revisión de que trata el numeral 1 del artículo 250 del CPACA, porque contrarió
los postulados establecidos por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación
CE-SUJ-SII-11-2018 del 21 de junio de 2018 frente al reconocimiento de la pensión
gracia.

61. Puntualmente, consideró que esta unificación ya existía con antelación al fallo
del Tribunal, y fue ampliamente divulgada, pero, aun así, no fue aplicada al resolver
la controversia. Bajo este entendido, existió un elemento de derecho que hubiera
conllevado a una variación de la decisión, aunado a que de conformidad con el
artículo 114 de la Ley 1395 del 2010 las autoridades judiciales tienen el deber de
acatar los precedentes. De esta forma, se materializó la vulneración de sus
derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital, al no contar con la
posibilidad de disfrutar de una pensión que garantizara su subsistencia.

62. Al respecto, la Sala considera que, aunque la demandante se amparó en una
de las causales legalmente previstas para el recurso extraordinario de revisión, el
supuesto que invocó de inaplicación de la sentencia de unificación CE-SUJ-SII-11-
2018 no encuadra en los presupuestos exigidos para que se configure la causal
descrita en el numeral 1 del artículo 250 del CPACA. Lo anterior, toda vez que en
términos generales para invocar la inaplicación o el desconocimiento del precedente
judicial, que incide en la violación de derechos fundamentales, existen otros
mecanismos previstos en el ordenamiento jurídico distintos al recurso extraordinario
de revisión, como la acción constitucional de tutela y el recurso extraordinario de
unificación, según corresponda.

63. Ahora bien, la causal invocada exige la concurrencia de varios requisitos,
entre estos que se trate de un medio de prueba de carácter documental. De ahí que
a pesar de que la lectura del recurso permite inferir que la demandante pretende
darle a la sentencia de unificación CE-SUJ-SII-11-2018 el calificativo de prueba
recobrada, las particularidades del asunto no permiten considerar esta decisión
como un medio de convicción documental al interior del proceso judicial. Bajo este
entendido, no se cumpliría con el primer presupuesto que habilitaría el estudio de la
causal alegada, aun a pesar de que el precedente hubiera sido preexistente a la
expedición de la sentencia judicial.

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Radicado: 11001-03-25-000-2020-00686-00 (2071-2020)
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Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

64. Bajo este entendido, la respuesta al primer problema jurídico será negativa
porque la inaplicación de una sentencia de unificación del Consejo de Estado es un
supuesto que no encuadra en la causal de revisión prevista en el numeral 1 del
artículo 250 del CPACA.

2. Defectos fáctico y sustantivo como causales de revisión en los términos
del numeral 2 del artículo 250 del CPACA

65. La señora María Graciela Arias de Amaya sostuvo que en el proceso obraban
las copias del acto de nombramiento y de las certificaciones laborales que permitían
establecer las condiciones de su vinculación. En concreto, la Resolución núm. 181
suscrita por el secretario de educación del departamento del Valle del Cauca y las
constancias del tiempo de servicio, pruebas idóneas, legales y suficientes para
acreditar que laboró en una plaza docente nacionalizada.

66. Sin embargo, a su juicio, el Tribunal se equivocó al proferir la sentencia de
segunda instancia, enjuiciada a través de este mecanismo extraordinario, y
consideró erróneamente que su vinculación era nacional, lo que devino de una
indebida valoración del acto de nombramiento, que demostró la vinculación
nacionalizada como lo determinó el juez de primera instancia, y de las
certificaciones emitidas por la Secretaría de Educación del Valle del Cauca.

67. En este contexto, para la demandante existió una irregularidad en el análisis
de las pruebas porque el documento idóneo era el acto de nombramiento, no se
analizó correctamente el certificado del tiempo de servicios y se omitió valorar la
certificación núm. 2014-ER180640 del 4 de noviembre de 2014 según la cual no
tenía vinculación con el Ministerio de Educación Nacional.

