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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2020-03065-00

Nulidad originada en la sentencia: la argumentación propuesta por la

Fecha
31 de enero de 2022
Consejero ponente
Marta Nubia Velasquez Rico
Citada por
64 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2020-03065-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la sociedad Gaseosas de Córdoba S.A.S. en contra de la sentencia del 14 de agosto de 2019, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado. SEGUNDO: CONDENAR en costas a la recurrente y en favor de la Dian. TERCERO: FIJAR como agencias en derecho la suma equivalente a un [1] salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de esta decisión, la cual deberá incluirse en la liquidación de costas a pagar por parte de la sociedad recurrente. 20 Radicación: 11001-03-15-000-2020-03065-00 Recurrente: Gaseosas de Córdoba S.A.S. Demandada: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales Referencia: Recurso extraordinario de revisión [Ley 1437 de 2011, modificada por la Ley 2080 de 2021] CUARTO: en firme esta providencia y realizada la liquidación de las costas, el expediente deberá regresar al despacho de la magistrada ponente para considerar su aprobación.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2020-03065-00

Consejero ponente: Marta Nubia Velasquez Rico

31 de enero de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA ESPECIAL DE DECISIÓN No. 25

Consejera Ponente: Marta Nubia Velásquez Rico

Bogotá D.C., treinta y uno [31] de enero de dos mil veintidós [2022].

Radicación: 11001-03-15-000-2020-03065-00
Recurrente: Gaseosas de Córdoba S.A.S.
Demandada: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Referencia: Recurso extraordinario de revisión [Ley 1437 de 2011,
modificada por la Ley 2080 de 2021]

TEMAS: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN - Se declara infundado /
NULIDAD ORIGINADA EN LA SENTENCIA - La argumentación propuesta por la
recurrente no se adecúa a las hipótesis que estructuran la causal / INSTANCIA
ADICIONAL - Se pretende la reapertura integral del debate probatorio que ya ha
sido debidamente zanjado en el juicio ordinario / CONDENA EN COSTAS -
Aplicación de la Ley 2080 de 2021.

I. OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a pronunciarse en relación con el recurso extraordinario de
revisión formulado por la sociedad Gaseosas de Córdoba S.A.S. en contra de la
sentencia del 14 de agosto de 2019, proferida por la Sección Cuarta del Consejo
de Estado.

II. ANTECEDENTES

1. La sociedad Gaseosas de Córdoba S.A.S., a través de apoderado judicial,
presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -en adelante Dian-, con el fin de
que se anularan las Resoluciones No. 132412010000084 del 13 de octubre de
2010 y No. 900221 del 11 de noviembre de 2011, por medio de las cuales se
realizó la “[...] liquidación oficial de revisión de la declaración de renta del año
gravable 2008 [...]” presentada por la parte recurrente y se resolvió el recurso de
reconsideración interpuesto en contra de dicha decisión, respectivamente.

2. Surtido el trámite legal correspondiente, el Tribunal Administrativo del Huila,
mediante sentencia del 11 de octubre de 20171, accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.

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Índice No. 67 de la plataforma tecnológica SAMAI.

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Radicación: 11001-03-15-000-2020-03065-00
Recurrente: Gaseosas de Córdoba S.A.S.
Demandada: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Referencia: Recurso extraordinario de revisión [Ley 1437 de 2011,
modificada por la Ley 2080 de 2021]

3. Inconformes con la decisión anterior, las partes formularon sendos recursos de
apelación.

4. A través de la sentencia del 14 de agosto de 20192, la Sección Cuarta del
Consejo de Estado confirmó el fallo de primera instancia.

5. El 13 de septiembre de 20193, la sociedad demandante solicitó la adición de la
sentencia de segunda instancia, petición que fue resuelta negativamente el 24 de
octubre de ese mismo año4.

6. El 9 de julio de 20205, la sociedad Gaseosas de Córdoba S.A.S. interpuso
recurso extraordinario de revisión en contra de la referida sentencia de segunda
instancia, por considerar que se configuró la causal prevista en el artículo 250-56
del CPACA.

Con la finalidad de sustentar la causal de revisión invocada, la compañía
recurrente señaló que el fallo impugnado, supuestamente, vulneró sus derechos
fundamentales de defensa, al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia, consagrados en los artículos 29 y 229 de la Constitución Política, porque:
[i] se omitió valorar pruebas que resultaban determinantes para la resolución del
caso concreto; [ii] no se resolvieron todos los motivos de inconformidad que se
formularon contra el fallo de primera instancia y [iii] no hubo pronunciamiento
alguno respecto de los cargos que se plantearon en la demanda y que no fueron
resueltos por el juez de primera instancia7.

En ese orden de ideas, el extremo activo indicó que la providencia cuestionada
violó el principio de congruencia “externa”. Adicionalmente, afirmó que, si las
omisiones arriba reseñadas no se hubieran presentado, los actos administrativos
demandados se habrían anulado.

7. Por medio de auto del 29 de octubre de 20208, se admitió el recurso
extraordinario de revisión de la referencia, decisión que fue notificada en debida

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Índice No. 2 de la plataforma tecnológica SAMAI.
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Índice No. 67 de la plataforma tecnológica SAMAI.
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Índice No. 67 de la plataforma tecnológica SAMAI.
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Índice No. 2 de la plataforma tecnológica SAMAI.
6
“Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de
2003, son causales de revisión: [...] 5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al
proceso y contra la que no procede recurso de apelación [...]”.
7
La explicación de cada una de las omisiones se encuentra en el acápite 5.2. del recurso
extraordinario de revisión.
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Índice No. 26 de la plataforma tecnológica SAMAI.

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Radicación: 11001-03-15-000-2020-03065-00
Recurrente: Gaseosas de Córdoba S.A.S.
Demandada: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Referencia: Recurso extraordinario de revisión [Ley 1437 de 2011,
modificada por la Ley 2080 de 2021]

forma a la entidad demandada 9 y al Ministerio Público, así como también se
comunicó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

8. Mediante correo electrónico remitido el 9 de julio de 202110, la Dian contestó el
recurso extraordinario interpuesto y se opuso a su prosperidad.

En síntesis, el extremo pasivo señaló que la causal de revisión invocada no se
configuró, pues la sentencia impugnada “[...] analizó la posición de las partes al
amparo de las pruebas aportadas dando aplicación a la normatividad vigente para
el momento de los hechos, así como la jurisprudencia aplicable al caso concreto
[...]”.

Adicionalmente, la entidad pública demandada advirtió que el recurso
extraordinario de revisión interpuesto [se transcribe de forma literal, incluso con
posibles errores]:

[...] [E]s utilizado por el actor para reabrir un debate propio de la instancia
judicial y cuestionar indebidamente los fundamentos jurídicos de la providencia
[...] la intención del actor, sin lugar a dudas, es obtener una nueva posición por
la Sala Plena, motivo por el cual, el mecanismo excepcional de impugnación
no es el indicado para la iniciación de un nuevo juicio de instancia sobre
hechos que ya fueron resueltos en la sentencia que tiene la connotación de
fuerza de cosa juzgada [...].

9. El Ministerio Público y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no
intervinieron.

10. A través de providencia del 13 de agosto de 202111, se decretaron como
pruebas: [i] los documentos aportados12 con la demanda de revisión y con el
escrito de oposición y [ii] el expediente13 contentivo del proceso ordinario en este
asunto14.

