Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2016-00813-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2016-00813-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2016-00813-00
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
22 de agosto de 2024
Radicado: 110010325000201600813 00 (3722-2016)
Demandante: Benedicto Blanco Pérez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., veintidós (22) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Radicado: 11001-03-25-000-2016-00813-00 (3722-2016)
Demandante: Benedicto Blanco Pérez
Demandada Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional
Providencia Sentencia del 2 de octubre de 2014 proferida por el Tribunal
recurrida: Administrativo de Cundinamarca, Subsección B
Temas: Causal 5 de revisión del artículo 250 del CPACA. Nulidad
originada en la sentencia. Prejudicialidad.
SENTENCIA DE REVISIÓN
ASUNTO
Decide la Sala el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Benedicto
Blanco Pérez contra la sentencia del 2 de octubre de 2014 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Subsección B, dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho promovido en contra de la Caja de Retiro
de la Policía Nacional1.
I. ANTECEDENTES
1. Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho2
1. Benedicto Blanco Pérez presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo3, en orden a que
se declarara la nulidad del Oficio 2374 del 16 de julio de 2012, mediante el cual
Casur le negó el reajuste de su asignación de retiro.
2. A título de restablecimiento del derecho solicitó la reliquidación de su
asignación de retiro con inclusión del porcentaje del 45% por concepto de la
variación de la prima de actividad, con fundamento en los artículos 30 del Decreto
1213 de 1990 y 2 y 4 del Decreto 2863 de 2007, desde el 1 de julio de 2007. Para
el efecto, pidió que se aplicara la excepción de inconstitucionalidad de las
disposiciones contenidas en el Decreto 2863 de 2007, por vulneración del
derecho a la igualdad de los agentes de la Policía Nacional al excluirlos de dicho
beneficio y por incurrir en una omisión legislativa relativa o reglamentaria en los
1 En adelante Casur.
2 Ff. 22 a 32 expediente de nulidad y restablecimiento del derecho, radicado:
11001333502820130003601.
3 En adelante CPACA.
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Demandante: Benedicto Blanco Pérez
artículos 2 y 4 del mencionado decreto al dejar de incluir a este personal dentro
de sus destinatarios.
1.1. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:
3.1. El demandante prestó sus servicios como agente de la Policía Nacional por
22 años.
3.2. Una vez se retiró del servicio, le fue reconocida una asignación de retiro a
partir del 1 de julio de 1996, con el cómputo de la prima de actividad en un 20%,
de conformidad con el Decreto 1213 de 1990.
3.3. El 3 de mayo de 2012, solicitó el reajuste de la asignación de retiro, con
fundamento en el Decreto 2863 de 2007 que dispuso el incremento de la prima
de actividad en porcentaje del 50%, en aplicación del principio de oscilación, para
el personal de oficiales y suboficiales de la institución que adquirieron el derecho
a la asignación de retiro antes del 1 de julio de 2007. En la petición se argumentó
que se vulneró el derecho a la igualdad del personal de agentes de la Policía
Nacional, comoquiera que no se incluyó dentro de dicho beneficio.
3.4. A través del Oficio 2374 del 16 de julio de 2012, Casur negó la petición de
reajuste, por considerar que dicho incremento solo era aplicable a los oficiales y
suboficiales de la institución.
2. Sentencia de primera instancia4
4. Mediante sentencia proferida el 4 de octubre de 2013, el Juzgado 28
Administrativo Oral del Circuito de Bogotá, Sección Segunda, negó las
pretensiones de la demanda, con fundamento en el siguiente razonamiento:
4.1. El apoderado confundió los efectos de la excepción de inconstitucionalidad
con los de la omisión legislativa. En efecto, la primera comprende la inaplicación
de una norma que es incompatible con la Carta Política, con lo cual se restablece
el derecho del solicitante, al tiempo que la segunda implica que se profiera una
providencia modulada de carácter integrador con efectos erga omnes, sin que
ello conlleve un restablecimiento automático.
4.2. En esas condiciones, el juez administrativo solamente podía proferir
sentencias en las que dispusiera la inaplicación por inconstitucional de una norma
determinada, pero no podía emitir providencias integradoras por una omisión
legislativa, puesto que dicha competencia estaba atribuida a la Corte
Constitucional y al Consejo de Estado.
4.3. En el asunto objeto de estudio no era viable acceder al derecho reclamado,
puesto que la inaplicación de los artículos 2 y 4 del Decreto 2863 de 2007 no
4Ff. 68 a 77 expediente de nulidad y restablecimiento del derecho, radicado:
11001333502820130003601.
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Demandante: Benedicto Blanco Pérez
conllevaba la ilegalidad del acto acusado, sino la imposibilidad de reajustar las
asignaciones de retiro a quienes son destinatarios del citado incremento. Por lo
tanto, el planteamiento formulado en la demanda no era acertado.
3. El recurso de apelación5
5. Contra la anterior decisión, la parte demandante interpuso y sustentó el recurso
de apelación, con sustento en lo siguiente:
5.1. Todo juez debía dar aplicación a la Constitución si se cumplían los requisitos
que la Corte Constitucional ha definido para la aplicación de los test de
proporcionalidad y de igualdad, los cuales no fueron estudiados por el a quo, a
pesar de conocerlos.