68. Además, se desconocieron pronunciamientos del Consejo de Estado en los
cuales se determinó que los entes territoriales carecían de competencia para
efectuar nombramientos del orden nacional y que el docente nacional era aquel
nombrado por el Gobierno Nacional, mientras que el nacionalizado era el designado
por una autoridad del orden territorial de conformidad con el artículo 1 de la Ley 91
de 1989.

69. Por estos motivos, la demandante relató que el Tribunal incurrió en los
defectos sustantivo y fáctico porque contrarió sentencias de unificación que han
definido la naturaleza de la vinculación docente y se apartó de las leyes que regulan
la pensión gracia y sus principios.

70. De lo visto, la Sala encuentra que la demandante pese a que consideró que
en el presente asunto se configuró la causal de revisión del numeral 2 del artículo
250 del CPACA, no delimitó ni argumentó cuál era la prueba documental a la que le
atribuía el calificativo de falsa o adulterada. En este orden, no se amparó en la
supuesta existencia de un vicio en un medio de prueba en particular, sino que
cuestionó la valoración probatoria del Tribunal porque, a su parecer, existían
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Radicado: 11001-03-25-000-2020-00686-00 (2071-2020)
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elementos que acreditaban que laboró en una plaza docente nacionalizada y que,
por tanto, tenía derecho al reconocimiento de la pensión gracia.

71. El supuesto invocado por la señora María Graciela Arias de Amaya devino de
un irregular análisis probatorio en tanto el documento idóneo para probar su
vinculación docente era el acto de nombramiento, que no se analizó correctamente,
así como tampoco el certificado del tiempo de servicio. Además, destacó que se
omitió por completo la valoración de la certificación núm. 2014-ER180640 del 4 de
noviembre de 2014 que daba cuenta de que no tenía relación con la Nación,
Ministerio de Educación Nacional, lo que impedía que la plaza fuera nacional.

72. Frente a lo anterior, es claro que las circunstancias alegadas por la
demandante, aunque reprochables, no se encuadran en la taxatividad de la causal
dispuesta en el numeral 2 del artículo 250 del CPACA que habilita la procedencia
del recurso de revisión. Lo mismo ocurre respecto al desconocimiento de los
pronunciamientos del Consejo de Estado relacionados con la competencia para
efectuar los nombramientos y el carácter de docente nacional o nacionalizado a
partir de la autoridad que expide el acto de nombramiento, porque estos defectos
sustantivo y fáctico son propios de la acción de tutela contra providencias judiciales.

73. Debido a esto, la respuesta al segundo problema jurídico también será
negativa, porque los defectos fáctico y sustantivo, materializados en una indebida
valoración probatoria y en el desconocimiento del precedente judicial, no
constituyen causales de revisión en los términos del numeral 2 del artículo 250 del
CPACA.

3. Conclusiones

74. De conformidad con lo expuesto, la Sala considera que la parte demandante
pretendió utilizar el recurso extraordinario de revisión como si fuera una acción de
tutela contra la providencia judicial, no solo por el contenido de sus argumentos que
estuvieron dirigidos a reprochar una vulneración de derechos fundamentales, sino
porque en el propio escrito la actora hizo referencia a que el perjuicio irremediable
generado se le debía reparar a través de «esta demanda de tutela».

75. En igual sentido, del alcance de sus fundamentos se desprende la intención
de convertir este recurso en una tercera instancia judicial en la que pretende revivir
el análisis sobre el reconocimiento de la pensión gracia, porque insistió en que
acreditó los requisitos de vinculación antes de 1980, el tiempo laborado en una plaza
territorial y la ausencia de sanción disciplinaria. En igual sentido, reprochó que, pese
a que las pruebas daban cuenta del carácter nacionalizado, el Tribunal determinó
que el tiempo en el que laboró del 29 de noviembre de 1977 al 30 de junio de 1999
lo fue en una plaza nacional.