9
Mediante escrito del 12 de noviembre de 2020, la Dian solicitó la aclaración del auto que admitió
la demanda de revisión, petición que fue resuelta de forma negativa a través de providencia del 25
de junio de 2021. Acto seguido, por medio del último proveído reseñado, se le corrió traslado del
recurso extraordinario de la referencia al extremo pasivo y al Ministerio Público, de acuerdo con lo
prescrito en el artículo 253 del CPACA, modificado por el artículo 69 de la Ley 2080 de 2021 [índice
No. 52 de la plataforma tecnológica SAMAI].
10
Índice No. 58 de la plataforma tecnológica SAMAI.
11
Índice No. 60 de la plataforma tecnológica SAMAI.
12
De las pruebas documentales aportados con la demanda de revisión y con el escrito de
oposición, la Secretaría General de esta Corporación corrió traslado -de dichos elementos de
convicción- por el término de tres [3] días, a partir del 18 de agosto de 2021 [índice No. 66 de la
plataforma tecnológica SAMAI].
13
Índice No. 67 de la plataforma tecnológica SAMAI.
14
De esta prueba documental -expediente contentivo del proceso ordinario-, la Secretaría General
de esta Corporación corrió traslado por el término de tres [3] días, a partir del 24 de agosto de 2021
[índice No. 68 de la plataforma tecnológica SAMAI].

3

Radicación: 11001-03-15-000-2020-03065-00
Recurrente: Gaseosas de Córdoba S.A.S.
Demandada: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Referencia: Recurso extraordinario de revisión [Ley 1437 de 2011,
modificada por la Ley 2080 de 2021]

11. El expediente de este proceso ingresó al despacho para dictar sentencia el 30
de agosto de 202115.

12. Mediante escrito del 7 de diciembre de 202116, el consejero Julio Roberto Piza
Rodríguez manifestó su impedimento para conocer del presente proceso.

13. A través de auto del 7 de diciembre de 202117, la Sala declaró infundado el
impedimento planteado por el magistrado Piza Rodríguez.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. El régimen procesal aplicable

Al presente proceso le resultan aplicables las disposiciones procesales vigentes
para la fecha de presentación del recurso extraordinario de revisión -9 de julio de
2020-, las cuales corresponden a las contenidas en el CPACA18 -con las
modificaciones introducidas por la Ley 2080 de 2021-, así como a las
disposiciones del CGP, en virtud de la integración normativa dispuesta por el
artículo 30619 del primero de los estatutos mencionados.

Al respecto, el artículo 86 de la Ley 2080 de 2021 dispone lo siguiente en relación
su régimen de vigencia y transición normativa:

[...] De conformidad con el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el
artículo 624 del Código General del Proceso, las reformas procesales
introducidas en esta ley prevalecen sobre las anteriores normas de
procedimiento desde el momento de su publicación y solo respecto de
los procesos y trámites iniciados en vigencia de la Ley 1437 de 2011.

En estos mismos procesos, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas
decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos
que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones
que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las
audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los
incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones [se destaca].

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Índice No. 69 de la plataforma tecnológica SAMAI.
16
Índice No. 70 de la plataforma tecnológica SAMAI.
17
Índice No. 80 de la plataforma tecnológica SAMAI.
18
“Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2)
de julio del año 2012.
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien,
así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia
[...]”.
19
“Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se
seguirá el Código de Procedimiento Civil [léase Código General del Proceso] en lo que sea
compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de
lo Contencioso Administrativo” [aclaración añadida].

4

Radicación: 11001-03-15-000-2020-03065-00
Recurrente: Gaseosas de Córdoba S.A.S.
Demandada: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Referencia: Recurso extraordinario de revisión [Ley 1437 de 2011,
modificada por la Ley 2080 de 2021]

En ese orden de ideas, la Sala considera que a este asunto le resulta aplicable la
nueva normativa, porque: [i] se trata de un aspecto procedimental -que prevalece
en relación con las disposiciones anteriores-; [ii] es un asunto que inició bajo la
vigencia de la Ley 1437 de 2011 y [iii] este trámite no se ajusta a alguna de las
excepciones previstas en el último inciso de la disposición transcrita, bajo el
entendido de que el recurso extraordinario especial de revisión es un nuevo
proceso, el cual inicia con la presentación de la respectiva demanda 20.

Así lo ha considerado esta Corporación [transcripción literal]:

[…] [L]a Sala Plena de esta corporación mediante providencia de 12 de agosto
de 201421 señaló, que el recurso extraordinario de revisión es un nuevo
proceso, como quiera que no es parte del proceso que originó el fallo
recurrido, pues el mismo termina con la sentencia. Así entonces y
considerado como un verdadero medio de control, debe agotar todos los
presupuestos de una nueva actuación judicial22 [...] [énfasis añadido].

En tal virtud, se anticipa que, para el estudio de la procedencia de la condena en
costas, se aplicará la Ley 1437 de 2011, modificada por la Ley 2080 de 2021.

2. La procedencia del recurso extraordinario de revisión interpuesto y la
competencia de la Sala Especial de Decisión para resolverlo

En los términos del artículo 248 del CPACA “[e]l recurso extraordinario de revisión
procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y
subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
por los tribunales administrativos y por los jueces administrativos”.

En el caso objeto de estudio, se advierte que la interposición del recurso
extraordinario de la referencia resulta procedente, toda vez que tiene por objeto la
revisión de la sentencia del 14 de agosto de 2019, proferida por la Sección Cuarta
del Consejo de Estado, la cual quedó ejecutoriada el 8 de noviembre del mismo
año23.

20
Así lo consideró recientemente esta misma Sala Especial de Decisión, en sentencia del 8 de
noviembre de 2021, radicación No. 11001-03-15-000-2020-04141-00.
21
Original de la cita: “Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso. Auto de 12 de agosto de
2014. No. 2013-02110-00 Actor: Jairo Luis Polania Carrizosa. Consejera Ponente: Bertha Lucía
Ramírez de Páez”.
22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
providencia del 23 de febrero de 2017, expediente No. 11001-03-25-000-2013-01131-00 [2669-13],
C.P. William Hernández Gómez, entre muchas otras decisiones.
23
Según constancia de ejecutoria expedida por la Secretaría de la Sección Cuarta del Consejo de
Estado, el 8 de noviembre de 2019 adquirió firmeza el auto del 24 de octubre de ese mismo año,
por medio del cual se negó la solicitud de adición presentada por la recurrente y, por ende, quedó
en firme el fallo del 14 de agosto de 2019 -sentencia objeto de impugnación-.

5

Radicación: 11001-03-15-000-2020-03065-00
Recurrente: Gaseosas de Córdoba S.A.S.
Demandada: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Referencia: Recurso extraordinario de revisión [Ley 1437 de 2011,
modificada por la Ley 2080 de 2021]

Por otra parte, de acuerdo con lo señalado en los artículos 111-224 y 24925 del
CPACA, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado es
competente para conocer de los recursos extraordinarios de revisión formulados
en contra de las sentencias dictadas por las Secciones y/o Subsecciones de esta
Corporación.

Dentro de ese contexto, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo
10726 del CPACA, mediante el Acuerdo No. 321 de 2014 -actualmente compilado
en el Acuerdo No. 080 de 201927- la Sala Plena del Consejo de Estado reglamentó
la creación de Salas Especiales de Decisión, a las cuales se les asignó la
competencia para resolver los recursos extraordinarios de revisión interpuestos en
contra de las sentencias proferidas por las Secciones y/o Subsecciones de esta
Corporación.