5.2. Se cumplieron los supuestos identificados en la sentencia C-185 de 2002 para
la configuración de una omisión legislativa relativa, relacionados con:
i) «que exista una norma sobre la cual se predique necesariamente el cargo»,
estos son los artículos 2 y 4 del Decreto 2863 de 2007 excluyó al personal
de agentes sin justificación alguna;
ii) «que la misma excluya de sus consecuencias jurídicas aquellos casos que, por
se asimilables, tenían que estar contenidos en el texto normativo cuestionado, o
que el precepto omita incluir un ingrediente o condición que, de acuerdo con la
Constitución, resulta esencial para armonizar el texto legal con los Mandatos de
la carta» (sic), en este punto era posible determina que los agentes, que
fueron excluidos, eran asimilables a los demás integrantes de la Fuerza
Pública;
iii) «que la exclusión de los casos o ingredientes carezca de un principio de razón
suficiente», ello en atención a que, si la Ley 923 de 2004 era el único
estatuto del régimen prestacional de la fuerza Pública, no existía razón
para discriminar a parte de su personal;
iv) «que la omisión sea el resultado del incumplimiento de un deber específico
impuesto por el constituyente al legislador», ciertamente, el ejecutivo contrarió
los principios señalados en la Ley 923 de 2004 y los preceptos
constitucionales, lo cual no tenía una finalidad constitucionalmente válida
ni era necesaria para alcanzar un bien superior, tampoco resultaba
racional no proporcional, en la medida en que se sacrificaron principios
superiores como el de la igualdad. En consecuencia, la distinción resultaba
arbitraria, carente de todo sustento e inadmisible en un estado social de
derecho.
5.3. Las normas que le impidieron al demandante acceder al reajuste pretendido
debían ser inaplicadas por inconstitucionales, aspecto que se verificaba con la
5 Ff. 79 a 93 expediente de nulidad y restablecimiento del derecho, radicado:
11001333502820130003601.
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Demandante: Benedicto Blanco Pérez
valoración bajo las etapas de un test de igualdad, tal y como se realizó en varias
providencias emitidas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección D, que, en casos similares al analizado que revocaron la
decisión de negar las pretensiones, para en su lugar acceder al reajuste de la
asignación de retiro.
4. Sentencia de segunda instancia objeto de revisión6
6. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Subsección B, en sentencia del 2
de octubre de 2014 confirmó la decisión de primera instancia de negar las
pretensiones, con fundamento en las siguientes consideraciones:
6.1. En sentencia 27 de marzo de 20147, el Consejo de Estado analizó la legalidad
del artículo 2 del Decreto 2863 de 2007 y concluyó que no vulneraba el derecho
a la igualdad de los agentes ni del al personal del nivel ejecutivo de la Policía
Nacional al excluirlos de su ámbito de aplicación. La providencia precisó que,
dentro de los criterios que debía atender el gobierno nacional para determinar el
régimen prestacional de los miembros de la Fuerza Pública, fijados por la Ley 4
de 1992, estaba el de tener en cuenta el nivel de los cargos, esto es, la naturaleza
de sus funciones, responsabilidades y las calidades exigidas para su desempeño.
6.2. Si bien es cierto que, en principio, el derecho a la igualdad implicaba un trato
idéntico a personas que se encontraran en la misma situación, también lo es que
el legislador tenía un amplio margen de configuración para «dar un trato distinto a
personas que se [encontraban] en un mismo plano de igualdad, pero que por
circunstancias fácticas o jurídicas [eran] diferentes».
6.3. De acuerdo con lo anterior, aunque los agentes de la Policía Nacional se
encontraran cobijados por el marco constitucional de las Fuerzas Militares
previsto por el artículo 216 de la Constitución Política, de ello solo podía
deducirse una «igualdad aparente», puesto que al interior de la Fuerza Pública
existían diferentes jerarquías que podían ser objeto de consideración especial
por parte del legislador para otorgarles un determinado beneficio, en razón a las
funciones y responsabilidades que les asignaba la ley.
5. Recurso extraordinario de revisión8
7. Benedicto Blanco Pérez interpuso el recurso extraordinario de revisión en
contra de la sentencia del 2 de octubre de 2014 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Subsección B. Lo anterior con fundamento en
la causal establecida en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA que alude a
«[e]xistir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no
procede recurso de apelación» y solicitó infirmar la sentencia del tribunal y dictar
otra nueva. Así lo sustentó:
6 Ff. 123 a 128 expediente de nulidad y restablecimiento del derecho, radicado:
11001333502820130003601.
7 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 27 de marzo de 2014, radicado 2009-
00029, M.P. Gerardo Arenas Monsalve.
8 Ff. 1 a 9 del expediente del recurso extraordinario de revisión.
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Demandante: Benedicto Blanco Pérez
7.1. En el escrito de alegatos de conclusión presentado en segunda instancia, la
parte demandante solicitó que se decretara la suspensión del proceso por
prejudicialidad, en consideración a que en el Consejo de Estado se tramitaba la
demanda de nulidad simple contra el artículo 2 del Decreto 2863 de 2007, con
radicado: 110010325000201000123600, demandante: Christian Fernando
Joaqui Tapia.
7.2. A pesar de lo anterior el Tribunal Administrativo de Cundinamarca omitió
pronunciarse sobre la anterior solicitud y, en su lugar, profirió la sentencia de
segunda instancia.
7.3. Con la actuación descrita se configuró la causal de nulidad regulada en el
«numeral 5 del artículo 140 del C.P.C», vulneró los derechos de defensa y debido
proceso del peticionario, además de que se incurrió «error de derecho en su
modalidad de violación directa de la Constitución y la ley».