76. Es más, de la lectura integral de su recurso se desprende que le pidió a esta
corporación que para resolver tuviera en cuenta lo dispuesto en la sentencia de
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Radicado: 11001-03-25-000-2020-00686-00 (2071-2020)
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unificación CE-SUJ-SII-11-2018. No obstante, como quedó visto, esto no encuadra
en el escenario del numeral 1 del artículo 250 del CPACA y no tiene cabida en sede
de revisión, por lo que no es de la órbita de la Sala entrar a efectuar una revaloración
del material probatorio a partir de los lineamientos jurisprudenciales y legales y de la
forma en que lo propone la demandante.

77. Por consiguiente, comoquiera que el derecho a percibir la pensión gracia
quedó definido en la sentencia judicial ejecutoriada y las razones que soportan el
recurso no tienen vocación de prosperidad en esta sede judicial por la vía del
mecanismo empleado, la Sala declarará infundado el recurso extraordinario de
revisión.

2.9. Renuncia a poder

78. El abogado Jhonier Alejandro Trejos Valencia, en su condición de apoderado
judicial de la UGPP, allegó memorial en el que manifestó que renuncia al poder
conferido. Renuncia que se entiende frente a la apoderada sustituta. A tal efecto,
remitió la constancia de radicación ante la entidad en cumplimiento de lo previsto en
el artículo 76 del CGP37.

79. La Sala aceptará la renuncia que al poder se hace frente a la apoderada
sustituta dentro del presente proceso.

2.10. Costas

80. En este punto, para decidir sobre las costas procesales, la presente
providencia acogerá el criterio de interpretación mayoritario38 de la Subsección
sobre el artículo 255 del CPACA, modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de
2021, consistente en que para decretar la condena en costas debe verificarse, a
través de un juicio de ponderación subjetiva, si la parte vencida actuó de manera
temeraria o de mala fe39. Por lo tanto, en el caso concreto, no habrá lugar a imponer
dicha condena en atención a que, si bien el recurso se declarará infundado, no se
advierte que la parte recurrente haya incurrido en las anteriores conductas, durante
el trámite del presente asunto.

37 Samai, índices 42 a 43.
38 La magistrada ponente considera que la modificación que la Ley 2080 de 2021 introdujo al artículo 255 del

CPACA, en materia de costas, implica la adopción de un criterio objetivo valorativo por varias razones, a
saber: (i) se adopta la regla de procedencia en materia de costas para el recurso extraordinario de revisión bajo
el supuesto de que se declare infundado el recurso; (ii) el artículo 255 del CPACA debe leerse conjuntamente
con los artículos 365 y 366 del CGP para efectos de verificar la causación y la comprobación de las cosas
procesales; y (iii) la temeridad o mala fe deben ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo
80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio
de las costas».
39 Sobre el particular, pueden verse las sentencias de: (i) 22 de agosto de 2024, Rad. 11001-03-25-000-2016-

00813-00 (3722-2016). MP Juan Enrique Bedoya Escobar, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B; (ii) 18 de julio de 2024, Rad. 11001-03-25-000-2017-00079-00 (0354-2017).
MP Jorge Edison Portocarrero Banguera, Sala Plena de lo Contencioso- Administrativo, Sección Segunda,
Subsección B.
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Radicado: 11001-03-25-000-2020-00686-00 (2071-2020)
Demandante: María Graciela Arias de Amaya
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla

Primero: Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por
María Graciela Arias de Amaya, de conformidad con las razones consignadas en la
parte motiva de esta providencia.

Segundo: Sin condena en costas, de acuerdo con las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.

Tercero: Aceptar la renuncia al poder de la apoderada sustituta de la UGPP, Laura
Lucía Amaya Guerra, en los términos de los memoriales que obran a índices 42 a
43 de Samai.

Cuarto: Archivar el expediente de la referencia, una vez realizadas las anotaciones
pertinentes en el Sistema de Gestión Judicial, Samai.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado Electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado Electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.

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