3. La oportunidad para la presentación del recurso extraordinario de revisión

De conformidad con lo señalado en el artículo 251 del CPACA28, el término para
interponer el recurso extraordinario de revisión se determina en función de la
causal alegada. Así pues, como en este caso la recurrente invocó el supuesto
previsto en el artículo 250-5 de la Ley 1437 de 2011 -el de nulidad originada en la
sentencia-, el plazo para tal fin correspondía al de un año contado desde el día
siguiente a la ejecutoria del fallo objeto de impugnación.

24
“Artículo 111. Funciones de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. La Sala de lo
Contencioso administrativo en pleno tendrá las siguientes funciones: [...] 2. Resolver los
recursos extraordinarios de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o
subsecciones y los demás que sean de su competencia [...]” [énfasis añadido].
25
“Artículo 249. Competencia. De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por
las secciones o subsecciones del Consejo de Estado conocerá la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo sin exclusión de la sección que profirió la decisión [...]” [se
destaca].
26
“Artículo 107. Integración y composición. El Consejo de Estado es el Tribunal Supremo de lo
Contencioso Administrativo y Cuerpo Supremo Consultivo del Gobierno. Estará integrado por
treinta y un (31) Magistrados. [...] Créanse en el Consejo de Estado las salas especiales de
decisión, además de las reguladas en este Código, encargadas de decidir los procesos
sometidos a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, que esta les encomiende [...].
La integración y funcionamiento de dichas salas especiales, se hará de conformidad con lo que al
respecto establezca el reglamento interno” [énfasis añadido].
27
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29-1 del Acuerdo No. 080 de 2019 -Reglamento
Interno del Consejo de Estado-, las Salas Especiales de Decisión son competentes para conocer
de los recursos extraordinarios de revisión formulados en contra de las sentencias de las
Secciones y/o Subsecciones de esta Corporación. La disposición en comento señala lo siguiente:
“Artículo 29. Las Salas Especiales de Decisión decidirán los siguientes asuntos de
competencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo: 1. Los recursos
extraordinarios de revisión interpuestos contra las sentencias de las Secciones o
Subsecciones del Consejo de Estado [...]” [se destaca].
28
“Artículo 251. Término para interponer el recurso. El recurso podrá interponerse dentro del
año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia [...]” [se destaca].

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Radicación: 11001-03-15-000-2020-03065-00
Recurrente: Gaseosas de Córdoba S.A.S.
Demandada: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Referencia: Recurso extraordinario de revisión [Ley 1437 de 2011,
modificada por la Ley 2080 de 2021]

Dado que la sentencia del 14 de agosto de 2019 quedó ejecutoriada el 8 de
noviembre de 2019, se tenía hasta el 9 de noviembre de 2020 para interponer el
recurso extraordinario de revisión; como ello ocurrió el 9 de julio de 2020, se
concluye que su presentación fue oportuna.

4. La legitimación en la causa por activa de la recurrente

La sociedad Gaseosas de Córdoba S.A.S se encuentra legitimada en la causa por
activa para controvertir la sentencia del 14 de agosto de 2019, proferida por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, pues fue la persona jurídica que promovió
el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se dictó la decisión
que resultó adversa a sus intereses

5. El objeto y el alcance del recurso extraordinario de revisión

El recurso extraordinario de revisión tiene por objeto permitir que las sentencias
ejecutoriadas puedan ser analizadas nuevamente e invalidadas excepcionalmente
en aquellos casos en los que se han proferido por medios irregulares o carecen de
verdad, por razones o causales taxativamente establecidas en la ley, las cuales,
en términos generales, comparten la característica de no ser imputables a la parte
afectada.

Dicho recurso se introduce en la ley procesal con la finalidad de preservar el valor
de la justicia y la seguridad jurídica que brinda la figura de la cosa juzgada, toda
vez que las causales que permiten la procedencia del recurso de revisión son
taxativas y de aplicación restrictiva.

Al respecto, esta Corporación ha considerado lo siguiente [transcripción literal]:

[...] Este medio extraordinario de impugnación en la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo lo erige el legislador como excepción al principio
de la inmutabilidad de las sentencias que hacen tránsito a cosa juzgada
material; y con él se abre paso a la posibilidad de controvertir un fallo
ejecutoriado, siempre que el mismo resulte contrario a la Justicia y al Derecho,
de acuerdo con las causales establecidas en el artículo 188 del Código
Contencioso Administrativo y con el único fin de que se produzca una decisión
ajustada a la ley [...]29.

Su finalidad, como lo ha precisado la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, es “[...] conciliar nociones esenciales del ordenamiento

29
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 18 de
octubre de 2005, radicación No. REV-173, C.P. María Elena Giraldo Gómez, reiterada por la
Subsección A de dicha Sección, en sentencia del 20 de febrero de 2020, expediente No. 61.519,
entre muchas otras providencias de esta Corporación.

7

Radicación: 11001-03-15-000-2020-03065-00
Recurrente: Gaseosas de Córdoba S.A.S.
Demandada: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Referencia: Recurso extraordinario de revisión [Ley 1437 de 2011,
modificada por la Ley 2080 de 2021]

legal, como lo son la seguridad jurídica que representa el principio de
inmutabilidad de las sentencias ejecutoriadas, o la cosa juzgada material y el
principio de restablecimiento de la justicia material que persigue asegurar la
vigencia de un orden justo, propuesto por el Preámbulo de la Constitución Política
[...]”30.

En atención a su carácter extraordinario, no se trata de una instancia adicional
en la que puedan plantearse, nuevamente, argumentos de fondo en relación con
la sentencia que se pretende revisar, de modo que las pretensiones deben
limitarse a demostrar la configuración de alguno de los supuestos contemplados
en las causales para su procedencia31.

6. La causal de revisión prevista en el artículo 250-5 del CPACA y su análisis
en el caso concreto

La causal contenida en el artículo 250-5 del CPACA establece que podrá
demandarse la revisión por “[...] [e]xistir nulidad originada en la sentencia que puso
fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación [...]”.

Al respecto, se ha sostenido lo siguiente [transcripción literal]:

[...] La Sala Plena de esta Corporación, de forma reiterada, ha dicho que para
que se configure la causal de revisión de ‘nulidad originada en la sentencia’,
es necesario que concurran dos circunstancias: A) Que el vicio que se alega
se configure en el momento procesal en que se profiere la sentencia, no antes.
B) Que el vicio alegado se fundamente en un desconocimiento grave o
insaneable de alguna ritualidad sustancial propia de esa actuación. (…) La
nulidad originada en la sentencia se produce cuando el acto procesal
consistente en dictar la providencia que desata el litigio se encuentra viciado
desde el punto de vista formal por circunstancias de lugar, tiempo o modo que
se consuman en el preciso instante en que el juez toma la decisión. Por tal
razón, en atención al carácter extraordinario del recurso de revisión, esta
Corporación ha entendido que esta causal de revisión se configura
únicamente cuando se acredita alguna de las causales de nulidad del
proceso, previstas de manera taxativa por el legislador en el artículo 140
del Código de Procedimiento Civil hoy, artículo 133 del Código General
del Proceso, siempre que ella pueda predicarse, exclusivamente, de la
sentencia cuya infirmación se solicita.