6. Contestación del recurso extraordinario de revisión9
8. La Caja de Retiro de las Policía Nacional se opuso a la prosperidad de las
pretensiones del recurso extraordinario de revisión y pidió que se condenara en
costas al demandante, por las siguientes razones:
8.1. La decisión judicial controvertida estuvo debidamente fundamentada en las
normas aplicables en relación con la prima de actividad como partida computable
de la asignación de retiro del recurrente. Igualmente, atendió las pruebas
allegadas al proceso y no había un medio que permitiera desvirtuar su presunción
de legalidad.
8.2. En la demanda, el actor no propuso un cargo que se enmarcara en la causal
de revisión que invocó y se limitó a exponer que sí tenía derecho al reajuste del
porcentaje de la prima de actividad en la liquidación de su asignación de retiro,
propósito que era propio del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
8.3. En el presente asunto, no existía el derecho que reclamó el recurrente, en
razón que el artículo 2 del Decreto 2863 de 2007 ordenó el reajuste del 50% por
concepto de la prima de actividad para los oficiales y suboficiales de las Fuerzas
Armadas, que obtuvieran el reconocimiento de la asignación de retiro a partir del
1 de julio de ese año. De manera que lo que ahora se pretendía era la aplicación
retroactiva de las normas, con desconocimiento del principio general del derecho
según el cual «la ley solo rige hacia el futuro».
9 Ff. 36 a 39 del expediente físico del recurso extraordinario de revisión.
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Demandante: Benedicto Blanco Pérez
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
9. Esta Sala es competente para decidir el presente recurso extraordinario de
revisión de conformidad con lo regulado en los artículos 249 del CPACA y 13
numeral 3 del Reglamento Interno del Consejo de Estado10, expedido por la Sala
Plena de esta corporación que estableció que le corresponde resolver «[l]os
recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales
Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según
la materia».
2. Oportunidad
10. El recurso extraordinario de revisión fue presentado dentro del año siguiente
a la ejecutoria de la sentencia recurrida, tal y como lo prevé el artículo 251 del
CPACA. En efecto, la sentencia del 2 de octubre de 2014 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Subsección B se notificó por correo electrónico
el 23 de enero de 201511 y el recurso fue radicado el 2 de junio de ese año12.
3. Legitimación en la causa
11. En el asunto objeto de estudio, Benedicto Blanco Pérez está legitimado para
actuar como demandante, comoquiera que actuó también en tal calidad dentro
del proceso ordinario cuya decisión de segunda instancia pretende controvertir
en esta oportunidad.
4. Generalidades del recurso extraordinario de revisión
12. El recurso extraordinario de revisión previsto en el artículo 248 del CPACA es
un medio de impugnación que afecta el principio de la inmutabilidad de las
sentencias ejecutoriadas y, por ende, constituye una excepción al principio de la
cosa juzgada13. Su finalidad es la de invalidar los efectos jurídicos de una
sentencia que se encuentra ejecutoriada14 y persigue el restablecimiento del
criterio de justicia material y la supremacía de las garantías procesales cuando
estas han sido lesionadas en aquella, al ocurrir alguna de las causales por las
cuales procede, establecidas en la ley. Tiene dos características principales:
13. La primera se refiere a que su naturaleza es excepcional y, por lo tanto, solo
opera por razón de las causales taxativas señaladas en el artículo 250 del
CPACA, en concordancia con el artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Estas señalan
10 Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019.
11 Ff. 124 a 131 expediente de nulidad y restablecimiento del derecho, radicado:
11001333502820130003601.
12 F. 1 del expediente físico del recurso extraordinario de revisión. Le presentación inicial del
recurso se realizó en la Secretaría de la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Catorce Especial de Decisión.
Sentencia 13 de octubre de 2020. Rad. 11001-03-15-000-2019-00119-00.
14 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección A.
Sentencia 15 de marzo de 2018. Rad. 1001-03-25-000-2014-00862-00.
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Demandante: Benedicto Blanco Pérez
vicios o errores de naturaleza procedimental que permiten la revisión de la
sentencia proferida dentro del proceso. En ese orden, para que el juez pueda
examinar la controversia materia del recurso, a quien lo ejerce le corresponde
indicar con precisión cuál es la causal que invoca para invalidar la sentencia
recurrida y las razones de hecho y de derecho que la sustentan.
14. La segunda indica que se trata de un nuevo proceso que tiene por objeto
cuestionar la sentencia proferida dentro de un proceso ordinario y no una nueva
oportunidad para reabrir el debate jurídico, probatorio y/o fáctico propio de las
instancias procesales que ya se han surtido en aquel. Tampoco es una vía para
cuestionar la actividad interpretativa del juez o insistir en la discusión de los
problemas debatidos en el proceso original ni para subsanar las falencias de las
actuaciones procesales de las partes, puesto que no constituye una tercera
instancia.
5. Problema jurídico
15. Se circunscribe a resolver el siguiente interrogante: ¿en la sentencia del 2 de
octubre de 2014 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Subsección B, se
configuró la causal prevista en el artículo 250.5 del CPACA, por haberse proferido
sin que se hubiera decidido previamente sobre la solicitud de suspensión del
proceso por prejudicialidad, que el demandante formuló en los alegatos de
conclusión?