A las causales de nulidad previstas por ley debe agregarse la nulidad de la
prueba obtenida con violación al debido proceso, en los términos de
la sentencia C-491 de 1995, circunstancia que podría ocasionar la nulidad de
la sentencia por violación al debido proceso, si la decisión del juez se sustenta
únicamente en dicha prueba. También se ha admitido por la Sala Plena de

30
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del julio 12 de 2005,
radicación No. REV-00143, C.P. María Claudia Rojas Lasso.
31
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Trece Especial de
Decisión, sentencia de 7 de abril de 2015, radicación No. 11001-03-15-000-2013-02724-00 [REV],
C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

8

Radicación: 11001-03-15-000-2020-03065-00
Recurrente: Gaseosas de Córdoba S.A.S.
Demandada: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Referencia: Recurso extraordinario de revisión [Ley 1437 de 2011,
modificada por la Ley 2080 de 2021]

esta Corporación que la sentencia es intrínsecamente nula cuando la legalidad
de la decisión está viciada, entre otros supuestos excepcionales, por los
siguientes: I) Cuando se profiere sentencia condenatoria contra un tercero que
no fue vinculado al proceso. II) Cuando la sentencia no cuenta con el número
de votos necesarios para su aprobación. III) Cuando la sentencia carece de
motivación formal y material [...]32 [énfasis añadido].

Adicionalmente, la jurisprudencia ha considerado que el recurso extraordinario de
revisión previsto en el artículo 248 del CPACA, bajo la causal de “nulidad originada
en la sentencia que puso fin a proceso y contra la que no procede recurso de
apelación”, es el mecanismo judicial idóneo para alegar la posible falta de
congruencia de un fallo de segunda instancia, lo cual puede traducirse en una
vulneración del derecho fundamental al debido proceso [transcripción literal]:

[...] El Consejo de Estado ha sostenido que la nulidad originada en la
sentencia se puede invocar como causal para la procedencia del recurso
extraordinario de revisión por vicios de incongruencia. Al respecto, la Sala
Especial de Decisión No. 22 de lo Contencioso Administrativo señaló lo
siguiente33:

2.6. Desconocimiento del principio de congruencia como causal de nulidad de
la sentencia.

[L]a jurisprudencia de la Sala Plena Contenciosa ha indicado que debe
aceptarse que la causal 6ª del artículo 188 del C.C.A., hoy 5 del artículo 250
del CPACA, por nulidad originada en la sentencia, se configura, entre otras
razones, cuando al demandado se le condena por cantidad superior, o por
objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente a la
invocada en la misma.

Circunstancia que también podría encuadrarse en la causal de falta de
competencia, en este caso, en cuanto el juez se pronuncia por fuera de los
límites impuestos en la causa petendi.

Ello significa que es procedente el recurso extraordinario de revisión contra los
fallos dictados por esta jurisdicción en segunda instancia o única, si se alega
el desconocimiento del principio de la congruencia, que en últimas implica una
actuación sin competencia.

(…) En términos generales, la congruencia se entiende como el deber legal
que tienen los funcionarios judiciales al emitir sus decisiones de no incurrir en
fallos ultrapetita, extrapetita o minuspetita, definidos por la jurisprudencia del
Consejo de Estado, en los siguientes términos: este principio de la
congruencia de la sentencia [C.C.A. Art. 170], exige de una parte que exista
armonía entre la parte motiva y la parte resolutiva de la misma, lo que se
denomina congruencia interna, y de otra, que la decisión que ella contenga,
sea concordante con lo pedido por las partes tanto en la demanda, como en el
escrito de oposición, denominada congruencia externa, es decir, se tome la
decisión conforme se ha marcado la controversia en el proceso.

32
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Trece Especial de
Decisión, providencia del 7 de junio de 2016, radicación No. 2015-02493-00, C.P. Jorge Octavio
Ramírez Ramírez.
33
Original de la cita: “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección A, sentencia del 20 de febrero de 2020, radicación No. 11001-03-15-000-2019-03861-
01, C.P. María Adriana Marín”.

9

Radicación: 11001-03-15-000-2020-03065-00
Recurrente: Gaseosas de Córdoba S.A.S.
Demandada: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Referencia: Recurso extraordinario de revisión [Ley 1437 de 2011,
modificada por la Ley 2080 de 2021]

Cuando en una providencia judicial, no se respeta el principio de la
congruencia, se incurre en lo que la doctrina ha llamado fallo ‘ultrapetita’ que
consiste en reconocer un mayor derecho que el invocado por el demandante,
‘extrapetita’: cuando se reconoce un derecho que no ha sido reclamado o
cuando se reconoce un derecho reclamado o se acoge la pretensión pero por
una causa diferente o deducida de hechos no alegados, y ‘minuspetita’:
cuando se omite el pronunciamiento sobre una de las pretensiones.

La violación de dicho principio traería como consecuencia, igualmente la
violación al debido proceso, en la medida en que nuestro ordenamiento positivo
consagra etapas procesales exclusivas a que las partes manifiesten y
contradigan argumentos en defensa de sus derechos, siempre bajo el marco de
litis que se ha planteado desde la demanda.

En este orden de ideas, esta Sala Especial advierte, conforme a lo expuesto,
que la causal de revisión contenida en el numeral 5º del artículo 250 del
CPACA -antes 6 del artículo 188 del C.C.A.-, es decir, nulidad originada en la
sentencia, se puede configurar cuando el fallo objeto de revisión ha
desatendido la congruencia interna y/o la externa, pues, en uno y otro caso, el
fallador incurre en una clara violación del debido proceso, artículo 29
constitucional, dado que la providencia proferida en esos términos resulta
contraria a las formas propias de cada juicio, en específico, la falta de
competencia del juez para abordar asuntos frente a los cuales no se podía
pronunciar.

Fuerza concluir, entonces, que la sentencia debe ser objeto de revisión
cuando falta al principio de congruencia, es decir, cuando aquella carece de la
coherencia externa o interna, razón suficiente para calificar de inválida la
decisión, porque el fallador excede su competencia, la que se repite está
determinada por los cargos y pretensiones de la demanda.

Pues bien, estas reflexiones, con apoyo en jurisprudencia del Consejo de
Estado y en la doctrina de la Corte Constitucional, ratifican la tesis según la
cual la congruencia de los fallos es un elemento de validez de los mismos,
cuya inobservancia configura la causal de revisión de nulidad originada en la
sentencia, artículo 250, numeral 5 del CPACA [...]34.

Como se aprecia, para la configuración de esta causal de revisión resulta
indispensable que se funde en la ocurrencia de: [i] un supuesto configurativo de
las causales de nulidad procesal previstas taxativamente en el artículo 133 del
CGP, siempre que estas se prediquen respecto de la sentencia; [ii] las hipótesis
creadas jurisprudencialmente que comportan la violación del derecho fundamental
al debido proceso, tales como:

a. Haberse dictado con sustento, únicamente, en una prueba obtenida
con violación al debido proceso.
b. Haberse dictado fallo condenatorio contra una persona que no fue
vinculada al proceso.
c. Proferir una sentencia sin motivarla.

34
Original de la cita: Sentencia del 2 de febrero de 2016, expediente No. 11001-03-15-000-2015-
02342-00, M.P. Alberto Yepes Barreiro.

10

Radicación: 11001-03-15-000-2020-03065-00
Recurrente: Gaseosas de Córdoba S.A.S.
Demandada: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Referencia: Recurso extraordinario de revisión [Ley 1437 de 2011,
modificada por la Ley 2080 de 2021]

d. Dictar un fallo inhibitorio injustificado.
e. Faltar al principio de congruencia.

Adicionalmente, esta Sala Especial de Decisión señaló recientemente que, de
acuerdo con lo expuesto por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado35, igualmente podrían existir otros supuestos en que la
configuración de la causal de nulidad originada en sentencia por violación a la
garantía constitucional al debido proceso habría de tener cabida y que no
necesariamente se agotan de manera exhaustiva en los eventos señalados 36.

Tal sería el caso de un cambio intempestivo de jurisprudencia y de su aplicación a
un caso iniciado con anterioridad a su expedición bajo una postura jurisprudencial
diversa, siempre que de allí se derive una restricción caprichosa o injustificada al
acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva.

Con todo, la configuración de esta causal de revisión bajo el supuesto fáctico en
comento en manera alguna constituye un aspecto que opere automáticamente por
la simple variación jurisprudencial, en tanto la eventual vulneración al derecho
fundamental al debido proceso con sustento en ese hecho, en definitiva, solo
podrá definirse como resultado del análisis de cada caso concreto.

En el presente caso, la parte recurrente considera que el fallo objeto de revisión
vulneró sus derechos fundamentales de defensa, al debido proceso y de acceso a
la administración de justicia, dado que la sentencia cuestionada faltó al principio
de congruencia “externa”.

En ese sentido, el extremo activo afirmó que la Sección Cuarta de esta
Corporación [transcripción literal, incluso con posibles errores]:

[...] (i) [O]mitió valorar pruebas determinantes para resolver el fondo del
asunto planteado en el proceso, (ii) no se pronunció frente a motivos de
inconformidad con el fallo de primera instancia planteados en el recurso de

35
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
sentencia del 8 de mayo de 2018, radicación No. 11001-03-15-000-1998-00153-01[REV], C.P.
Alberto Yepes Barreiro. Se precisa que la magistrada ponente de esta providencia no acompañó el
criterio de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, anteriormente transcrito, en el sentido de
darle un entendimiento más amplio a la causal que se analiza, en tanto se considera que impartir
un tratamiento abierto a las causales de nulidad puede transgredir la seguridad jurídica por
repercutir en la taxatividad del régimen de nulidades; sin embargo, en esta providencia se acata la
postura mayoritaria de la Sala para estimar cumplido el requisito formal relativo a la indicación y
sustentación de la causal de revisión en comento.
36
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veinticinco Especial de
Decisión, sentencia del 28 de junio de 2021, radicación No. 11001-03-15-000-2020-03697-00
[REV].

11

Radicación: 11001-03-15-000-2020-03065-00
Recurrente: Gaseosas de Córdoba S.A.S.
Demandada: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Referencia: Recurso extraordinario de revisión [Ley 1437 de 2011,
modificada por la Ley 2080 de 2021]

apelación, y (iii) no se pronunció frente a cargos expuestos en la demanda [...]
[se destaca].

Por su parte, la sentencia cuestionada se fundamentó en el siguiente análisis
jurídico y probatorio [transcripción de forma literal]:

[...] En los términos del recurso de apelación, corresponde establecer: i) si
procede el rechazo de la deducción declarada por la pérdida en la “venta de
derechos fiduciarios” y, en caso de no prosperar, si se pueden deducir los
ajustes por inflación realizados a los activos enajenados y, ii) si se
configuraron los supuestos para la imposición de la sanción por inexactitud y,
además, si debía liquidarse otra “sanción” por el rechazo de pérdidas.

De la procedencia de la deducción por la pérdida declarada

Según la DIAN, la deducción rechazada es improcedente porque corresponde
a una “pérdida en la venta de acciones”, cuyo valor fue incluido en el total de
$29.172.206.000, registrado en el renglón “otras deducciones” de la
declaración privada, en el entendido de que correspondía a una “pérdida en la
venta de derechos fiduciarios”.

Acorde con la anterior precisión, el examen sustancial del presente juicio de
legalidad atañe al objeto por cuya enajenación se generó la pérdida declarada
como deducción pues, mientras la demandante aduce que aquélla recae sobre
“la enajenación de derechos fiduciarios” y puede deducirse a la luz del artículo
149 del ET, la Administración, a contrario sensu, desconoce tal posibilidad y
alega, además, que dicha pérdida provino en realidad de la “enajenación de
acciones”, cuya deducción se encuentra prohibida por el artículo 153 ib.

Este problema jurídico fue analizado por la Sala en sentencia del 25 de julio de
2019, exp. 21703, dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho tramitada entre las mismas partes y por similares razones fácticas y
jurídicas a las que se plantean en el presente proceso, contra los actos que
rechazaron la pérdida en la “venta de derechos fiduciarios” que declaró la
sociedad Gaseosas Mariquita S. A., posteriormente absorbida por la aquí
demandante.

De acuerdo con las circunstancias que delimitaron el proceso de venta en el
que se produjo la pérdida deducida y a la luz del artículo 153 del ET, dicha
providencia, constitutiva de precedente aplicable para dirimir el caso de autos,
estimó improcedente la deducción rechazada, por cuanto tal pérdida se
generó en el marco de un negocio de “enajenación de acciones” con el que se
cumplieron los compromisos pactados en el acuerdo de salvamento de
Coltejer, celebrado el 27 de junio de 2008, por los razonamientos que ahora se
reiteran y marcan la orientación de las siguientes consideraciones:

[...]

Por su parte, el artículo 102 del ET37, vigente para el periodo gravable
discutido, dispuso las reglas para la determinación del impuesto de renta en
los contratos de fiducia mercantil, respecto de las cuales, esta Corporación, en
la sentencia del 30 de septiembre de 201038, se refirió a la deducibilidad de las
pérdidas registradas en los patrimonios autónomos para el caso de los

37
Original de la cita: Con la modificación dispuesta por el artículo 81 de la Ley 223 de 1995.
38
Original de la cita: Exp. 16878, M. P. Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. Esta sentencia se
reitera criterio expuesto en el fallo del 26 de octubre de 2009, Exp. 16598, M.P. Dra. Martha Teresa
Briceño de Valencia.

12

Radicación: 11001-03-15-000-2020-03065-00
Recurrente: Gaseosas de Córdoba S.A.S.
Demandada: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Referencia: Recurso extraordinario de revisión [Ley 1437 de 2011,
modificada por la Ley 2080 de 2021]

fideicomitentes, señalando que aquéllos no pueden llevar tales pérdidas como
deducción, porque “lo que interesa para efectos del impuesto de renta en
cabeza del beneficiario del fideicomiso es la utilidad que le reporte el negocio
fiduciario, no las pérdidas, pues es evidente que éstas se enjugarían con otros
ingresos diferentes a los generados por el fideicomiso, lo cual no es
procedente en materia del impuesto de renta”.

Es de observar que este criterio jurisprudencial se motivó en la literalidad del
numeral 2 del artículo 102 del ET, antes de su modificación por el artículo 127
de la Ley 1607 de 2012, la cual no estaba vigente para el año gravable 2008,
objeto de estudio.

Caso concreto

[...]

Precisado lo anterior, de los documentos allegados al proceso, se advierte lo
siguiente:

El 27 de junio de 2008, se suscribió el “Acuerdo de salvamento de Coltejer S.
A.” celebrado entre i) los accionistas mayoritarios de dicha empresa, uno de
los cuales es la demandante, ii) el Grupo Kaltex S. A. de C. V., en calidad de
inversionista, y iii) la Compañía Colombiana de Tejidos, para superar la causal
de liquidación inminente en la que se encontraba Coltejer.