6. La nulidad originada en la sentencia como causal del recurso
extraordinario de revisión
16. El numeral 5 del artículo 250 del CPACA dispuso que la «nulidad originada en
la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación
[…]» es causal de revisión de las sentencias ejecutoriadas. Sobre los eventos en
los que se estructura la nulidad de la sentencia, la jurisprudencia del Consejo de
Estado ha señalado los siguientes:
i) cuando se configura alguna de las situaciones previstas de manera taxativa en
el artículo 133 del Código General del Proceso15 que solo pudieron ser advertidas
en la sentencia. Este criterio adoptó la tesis basada en el respeto a la taxatividad
y legalidad de las nulidades16 y;
ii) cuando se vulnera el debido proceso a partir del artículo 29 de la Constitución
Política. La transgresión debe ser de naturaleza procesal, por lo que no es posible
que el recurrente cuestione la motivación de la providencia, la valoración
probatoria o la aplicación de las normas17. Dentro de este tipo de nulidades la
jurisprudencia ha precisado, a modo enunciativo, que pueden ser las siguientes:
15 En adelante CGP.
16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintiséis Especial de
Decisión. Sentencia del 3 de febrero de 2015. Rad. 11001-03-15-000-1998-00157-01.
17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Dieciséis Especial de
Decisión, sentencia del 5 de mayo de 2020, Radicado: 11001-03-15-000-2017-02519-00.
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Demandante: Benedicto Blanco Pérez
«[…] 66.1. Cuando sin ninguna otra actuación, se profiere una nueva sentencia en
proceso terminado normalmente por sentencia en firme.
66.2. Cuando sin más actuación se profiere sentencia después de ejecutoriado el
auto por el cual hubiera sido aceptado el desistimiento, aprobada la transacción o
declarada la perención del proceso, porque así se revive un proceso legalmente
concluido.
66.3. Cuando se profiere sentencia, como única actuación, sin el previo trámite
correspondiente, porque así se pretermite íntegramente la instancia.
66.4. Cuando se condena al demandado por cantidad superior o por objeto distinto
del pretendido en la demanda o por causa diferente de la invocada en esta.
66.5. Cuando se condena a quien no ha sido parte en el proceso, porque con ello
se pretermite íntegramente la instancia.
66.6. Cuando, sin más actuación, se profiere sentencia después de ocurrida
cualquiera de las causas legales de interrupción o de suspensión o, en estos
casos, antes de la oportunidad debida.
66.7. Cuando el juez provee sobre aspectos respecto de los cuales carece de
jurisdicción o competencia.
66.8. Cuando la sentencia carece de motivación.
66.9. Cuando la sentencia aparece suscrita por un número mayor o menor de los
magistrados que debieron haberlo hecho; o cuando fue adoptada con un número
de votos diferente del previsto en la ley […]».18
17. Asimismo, el Consejo de Estado ha considerado otros eventos en los que se
vulnera el debido proceso y, por lo tanto, generan la nulidad de la sentencia, que
se presentan cuando:
• Se dicta con sustento, únicamente, en una prueba obtenida con violación del
debido proceso19.
• Se condena a una persona que no fue vinculada al proceso20.
• Se profiere sin motivación21.
• Se emite una sentencia inhibitoria injustificadamente22.
• Se desconoce el principio de congruencia23.
• Se dicta con vulneración del principio de la «non reformatio in pejus»24.
18Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintiséis Especial de
Decisión. Sentencia del 3 de febrero de 2015. Rad. 11001-03-15-000-1998-00157-01.
19 Consejo de Estado, Sala Veintisiete Especial de Decisión, sentencia del 3 de abril de 2018,
radicación: 11001-03-26-000-2019-00071-00 (63.893).
20 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 4 de mayo de 2022,
radicación: 11001-03-15-000-2017-02091-00 (REV).
21 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 1 de junio de
2005, radicación: REV-062.
22 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 8 de mayo de
2018, radicación: 11001-03-15-000-1998-00153-01.
23 Consejo de Estado, Sala Veinticinco Especial de Decisión, sentencia del 28 de junio de 2021,
radicación: 11001-03-15-000-2020-03697-00; sentencia del 20 de agosto de 2021, radicación:
11001-03-15-000-2020-02925-00; sentencia del 31 de enero de 2022, radicación: 11001-03-15-
000-2020-03065-00.
24 Consejo de Estado, Sala Octava Especial de Decisión, sentencia del 14 de diciembre de 2021,
radicación: 11001-03-15-000-2017-00512-00; Sala Diecinueve Especial de Decisión, sentencia
del 16 de marzo de 2022, radicación: 11001-03-15-000-2021-00921-00.
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18. De igual manera, se ha establecido, como una regla general, que no es
procedente invocar como sustento del recurso de revisión la ocurrencia de una
nulidad ocurrida en una etapa anterior a la sentencia ejecutoriada que puso fin
al proceso. En este caso, su alegación debió darse dentro de la oportunidad
procesal prevista en el artículo 134 del CGP25. Sin embargo, la jurisprudencia ha
aceptado la formulación de una nulidad sucedida antes del fallo referido siempre
que el recurrente no hubiese tenido la oportunidad de advertirlo dentro del
proceso, circunstancia que le corresponde probar26.
19. Así las cosas, para que proceda la causal de que trata el numeral 5 del artículo
250 del CPACA, deberá acreditarse:
i) la existencia de una sentencia ejecutoriada que ponga fin al proceso contra la
cual no proceda el recurso de apelación, pues de ser así este sería el medio
idóneo para debatir cualquier vicio en que hubiera incurrido la providencia;
ii) que la nulidad se estructuró en el momento en que se profirió la decisión
judicial, salvo que de haberse producido antes el afectado no pudo advertirla,
lo que deberá probar; y
iii) que tal nulidad sea una de las taxativamente regladas en el CGP o por la
vulneración del debido proceso previsto en el artículo 29 superior.