Mediante el acuerdo mencionado se convino la entrega del control de Coltejer
al Grupo Textilero Kaltex de México, a cambio de que éste aportara los
recursos para pagar el pasivo laboral vigente y realizara una capitalización
adicional.

En la cláusula undécima del acuerdo se dispuso que «los accionistas
mayoritarios se comprometen a disponer del control de la totalidad de
las acciones que en forma directa o indirecta tienen en Coltejer, a favor
de Kaltex, así como a ceder las acciones que poseen en C. I. Coltejer, a
favor o en beneficio del inversionista (o de quien este indique) en la forma
que se establece en el presente documento. (…) Por su parte, Coltejer, se
obliga a efectuar las emisiones de acciones que sean necesarias para (…)
adquirir la totalidad de las acciones de CI Coltejer, operaciones éstas que
necesariamente deben garantizarle a Kaltex el control de la compañía;».

Asimismo, el numeral 4.1 (ii) de dichos términos previó que, una vez
acreditada la disponibilidad de recursos a cargo de Kaltex, los accionistas
mayoritarios se comprometían a efectuar transferencias a favor de
Kaltex.

En el numeral 14.6 se acordó que «Kaltex autoriza expresamente a los
Accionistas Mayoritarios a transferir, a cualquier título y a través de
cualquier mecanismo legalmente permitido, incluyendo pero sin
limitarse, a un patrimonio autónomo, a favor de un tercero, el control
sobre las acciones de Coltejer, (…)».

Para cumplir los anteriores compromisos, el 9 de julio de 2008, los
accionistas mayoritarios, en calidad de fideicomitentes - beneficiarios,
celebraron contratos de Fiducia Mercantil de Administración e Inversión con
Alianza Fiduciaria S. A., en calidad de fiduciaria.

A través de dichos contratos se constituyeron los patrimonios autónomos
denominados Fideicomiso Acciones CI Coltejer y Fideicomiso Acciones
Coltejer, con el objeto de que Alianza Fiduciaria «(ii) reciba con destino al

13

Radicación: 11001-03-15-000-2020-03065-00
Recurrente: Gaseosas de Córdoba S.A.S.
Demandada: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Referencia: Recurso extraordinario de revisión [Ley 1437 de 2011,
modificada por la Ley 2080 de 2021]

FIDEICOMISO las ACCIONES que sean transferidos a título de fiducia
mercantil con destino al FIDEICOMITENTES, (iii) Mantenga la titularidad
jurídica en fiducia mercantil de las referidas ACCIONES y realice las gestiones
que para el efecto le indiquen los FIDEICOMITENTES, de conformidad con lo
establecido en el presente contrato, hasta el momento en que por
instrucciones expresas de los FIDEICOMITENTES, deban ser transferidas
o enajenadas a terceros, o restituidas a LOS FIDEICOMITENTES (…)».
(cláusula cuarta) (Negrilla fuera de texto)

En cumplimiento de las obligaciones contractuales, la demandante aportó las
acciones que poseía en C. I. Coltejer y recibió la suma de $11.389.170,17, la
cual fue contabilizada en las cuentas 4248 como “ingreso por venta de activos
– derechos fiduciarios -”, 1625 de “fideicomiso de administración acc.” por
$26.759.0532.221.97 y 5310 de “pérdida en vta otros activos” por la diferencia
de $26.747.664.051.80, que la nota 20 de los estados financieros del año
2008 registró como “pérdida en venta de intangibles”.

El 15 de julio de 2008, la demandante expidió la factura 69007055, por valor
de $11.389.170.19, en cuyo descriptor de detalle se lee “venta derechos
fiduciarios CI COLTEJER” (fl. 366, c. de pruebas No. 3). Esa transacción
generó la pérdida de $26.747.664.051.80 registrada en la cuenta 5310,
anteriormente señalada, según comprobante de diario 100152442.

[...]

La relación probatoria anterior pone de presente el diseño y ejecución de un
negocio fiduciario dirigido a cumplir las obligaciones derivadas del “acuerdo de
salvamento” que se celebró para evitar la liquidación de Coltejer S. A.

La Sala advierte que independientemente de la discusión sobre si las acciones
de CI Coltejer se debían o no vender por el mercado público de valores, lo
cierto es que el mecanismo utilizado para efectivizar el “acuerdo de
salvamento” fue “vender” las acciones poseídas en Coltejer y CI Coltejer al
tercero inversionista Kaltex S. A., con el fin de que éste pudiera tomar el
control de Coltejer, y ese propósito fue el que determinó la celebración de los
contratos de fiducia de administración celebrados.

En otros términos, la voluntad contractual del negocio fiduciario celebrado fue
la de “vender” al inversionista las acciones poseídas por los accionistas
mayoritarios, operación que, en el caso de Gaseosas del Huila, tuvo lugar el
15 de julio de 2008, es decir, 6 días después de la suscripción del contrato de
fiducia (9 de julio de 2008), lo cual, en el contexto de la operación que se ha
reseñado, descarta que la pérdida se haya originado en el desarrollo del
contrato de fiducia y que, por tal motivo, fuera aplicable el artículo 102 ET.

Entonces, la realidad negocial descrita, permite concluir que la deducción
declarada no corresponde a la “pérdida de intangibles constituidos por
derechos fiduciarios”, sino a la pérdida concretamente generada en la
“enajenación de acciones”, de acuerdo con los compromisos pactados en el
acuerdo de salvamento del 27 de junio de 2008.

Así pues, la causa y el efecto del negocio jurídico que originó la deducción
reclamada conducen a que la Sala estime improcedente la deducción
mencionada, con fundamento en el artículo 153 del ET vigente para el periodo
fiscalizado.

[...]

14

Radicación: 11001-03-15-000-2020-03065-00
Recurrente: Gaseosas de Córdoba S.A.S.
Demandada: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Referencia: Recurso extraordinario de revisión [Ley 1437 de 2011,
modificada por la Ley 2080 de 2021]

Finalmente, asiste razón a la Administración en que, siendo que la
contribuyente poseyó las acciones vendidas por más de dos años , aspecto no
discutido por la actora , se entiende que constituyen activos fijos cuya pérdida
no podría detraerse de la renta bruta, sino llevarse a las ganancias
ocasionales, al tenor del artículo 300 del ET, razón por la cual no es
procedente el análisis frente al reconocimiento de la deducción en el impuesto
de renta de los ajustes por inflación realizados a los activos enajenados.

[...]

La legalidad del rechazo de la deducción, conforme a las consideraciones
antes expuestas, constata que la contribuyente declaró datos equivocados y
desfigurados respecto de la pérdida originada en la “enajenación de acciones”
a través de los patrimonios autónomos constituidos por los contratos de fiducia
que celebró.

Es así, porque dicha pérdida se reportó como proveniente de la “venta de
intangibles constituidos por derechos fiduciarios” afectando el total de “otras
deducciones”, la liquidación del impuesto y el saldo a cargo con valores
inferiores a los determinados oficialmente, al igual que el saldo a favor del
periodo.

[...]

la aplicación del artículo 647-1 del ET es excluyente con la del artículo 647
ibidem, porque el primero de ellos no contempla una sanción autónoma sino la
base para liquidar la sanción de inexactitud o de corrección, en caso de
rechazo o disminución de pérdidas que no modifiquen el saldo a favor o el
saldo a pagar declarado, porque si esa modificación ocurre cobraría aplicación
el referido artículo 647 ET, que castiga las conductas inexactas de las que “se
derive un menor impuesto o saldo a pagar, o un mayor saldo a favor para el
contribuyente o responsable”.

Y es que, a la luz del principio “non bis in ídem”, el Estado no puede imputar
más de una vez la misma conducta sancionable, cualquiera que sea la
denominación jurídica que tenga. Acorde con esa premisa, el “rechazo de
pérdidas” que aumente el saldo a pagar o el saldo a favor declarado no puede
generar una sanción por inexactitud liquidada conforme al artículo 647 del ET
y, al tiempo, otra sanción calculada de acuerdo con el artículo 647-1, es decir,
sobre el impuesto de renta que teóricamente se genera respecto de la pérdida
rechazada.

En esas condiciones, en el caso concreto, si bien la modificación en el renglón
de “otras deducciones” generó el rechazo de la pérdida líquida declarada por
el contribuyente, no resulta procedente la sanción por rechazo de pérdidas, en
la forma en que se impuso, es decir, como sanción autónoma y concurrente
con la del artículo 647 del ET, cuando lo cierto es que dicho rechazo
aumentó a $16.049.238.000 el saldo a pagar declarado en $0 y redujo a $0
el saldo a favor liquidado.

Así pues y como dichos efectos sobre el impuesto a cargo y el saldo a favor
provinieron de la conducta de haber declarado datos inexactos o desfigurados
que originaron pérdidas no deducibles por expresa prohibición legal, la única
sanción procedente sería la del artículo 647 ibidem, porque la demandante
declaró deducciones improcedentes de las cuales se derivó un menor
impuesto, en tanto no se configura la “diferencia de criterios” que alega la
apelante.

15

Radicación: 11001-03-15-000-2020-03065-00
Recurrente: Gaseosas de Córdoba S.A.S.
Demandada: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Referencia: Recurso extraordinario de revisión [Ley 1437 de 2011,
modificada por la Ley 2080 de 2021]

En efecto, como causal exonerativa de la sanción por inexactitud, dicha
diferencia de criterios debe «basarse en una argumentación sólida que,
aunque equivocada, permita concluir que la interpretación en cuanto al
derecho aplicable llevó al convencimiento que la actuación estaba amparada
legalmente, pero no ocurre lo mismo, cuando a pesar de su apariencia
jurídica, no tiene fundamento objetivo y razonable».

Desde esa perspectiva jurisprudencial, la Sala concluye que entre la actora y
la DIAN no hubo una diferencia de criterios respecto del derecho aplicable,
pues la normativa vigente para el periodo fiscalizado claramente prohibía la
deducción por la pérdida en la enajenación de “acciones”, y la cualificación de
“derechos fiduciarios” que les da la demandante no hace desaparecer el
hecho cierto de que la venta generadora de la pérdida recayó en la venta de
unas acciones.

En este orden de ideas, la Sala confirmará la decisión del Tribunal, por cuanto,
mantuvo el rechazo de la deducción discutida, levantó la sanción liquidada con
fundamento en el artículo 647-1 ET y, en virtud del principio de favorabilidad
reliquidó la sanción por inexactitud a la tarifa general del 100% de la diferencia
entre el saldo a pagar liquidado oficialmente y el determinado en la liquidación
privada, conforme a lo previsto en el artículo 148 del ET, modificado por el
artículo 288 de la Ley 1819 de 2016, norma que redujo la tarifa prevista en el
artículo 647 del ET, aspecto que no fue discutido por las partes [...] [énfasis
propio del texto original].

Revisada la sentencia materia de revisión, se advierte que, si bien es cierto que
desconocer el principio de congruencia es considerado como una hipótesis
jurisprudencial que puede estructurar la causal de revisión prevista en el artículo
250-5 del CPACA, la Sala advierte -de entrada- que la argumentación propuesta
por la sociedad recurrente, sin lugar a duda, está orientada a reabrir y continuar
con el debate probatorio que se surtió en el proceso primigenio de nulidad y
restablecimiento del derecho.

Con la finalidad de acreditar la afirmación antecedente, se observa que la primera
imputación realizada por la recurrente al fallo cuestionado se denominó así: “[...]
5.2.2. Violación al principio de congruencia, al derecho de defensa y al debido
proceso, por inaplicación de los artículos 187 del CPACA, 176, 280, 281 y 287 del
Código General del Proceso. Ausencia de valoración probatoria [...]” [énfasis
añadido].

Acto seguido y de forma expresa, la recurrente manifestó su disenso -en términos
probatorios- en relación con el fallo impugnado en los siguientes términos: “[...] La
equivocada decisión adoptada por la sección Cuarta del Consejo de Estado
obedece a la ausencia de valoración de las pruebas aportadas al proceso
[...]” [se destaca].

16

Radicación: 11001-03-15-000-2020-03065-00
Recurrente: Gaseosas de Córdoba S.A.S.
Demandada: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Referencia: Recurso extraordinario de revisión [Ley 1437 de 2011,
modificada por la Ley 2080 de 2021]

Aunado a lo anterior, la sociedad demandante insistió en el hecho de que el ad
quem no valoró argumentos y pruebas presentadas en el juicio ordinario, de ahí
que la sentencia atacada no haya concluido que “[...] la pérdida rechazada por la
DIAN no se generó por la enajenación de acciones sino por la cesión de derechos
fiduciarios [...]”.

En ese orden de ideas, la Sala detecta, de forma clara, que la recurrente -en uso
de este mecanismo excepcional de impugnación- persiste en su discrepancia -
jurídica, probatoria y conceptual- respecto del fallo proferido por la Sección Cuarta
del Consejo de Estado, al punto de reiterar argumentos que ya le habían
estudiado y resuelto en el marco del proceso antecedente a este juicio
extraordinario.

En efecto, basta con advertir que la solicitud de adición del fallo cuestionado,
materialmente, se replica en el escrito contentivo del recurso extraordinario de
revisión objeto de análisis.

De forma casi idéntica a los apartes transcritos en líneas previas, la petición de
adición de la sentencia impugnada ya había cuestionado la supuesta falta de
valoración probatoria del ad quem. Así pues, la recurrente en el trámite ordinario
señaló que [se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores]:

[...] La anterior conclusión es el resultado de la ausencia de valoración y
pronunciamiento expreso frente a los siguientes argumentos y pruebas
expuestos tanto en la demanda, como en el recurso de apelación, que
comprueban que la pérdida rechazada por la DIAN se generó por la
enajenación de derechos fiduciarios [...] [se destaca].

Luego de afirmar lo anterior, el extremo activo hace alusión -tanto en el recurso
extraordinario de revisión como en la solicitud de adición- a una serie de pruebas
que, en su criterio, demostraban que la pérdida rechazada atendió a una cesión de
derechos fiduciarios y no a una venta de acciones.