7. La configuración de la causal 5 de revisión en el caso concreto
20. El recurrente considera que se configuró la causal de revisión que prevé el
numeral 5 del artículo 250 del CPACA puesto que en la sentencia de segunda
instancia se omitió resolver la solicitud elevada en los alegatos de conclusión,
consistente en la suspensión del proceso por prejudicialidad ya que, ante el
Consejo de Estado, estaba en curso una demanda de simple nulidad contra el
artículo 2 del Decreto 2863 de 2007. Sostuvo que esta situación dio paso a que
se estructurara la causal de nulidad de que trata el artículo 140, numeral 5, del
Código de Procedimiento Civil, hoy prevista en el numeral 3 del artículo 133 del
Código General del Proceso.
21. Con el fin de analizar los anteriores planteamientos, se procede con el estudio
de los presupuestos para que se configure la causal de revisión invocada en el
siguiente orden:
i) La sentencia impugnada puso fin al proceso debido a que se dictó en
segunda instancia.
25 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala segunda Especial de
Decisión. Sentencia del 14 de agosto de 2023. Radicado: 110010315000 2015 00545 00.
26 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Cuarta Especial de
Decisión. Sentencia del 12 de julio de 2023. Radicado: 110010315000 2023 0075900.
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Demandante: Benedicto Blanco Pérez
ii) En caso de configurarse la causal de nulidad alegada, esta habría tenido
lugar en la sentencia objeto del recurso extraordinario. Lo anterior comoquiera
que dicha providencia se profirió sin haber resuelto la solicitud de suspensión del
proceso que efectuó el demandante en los alegatos de conclusión de segunda
instancia. Los argumentos que sirvieron de fundamento para la citada petición
fueron los siguientes:
«Como quiera que el presente proceso queda listo para proferir Sentencia y del
cual depende, se encuentra en las mismas condiciones, respetuosamente me
permito solicitar la suspensión del Proceso de la referencia "POR
PREJUDICIALIDAD", hasta tanto no se resuelva y quede en firme el Proceso de
Nulidad Simple distinguido con el número 11001032500020100013600, cuyo
Demandante es el señor CHRISTIAN FERNANDO JOAQUI TAPIA y que cursa
en el Despacho del Honorable Magistrado Doctor ALFONSO VARGAS RINCÓN
de la Subsección "A" de la Sección Segunda del Consejo de Estado y que versa
sobre la Nulidad Simple del artículo 2 del Decreto 2863 de 2007, expedido por el
Gobierno Nacional, "por el cual se modifica parcialmente el Decreto número 1515
de 2007 y se dictan otras disposiciones".
Lo anterior de conformidad con los artículos No. 170 y siguientes del C.P.C.
aplicable por remisión del artículo 306 del C.P.A.C.A., antes 267 del C.C.A., en
virtud de los siguientes aspectos de hecho y de Derecho:
Tanto el proceso de simple nulidad como el proceso de la referencia, se
encuentran para Sentencia. El de simple nulidad se encuentra al Despacho del
Honorable Consejero de Estado desde el 16 de junio de 2011, tal como se puede
probar sumariamente con la impresión del estado del proceso reportada en la
página de consulta de procesos de la Rama Judicial.
El Proceso de la referencia, depende necesariamente de las resultas de la
nulidad impetrada dentro del Proceso de Simple Nulidad que cursa en el
Honorable Consejo de Estado, en razón a que el contenido normativo del Decreto
2863 de 2007 discriminó sin razón alguna al personal de Agentes de la Policía
Nacional, como es el caso del aquí demandante y/o de quien proviene el Derecho
y en tales circunstancias el resultado influye directa y marcadamente en la
Decisión que ha de proferir esa Corporación en relación con el presente proceso.
Lo anterior en virtud de lo ordenado en el artículo 170 del C.P.C. cuando dispone
que:
"Art 170. D.E. 2282 de 1989, art. 1o numeral 2. Suspensión del proceso. El Juez
decretará la suspensión del proceso:
2. Cuando la sentencia que deba dictarse en un proceso, dependa de lo que deba
decidirse en otro proceso civil que verse sobre cuestión que no sea procedente
resolver en el primero o de un acto administrativo de alcance particular cuya
nulidad esté pendiente del resultado de un proceso contencioso administrativo,
salvo lo dispuesto en los códigos civil y de comercio y en cualquiera otra ley.
Es fácil concluir que como quiera que el proceso de la referencia depende
marcadamente del resultado del Proceso de simple nulidad, teniendo en cuenta
que se viene negando las pretensiones de la demanda en virtud a varios aspectos
que atentan contra la correcta Administración de Justicia, entre otros como la
negativa en efectuar un Juicio de proporcionalidad, aunado al test de igualdad en
estricto sentido, enseñado por la Corte Constitucional y detectada esa Omisión
legislativa Relativa, se proceda con fundamento en el artículo 4 Superior, - por
ser violatorio el contenido normativo del Decreto 2863 de 2007, respecto al
VALOR, PRINCIPIO y DERECHO FUNDAMENTAL DE LA IGUALDAD (artículos
1 y 13 de la Carta Política) -, a INAPLICAR los artículos 2 y 4 del Decreto 2863
de 2007 y, como resultado de la misma, - repito-, hacer extensivo el Derecho al
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Demandante: Benedicto Blanco Pérez
Demandante, no sin antes decretar la nulidad del acto administrativo demandado
y a título de restablecimiento del Derecho, el reajuste del factor salarial y/o
pensional denominado "Prima de Actividad" a favor del Demandante - Agente
retirado de la Policía Nacional -, con efectos única y exclusivamente inter-partes,
porque - valga la aclaración -, en este proceso no se está demandando la simple
nulidad como lo han entendido algunos Operadores Judiciales, sino que se
decrete la excepción de inconstitucionalidad ordenada en el artículo 4 Superior.