Como consecuencia de lo arriba indicado, en el recurso extraordinario de revisión,
de forma enfática, se aseveró que [se transcribe de forma literal, incluso con
posibles errores]:

[...] Así se ha demostrado que con la sentencia del 14 de agosto de 2019 y el
auto del 24 de octubre de 2019, la Sección Cuarta del Consejo de Estado violó
los derechos de defensa y al debido proceso de la Sociedad [Gaseosas de
Córdoba S.A.S.], y el principio de congruencia, como consecuencia de la
inaplicación de las formas propias del procedimiento contencioso
administrativo, contenidas en los artículos 187 del CPACA y 176, 280, 281 y

17

Radicación: 11001-03-15-000-2020-03065-00
Recurrente: Gaseosas de Córdoba S.A.S.
Demandada: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Referencia: Recurso extraordinario de revisión [Ley 1437 de 2011,
modificada por la Ley 2080 de 2021]

287 del CGP, pues si las pruebas mencionadas hubieran sido analizadas,
la conclusión habría sido distinta, ya que se habría determinado que la
Sociedad no enajenó acciones sino cedió derechos fiduciarios, y en ese
sentido se habría concluido que la deducción objeto de controversia es
procedente [...] [énfasis añadido].

Así las cosas, la Sala concluye que la parte recurrente pretende instrumentalizar el
principio de congruencia para propiciar la reapertura integral del debate probatorio
que ya ha sido debidamente zanjado en el juicio ordinario.

Dicho en otros términos, el extremo activo invocó la violación al principio de
congruencia con el propósito exclusivo de cuestionar las conclusiones jurídicas a
las cuales arribó el ad quem en la sentencia de segundo grado, de ahí que, el
propósito que emerge es lograr una instancia adicional que le permita reabrir -en
su totalidad- el debate jurídico surtido en el proceso primigenio -en lo relativo a la
procedencia de la deducción rechazada por la DIAN-, lo cual, sin lugar a duda,
desvirtúa la naturaleza y la finalidad del recurso extraordinario de revisión.

La parte activa, aunque nominalmente señaló un vicio de incongruencia,
materialmente propuso un nuevo análisis probatorio, porque está en desacuerdo
con el sentido de la decisión, pues fue adverso a sus intereses y, en tales
condiciones, controvertir la interpretación y el desarrollo jurídico que la Sección
Cuarta de la Corporación le imprimió al caso sometido a su consideración, lo cual
resulta ajeno a la finalidad del recurso propuesto.

Dado que la argumentación propuesta por la recurrente no se adecúa a las
hipótesis -legales y jurisprudenciales- que estructuran la causal prevista en el
artículo 250-5 del CPACA, la Sala declarará infundado el recurso extraordinario de
revisión interpuesto.

7. La procedencia de la condena en costas en el caso concreto 39

Conviene reiterar que a este asunto le resultan aplicables las disposiciones
procesales contenidas en el CPACA -modificado por la Ley 2080 de 2021-, así
como las reglas adjetivas fijadas en el CGP.

En tal virtud, con la modificación que introdujo el artículo 70 de la Ley 2080 de
2021 al artículo 255 del CPACA, existe norma especial que impone la condena en

39
Se reiteran en este acápite las consideraciones hechas por esta Sala de Decisión, en sentencia
del 8 de noviembre de 2021, radicación No. 11001-03-15-000-2020-04141-00.

18

Radicación: 11001-03-15-000-2020-03065-00
Recurrente: Gaseosas de Córdoba S.A.S.
Demandada: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Referencia: Recurso extraordinario de revisión [Ley 1437 de 2011,
modificada por la Ley 2080 de 2021]

costas cuando el recurso extraordinario de revisión se declara infundado. Así lo
prevé el inciso final de la referida disposición legal:

Artículo 255. Sentencia [modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de
2021]. Vencido el período probatorio se dictará sentencia.

[...]

Si se declara infundado el recurso [extraordinario de revisión], se
condenará en costas y perjuicios al recurrente [énfasis y complementación
añadida].

Con fundamento en lo anterior, como el recurso extraordinario de revisión se
declarará infundado, se condenará en costas la recurrente.

En lo concerniente a la fijación de agencias en derecho, se observa que el
apoderado de la entidad pública demandada presentó escrito de oposición al
recurso extraordinario de revisión interpuesto.

En virtud de lo anterior, la Sala estima que la gestión del abogado del extremo
pasivo es suficiente para que se disponga la fijación de agencias en derecho -a su
favor- en la liquidación de las costas, de acuerdo con lo preceptuado en los
artículos 365 y 366 del CGP.

Adicionalmente, conviene indicar que, como este es un proceso de única instancia
ante esta Corporación, la liquidación de las costas será realizada por la Secretaría
General, de acuerdo con los parámetros señalados en el artículo 36640 del CGP.

Para el efecto, se tiene en cuenta la naturaleza, calidad y duración de la gestión
realizada en este caso por el mandatario judicial de la entidad pública demandada.

40
“Artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera
concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia,
inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto
de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas:
1. El secretario hará la liquidación y corresponderá al juez aprobarla o rehacerla.
[...].
4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo
Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez
tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el
apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias
especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas.
[…].
6. Cuando la condena se imponga en la sentencia que resuelva los recursos de casación y revisión
o se haga a favor o en contra de un tercero, la liquidación se hará inmediatamente quede
ejecutoriada la respectiva providencia o la notificación del auto de obedecimiento al superior, según
el caso.

19

Radicación: 11001-03-15-000-2020-03065-00
Recurrente: Gaseosas de Córdoba S.A.S.
Demandada: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Referencia: Recurso extraordinario de revisión [Ley 1437 de 2011,
modificada por la Ley 2080 de 2021]

Asimismo, de conformidad con el mismo artículo 366 del CGP, esta providencia se
apoya en el Acuerdo No. PSAA16-10554 de 2016, contentivo de las tarifas de
agencias en derecho expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, en el cual
se dispuso lo siguiente:

[...] Artículo 2. Criterios. Para la fijación de agencias en derecho el funcionario
judicial tendrá en cuenta, dentro del rango de las tarifas mínimas y máximas
establecidas por este acuerdo, la naturaleza, la calidad y la duración de la
gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la
cuantía del proceso y demás circunstancias especiales directamente
relacionadas con dicha actividad, que permitan valorar la labor jurídica
desarrollada, sin que en ningún caso se puedan desconocer los referidos
límites.

[…].

Artículo 5º. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son:

[...].

9. RECURSOS EXTRAORDINARIOS.

Entre 1 y 20 S.M.M.L.V. [...] [énfasis añadido].

Se reitera que, como en este proceso la Dian presentó escrito de oposición a la
demanda extraordinaria de revisión formulada por la recurrente, se fijarán las
agencias en derecho -en su favor y a cargo de la sociedad demandante- en un [1]
salario mínimo legal mensual vigente a la fecha en que se profiere esta
providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala Especial de Decisión No.
25, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por la sociedad Gaseosas de Córdoba S.A.S. en contra de la
sentencia del 14 de agosto de 2019, proferida por la Sección Cuarta del Consejo
de Estado.

SEGUNDO: CONDENAR en costas a la recurrente y en favor de la Dian.

TERCERO: FIJAR como agencias en derecho la suma equivalente a un [1] salario
mínimo legal mensual vigente a la fecha de esta decisión, la cual deberá incluirse
en la liquidación de costas a pagar por parte de la sociedad recurrente.

20

Radicación: 11001-03-15-000-2020-03065-00
Recurrente: Gaseosas de Córdoba S.A.S.
Demandada: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Referencia: Recurso extraordinario de revisión [Ley 1437 de 2011,
modificada por la Ley 2080 de 2021]

CUARTO: en firme esta providencia y realizada la liquidación de las costas, el
expediente deberá regresar al despacho de la magistrada ponente para considerar
su aprobación.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
CON SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
CÉSAR PALOMINO CORTÉS

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Nota: Esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

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