Así las cosas, respetuosamente me permito solicitar a los Honorable Magistrados
que se decrete de inmediato la suspensión del proceso de la referencia "por
prejudicialidad", de acuerdo con hechos fácticos y jurídicos esbozados y como
consecuencia de ello la suspensión de la Competencia hasta el término máximo
ordenado en la Ley y/o como máximo hasta el momento en que quede en firme
la Sentencia que ha de proferir el Honorable Consejo de Estado dentro del
Proceso arriba referenciado. Para tal efecto me permito allegar en dos folios copia
informal baja de la página de la rama Judicial, medio Oficial para la notificación
de las decisiones Judiciales, con lo cual pruebo sumariamente la existencia del
Proceso Contencioso Administrativo que cursa en el Honorable Consejo de
Estado y del cual depende el presente proceso, con el objeto de evitar a futuro
decisiones antagónicas y/o contradictorias». [Sic].
iii) El recurrente expuso que la causal que se estructuró es la establecida en el
numeral 5 del artículo 140 del CPC, codificación aplicable al caso27 conforme con
la cual se genera la nulidad del proceso «[…] Cuando se adelanta después de
ocurrida cualquiera de las causales legales de interrupción o de suspensión, o si en estos
casos se reanuda antes de la oportunidad debida […]».
22. En esas condiciones, la causal de nulidad procesal invocada corresponde a
una de las que taxativamente prevé la ley procesal, motivo por el cual resulta
procedente su estudio a efectos de determinar si, en efecto, se estructuró.
23. Conviene precisar que la prejudicialidad es una figura procesal que tiene lugar
en los casos en los que la decisión de fondo que debe dictarse en un proceso
judicial tiene una relación inescindible de dependencia respecto de lo que se
resuelva en otro trámite judicial. De ahí que la ley prevea la suspensión del
27 El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, en auto de 6 de agosto de 2014
(expediente 50.408), precisó en cuanto a la vigencia del C.G.P. en los procesos escriturales que
«[…] deberá entenderse que la norma del artículo 267 del C.C.A. remite al Código General del
Proceso y no al Código de Procedimiento Civil. Si bien, es cierto, la disposición señalada hace
una remisión expresa a este último cuerpo normativo, ello no es óbice para que a partir del 25 de
junio de 2014, el CPG se aplique en lo pertinente a aquellos procesos que se iniciaron bajo la
vigencia del C.C.A., pues una interpretación teleológica de la norma, permite concluir que el fin
del legislador al consagrar la cláusula de integración residual, no era remitir a una codificación en
concreto, sino a la legislación procesal civil vigente, que como ya se dijo, regula los aspectos más
transversales a todos los procesos […] una vez entró a regir el CGP, es este el cuerpo normativo
llamado a llenar regular los aspectos no contemplados en el CCA y que aún se encuentren
pendientes, pues carecería de sentido que el juez de lo contencioso administrativo siguiera
remitiéndose para ese efecto a disposiciones que ya han perdido su vigencia […] En
consecuencia, a partir del auto de unificación del 25 de junio de 2014, en aquellos procesos que
aún se tramitan en el sistema escritural, el juez deberá acudir al CGP para regular los siguientes
temas, que se señalan de manera enunciativa: i) cuantía; ii) intervención de terceros; iii) causales
de impedimentos y recusaciones; iv) nulidades procesales; v) trámite de incidentes; vi) condena
en costas; vii) ejecución de las providencias judiciales; viii) trámite de los recursos; ix)
allanamiento de la demanda; x) comisión; xi) deberes y poderes de los jueces; xii) auxiliares de
la justicia; xiii) capacidad y representación de las partes; xiv) deberes y responsabilidades de las
partes; xv) reglas generales del procedimiento; xvi) acumulación de procesos; xvii) amparo de
pobreza; xviii) interrupción y suspensión del proceso […]».
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Demandante: Benedicto Blanco Pérez
primero de ellos hasta que se desate el proceso que tiene una incidencia directa
en su resultado.
24. El instrumento de suspender el proceso por prejudicialidad, más allá de lograr
la uniformidad de la aplicación de un derecho, permite asegurar a las partes del
proceso la realización de una verdadera justicia material, ya que impone a la
autoridad jurisdiccional hacer un alto en el trámite procesal y tomar la decisión
solo hasta que se tenga certeza respecto de un derecho o una situación jurídica
que es relevante en el asunto que está conociendo, o hasta que venza el término
de suspensión. De ahí que, en caso que se cumplan todos los presupuestos
legales y necesarios para suspender un proceso por prejudicialidad, la autoridad
judicial debe decretar la suspensión, so pena de incurrir en una causal de
nulidad, ante su negativa y la demostración de que era jurídicamente viable su
decreto.
25. Sobre la suspensión del proceso por prejudicialidad, la Sección Quinta de esta
Corporación ha señalado lo siguiente: «[…] Es de anotar que la prejudicialidad se
estructura siempre que en un proceso surge alguna cuestión sustancial que deba ser
decidida en una causa diferente y sin cuya decisión resulta imposible pronunciarse sobre
el objeto de controversia de aquél, dada la estrecha relación entre dicho objeto y el
aspecto sustancial referido. Cabe manifestar que esta se presenta cuando se trata de
una cuestión sustancial, diferente pero conexa, que sea indispensable resolver por
sentencia en proceso separado, bien ante el mismo despacho judicial o en otro distinto,
para que sea posible decidir sobre la que es materia del litigio o de la declaración
voluntaria en el respectivo proceso, que debe ser suspendido hasta cuando aquella
decisión se produzca. De manera que para que pueda alegarse prejudicialidad es
necesario que exista una relación determinante entre dos procesos en forma tal que la
decisión que haya de tomarse en uno incida necesariamente en el otro. Con un sentido
amplio y comprensivo, se la ha querido determinar en una fórmula precisa y concreta,
diciendo que es "prejudicial" toda cuestión jurídica cuya resolución constituya un
presupuesto para la decisión de la controversia principal sometida a juicio. Con base en
lo anterior se ha afirmado que un proceso debe ser suspendido “cuando exista una
cuestión sustancial que no sea procedente resolver en el mismo proceso y cuya
resolución sea necesaria para decidir sobre el objeto del litigio […]»28.
26. De acuerdo con lo anterior, para la Sala, es obligación del juez suspender el
proceso por prejudicialidad cuando se dan las siguientes condiciones: (i) que no
se haya dictado sentencia que le ponga fin; (ii) que exista una cuestión
sustancial, relacionada con el fondo del asunto debatido, que no sea posible
resolver directamente en ese proceso o la providencia que se dictará; (iii) que
exista otro proceso judicial en el cual se deba resolver esa cuestión; y (iv) que lo
discutido no pueda proponerse como excepción o como demanda de
reconvención.
27. Ahora,comoquiera que el CPACA no reguló la situación descrita, de
conformidad con el artículo 306 ibidem, resulta aplicable el Código General del
Proceso. En este punto es pertinente aclarar que, si bien el demandante invocó
las normas del Código de Procedimiento Civil, lo cierto es que en esta materia
28 Consejo de Estado, Sección Quinta, C.P. Alberto Yepes Barreiro, 21 de junio de 2016, Exp.
5001-23-33-000-2015-00006- 01.
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Demandante: Benedicto Blanco Pérez
guardan identidad con las disposiciones vigentes en la actualidad que regulan lo
relativo a la suspensión por prejudicialidad en los siguientes términos:
Código de Procedimiento Civil Código General del Proceso
«Artículo 170. Suspensión del proceso. Artículo 161. Suspensión del proceso. El
<Artículo modificado por el artículo 1, juez, a solicitud de parte, formulada antes de
numeral 88 del Decreto 2282 de 1989. El la sentencia, decretará la suspensión del
nuevo texto es el siguiente:> El juez proceso en los siguientes casos:
decretará la suspensión del proceso:
[…] 1. Cuando la sentencia que deba dictarse
2. Cuando la sentencia que deba dictarse dependa necesariamente de lo que se
en un proceso, dependa de lo que deba decida en otro proceso judicial que verse
decidirse en otro proceso civil que verse sobre cuestión que sea imposible de ventilar
sobre cuestión que no sea procedente en aquel como excepción o mediante
resolver en el primero, o de un acto demanda de reconvención. El proceso
administrativo de alcance particular cuya ejecutivo no se suspenderá porque exista un
nulidad esté pendiente del resultado de un proceso declarativo iniciado antes o
proceso contencioso administrativo, salvo después de aquel, que verse sobre la
lo dispuesto en los códigos Civil y de validez o la autenticidad del título ejecutivo,
Comercio y en cualquiera otra ley. […]» si en este es procedente alegar los mismos
hechos como excepción.
28. Ahora, el artículo 171 del Código de Procedimiento Civil, prevé que contra el
auto que resuelva sobre la solicitud de suspensión del proceso se podrá
interponer el recurso de apelación en el efecto suspensivo cuando accede, y en
el devolutivo cuando se deniegue, de manera que la petición debe ser resuelta
en una providencia previa a dictar el fallo definitivo, con el fin de garantizar el
derecho de defensa de la contraparte mediante la presentación del respectivo
recurso.
29. No obstante, esta corporación en casos de similares circunstancias a las que
hoy se examinan29 reiteró que dicho análisis resulta relevante siempre y cuando
la solicitud se formule en sede de primera instancia, toda vez que es el escenario
procesal propicio para agotar el respectivo recurso contra la decisión que se
produzca en relación con la suspensión del proceso. En caso contrario, cuando
dicha solicitud se formule en sede de segunda instancia, la decisión que adopte
el fallador no podrá ser controvertida.
30. Determinado lo anterior, la Sala observa, en primer lugar, que en el presente
asunto se solicitó la suspensión del proceso en los alegatos de conclusión de la
segunda instancia, y en esa medida no era posible que la decisión que se tomara
pudiera ser controvertida por el superior funcional, al ser la instancia definitiva del
proceso.
31. Por otra parte, se advierte que, si bien es cierto que el juez de segunda
instancia se abstuvo de resolver la solicitud de prejudicialidad presentada en el
escrito de alegatos, también lo es que ello no tiene la entidad suficiente para
29 Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de octubre de 2016, número interno: 3322-
2015.
Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 12 de abril de 2018, radicación: 11001-03-25-
000-2014-00766-00 (2408-14), actor: Benjamín de Jesús Cárdenas Rosas, demandado: Caja de
Sueldos de Retiro de la Policía Nacional.
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Demandante: Benedicto Blanco Pérez
incidir en el sentido de la decisión objeto de revisión, pues tal como se señaló
antes no cualquier anomalía que se predique respecto de la sentencia puede
desvirtuar sus efectos de cosa juzgada.
32. Lo anterior porque esta corporación en un asunto en el que se analizó la
legalidad del artículo 2 del Decreto 2863 de 2007, en virtud de la demanda
promovida por Carlos Arturo Arzuaga Guerrero contra el Gobierno Nacional, bajo
el radicado 110010325000200900029 00 (0656-2009), profirió sentencia el 27 de
marzo de 2014, denegando las pretensiones de nulidad de la referida normativa.
Esta decisión llevó a que dentro del asunto respecto del cual se solicitó la
prejudicialidad se estuviera a lo resuelto en ella, mediante sentencia del 21 de
junio de 2018. Así las cosas, aunque se hubiera accedido a lo solicitado por el
demandante, la decisión en suspenso no habría podido incidir en lo resuelto por
la sentencia cuestionada.
33. En esa oportunidad, la Sección Segunda precisó que no se configuraba
violación del derecho a la igualdad, pues por un lado, la parte demandante afirmó
que los agentes, soldados profesionales y personal del nivel ejecutivo eran «la
parte más débil de la jerarquía en la fuerza pública y quienes corren más riesgos»,
empero, no se demostró el supuesto fáctico para dar aplicación del principio a
trabajo igual salario igual, razón por la cual debía otorgarse el aumento de la
prima en cuestión. Igualmente y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 de
la Ley 4 de 1992, concluyó que la remuneración de los miembros de la Fuerza
Pública debía atender al nivel de los cargos, las funciones, responsabilidades y
calidades y era por eso que todos no podían tener la misma retribución y
prestaciones. Así las cosas, al tratarse de un cuerpo jerarquizado, en el que
existen diferentes funciones y responsabilidades, el artículo 53 de la Constitución
impone una regla de proporcionalidad a las funciones que se desarrollan.
34. Por lo anterior, estimó que no se presentó un tertium comparationis en esta
materia toda vez que no se trataba de sujetos que se encontraran en las mismas
condiciones ni desarrollaran las mismas funciones, supuestos necesarios para
que pudiera admitirse que existía transgresión del derecho a la igualdad y aclaró
lo siguiente: «[…] Insiste la Sala que el Gobierno Nacional al incrementar la prima de
actividad debe seguir el mandato constitucional por el cual se señala que al mismo
trabajo corresponde el mismo salario; e igualmente debe sujetarse a la racionalización y
disponibilidad de los recursos públicos, y la naturaleza de los cargos y las funciones,
como lo señala la Ley 4 de 1992.[…]».
35. De conformidad con lo expuesto, debe señalarse que, si a través de la figura
de la suspensión por prejudicialidad se pretendía evitar la existencia de
pronunciamientos judiciales que fuesen contradictorios entre sí por ser conexos,
dicha medida para el caso de marras resulta inane, puesto que la sentencia antes
mencionada disipó cualquier asomo de duda que pudiese existir respecto del
ajuste en las asignaciones de retiro con inclusión del porcentaje que estableció
el Decreto 2863 de 2007, comoquiera que no se presenta la alegada vulneración
del derecho a la igualdad respecto de los agentes de la Policía Nacional, decisión
que, por demás, hizo tránsito a cosa juzgada relativa con efectos erga omnes, de
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conformidad con lo dispuesto en el artículo 189 de la Ley 1437 de 2011, de
manera que, no altera dicha decisión lo definido en la sentencia recurrida.
36. En esas condiciones, es razonable inferir que la presunta vulneración de los
derechos al debido proceso y defensa, alegada por el recurrente, por no haberse
resuelto la solicitud de prejudicialidad del proceso antes de emitir la sentencia de
segunda instancia, no constituye una anomalía de tal relevancia que invalide el
fallo cuestionado, toda vez que no habría tenido incidencia en el sentido de la
decisión de negar las pretensiones.
37. En tales condiciones la Subsección concluye que no se configuró el fenómeno
procesal de la prejudicialidad y, por consiguiente, tampoco lo hizo el de la
suspensión del proceso.
8. Costas
38. La Sala se abstendrá de condenar en costas a la parte recurrente, de
conformidad con el artículo 255 del CPACA, por cuanto no se evidenció que
actuase con temeridad o mala fe ni se advirtió conducta o circunstancia irregular
en el transcurso del trámite procesal.
9. Conclusión
39. Con fundamento en lo expuesto, se concluye que en la providencia del 2 de
octubre de 2014 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Subsección B no se configuró la causal prevista en el numeral 5 del artículo 250
del CPACA, puesto que la nulidad invocada no se originó en la sentencia. Por el
contrario, se trató de una irregularidad que se estructuró en el auto que admitió
el recurso de apelación de la parte demandada y no fue alegada por la parte
recurrente, pese a que tenía a su disposición el recurso de reposición y la
oportunidad prevista en los artículos 134 y 135 del CGP. En virtud de lo anterior,
se declarará infundado el recurso extraordinario de revisión.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
RESUELVE:
Primero: Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por
Benedicto Blanco Pérez en contra de la sentencia proferida el 2 de octubre de
2014 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Subsección B en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado:
11001333502820130003601.
Segundo: No condenar en costas.
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Radicado: 110010325000201600813 00 (3722-2016)
Demandante: Benedicto Blanco Pérez
Tercero: Archivar el expediente del recurso extraordinario de revisión, previas
las anotaciones pertinentes en el sistema de información de gestión de procesos
Samai y devolver el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho al
despacho de origen.
Cuarto: Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmada electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmada electrónicamente
La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
LMMO/EdelaOssa
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